2003
Mensaje del Tercer informe de gobierno de Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Septiembre 1, 2003


Honorable Congreso de la Unión:

Acudo por tercera ocasión a esta tribuna y por primera vez ante esta nueva Legislatura, para cumplir con mi deber constitucional de rendir cuentas ante esta honorable representación.

El informe escrito, del que ahora hago entrega, contiene los resultados de este año de gestión. Haré aquí una breve descripción sobre los logros más relevantes en este tercer año de gobierno. Seguiré con un balance y una visión crítica sobre la situación actual, para finalmente presentar un conjunto de acciones que propongo emprendamos juntos.

Reconozco a los miembros de la 58 Legislatura por su aportación a esta etapa de cambio político. Importantes leyes aprobadas durante ese periodo han contribuido a forjar la nueva fisonomía institucional del Estado mexicano.

Me permito dar a los integrantes de la 59 Legislatura la bienvenida a la tarea de compartir la responsabilidad de conducir al país. Al Senado de la República, ratifico mi respeto y reconocimiento.

En las pasadas elecciones, el voto ciudadano decidió una integración plural de la Cámara de Diputados, sin dar a ninguna de las fuerzas políticas aquí representadas la condición mayoritaria. Será responsabilidad de todas, de todas, articular, mediante acuerdos, esta diversidad política.

Refrendo a ambas cámaras mi compromiso de fortalecer la relación para el mejor cumplimiento de nuestras responsabilidades.

Manifiesto mi reconocimiento al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a cada uno de sus miembros.

Expreso también mi reconocimiento al desempeño eficaz, transparente e imparcial de las instituciones electorales.

En estos tres últimos años hemos vivido tiempos, retos y cambios históricos. El signo más notable de este cambio lo representa el fortalecimiento de los valores democráticos, guía y sustento de este gobierno. En su conducción, la alternancia ha dado plena vigencia a estos valores que tienen ya efectos transformadores para el país.

Nuestra democracia avanza con una tendencia sostenida. No concebimos ya un régimen político que no sea democrático. México no opera hoy bajo la lógica de un régimen autoritario. La voluntad presidencial está realmente subordinada a la letra y espíritu de la Constitución.

El Ejecutivo ha sido siempre respetuoso de las facultades del Congreso y de la autonomía del Poder Judicial.

Las prácticas parlamentarias se han enriquecido con nuestra democracia. Por primera vez, es el Congreso y no la Presidencia de la República el que transmite este informe. El hecho, aparentemente menor, es una prueba más del respeto entre poderes.

Los gobiernos locales ya no son meras réplicas del centro. A nadie preocupa ni sorprende la naturalidad de su desempeño soberano y autónomo.

El Estado de derecho es cada vez más sólido. La justicia se conduce ahora bajo los procedimientos que le son propios.

Este gobierno no dispensa privilegios; su desempeño está guiado por la legalidad.

La procuración de justicia ha obedecido a leyes, no a consignas. El Ministerio Público no ha fabricado culpables. El Ejecutivo no ha interferido en la independencia de los fiscales y las resoluciones de los jueces han sido acatadas de manera puntual.

Con transparencia, con rendición de cuentas, con vigilancia eficaz, hemos ido eliminando los espacios de la corrupción. No ha sido nuestro objetivo ganar unas cuantas batallas, sino asegurar un triunfo de fondo sobre este grave mal.

El ciudadano se ha fortalecido frente a los abusos del poder público. Ahora hay más responsabilidad de la sociedad y menos tutela del gobierno.

No ha habido atropellos revestidos de motivos jurídicos ni víctimas de la transición. Éste es un gobierno con las manos limpias.

No se ha registrado un solo acto de represión institucional ni existe un solo preso político.

La palabra ya no es monopolio de nadie. La libertad de expresión respira a sus anchas en todos los espacios del país y en todos los ámbitos del quehacer ciudadano.

Aquellas voces que se habían contenido, brotan y se multiplican, sabedoras de que gozarán de libertad y respeto.

Todo tiempo de cambio lo es también de controversia. En consecuencia, el ambiente político no puede ser sino complejo.

Acostumbrémonos a este hecho. En la pluralidad que vivimos, resulta natural que las distintas posiciones se manifiesten con toda libertad. Son parte del juego político y de su naturaleza competitiva. El gobierno no teme su expresión.

No están a la orden del día conflictos inmanejables. Hemos sabido procesar nuestras diferencias por vías institucionales.

Hay quienes añoran las supuestas ventajas de un Estado autoritario, olvidándose irresponsablemente de sus consecuencias. La solución a la quiebra del orden legal está en el ejercicio estricto de la autoridad, no en los excesos de la misma.

Todos estos logros, así sean intangibles, tienen un valor fundamental en el proceso de cambio.

Hemos conducido la relación con las entidades federativas sin pretensiones centralistas. Al respeto a la soberanía de los estados, hemos sumado un espíritu de colaboración y concordia.

Ahora los gobiernos estatales cuentan no sólo con el espacio político para ejercer plenamente sus facultades, sino también para hacerlo con mayores recursos.

Se ha fortalecido el pacto federal. El total de transferencias estimadas para este año a los estados y municipios crecerán 28.5 por ciento, en términos reales, respecto a lo que recibieron en el año 2000.

Continuaremos impulsando el acuerdo para una transferencia accionaria equilibrada y justa de las administraciones portuarias integrales, en coordinación con las cámaras del Congreso, los gobiernos estatales y los municipios correspondientes.

La preeminencia insana del Gobierno Federal sobre los estados contribuyó, en buena medida, a desfigurar el desarrollo armónico del país.

La esencia del federalismo radica en el gobierno de responsabilidad compartida y en la solución de los problemas locales con una visión nacional. Es responsabilidad de todos fortalecer a la República mediante la concurrencia eficaz y constructiva de los distintos órdenes de gobierno.

Bajo esas premisas, juntos hemos tomado la decisión histórica de realizar una Convención Nacional Hacendaria, que nos lleve a un mejor equilibrio entre la autonomía de los municipios, la soberanía de los estados y las atribuciones de la federación. Debemos actualizar el significado profundo del federalismo. Reitero mi voluntad política para asegurar el éxito de este encuentro.

Ha llegado la hora de institucionalizar esta relación a través de un nuevo sistema de coordinación fiscal. Celebro las reuniones realizadas por la Conferencia Nacional de Gobernadores. Reconozco también los esfuerzos de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Los gobiernos estatales y municipales demuestran, así, su voluntad de asumir un importante papel en el proceso de consolidación democrática.

Reconozco en las Fuerzas Armadas una de nuestras instituciones republicanas más confiables, respetadas y apreciadas por el pueblo. Se desempeñan con eficacia, integridad moral y estricto apego a la ley.

Consta a la República su vocación de servicio y lealtad. En la defensa de nuestra soberanía no han escatimado tiempo ni sacrificio. México se siente orgulloso de su institucionalidad y valor.

En apego a los principios de legalidad y transparencia que guían a este gobierno, por primera vez los secretarios de Defensa y Marina comparecieron ante este Congreso.

En el contexto de este compromiso con la transparencia, la Secretaría de la Defensa Nacional anticipó la entrega al Archivo de la Nación de los documentos relacionados con los movimientos políticos y sociales del pasado.

En todas y cada una de sus actividades se promueve el respeto a los derechos humanos. Hoy es una materia obligatoria en su sistema educativo.

Quiero expresar mi reconocimiento a la Armada de México por las 6 mil operaciones realizadas durante este año para la vigilancia y seguridad de nuestros mares y patrimonio marítimo; también por su apoyo, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, a la población en casos de desastres naturales y por el papel fundamental que, junto con el Ejército y la Fuerza Aérea, desempeña en el combate al narcotráfico.

La lucha contra la corrupción tiene que ver con la moral pública, la legalidad y la legitimidad del cambio; no sólo como expresión de los valores que guían al gobierno, sino también como condición de la eficiencia que debemos asegurar en la administración pública.

Estamos combatiendo la corrupción con mejores leyes, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y con mejores sistemas de control que no inhiban la toma de decisiones.

Este año, realizamos más de 3 mil 700 auditorías y revisiones, se sancionaron a más de 2 mil servidores públicos y se recuperaron más de 2 mil 500 millones de pesos.

En esta lucha, no hemos confundido a las personas con las instituciones. Tomar cada decisión con la ley en la mano ha sido la única manera de no equivocarnos.

Pese al alto impacto en la opinión pública de algunas acciones contra la corrupción, en todos los casos se ha tratado de procesos judiciales, no de decisiones políticas. Algunos de ellos continúan en manos de la justicia. La ley se cumplirá en tiempo y forma.

El reclamo del país sigue siendo contra la impunidad. Es necesario revisar el régimen jurídico al que están sujetos los servidores públicos, para que la ley regule aquellas conductas que, sin violar la legalidad, ofenden la moral pública.

Instruyo a las instancias competentes para que, apegadas puntualmente a la ley, realicen todas las acciones pertinentes con el fin de finiquitar el proceso de intercambio de pagarés FOBAPROA-IPAB.

El gobierno federal se está redimensionando. A finales de año, habremos acumulado ahorros cercanos a los 27 mil millones de pesos, para invertir más en educación, en salud y en seguridad.

Hemos dado un enfoque social a la nómina federal. Hoy tenemos más enfermeras, más maestros, más médicos y más policías. El gasto en ello ha aumentado 16 por ciento con respecto al año 2000, mientras que se ha reducido el de remuneraciones personales para funciones meramente administrativas. Este ahora es sólo el 29 por ciento de la nómina, cuando en el año 2000 era del 45 por ciento.

No obstante estos esfuerzos, los resultados son todavía insuficientes. Continuaremos con el plan de austeridad del gobierno. Por ello, entre otras medidas, los salarios para los altos funcionarios permanecerán sin incremento en el año 2004.

Tenemos un compromiso con el profesionalismo, la innovación y la calidad. Con la Ley del Servicio Profesional de Carrera, ahora un servidor público puede, con base en el mérito y en la igualdad de oportunidades, hacer una verdadera trayectoria en el gobierno.

Hoy los ciudadanos y las empresas tienen acceso desde cualquier sitio, por la vía electrónica, a toda la información relacionada con los trámites y servicios federales. Ahora por internet es factible realizar cerca de 500 trámites y obtener servicios en forma ágil y segura. Así cerramos un espacio más a la corrupción.

A través de e-México ya enlazamos a la red a todos los municipios del país y al Distrito Federal, lo que permite a comunidades apartadas tener acceso a internet, a e-educación, a e-salud y a muchos servicios del gobierno vía internet.

Tres mil 200 centros comunitarios digitales lo hacen posible.

Hemos incrementado a 679 el número de centros de trabajo del gobierno federal que ahora cuentan con el certificado internacional de calidad ISO-9000, a finales del año sumarán 850.

Hemos adoptado el paradigma universal de los derechos humanos como política de Estado. Ésta es una de nuestras mayores contribuciones al fortalecimiento de la cultura de la legalidad.

Esa política se expresa en la atención a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; se expresa en la apertura de México a la mirada del exterior; en la creación de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos y en la armonización de nuestras leyes con las del entorno internacional. Estos logros responden a demandas sociales que mi gobierno asume en profundidad.

Están plenamente vigentes los compromisos con organismos internacionales, como el alcanzado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su diagnóstico será de gran utilidad para fortalecer las acciones que ya hemos emprendido.

En un hecho histórico, hemos concedido la extradición de personas sujetas a proceso por violaciones a los derechos humanos en otros países.

La Procuraduría General de la República ha adoptado el Protocolo de Estambul para erradicar la tortura. Aprovecho la ocasión para reiterar a las autoridades locales mi invitación a hacer propio el espíritu de ese instrumento.

La aprobación unánime de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación garantiza el derecho constitucional de cada mexicana y mexicano a vivir con equidad de trato e igualdad de oportunidades.

A 35 años de los dolorosos y lamentables sucesos de 1968, es preciso tomar conciencia de que no hay democracia sin un Estado de Derecho, un Estado comprometido con la defensa de los derechos humanos.

La sociedad exige recuperar la memoria histórica, conocer la verdad sobre esos acontecimientos para hacer justicia y asegurar que no vuelvan a ocurrir.

En un hecho sin precedente, en abril pasado, se ejerció acción penal contra presuntos responsables por privación ilegal de la libertad ocurrida hace más de tres décadas. Hoy, este caso se encuentra pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La dolorosa tragedia de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez es un gran reto para todas y todos. Es un reto para todos los niveles de gobierno. Hemos diseñado de manera conjunta un programa integral que incluye la prevención, procuración de justicia y reparación del daño a los familiares de las víctimas.

Hemos emprendido, en paralelo, una estrategia de coordinación de la fuerza pública con las instancias de Ciudad Juárez para optimizar los resultados. A través de este operativo, han disminuido ya 14 por ciento los delitos del fuero común.

La complejidad objetiva del caso podrá retrasar nuestra tarea, pero jamás inhibirá nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad y el castigo de los responsables. He decidido nombrar a un comisionado para coordinar la participación del Gobierno Federal en estos hechos que tanto nos agravian.

Enfrentamos los problemas de inseguridad a partir de un nuevo y moderno esquema en el que privilegiamos el uso de la información de inteligencia. Hemos limpiado y profesionalizado los cuerpos de seguridad, para hacerlos más efectivos en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. La ciudadanía participa ahora en la vigilancia de los cuerpos policíacos.

La Secretaría de Seguridad Pública ha mejorado los esquemas de cooperación entre las diversas policías. En este esfuerzo, ha sido fundamental el aporte de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad. Lo hemos hecho con estricto apego al sistema federal, partiendo de considerar que la conservación de la seguridad concierne a todos los niveles de gobierno.

La creación del modelo de seguridad pública municipal, aplicado por la Policía Federal Preventiva en municipios como Tijuana, Mexicali, Acapulco y Tlalnepantla, entre otros, ha logrado abatir la incidencia de delitos hasta en un 45 por ciento en menos de un año.

Las carreteras federales son ahora más seguras. No obstante los problemas que aún persisten, desde el año 2000 hemos reducido los asaltos en 65 por ciento. Al mismo tiempo, han disminuido los accidentes en un 40 por ciento. Todo esto con el apoyo de los gobiernos estatales, el robo de vehículos disminuyó en 15 por ciento con respecto al año 2000.

La creación de la Secretaría de Seguridad Pública ha permitido que la Procuraduría General de la República se concentre en el combate efectivo de la delincuencia, particularmente del crimen organizado.

Con este objetivo, la PGR ha sido reestructurada de manera radical. Creamos la Agencia Federal de Investigación, que cuenta con el equipo y las instalaciones más modernas. A la fecha, hay tres mil 500 agentes investigadores que trabajan con una nueva mística, visión y ética de servicio.

Estamos en pie de guerra contra el narcotráfico. Los resultados no tienen precedente. Hemos minado la fuerza de todos los cárteles. Al 15 de agosto de 2003, hemos capturado a más de 22 mil personas vinculadas con delitos contra la salud, entre financieros, líderes, sicarios y distribuidores al menudeo. Ello ha sido posible gracias a la coordinación de esfuerzos.

Continuaremos promoviendo una cooperación jurídica y policiaca y compartiendo información con los órganos nacionales e internacionales correspondientes.

En política exterior, nos ha guiado un nacionalismo moderno, firme y comprometido, con sentido de la historia y visión de futuro. Nuestra soberanía determina con claridad los intereses de México ante el mundo.

Hemos participado en las labores del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, defendiendo la solución pacífica de los conflictos y la vigencia del derecho internacional.

Impulsamos un multilateralismo que busca prevenir los conflictos y solucionar los ya existentes, mediante la corresponsabilidad efectiva de las naciones.

México ha militado históricamente en las filas de la paz. Ante diversos conflictos internacionales, como el de Iraq, la posición de nuestro país se ha basado en una clara apuesta por la paz.

En la lucha contra el terrorismo, hemos pugnado por un esquema multilateral revitalizado y por el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas.

Gracias a una iniciativa de México, adoptada por unanimidad en el seno del Consejo de Seguridad, la labor humanitaria del personal de la ONU estará protegida. Los ataques en su contra podrán ser sancionados como crímenes de guerra.

Pugnamos no sólo por la paz, sino también por el derecho al desarrollo y la cooperación entre las naciones.

En septiembre pasado, participamos en la Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable. Se creó a propuesta de México, el Grupo de Países Megadiversos. En octubre, recibimos a los líderes del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, en la Cumbre de APEC celebrada en Los Cabos. Este trabajo contribuyó al fortalecimiento de nuestros lazos económicos con la región.

En diversos foros internacionales, hemos hablado de los efectos de una globalización que, en muchos casos, profundiza la desigualdad entre los países; hemos demandado una mayor equidad del comercio mundial y nos hemos manifestado por un sistema multilateral de intercambio libre y justo.

En este año, participamos por primera vez en el Grupo de los Ocho. Ahí exigimos la reducción gradual, hasta su eliminación, de los subsidios a la agricultura. También promovimos el financiamiento para el desarrollo de infraestructura.

En la próxima Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Cancún, reiteraré la voz de México en favor de la equidad social y de intercambios comerciales justos. Fijaré la posición de México en contra de los enormes subsidios a las actividades agropecuarias que mantienen los países desarrollados.

Hemos fortalecido nuestra asociación estratégica con Estados Unidos de América, país con el que compartimos retos como la migración, los derechos humanos, la seguridad y la lucha contra el terrorismo.

Buscamos reducir las asimetrías en nuestra relación económica; buscamos un mercado bien integrado, sano y en constante crecimiento; buscamos que el libre flujo de mercancías, inversiones y servicios pueda ir acompañado de un movimiento ordenado de personas.

Gracias a nuestra matrícula consular, las y los mexicanos que viven en el exterior tienen ahora acceso a servicios con los que antes no contaban.

Sabemos lo importante que son, para sus familias en México, los recursos que envían los trabajadores migrantes. Tan sólo en el año 2002, las remesas alcanzaron la cifra récord de 9 mil 814 millones de dólares, 26 por ciento más que el año anterior.

Hemos trabajado para que estos recursos puedan llegar, al menor costo posible y de la manera más segura, a sus destinatarios, logrando una disminución de 58 por ciento en el costo del envío. Seguiremos impulsando la mayor reducción de dicho costo.

Nuestros migrantes quieren progresar. Así como defendemos sus intereses y derechos en México, también lo hacemos frente a las autoridades de los países en donde viven.

Con ese objetivo, continuaremos insistiendo ante el gobierno de los Estados Unidos de América en la necesidad de negociar y concluir un acuerdo migratorio de carácter integral.

Los intereses internacionales de México no se agotan en América del Norte. Seguiremos diversificando nuestras relaciones con Centroamérica y el Caribe, América del Sur, la Unión Europea, Asia-Pacífico, en particular Japón, con el que suscribiremos un acuerdo comercial.

Mi gobierno se ha mantenido cercano a las necesidades de la gente. Trabajamos para fortalecer sus ingresos, su patrimonio, sus capacidades y su participación.

Desde el inicio de esta administración, hemos dado la máxima prioridad al desarrollo social; al combate de la pobreza y la desigualdad. Para avanzar con paso firme en estas tareas, hemos promovido la convergencia de las políticas económica y social, como una premisa fundamental para construir una sociedad más justa, más humana.

A través de la estrategia Contigo, impulsamos una política social transparente, honesta y eficaz, fincada en la corresponsabilidad, alejada del populismo y del paternalismo.

Por primera vez, un gobierno se compromete a medir la pobreza con un método objetivo y verificable. Las evaluaciones del INEGI, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la CEPAL, coinciden en señalar que, en estos dos años, hemos avanzado en la reducción de la pobreza y mejorado la distribución del ingreso. Sin embargo, reconocemos que los rezagos y desafíos que enfrentamos siguen siendo muy grandes. No cerramos los ojos a esa realidad.

Hemos ampliado la cobertura de los programas sociales y multiplicado sus apoyos. En esta administración, el Programa Oportunidades ha incorporado a más de 8 millones de nuevos beneficiarios. Son ya más de 21 millones las y los mexicanos en condiciones de pobreza que reciben apoyos en efectivo y en especie para educación, salud y nutrición. En los últimos dos años, ampliamos Oportunidades, por primera vez, a las zonas urbanas, donde atendemos a más de 2 millones y medio de personas.

Este año, abrimos un fondo de ahorro para jóvenes becados. Mediante Jóvenes con Oportunidades, estamos apoyando el ahorro de miles de muchachos para alentarlos a terminar la preparatoria y ampliar sus oportunidades para el futuro. En la actualidad, son más de 700 mil las y los beneficiados.

Con los programas de subsidio, distribución y abasto de alimentos, fortalecemos también la nutrición de las familias. Gracias a una mayor eficiencia y productividad, por tercer año consecutivo, no aumentaremos el precio de la leche Liconsa. Además, para apoyar al campo mexicano, en lo que va del año, Diconsa no ha realizado importaciones de maíz y Liconsa ha adquirido 180 millones de litros de leche de productores nacionales. Les estamos comprando a los productores nacionales ocho veces más de lo que se les compraba en el año 2000.

Pusimos en marcha el Programa Hábitat, con el propósito de superar rezagos y desigualdades en las zonas urbanas.

A través de este programa, al final de este año, entre otros, se habrán instalado mil casas de atención infantil en los barrios urbanos más marginados. Esto permite a las madres, a las mamás solteras, buscar mayores oportunidades de desarrollo y empleo.

Con el programa de apoyo a microrregiones, este año estamos impulsando, junto con las comunidades rurales e indígenas y los gobiernos estatales y municipales, 2 mil obras de infraestructura social, en beneficio de más de 2 millones de personas.

La salud es esencial desde las primeras etapas de la vida. A partir de 2001, el Programa Arranque Parejo en la Vida ha atendido a un millón de mujeres embarazadas y niños menores de 2 años. Entre el año 2000 y el 2002, se ha reducido la mortalidad materna en 14.6 por ciento. Así, en dos años, superamos lo alcanzado en los diez años anteriores.

Como parte de un amplio plan de inversión consensuado con los gobiernos estatales, a la fecha, hemos puesto en operación 685 centros de salud, 60 hospitales y 11 unidades de salud pública.

El IMSS y el ISSSTE, en respuesta a una situación financiera difícil, han impulsado acciones de cambio y modernización de sus estructuras.

La reforma a la Ley General de Salud, aprobada en el Congreso, creó el Sistema de Protección Social en Salud. A través del Seguro Popular, gradualmente se dará protección a 45 millones de personas que hasta ahora no gozan de seguridad social formal. Al concluir este año, habrá medio millón de familias afiliadas. El gran objetivo es hacer realidad el derecho a una protección universal.

La educación es la columna vertebral del desarrollo nacional e impulso vital para la transformación del país. Este año, se destinó al sector un presupuesto de 295 mil 429 millones de pesos, 15 por ciento más, en términos reales, que lo ejercido en el 2000. Hoy, uno de cada cuatro pesos del gasto programable del Gobierno Federal, se destina a la educación.

El gasto educativo nacional para este año, incluyendo las inversiones de las autoridades locales y del sector privado, representa ya el 6.8 por ciento del Producto Interno Bruto, acercándonos así al ocho por ciento recomendado por los organismos internacionales.

Gracias al Programa Oportunidades, en las zonas rurales, la matrícula de secundaria aumentó 23 por ciento, y la de primer grado de educación media superior 38 por ciento.

En este gobierno, creamos el Programa Escuelas de Calidad, que en tan sólo dos años incrementó su cobertura de 2 mil 232 a 9 mil 820 planteles, en beneficio de más de 2 millones 600 mil niños y jóvenes.

En este ciclo escolar, distribuimos más de 174 millones de libros de texto gratuitos. En mi administración, pusimos en marcha el Programa de Bibliotecas de Aula. Hoy, gracias a ahorros internos, tenemos ya 815 mil Bibliotecas de Aula. Al término de mi gobierno, habremos entregado más de mil 400 millones de libros y materiales de apoyo educativo, equivalente a lo hecho en los dos sexenios previos.

Asimismo, concluimos el diseño del sistema informático Enciclomedia, con el cual el proceso de enseñanza-aprendizaje se orientará más a la calidad, y los estudiantes podrán transitar del libro de texto al uso de modernas tecnologías de la información.

La educación es un instrumento para promover la equidad. Durante el pasado ciclo escolar, cinco millones de niños y jóvenes recibieron una beca para mantenerse en la escuela. Más de 950 mil de estas becas fueron para estudiantes de educación media superior y superior.

En este ciclo escolar, laboran 8.2 por ciento más maestras y maestros que los que había en el periodo 2000-2001. Como parte del Compromiso Social por la Calidad de la Educación, este año estamos trabajando para poner en marcha el acuerdo que somete a concurso las nuevas plazas de directores, inspectores y maestros de educación básica.

Mi gobierno demuestra con hechos su compromiso con la educación superior. A pesar de la escasez de recursos, entre 2001 y 2002, otorgamos a las universidades públicas más de 5 mil 930 millones de pesos adicionales para incrementar la calidad de sus proyectos educativos, así como mejorar y ampliar sus instalaciones. En el pasado ciclo escolar, canalizamos mil millones más, con el fin de evitar inminentes quebrantos en su presupuesto. Estamos conscientes de sus grandes necesidades y reiteramos la voluntad del gobierno federal de apoyar la educación pública superior.

En lo que va de mi administración, la matrícula en este nivel educativo ha crecido más del 12 por ciento y se han creado 57 centros de educación superior, 12 de los cuales entran en servicio este año. Entre ellos, las dos primeras universidades interculturales bilingües, en respuesta a una justa demanda de las comunidades y los pueblos indígenas.

Como un reconocimiento al valor social de la educación pública, mi gobierno celebra la decisión de la Cámara de Diputados de inscribir, en el muro de honor de este recinto, el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La ciencia y la tecnología constituyen una sólida base para el progreso. Este año, el gasto federal en el rubro asciende a 27 mil 426 millones de pesos, 6.7 por ciento más, en términos reales, que el año anterior. Los recursos asignados a ciencia básica se incrementaron 31 por ciento. El aumento no es suficiente, pero nos coloca en la ruta adecuada.

Este año, también otorgamos créditos fiscales por 496 millones de pesos a las empresas que invierten en investigación y desarrollo tecnológico. En 2000, ese apoyo era apenas de nueve millones de pesos.

La cultura es esencial para el desarrollo pleno de las personas. Por ello, estamos promoviendo el hábito de la lectura. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas cuenta ya con 6 mil 500 espacios, cubre más del 90 por ciento de los municipios. Además, mil 200 bibliotecas están siendo equipadas con computadoras enlazadas a internet. Estas son Bibliotecas Públicas, no de Aula. En colaboración con los gobiernos estatales, se han instalado también más de 3 mil 300 salas de lectura.

Mi gobierno cumple sus compromisos con la difusión del arte de los creadores, dentro y fuera del país. La expresión artística de México fortalece nuestra identidad y es motivo de orgullo para todos.

El cine mexicano ha alcanzado, otra vez, proyección más allá de nuestras fronteras. De septiembre pasado a la fecha, películas apoyadas por IMCINE han recibido 49 premios y reconocimientos internacionales.

Avanzamos hacia la masificación del deporte, trabajando en estrecha alianza con las autoridades locales, las federaciones y los deportistas. En la última Olimpiada Nacional, participaron más de 2 millones de niñas, niños y jóvenes.

Juntos estamos dando también un impulso sin precedente al deporte de alto rendimiento. Ello contribuyó a cosechar importantes triunfos en los pasados Juegos Centroamericanos y en los Panamericanos. Expreso mi reconocimiento a las y los deportistas que nos representaron en estas competencias, y en especial a las mujeres, por su actuación sobresaliente.

En mi gobierno, el principio de equidad de género está incorporado en sus acciones y programas.

Un grave problema social es la violencia contra las mujeres. Por eso, estamos promoviendo que los órganos responsables de procurar e impartir justicia adopten un enfoque de género. Apoyamos también la Red Nacional de Refugios para Mujeres Maltratadas, operada por organizaciones de la sociedad civil.

Con los pueblos indígenas, mantenemos una relación de respeto, dignidad y justicia. Este año, con el apoyo del Congreso, dimos un paso crucial mediante la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que fortalece nuestra capacidad de respuesta para atender sus demandas y superar los rezagos. En los dos últimos años, el presupuesto federal destinado a las comunidades indígenas ha crecido 55 por ciento. Hoy supera los 17 mil 400 millones de pesos.

Hemos trabajado con decisión para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad, y para crear una cultura de respeto para ellas.

Las personas con alguna discapacidad merecen nuestro respeto y apoyo. Sociedad y gobierno hemos construido una sólida alianza para eliminar las barreras que limitan su desplazamiento en calles y edificios; para que tengan acceso a servicios de educación y salud de calidad, y cuenten con mayores oportunidades. El gobierno y las cámaras de la construcción y vivienda acordaron edificar casas con especificaciones de accesibilidad.

En las acciones de desarrollo social, compartimos objetivos y esfuerzos con la sociedad civil. Por ello, se han instalado consejos ciudadanos vinculados a las secretarías y dependencias del gobierno federal. Asimismo, este año, la Sedesol está financiando actividades y proyectos de mil 100 organizaciones no gubernamentales en todo el país.

México sufre un grave deterioro ambiental. Estamos trabajando para revertirlo. El agua y los bosques son asuntos de seguridad nacional. Este año, el gasto federal programado para agua potable y saneamiento, asciende a más de 3 mil 400 millones de pesos, 350 por ciento más que el año pasado. Junto con los gobiernos locales y los productores, hemos destinado más de tres mil 100 millones de pesos para el rescate de bosques y selvas, esto es diez veces más que lo que se invertía en el año 2000.

La entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable fue un nuevo modelo silvícola, que nos ayudará a frenar la tala ilegal y a preservar e impulsar nuestros ecosistemas.

En esta administración, hemos asegurado cerca de 200 mil metros cúbicos de madera en rollo, cantidad que equivale a 21 mil camiones cargados con este producto.

Estamos dando pasos firmes para que, en 2006, las Áreas Naturales Protegidas constituyan el 10 por ciento del territorio nacional. A la fecha, hemos alcanzado ya el nueve por ciento, con la integración este año de siete nuevas áreas. Ahora en ellas sembramos más de lo que se deforesta. En los últimos tres años, se han regenerado 550 mil hectáreas.

Reconozco que el crecimiento económico y la generación de empleos han sido insuficientes. No obstante, ha habido también avances.

Para hacer frente a la problemática, la estrategia de mi gobierno ha sido dinamizar el mercado interno y fortalecer la competitividad.

Gracias a una conducción responsable de la economía, se ha logrado controlar la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias.

Con estricta disciplina fiscal y una política monetaria prudente, hemos podido transitar de forma ordenada por un entorno económico adverso.

La inflación es la menor en los últimos 34 años. Las tasas de interés son las más bajas en décadas.

No obstante su limitación, los salarios en el sector formal de la economía han aumentado 10.5 por ciento, en términos reales, en lo que va de mi administración.

En los dos últimos años, el costo del servicio de la deuda se redujo en más de 46 mil millones de pesos.

Para fin de año, la recaudación fiscal habrá aumentado en 1.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Este nivel es, con mucho, el más alto desde 1980.

La disminución de las tasas de interés ha contribuido a la recuperación gradual del crédito bancario y a incentivar la inversión.

Hoy, Nacional Financiera, BANCOMEXT y BANOBRAS otorgan créditos a tasas de interés de un solo dígito.

Una medida que contribuye al fomento de la inversión es la entrada en vigor del decreto que aprueba los beneficios de deducción inmediata de impuestos, asociados en la adquisición de activos fijos, para crecimiento y generación de empleos

Nuestro programa de vivienda es el más amplio de la historia. En lo que va de este gobierno, un millón 222 mil familias han realizado su sueño de tener una vivienda propia. Este año, la inversión se estima en 118 mil millones de pesos, 74 por ciento más, en términos reales, que en el año 2000.

A pesar de la escasez de recursos, la infraestructura y la energía han recibido una cuantiosa inversión. En estos tres años, sumará más de 680 mil millones de pesos, la mayor impulsada por el sector público para un periodo similar.

En el mismo lapso, hemos incrementado la capacidad de generación eléctrica en 20 por ciento, una y media veces lo que aumentó en todo el sexenio anterior. Este año, PEMEX alcanzó una producción histórica de crudo de más de 3 millones 550 mil barriles diarios, lo que representa un aumento de 17 por ciento con respecto a 2000.

En infraestructura carretera, incluidos los recursos de 2003, se habrán invertido más de 47 mil millones de pesos, 37 por ciento de ese total ha estado dirigido a la región sur-sureste.

En 2003, se puso en marcha un nuevo y amplio programa de autopistas de cuota, incentivando la participación privada y potenciando los esfuerzos del sector público.

Estamos trabajando, junto con los gobiernos estatales, para conformar el Sistema Aeroportuario del Centro del País, construir el anillo metropolitano y el ferrocarril suburbano del Valle de México.

Para impulsar la competitividad, impulsamos una estrategia de simplificación y desregulación, a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas. Hemos dado especial importancia a la lucha contra el contrabando. Instalamos una comisión mixta con el sector privado y ampliamos la infraestructura aduanera, equipándola con tecnología de punta para hacer más eficaz y rápida la revisión de mercancías. El promedio mensual embargado en estos tres años asciende a 171 millones de pesos mensuales, 337 por ciento más que en el 2000.

En turismo, en el año 2002, el país registró un récord de captación de divisas de 8 mil 858 millones de dólares. Y en el primer semestre de 2003, el ingreso fue aún mayor, en 6.9 por ciento, contra el mismo periodo del año anterior.

La banca de desarrollo canaliza hoy recursos superiores a 280 mil millones de pesos, 57 por ciento más, en términos reales, que al inicio de mi gobierno.

Este año, Nacional Financiera atiende a más de 350 mil micro, pequeñas y medianas empresas, para ayudarlas a consolidarse y crecer.

Estamos democratizando el crédito. La pequeña y la mediana empresas son vitales para el fortalecimiento del mercado interno y la creación de empleos. Hemos ampliado los programas institucionales que nos permiten su financiamiento.

La banca social, que incluye al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros - BANSEFI- y a las cajas de ahorro, ha aumentado la atención con una red de 753 puntos en todo el país, a las y los emprendedores de ingresos bajos y medios.

Las microfinancieras son otro pilar para democratizar el acceso al financiamiento. Durante mi gobierno, se les han canalizado 724 millones de pesos, que permitieron otorgar 692 mil 168 microcréditos.

Al financiamiento anterior se suman los apoyos económicos del gobierno federal, junto con los estados, para proyectos productivos a 58 mil 347 proyectos productivos. Como parte de nuestro compromiso con los pequeños y medianos productores, reestructuramos a fondo el sistema financiero del campo. Creamos la Financiera Rural que pone la operación del crédito en manos de los propios productores.

La Ley de Capitalización de PROCAMPO y el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, junto con la Alianza Por el Campo, complementan los apoyos a la producción agropecuaria.

Este año, se están canalizando al campo el mayor presupuesto en la historia, - 117 mil millones de pesos -, 21 por ciento mayor, en términos reales, al de 2000.

Con el Acuerdo Nacional para el Campo, el gobierno federal, las organizaciones campesinas y las organizaciones de productores, estamos atendiendo al medio rural con una visión de largo plazo, ajena a fórmulas asistencialistas y paternalistas.

Comprometo mi esfuerzo personal para que la administración pública cumpla a cabalidad los programas del pacto, a fin de que los proyectos acordados se transformen en realidades y los presupuestos asignados se ejerzan puntualmente y con la más escrupulosa honradez. La gran tarea pendiente sigue siendo lograr un crecimiento económico sostenido y dinámico que permita generar los empleos que reclama el país. Sólo así podremos avanzar más de prisa en la recuperación del nivel de vida de las familias mexicanas.

Honorable Congreso de la Unión:

Los cambios y logros aquí reseñados son valiosos, pero incompletos. Hemos creado instituciones y alcanzado modificaciones jurídicas importantes, pero de ninguna manera podemos hablar todavía de las transformaciones históricas que los tiempos demandan. Existe un reclamo social generalizado en favor de un cambio más profundo y dinámico.

Antes de plantear los grandes retos nacionales, permítanme hacer un balance sobre la situación actual, ajeno a todo propósito polémico. Lo haré con franqueza y realismo. Como titular del Ejecutivo, no escapan a mi sensibilidad los reclamos sobre mayor eficacia en el gobierno y desencuentros en el equipo de trabajo.

Sé que nos reclaman falta de experiencia y una mejor gestión como gobierno en su conjunto. He instruido a todo mi equipo de trabajo a privilegiar la política, para ubicarla en la posición de mando que le corresponde, hasta convertirla en el eje rector de una gestión de gobierno cada vez más eficaz, sensible y comprometida.

México nos demanda mejores resultados. Reitero a mis colaboradores que estamos obligados a redoblar esfuerzos y a no perder de vista que el trabajo en equipo es condición indispensable para el buen gobierno.

Pocas veces en nuestra historia nos hemos enfrentado tan explícitamente a la decisión de forjar nuestro destino.

Iniciamos la etapa de la alternancia con un hecho: un gobierno sin mayoría. Hoy, el poder responde a un esquema de responsabilidad compartida.

En este contexto, no obstante que hay un consenso cada vez más amplio sobre el carácter primordial de las reformas estructurales, éstos han sido años de reformas postergadas: la del Estado, la hacendaria, la energética, la de telecomunicaciones y la laboral.

La importancia y la fortaleza de las instituciones que estamos perfeccionando han permitido que México llegue hasta donde hoy está. En ellas, el país tiene una de sus principales reservas de estabilidad. Aun con sus imperfecciones, las instituciones funcionan. Sin embargo, es urgente emprender juntos un ejercicio de creatividad jurídica para encauzar las nuevas realidades.

Muchas de las prácticas políticas van todavía a contrapelo del proceso de cambio.

La nuestra es una sociedad plural, obligada a procesar una cantidad creciente de demandas contradictorias.

El ambiente político está congestionado.

Existe desconfianza y recelo social hacia la política.

La estabilidad macroeconómica es favorable. Sin embargo, no se ha traducido aún en crecimiento sostenido y en generación suficiente de empleos. Las finanzas familiares no reciben todavía sus beneficios.

El problema del desempleo es el gran reto. Las familias, mexicanas se siguen sacrificando ante la falta de una respuesta vigorosa, de fondo, a este grave problema. Somos la novena economía del mundo y, paradójicamente, tenemos un marcado déficit social. La dimensión e intensidad de la pobreza conocen en nuestro país, desde tiempos históricos, límites ofensivos para la dignidad humana. Complican el cuadro la inseguridad pública, el salario insuficiente y la falta de opciones, con el consecuente desaliento.

Aun cuando se ha reducido el número de personas en condiciones de pobreza, en las zonas rurales ésta todavía afecta a más del 34 por ciento de la población rural. Es imposible allanarse a esta realidad.

No podremos considerarnos un México justo mientras existan comunidades sin suficientes servicios básicos; mientras miles de personas emigren en busca de mejores horizontes; mientras cientos de pueblos indígenas vivan en la pobreza y haya mexicanas y mexicanos que aún sufren discriminación.

Estos rezagos nos lastiman como sociedad y ponen en riesgo la viabilidad de nuestro desarrollo. La gravedad del problema es un llamado a nuestras conciencias. Si no logramos dar pasos juntos para superarlo, dejaríamos incumplido el mayor de nuestros deberes.

Es necesario saldar la deuda histórica que tenemos con la población rural y las comunidades indígenas. No podemos hablar de desarrollo si los campesinos e indígenas no forman parte de él, si no logramos ofrecerles igualdad de oportunidades en educación, salud, empleo y vivienda.

La cantidad de delitos sin castigo es enorme. Resulta lamentable que sólo se denuncie 30 por ciento de ellos, porque no existe confianza suficiente en el sistema de procuración y administración de justicia Federal y local. Más grave aún es que sólo cinco por ciento termine en consignación y sentencia.

En los últimos años se ha hecho más evidente la debilidad fiscal del Estado mexicano. Tenemos finanzas públicas sanas, pero precarias.

La insuficiencia recaudatoria y la inequidad del sistema fiscal han impedido convertirlo en verdadero promotor del crecimiento. En consecuencia, el presupuesto no tiene la capacidad para revertir los desequilibrios sociales.

La nueva estructura poblacional está provocando una presión sin precedente en servicios de educación superior, en medicina especializada y de tercer nivel, en vivienda, en desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura.

Dejar de invertir en educación es tanto como dejar de invertir en el futuro. Requerimos más infraestructura, capacitación y tecnología. Se necesita, sobre todo, incrementar la inversión en educación media superior y superior.

Nuestro sistema de salud no está a la altura de los nuevos desafíos y las nuevas enfermedades. Tenemos que invertir más en la construcción de clínicas y hospitales de tercer nivel, en el abasto de medicinas sin costo. Estas inversiones son también fundamentales para garantizar la viabilidad del Seguro Popular, que es la puerta de cobertura universal en salud.

Nuestras instituciones de seguridad social enfrentan situaciones extremadamente difíciles. Las acciones de cambio y modernización puestas ya en marcha en el IMSS y en el ISSSTE no podrán resolver, por sí mismas, su grave deterioro financiero. Se requiere de un esfuerzo conjunto de trabajadores, patrones y de varias instituciones para resolver su problemática.

Si queremos ofrecer a cada familia la oportunidad de contar con un techo digno y un patrimonio, tendremos que invertir más en vivienda.

Si queremos poner nuestra infraestructura al nivel que exigen el crecimiento económico y las demandas sociales, tenemos que invertir más en redes de agua potable y alcantarillado, en electricidad para las comunidades más alejadas, en escuelas y hospitales, en carreteras y puentes, en redes modernas de comunicación, en explotación de nuevos yacimientos de petróleo y gas natural.

Esto es lo que está en juego detrás de los acuerdos y las reformas que México requiere con urgencia.

En este contexto, son imprescindibles reformas estratégicas que liberen el gran potencial de la nación, fortalezcan al Estado, generen recursos y condiciones que estimulen el crecimiento económico y transformen la incertidumbre en confianza para el futuro de nuestro país.

Expreso un renovado compromiso con el cambio democrático; con un gobierno de transición. No será jamás interés de mi gobierno preservar ni restaurar viejas prácticas políticas. Tampoco será colapsarlas, sin acordar previamente las nuevas reglas para su relevo.

Hemos conquistado la democracia; ahora debemos perfeccionarla y sobre todo hacerla más eficaz. Es nuestra responsabilidad construir cimientos firmes, que la consoliden y la protejan de cualquier fragilidad. Debemos legar a nuestras hijas y a nuestros hijos instituciones garantes de estabilidad, ante los nuevos retos que nos impone la democracia.

La Reforma del Estado no implica la refundación del Estado; implica tan sólo elevar su calidad y modernizar sus instituciones. Es la vía para organizar al Estado mexicano, de cara al futuro. A través de ella, se busca conciliar el fortalecimiento Legislativo con un régimen presidencial democrático, y establecer una relación más fluida con miras a la aprobación de leyes.

Nuestra democracia debe permear todas las esferas de la vida pública. Todo será insuficiente si las organizaciones políticas y sociales no contribuyen, en el marco de su autonomía, a la consolidación democrática.

La calidad de la democracia será proporcional a la calidad de nuestro sistema de partidos. Es preciso fortalecerlo y democratizarlo.

Ya hay coincidencia entre las fuerzas políticas sobre la necesidad de regular las precampañas, unificar los calendarios electorales, acotar la duración y recursos de las campañas, fomentar una fiscalización más rigurosa e impulsar el voto de los migrantes en el extranjero.

Está pendiente la decisión sobre la pertinencia de adoptar las figuras del plebiscito y de referéndum.

El fortalecimiento del Poder Judicial, pieza fundamental de la Reforma del Estado, es culminación de un proceso cada vez más reconocido, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación salvaguarda el orden constitucional con autonomía e independencia.

Son imprescindibles reformas encaminadas a alcanzar una mayor calidad en la procuración y administración de justicia, para mejorar el combate a la delincuencia y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Sigo con interés la consulta que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su momento, apoyaré las iniciativas que tiendan a lograr que, de manera cotidiana y en todo el territorio nacional, se cumpla la garantía de justicia que reclaman las y los mexicanos.

En estos tres años de gobierno, se han realizado muchas mesas de discusión sobre la Reforma del Estado que incluyen todos estos temas. Debemos ahora dar el siguiente paso para plantear las iniciativas de ley correspondientes. Asumiré mi parte en esta obra colectiva.

No podemos cifrar nuestro desarrollo sólo en la dinámica del mercado exterior. Necesitamos encontrar fuentes autónomas de crecimiento, para fortalecer el mercado interno e incrementar nuestra competitividad.

Necesitamos fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado; asegurar cargas fiscales más equitativas; establecer un sistema tributario moderno y justo que proporcione los recursos suficientes para un financiamiento sano del desarrollo. Requerimos también ampliar la base de contribuyentes y equilibrar los beneficios entre los ciudadanos. Aquí encuentra su razón de ser la reforma hacendaria.

Mi gobierno no privatizará la CFE ni PEMEX. No podemos ocultar que ambas empresas tienen seriamente comprometida su viabilidad económica. Esto pone en riesgo el futuro de nuestro país. No debemos aplazar la decisión de fortalecerlas, capitalizarlas, modernizarlas y ampliar su radio de acción.

Necesitamos encontrar mecanismos que permitan que el sector de energía sea puntal del desarrollo económico del país. Estamos obligados a buscar, en la pluralidad, fórmulas jurídicas que lo modernicen y garanticen el suministro en las próximas décadas.

Tenemos que integrar la cadena de valor de la industria energética nacional. México no debe seguir importando recursos de los que dispone, ni productos refinados para los que tiene ventajas competitivas. Tampoco podemos dejar de invertir en exploración para revertir tendencias decrecientes en reservas.

Durante los próximos 10 años, será necesario canalizar cerca de 500 mil millones de pesos al sector eléctrico. Ello nos obliga a encontrar mecanismos que conjuguen esfuerzos e inversión privada, sin comprometer la soberanía nacional ni modificar la propiedad estatal de la industria eléctrica.

Esto requiere de un marco regulatorio que asegure un financiamiento sano, otorgue certidumbre jurídica a la inversión y mejore la competitividad de la industria nacional.

Trabajadores, empresarios y gobierno necesitamos una cultura laboral que responda a las nuevas circunstancias del mundo del trabajo. No se trata de renunciar a las conquistas laborales, sino de generar más empleos y encontrar espacios para la convergencia que permitan actualizarnos en este ámbito, con madurez y creatividad.

Hemos consolidado la estabilidad macroeconómica. Ahora, el desafío inmediato consiste en lograr una economía que se refleje en un mayor bienestar, en la reducción de la pobreza, en empleos y en una mejoría de los ingresos de las familias.

En nuestra visión, las políticas económica y social, van de la mano, se complementan y se refuerzan.

Es necesario mirar no sólo las variables fundamentales de la economía, sino también concretar los ideales de una sociedad justa y humana. Es indispensable que las libertades y el crecimiento económico se acompañen de la corresponsabilidad para la consecución de un desarrollo humano integral y equitativo.

Enfrentar este reto en un entorno internacional adverso, nos lleva a redefinir prioridades y a replantear estrategias. En lo económico, es preciso fortalecer el empleo y focalizar los esfuerzos para impulsar el mercado interno. En lo social, es necesario orientar nuestra energía a ampliar la red de protección y a extender la ciudadanía económica a los grupos excluidos del desarrollo.

Para reducir la pobreza, debemos ir hasta donde el Estado no ha llegado en materia de protección social, y hacer un esfuerzo sin precedentes para estimular el crecimiento y la formalización de los millones de emprendedoras y emprendedores.

Requerimos ampliar los espacios para que el sector privado complemente la inversión pública en infraestructura generadora de empleos.

El ambiente de negocios debe promover más intensamente el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. La desregulación deberá fortalecer la posición competitiva de México.

En ese contexto, impulsaremos una competencia más intensa en nuestros mercados, que conduzca a la innovación, a la mejora continua de las empresas y a la consecuente generación de empleos de calidad.

La respuesta ante estos retos ha de confirmar que las personas y las familias están en el centro de nuestras preocupaciones.

Nadie sacará partido del retraso de las reformas. Cada retraso en el acuerdo es un golpe a la confianza en el país. Esa realidad nos exige abrir los espacios necesarios para negociar en términos flexibles y prudentes.

El gran objetivo es afianzar nuestra democracia, dinamizar el crecimiento y asegurar un desarrollo social equilibrado, mediante la generación de empleos estables, permanentes y bien remunerados.

Es tiempo de abocarnos, con ánimo renovado, al diálogo y al entendimiento político.

Es tiempo de pasar del reclamo de cambio a los acuerdos que lo materialicen; es tiempo de pasar de la expresión de convicciones democráticas a las decisiones que consoliden el cambio y aseguren una mayor eficacia a los acuerdos.

Es tiempo de ratificar nuestras coincidencias esenciales. Es tiempo de sumar, y no de restar.

Una sociedad dividida es una sociedad débil, que genera agravios y rencores. Es preciso que todos contribuyamos a que predomine un clima de entendimiento.

En el cumplimiento de nuestra responsabilidad, hemos de escuchar más a la sociedad para responder a sus reclamos.

La voluntad mayoritaria del pueblo de México sigue siendo fiel a su anhelo de cambio. No debemos permitir que la complejidad de las circunstancias políticas le imponga límites.

Es necesario quitar el acento que tiene hoy lo que nos separa, para ponerlo en una confluencia creativa y conciliadora.

Nos toca conjurar la impresión de que la política es fuente de problemas, no de soluciones.

Nos toca acreditar que, desde la política, se pueden construir coincidencias, conciliar lógicas divergentes y equilibrar visiones e intereses contrapuestos.

La responsabilidad que compartimos no consiste sólo en la modificación de las leyes, sino también en una voluntad real de edificar el futuro.

No debemos permanecer con nuestros desacuerdos mientras aumenta el desempleo y disminuyen las opciones, sobre todo para los jóvenes.

Si nuestro más alto propósito es el bien del país, no hemos de tener miedo a coincidir. Si no hay acuerdos no habrá avances.

México reclama políticas nacionales, no políticas faccionales. Es aquí, en el Congreso, donde debemos darles forma; aquí, en el Congreso, donde está mejor representada la pluralidad y diversidad de nuestra tierra; aquí, en el Congreso, donde venimos de todos los rincones; aquí, donde todos tenemos voz.

No se trata del gobierno, sino del país.

Sería un error asumir que estos cambios están planteados en términos de un interés partidario. Los desafíos nacionales trascienden partidos, ideologías e intereses para comprometernos a todas y a todos.

Ante estos retos, debemos mirar hacia un horizonte de largo aliento, visionario, incluyente, con toda la grandeza de las decisiones históricas.

México debe caminar a partir del 2006 por la senda del futuro. Ése debe ser nuestro horizonte para concluir las reformas.

No basta con estar conscientes de lo que falta por hacer; es también imprescindible convencernos de su urgencia. El tiempo apremia. Debemos tomar ahora las decisiones para darle certeza al porvenir.

Hagamos de nuestra actuación una reserva de estabilidad y esperanza para todos los mexicanos. Lo que hoy decidamos será para la historia. Si fallamos, el reclamo no sólo estará justificado: será histórico.

La inauguración de esta Legislatura es la oportunidad para un nuevo inicio y para atender la insatisfacción social por el retraso en los cambios. La piedra angular es la suma de voluntades.

Es momento de otorgar a la política toda su dimensión constructiva y de convertir la pluralidad en fortaleza de nuestra unidad.

Los problemas urgentes y la edificación del porvenir reclaman dar a la política toda su capacidad de acuerdo, para avanzar hacia un México más equitativo, más democrático y de mayores oportunidades.

Asumamos la negociación como una práctica política imprescindible y no como un acto de debilidad. El diálogo y los acuerdos nos fortalecen a todos, en la medida en que favorecen al país.

Creo en un régimen presidencial democrático. Creo en la democracia y en el respeto a la oposición, como base de todo sistema representativo.

Creo en las libertades civiles y en la fortaleza de los gobiernos locales.

Creo en la eficacia del poder público, sin quiebre de la legalidad; en un cambio con responsabilidad y en un orden sin represión.

Creo en el pluralismo y en la riqueza de la diversidad; en el principio de que la legitimidad de un gobierno ha de tener como fundamento la ley.

Creo en un concepto de justicia que trasciende circunstancias políticas y personales.

Creo en un Estado que ejerce su poder para preservar las libertades y los derechos de los ciudadanos.

Creo en el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Creo en la conciliación entre una política económica y una política social que coincidan en su orientación hacia el bien común.

Señoras y señores legisladores:

Este informe ha sido un recuento de logros, pero también el reconocimiento de una transición inacabada.

Tenemos que admitir que hay tareas pendientes. Apelo al patriotismo de todas y todos para concluirlas.

Aunque a veces acechen la impaciencia y el desaliento, es obligado mantener el entusiasmo y la confianza.

Nuestro optimismo debe servirnos para estimular la creatividad; para acelerar nuestra acción.

Juntos, podemos más de lo que imaginamos.

Juntos, podemos alcanzar lo que hoy parece imposible.

La tarea es responsabilidad de todos.

Es momento de unidad en torno a ideales y aspiraciones superiores; unidad en torno a la defensa de valores e instituciones que nos permitan alcanzar nuestros anhelos de justicia, democracia y bienestar social.

Es momento de unidad entre todos los mexicanos.

¡Viva la unidad de las y los mexicanos!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Fuentes:

http://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LIX/1er/1or1/sep/20030901.html

http://tercer.informe.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=6

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-09-06-19.pdf