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Siglo XX > 1990-1999 > 1995

Mensaje del Primer informe de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Septiembre 1, 1995

Honorable Congreso de la Unión:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 69 Constitucional, presento a esta soberanía un informe por escrito sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país.

Agradezco a las señoras y a los señores legisladores la muy honrosa oportunidad de hacer uso de esta alta tribuna. Siempre consideraré un privilegio y una gran responsabilidad el dirigirme al Congreso de la Unión en su propia sede.

En vez de sintetizar el informe escrito que en cumplimiento del Artículo 69 Constitucional acabo de entregar, quiero aprovechar esta invaluable ocasión para hablar de los tres temas que hoy más nos preocupan a todos los mexicanos: la situación económica, la justicia y el avance democrático del país.

Las condiciones económicas de los últimos nueve meses han sido particularmente adversas, muy distintas de las que la generalidad de los mexicanos esperaba el pasado 1o. de diciembre.

La crisis financiera y económica que emergió a fines de 1994 ha deteriorado severamente los niveles de vida de la población, y puso en riesgo mucho de lo construido con el trabajo de millones de mexicanos, a lo largo de años.

El desaliento que esta nueva crisis financiera provocó en los ciudadanos se agudizó, porque el esfuerzo realizado durante casi una década para transformar nuestras estructuras, había alimentado las expectativas de crecimiento, multiplicación de empleos estables e ingresos crecientes. Los mexicanos se esforzaron a la espera de un crecimiento que no llegó.

Hoy podemos apreciar que la crisis se fue gestando durante mucho tiempo. Su naturaleza y su magnitud no pueden ser atribuidas a un solo hecho o a una determinada decisión de política económica.

Ciertamente, hubo razones para que la crisis estallara con tanta fuerza. Una de ellas fue que durante muchos años un fuerte y creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se financiara con entradas de capital volátil.

También influyó que se financiaran proyectos de largo plazo con instrumentos de corto plazo; que se permitiera, más allá de lo prudente, la apreciación del tipo de cambio real; y que, frente a cambios drásticos en las condiciones internas y externas, las políticas financieras hayan reaccionado lentamente o en un sentido muy riesgoso, como en la dolarización de la deuda interna que supuso el crecimiento de los TESOBONOS.

Es preciso reconocer, sin embargo, que algunas de las circunstancias externas e internas que influyeron en la gestación de la crisis no se habían presentado nunca antes, y por lo mismo la fuerza con que irrumpió era impredecible.

No había precedentes por ejemplo, del origen no bancario de gran parte de los flujos de capital que llegaron al país durante varios años, y que a la postre exacerbó su volatilidad. Tampoco tenían precedente los hechos de violencia que enlutaron a la nación durante 1994.

Con absoluta convicción, sin embargo, afirmo que la crisis nunca habría ocurrido con tal gravedad, aun en presencia de muchos de los factores adversos señalados, de no haberse descuidado la generación de ahorro interno.

Mientras que en 1988 los mexicanos ahorrábamos casi 22 por ciento del producto nacional, esa proporción fue reduciéndose, año tras año, hasta llegar a menos de 16 por ciento en 1994.

A pesar de que en esos años contamos con la mayor disponibilidad de recursos financieros externos en la historia del país, la falta de ahorro interno provocó que la inversión productiva no tuviera el dinamismo deseable.

La caída del ahorro interno, en condiciones de déficit en cuenta corriente cada vez mayores, cubiertos por fuertes entradas de capital financiero, explica en última instancia el bajo crecimiento económico.

Por falta de ahorro interno, de inversión y de crecimiento del Producto Interno Bruto, la economía mexicana se hizo vulnerable a los movimientos de capital de corto plazo. Esa vulnerabilidad aumentó por los hechos trágicos de 1994, y por el alza de las tasas de interés en el exterior. Al agotarse los estrechos márgenes que podrían haber permitido corregir gradualmente el grave desequilibrio acumulado, estalló la crisis.

Súbitamente, el país perdió todo acceso adicional a los recursos financieros antes disponibles, y además se inició un retiro masivo de esos recursos.

Súbitamente, México dejó de contar en su ingreso nacional con el cuantioso ahorro externo que había tenido en los años anteriores, y además, las inversiones acumuladas durante ese periodo comenzaron a salir de nuestra economía.

No obstante que se realizó un ineludible ajuste cambiario y que las tasas de interés registraron un alza significativa, la pérdida de recursos continuó haciéndose cada vez más grave. En los primeros días de 1995, el retiro masivo de inversiones puso al país al borde del colapso financiero y productivo.

En esos momentos, la tarea fundamental fue evitar que cayésemos en un estado de insolvencia absoluta, que habría quebrantado por completo la economía nacional.

La crisis debía afrontarse con rapidez y determinación. Estoy convencido de que, de haberse adoptado medidas gradualistas o, peor aún, de haber caído en la inacción, de inmediato se habrían perdido millones de empleos y se hubiera desmantelado una parte muy considerable del aparato productivo del país.

La recuperación hubiese tomado varios años, quizás lustros.

Frente a esa amenaza, no dudé en tomar todas las decisiones que consideré indispensables para evitar que cristalizara el peor de los escenarios.

El programa de ajuste debía cumplir objetivos inmediatos fundamentales. Era preciso alejar el riesgo de la insolvencia total, creando condiciones que detuviesen la pérdida masiva de capitales y restableciesen una mínima estabilidad en los mercados cambiario y financiero.

Era igualmente importante corregir rápida y ordenadamente el grave desequilibrio acumulado en la cuenta corriente de la balanza de pagos, con los menores costos posibles sobre la planta productiva y el empleo. Asimismo, era indispensable evitar que la inflación causada por la devaluación se volviese incontrolable.

Para lograr esos objetivos, el programa de ajuste incluyó medidas drásticas, ciertamente dolorosas, para fortalecer las finanzas públicas. Incluyó también el diseño y la negociación de una estrategia de financiamiento externo para compensar y revertir la pérdida de capital de corto plazo que había sufrido el país. Además, se dio una gran importancia a la aplicación de programas especiales para atenuar los impactos recesivos e inflacionarios.

Para lograr el fortalecimiento de las finanzas públicas se recortó fuertemente el gasto público programado para el presente ejercicio fiscal, que a su cierre registrará una disminución de diez por ciento en términos reales respecto del año anterior. Con el mismo propósito, se modificaron los precios y las tarifas del sector público y la tasa general del Impuesto al Valor Agregado.

Sin estas medidas, la devaluación, el desempleo y la inflación habrían sido más graves y habrían demandado de todos un sacrificio aún mayor.

El retiro masivo de inversiones fue el factor más severo de presión sobre el tipo de cambio y las tasas de interés, y constituyó también el mayor riesgo para el aparato productivo y financiero del país.

Para calibrar su gravedad, conviene saber que durante los tres primeros meses del año, el país sufrió una pérdida de recursos varias veces mayor que el impacto de la crisis de la deuda de 1982 o la crisis del petróleo de 1986.

El problema se hizo aún más difícil por la naturaleza de los flujos de capital externo que estaban en juego. En esta ocasión los inversionistas no eran acreedores bancarios, sino miles de ahorradores del extranjero que invirtieron en instrumentos financieros de alta liquidez.

Por eso, resultaba materialmente imposible recurrir a una renegociación crediticia tradicional. Ante la complejidad y el apremio de la situación, era crucial encontrar mecanismos alternos que lograsen el mismo efecto económico de una renegociación crediticia. Además, era indispensable concretarlos en un plazo sin precedentes por su brevedad.

Con ese propósito y en el marco de la nueva relación que permite el Tratado de Libre Comercio, se negoció con el Gobierno de los Estados Unidos una línea de crédito hasta por 20 mil millones de dólares. Asimismo, con el apoyo de los organismos multilaterales de los que México es estado miembro de pleno derecho y con países amigos y socios comerciales, se convinieron otros compromisos de respaldo financiero para constituir un paquete total por cerca de 50 mil millones de dólares.

Las negociaciones de todos los empréstitos que configuran dicho paquete financiero fueron invariablemente conducidas bajo los principios de respeto a la soberanía nacional y a la dignidad de los mexicanos. Nunca se negoció nada a espaldas de los mexicanos.

Los apoyos fueron obtenidos y se han aplicado en los términos dispuestos por este Congreso.

Los fondos obtenidos contribuyeron a despejar la amenaza de insolvencia, a estabilizar los mercados cambiario y financiero, y a respaldar un proceso de ajuste lo más breve posible.

La negociación del paquete financiero se realizó en condiciones de emergencia sin precedentes y logró en muy pocos meses lo que antes se renegociaba en el curso de varios años.

Debo insistir en que los fondos que integran el paquete financiero no significan un endeudamiento adicional para nuestro país. Son líneas de crédito que han permitido transformar pasivos de corto plazo y alto costo, en pasivos de largo plazo y costo menor.

La totalidad de los recursos del paquete financiero utilizados hasta hoy se han aplicado a liquidar deuda de corto plazo y a fortalecer las reservas internacionales de México.

Al día de hoy, del paquete negociado se han desembolsado 23 mil 902 millones de dólares. En contrapartida, el saldo de los TESOBONOS, que en diciembre de 1994 alcanzaba 29 mil 206 millones de dólares y que fue un elemento central en el estallido de la crisis, ha disminuido a tres mil 173 millones. Es decir, que ese saldo de deuda se redujo en 26 mil 33 millones de dólares.

Otras obligaciones de corto plazo con el exterior, públicas y privadas, tanto bancarias, como no bancarias, se han reducido en más de ocho mil millones de dólares. Además, al día de ayer, las reservas internacionales del Banco de México se ubicaron en 15 mil 73 millones de dólares, lo que implica un aumento de casi nueve mil millones de dólares respecto al saldo del pasado 31 de diciembre.

También el desequilibrio de las cuentas con el exterior se ha corregido sustancialmente. Durante los primeros siete meses del año, gracias principalmente al aumento de las exportaciones, la balanza comercial acumuló un superávit de tres mil 690 millones de dólares, que mucho contrasta con el déficit de diez mil 393 millones registrado en el mismo lapso de 1994. La cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo, en el primer semestre, una corrección en su déficit de casi 13 mil 200 millones de dólares.

A su vez, la inflación mensual, que llegó a ser de ocho por ciento en abril, muestra desde entonces una clara tendencia decreciente. Para agosto, se estima ya menor al dos por ciento.

El tipo de cambio, que superó los 7.50 nuevos pesos por dólar el pasado mes de marzo, ha promediado 6.19 durante los últimos tres meses. La tasa de interés interbancaria, que llegó a casi 110 por ciento también en marzo, se ha reducido a menos del 40 por ciento, si bien continúa siendo elevada.

Los objetivos iniciales del programa de ajuste se han logrado.

Se ha disipado claramente la amenaza de colapso financiero que existió durante los primeros meses del año.

Estos primeros resultados han sido posibles gracias a la valerosa determinación de los mexicanos de salir adelante. La solidaridad y el esfuerzo de los campesinos, los obreros, los empleados y los empresarios mexicanos han hecho efectivos los propósitos del programa de ajuste.

Por su magnitud e intensidad, la crisis ha tenido consecuencias graves para la población. El país dejó de percibir recursos externos que significaban más del siete por ciento del ingreso nacional. Esta pérdida se ha traducido en una disminución del ingreso de las personas y las empresas y esto, a su vez, en una fuerte caída del consumo y de la inversión. Con ello se ha agravado el impacto recesivo de la crisis.

Durante el primer semestre del año, el PIB tuvo una disminución del 5.8 por ciento, respecto al mismo lapso de 1994.

Estos fenómenos, en su conjunto, han significado una disminución en el valor real de los salarios, y, sobre todo, en el nivel de empleo. La tasa de desempleo, que era del 3.2 por ciento en diciembre de 1994, llegó al 6.6 por ciento el pasado mes de junio. En los primeros siete meses del año, el IMSS reportó una pérdida de 824 mil afiliados.

Los costos de la crisis han sido muy grandes y dolorosos, pero habrían sido mucho mayores de no haberse adoptado el programa de ajuste económico. Más aún, no tendríamos ahora frente a nosotros la perspectiva de la recuperación.

Desde el inicio de la crisis se han emprendido acciones y programas para atenuar los costos sociales y aliviar los efectos de la recesión económica.

Se han puesto en marcha programas viables para proteger el empleo e, incluso, para generarlo allí donde las consecuencias de la crisis han sido más graves. A medida que el programa de ajuste ha dado resultados, se han intensificado los programas sociales.

En concertación con los gobiernos estatales, se estableció un Programa Especial de Empleo Temporal, con una aportación federal de mil 700 millones de nuevos pesos. Adicionalmente, con una inversión de 300 millones de nuevos pesos, se puso en marcha un Programa Especial de Conservación de Caminos Rurales. Ambos programas están generando más de 710 mil plazas temporales de trabajo.

Se ampliaron significativamente, en 40 por ciento, las metas de los programas de capacitación para trabajadores, desempleados y en activo, que beneficiarán este año a 700 mil personas.

Se amplió de dos a seis meses la cobertura de servicios de salud del IMSS para aquellos asegurados que han perdido su empleo. Gracias a esta medida han sido atendidas 684 mil personas y más de un millón 500 mil familiares suyos.

En coordinación con gobiernos estatales, se estableció el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar, dirigido a las regiones con índices más agudos de pobreza. En el marco de este Programa se distribuyen mensualmente un millón 224 mil despensas que benefician a seis millones de personas con graves carencias nutricionales.

Asimismo, se incrementó en 250 mil el Programa de Desayunos Escolares, con el fin de llegar en 1995, a una distribución diaria de un millón 500 mil desayunos.

A través del Programa de Subsidio al Consumo de Tortilla, se atiende a 2.8 millones de familias de escasos recursos, y mediante el Programa de Abasto Social de Leche, a 5.5 millones de niños, diariamente.

La infraestructura de abasto se ha incrementado hasta contar con cerca de 21 mil tiendas comunitarias, en su mayoría ubicadas en el medio rural. El sistema de distribución y abasto comunitario en las regiones más apartadas del país atiende ya a casi 29 millones de personas.

En algunos estados de la república, los efectos de la crisis se han sumado a los estragos de una prolongada sequía. Para atender a las regiones más gravemente afectadas, se puso en operación un programa emergente con una asignación de 746 millones de nuevos pesos. Los diversos apoyos de este programa beneficiaron a tres mil 274 comunidades y a más de 480 mil productores.

En apoyo al campo también se han aumentado otros subsidios, como los dirigidos a la energía eléctrica para uso agrícola y los que apoyan el precio de los fertilizantes.

A partir del marco jurídico renovado y de los programas de apoyos directos que este año proporcionarán más de seis mil 300 millones de nuevos pesos, el Gobierno Federal ha seguido una estrategia para incrementar la productividad y la rentabilidad de las actividades agrícolas y ganaderas, y así mejorar el ingreso neto de los productores.

Con este fin, se puso en vigor una nueva política de precios y de comercialización que permite adaptar las decisiones de los productores a la vocación natural de la tierra y a la cambiante situación de los mercados.

Se están ejerciendo apoyos por cinco mil 400 millones de nuevos pesos en la comercialización de los productos del campo.

En 1996, iniciaremos en el campo un amplio proceso de inversión en capital humano, infraestructura y tecnología. Reforzaremos la regularización agraria y realizaremos un esfuerzo sin precedentes de capacitación y organización de productores.

El sistema financiero rural será reestructurado para adecuarlo a las necesidades productivas del sector.

Reafirmo mi compromiso con el campo mexicano. Avanzaremos a una política integral de desarrollo rural que promueva el empleo, aliente la producción, fortalezca la comercialización y modernice la infraestructura agropecuaria.

Se ha hecho un esfuerzo extraordinario para extender hacia regiones de pobreza extrema los servicios de salud. La inversión en este aspecto fundamental de la política social se concentró en la conclusión de obras en proceso, la construcción de unidades médicas en zonas de altísima urgencia, y el mantenimiento de la infraestructura existente.

Se ha puesto especial cuidado para mantener una operación adecuada de los servicios médicos y hospitalarios públicos, que durante estos meses atendieron a 42 millones de mexicanos.

Se ha cuidado que la difícil situación económica no detenga el avance educativo del país. La educación es el medio más eficaz para construir una sociedad más libre, más justa, más participativa, más democrática y más próspera.

En el ciclo escolar que terminó en julio pasado, se avanzó hacia el propósito fundamental de lograr la cobertura universal de los servicios de educación básica para los niños y jóvenes de cuatro a 15 años.

El índice de atención aumentó en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Mejoraron también los índices de aprobación, retención y eficiencia terminal en la primaria y la secundaria, proceso que habrá de sostenerse en el nuevo ciclo.

Se avanzó en la consolidación de la reforma integral de contenidos y materiales educativos. Esta semana, con una puntualidad sin precedente, se están distribuyendo 114 millones de libros de texto gratuitos para los niños de primaria. Gracias al interés de los maestros y el apoyo de su sindicato, se avanza en la actualización y en la capacitación del magisterio.

Para lograr mayor justicia educativa, se ha puesto especial énfasis en extender la atención hacia los grupos y regiones con mayor rezago. Se le ha dado un gran impulso a los programas compensatorios, llevándolos a partir de este ciclo escolar, a 23 estados de la república, en beneficio de más de 3.7 millones de educandos.

Se ha hecho un gran esfuerzo para seguir extendiendo la educación hacia los otros niveles. Hoy en día, más de 23 y medio millones de niños y jóvenes reciben educación en planteles públicos de todos los niveles educativos.

Para mejorar el bienestar social de todos los mexicanos y alentar una convivencia fincada en la democracia y en la justicia, requerimos alcanzar un crecimiento económico vigoroso.

El esfuerzo hecho hasta ahora para superar la emergencia económica constituye sólo la primera parte de una estrategia más amplia que nos llevará a alcanzar el crecimiento económico sostenido y sustentable.

En esta primera fase nos hemos concentrado en corregir los desequilibrios que precipitaron la crisis, disipar con claridad el riesgo de colapso financiero y productivo del país, e ir fincando las condiciones que nos permitan emprender sobre bases sólidas la recuperación económica. Ha sido en esta primera fase cuando se han sufrido los mayores costos de la crisis financiera.

Gracias al esfuerzo realizado y a los resultados obtenidos, ahora podemos acentuar las acciones que alienten la recuperación económica.

A este propósito mucho servirán las reformas legales tendientes a impulsar la inversión social y privada en ferrocarriles, telecomunicaciones, aviación civil y transporte, distribución y comercialización de gas natural que ha dispuesto este Honorable Congreso, a propuesta del Ejecutivo Federal.

Hacia el mismo objetivo de promover la creación de fuentes de empleo se orienta el Programa de Desregulación que hará más ligera la gravosa carga de trámites que deben cumplir las empresas micro, pequeñas y medianas, tanto en su instalación como en su operación cotidiana. El compromiso es contar con una normatividad que se concentre en la protección de los consumidores y en promover la actividad de los particulares en lugar de obstruirla.

Por su repercusión en el empleo y en la satisfacción de una necesidad social básica, se le ha asignado una alta prioridad a la reactivación del sector de la construcción de vivienda. Está en marcha un programa que permitirá esa reactivación a través de la reestructuración de créditos hipotecarios existentes, del aumento sustancial de los recursos para nuevos créditos, de la ampliación de las metas de los organismos impulsores de la vivienda de interés social y de la simplificación de trámites, y la reducción de costos indirectos y de titulación. El Programa Especial de Vivienda se diseñó para generar 200 mil empleos adicionales a partir de la segunda mitad del año.

Otra fuente importante de impulso a la recuperación económica será la inversión pública, que crecerá significativamente durante los próximos meses. En congruencia con la marcada austeridad que tuvo que darse en el primer semestre del año, casi tres cuartas partes de la inversión pública federal programada se erogarán durante el segundo semestre, favoreciéndose la recuperación de la demanda y del Producto Interno Bruto.

Para 1996 se elaborará un calendario de ejercicio del gasto que dé continuidad en el primer semestre a la recuperación de la inversión pública. Con el mismo propósito, se ha iniciado desde ahora la preparación de proyectos para que su ejecución pueda iniciarse en cuanto se cuente con los recursos presupuestales correspondientes.

Una infraestructura adecuada, moderna y suficiente es un requisito fundamental para el crecimiento económico. Superar las deficiencias que en este aspecto tiene nuestro país, exige que la inversión pública se complemente con la privada. Con este propósito, este mismo mes se creará el Fondo de Inversión en Infraestructura, con una aportación inicial de recursos públicos por mil 600 millones de nuevos pesos. Este Fondo, mediante la participación con capital de riesgo o emitiendo garantías, permitirá atraer, sobre bases sanas, recursos privados para la construcción de infraestructura básica en favor de un desarrollo regional más equilibrado.

Otro motor muy importante de la recuperación económica será el alivio en la situación financiera de las empresas y de las familias que, aún antes de que se iniciara la crisis, habían acumulado gravosos niveles de endeudamiento. De ahí que, en la medida en que los resultados positivos del programa de ajuste le han abierto al gobierno márgenes de acción, éstos se han utilizado para promover y dar viabilidad a los programas de reestructuración de pasivos de empresas, productores y familias con la banca comercial y de desarrollo.

En un marco de responsabilidad fiscal y monetaria, y bajo la premisa de preservar la solvencia de las instituciones que guardan y remuneran el ahorro de los mexicanos, el Gobierno Federal ha comprometido parte de su capacidad financiera para contribuir a resolver el agobio de la mayor parte de los deudores del país, particularmente de los de menores recursos.

El programa de alivio a deudores comprende reducciones en los pagos por intereses, condonación de intereses moratorios, topes a las erogaciones que habrán de hacer los deudores por sus pasivos reestructurados, treguas judiciales, y limitaciones a las garantías adicionales que puedan solicitar los bancos.

La disminución de la carga financiera, tanto para las familias como para las empresas, dará mayor holgura a sus presupuestos y representará un estímulo muy importante para recuperar los niveles de consumo e inversión, en beneficio de la economía en su conjunto.

Tengo plena confianza en que, al cierre del tercer trimestre y, más señaladamente, durante el cuarto trimestre del año, comenzará a percibirse la tendencia a la recuperación económica del país.

A diferencia de lo ocurrido en los dos primeros trimestres, en el tercer y cuarto trimestres de este año, el Producto Interno Bruto comenzará a crecer, aunque moderadamente, respecto a los periodos inmediatos anteriores. Esto será resultado de la estabilidad en los mercados financieros, la baja en las tasas de interés, el alivio a los deudores, la reanimación del sector de vivienda, el aumento programado en la inversión pública, la expansión de las exportaciones y la reanudación de la inversión extranjera directa.

La reactivación económica no significará el relajamiento de la disciplina económica. Para que la recuperación ocurra sobre bases sólidas, deben mantenerse invariablemente finanzas públicas sanas, una política monetaria congruente con la necesaria reducción de la inflación y una política cambiaria que aliente permanentemente al sector exportador.

Con este último propósito, continuaremos negociando con otros países y regiones acuerdos de liberalización comercial.

Mil novecientos noventa y seis habrá de ser el año en que la recuperación se generalice y en que se consoliden las bases para el crecimiento dinámico y sostenido que nos proponemos alcanzar en los años subsiguientes.

Como lo propone el Plan Nacional de Desarrollo, es indispensable que una vez superada la crisis financiera actual y consolidada la recuperación económica, se alcancen tasas sostenidas de crecimiento económico superiores al cinco por ciento anual. Sólo así se logrará abatir los rezagos históricos y un mejoramiento continuo en las oportunidades de empleo.

Con ese objeto conferimos un ímpetu renovado a las políticas orientadas a elevar la productividad, mediante la capacitación laboral y la actualización tecnológica de las empresas. También se promoverán los acuerdos que permitan emprender las reformas necesarias para estimular un mayor empleo de mano de obra en los procesos productivos.

El mayor reto de la política económica será lograr que, una vez iniciada, la recuperación se sostenga y consolide. La creación adicional de fuentes de empleo requiere de inversión y ésta depende de los recursos disponibles para su financiamiento, que provienen del ahorro interno y externo.

Consecuentemente, la clave para alcanzar el crecimiento económico sostenido y evitar la reaparición de las crisis financieras que han afectado a México durante las últimas dos décadas está en el aumento del ahorro interno. A mayor ahorro interno, mayor inversión y más empleos. Además, con una economía en crecimiento será posible absorber el ahorro externo productivamente, y sin riesgo alguno de insolvencia, para así contar con todavía más inversión y más generación de empleos.

El Plan Nacional de Desarrollo ha delineado los principios de una estrategia integral para el fortalecimiento del ahorro interno.

En ella revisten especial importancia la reforma del sistema tributario y la transformación de los sistemas de contribución para pensiones y vivienda.

La reforma del sistema tributario debe darse en varias fases acompasadas a las posibilidades que otorgue la recuperación económica. Propongo trabajar con este Honorable Congreso, en este mismo periodo ordinario, en una primera etapa de la reforma que se ocupe del marco institucional del sistema tributario, de su administración y simplificación, y de la seguridad jurídica para los contribuyentes. En etapas subsecuentes, se abordarían los cambios más significativos en la estructura tributaria.

También pongo a la consideración de esta soberanía, que se legisle para definir un nuevo sistema de contribuciones para el retiro y la vivienda; un sistema que estimule permanentemente el ahorro personal y familiar, que amplíe significativamente las posibilidades de construcción de vivienda y que asegure pensiones dignas.

En la tarea de alcanzar el crecimiento sostenido que genere los empleos bien remunerados que con toda razón demandan los mexicanos, emprenderemos todas las reformas económicas indispensables y nos aseguraremos de su ejecución exitosa.

Ninguna estrategia de crecimiento económico, sin embargo, podrá darnos los resultados que queremos y que México necesita si al mismo tiempo no logramos garantizar la vigencia del Estado de Derecho y la seguridad pública.

La ciudadanía sigue siendo víctima de la distancia que existe entre la palabra de la ley y su observancia, entre las normas y su aplicación, entre las fórmulas de la justicia y su impartición.

La sociedad está profunda y justificadamente agraviada. En muchos lugares es indignante la amenaza cotidiana a las personas, a su familia y a su patrimonio. La ciudadanía vive preocupada por la inseguridad en las calles, los caminos y los sitios públicos; la ofende la frecuencia de los delitos y la impunidad de quienes violan la ley; con toda razón se exaspera al comprobar que en muchos casos son los propios encargados de garantizar el orden y procurar la justicia quienes la atropellan. Arrastramos una fuerte desconfianza, muy justificada, hacia las instituciones, los programas y los responsables de la seguridad pública.

Estamos viviendo las consecuencias de muchos años de medidas insuficientes, negligencia y omisiones en los sistemas de procuración de justicia y de seguridad pública del país, que han dañado seriamente la convivencia social. Con toda franqueza reconozco que el retraso y la magnitud de este problema son graves; mucho muy graves.

Para que la ley sea la norma efectiva de nuestra convivencia social, política y económica, es indispensable que avancemos en una profunda transformación de los sistemas de justicia y de seguridad pública.

Esa transformación no puede ser completada de la noche a la mañana. Es una tarea ardua y prolongada, en que inevitablemente habrá éxitos, momentos de prueba y ocasiones amargas. Es una tarea cuyos mejores frutos tardarán en madurar. Es una tarea de tal trascendencia para nuestra vida social que ocupará mi atención cada día de gobierno.

La transformación de nuestro sistema de justicia sólo tendrá solidez, legitimidad y viabilidad si es realizada a partir de la Constitución y el reforzamiento de las leyes.

Por eso, el primer paso fue enviar a esta Soberanía una iniciativa de reformas constitucionales. Antes de ser aprobada por el Constituyente Permanente, dicha iniciativa fue debatida intensamente, y sustancialmente enriquecida por el Congreso de la Unión. La reforma constitucional promulgada en diciembre pasado sienta las bases para que el Poder Judicial Federal sea independiente; sea un poder imparcial, de probidad transparente, crecientemente profesional y mejor capacitado para cumplir sus responsabilidades.

Por primera vez en nuestra historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano genuinamente autónomo, electo por el Senado de la República. Reitero que se acabaron los tiempos de los nombramientos políticos y las influencias del Presidente sobre la Suprema Corte.

Se han ampliado las atribuciones de la Suprema Corte para vigilar la constitucionalidad de las leyes y resolver las controversias entre los distintos órdenes de gobierno.

Gracias a las reformas promovidas, ahora los municipios y los estados, el Distrito Federal y la Federación pueden dirimir ante la Corte sus controversias mediante procedimientos bien reglamentados. Además, la tercera parte de un órgano legislativo puede impugnar la inconstitucionalidad de una ley, con el efecto de que se suspenda su aplicación. Al haber ampliado estas atribuciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fortalece el equilibrio entre los poderes del Estado y se garantiza que nuestra vida política y social esté ceñida a la Constitución.

La reforma aprobada por el Constituyente Permanente creó un órgano de administración, disciplina y gobierno del Poder Judicial. Se han sentado las bases para que los jueces y magistrados tengan las garantías de independencia y estabilidad para actuar imparcialmente y con estricto apego a la ley, con honestidad y prontitud. Son bases para que la ciudadanía adquiera la certeza de que la justicia no se inclinará a favor de quien esgrima influencias políticas o poder económico.

En México, el juicio de amparo es el principal medio para la protección jurídica de las garantías de los ciudadanos frente a los actos de una autoridad.

Durante el periodo de sesiones que hoy comienza, enviaré a consideración del Congreso una iniciativa de nueva Ley de Amparo. Esta iniciativa propondrá un procedimiento ágil y sencillo para facilitar a la ciudadanía el uso de este valioso instrumento.

En cierta medida, la proliferación de actos delictivos es resultado de factores económicos y sociales. Pero la grave incidencia que registran en nuestro país también es producto de las obsolescencias y limitaciones de nuestros órganos de prevención y persecución de los delitos.

Un obstáculo especialmente grave para lograr una eficaz persecución de los delitos estriba en que los delincuentes han avanzado en su capacidad organizativa y en el uso de recursos ilícitos. En cambio, los cerca de dos mil cuerpos policiales que actúan en todo el territorio nacional, lo hacen sin una coordinación efectiva, con procedimientos y medios técnicos muy heterogéneos, con entrenamiento y capacitación desiguales, con prioridades y programas frecuentemente desarticulados.

En este sentido, con la reforma constitucional hemos dado un primer paso al establecer fundamentos jurídicos claros para aplicar en todo el país una política integral de seguridad pública y procuración de justicia; una política para emprender un combate sistemático, articulado y a fondo contra la delincuencia y el crimen organizado.

Durante este periodo de sesiones, someteré a la consideración del Congreso de la Unión una iniciativa de ley que norme la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para conformar con toda solidez jurídica, un Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dicha ley será un instrumento que permita a los tres órdenes de gobierno diseñar y aplicar conjuntamente una política integral de seguridad pública, ya que preverá el funcionamiento de instancias de coordinación en distintos niveles; desarrollará los principios de formación y desempeño de los miembros de las instituciones policiales; y regulará los instrumentos para sistematizar la información relevante sobre seguridad pública.

Con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, conjuntaremos esfuerzos para establecer un marco regulatorio y adoptar medidas efectivas en los distintos ámbitos de gobierno que aseguren la depuración, profesionalización y mejoramiento de la capacidad técnica de los cuerpos policiales.

En virtud de la capacidad e incidencia criminal de las bandas de delincuentes, es preciso contar con un ordenamiento complementario que permita combatir con eficacia el crimen organizado.

Hoy, un terrible enemigo de toda la sociedad es el narcotráfico. El narcotráfico se ha convertido en la más grave amenaza a la seguridad nacional, a la salud de la sociedad y a la tranquilidad pública. Es también una amenaza a la convivencia, los valores y tradiciones de los mexicanos.

Los mexicanos confiamos que cada nación cumpla su responsabilidad y nos sumaremos al esfuerzo global a través de una más efectiva cooperación internacional, pero, en cualquier caso, seguiremos combatiendo al narcotráfico con todos los instrumentos a nuestro alcance.

Para reforzar el combate de este mal que vulnera la voluntad de las personas, lesiona la solidez y credibilidad de las instituciones y prohíja la corrupción, enviaré a esta Soberanía una iniciativa de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Paralelamente a los avances legislativos que están en marcha y ante la magnitud y complejidad del problema de seguridad pública y procuración de justicia, se ha iniciado una reestructuración completa de las procuradurías General de la República y del Distrito Federal.

Se han dado apenas los primeros pasos, pero la tarea que tenemos por delante reclama la participación activa, resuelta y perseverante de los tres Poderes de la Unión, de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto.

Con todo respeto invito hoy al Poder Legislativo a que intensifique su participación en la transformación del sistema de impartición y procuración de justicia, coadyuvando en la formulación de las iniciativas y verificando sus resultados.

Desde el inicio de las investigaciones sobre los crímenes cometidos contra distinguidas figuras de la vida pública del país, se evidenciaron las deficiencias, limitaciones y falta de credibilidad social en la persecución de los delitos.

Ante estos acontecimientos y en todos mis actos como Presidente, la guía, y objeto único de mi lealtad, es la Constitución de la República.

En sus Artículos 17, 21 y 102, la Constitución establece que la persecución de los delitos federales incumbe al Ministerio Público presidido por el Procurador General de la República, que la administración de justicia corresponde a los tribunales y que la imposición de penas es propia y exclusiva del Poder Judicial. A éste corresponde determinar la pertinencia, el rigor y calidad de los elementos y pruebas que aporta el Ministerio Público.

Por tanto, fue mi convicción desde el inicio, que la mejor manera de cumplir mi responsabilidad consistiría en promover la independencia y el fortalecimiento del Poder Judicial, y en nombrar a un Procurador cuya libertad de acción y criterio estuviera fuera de toda duda.

He promovido las reformas constitucionales y legales que refuerzan la autonomía y atribuciones del Poder Judicial. Asimismo, para subrayar la independencia que para perseguir los delitos debe tener quien preside el Ministerio Público Federal, designé Procurador General de la República a un destacado integrante del Poder Legislativo y miembro de un partido político distinto al que yo pertenezco.

El Procurador General de la República sabe que debe llevar a cabo sus tareas con absoluta libertad, sin más límites que la ley y sin reparar en presiones de ninguna índole. Mi única instrucción ha sido buscar la verdad y lograr la justicia, cumpliendo estrictamente con la Constitución y las leyes.

Como Presidente de la República, mi obligación es atenerme a las investigaciones que con entera independencia conduzca la Procuraduría General y respetar las resoluciones del Poder Judicial.

Exhorto a la sociedad y señaladamente a los medios de comunicación a que sin menoscabo de sus garantías y libertades, respalden la independencia de los trabajos de procuración y administración de justicia, evitando sensacionalismos, rumores y presiones.

Exhorto a todos los mexicanos a seguir trabajando en la construcción de un país de leyes; de un Estado de Derecho que garantice la justicia sin excepción, sin privilegio, sin impunidades.

Una vida social regida por el Derecho y la participación ciudadana es la base para el crecimiento económico y una auténtica democracia.

Al rendir mi protesta como Presidente de la República, sin que mediaran presiones o pactos previos, convoqué a la democratización integral de la Nación, a partir de la reforma del Estado. Una reforma que fortalezca el equilibrio entre los poderes, edifique un nuevo federalismo y promueva una normatividad electoral definitiva.

Antes de trabajar directamente con el Congreso en la reforma, propuse comenzar por lograr acuerdos con las dirigencias de los partidos aquí representados para enseguida construir consensos más amplios y perfeccionar propuestas con la participación de otras organizaciones sociales. Sin embargo, posiciones y prioridades muy respetables así como causas particulares de los partidos, han impedido un avance mayor por esa vía.

Debemos estar conscientes de que el desarrollo democrático no puede restringirse a un solo cauce. De hecho, nuestra vida institucional está demostrando que existen diversos cauces legítimos para avanzar en la democratización integral del país.

Sigo considerando que un primer paso preferible es el acuerdo con las dirigencias de los partidos, pero estaré abierto a todas las vías legales y políticas que genuinamente impulsen el desarrollo democrático con la celeridad, transparencia y eficacia que demandan los mexicanos. En este sentido, la legitimidad, la representatividad y el pluralismo del H. Congreso de la Unión ofrecen un camino democrático y promisorio para impulsar el progreso político del país.

El Congreso ha forjado nuestras leyes e instituciones, ha debatido con apertura y pasión las ideas de ayer y de hoy para el México del mañana, ha consolidado nuestra pluralidad política y está llamado a tener un papel central en el desarrollo democrático para el Siglo XXI.

En el marco de la Constitución, estoy decidido a impulsar una nueva relación entre los poderes que asegure un equilibrio claro y efectivo. De parte del Ejecutivo, esa construcción debe partir de un ejercicio de la Presidencia siempre apegado a la ley, que haga uso exclusivamente de las facultades que ésta confiere y sujetando todos sus actos al escrutinio ciudadano.

El equilibrio republicano exige que tanto el Judicial como el Legislativo sean Poderes fuertes. Las reformas que promoví ante esta Soberanía en diciembre pasado, fortalecen la independencia del Poder Judicial, y desde el inicio de mi responsabilidad, he procurado una nueva forma de trabajo con el Poder Legislativo.

Con regularidad he sostenido encuentros con legisladores de todas las fracciones parlamentarias para discutir con franqueza, respeto y ánimo constructivo, los asuntos de interés nacional. Con toda honestidad afirmo que este diálogo republicano me ha sido muy benéfico y por eso me propongo intensificarlo.

El fortalecimiento del Poder Legislativo es esencialmente responsabilidad de las Cámaras que lo integran. He expresado mi compromiso de respetar y alentar toda iniciativa que consolide al Legislativo como un Poder más fuerte, respetado y coadyuvante, activo en las tareas nacionales. De ahí que el Ejecutivo Federal colaborará en los términos que estimen pertinente los legisladores para avanzar hacia una reglamentación moderna y acuciosa de los procedimientos, plazos y modalidades para el envío, análisis, discusión y, en su caso, aprobación, de las iniciativas de leyes o los proyectos de reformas.

Una medida fundamental para fortalecer el equilibrio entre los poderes estriba en que el control y la fiscalización sobre el Ejecutivo pase a ser responsabilidad exclusiva de un órgano del Poder Legislativo. Propongo crear en el seno del Poder Legislativo una auténtica auditoría superior de la Federación.

Durante este periodo de sesiones y previo diálogo con los legisladores, presentaré a consideración de esta Soberanía una iniciativa de reforma constitucional para establecer en el Congreso de la Unión ese órgano colegiado de auditoría superior, con personalidad jurídica y patrimonio propios; con capacidades técnica y profesional autónomas; con autoridad para controlar, vigilar, verificar y corregir la gestión y el ejercicio de recursos públicos.

La creación de una auditoría superior de la Federación que sea parte del Congreso de la Unión, corregirá la errónea práctica de que quien es fiscalizado también sea el fiscalizador; propiciará una rendición de cuentas a la nación que sea imparcial, transparente, convincente y confiable; y será un paso decisivo en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Con el examen y las propuestas de los señores legisladores a esta iniciativa, daremos un paso de gran trascendencia para vigorizar el equilibrio y los contrapesos entre los poderes, a partir del fortalecimiento real del Legislativo. Este será un elemento fundamental de la reforma del Estado.

El ideal federalista tiene raíces profundas en nuestra historia que se conjugan con las primeras aspiraciones de independencia y con la lucha originaria por la soberanía nacional. La organización de la República en una Federación inspiró hechos heroicos y exigió el mejor talento de grandes mexicanos.

Es preciso reconocer que más de un siglo y medio después, la realidad de nuestro federalismo todavía no corresponde a aquel ideal, a aquellas hazañas, a aquellos mexicanos. En muy buena medida, los estados y los municipios, sus hombres y mujeres, siguen padeciendo las consecuencias del centralismo.

Debemos proponernos iniciativas claras e inmediatas para construir un nuevo federalismo que fortalezca la democracia, que nutra la unidad de la nación con nuestra diversidad y que impulse un desarrollo más equilibrado y más justo.

En la construcción de ese nuevo federalismo, es imperativo llevar a cabo una profunda redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los estados y municipios.

Esa redistribución es esencial para vencer los vicios e inercias centralistas y avanzar, por aproximaciones constantes y sucesivas, al federalismo que queremos para el siglo venidero.

Avanzaremos apoyados en la Constitución y las leyes a un nuevo Pacto Federal que responda mejor a los intereses y demandas de los ciudadanos, de las comunidades, los municipios y los estados. Avanzaremos cuidadosa, continua, sistemáticamente, y sin arriesgar la unidad de la nación. Avanzaremos atendiendo las desigualdades y compensándolas para procurar equidad y justicia.

El nuevo federalismo debe ser construido en el marco de la reforma del Estado, pero podemos forjar consensos inmediatos para emprender acciones firmes.

Como primer paso para crear un nuevo sistema de coordinación hacendaria, propongo revisar la actual distribución de potestades tributarias entre los distintos órdenes de gobierno, a fin de ampliar las bases gravables al alcance de las entidades federativas, fortaleciendo sus ingresos propios.

Una parte esencial del nuevo federalismo es la descentralización, entendida como la transferencia de funciones y medios de las dependencias federales a los estados y municipios.

Propongo que profundicemos en la federalización educativa, extendiéndola a la educación media superior, superior y a la construcción de escuelas. Impulsaremos la descentralización definitiva de los servicios de salud a fin de que los gobiernos locales aseguren una atención más ágil, oportuna, humana y eficaz de clínicas y hospitales.

Realizaremos una amplia descentralización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, e iniciaremos el traslado a los estados, de importantes funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Promoveremos también la descentralización de aspectos sustantivos de la política ambiental y del manejo del agua.

Con la descentralización, llevaremos la capacidad institucional a donde se viven los problemas, se generan las demandas y deben aplicarse las soluciones.

Adicionalmente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1996, se propondrá descentralizar casi dos terceras partes del Ramo 26 que ejerce la Secretaría de Desarrollo Social, para entregar esos recursos a los municipios a través de los gobiernos estatales.

He propuesto un nuevo federalismo porque es la mejor alternativa para propiciar el desarrollo integral de la nación, fundado en la suma de regiones prósperas, estados y municipios fuertes; un nuevo federalismo que impulse la unidad, respetando la diversidad geográfica, social y cultural; un nuevo federalismo que efectivamente combata rezagos y mitigue contrastes.

Todos los mexicanos hemos reconocido los rezagos y los contrastes, las condiciones de injusticia y pobreza que prevalecen en Chiapas.

Al asumir la Presidencia de la República, afirmé que en Chiapas sólo es posible alcanzar la paz con dignidad y justicia mediante el diálogo y la negociación, en el marco de la ley, sin violencia y sin extender el conflicto.

Hoy, en Chiapas, existe una clara distancia respecto de las condiciones que predominaron el año pasado. Se han reducido los hechos violentos y se han comenzado a extender a todas las regiones, aunque incipientemente, programas esenciales de salud, nutrición, educación y servicios básicos.

Hoy está en marcha un esfuerzo de negociación arduo, con tropiezos y asperezas que, sin embargo, está dando algunos resultados, aunque muy lentamente.

Mucho ha significado la presencia de las instituciones de la República en todo el territorio chiapaneco, para el inicio y la continuidad del diálogo. En especial, debemos reconocer que en buena medida, las negociaciones son resultado del enorme esfuerzo del H. Congreso de la Unión. En un acto de corresponsabilidad sin precedente entre el Ejecutivo y el Legislativo, se expidió la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que ofrece un cauce constitucional y políticamente legítimo para llegar a una solución justa y definitiva.

Hago un reconocimiento a la labor mediadora y sustantiva, orientada siempre por el interés de la República, que han realizado los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada con la pluralidad del Poder Legislativo.

En Chiapas debemos continuar el diálogo con un lenguaje de paz, no de guerra con un lenguaje de reconciliación, no de amenaza con un lenguaje de esperanza, no de rencor. En particular, debemos consagrar el diálogo a la solución de las causas reales de la miseria, el atraso y la falta de oportunidades, y no desperdiciar el tiempo en cuestiones de procedimiento y formalidades secundarias.

De lo que se convenga en Chiapas, podrá surgir un programa integral para atender las necesidades de desarrollo social y promover los derechos indígenas.

Propongo que utilicemos el diálogo para encontrar la solución de los problemas agrarios e impulsar la economía campesina de Chiapas.

Propongo que a partir de la experiencia del diálogo y la negociación, el Legislativo junto con el Ejecutivo elaboremos un proyecto de Ley de Derechos Indígenas que reglamente en lo concerniente al Artículo 4o. Constitucional. Es tiempo de redefinir una nueva relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas, para que éstas sean protagonistas de su propio desarrollo en el marco de la Constitución General de la República.

Partiendo de esa nueva relación, fortaleceremos la coordinación y orientación de las acciones federales en materia de bienestar y desarrollo; corregiremos inercias, repararemos agravios y multiplicaremos oportunidades.

Invito muy respetuosamente a este Honorable Congreso de la Unión a que intensifique y profundice su participación en el proceso de paz con dignidad y justicia.

La paz duradera que reclama Chiapas, debe ser edificada entre todos. Nadie debe escatimar su voluntad para que unidos logremos superar agravios y vencer rezagos.

La inmensa mayoría de los mexicanos simpatiza con las razones de la inconformidad y se indigna ante la injusticia. Pero también rechaza la violencia; exige que nuestras diferencias se resuelvan a través de una democracia plena.

La democracia no se agota en los procesos electorales, pero se funda en ellos. La democracia electoral no está hoy paralizada. En los pasados meses, mientras en algunas esferas se debate si se condiciona o se posterga la responsabilidad de construir una democracia plena, el avance democrático ha residido básicamente en la ciudadanía.

Desde febrero de este año, se han celebrado elecciones locales en diez entidades federativas para la renovación del Ejecutivo, de los congresos estatales o de los ayuntamientos.

Estos procesos electorales se han realizado con una intensa atención y presencia ciudadana, y en la mayoría de los casos, bajo nuevas legislaciones electorales, notablemente avanzadas.

En muchos estados de la república, comicios altamente competidos, procesos electorales pacíficos y resultados que corresponden a la voluntad ciudadana, constituyen ya parte de una vida política caracterizada por la normalidad democrática.

Este no es un logro del gobierno o de un partido político, es un paso firme e irreversible de todos hacia un cabal desarrollo democrático que se está edificando desde las bases mismas de la sociedad; lo está construyendo la ciudadanía.

Por eso, hoy reafirmo mi determinación de trabajar al lado de los ciudadanos mexicanos de todas las corrientes ideológicas, de todos los grupos sociales, de todas las regiones del país, en la construcción de la democracia que queremos para el Siglo XXI.

De tiempo atrás, el Gobierno Federal está preparado para discutir con seriedad las transformaciones que exige el pleno desarrollo democrático de México. Un elemento primordial es una reforma electoral que sea definitiva, no por negar futuras adecuaciones, sino por terminar ya con la insatisfacción y las controversias sobre lo esencial. Esa reforma debe garantizar autonomía plena de los órganos electorales y condiciones de equidad en la competencia.

Esa reforma no puede construirse sobre los vicios del viejo autoritarismo ni contraviniendo la ley para satisfacer reclamos particulares. Debe responder a la creciente complejidad y diversidad de nuestra vida social, a la más intensa competencia política, a la madurez organizativa de los partidos, y a la vigorosa presencia ciudadana.

Ciertamente la reforma electoral obedece al interés de los partidos y de diversas organizaciones, pero también responde a una profunda convicción que he acreditado con hechos y a un firme compromiso que sabré cumplir con la ciudadanía.

Ese compromiso es que el proceso electoral federal de 1997 se realice bajo normas que aseguren legalidad, equidad, transparencia y confiabilidad. Al rendir a esta Soberanía mi Segundo Informe de Gobierno, deberá estar definido el nuevo marco normativo. Para honrar ese compromiso, confío en que la reforma electoral será, primero, producto del consenso entre las dirigencias partidistas y después, resultado del esfuerzo corresponsable de un Poder Legislativo más fuerte y activo.

Hoy vuelvo a convocar a todos: al Congreso de la Unión, a los partidos políticos, a las legislaturas de los estados, los gobiernos estatales y municipales; y las organizaciones sociales para sumar voluntades en la construcción de un pleno desarrollo democrático.

Honorables Legisladores;

Señoras y señores:

Vivimos momentos que nos ponen a prueba; momentos que exigen decisión y claridad. Hoy, más que nunca, debemos todos buscar la fuerza de nuestra unión.

Nuestra unión es la mejor garantía para preservar y fortalecer la soberanía nacional. Unidos reafirmaremos la voluntad de todos los mexicanos de engrandecerla, defendiendo nuestra identidad y cultura, nuestra pluralidad e instituciones.

Los valores de nuestra soberanía son la independencia y la libertad, la justicia y la democracia; una historia común. La soberanía es el sustento de nuestro derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la igualdad de oportunidades.

Queremos un México más democrático y más justo.

Queremos hacer valer la razón histórica de nuestro federalismo; vivir más seguros; ver que el esfuerzo productivo rinda frutos para todos.

Trabajemos arduamente para conseguirlo. Trabajemos con determinación para vencer la adversidad.

Hemos superado el peor momento de la crisis y los próximos años serán de crecimiento económico y multiplicación de empleos. Estamos sentando las bases para fortalecer nuestro Estado de Derecho.

Hay un firme impulso social para el avance político del país.

No es tiempo de reposo, sino de esfuerzo. No es tiempo de egoísmo, sino de entrega. No es tiempo de violencia, sino de paz.

En el esfuerzo, en la entrega, en la paz, en la unión, daremos firmeza y certidumbre al desarrollo de México.

Ese México de progreso, más democrático, más justo, exige la suma de nuestras voluntades y el vigor de nuestro afán.

Hagamos nuestra tarea para cumplirle a nuestros hijos.

Hagamos nuestra tarea para cumplir con México.

Muchas gracias.

Fuentes:

http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/56/2do/Ord1/19950901.html

http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/id-9-1.html