1997
Mensaje del Tercer informe de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Septiembre 1, 1997


Señoras y señores diputados y senadores del Honorable Congreso de la Unión;
Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
Mexicanas y mexicanos:

Es para mí un honor asistir a la apertura del primer periodo de sesiones de esta Quincuagesimaséptima Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.

Al saludar a las señoras y a los señores legisladores que integran este Honorable Congreso, les manifiesto mi invariable disposición para establecer una relación de respeto, colaboración y corresponsabilidad, enmarcada en el principio de división de Poderes y en la cabal observancia de las atribuciones que la ley confiere a cada Poder.

Por el bien de México deseo a todas las señoras y los señores legisladores el mayor de los éxitos en el cumplimiento de su delicada e importante responsabilidad.

Hace un momento he cumplido con lo que ordena el Artículo 69 Constitucional, presentando a este Honorable Congreso un informe escrito sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país.

Ahora, permítaseme aprovechar esta valiosísima y señalada oportunidad para hacer una recapitulación personal de los principales avances y retos de la nación, al cumplirse casi la mitad del mandato que el pueblo me ha conferido.

El voto del pueblo de México ha dado a esta Legislatura una pluralidad que debe alentar el diálogo respetuoso y los acuerdos, velando siempre por el interés superior de la Nación.

Confío enteramente en que el Legislativo y el Ejecutivo mantendremos una relación madura, constructiva y útil para el país. Lograr esa relación debe ser el siguiente paso para afianzar la normalidad democrática lograda con el esfuerzo de todas las fuerzas políticas y la gran participación ciudadana el pasado 6 de julio.

En efecto, el 6 de julio el país dio un paso muy importante para llegar a la normalidad democrática.

Ese día culminó el propósito que expresé desde esta alta tribuna el 1º de diciembre de 1994, de trabajar para que las elecciones federales de este año nos dejaran satisfechos a todos por la forma de su realización, indistintamente de sus resultados.

Para conseguir ese propósito, en enero de 1995 convoqué a los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión a emprender una reforma electoral definitiva. A partir de ese momento, se negoció y se acordó exitosamente una reforma constitucional que resolvió los grandes temas pendientes en materia electoral.

Gracias a esa reforma, se logró que el instituto responsable de organizar, computar y validar las elecciones tuviera total autonomía respecto del Gobierno. Los servidores del Instituto Federal Electoral y los cientos de miles de ciudadanos que cívica y generosamente contribuyeron a organizar las elecciones merecen nuestro mayor reconocimiento.

Gracias a esa reforma, el Poder Ejecutivo ya no interviene en la solución de las controversias que puedan ocurrir en las elecciones. Ahora son resueltas por un tribunal que forma parte del Poder Judicial y por lo tanto, es totalmente independiente del Ejecutivo.

Se logró, además, que los partidos contaran de manera justa y transparente con recursos públicos para sus campañas, y que tuvieran acceso equitativo a los medios electrónicos de comunicación.

En pocas palabras, se sentaron las bases para que las elecciones fuesen no solo legales sino justas. Además, gracias a la reforma, los habitantes de la capital de la República elegimos por primera vez al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Al alentar la reforma electoral lo hice con absoluta confianza en que la más intensa competencia política y la pluralidad que surge de ella serán factores de unidad nacional, de estabilidad política y de progreso para el país.

En todo momento he confiado en que la competencia libre y abierta permitirá que cada uno asuma su compromiso con la democracia, practicando una genuina ética de responsabilidad política.

Una ética de responsabilidad política que comprenda la defensa invariable del orden jurídico y el respeto a las instituciones.

Una ética de responsabilidad que aliente la tolerancia y la mesura, no el enfrentamiento y el encono; que privilegie el diálogo, no la imposición; que estimule las propuestas efectivamente viables para el desarrollo de México.

Una ética de responsabilidad que reconozca que el único protagonista indispensable y trascendente para el avance de la Nación es el pueblo de México.

Sé bien que en cada momento decisivo prevalecerá esa ética que es la que he tratado de honrar al convocar y alentar la reforma política.

Esa ética de responsabilidad está en el interés de todos porque, en el marco de la ley, habrá de regir nuestra vida cívica; habrá de regir el trato que cada quien da y que cada quien recibe en nuestra vida democrática.

Todos vamos a necesitar esa ética de responsabilidad, porque nos aguardan enormes tareas que sólo pueden ser realizadas con la colaboración respetuosa entre los Poderes de la Unión.

Hoy, además, reitero mi más firme voluntad y mi invariable compromiso de que el Gobierno Federal seguirá trabajando con respeto y armonía con todos los gobiernos estatales y municipales, independientemente del partido político del que hayan surgido.

Como hasta ahora, el Ejecutivo Federal mantendrá una comunicación constante con las señoras y los señores legisladores para defender nuestra soberanía nacional y promover los intereses de México en el mundo.

La soberanía es el valor supremo de los mexicanos y es la responsabilidad primera del Estado. Para preservarla ejercemos invariablemente una política exterior de principios. México practica y exige el respeto a la igualdad jurídica de los Estados y a la autodeterminación de los pueblos.

Ante nuestros aliados, ante nuestros vecinos y nuestros amigos en todo el mundo, hemos insistido con claridad y firmeza en que el límite de toda negociación con México es siempre nuestra soberanía nacional. Que los mexicanos nos gobernamos a nosotros mismos y no aceptamos ninguna injerencia externa en nuestros asuntos internos.

En los momentos de prueba que sin duda han estado presentes durante este Gobierno, hemos rechazado toda presión y hemos actuado conforme a nuestros principios.

Así, hemos denunciado y hemos combatido leyes extranjeras con efectos extraterritoriales que contravienen el Derecho Internacional.

De igual modo, en el combate de males internacionales como el narcotráfico hemos exigido y logrado que todo acuerdo y toda acción estén basados en el respeto a la soberanía y a la jurisdicción territorial de nuestro país. Adicionalmente, México ha insistido en que para avanzar en todo propósito común, el camino es la cooperación constructiva y nunca la recriminación estéril.

La otra parte fundamental de nuestra política exterior es la promoción de los intereses de México en el mundo.

Ello exige una intensa actividad. En los pasados doce meses sostuve 17 reuniones de trabajo en México y 20 en el extranjero con Jefes de Estado y de Gobierno en las que se suscribieron 64 tratados con otras naciones.

En la diversificación de nuestras relaciones, hemos puesto especial énfasis en América Latina porque compartimos lazos fraternales y un gran potencial productivo y cultural. México está impulsando la apertura comercial, la integración económica y la concertación política con cada nación latinoamericana y en todos los foros de la región.

Los países de la Unión Europea constituyen nuestro segundo socio comercial y nuestra segunda fuente de inversión extranjera. Por eso es muy importante haber finalizado un complejo proceso en el que se convinieron las bases para negociar un Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, entre México y la Unión Europea. Pronto empezará esa negociación.

En el Pacífico Asiático, México está impulsando vínculos que empiezan a traducirse en más comercio, mayor inversión y mejor cooperación tecnológica.

Nuestra política exterior ha dedicado una atención especial a proteger los derechos humanos y laborales y la dignidad de los mexicanos en el extranjero. Esta es y seguirá siendo una prioridad indiscutible de México, y es uno de los asuntos más sensibles de nuestra relación con los Estados Unidos de Norteamérica.

Toda acción y toda operación que agravie la dignidad de los mexicanos no ha pasado, ni nunca podrá pasar, desapercibida. No puede ser aceptable que el respeto mutuo y la buena voluntad rijan algunos aspectos de la relación bilateral y no lo hagan en otros, en particular en aquellos que tienen que ver directamente con los derechos humanos fundamentales de nuestros compatriotas. Por eso, seguiremos utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para defender a nuestros connacionales donde quiera que se encuentren.

A la vez, seguiremos insistiendo en que el respeto, la amistad y la cooperación no pueden ser rasgos selectivos y unilaterales de una relación tan amplia, compleja e importante para ambas partes.

Sabemos que todo hombre y toda mujer con raíces mexicanas están orgullosos de ser parte de nuestra nacionalidad. De ahí la trascendencia de la reforma constitucional, recientemente aprobada, que permite que todo mexicano con derecho a adquirir otra ciudadanía pueda hacerlo sin verse obligado a renunciar a la nacionalidad mexicana.

Próximamente y previa consulta con las señoras y los señores legisladores, someteré a consideración de este Congreso la iniciativa de ley reglamentaria correspondiente.

Si la defensa de la soberanía es la primera responsabilidad del Estado Mexicano, una condición esencial para preservarla es garantizar el imperio de la ley en todo el territorio nacional.

Hoy, sin embargo, la inseguridad pública y el desapego al Estado de Derecho son el mayor obstáculo para nuestro progreso material y para una vida social armónica.

Hoy, la más grave preocupación de los ciudadanos es la inseguridad pública que persiste en las calles, en los caminos y que, incluso, ha penetrado a los hogares, los centros de trabajo y de reunión.

La ciudadanía se siente impotente ante la delincuencia y percibe que la autoridad es ineficiente para combatirla. Se sigue temiendo tanto a quien comete un delito como a quienes deben perseguirlo, porque con frecuencia encubren o toleran los actos ilícitos.

El sentimiento de inseguridad se ha extendido en la población provocando aislamiento, y estimulando la intención de hacerse justicia por propia mano.

Hasta ahora, la magnitud y complejidad del problema han sido más grandes que el efecto de nuestros esfuerzos, si bien no hemos permanecido pasivos.

Desde el inicio de esta Administración se promovió una amplia y profunda reforma constitucional para fortalecer al Poder Judicial y para aplicar en todo el país una política integral de seguridad pública que comprenda un combate sistemático, coordinado y sostenido contra la delincuencia y el crimen organizado.

Al promover esa reforma tuve como un objetivo primordial que la ciudadanía cuente con un Poder Judicial verdaderamente independiente e imparcial, incuestionablemente profesional e indiscutiblemente honesto. Todos los mexicanos confiamos en que muy pronto se cumplan a plenitud cada uno de los propósitos que animaron a esa reforma.

La reforma constitucional también fue el primer paso para promover cambios en aspectos de las leyes que dificultaban la persecución de los delitos más graves y debilitaban la acción de la justicia.

Entre esos cambios uno reciente ha sido la aprobación, por el Honorable Congreso de la Unión, de la Ley Reglamentaria para el Combate a la Delincuencia Organizada. Asimismo, se han modificado diversas leyes financieras a fin de prevenir y detectar el lavado de dinero.

En virtud de la reforma constitucional se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública con el objetivo de coordinar las labores de la Federación, el Distrito Federal y los municipios.

También con base en la reforma y en las tareas de ese Sistema Nacional, ahora será mandatorio alcanzar niveles óptimos de capacitación, profesionalización y eficacia para todas las corporaciones de seguridad pública del país.

La reforma constitucional estableció, por primera vez, que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

A instancias del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Ejecutivo propuso y obtuvo para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1997, recursos especiales por mil 905 millones de pesos para seguridad pública, que están siendo distribuidos entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales.

También por recomendación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha empezado la reestructuración de las instituciones de procuración de justicia del país y se han iniciado los esfuerzos para coordinar los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Claramente, todos y cada uno de estos avances no han sido suficientes. Es indispensable e inaplazable apresurar el paso.

Este es un problema muy grave en el que es urgente que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajen con ahínco, firmeza y en más estrecha colaboración. Asimismo, es necesarísima una mucho mejor coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales.

Propongo que todos nos comprometamos a reforzar nuestras leyes. Que todos nos comprometamos a acelerar la reestructuración de las corporaciones policiacas y a precisar y hacer cumplir los estándares de su desempeño.

Propongo que todos nos comprometamos a impulsar reformas verdaderamente profundas en las procuradurías de justicia de todo el país, a avanzar con mucho mayor rapidez hacia una coordinación eficaz y conseguir una colaboración más activa de todos los grupos e instituciones sociales.

Propongo a este Honorable Congreso que intercambiemos opiniones y, a mi vez, también lo haré con los señores gobernadores, para encontrar fuentes adicionales de financiamiento que permitan incrementar sustancialmente el gasto en procuración de justicia y seguridad pública ya desde el próximo ejercicio fiscal.

Todos debemos comprometernos a emprender un esfuerzo sin precedente para que nuestro sistema de justicia y nuestras labores de seguridad pública comiencen una nueva etapa donde se cumpla la ley, donde la autoridad se gane el respeto de la población porque está a su servicio y donde los delincuentes sean castigados con el rigor que ameritan.

La convicción y la decisión de este Congreso serán decisivas para realizar las tareas que apremian. Todos debemos dar certeza a los mexicanos de que no bajaremos los brazos hasta vencer a la delincuencia, al crimen organizado y al tráfico de drogas.

El narcotráfico es una grave amenaza para los mexicanos. El tráfico de drogas ha sido causa de mucho sufrimiento para personas y familias inocentes, para comunidades pacíficas y laboriosas. Da pie a intentos de socavar nuestra soberanía. Incluso ha llegado a ser causa de ofensa a nuestras instituciones por el terrible poder de corrupción de quienes se dedican a esta actividad criminal.

Pero los mexicanos no cederemos ni un ápice en nuestra lucha contra este mal. Redoblaremos nuestro esfuerzo y tengo plena confianza en que lograremos mejores resultados.

Para intensificar esta lucha que es por la salud, seguridad y la tranquilidad de todos, en ningún momento he dudado en recurrir a nuestras fuerzas armadas.

Algunas personas han afirmado que es en este Gobierno cuando por primera vez se ha convocado la participación de las fuerzas armadas contra el narcotráfico y que ello es lo que ha hecho propicio que algunos de sus miembros incurran en actos ilícitos.

Esta afirmación es inexacta.

Las fuerzas armadas mexicanas siempre han participado en esta lucha. Lo que se ha hecho en esta Administración, es transparentar y acrecentar su participación.

Por otra parte, en los casos más graves donde se ha establecido la presunción de un involucramiento de personas pertenecientes a las fuerzas armadas con narcotraficantes, la evidencia disponible muestra que dicho involucramiento data desde antes del inicio de esta Administración.

De ahí que el transparentar la participación de las fuerzas armadas y el precisar sus responsabilidades, no sólo aumenta la efectividad del Estado en esta lucha que también es por la seguridad nacional, sino que hace más probable que quienes fallen en el cumplimiento de su misión y cometan actos ilícitos, sean identificados, investigados y castigados conforme a la ley.

Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas tengo absoluta confianza en ellas porque tienen una firme trayectoria de probada solidez institucional, de hondo raigambre popular y de inalterable vocación de servicio que no pueden ser empañadas por las conductas reprobables de algunos malos elementos. El pueblo de México conoce, respeta y aprecia a sus fuerzas armadas.

Los primeros en cumplir la ley deben ser los funcionarios públicos. Con toda razón, la ciudadanía les exige conducta intachable, apego a la ley, acciones eficaces y cuentas claras, porque quieren estar seguros de que sus recursos son bien utilizados y bien aprovechados.

Por eso, el Gobierno Federal ha utilizado todos los medios que le confiere la ley para vigilar que los servidores públicos actúen con honradez y conforme a las normas. Cuando esto no se ha cumplido, el Gobierno ha procedido conforme disponen las leyes.

Entre 1995 y esta fecha, a instancias de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se han presentado mil 540 denuncias penales en contra de servidores públicos que violaron la ley y se han recuperado mil 086 millones de pesos. Asimismo, la propia Secretaría ha impuesto 25 mil 435 sanciones administrativas.

El avance en la lucha contra la corrupción está sustentado en los cientos de miles de servidores públicos honestos que si cumplen con la ley y con su tarea diaria de servir a la ciudadanía. Ellos son los primeros en exigir que en México no exista ya lugar para la impunidad.

Con todo respeto hoy convoco de nuevo a los miembros del Honorable Congreso de la Unión para que trabajemos con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción, asegurar el ejercicio honesto y eficiente de los recursos, y castigar con todo rigor su desvío y cualquier forma de abuso.

La existencia del Estado es esencial para preservar la soberanía nacional, garantizar las libertades democráticas y velar por el cumplimiento de la ley. Pero también lo es por la gran responsabilidad que tiene de procurar la justicia social.

En el caso de México, esta responsabilidad fundamental está enraizada en el origen mismo del Estado, en las luchas de nuestro pueblo y en los derechos consagrados por nuestra Constitución.

En la Constitución Mexicana, el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo es lo que da sentido a nuestra organización política como una democracia, y para lo que se confiere al Estado el deber esencial de tutelar los derechos sociales que, conforme a la propia Constitución, tiene todo mexicano.

La Constitución establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Que a fin de que la población campesina participe del bienestar y el avance nacional, el Estado debe promover las condiciones para un desarrollo rural integral. Que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

Corresponde también al Estado la función de compensar las desigualdades económicas y sociales, procurando una más justa distribución del ingreso y la riqueza.

La política social es, entonces, el medio del que dispone el Estado para tutelar los derechos sociales y cumplir esa función compensatoria y, por lo mismo, combatir la pobreza.

Desde la Revolución Mexicana, el Estado siempre ha tenido una firme política social. Su expresión son las instituciones que ofrecen educación, salud y seguridad social, respaldo a la nutrición y el abasto, apoyo a la vivienda, los servicios básicos y al campo. Su expresión son también las acciones para fomentar el empleo y la organización social del trabajo.

Los frutos de esas instituciones y de esas acciones representan un gran esfuerzo sostenido a lo largo de muchos años.

Sin embargo, pese a ese gran esfuerzo, por la insuficiencia de recursos, por el acelerado aumento de la población, y por fallas en algunos programas, subsisten enormes rezagos y graves carencias.

Solucionar esos rezagos y esas carencias es el mayor reto de nuestra generación y es la preocupación central del Gobierno de la República.

A ello obedece que la política social haya sido la principal tarea del Gobierno, aun durante las circunstancias económicas más seriamente adversas.

Desde el inicio de esta Administración, se han fortalecido todas las vertientes de la política social, aun sacrificando otros importantes objetivos.

En el presente año, casi el 56 por ciento del gasto programable federal se está destinando a programas sociales. Hace diez años, ese porcentaje era de 30.7 por ciento, y hace veinte, era de 33.8 por ciento.

Como proporción del producto interno bruto, también se están dedicando más recursos al gasto social. Este año representará el 9 por ciento del Producto Interno Bruto mientras que en 1987 era el 6.2 por ciento, y en 1977 era el 7.8 por ciento.

La educación es el capítulo más importante de la política social. En 1997, casi el 43 por ciento del gasto social se dedica a educación, porque este es el mejor destino que se le puede dar a los recursos del pueblo de México.

La educación es la llave para la superación de cada uno y para el progreso de todos.

Por eso, los objetivos de la política educativa de este Gobierno son muy precisos: que más mexicanos vayan a la escuela y completen más ciclos educativos; que aumente constantemente la calidad de la enseñanza en todos los niveles; y realizar programas integrados de apoyo económico y social, para que los niños y jóvenes más pobres puedan recibir y aprovechar la educación.

Afortunadamente, en el cumplimiento de todos estos objetivos se ha avanzando.

En el ciclo escolar que se inició hace una semana, están acudiendo a la escuela 27.9 millones de mexicanos, un millón seiscientos mil más que hace tres años. El 90 por ciento asiste a instituciones públicas.

En todos los niveles educativos ha aumentado el número de estudiantes. Este avance permitirá cumplir la meta de que en el ciclo escolar que se iniciará en el año 2000 estemos atendiendo a más de 29 millones de niños y jóvenes.

Cuando comenzó esta Administración, 83 por ciento de los niños que ingresaban a primaria habían cursado al menos un año de educación preescolar. Ahora esa proporción ha crecido al 89 por ciento, gracias a que en 3 años han aumentado en 211 mil los lugares para preescolar.

La cobertura de educación primaria ha crecido sensiblemente. Se ha logrado que 93 por ciento de los niños entre 6 y 14 años asistan a la escuela. Para ello, entre otras acciones, en 3 años se han construido 3 mil 600 escuelas primarias públicas para llegar a más de 96 mil en todo el país.

Igualmente importante es que se ha logrado una fuerte reducción en la reprobación y la deserción escolares.

En el ciclo que concluyó en julio pasado, el número de jóvenes que terminó la primaria representó el 83 por ciento de los que la empezaron seis años antes, lo que es un claro avance respecto al 74 por ciento registrado en el ciclo escolar 1993-1994. Con base en este avance nos proponemos llegar a 87 por ciento en el año 2000.

También en julio pasado terminaron la secundaria 100 mil jóvenes más que hace tres años. En este lapso, la cobertura en secundaria ha pasado de 71 a 78 por ciento de la población entre 13 y 15 años de edad. Nuestra meta es que al finalizar el sexenio, cada año terminen la secundaria más de un millón y medio de jóvenes; esto es, 30 por ciento más que en 1994.

Por otra parte, para cumplir los objetivos de elevar la calidad en los niveles de educación básica, se han hecho esfuerzos en varios ámbitos.

Se ha aumentado el número de libros de texto gratuitos y se han fortalecido sus contenidos. Por tercer año consecutivo se está completando puntualmente la entrega de los libros de texto gratuitos para preescolar y primaria, que para este ciclo escolar llegan a un total de 125 millones, el más alto de nuestra historia. Al considerar los libros que se reparten para educación indígena, secundarias generales y técnicas, telesecundarias y materiales para los docentes se llega a un total de 143 millones distribuidos este año.

Adicionalmente, contamos ahora con 314 centros de maestros que no existían hace menos de dos años, centros equipados con biblioteca y medios electrónicos para apoyar la actualización docente.

No obstante las dificultades económicas, hemos mantenido un firme esfuerzo para avanzar en la revaloración del trabajo docente. Se ha iniciado una profunda reforma a la educación normal. Se ha establecido un nuevo sistema de televisión educativa que transmite la telesecundaria, programas para la formación de maestros, así como producciones científicas y culturales. Para la recepción de estas transmisiones se han instalado equipos que a fines de este año estarán en 23 mil escuelas.

Todos estos avances en la cobertura y en la calidad de la educación son alentadores. Pero el aspecto más ambicioso de la política educativa en este sexenio reside en los llamados programas compensatorios. Estos programas hacen que para muchísimos niños y jóvenes, la educación sea efectivamente la diferencia entre una vida de marginación y pobreza, y una vida con oportunidades de mejoramiento. Son programas dirigidos a propiciar las condiciones para que los niños y jóvenes con mayores desventajas económicas, puedan beneficiarse de la educación.

Hoy, 4.8 millones de niños de las zonas más pobres y aisladas están pudiendo estudiar gracias a estos programas que fomentan la construcción de espacios educativos, la capacitación de maestros, la dotación de libros y útiles escolares, así como la orientación a los padres de familia.

En 1997 están asistiendo a escuelas bilingües un millón 54 mil niños indígenas, 130 mil más que hace tres años. Para ellos estamos editando libros de texto y materiales de apoyo didáctico en 33 lenguas indígenas y 19 variantes.

Para que los niños de escasos recursos puedan permanecer en la escuela se están distribuyendo 800 mil becas anuales a niños de las zonas de mayor pobreza.

Antes del inicio de esta Administración se estaban repartiendo 1.2 millones de desayunos escolares diarios. Gracias al aumento de recursos federales para este propósito y a la colaboración de los gobiernos estatales, en este ciclo llegaremos a distribuir 4 millones diarios de desayunos, que era la meta para el final del sexenio. Para millones de niños mexicanos, un desayuno escolar es la gran diferencia entre un día de aprovechamiento o un día sin esperanza. Por eso este programa seguirá siendo una alta prioridad del Gobierno de la República.

Uno de los factores que más limita el aprovechamiento escolar entre los jóvenes de escasos recursos que asisten a la secundaria, es la falta de materiales educativos.

De ahí que en este ciclo escolar hayamos iniciado un programa para asegurar que en el año 2000 no haya un solo joven que por carecer de recursos económicos, no pueda disponer de libros de texto. Comenzando con el primero de secundaria, ya se están dotando con 2.3 millones de libros de texto gratuitos a las escuelas secundarias generales y técnicas, en más de mil municipios de alta marginación en 17 estados de la República.

Este programa, del que fueron pioneros 3 gobiernos estatales, dará un firme sustento al carácter obligatorio que tiene la secundaria como un nivel educativo decisivo para ampliar los horizontes de oportunidades para muchos jóvenes en todo el país. Es muy satisfactorio que a raíz de que el Gobierno Federal anunció este programa, se han sumado a él otros 16 gobiernos estatales.

Afortunadamente, cada vez hay más jóvenes que aspiran a estudiar el bachillerato o alguna otra modalidad de educación media superior. De ahí la importancia de que en lo que va de esta Administración se haya aumentado la matrícula de este nivel educativo en 17 por ciento, para llegar a 2 millones 750 mil estudiantes en el presente ciclo escolar. Nos proponemos que, en el año 2000, este nivel educativo atienda a por lo menos 3 millones de estudiantes.

Creo decididamente en el carácter estratégico que para el país tiene la educación superior. Por eso el Gobierno de la República tiene, y siempre tendrá, un firme compromiso con las universidades públicas y las otras instituciones de enseñanza superior e investigación científica. En los primeros 3 años de la Administración, el número de estudiantes inscritos en el nivel de licenciatura se ha incrementado de un millón 350 mil a un millón 580 mil.

Un ámbito crecientemente importante para el desarrollo nacional es la educación superior tecnológica. En 1994, México contaba con 7 universidades tecnológicas públicas. Hoy tenemos 24 y nos proponemos que para el año 2000 haya 42. Además, en 3 años se han creado 24 nuevos institutos tecnológicos públicos, con lo que está funcionado un total de 143 en toda la República.

En todas las actividades del país necesitamos contar con la especialización y la calidad profesional que dan los estudios de posgrado. Por eso, en 3 años se ha hecho un esfuerzo especial que ya se traduce en que la matrícula en educación de posgrado ha pasado de 66 mil a 108 mil en 1997. Estamos decididos a sostener este esfuerzo para alcanzar la meta de que en el año 2000 se haya duplicado la matrícula respecto al inicio del sexenio.

En 1997 se están otorgando 31 mil becas al mes para estudios de posgrado en México y en el extranjero. Esto representa un incremento de casi 40 por ciento respecto a las becas que se otorgaban al inicio de la Administración.

El Gobierno de la República está resuelto a apoyar decididamente las actividades científicas y tecnológicas, pues los mexicanos sabemos que el impulso al desarrollo depende cada día más del conocimiento, la innovación y el uso oportuno de la información.

En 1997, el gasto en ciencia y tecnología superará los 11 mil 500 millones de pesos, 14 por ciento más, en términos reales, que el año pasado. Este monto representa la proporción más elevada que se haya registrado respecto al gasto programable del Gobierno Federal.

Contamos ya con una red nacional compuesta por más de 5 mil 600 bibliotecas públicas. Además, de diciembre de 1994 a esta fecha, instituciones del Estado han editado casi 2 mil 500 títulos. Se han consolidado las instituciones encargadas de preservar nuestro patrimonio cultural y de extender su conocimiento y aprecio a más y más mexicanos. Asimismo, se ha afianzado un sistema integral que apoya con respeto y transparencia la creación artística. Se ha apoyado a 7 mil 800 artistas, escritores, artesanos, intérpretes y grupos que con su vitalidad e independencia creativa, fortalecen y dan proyección a la cultura nacional.

La salud y la seguridad social son fundamentales para que cada persona, cada familia, y cada comunidad puedan desarrollar sus capacidades de trabajo, superación y progreso.

Por eso, salud y seguridad social constituyen una prioridad a la que el Gobierno de la República dedica especial interés. Este año, se están destinando a este renglón casi 25 centavos de cada peso del gasto federal programable.

De hecho, en el ámbito de la salud se está realizando la reforma institucional más importante de esta Administración.

Al inicio de este Gobierno se puso en marcha una profunda reforma a nuestro sistema de salud.

Se trata de una reforma basada en los cambios demográficos, económicos y sociales de México y en sus efectos sobre las principales causas de enfermedades y fallecimientos.

Hemos partido de la idea de que la salud empieza en la casa, se afianza en la escuela y debe continuar en los centros de trabajo. Así, la reforma está orientada más a la prevención que a la curación; más a la salud que a la enfermedad.

Los objetivos de la reforma son llevar servicios esenciales a los mexicanos que aún no tienen ningún servicio de salud, mejorar su calidad donde ya los hay, y aprovechar mejor los recursos humanos y materiales que hacen posible esos servicios.

Para poder alcanzar los objetivos de la reforma al sistema de salud, un paso fundamental ha sido la descentralización de los servicios que concentraba la Secretaría de Salud, salvo dos excepciones, todas las entidades federativas y el Distrito Federal ya han recibido de la Secretaría de Salud los hospitales, clínicas y demás instalaciones, así como el personal médico, de enfermería y de apoyo. Por supuesto también se han transferido los presupuestos federales necesarios para operar los servicios y, en todos los casos, se han respetado íntegramente los derechos laborales de los trabajadores del sistema.

Para aquilatar la importancia de este proceso, recordemos que esta descentralización había quedado trunca y estuvo detenida durante más de una década. Ahora, con la participación de los gobiernos estatales, el personal médico y de apoyo y contando con la responsable solidaridad de su sindicato, prácticamente se concluyó en menos de doce meses. Los mexicanos tenemos ahora un sistema de salud federalizado, donde los estados cuentan con más recursos, nuevas responsabilidades y mayores atribuciones.

Cada día hábil del año, las instituciones públicas de salud atienden un promedio de 755 mil consultas, hospitalizan a cerca de 15 mil enfermos y realizan 9 mil intervenciones quirúrgicas. Esto representa un incremento en la capacidad institucional de 120 mil consultas diarias y de mil hospitalizaciones por día, en comparación con 1994. Además, en estos tres años, el número de unidades médicas creció de 14 mil 600 a cerca de 16 mil; esto es, un aumento de una diaria, en promedio, durante la presente Administración.

Al inicio del sexenio estimamos que aproximadamente 10 millones de mexicanos no tenían ningún acceso a servicios de salud. La mayoría de ellos viven en poblados pobres, pequeños y aislados.

Nos propusimos llevarles un paquete con los servicios básicos, señaladamente para la salud de los niños y las mujeres. Hoy, 6 de esos 10 millones ya están protegidos con ese paquete básico a través de centros de salud y brigadas móviles que cubren 33 mil localidades en todo el país. Nuestra meta es que en el año 2000 estemos atendiendo a la totalidad de esos 10 millones.

Sabemos que todavía tenemos que hacer frente a grandes rezagos, pero ciertamente los avances en este aspecto son alentadores.

Gracias a la labor y dedicación de médicos y enfermeras, el esquema completo de vacunación cubre ya el 97.5 por ciento de los niños de 1 a 4 años, que es la cifra más alta de nuestra historia. Se han logrado abatir las infecciones respiratorias y las enfermedades diarréicas a sus niveles históricos más bajos. Mientras en 1995 se registraron 16 mil casos de cólera, en lo que va de este año se han registrado menos de 900. Los casos de paludismo, que en 1994 fueron 12 mil 800, disminuyeron a casi la mitad en el último año. Hace ya varios años que no se reportan muertes por sarampión y se ha erradicado la poliomielitis.

A un año de su creación, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico está mostrando ser un mecanismo eficaz para atender las quejas de los pacientes y de sus familiares, resolviendo el 84 por ciento de ellas a través de la conciliación, la asesoría o el arbitraje. La Comisión --confío-- en que estimulará una mayor calidad de todos los servicios de salud.

Como parte de la reforma a nuestro sistema de salud y seguridad social, también se emprendió una profunda transformación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La reforma del Seguro Social es para hacerlo más moderno y eficiente, sí; pero también más solidario y más atento a las necesidades de sus derechohabientes. Es una reforma sustentada en la razón y el Derecho.

La reforma garantiza la permanencia del IMSS, antes en indudable riesgo, como una institución pública para los trabajadores y sus familias. La reforma amplía la capacidad del Instituto para responder a las crecientes demandas de cobertura y calidad en los servicios y prestaciones.

El nuevo esquema de financiamiento permitirá impulsar la inversión para modernizar unidades que tienen hasta 30 años de servicio, así como para sustituir equipo obsoleto. Se resolverá un rezago acumulado por muchos años.

El seguro de enfermedades y maternidad ha recuperado ahora su capacidad de financiamiento. En el primer año de vigencia de la nueva Ley, la contribución del Estado será superior a los 15 mil 700 millones de pesos; esto es, más de seis veces el monto que se habría aportado bajo la antigua ley.

Los nuevos instrumentos de afiliación del Seguro permitirán que en los próximos 3 años se amplíe la cobertura a 350 mil familias de población no asalariada.

Además, la reforma permitirá incrementar los recursos para guarderías, duplicando su capacidad de atención para el año 2000.

Un propósito central de la reforma del Seguro Social es contar con un sistema de pensiones transparente, equitativo y con sólida sustentabilidad financiera.

La nueva estructura del sistema de pensiones vincula directamente contribuciones y beneficios. Cada trabajador contará con una cuenta individual que reflejará mejor su trayectoria laboral y su esfuerzo de ahorro. La capitalización de saldos en la cuenta individual permitirá un ahorro que apoyará la inversión en la planta productiva del país. Se mejoran las pensiones de invalidez y vida, así como las de retiro, cesantía edad avanzada y vejez

A la vez, la reforma establece un sistema de cuotas más equitativo. Con cargo a las finanzas públicas, disminuyen en alrededor de 33 por ciento las cuotas obrero-patronales para seguros de enfermedades y maternidad. Los trabajadores que ganan hasta tres veces el salario mínimo no pagan cuota por estos rubros.

En virtud de la nueva estructura de contribuciones, se desgrava la nómina. Ello contribuirá a promover el crecimiento del empleo.

La reforma a los sistemas de salud, y de seguridad pública y de seguridad social implica un costo fiscal muy considerable para éste y para los próximos años. A cambio, las instituciones de salud y seguridad social se están reformando para servir mejor al pueblo de México, mirando y avanzando siempre hacia adelante.

Antes de esta Administración no se contaba con un programa dirigido especialmente a las personas con alguna discapacidad. Hoy en día, se ha logrado articular un esfuerzo en todo el país con quienes las sufren y con sus organizaciones. Gracias a ese esfuerzo estamos empezando a superar un rezago institucional de muchas décadas.

Por primera vez en nuestra historia, se elaboró un Censo Nacional de Menores con Discapacidad que permitió identificarlos y ubicarlos en todo el país.

Se han promulgado 21 leyes estatales y la del Distrito Federal para respaldar a quienes padecen alguna discapacidad. Además, se han integrado casi 17 mil niños y jóvenes con discapacidad a escuelas de educación básica regular y 312 mil a escuelas de educación especial. Se construyó un Centro Paraolímpico para estos mexicanos que siempre han destacado en competencias internacionales. Hoy reitero que este Gobierno tiene un compromiso especial con las personas con alguna discapacidad, que son ejemplo de carácter y afán de superación para todos los mexicanos.

A partir de los centros especializados del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de patronatos de participación pública y privada, se está redoblando la atención a niños de la calle, a menores migrantes y repatriados, con apoyos para su alojamiento, alimentación, salud, educación y capacitación para el trabajo.

Con frecuencia se dice que el Gobierno no tiene política social para los jóvenes. Al afirmar esto se olvida que una parte muy importante de los programas sociales está dirigida precisamente a los niños y a los jóvenes de México. Prácticamente todo el gasto en educación y capacitación, y buena parte del gasto en salud, son para la niñez y la juventud de México.

La política social para los jóvenes es muy amplia. Está distribuida entre un gran número de dependencias del Gobierno, cuyos esfuerzos confluyen para propiciar las oportunidades que les permitan a los jóvenes salir adelante.

Cada esfuerzo por la superación de los jóvenes es un esfuerzo por la superación de México. Con todo, sabemos que es necesario hacer mucho más, y hacerlo más articuladamente para que los jóvenes reciban más beneficios y perciban con claridad el interés especial que todos tenemos en ellos.

Otra tarea fundamental de la política social consiste en los apoyos al abasto y el consumo de productos básicos para la población más vulnerable.

Estos apoyos son canalizados a través de un buen número de programas como el de Desayunos Escolares, el de Abasto Social de la Leche, el componente de Alimentación de las Becas de Educación Básica, el de Despensas de Asistencia Social, el de Subsidios a las Ventas de Maíz y el de Subsidio Generalizado a la Tortilla.

El conjunto de estos programas beneficia a muchos millones de mexicanos y tan sólo en 1997, se calcula que estos apoyos del Gobierno Federal suman 9 mil 265 millones de pesos.

Los mexicanos tienen derecho a un hogar digno. A lo largo de muchos años se ha hecho un enorme esfuerzo pero que todavía está muy lejos de ser suficiente.

A través de diversas instituciones públicas se canalizan decenas de miles de créditos para construcción y mejoramiento de vivienda. Nada más en 1997, se otorgarán más de 280 mil créditos diversos que equivalen a más de 27 mil millones de pesos.

Adicionalmente, el Gobierno Federal ya ha comprometido y comenzado a pagar recursos del orden de 46 mil millones de pesos a precios de este año, para apoyar a cerca de 766 mil deudores con sus créditos hipotecarios.

Además, el Gobierno Federal sigue apoyando la extensión de los sistemas de servicios básicos necesarios para una vivienda digna.

En estos 3 años 5.7 millones de mexicanos más ya cuentan con agua potable, y 4.9 millones más tienen drenaje.

De igual modo, entre 95 y 97, 1 millón 500 mil hogares más están recibiendo energía eléctrica.

Por razones sociales y productivas, el campo tiene una importancia fundamental. La cuarta parte de los mexicanos vive en el campo. Entre ellos se encuentran los más pobres del país. Sin embargo, en el campo también se produce la mayoría de los productos alimenticios que todos consumimos.

Buena parte de la política social se aplica en el medio rural, pues es allí donde subsisten algunos de nuestros más graves rezagos.

Para resolverlos realmente y para comenzar a elevar permanentemente las condiciones de vida de la gente del campo es indispensable fomentar su superación productiva.

Es responsabilidad del Estado propiciar las condiciones que conduzcan a la superación del campo. Esta tarea comprende tres aspectos fundamentales: la seguridad jurídica de la propiedad en el campo; los apoyos para sustentar la rentabilidad de los productos del campo; y los apoyos para impulsar la productividad del campo.

La seguridad jurídica es esencial para que los productores ejerzan su libertad, para fortalecer la organización rural y para que el desarrollo del campo se sustente en la justicia y en la transparencia.

La seguridad respecto a otras propiedades y la claridad de la tenencia de la tierra fortalece al ejido y a la comunidad. Estas son las formas de propiedad social de la tierra que dan cuenta de más de la mitad del territorio nacional.

Ejidos y comunidades fuertes por el ejercicio de la democracia y por la solidez de su organización son pilares de la estrategia para lograr un desarrollo con justicia en el campo mexicano.

Para dar seguridad y claridad a la propiedad de la tierra, se ha concluido con el rezago agrario tal y como fue constitucionalmente definido. Ahora en el campo rige únicamente la Ley Agraria que protege todas las formas de propiedad reconocidas por nuestra Constitución.

Además, más de la mitad de los 27 mil 218 ejidos que hay en el país ya han sido totalmente certificados en sus derechos individuales y colectivos. Nos proponemos culminar la certificación de ejidos y comunidades que así lo decidan, antes del término de esta Administración.

Este año, para la regularización de derechos agrarios y para la justicia agraria, el Gobierno Federal está destinando 2 mil 520 millones de pesos.

A fin de sustentar la rentabilidad del campo, el Gobierno Federal está aplicando diversos programas. Estos incluyen PROCAMPO, apoyos a la comercialización de productos, apoyos fiscales para subsidiar la reestructuración de carteras acumuladas y a los nuevos créditos, apoyos para el desarrollo forestal, crédito a la palabra y apoyos a empresas rurales. Para estos propósitos, tan solo en 1997 se están canalizando al campo 27 mil 590 millones de pesos.

Por otra parte, a fin de impulsar la productividad del campo, el Gobierno Federal está otorgando apoyos para la mecanización y el equipamiento rural y el mejoramiento tecnológico; para el aprovechamiento tecnificado del agua, el fomento de la sanidad animal y vegetal, y para la investigación agropecuaria. En el presente año estos apoyos equivalen a casi 4 mil 740 millones de pesos.

De este modo, en 1997 el Gobierno Federal está destinando en apoyo al campo, recursos fiscales por casi 34 mil 850 millones de pesos, que representan el 21 por ciento del producto interno bruto de este sector agropecuario y forestal.

Indudablemente se trata de un gran esfuerzo hecho con los recursos del pueblo mexicano. Pero es un esfuerzo que vale la pena.

Ya el año pasado México alcanzó la mayor cosecha de granos y productos básicos de su historia, con 31.2 millones de toneladas. Adicionalmente, en el primer semestre de 1997, el Producto Interno Bruto agropecuario y forestal creció 5.8 por ciento respecto del mismo periodo de 1996, y la balanza comercial agropecuaria pasó de ser negativa a registrar un superávit de 243 millones de dólares en los primeros siete meses de este año.

Hay en nuestro país un grupo formado por varios millones de mexicanas y mexicanos que por generaciones no han heredado más que rezagos y carencias; que vive con la fuerza de su dignidad y con el aliento de su pequeña esperanza. Son los más pobres de México, que luchan por librarse del círculo vicioso de desnutrición, insalubridad, enfermedad e ignorancia.

Un deber humano, moral y de justicia de nuestra generación es apoyar a esos millones de mexicanos en su lucha.

Si no queremos que en el curso del siglo XXI haya más mexicanos atrapados en ese círculo vicioso de la pobreza extrema, debemos actuar ahora.

Y debemos hacerlo con programas que realmente corrijan atrasos y que efectivamente resuelvan carencias; con programas alejados de todo protagonismo y ajenos a toda forma de paternalismo y clientelismo.

Al cabo de estudios minuciosos para asegurar su correcta concepción y ejecución, ahora se ha puesto en marcha el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación, el PROGRESA.

Este programa se propone atender con un enfoque integral las causas de la pobreza extrema. El PROGRESA unirá acciones de educación, salud y alimentación, haciendo que converjan en el núcleo familiar, dando especial atención a las niñas y a los niños, y apoyándose especialmente en las madres de familia.

En las zonas más pobres del país se entregará una ayuda económica mensual a las familias más necesitadas a condición de que los miembros de esas familias acudan a los centros de salud a recibir servicios médicos. La ayuda se entregará a las madres. De igual modo, a los hijos de esas familias se les darán becas para que estudien primaria y secundaria a condición de que no dejen de asistir a la escuela. Las becas para las niñas serán superiores a las de los niños para estimular la igualdad de oportunidades a que ellas tienen pleno derecho.

El PROGRESA es un programa para las familias más pobres de México. En su primera etapa, este programa se aplicará en 10 estados con agudos índices de pobreza, cubriendo a 160 mil familias.

Nos hemos propuesto que a fines de 1997, el PROGRESA esté ya cubriendo a 400 mil familias. Esta es una escala ciertamente modesta frente a la enorme pobreza que persiste en nuestro país.

Por eso, el PROGRESA se irá extendiendo a más estados, a más regiones y a más comunidades conforme se afiance el crecimiento de la economía y nos proporcione más recursos, y a medida que podamos reasignar recursos presupuestales que hoy atienden otros requerimientos.

Para edificar el México de justicia social a que todos aspiramos, falta mucho por hacer. Pero estamos avanzando y con la contribución de todos podemos hacerlo más rápida y eficazmente.

Por eso es tan importante impulsar el nuevo federalismo. Muchos, muchísimos de los avances que se están consiguiendo en la política social, no habrían sido posibles sin un cambio profundo en la manera de trabajar.

Ese cambio está consistiendo en transferir atribuciones, responsabilidades y recursos hacia los estados y los municipios.

Al hacerlo así, el Gobierno Federal está reconociendo la madurez de nuestras instituciones, la madurez de los órdenes de gobierno estatal y municipal, y la madurez de las comunidades de todo el país.

De ahí que hayamos consolidado la federalización de la educación básica y que, en un tiempo apreciablemente corto, hayamos iniciado y prácticamente concluido la descentralización de los servicios de salud. Los recursos descentralizados en estos dos rubros, que ahora son ejercidos por los gobiernos de los estados, representan casi un tercio del gasto social del presupuesto federal.

Adicionalmente, se ha descentralizado hasta el nivel municipal, el 65 por ciento en promedio del ejercicio de los recursos del llamado ramo 26 del presupuesto federal, destinados a obras y programas de combate a la pobreza.

Queremos un federalismo que impulse el desarrollo integral y justo de todo México. Un federalismo que esté basado en estados prósperos y en municipios libres y fuertes. Un federalismo que se nutra de la democracia y que enriquezca nuestra vida social amparada en la ley y apoyada por nuestras instituciones.

Promover la creación de empleos es otra de las responsabilidades esenciales de la política social del Estado Mexicano. Así lo previene, atinadamente, el artículo 123 Constitucional desde su primer párrafo.

En otro de sus importantes ordenamientos, la Constitución señala que el fomento del empleo es el medio indispensable para lograr el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos y los grupos sociales.

Con este propósito, la propia Constitución establece la conjunción entre empleo y crecimiento económico.

En efecto, la creación de empleos que necesita México sólo puede obtenerse suficiente y duraderamente a partir de un proceso vigoroso, sostenido y sustentable de crecimiento económico.

Para ofrecer empleos a los cientos de miles de mexicanos y mexicanas que cada año se incorporan al mercado de trabajo, y para ir reduciendo paulatinamente el grave desempleo y subempleo acumulados por largo tiempo, la economía nacional debe crecer en lo sucesivo a un ritmo de por lo menos 5 por ciento anual en promedio.

La generación de empleos cada vez mejor remunerados es uno de los propósitos sociales fundamentales del crecimiento económico, pero no es el único propósito.

Sin los recursos en aumento que genera el crecimiento económico es mucho más difícil y tardado atender satisfactoriamente los otros fines de la política social del Estado, e incluso sus demás quehaceres esenciales como el brindar seguridad a los ciudadanos.

Por lo tanto, el crecimiento económico es el medio indispensable para procurar y alcanzar la justicia en su sentido más amplio; la justicia de las leyes y la justicia social de una vida digna para todos.

El remedio de cada rezago, la creación de cada oportunidad, el mejoramiento de todo nivel de vida, cuestan recursos. Recursos que no tenemos y por eso deben generarse. Y solo el crecimiento puede generar esos recursos.

Esto explica la importancia del crecimiento y también explica la altísima prioridad que el Gobierno de la República confirió, primero, a vencer la emergencia económica que se desató justo al inicio de mi mandato y, después, a lograr la recuperación como paso intermedio hacia el crecimiento sostenido.

Ambas tareas han sido cumplidas.

Gracias al enorme esfuerzo del pueblo de México, se han venido alcanzando las metas generales de política económica trazadas para el periodo 95-97.

En el primer año se evitó que la crisis financiera causara la quiebra masiva del aparato productivo y la consecuente pérdida, no solo de miles, sino de millones de empleos. Para lograrlo se tomaron medidas indudablemente drásticas e impopulares, pero indispensables para evitar que la emergencia nos impusiera un costo social mucho mayor al de por sí muy doloroso que vivió entonces la población.

Tal como se previó al dar a conocer el Programa de Ajuste y como lo subrayé en el Primer Informe de Gobierno, la recuperación económica efectivamente se inició en 1996.

Además, todos podemos sentirnos satisfechos de que el país pudo liquidar totalmente, con muchos años de anticipación, el cuantioso crédito que se obtuvo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a principios de 1995.

El año pasado, el producto interno bruto creció 5.1 por ciento, tendencia que se ha reafirmado en este 1997. Durante el primer semestre de este año, el Producto aumentó 7 por ciento respecto al mismo periodo de 1996.

La consecuencia más significativa de la recuperación de la producción ha sido el aumento del empleo. Cabe recordar que al cabo de los primeros siete meses de 1995, el IMSS reportó una disminución de casi 500 mil trabajadores asegurados permanentes y, en agosto de ese año, la tasa de desempleo abierto llegó al 7.6 por ciento.

Desde agosto de 1995 al cierre de la primera quincena de agosto de este año, el total de trabajadores asegurados permanentes del IMSS ha aumentado en más de un millón 335 mil. A su vez, en julio pasado, la tasa de desempleo abierto se ubicó en 4.1 por ciento.

Es evidente que para contar con todos los empleos mejor remunerados que requiere nuestra población, todavía tendremos que recorrer un grandísimo trecho. Sin embargo, el avance en la producción y el empleo de 1996 y 1997 es un buen aliciente para perseverar en esta tarea.

El Gobierno de la República nunca desestimará la urgencia de resolver los problemas económicos y sociales del país. Por el contrario, como Presidente soy el más obligado a trabajar incansablemente para lograr las soluciones a nuestros rezagos y carencias. Ese es mi deber.

Pero también es mi deber actuar siempre con seriedad y responsabilidad para que los resultados de las decisiones y acciones gubernamentales tengan bases sólidas y efectos perdurables.

Mucho ha sufrido México en el pasado distante y reciente por hacérsele ir tras espejismos de un progreso fácil y pronto. Al desvanecerse esos espejismos ante la fuerza de las limitaciones y de la realidad, han sobrevenido un hondo desánimo y un mayor retraso económico y social.

Por eso, los mexicanos ya no aceptan ni espejismos ni soluciones a medias. Quieren crecer sobre bases sanas, sólidas y duraderas. Saben que para lograrlo se necesita esfuerzo, mucho esfuerzo. Y están preparados para hacer ese esfuerzo.

Como Presidente y como mexicano, comparto plenamente esta nueva actitud.

Es mi profunda convicción que nada puede construirse, si no es a partir de nuestra realidad y nuestra disciplina. Los grandes anhelos y los buenos propósitos son indispensables, pero no bastan para alcanzar el desarrollo con justicia social que necesita y merece México.

Para lograr ese desarrollo, debemos seguir trabajando como lo hicimos todos los mexicanos para vencer la emergencia, pero ahora para alcanzar el crecimiento económico sostenido.

De ahí que lejos de llamar a relajar el esfuerzo, hoy convoque una vez más a sostenerlo. A sumar nuestras voluntades en ese esfuerzo por el crecimiento. En una palabra, a unirnos por el crecimiento porque solo consiguiéndolo tendremos un país próspero y justo.

Hago este llamado con la confianza de que los mexicanos contamos con el carácter, con las bases y con la estrategia para cumplir con las metas que nos hemos propuesto. Tengo la certeza de que sí es posible entrar de lleno a una nueva y mejor etapa de nuestro desarrollo, a condición de que lejos de aflojar, redoblemos el paso.

Podremos lograr los resultados económicos que nos permitan ir edificando gradual, pero firmemente, una nación justa a condición de que mantengamos la disciplina fiscal y monetaria, y de que no descuidemos la lucha contra la inflación. A condición de que promovamos en mucho mayor medida el ahorro de las personas, de las empresas y del gobierno. A condición de que sigamos adelante con el cambio estructural de nuestra economía para que sea más productiva. Y, por supuesto, a condición de que continuemos reorientando el gasto público para invertir más en la educación y en la salud de las personas.

Todas estas condiciones son esenciales para el crecimiento firme y duradero. Al procurarlas no se responde a un dogma o a un capricho, sino a la obligación de propiciar un marco económico que permita aumentar la producción, los empleos y los ingresos de la población. Este es el sentido social de la política económica.

Entre estas condiciones para el crecimiento, hay una que por su importancia y dificultad, resulta crítica. Es la promoción del ahorro nacional.

Sólo puede haber más fuentes de empleo y de producción si se invierte más en ellas. Pero para que haya más inversión, es preciso que el país cuente con más ahorro propio, a fin de no depender imprudentemente, como ha ocurrido antes, del ahorro externo. Afortunadamente, el ahorro nacional ha venido recuperándose desde 1995. Ahora debemos afianzar esa tendencia para aumentar, año tras año, la inversión, hasta que llegue a representar una proporción de al menos 25 por ciento del Producto Interno Bruto en el año 2000.

Con toda razón la gente pregunta : ¿cuándo la buena marcha general de la economía tendrá efectos apreciables en su bienestar personal y familiar ?. Es natural que con frecuencia se piense que el avance de la macroeconomía debiera reflejarse inmediatamente en una sensible mejoría en el ingreso y el consumo de los ciudadanos. Sin embargo, con sinceridad y objetividad debe admitirse que esto último sólo es posible alcanzarlo gradual, paulatinamente, al cabo de un impulso sostenido por largo tiempo.

El crecimiento que nos proponemos lograr en los próximos años nos permitirá generar anualmente hasta un millón de nuevos empleos y un aumento progresivo, aunque paulatino, en los niveles de ingreso.

Pero ello no es suficiente. Incluso bajo las mejores circunstancias y con los mejores resultados, sólo la perseverancia prolongada hará la gran diferencia en los niveles de vida de la población.

No está en lo justo quien sostenga que una gran mejoría de los niveles de vida puede ser rápida y sin esfuerzo.

Con la población actual del país, su crecimiento proyectado para los próximos años y una tasa sostenida de crecimiento del Producto Interno Bruto del 5 por ciento anual, nos tomaría alrededor de 20 años apenas duplicar el ingreso por persona que este año tendrá México. Por cada 5 años que quisiéramos acortar el plazo para alcanzar esa meta intermedia, tendríamos que hacer lo necesario para aumentar el crecimiento del producto nacional en por lo menos un punto porcentual más cada año, en promedio.

En otras palabras, si queremos llegar más pronto, más grande tendrá que ser el esfuerzo ahora y en los próximos años, ya que para crecer más se necesita más inversión. Y esto sólo es posible con más trabajo, con más vigor y más ahorro de nuestra generación.

Ese es el tamaño de nuestro reto. Ese es el tamaño de la responsabilidad que todos compartimos.

Por eso, la respuesta está en trabajar más, a partir del reconocimiento del esfuerzo que entre todos debemos hacer.

La respuesta está en trabajar más unidos que nunca; en no distraer el esfuerzo de los mexicanos sino en sumarnos a él con humildad, con mesura, con ahínco.

De ahí mi insistencia en mantener una política económica congruente y con una clara orientación social.

Con toda convicción, con toda lealtad al interés superior de México y con toda sinceridad, afirmo que gracias al esfuerzo de los mexicanos, contamos ya con bases sólidas de una política para el crecimiento económico.

Se pueden examinar y perfeccionar detalles, programas específicos, particularidades. Pero estoy convencido de que las bases esenciales son correctas y, de respetarse, nos conducirán al crecimiento con empleos y mejores salarios que México necesita.

Todos debemos estar conscientes de que cualquier nuevo espejismo, cualquier decisión que afecte negativamente condiciones esenciales para el crecimiento como la estabilidad económica, las finanzas públicas sanas, el aliento al ahorro y la inversión privada, la fortaleza del sistema financiero, la modernización y la apertura de la economía, las posibilidades de sana ampliación del gasto social, no sólo impedirá que los mexicanos logremos las metas mínimas que nos hemos propuesto sino que ocasionará un gran retroceso.

Es un deber de todos actuar con visión de largo plazo, incluso sabiendo que los frutos conferirán reconocimiento, no a nosotros, sino a otros en el futuro. No pocas de las decisiones y de los programas de este Gobierno no son para obtener resultados en este sexenio; son para establecer las bases de un crecimiento vigoroso cuyos frutos serán cosechados tiempo después del término de esta Administración.

Todos tenemos propósitos buenos para nuestro país. Todos queremos el bien y la prosperidad de México. Pero ningún buen propósito, ninguna prosperidad duradera se pueden lograr sin crecimiento económico. Nadie lo ha conseguido nunca. Ninguna nación lo ha logrado. En todos los casos, las bases de un desarrollo apreciable y generalizado han provenido del crecimiento económico.

De ahí que cada día sea más frecuente que las naciones que avanzan más sólida y rápidamente asuman, respeten y cuiden las condiciones esenciales para el crecimiento, independientemente del signo ideológico de su gobierno.

En México, hay muchos, muchísimos campos para la discusión sería, para el debate constructivo.

Aprovechémoslos. Hagámoslo con entera libertad, con toda apertura, con rigor y con claridad.

Pero a la vez, trabajemos juntos para lograr una estrategia económica para el crecimiento que sea una firme política de Estado en cuyos fundamentos esenciales todos estemos de acuerdo.

Si hemos logrado acuerdos para avanzar a una plena democracia, podemos y debemos llegar a un acuerdo sobre los fundamentos de una política económica para el crecimiento.

Por eso, hoy convoco a todas las fuerzas políticas representadas en este Honorable Congreso a que trabajemos juntos para que México cuente no sólo con una política de gobierno sino con una política de Estado para el crecimiento económico como medio para alcanzar la justicia social. Una política de Estado para lograr que el crecimiento económico no sólo sea la perspectiva de un sexenio, sino que sea el instrumento para un crecimiento de largo plazo que beneficie a todos los mexicanos.

Requerirá tiempo. Requerirá paciencia. Requerirá dedicación. Pero sé que lo podemos lograr y ello dará un giro a la historia del país y al porvenir de México.

Nuestra historia se ha nutrido de grandes ideales y nobles aspiraciones como la libertad, la democracia y la justicia.

Ideales y aspiraciones que han animado las grandes luchas ganadas para que los mexicanos tengamos un destino propio.

Hoy, nuestra generación debe estar a la altura de esos ideales. Debe corresponder a esas grandes luchas. Debe cumplir su parte para forjar ese destino propio.

Podemos lograr, por primera vez en nuestra historia, un crecimiento económico sano y duradero, con una democracia plena, plural y armónica.

Esta es la oportunidad de nuestra generación; la oportunidad a la que no llegaron nuestros abuelos y en la que se quedaron cortos nuestros padres.

Esta es la oportunidad en la que no podemos fallar; esta es la oportunidad en la que no debemos fallar.

Aprovechémosla para construir el México fuerte, próspero y justo que anhelamos todos, que nos debemos todos, que merecemos todos.

Unamos nuestros esfuerzos y sumemos nuestras voluntades por ese México grande y fuerte; por ese México limpio y justo; por ese México orgulloso y soberano.

Señoras y señores legisladores, muchas gracias por su atención.

Fuentes:

http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/57/1er/1P/Ord/19970901-I.html

http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/pub/3info/mensaje.txt