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Siglo XX > 1990-1999 > 1991

Discurso de Luis Donaldo Colosio. Conferencia sobre el tema:"Reforma del sistema político y perspectivas de los partidos".
Febrero 13, 1991

Presidente del CEN del PRI

México, D.F., 13 de febrero de 1991.
Unidad de Seminarios "Ignacio Chávez" de la UNAM.

"Debemos todos entender que el papel de la mayoría es gobernar, pero que esto implica respetar a las oposiciones. Las oposiciones deben entender, a su vez, que su papel no radica en la mera confrontación, que una oposición constructiva hace también gobierno al influir en ocasiones en forma determinante en las desiciones públicas".

Agradezco a los organizadores de este seminario la invitación que me hicieron a participar en él.

La UNAM, desde hace más de veinte años, ha sido, sin duda, el centro principal de reflexión e investigación en el campo de las ciencias sociales. A partir de sus trabajos y publicaciones todos los mexicanos hemos aprendido a interpretar mejor la historia del país.

Ahora qué mejor que estos análisis se alimenten con las reflexiones de quienes estamos comprometidos con las tareas de la práctica política. Porque la política sólo la podemos pensar en la pluralidad de las interpretaciones.

Para gobierno y partidos hay plazos improrrogables para tomar decisiones; sin embargo, el análisis sobre ellas ha de ser permanente. Gobernar mediante la discusión de las decisiones es una de las exigencias de la democracia.

Con estos antecedentes entiendo este encuentro como un ejercicio de análisis y contrastación de opiniones y posiciones que, por definición, debe estar alejado de todo proselitismo. Este principio imprime su carácter a este intervención. Pero acudo a esta reunión como presidente del Partido Revolucionario Institucional.

Cuando analizo la trayectoria de mi Partido y evalúo sus logros, no puedo caer en el triunfalismo. Reconozco que hay tareas pendientes. Pero de nada sirven tampoco la autodenostación o la crítica masoquista. La política es siempre decisión arriesgada.

No hay por eso, política sin error y sin correcciones permanentes. La política pretende preparar las condiciones para las mejores decisiones, pero nunca puede garantizar su éxito definitivo.

Los dos puntos de mi presentación serán:

El nuevo marco legal de la contienda democrática en México y las reformas que el Partido Revolucionario Institucional emprendió el año pasado; y en segundo lugar, las expectativas que, a partir de estos cambios, tiene el Partido sobre el sistema político en su conjunto y acerca de su propio futuro.

Independientemente de diversas interpretaciones posibles, las elecciones de los últimos años han mostrado la voluntad democrática de la sociedad y sus exigencias de pluralidad política.

En ellas el sufragio de la pluralidad ha hecho patente un consenso social básico: la convicción de sujetarse a la ley, de dirimir los conflictos en el marco de la legalidad, mejorando la norma si fuere necesario.

A partir de ese acuerdo el sistema político ha tenido la capacidad de procesar las tensiones surgidas de la crisis y de ofrecer cauces constructivos a la energía social.

El presidente Salinas recogió esta demanda ciudadana y propuso a la Nación un acuerdo para la ampliación de la vida democrática. El gobierno tomó así la iniciativa y tocó a las distintas fuerzas políticas alcanzar el consenso necesario para reformar el marco legal de la competencia democrática por el poder.

No voy hacer un recuento de todas y cada una de las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino que insistiré únicamente en el objetivo final de la reforma: la garantía de procesos electorales imparciales y la capacidad de integrar la voluntad ciudadana en el gobierno democrático del país.

En lo que hace a la imparcialidad, las modificaciones fundamentales fueron:

1. Una nueva autoridad electoral dotada de autonomía y con mayores equilibrios en sus órganos de dirección.

2. Profesionalización del servicio público electoral.

3. Nuevas modalidades en la calificación de elecciones.

4. Reforzamiento de las atribuciones del tribunal y descentralización de sus funciones, asegurándose la impartición pronta, ágil y expedita de la justicia.

En lo que se refiere al sistema de partidos y a las disposiciones que permiten la formación democrática del gobierno, las principales modificaciones fueron:

1. Procedimientos más confiables para la formación, revisión y depuración del padrón electoral.

2. Mejor delimitación y reglamentación en materia de prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos, garantizando a todos ellos igualdad de condiciones en la competencia.

3. Nuevas modalidades de financiamiento público para el fortalecimiento del régimen de partidos.

Por lo que toca a la capacidad del sistema electoral para recoger la expresión de la voluntad popular y formar gobiernos con capacidad de conducción política, las modificaciones incidirán principalmente en la forma de integración de la Cámara de Diputados.

Mi punto de vista es que el consenso alcanzado por los partidos para impulsar estas modificaciones resultó de la íntima vinculación que tienen estos dos aspectos: por una parte había que asegurar el respeto al sufragio, pero por la otra propiciar que ese respeto permitiera en todos los casos la conformación del gobierno. En suma, habrá que garantizar una democracia representativa y eficiente.

Estas son las reglas de la competencia democrática. Serán las que habrán de regular los procesos electorales de 1991. Las reglas de la democracia están fincadas en consensos mayoritarios y no se pueden alterar por oportunismos o por capricho de fracciones. En otras palabras, las reglas son perfectibles, pero no manipulables.

Según nuestro Partido, el país vive actualmente uno de los momentos más vertiginosos de su transformación: éste es el resultado de varias mutaciones de largo alcance, cuyos efectos se entrelazan para determinar la orientación de este proceso.

En los últimos 20 años se consolidó la sociedad urbana. En ella han perdido fuerza las vinculaciones tradicionales y aparece cada vez más como el punto de partida de la vida social. Se ha desarrollado una opinión pública consistente. Los medios masivos de comunicación son un elemento central de la vida nacional.

Es una sociedad más educada y mejor informada, más crítica y exigente.

La economía nacional se ubica entre las primeras quince y, frente a economías de tamaño similar, cuenta con un grado importante de diversificación. Vecinos de la todavía primera economía del mundo, estamos inmersos en los procesos de la globalización económica, cuando aún somos un país en desarrollo.

En esa tarea nuestra posición geográfica nos otorga ventajas estratégicas: en América del Norte, hacia las cuencas del Pacífico y el Atlántico y con relación al conjunto de las naciones de América Latina.

Somos también una sociedad atravesada por la desigualdad social, por pobreza, ignorancia y falta de oportunidades para todos.

Nuestros rezagos tienen origen complejo, inhiben el potencial de la sociedad y no son de fácil solución.

En esta sociedad, hoy las condiciones de la política son otras. Ha aumentado la competencia entre las opciones partidistas. Los grupos sociales y los ciudadanos demandan una política civilizada, constructiva, de acuerdos. Rechazan la imposición, el autoritarismo y la exclusión.

En su última Asamblea Nacional, el PRI analizó estas nuevas condiciones de la política. El proceso se inició a partir de la reflexión de los priístas sobre los retos que enfrentaba nuestra organización.

Después de meses de debate en las asambleas sectoriales, municipales y estatales, nos propusimos dar sentido a las demandas de los militantes, escuchar la opinión pública y tener presente errores e ineficiencias en algunos aspectos de la vida del Partido.

No reconocer resistencias en esta fase inicial de la reforma es autoengañarnos. Transformar un Partido como el nuestro es alterar la cultura del poder; es afectar intereses, terminar con obsolescencias y vicios pero sobre todo, es abrir las puertas a la cultura del compromiso.

Ante las profundas inercias que había que remover, hubo entonces toda una corriente de analistas que coincidían en el planteamiento de que la reforma, si bien era necesaria, era imposible.

No se concedía entonces, por muchos, seriedad y viabilidad a la intención de cambio. Estructuralmente, se decía, el PRI estaba incapacitado para acometer la tarea reformadora.

Sin embargo, llevamos a cabo una profunda transformación que alcanza la forma misma de hacer política en el Partido. Las reformas involucraron la Declaración de Principios, el Programa de Acción y transformaron los aspectos más relevantes de nuestra legalidad interna.

El Partido actualizó su posición política: libertades, democracia, justicia y soberanía, que son los valores fundamentales de la Revolución Mexicana.

El Partido renovó su organización para representar con mayor eficiencia los intereses diferenciados de una sociedad más compleja y plural.

Un nuevo Consejo Político agrupa a organizaciones sociales, estructura territorial, ciudadanos e intelectuales, permitiendo la conformación de una visión integrada de los intereses y posiciones políticas del Partido.

Contamos con un Comité Ejecutivo Nacional más ágil y flexible, acorde con las funciones sustantivas de un partido político.

Fincamos las bases de una nueva relación con nuestras organizaciones a partir de acuerdos y pactos de compromiso recíproco. Desaparecen militancias obligadas y se establece la política de convergencia en la vida cotidiana, con énfasis en el municipio, el barrio, la colonia, el ejido; en esto se fundamenta lo que llamamos en el PRI, la democracia territorial.

Reconocimos la afiliación individual como un derecho ciudadano. A partir de ello fijamos deberes y prerrogativas de los integrantes del PRI.

La selección de candidatos ha de ser en nuestro partido el resultado de una política democrática. Los priístas evaluarán militancia, credibilidad, capacidad, honradez y entrega de aquellos que aspiren a representar el Partido. Nuestro compromiso con la sociedad es presentar los mejores candidatos.

La nueva normatividad alienta el ejercicio de una política de principios y se propone acabar con los intereses patrimoniales y caciquiles; esa es la condición para que el Partido promueva y represente los intereses nacionales, asumiendo los específicos de las regiones, municipios y grupos sociales.

Nuestras reformas tienen como propósito fortalecer la credibilidad del PRI. Nuestro problema no es de legitimidad sino de credibilidad, que habremos de recuperar con la nueva actitud frente a la política.

Una ética de responsabilidad que sustente una cultura del compromiso. El diálogo, la concertación y el valor de la palabra empeñada.

El PRI no requiere una política de medias verdades; desea relaciones claras, abiertas, fincadas en el consenso y en la discrepancia razonada. Nuestra credibilidad quiere descansar en esa nueva ética de la política.

Estas son nuestras principales líneas programáticas. La Asamblea Nacional propuso una forma diferente de hacer la política. Fue una reforma de naturaleza política, acorde con nuestra vocación de poder, realista y viable. Toca a todo el Partido llevarla a la práctica.

La diversidad política de la sociedad ha de conducir a la conformación y el perfeccionamiento de instancias que la representen con fidelidad en el ejercicio del poder del Estado. Este es el papel de los partidos políticos.

En la divergencia y en la competencia de los partidos hay dos elementos principales: por una parte un acuerdo en lo fundamental, que da base a su participación; por la otra, una clara diferenciación de posiciones, que es lo que alienta la competencia.

Si no hay acuerdo en lo fundamental no hay posibilidades de integrar un verdadero sistema de partidos, porque habrá fuerzas que tratarán de trastocar el marco mismo en donde se da la concurrencia de las fuerzas políticas y las reglas que norman su participación.

Si, por el contrario, no hay una clara diferenciación de posiciones, la contienda política se vuelve irrelevante y no satisface las aspiraciones y los criterios de los distintos grupos sociales.

En el caso de México yo estimo que hay una profunda coincidencia de todos los partidos en lo que hace a los principios generales que nos definen como Nación.

Creo también en cada fuerza política que postula diferentes objetivos y estrategias para alcanzarlos, que puedan ser evaluados adecuadamente por el electorado para definir sus preferencias.

Con estos dos puntos a favor, estamos ante la gran oportunidad de afianzar nuestra democracia y perfeccionar nuestro sistema político.

Sin embargo, en mi opinión, aún existen resabios de intolerancia y diversos vicios tanto en la mayoría como en las oposiciones. Dejar que estos predominen puede enturbiar un futuro prometedor.

Debemos todos entender que el papel de la mayoría es gobernar, pero que esto implica respetar a las oposiciones.

Las oposiciones deben entender, a su vez, que su papel no radica en la mera confrontación, que una oposición constructiva hace también gobierno al influir, en ocasiones en forma determinante, en las decisiones públicas.

Por todo esto, nos hemos propuesto consolidar la democracia en un régimen responsable y plural de partidos.

Asimismo, nos hemos fijado tres compromisos fundamentales: un compromiso consigo mismo, ante la sociedad y un compromiso ante la Nación.

Un compromiso del Partido consigo mismo, para llevar a la práctica los acuerdos de la XIV Asamblea: ampliar la democracia interna, aplicar las nuevas normas para la selección de candidatos y dirigentes, impulsar y revalorar la militancia, consolidar un partido de ciudadanos, organizaciones y sectores, que fortalezcan nuestra presencia en todos los ámbitos de la vida política y social de México.

Un compromiso ante la sociedad, que permita ratificar nuestra autoridad política y moral, con dirigentes y candidatos honestos, con credibilidad, con sentido social. La sociedad quiere compromisos reales de los partidos.

El nuestro aspira representar mejor sus intereses, precisando nuestra oferta política y recogiendo ordenadamente sus demandas.

Un compromiso ante la Nación, que asegure una defensa activa de nuestra soberanía y consolide un lugar digno para México en el concierto de las naciones; una defensa irrestricta de los derechos humanos y de las libertades políticas y civiles.

Un compromiso que se funde, ante todo, en la preservación del Estado de Derecho, en la ampliación del régimen de libertades y en la promoción de la justicia y una vida digna para todos.

Para terminar reitero que el PRI cumplirá con su parte en el esfuerzo por elevar la calidad de nuestra democracia.

Pero una democracia plena ha de ser obra común de los partidos y por ello nos debe involucrar a todos.