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Siglo XX > 1990-1999 > 1992

Discurso de Luis Donaldo Colosio. Encuentro "Hombres Libres... Libre Empresa", con el tema "El Estado como Promotor del Desarrollo Social: Generación Empresarial".
Diciembre 10, 1992

Secretario de Desarrollo Social

Monterrey, N.L., diciembre 10 de 1992.
Teatro de la Ciudad.

"Libertades plenas sólo pueden ser alcanzadas por individuos que disfrutan de vivienda, que tienen acceso a servicios de salud, que cuentan con educación y que cuentan con un empleo. Con carencias en lo fundamental, el individuo se encuentra en peligro de aceptar condicionamientos que pudieran imponérsele en la satisfacción de sus reclamos; con la pobreza extrema se propician mesianismos, se propician caciquismos, se propician clientelismos y otras formas que tienden a manipular las voluntades libres".

Señoras y señores;
Amigos todos:

El tema que me han propuesto para esta intervención, "El Estado como Promotor del Desarrollo Social", se ubica a mi juicio en el centro de un amplio e intenso debate a nivel mundial.

Las diversas naciones tratan de responder, bajo nuevos esquemas, a las crecientes demandas de sus sociedades, y entre ellas se encuentra, de forma muy destacada, la promoción del desarrollo social.

Los países del Este se encuentran ante el difícil dilema que les plantean los nuevos espacios de libertad, reclamos sociales que no aceptan demoras o dilaciones y sistemas económicos en proceso de consolidación y algunos casos de transformación.

Algunos problemas de desintegración dan cuenta del grado de dificultad que implica este proceso.

Aunque en otras dimensiones y con otras características, la Comunidad Económica Europea también enfrenta obstáculos para mantener los niveles de crecimiento que le permitan cumplir con las expectativas de bienestar social de sus países.

Los Estados Unidos de América apuestan ahora a un nuevo arreglo económico y social. Buscan, así, nuevos esquemas para reactivar su economía y mejorar sus niveles de bienestar.

Los países de América Latina, los países de nuestro continente surgimos después de una década de ajustes y cambios difíciles, a una nueva etapa en la que el desarrollo social es impostergable y en donde eludir su atención necesariamente conlleva a la pérdida de viabilidad de las propuestas económicas y políticas.

En México, hablar de desarrollo social es, sin duda alguna, referirnos a una tesis central de nuestro pensamiento, de nuestro pensamiento que participa de la cultura universal.

Al igual que otros países, en otras latitudes, concebimos al Estado como producto de un contrato social, que expresa la voluntad de los ciudadanos, que la soberanía emana del pueblo y que se manifiesta a través de las formas de representación de la voluntad popular.

En la economía, consideramos que el hombre produce riqueza y la intercambia a través del mercado, que así se distribuye el ingreso y que éste es la base principal para la satisfacción de las necesidades.

Pero sabemos que, en la práctica, el mercado, por sí solo, es insuficiente. Es insuficiente para asegurar mayor equidad; es necesario pero no es suficiente.

También sabemos que una democracia en condiciones de injusticia social y de pobreza extrema puede verse amenazada. La libertad política debe acompañarse de opciones para resolver carencias de mejores oportunidades.

Por eso, señoras y señores, el desarrollo social es el propósito superior de la sociedad y del gobierno en nuestro país.

El desarrollo social hace posible que el ideal económico y el ideal político, de hombres que participan en el mercado con beneficios justos y que constituyen libremente gobiernos, se cumplan cabalmente.

El desarrollo social es, pues, el elemento que articula y cohesiona a nuestra sociedad y que cimienta las vías para el cumplimiento de sus ideales.

En la conducción y consolidación del México moderno, el Estado siempre ha ocupado un lugar de primordial importancia.

Por eso, cuando se planteó un nuevo acuerdo político, una reforma económica y una nueva política para el desarrollo social, fue necesario partir de la reforma misma del Estado.

Para nosotros, los mexicanos, el Estado surge de los grandes consensos de la sociedad; pero no se trata de un Estado pasivo, ni meramente regulador, sino de un Estado que tiene la fuente de su legitimidad en el logro de una economía eficiente, en la creación de las instituciones necesarias para la estabilidad y la promoción de la justicia.

En síntesis, un Estado para los fines de la nación: soberanía, justicia, libertades y democracia; un Estado que gana la legitimidad día a día.

La sociedad está dispuesta al esfuerzo conjunto, bajo este presupuesto político: el Estado tiene que ser eficiente en el fin o los fines que la nación le ha otorgado, y hoy es necesario hablar de reforma porque la creación de grandes estructuras administrativas llegó a representar más obstáculos que ventajas para alcanzar el mismo objetivo: el bienestar de la población.

En algunos casos, los medios se convirtieron en fines y se llegó a pensar que el gobierno era el único responsable de la política social.

Caímos así, en una política social de la burocracia; hoy estamos para una política social de la corresponsabilidad, de la amplia participación, para ser eficientes en la consecución de beneficios reales para los más necesitados.

Y en ese marco, se enfrenta el reclamo de elevar eficiencia y productividad, y de asimilar avances que se muestran en diferentes campos, pero el Estado nunca puede ser conceptualizado como una empresa y, enfrente a él, la sociedad tampoco puede verse como un simple mercado.

El Estado, como ustedes lo saben, no es otra cosa que la forma superior de organización que se da una sociedad, fundada en un pacto, en un pacto que se inscribe en leyes y altos propósitos; es la forma política que integra a todos los intereses en el interés general.

Por eso es que se dice y se dice bien, que el Estado es historia y el Estado es consenso. La sociedad funda al Estado, pero éste le otorga seguridad y rumbo al esfuerzo colectivo.

Pero más allá de la definición del Estado, es válido preguntarnos para qué sirve. Al Estado le corresponde promover y asegurar los bienes públicos más preciados, como lo son el bienestar social, la estabilidad, la paz, la civilidad y la convivencia apegada al derecho. Para esto sirve el Estado.

Todos estos bienes sólo son posibles con un Estado eficiente, capaz de responder sin burocratismos a las demandas sociales, de canalizar sus recursos directamente a los beneficiarios de sus políticas y de facilitar la convergencia de esfuerzos públicos y privados.

Basada en esta concepción del Estado, la nueva política social es, en nuestro país, la de una acción pública sin exclusivismos; esto es, abierta a la participación de las organizaciones sociales, del gobierno y del sector privado; es una concepción opuesta a la idea de que alguien en lo particular detente la política social, porque ésta es el resultado del esfuerzo conjunto de todos.

Por eso, nuestro reto es hacer confianza en las instituciones de la propia sociedad. En las empresas, en las universidades, en los institutos, en las organizaciones, en fin, en todas las formas que la sociedad se da para actuar y así hacerla aliada y copartícipe de la política social.

El gobierno, ciertamente es responsable de dirigir y coordinar la acción colectiva para combatir la pobreza extrema, la exclusión social, la desigualdad de oportunidades.

Pero el gobierno no puede pretender sustituir las iniciativas y libertades de los ciudadanos, de las comunidades, de los municipios y de las regiones.

El gobierno lo que hace es crear las condiciones favorables para la participación, para el desarrollo, pero cada ciudadano es responsable del despliegue de sus propias capacidades.

Nos hemos alejado por igual del paternalismo, pero también de la indiferencia. No hay libertad plena sin desarrollo social, ni desarrollo social sin libertades. Estado justo, sociedad participativa y eficiencia en la acción pública son los pilares de esto que llamamos la nueva política social en México.

La política social, esta nueva política social, se asienta en el terreno de la economía eficiente y competitiva y garantiza así su permanencia y continuidad.

La economía se organiza principalmente a través del mercado, pero frente a éste, sobre todo los mexicanos más desfavorecidos, no se encuentran solos ni se encuentran aislados.

Sin duda, y eso quiero enfatizar, una política social eficiente, responsable y permanente, requiere como condición una economía en crecimiento y estable.

Pero también quiero enfatizar que esta condición es necesaria, pero no es suficiente. El bienestar productivo, el combate a la pobreza y la superación de la exclusión social, requieren de una política deliberada y aquí es donde se prueba la voluntad de justicia y la fuerza de las convicciones.

Las reformas introducidas por el Presidente de México, por el Presidente Salinas, han permitido superar la situación de apremio de la década de los ochentas y generar las condiciones necesarias para la recuperación gradual y sostenida del crecimiento económico con estabilidad de precios.

Por ello, el eje fundamental de la estrategia adoptada ha sido el profundo saneamiento de las finanzas públicas y un manejo adecuado de la política financiera y de la política cambiaria.

Y en sólo cuatro años hemos logrado transformar el déficit financiero del sector público, que en 1988 superaba el 12 por ciento del Producto Interno Bruto, en un superávit estimado en cerca del uno por ciento sobre el Producto Interno Bruto para el año de 1992, sin considerar los ingresos extraordinarios por la privatización de los bancos y otras empresas paraestatales.

Han sido estos mismos cuatro años en que de manera consecutiva nuestra economía ha crecido por encima del crecimiento demográfico de nuestro país.

Pero si bien los indicadores nos permiten medir el comportamiento económico, la calidad de vida de los mexicanos es su verdadera calificación.

La reforma económica y toda acción pública tiene en el centro de sus preocupaciones, en el centro de sus motivaciones, al hombre, al mexicano, con su familia, en su entorno y su comunidad.

Elevar productivamente el bienestar de los mexicanos es el objetivo superior de toda acción pública.

La buena economía, pues, debe ser capaz de generar oportunidades; la buena economía combina al mercado con una política deliberada para atender desigualdades.

Por ello, la nueva estrategia de desarrollo social debe fortalecer su capacidad de atención a las necesidades más apremiantes de la sociedad, pero sin comprometer los avances alcanzados en el saneamiento de las finanzas públicas, sin comprometer el crecimiento que supera - repito -, por cuarto año consecutivo el crecimiento demográfico con estabilidad de precios.

Y esta buena economía y este sano crecimiento de la misma, ha permitido que año con año se incrementen los montos presupuestales destinados, precisamente, hacia los sectores que resultan altamente prioritarios para el país.

Si acumulamos el gasto durante los últimos cuatro años, orientados a lo social, en otras palabras a educación, salud, vivienda, y muy importantemente el Programa Nacional de Solidaridad, el crecimiento ha sido en términos reales, superior al 65 por ciento.

Así la buena economía, la economía fortalecida, permite la generación de recursos para una política social que promueva las condiciones de bienestar como elemento que hace posible el despliegue de las capacidades individuales, pero también el despliegue de las capacidades colectivas.

Hoy ya no basta con dar garantías a las libertades, es necesario asegurar que sean plenas, sin ineficiencias, sin excusas frente a las arbitrariedades; sin dilaciones en su reparación cuando han sido violadas.

Se trata de que cada mexicano sea plenamente libre, sin sometimientos ni coacción; que cada uno pueda expresar lo que piensa y encuentre los medios para hacerlo.

Porque limitar las libertades de un individuo es generar pérdidas a la nación. La convivencia social crea necesidades de reglamentar, pero a fin de asegurar el más amplio ejercicio de las libertades para todos; sin embargo, esa es la única estipulación admisible en su ejercicio.

Es necesario avanzar sobre un marco más amplio y eficiente de libertades.

Se abre ante nosotros la época de los derechos humanos; derechos políticos y sociales de carácter universal, primero; y ahora los derechos que garantizan el respeto a las diferencias y los que se refieren al ámbito de la vida privada.

Derechos, también, de nuestras comunidades indígenas y derechos de las mujeres y los jóvenes, derechos de los niños, de los impedidos y de la población de la tercera edad.

Pero para que así sea, es necesario considerar no sólo los aspectos jurídicos; es necesario considerar no solamente la expedición de justicia; es preciso también considerar los elementos de orden material y social que definen los niveles de vida.

Libertades plenas sólo pueden ser alcanzadas por individuos que disfrutan de vivienda, que tienen acceso a servicios de salud, que cuentan con educación y que cuentan con un empleo.

Con carencias en lo fundamental, el individuo se encuentra en peligro de aceptar condicionamientos que pudieran imponérseles en la satisfacción de sus reclamos; con la pobreza extrema se propician mesianismos, se propician caciquismos, se propician clientelismos y otras formas que tienden a manipular las voluntades libres.

Libertades y justicia se enlazan en nuestra concepción de democracia: condiciones de vida adecuadas para el ejercicio pleno de libertades, y la voluntad de cada ciudadano como el elemento insustituible para constituir gobiernos.

Estamos pues todos en la construcción de una nueva sociedad; de una nueva sociedad de mayores libertades; de mayores libertades para el individuo, pero también de mayores libertades inscritas en la vida comunitaria.

Son libertades que liberan la energía social; libertades para asumir compromisos; libertades de la corresponsabilidad, libertades de la Solidaridad.

Amigas y amigos:

Los nuevos métodos de acción gubernamental, los nuevos arreglos institucionales y los acuerdos sociales en nuestro país, buscan un compromiso más eficiente en la gestión pública.

Ustedes, como empresarios, jóvenes en su mayoría, están en una posición adecuada para impulsar acciones de desarrollo social y así, junto con los demás sectores de la sociedad, contribuir al progreso de México.

La reforma del Estado les abre nuevas oportunidades para la inversión en las áreas de la política social y ahí está la inversión del empresario mexicano en las nuevas carreteras; ahí está la inversión del empresario mexicano en las plantas de tratamiento de aguas residuales o en las plantas para proveer de agua potable a varias comunidades de nuestro país, y ahí está la inversión del empresario mexicano en la construcción de más y mejores viviendas.

Sin embargo, todo esto, a mi juicio, también los corresponsabiliza; los corresponsabiliza porque también ustedes son beneficiarios de las posibilidades que ofrece una nación como la nuestra: una nación con libertades, una nación con alternativas y oportunidades crecientes para la realización de las diferentes iniciativas: estado de Derecho y garantías jurídicas, paz y estabilidad social y un espacio abierto para la expresión de las ideas y el debate respetuoso.

En síntesis, un maravilloso país de oportunidades seguras para todos.

Que no se nos olvide: la grandeza de México la dan los mexicanos, sus regiones, sus estados, sus municipios, sus organizaciones, sus empresas, el coraje y la fortaleza de cada mexicano en los distintos rincones de la Patria.

Muchas gracias.