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Siglo XX > 1980-1989 > 1987

Quinto Informe de Gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
lo. de septiembre de 1987.

Discurso del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1987.

Honorable Congreso de la Unión;

Mexicanos:

Durante casi ya cinco años, sociedad y Gobierno hemos trabajado juntos con tenacidad para superar enormes dificultades.

Hemos enfrentado la crisis económica más dura de nuestra historia contemporánea con un profundo sentido de renovación.

Nos comprometimos a librar una ardua batalla por la nación, no sólo para controlar la adversidad, sino también para modernizar las instituciones y la economía.

Lo hemos hecho reafirmando principios y valores fundamentales.

Y lo logramos en un clima de libertad, paz social, estabilidad y creciente solidaridad entre los mexicanos.

Al enfrentar desafíos, de una magnitud sin precedente, rechazamos tajantemente experimentar con el destino de la nación.

Gobernar al gran pueblo mexicano ha exigido una prudente política constante para discernir entre lo conveniente y lo inconveniente; y poder así evitar y prevenir males mayores; ha demandado también actuar con firmeza y rapidez para hacer frente a lo inesperado.

Descartamos la postura de contemporizar con los problemas y hemos preferido siempre conducir el cambio que aceptarlo como fatalidad.

Con responsabilidad y prudente audacia, nos hemos lanzado a la gran tarea de la renovación nacional.

En el mundo complejo e incierto en el que vivimos, hemos dado las batallas que han sido necesarias.

Lo hemos hecho con la seguridad de que contamos con la fuerza para ganarlas, con la fe inquebrantable de que México es más grande que sus problemas.

Hemos usado el poder de la acción para dar forma y sentido a los acontecimientos, bajo la guía de la razón y el consenso social.

El periodo al que corresponde este Informe cubre el final de un año de enormes retos económicos para los mexicanos.

En 1986 cayeron abruptamente los precios internacionales del petróleo y disminuyó nuestro volumen de exportación.

Además, sufrimos un grave deterioro en los términos de intercambio de otras materias primas.

Nuestras exportaciones generaron menos divisas y no tuvimos acceso al crédito externo.

Dejamos de percibir ingresos por un monto superior al valor de toda la producción agropecuaria del país.

A estas calamidades habría que agregar la secuela económica de los terremotos de septiembre de 1985 que todavía resentimos el año pasado.

En el contexto de cuatro años de esfuerzo y sacrificio para resolver nuestros apremios, este trastorno económico, de mucha mayor magnitud que el de 1982, provocó una nueva crisis económica que a muchos pareció explosiva.

Las predicciones, dentro y fuera del país, estimaban esta situación como inmanejable.

Se presagiaron quiebras masivas, desempleo generalizado y espiral hiperinflacionaria.

Se vaticinó fractura y retroceso.

Entendamos el reto y sus circunstancias para evaluar lo hecho.

Ante dificultades de tal dimensión, no quedaba sino actuar con decisión y energía.

El esfuerzo de los mexicanos por salir adelante no se inhibió por titubeos o temores catastróficos infundados.

Profundizamos lo que veníamos haciendo para contrarrestar los efectos inmediatos de la adversidad y, simultáneamente, poner remedio firme a nuestras dificultades.

Se actuó con oportunidad para ejecutar los programas anunciados.

Participamos todos los mexicanos.

El mérito es de todos.

La política económica puesta en marcha permitió que la sociedad no sufriera desabasto, que se realizarán las importaciones necesarias y se alcanzará el nivel más alto de exportaciones no petroleras, superando incluso a las de este carácter.

El aparato productivo y el sistema financiero resintieron los efectos de la aguda escasez de recursos, pero continuaron operando en forma adecuado.

La flexibilidad de las medidas de contención adoptadas evitó un ajuste brusco y su consecuente costo social.

El manejo económico propició un importante regreso de capitales y se registró un aumento sustancial en las reservas monetarias del país.

Existen ya elementos alentadores en el panorama de este año: el precio internacional del petróleo tiende gradualmente a aumentar; lo peor de la caída de los términos de intercambio parece haber quedado atrás; el turismo está en expansión; las exportaciones no petroleras conservan el importante dinamismo del año pasado; hemos concluido en el primer cuatrimestre del año la renegociación de la deuda externa considerada, a la fecha, como la más avanzada en el ámbito internacional; nuestras reservas internacionales continúan creciendo; los depósitos en los bancos comerciales han empezado a recuperarse en términos reales; la recesión muestra signos de haber tocado fondo, y se ha iniciado ya una reactivación gradual.

La inflación sigue alta, pero no está desbocada, y se han tomado medidas adicionales para moderar su ritmo.

Lo que más nos alienta es que notamos un ambiente cada vez más positivo entre los diversos sectores de la sociedad, cuyas expectativas son más optimistas.

En lo que respecta al desarrollo social, se ha emprendido también una renovación nacional, sustentada en el cambio estructural y la transformación institucional, para elevar el nivel de la población y para mitigar los efectos negativos de la crisis económica.

Sólo con una vida institucional y democrática y con una economía sana productiva y eficiente, se puede lograr la justicia social que por generaciones ha constituido el objetivo superior de los mexicanos.

El Constituyente Permanente reformó los artículos constitucionales 4 y 123 para garantizar el derecho a la vivienda, la salud y una más efectiva protección del salario de los trabajadores.

Estas reformas se han traducido acciones que han permitido dar una clara orientación social a la política del Gobierno.

En circunstancias en que la población trabajadora crece a las tasas más elevadas de nuestra historia, hemos continuado la labor de atender las crecientes necesidades de alimentación, educación, vivienda, salud y un medio ambiente digno.

Lo hemos hecho con menores recursos, pero con mayor eficacia y reforzando las bases para una justicia duradera.

Hay un claro propósito social en la renovación nacional.

Se ha protegido la planta productiva y el empleo, y han merecido especial atención el abasto y la distribución de productos básicos.

Se ha avanzado en el mejoramiento de las condiciones desiguales de intercambio entre el campo y la ciudad, y se han otorgado grandes apoyos a la producción y organización agrícolas.

Como resultado, hemos logrado autosuficiencia en trigo, arroz, frijol y azúcar, y tenemos un superávit en el comercio exterior agropecuario.

No puede haber crecimiento sostenido ni avance social duradero sin una economía estructuralmente sana y fuerte.

Por ello, la política económica de los últimos cuatro años ha partido de esta tesis básica: para superar desequilibrios cuyos orígenes son de naturaleza estructural, es necesario articular medidas que reduzcan la inestabilidad económica y el costo social resultante de la crisis con acciones que ataquen sus causas de fondo.

El Plan Nacional de Desarrollo definió así, desde mayo de 1983, una estrategia que, a pesar del entorno internacional adverso, no ha variado en su concepción general.

La reordenación económica y el cambio estructural han constituido dos elementos medulares de la renovación nacional.

Las acciones emprendidas han permitido un saneamiento considerable de las finanzas públicas.

Antes del pago de intereses, se observa un superávit sin precedente, resultado de la contracción del gasto público y, en forma incipiente, de los efectos de la reforma fiscal.

Hemos continuado la política de desincorporación de entidades que no son estratégicas ni prioritarias, y a la vez, nos empeñamos en el fortalecimiento de las que sí lo son.

Con los recursos financieros y la capacidad administrativa que libera el proceso de desincorporación, apoyamos selectivamente programas prioritarios de gasto, y hemos iniciado con paso firme la reconversión en las industrias petrolera, eléctrica, siderúrgica, azucarera, naval y de fertilizantes.

También están en marcha importantes programas de modernización de los ferrocarriles y del sistema de comercialización y abasto de productos básicos.

La racionalización del que hacer del sector público ha partido de una definición clara y moderna del papel que tiene que desempeñar el Estado en la economía y de los fines que han de orientar su acción.

La sociedad mexicana no quiere un Estado débil, con déficit crónico, cuya dimensión o intervencionismo indiscriminado le resten capacidad de acción eficaz y conducción clara.

Quiere un Estado fuerte que dirija al país, respete y estimule la libertad y la capacidad de innovación de los mexicanos, y cumpla su deber de promover el interés general con eficacia.

Seguimos un intenso proceso de racionalización de la protección comercial para inducir mayor eficiencia y competitividad en la industria nacional.

En 1982, todo el comercio exterior estaba sujeto a restricciones cuantitativas y a precios oficiales, lo cual implicaba un nivel excesivo de proteccionismo que afectaba negativamente la eficiencia y la competitividad de nuestra economía.

Ahora, la industria nacional está protegida por un tipo de cambio adecuado, una estructura arancelaria racional en un marco legal actualizado y un aparato administrativo moderno que permite a los productores mexicanos defenderse de las prácticas desleales de comercio.

Al ratificarse nuestra adhesión al GATT, se asegura continuidad en el proceso de apertura comercial de nuestra economía.

El esfuerzo por corregir desequilibrios y cambiar profunda y positivamente nos ha llevado a conceder la mayor importancia a la descentralización y a la conformación de un Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Con aquélla, equilibramos el desarrollo de las distintas regiones que integran la República transferimos recursos, áreas de actividad y decisiones.

De la planeación hemos hecho un medio eficaz de concentración política, de conducción y coordinación intergubernamental, y un canal permanente para articular demandas de la sociedad, promover la participación y lograr el consenso social.

Sin embargo, debemos reconocer el impacto social desfavorable que esta situación económica provocó.

El salario real cayó; la elevada inflación lastima particularmente a los grupos más débiles; el nivel de bienestar, mermado ya por la crisis anterior, se vio reducido, y la sociedad vivió un período de agobio.

Empero, si bien hubo una caída del producto, ésta no alcanzó la profundidad que se anticipaba al inicio de esta nueva crisis; la inflación no se disparó; se ha logrado evitar que el desempleo abierto aumente en forma sustancial e incluso, el número de trabajadores inscritos en el Seguro Social mantiene una tendencia positiva de crecimiento.

Evitamos el desquiciamiento de la economía nacional.

Evaluemos el esfuerzo frente al desafío, para fortalecer nuestra confianza ante la hazaña realizada Lo que afirmo no es para vanagloria del Gobierno; es un justo reconocimiento para todos los mexicanos.

Siete tesis políticas han articulado pensamiento y acción de mi Gobierno.

Tesis que recogen los valores y principios de la Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución, que asimilan las demandas de los grupos sociales más amplios y que, a la vez, han permitido adoptar ideas fundamentales para la nación a la nueva realidad que vive el país.

Guiados por estas tesis, reafirmamos la validez del proyecto nacional y la capacidad de renovación del sistema político.

Fijamos objetivos y estrategias, realizamos reformas y emprendimos acciones.

El Gobierno ha mantenido una línea consiente.

Se ha dicho que se va a hacer y en ello se ha perseverado.

La renovación implica transformación ordenada y eficaz.

En México tenemos una vigorosa tradición que concibe el derecho como instrumento de perfeccionamiento social.

En cada momento, el derecho debe reflejar la nueva realidad del país, a la vez, sentar las bases para etapas superiores de su modernización política, económica y social.

Para la consecución de los grandes cambios cualitativos que conlleva la renovación nacional, es requisito la vigencia efectiva del Estado de Derecho.

Conforme a estos principios, desde el inicio de esta administración se ha venido realizando una profunda reforma jurídica con el propósito de establecer el marco de la renovación nacional.

Se ha enriquecido nuestro orden constitucional y legal.

Se reafirmaron los valores fundamentales y, a partir de ellos, se precisaron instrumentos y áreas de competencia para que el Estado cumpla de manera más eficaz sus funciones de rectoría y para que la sociedad pueda ejercer en forma más efectiva sus derechos y desarrollar su libertad.

Optamos por apoyarnos en las instituciones y, a la vez, perfeccionarlas para lograr una mayor y mejor vida democrática.

No nos hemos apartado de los principios políticos fundamentales de la Revolución, pero cambiamos actitudes y formas de hacer política.

Se ha establecido y aceptado ampliamente el diálogo y la participación como ejercicios permanentes para la negociación y la solución ordenada de los conflictos.

Se han fortalecido las instituciones para que se mantengan como ejes esenciales del desarrollo del país y de la convivencia armónica entre los mexicanos.

Dentro del proceso de renovación nacional, propusimos modificaciones a la Constitución que permitieran una ampliación de la participación política y de la confianza de los ciudadanos en el ejercicio libre del voto.

Se han reformado los procesos electorales para hacer más transparentes sus resultados, facilitar las formas de expresión de las distintas ideologías, elevar la calidad y confiabilidad del padrón de ciudadanos, acrecentar la participación y la representación de la capital de la República y dirimir las inconformidades ante un nuevo tribunal federal electoral.

La paz, la libertad y el respeto a todos los grupos y tendencias políticas son la piedra angular de la verdadera vida democrática.

En México, los partidos políticos desarrollan sus actividades libremente, proponen, debaten, denuncian y critican sin cortapisas, lo cual enriquece nuestro pluralismo y demuestra la madurez de nuestro pueblo.

Al afán de perfeccionar nuestra vida política, corresponde el fortalecimiento de la división de poderes, equilibrio indispensable en una democracia.

El Poder Legislativo aumentará el número de sus integrantes y sesionará en dos periodos ordinarios, para contar con mayor tiempo en el desempeño de sus importantes tareas.

El Poder Judicial se ha fortalecido con la reforma que devuelve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su misión original de ser el intérprete definitivo de la Constitución.

Además, hemos logrado que la administración de justicia sea más expedita, lo que ha coadyuvado a sostener la paz social que vive el país.

Por su parte, la renovación moral ha sentado nuevas pautas de conducta en la gestión pública, simplificado y agilizado procesos administrativos, así como establecido un clima de mayor confianza entre servidores públicos y los ciudadanos.

De manera destacada, se ha reactivado el pacto federal para fortalecer a los gobiernos estatales y al municipio, célula política de la democracia en México.

Descentralizar competencias, facultades y recursos ha permitido que las decisiones se tomen más cerca de las comunidades a las que van a afectar.

Estamos logrando una democracia territorialmente más extendida y enraizada y una mayor eficacia en la administración pública.

Nuestras fronteras, como el resto del país, se encuentran en paz.

Somos una nación con peso y autoridad en los escenarios internacionales.

Hemos renovado también la política exterior, adecuándola a las condiciones internas y a las circunstancias prevalecientes en el mundo.

Conforme a nuestros tradicionales principios políticos y al derecho internacional, hemos asumido una posición activa que no sólo defiende, sino que promueve los intereses de México en el exterior, con ideas firmes y acciones prácticas.

Las actuales dificultades que México enfrenta, como las del pasado, están cediendo, no por inercia, sino por la acción decidida del pueblo y del Gobierno.

Los resultados están a la vista de todos: disfrutamos plenamente de nuestras libertades y ejercemos nuestros derechos; los problemas más naturales de la convivencia se resuelven mediante el diálogo y la negociación; los servicios públicos y sociales esenciales operan a niveles adecuados, y se aprecia una elevación de su cobertura y calidad.

En todo el territorio nacional, prevalece un ambiente de paz y trabajo.

La crisis que vivimos es principalmente urbana, financiera e industrial, y por ello, sus efectos de dejan sentir con mayor fuerza en el centro del país.

La mayoría de los estados de la República mantienen sus niveles de inversión pública y privada y, en algunos casos, se observa un mayor dinamismo.

En muchas regiones, se realizan hoy intensas actividades de promoción y fomento económico, se impulsa el desarrollo social, se crean empleos, y se inicia una nueva etapa de desarrollo integral.

Tenemos la certidumbre de que la estrategia seguida es la congruente con los principios y valores fundamentales de la Revolución, la apropiada a las necesidades del país y la que responde a las demandas de cambio de la población.

Sabemos que cambiar cuesta trabajo, que los cambios de fondo no siempre calan de inmediato en la conciencia o en la realidad.

La inercia de la costumbre hace más fácil preservar que transformar, andar lo andado que emprender el cambio.

La labor de un pueblo para encontrar el justo medio entre la seguridad y la innovación requiere de gran sabiduría.

México, sin duda, la tiene.

Los mexicanos estamos recimentando bases políticas, económicas y sociales para ser una nación moderna, más fuerte y más justa, capaz de mantener su lugar y personalidad propia en el mundo.

En estos años hemos vivido abnegadamente, pero no resignados ante la adversidad.

El esfuerzo ha sido grande.

Requerimos todavía constancia y empeño para cumplir con los propósitos que nos hemos marcado.

Los desafíos son múltiples.

Desterremos pesimismo, desesperación y nostalgia, y combatamos todo aquello que, al pretender dividimos en lo fundamental, atenta contra la paz social y la estabilidad política de México.

La estrategia de cambio estructural sanea y refuerza las bases de nuestra economía.

Para los problemas que aún subsisten, tenemos soluciones por aplicar.

Los fenómenos económicos tienen su ritmo y equilibrio.

Durante este año, no hemos pretendido, por impaciencia, forzar resultados, pues hubiéramos corrido el riesgo de desperdiciar el esfuerzo y el sacrificio que los mexicanos hemos soportado.

Gobernamos para consolidar lo hecho, no para arriesgarlo.

La historia nos enseña que en México los grandes cambios, que lo han transformado y fortalecido, se han dado dentro del programa de la Revolución, por medio de las instituciones políticas y sociales que los mexicanos hemos construido y perfeccionado en el marco de la Constitución.

La nación se renueva y fortalece.

Contamos con el vigor institucional, con los hombres, las leyes, los recursos y voluntad para seguir manteniendo vigente el Estado de Derecho; para perfeccionar nuestra vida democrática; garantizar plenamente la soberanía nacional y el disfrute de las libertades, bienes y derechos de los individuos; para seguir construyendo las bases estructurales de una economía sana, dinámica y productiva, que distribuya más equitativamente el ingreso nacional y nos permita alcanzar una sociedad más igualitaria y más justa.

Por mandato popular y decisión política, seguiremos renovando a la nación en forma democrática y dentro del Estado de Derecho.

Es la reciedumbre institucional de México la que nos permite sortear dificultades, cambiar estrategias y tácticas, y mantener el rumbo de nuestra historia.

El avance material poco vale sin instituciones democráticas y sin progreso social.

Sólo las instituciones cuya finalidad es el desarrollo integral pueden conseguir seguridad y bienestar para los mexicanos.

Por ello, trabajamos en todos los frentes y lo hacemos con mayor conocimiento y estrategia.

Hoy nadie duda de la viabilidad de la nación.

El mundo observa con respeto lo que hemos realizado.

No todos nuestros problemas están resueltos, pero tenemos mayor conciencia de lo que queremos hacer y mayor seguridad de cómo lograrlo.

La transformación política, económica y social que hemos emprendido no es una labor de acciones espectaculares.

Es fruto del esfuerzo tenaz y del trabajo diario, de ir resolviendo con firmeza y serenidad, paso a paso, área por área, asunto por asunto, los complejos y apremiantes problemas del país.

México es una nación madura que ha aprendido en la adversidad la virtud de la fortaleza y el valor de la verdad para mantenerse unida.

Hemos atacado los problemas con decisión, sin demagogia.

Hemos trabajado con dirección, orientación social, consistencia y claro sentido de la modernidad que los mexicanos queremos.

Nos hemos apegado invariablemente a la Constitución y al mandato de la voluntad popular.

México avanza con armonía y acompasa los ritmos de la acción en la política, la economía y la sociedad.

Ello ha permitido equilibrio y estabilidad, fortaleza frente al exterior y solidaridad interna.

Tenemos la certeza de que la renovación nacional es el camino para mantener la unidad, preservar soberanía e independencia, fortalecer democracia y libertad, y cumplir con el mandato constitucional de justicia y bienestar para los mexicanos.

Hoy tenemos una mejor perspectiva.

Estamos de lleno en la conducción de un proceso de cambio en la política, en la economía, en la sociedad y en la cultura.

El cambio ya no es sólo propósito del Gobierno, sino que se ha convertido en conciencia y demanda social.

Está surgiendo un México nuevo, un México más vigoroso.

1. Política del Estado Mexicano 1.1.

Política interior 1.2.

Con talento y trabajo, los mexicanos hemos construido a lo largo de muchas décadas un sistema político sólido, con una gran capacidad de adaptación y de cambio.

Apoyados en él y en sus instituciones, hemos podido resolver con eficacia los distintos problemas derivados del desarrollo y de la creciente complejidad social y política del país.

Hoy, gracias a ello, enfrentamos la crisis y estamos llevando a cabo una profunda renovación nacional, que fortalece la democracia y garantiza la soberanía de la nación.

Han sido tiempos de esfuerzo, empeño y de resultados.

La sociedad actual es más dinámica y participativa.

El Gobierno es más moderno.

Un Estado plural como el mexicano, sensible al cambio que está ocurriendo, reafirma la democracia como propósito permanente de su acción.

Por ello, en el período que se informa, promovimos diversas iniciativas para abrir mayores espacios de participación política.

Toda reforma, para que sea duradera y arraigue en la sociedad, necesita ser analizada, discutida y criticada por todos los grupos sociales.

Por eso, las reformas a los preceptos constitucionales relativos a la integración y funcionamiento del Congreso de la Unión, la creación de una Asamblea de Representantes del Distrito Federal y la promulgación de un nuevo Código Federal Electoral, surgieron de una amplia consulta popular, en la que intervinieron partidos y asociaciones políticas nacionales, organizaciones sociales, instituciones académicas y ciudadanos en general.

Se escuchó a todos los grupos quienes gozaron de una irrestricta libertad para expresar y defender ideas y posiciones.

A todos se consultó y la mayoría dedicó.

Así funcionan las democracias.

La reforma aprobada mantiene el sistema electoral mixto que permite la integración de una mayoría efectiva y la representación de las diversas corrientes minoritarias sin que se disperse la voluntad popular o se pulvericen las fuerzas políticas.

La Cámara de Diputados ampliará sus escaños de representación proporcional y reflejará con mayor fidelidad el carácter plural de la sociedad mexicana.

Los partidos minoritarios aumentarán su presencia y su voz en este foro, toda vez que les corresponderá, como mínimo, el 30% del total de las curules.

En el caso del Senado, se vuelve al modelo original de renovar la mitad de sus integrantes cada tres años, para garantizar la continuidad de sus trabajos legislativos y lograr una mayor presencia del órgano representante del pacto federal en la vida política del país.

Los partidos políticos son protagonistas esenciales del proceso electoral.

La Constitución les otorga el carácter de instituciones de interés público.

Tienen derechos, pero también obligaciones y responsabilidades; la democracia así lo exige.

El Código Federal Electoral les amplia apoyos y prerrogativas, ensancha su participación y sus garantías en todas y cada una de las fases del proceso electoral, les da un mayor acceso a los medios de comunicación social; además, facilita la concentración de coaliciones que unifiquen fuerzas políticas afines, al precisar mecanismos y requisitos para tal efecto.

Ideologías encontradas y tácticas de lucha encienden con frecuencia la pasión y pueden dar pie a interpretaciones erróneas de los procesos electorales.

El Gobierno desea mantener y reforzar la confianza de los ciudadanos en el voto.

Para garantizar mejor la imparcialidad, legalidad y transparencia de las elecciones, se creó un Tribunal de lo Contencioso Electoral, autónomo para resolver los recursos de apelación y queja e integrado por jurisconsultos de reconocido prestigio y solvencia moral, nombrados, a propuesta de los partidos políticos, por el H. Congreso de la Unión.

La ciudad de México, por sus dimensiones, densidad demográfica y su carácter de asiento de los Poderes Federales, es una urbe de una complejidad extraordinaria, tanto en la administración de los servicios públicos, como en la integración de su autoridad.

Aquí no se pueden aplicar fórmulas útiles para otras ciudades.

En tal sentido, el Constituyente Permanente aprobó el mes pasado la iniciativa de reforma constitucional para crear la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Con esta reforma, se amplían los mecanismos de representación ciudadana en la capital de la República.

Respondemos así a una demanda recogida durante mi campaña política y confirmada en las audiencias de consulta popular con el establecimiento de una novedosa institución de derecho político.

Estas transformaciones en materia electoral constituyen un adelanto significativo en el perfeccionamiento de nuestro régimen democrático.

La imparcialidad en las elecciones está garantizada.

Gobierno, partidos y ciudadanos son corresponsables del cumplimiento de todos y cada uno de los pasos que requiere el proceso electoral, tal y como corresponde a una sociedad madura y plural como la mexicana.

Hemos renovado el sistema electoral mexicano.

Con este nuevo espíritu, la Comisión Federal Electoral supervisó y apoyó a las comisiones locales para que los comicios realizados en este periodo se apegaran estrictamente a los ordenamientos en la materia.

Se celebraron, con toda normalidad, elecciones para gobernador en Veracruz, Aguascalientes, Tlaxcala, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit y Estado de México.

Se eligieron 505 ayuntamientos en nueve entidades y se renovaron 12 congresos locales.

La seguridad pública es una prioridad del Gobierno.

Sabemos que las grandes transformaciones que se están operando en el mundo, también han traído consigo cambios profundos en los patrones de valoración de los pueblos y graves patologías que afectan la conducta social.

Estos factores, entremezclados con el acelerado crecimiento urbano, el incremento de los índices demográficos, los efectos que la crisis ha generado en nuestro país y la desatención en que durante muchos años se mantuvo a los cuerpos policiacos, han dado lugar a actividades antisociales y delictivas que dañan la convivencia en nuestra sociedad.

El proceso de renovación nacional demanda la modernización de nuestro sistema de procuración e impetración de justicia y exige que nuestra sociedad cuente con cuerpos de policía cada vez más profesionales y eficientes; requiere también de una gran responsabilidad ciudadana y conciencia cívica.

La seguridad pública nos atañe a todos.

Por ello, en estrecha colaboración con los gobiernos estatales y municipales y con los grupos sociales representativos, nos propusimos trabajar aceleradamente en la labor de dignificar y hacer más profesionales los servicios judicial y policíaco.

Con ese fin, hemos avanzado en la implantación de un sistema coordinado de seguridad federal y local para brindar a los ciudadanos una verdadera protección, un auténtico ambiente de paz y tranquilidad.

Nuestro propósito aún no se logra con plenitud.

Me preocupa profundamente el problema de la seguridad pública.

Sé que todavía hay graves diferencias.

De ahí mi propósito de redoblar esfuerzos, de no cejar en este empeño.

Solicito nuevamente la colaboración de los gobiernos de los estados y la participación solidaria y decidida de toda la sociedad.

La división de poderes es valor democrático esencial.

En México, la perfeccionamos y fortalecemos en forma permanente para asegurar que las relaciones entre ellos se den en estrecha colaboración y respeto mutuo.

Mención especial merece la reforma que confiere autonomía presupuestaria a los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión.

El respeto irrestricto a la libertad de expresión en cualesquiera de sus formas es característica fundamental de un régimen democrático.

No puede existir una democracia auténtica si se oculta o distorsiona la realidad.

La sociedad necesita estar informada con veracidad.

Los medios de comunicación tienen la elevada responsabilidad de informar objetiva y oportunamente a la opinión pública, y de orientarla mediante análisis críticos y juicios diversos.

En estos años se ha garantizado que nuestro sistema de comunicación social refleje el pluralismo político de nuestra sociedad.

Necesitamos seguir democratizando la información.

Continuamos empeñados en la modernización y racionalización de los medios de comunicación social del Gobierno.

En el área de radio y televisión, hemos incrementado el número de repetidoras, especialmente en las zonas fronterizas, a fin de difundir programas que resalten nuestros valores culturales e históricos y las costumbres del país.

Reforzamos así identidad, independencia y soberanía.

Una vez más, reiteramos que no hay crecimiento económico capaz de satisfacer las necesidades de una sociedad, si ésta registra tasas de crecimiento demográfico desproporcionadas a su capacidad de desarrollo, como las tenidas por nuestro país durante las últimas décadas.

Existe ya entre los mexicanos la comprensión del problema del crecimiento de la población y se cobra conciencia de la necesidad de moderarlo.

El Gobierno ha utilizado, en este sentido, todos los recursos disponibles, con pleno respeto a las libertades; convenciendo y no imponiendo, respetando invariablemente la libertad y dignidad de la familia mexicana.

Los contenidos de las campañas de educación y comunicación social empiezan a convertirse en realidad.

Existe progresivamente una paternidad responsable y la pareja planifica su familia de manera libre e informada.

Las instituciones de salud seguirán brindando los apoyos a las orientaciones que la sociedad demanda en esta materia.

Los logros son ya importantes, pero debemos mantener los programas en marcha.

Estamos en condiciones de cumplir la meta de tener una tasa de crecimiento de la población de 1.9%, para el final de esta administración, cuando al iniciarla ésta era de 2.6%.

No obstante que la población crece a tasas menores que las registradas en décadas pasadas, hoy somos aproximadamente ocho millones más de mexicanos que al inicio de esta administración.

La explosión demográfica de los años sesentas ha provocado la consecuente presión sobre la demanda de alimentación, educación y salud.

En condiciones normales, esto, por si mismo, significaría un reto de considerable magnitud; con mayor razón lo es en momentos de escasez de recursos.

Por ello, hemos introducido criterios demográficos como elementos fundamentales en el diseño de nuestra política económica, que establece relaciones entre el empleo y la distribución territorial del crecimiento, y busca dotar de satisfactores básicos a la población, en especial, a las nuevas generaciones para asegurarles un futuro digno; lo hemos hecho mediante diversas políticas que incluyen la atención a las mujeres y a los jóvenes.

No podemos soslayar la necesidad de mejorar la distribución territorial de la población, de vincular y articular nuestras políticas en función de nuestro pueblo, de su número, su edad y de la calidad de vida que merece y exige.

La migración internacional, fenómeno que ocurre principalmente entre países limítrofes y con distinto grado de desarrollo, se ha visto acentuada en nuestro caso, por las dificultades económicas que hemos padecido y, también, por la demanda de mano de obra de nuestros vecinos.

La alta estructura salarial de los Estados Unidos de Norteamérica siempre ha resultado atractiva para compatriotas que, desgraciadamente, no cuentan, en muchos casos, con oportunidades de empleo bien remunerado en sus lugares de origen.

Se trata de mexicanos trabajadores y bien intencionados que, con su esfuerzo, contribuyen en forma importante a la economía de varias regiones norteamericanas.

Sin embargo, en muchas ocasiones no se les reconoce esta aportación y se les trata en forma discriminatoria.

Nuestra posición frente a este fenómeno es invariable; exigimos respecto, trato justo y cumplimiento de la ley.

Seguiremos insistiendo ante el Gobierno de Estados Unidos, utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance, los jurídicos, los políticos y los diplomáticos, para que nuestros compatriotas que se encuentran allá gocen de las garantías y prerrogativas que como personas merecen y que con su trabajo se han ganado.

México sigue cumpliendo con sus obligaciones humanitarias al atender con esmero y respeto a los refugiados guatemaltecos.

Ya no se observa un aumento importante de estos flujos migratorios.

Hemos convenido con el Gobierno de Guatemala métodos y programas para su repatriación gradual con absoluto respeto a la libre decisión de los emigrados.

En estos programas, seguimos contando con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas.

Los devastadores terremotos de hace dos años hicieron cobrar conciencia a todos los mexicanos de la necesidad inaplazable de estar preparados para que, ante la eventualidad de volver a vivir situaciones de desastres naturales, tengamos capacidad de respuesta efectiva y oportuna.

Con ese propósito, sociedad y Gobierno hemos venido consolidando un Sistema Nacional de Protección Civil, en el que se establece un conjunto ordenado de estructuras, relaciones, funciones, métodos y procedimientos, con la participación de los tres órdenes de Gobierno y de los grupos sociales, que nos prepare para hacer frente a cualquier siniestro.

La conformación del Mapa Nacional de Riesgo constituye una primera aportación significativa de este sistema.

1.2 Reforma jurídica y procuración de justicia

Todo Estado de Derecho tiene que estar asentado en un orden que dé certidumbre a los ciudadanos frente a los actos de Gobierno, que garantice sus derechos, libertades y propiedades, y que repare cualquier violación a las normas jurídicas.

Para fortalecer el Estado de Derecho y tutelar más eficazmente al individuo y sus derechos, venimos realizando una profunda reforma que fortalece al Poder Judicial Federal, así como al de las entidades federativas.

A ella han contribuido servidores públicos de los tres poderes, tanto de la Unión, como de los estados, agrupaciones de abogados y ciudadanos interesados.

No obstante las restricciones económicas que hemos padecido en estos años, los tribunales y juzgados del Poder Judicial Federal han aumentado durante esta administración, en un 40%.

Las percepciones de los jueces y magistrados se han incrementado en forma sustancial para hacerlas más acordes con su elevada responsabilidad.

Se ha reducido considerablemente el tiempo promedio de tramitación de los juicios y demás asuntos competencia de ese Poder.

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de todo el país plantearon, hace más de un año, la necesidad de establecer en nuestro texto constitucional los fundamentos para una amplia renovación judicial de carácter nacional.

El Constituyente Permanente recibió, en octubre de 1986, una iniciativa de reformas a los artículos 17, 46, 115, 116 constitucionales, que recogía esa demanda.

De esta manera se sentaron las bases para una modernización de fondo del sistema judicial mexicano.

Con el artículo 17 constitucional reformado, se habrán de garantizar, de manera más eficaz, los derechos y libertades del individuo.

El nuevo contenido del artículo 116 constitucional establece, expresamente, el principio de división de poderes para todos los estados, así como las bases y lineamientos generales para la organización y funcionamiento de los poderes judiciales de las entidades federativas y la garantía de su independencia y su autonomía.

Se reconoce que sean los tribunales superiores de los estados los que nombren a los jueces y se establece la inamovilidad de los magistrados.

Existen ahora principios y normas renovados para elevar la calidad de la impartición de justicia.

Un sistema de distribución de competencias tradicional propició que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desempeñara funciones de tribunal de alzada, impropias de un tribunal constitucional, y que los colegiados, que son de menor jerarquía, en muchas ocasiones se erigieran en intérpretes supremos de la Constitución.

Era fundamental y de la mayor importancia para la vida de la República superar esta práctica.

Era menester que la Suprema Corte recobrara su sentido original mediante un nuevo sistema de competencias y atribuciones que le devolviera su carácter de intérprete supremo y único de la Constitución.

Con este propósito, se presentó al Constituyente Permanente una iniciativa de reforma constitucional que modifica el sistema de distribución de competencias del Poder Judicial Federal.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le confiere, en exclusiva, el control de la constitucionalidad de las leyes federales y locales, así como de los tratados y reglamentos.

A los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito se les asigna el control de la legalidad y el conocimiento de la violación constitucional por actos de autoridad.

La renovación del país alcanza todos los ámbitos.

Para renovar verdaderamente a México, modernizamos sus leyes e instituciones judiciales.

Se reformaron también los Códigos Penal y Federal de Procedimientos Penales y las leyes orgánicas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de los Tribunales de Justicia del fuero común del Distrito Federal, y la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.

Con estas reformas tendremos un Poder Judicial más fortalecido, con mayor capacidad para elevar la calidad de la justicia mexicana y mantener vigente el Estado de Derecho.

Acercar cada vez más la impartición de justicia a los que la demandan es un compromiso y una necesidad.

La desconcentración del servicio de procuración federal de justicia, mediante el Sistema de Delegaciones de Circuito, han significado la más profunda modificación orgánica y operativa de la Procuraduría General de la República, que se complementa con una mayor cobertura territorial de las Agencias del Ministerio Público Federal y con el establecimiento del Ministerio Público Federal Itinerante.

Se ha propiciado así una mejor coordinación entre las autoridades federales y locales en el establecimiento de un Sistema Nacional de Procuración de Justicia.

Se avanza en la labor de moralizar y hacer más profesionales a los servidores públicos que procuran justicia en el fuero federal.

En la actualidad el 75% de las plazas de la Policía Judicial Federal se cubre por egresados del Instituto Nacional de Ciencias Penales; el 40% del total de agentes del Ministerio Público Federal y el 45% de peritos que laboran en la institución se han incorporado después de haber aprobado examen de oposición.

La procuración de justicia se moderniza a la par que la nación.

El narcotráfico es un delito que rebasa los ámbitos de un solo país.

Su proliferación, lo extenso de sus conexiones y lo complejo de su red de intereses nos obligan a todas las naciones a tomar medidas internas y coordinar acciones para combatirlo.

Su peligrosidad social, que puede traducirse en factor de desorden político como ha sucedido en otras latitudes, nos conmina a redoblar esfuerzos.

Mucho hemos hecho los mexicanos en este terreno.

Lo hacemos por determinación propia y por compromiso con nuestro pueblo.

La acción conjunta y coordinada de las Fuerzas Armadas y de la Procuraduría General de la República ha permitido elevar la eficacia en la destrucción de plantíos de amapola y mariguana, y el decomiso de cocaína.

Lo mismo ocurre con la detención y consignación ante la autoridad judicial de personas por delitos contra la salud.

El narcotráfico es un delito de secuencia internacional.

México es un lugar de tránsito entre los centros productores y el mercado de consumo de drogas.

Por ello, mientras no se adopten seriamente y con profundidad medidas coordinadas entre los países involucrados para combatirlo en toda la cadena, los esfuerzos aislados de México y otros países serán insuficientes.

Es necesario que cada gobierno realice una tarea proporcional a la que nosotros estamos llevando a cabo.

Mientras no se afecte la demanda de drogas de los centros de consumo, mediante campañas y acciones enérgicas de educación y combate más decidido, no habrá solución final para este grave problema.

Promovimos y asistimos a diversos foros internacionales para dar testimonio de los resultados obtenidos en este campo a intercambiar experiencias.

Organizamos la Primera reunión Regional de Ministros y Procuradores Generales de Justicia, la cual contó con la representación de trece países del Continente Americano.

Asimismo, participamos en la Conferencia Internacional sobre el Uso indebido y el Tráfico Ilícito de Droga, organizada por la Organización de las Naciones Unidas en Viena, el pasado mes de junio, en donde se analizaron los problemas y características del narcotráfico y su contrapartida, la farmacodependencia.

En la sociedad mexicana no tenemos problemas de drogadicción o de farmacodependencia tan graves como en otros países.

Sin embargo, tomamos medidas preventivas y atendemos los casos que se presentan mediante el programa comunitario denominado Atención a la Farmacodependencia.

Operan en este programa 1 mil 351 comités y subcomités a lo largo del territorio nacional.

La labor que desempeña la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es objeto de continua revisión y ajuste con la colaboración de la comunidad.

Se ha iniciado un proceso gradual de actualización de los ordenamientos jurídicos de la institución para adecuarlos a las circunstancias actuales.

Se estableció un programa permanente para hacer más profesionales a los servidores públicos con nuevas especialidades técnicas y científicas.

La incorporación del personal se lleva a cabo previa aprobación de los cursos impartidos y mediante concurso de oposición.

Se inició el programa de desconcentración de la Procuraduría en cuatro sectores del Distrito Federal.

Con ello, se busca elevar la eficacia de esta institución mediante una mejor atención de las denuncias, una regulación más equilibrada de las cargas de trabajo y la oportuna intervención en la clarificación de las controversias.

1.3 Renovación moral y control de la gestión pública

Un estado democrático demanda una administración pública capaz y dotada de conciencia de servicio.

Para ello, desde el inicio de mi gestión propuse cambios de orden constitucional y legislativo, a fin de dotar a la renovación moral -demanda reiterada de la sociedad- de un marco jurídico adecuado, que sustenta de manera efectiva el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.

Esta reforma se apoyó en una concepción de la fiscalización del aparato público federal, que se basa en el autocontrol y la vigilancia interna.

Estos mecanismos se encuentran debidamente integrados y no representan una carga ni un obstáculo en el desarrollo de la actividad gubernamental.

A través de ellos se vigila, año con año, la evolución del patrimonio de los altos servidores públicos; se practican auditorías externas a todas las empresas del sector paraestatal; se evalúa el cumplimiento de sus metas y programas; se revisan escrupulosamente las compras que efectúan tanto el gobierno, como las empresas paraestatales en el exterior; se da seguimiento cotidiano al gasto corriente; y se someten a concursos y licitación la gran mayoría de las obras públicas y de las adquisiciones.

En suma, hemos avanzado en los mecanismos de vigilancia y prevención permanente.

Hemos erradicado las prácticas nocivas del nepotismo y los obsequios excesivos a los servidores públicos.

Se han escuchado las quejas, denuncias e inconformidades, y, luego de estudiarlas, se han aplicado las sanciones cuando han procedido.

Hemos dado mayor libertad y autonomía a la empresa paraestatal, pero insistimos en vigilar los indicadores de productividad y la autoevaluación.

No hemos desistido ni desistiremos, un solo momento, de combatir la ineficiencia y el desperdicio de los recursos públicos.

Con los avances en la sistematización del servicio civil de carrera buscamos elevar la eficacia del personal federal, mediante una motivación y una capacitación adecuadas.

En virtud del carácter fundamentalmente preventivo de la renovación moral, no debemos medir sus resultados por el número de servidores públicos sancionados o denunciados ante las autoridades del Ministerio Público; ni siquiera por el ahorro directo que se obtiene mediante la ampliación de algunos de sus instrumentos.

El verdadero avance de la renovación moral se refleja en una administración pública más apegada a derecho; con más controles efectivos en el manejo de recursos públicos, con procedimientos más simples y transparentes; más accesible a los reclamos de los ciudadanos.

Estoy convencido de que los mexicanos no daremos marcha atrás en nuestra decisión de exigir a los servidores públicos un comportamiento apegado cabalmente a las disposiciones legales y a la honradez.

He girado instrucciones precisas para que las áreas responsables del control vigilen, con el mayor esmero, que no se desvíen fondos a propósitos distintos de los autorizados por el H.

Congreso de la Unión; que las obras públicas programadas durante la presente administración se concluyan oportunamente y que se cumpla con las especificaciones de calidad establecidas en los proyectos; que en aquellas obras cuya fecha de terminación rebase el término de la presente administración se vigile puntualmente que se cumpla con los avances programados; que no se inicien nuevos proyectos sin antes concluir los que están en ejecución y que se dé una atención prioritaria a los trabajos de conservación y mantenimiento.

Estamos tomando medidas para evitar que en los servidores públicos aparezcan actitudes de indolencia o conductas ilícitas en las postrimerías del sexenio.

Habremos de continuar trabajando con dedicación y entrega, manejando escrupulosamente los recursos que la sociedad nos ha confiado.

No relajaremos disciplina ni vigilancia.

Vamos a entregar buenas cuentas.

1.4 Fuerzas armadas

Nuestras Fuerzas Armadas son motivo de legítimo orgullo para todos los mexicanos.

Por su acendrado nacionalismo, profunda vocación de servicio y constante afán por adiestrarse y ser cada día más profesionales, la nación reconoce en ellas la mejor garantía para preservar y fortalecer la soberanía de México.

Ha sido preocupación de mi Gobierno modernizar a las Fuerzas Armadas del país, dotándolas de las directivas y los recursos que aseguren su constante perfeccionamiento.

Por ello, en el período que cubre este informe, hemos seguido impulsando la actualización de las instalaciones, materiales y equipo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México y, de manera especial, hemos procurado mantener el ritmo de adiestramiento de sus elementos.

Fue promulgada la nueva Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que moderniza las bases de su organización.

En la actualidad contamos con una capacidad de fuego notablemente incrementada; con batallones adicionales en relación con el aumento demográfico del país; con mejores instalaciones.

Hemos modernizado el sistema de comunicaciones, el sistema administrativo militar y la organización de las tropas al redefinir regiones y crear los cuerpos de ejército.

Ahora contamos con los medios de transporte para el despliegue inmediato de tropas a los puntos del país donde la seguridad nacional lo requiera.

Las Fuerzas Armadas participan en la renovación del país.

En este sentido, consolidamos en la industria militar procesos productivos para el abasto de armamento, municiones, vestuario y equipo de tierra y aire.

Gracias a ello, puedo informar que la totalidad del material denominado ligero es ya abastecido por esa industria, lo cual ha reducido significativamente la dependencia del extranjero.

Asimismo, por lo que toca a la industria naval militar, se ha continuado con la construcción de unidades de superficie y aeronaves.

De ella destacan los proyectos de construcción de la naves patrullas Olmeca y del Avión Tonatiuh.

Con el fin de garantizar la permanente y óptima capacitación militar, se ha puesto un énfasis especial en el mejoramiento de la Universidad Militar y de la Heroica Escuela Naval Militar, así como de los demás centros de adiestramiento.

Como justa retribución al esfuerzo cotidiano que realiza el cuerpo armado y para compensar el rezago que registraban sus ingresos, procedimos a retabular sus percepciones económicas.

Especial reconocimiento merece la lucha cotidiana que el Ejército y la Armada despliegan por todo el territorio y aguas nacionales, tanto contra las siembras de mariguana y amapola, como contra el tráfico de estupefacientes.

Nuestros soldados y marinos arriesgan su vida con el fin de contribuir a preservar la salud de la juventud.

Desde esta alta tribuna de la nación, exhorto a las Fuerzas Armadas a mantener su ejemplar actitud de indeclinable patriotismo y a continuar asumiendo la gran responsabilidad que México les ha encomendado: ser salvaguarda de la soberanía nacional y de los más elevados valores de la Patria.

Estoy orgulloso de ustedes; son ejemplo de patriotismo, de lealtad y apoyo a las instituciones de la República y de consciente solidaridad con el pueblo de México.

1.5 Política exterior

La política exterior de México es, ante todo, expresión cabal de los legítimos propósitos de la soberanía en la preservación de la paz y la defensa y promoción de nuestro proyecto nacional.

Frente a la limitada voluntad de las potencias internacionales para resolver los graves problemas económicos y tensiones políticas que restringen y, a veces cancelan las expectativas de crecimiento y justicia social de los países en vías de desarrollo; ante los escenarios de guerra y crisis políticas y sociales, la acción internacional de México se sustenta en principios, se orienta por las normas del derecho internacional y utiliza como único y legítimo instrumento para resolver controversias la negociación diplomática.

A la congruencia, consistencia y continuidad de nuestra política exterior, se debe no sólo el sólido prestigio externo del país, sino la capacidad de acción para defender los más altos intereses de la República.

Con base en nuestros principios fundamentales, hemos ejecutado una dinámica política exterior.

Nuestras acciones atienden a los intereses nacionales ubicándose, con realismo en el contexto internacional y regional; tomamos en cuenta las condiciones de interdependencia del mundo actual y, de manera especial, los intereses comunes que tenemos con nuestros hermanos de América Latina y el Caribe.

Con ellos, compartimos un pasado común que nos da identidad y propicia el mutuo entendimiento.

Tenemos problemas de índole similar como el de la deuda externa, el del proteccionismo y el de las deformaciones estructurales del desarrollo.

Juntos hemos concebido y realizado importantes proyectos.

Baste citar una cooperación cada vez más intensa, nuevos mecanismos de concentración política y un proceso moderno de integración económica.

En este espíritu se inscriben las visitas a México que realizaron los Presidentes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú y Venezuela, así como las que tuve el honor de hacer a Guatemala y Jamaica.

Tenemos la satisfacción de vivir una nueva y fructífera etapa en nuestras relaciones con Guatemala y vemos con aliento su regreso al gobierno constitucional y democrático.

Cooperamos con nuestro más próximo hermano de acuerdo con sus propias decisiones y con una actitud de afecto y respeto genuino a su dignidad.

Como producto de las entrevistas sostenidas con los dirigentes latinoamericanos, se establecieron importantes mecanismos de consulta que habrán de contribuir a la integración de nuestros acuerdos en materia política, comercial, financiera, industrial, científica, técnica y cultural, y al avance del proceso de formación de una verdadera comunidad latinoamericana.

Debemos fortalecer las instituciones latinoamericanas y consolidar las vías de entendimiento político.

Por ello, mi Gobierno promovió la celebración de un encuentro entre los ocho Jefes de Estado del Grupo Permanente de Consulta, que se efectuará en México el próximo mes de noviembre.

Este mecanismo permanente de consulta y coordinación política fue creada en Río de Janeiro, en diciembre del año pasado, por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

En su primera reunión, celebrada en Buenos Aires, en abril pasado, se subrayó el papel fundamental que ha desempeñado el retorno al civilismo y a la democracia en el proceso latinoamericano de integración y cooperación.

Para el Gobierno de México merece atención especial el conflicto de Centroamérica.

En esta región tan cercana, se viven días de incertidumbre y desasosiego.

La amenaza y realidad de la violencia entorpecen las perspectivas de justicia social y desarrollo político.

Para el Gobierno mexicano, evitar la guerra y la confrontación es un imperativo ineludible.

Junto con los gobiernos de Colombia, Panamá y Venezuela hemos proseguido con los esfuerzos de pacificación del Grupo de Contadora, con el valioso auxilio del Grupo de Apoyo.

Estamos convencidos de que sólo el diálogo y la negociación harán posible una solución pacífica de los conflictos.

México ha expresado su satisfacción por los resultados de la reciente reunión de los cincos presidentes centroamericanos en Guatemala.

Seguiremos apoyando sus esfuerzos por una paz negociada en la región, mediante acuerdos dignos y firmes que respeten los legítimos derechos de sus pueblos y establezcan bases sólidas para su desarrollo económico y social.

Por razones de vecindad e intercambio comercial, tecnológico y de servicios, resultan de particular significado para México las relaciones con los Estados Unidos de América.

Mi Gobierno desea mantener con ellos una relación madura, seria, digna y mutuamente benéfica.

Hemos insistido en que la relación entre ambos debe ser respetuosa de ideas, principios y objetivos, como corresponde a dos países con distinto origen y cultura.

En la sexta reunión de la Comisión Binacional entre México y Estados Unidos, expusimos la gravedad de los efectos del proteccionismo comercial, de las restricciones a la importación de energéticos y de las reformas a la Ley de Nacionalidad y Naturalización de aquel país.

Hemos reforzado nuestro sistema consular, y pusimos en marcha un programa de información para brindar a nuestros compatriotas asistencia en el proceso de regularización de su situación migratoria.

Asimismo, mantenemos una permanente comunicación con las autoridades locales, estatales y federales de ese país vecino, con objeto de que se garanticen los derechos de nuestros compatriotas.

Con el país vecino del norte hemos logrado una mejor comunicación y la superación de varios problemas.

Podemos contar entre los avances de nuestra relación una actitud positiva en la reestructuración de la deuda externa, la contención de amenazas proteccionistas para nuestras exportaciones, un clima mejorado en el combate al narcotráfico, acciones conjuntas de protección ecológica y una comunicación sistemática en problemas migratorios.

Con el propósito esencial de consolidar y ampliar el universo de nuestras relaciones internacionales, recibimos en México, por primera vez, al Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética.

En un acto de reciprocidad, instruí al Secretario de Relaciones Exteriores para que visitara ese país.

Ambas visitas permitieron el análisis de importantes temas de interés bilateral y mundial, y han evidenciado un alto grado de madurez en nuestra política exterior, así como las virtudes de México como interlocutor confiable en el ámbito internacional.

Ha sido preocupación de mi Gobierno enriquecer nuestras relaciones con los países de la Cuenca del Pacífico.

Ello responde no sólo a proyectos específicos de desarrollo, sino la necesidad más amplia de insertar a México en la región de mayor potencial económico y tecnológico.

Con tal propósito, realicé una visita de Estado a Japón y a la República Popular China.

Tuve la oportunidad de comprobar el excelente estado de nuestras relaciones diplomáticas, así como la necesidad de emprender un mayor esfuerzo para aprovechar las grandes oportunidades comerciales y de complementación industrial que estas naciones ofrecen a México.

Con Japón acordamos establecer un mecanismo permanente de consulta, impulsar el intercambio en materia de hidrocarburos y fomentar nuevos proyectos de conversión.

Con la República Popular China, sentamos las bases de un sistema de consulta y cooperación en distintos renglones de la actividad productiva, cultural y científica.

A causa de la grave situación económica de los pueblos latinoamericanos y con objeto de analizar las acciones que al respecto es urgente adoptar, México convocó una conferencia extraordinaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde propusimos una nueva agenda para el desarrollo de la región e insistimos acerca de la imposibilidad de responder, puntual y desahogadamente, a los compromisos generales por la deuda externa, si no se asegura el crecimiento económico firme y sostenido, de los países deudores.

Al término de la conferencia, se suscribió la declaración de México, que recoge las grandes inquietudes de nuestras naciones y señala una estrategia regional orientada a superar las dificultades de nuestras economías.

En el mes de septiembre, acudí al cuadragésimo primer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En esa oportunidad, manifesté, en nombre de México, que ante las transgresiones a las normas del derecho y el uso de la fuerza, que amenazan la paz mundial y vulneran la soberanía de las naciones, nuestro país insiste en una política en favor del desarme y del fin de la carrera armamentista, así como en la negociación diplomática de los conflictos conforme al derecho internacional.

Afirmé también que los estados no nucleares compartimos la responsabilidad de preservar la vida humana y no podemos maternos al margen de los peligros que se ciernen sobre la seguridad y el desarrollo de los pueblos del mundo.

En noviembre, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, México reafirmó su compromiso inalterable con ese importante foro.

Señalamos la necesidad de impulsar su modernización mediante el pleno respaldo al proceso de reformas que desembocó en el Protocolo de Cartagena.

Subrayamos que es necesario adecuar la OEA a los requerimientos actuales de América Latina y que se constituya en un vínculo efectivo de comunicación y colaboración entre nuestros países y los Estados Unidos de Norteamérica.

2. Grandes líneas estratégicas

2.1 Reconstrucción nacional

Sociedad y Gobierno hemos respondido con eficacia al reto que nos plantearon los terremotos de hace casi dos años.

Tuvimos que reordenar las prioridades para atender con eficacia las tareas de emergencia y, posteriormente, emprender la reconstrucción con un sentido modernizador.

Era necesario reconstruir y renovar simultáneamente, impulsando con mayor fuerza la descentralización de la vida nacional.

El trabajo de reconstrucción fue conducido en forma democrática y concertada.

Se llevó a cabo con la participación activa de los afectados y con la representación de las organizaciones más dinámicas de la sociedad.

Se crearon ramos especiales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para identificar los recursos fiscales canalizados a la reconstrucción y los destinados a apoyar el proceso de descentralización.

Dichos recursos ascendieron en 1986 a 340 mil 438 millones de pesos y a 485 mil millones en 1987.

Se realizaron adecuaciones tributarias de carácter temporal que permitieron captar ingresos adicionales por aproximadamente 240 mil millones de pesos.

Para administrar con transparencia las donaciones de origen nacional e internacional, se creó el Fondo Nacional de Reconstrucción, el cual manejó recursos por aproximadamente 48 mil millones de pesos y 15 millones de dólares.

Del uso y aplicación de estos recursos hemos informado puntualmente a este H. Congreso y a la opinión pública.

El Gobierno dio prioridad a la construcción de viviendas para las clases populares.

El Programa de Renovación Habitacional Popular fue el más importante.

En un lapso de 17 meses se construyeron más de 48 mil 800 viviendas, con lo cual se favoreció a un núcleo de población superior a 200 mil habitantes en el Distrito Federal.

Este programa ha merecido el reconocimiento mundial con el Premio Internacional de Urbanismo.

También fue concluido el Programa Emergente de Vivienda Fase I, que brindó atención tanto a los derecho-habientes del INFONAVIT y el FOVISSSTE, como a la población damnificada no derecho habiente.

Dicho programa benefició a un total de 16 mil familias.

Hemos continuado el Programa de Reconstrucción Democrática de Tlatelolco, así como el Programa Emergente de Vivienda Fase II, mediante el cual se financia a grupos organizados de inquilinos que decidieron reparar sus inmuebles dañados y adquirirlos en propiedad.

En el sur de Jalisco concluyeron, en le mes de junio, las obras de reconstrucción, que beneficiaron a más de 3 mil familias damnificadas.

La acción conjunta de la sociedad y el Estado ha permitido atender alrededor de 500 mil personas que vieron afectadas sus viviendas.

En el sector educativo, como consecuencia de los terremotos, 300 mil alumnos tuvieron que suspender temporalmente su instrucción.

Reparamos y reconstruimos poco más de 2 mil 200 edificios escolares en la zonas afectadas.

Aprovechamos la necesidad de atender los daños causados a la red hospitalaria, para acelerar la descentralización en el sector salud.

En el área metropolitana de la ciudad de México, la Secretaría de Salud rehabilitó ocho hospitales y construyó cinco nuevos de segundo y tercer nivel, mientras el Departamento del Distrito Federal amplio ocho hospitales.

El Centro Médico Nacional se encuentra en una etapa de remodelación y descentralización que comprende cinco hospitales generales construidos en la zona limítrofe con el Estado de México y las obra de cinco centros médicos regionales en León, Puebla, Veracruz, Ciudad Obregón y Mérida.

El Gobierno de la República reconoce que gracias al esfuerzo de todos los grupos sociales -damnificados, trabajadores, profesionales, constructores, empresarios, servidores públicos y un gran número de organizaciones sociales- ha sido posible cumplir con la meta que nos propusimos de reconstruir y renovar.

2.2 Cambio estructural

La crisis, cuyos, efectos todavía padecemos, tiene en gran medida sus orígenes en factores estructurales.

Desde diciembre de 1982, identificamos sus causas principales; insuficiencia de ahorro interno, falta de competitividad del aparato productivo nacional y desequilibrios en nuestro patrón de desarrollo entre agricultura, industria y comercio, así como entre el campo y la ciudad y entre el centro del país y el interior de la República.

En forma creciente, hemos otorgado prioridad al cambio estructural para combatir dichos fenómenos y sanear y fortalecer las bases mismas de nuestra economía, para sentar sobre ellas un desarrollo sostenido, más eficaz y más justo.

El esfuerzo de renovación y cambio ha abarcado los distintos ámbitos de la vida económica, y se concentra en tres áreas fundamentales, que son la desincorporación de entidades públicas no estratégicas ni prioritarias, la reconvención industrial y la racionalización de la protección comercial.

Los avances ya alcanzados, en un terreno en donde los resultados suelen madurar gradualmente, muestran la continuidad y la perseverancia con que se han conducido las acciones de cambio.

Hemos introducido transformación de fondo para avanzar decididamente en el saneamiento de la finanzas públicas.

Adoptamos una amplia reforma fiscal que induce a un menor endeudamiento y a una mayor capitalización de las empresas.

Revisamos la estructura de los precios y tarifas de los bienes y servicios que suministra el sector público para reconocer costos sin traspasar ineficiencias y promover una mejor asignación de recursos.

Hemos mantenido la disciplina presupuestaria y reorientado el gasto público de acuerdo con las nuevas prioridades del desarrollo del país.

El Estado mantiene el control directo de las actividades señaladas en la Constitución como estratégicas o definidas como prioritarias en nuestras leyes, planes y programas.

A partir de esta tesis, hemos llevado a cabo un amplio proceso de restructuración del sector público mediante la liquidación, venta, fusión o transferencia a los gobiernos estatales y municipales de entidades no estratégicas ni prioritarias.

De esta manera, el sector público se retira totalmente de las ramas automotriz, farmacéutica, petroquímica secundaria y diversas de la industria manufacturera, tales como refrescos embotellados, textiles y enseres domésticos.

Asimismo, disminuimos en forma significativa nuestra participación en la rama turística y recreativa.

Hoy, el sector industrial paraestatal participa únicamente en 13 ramas productivas cuando al inicio de esta administración lo hacía en 28.

Con el apoyo de los recursos financieros y la capacidad administrativa liberada por el proceso de desincorporación, se ha iniciado la reconversión industrial de las empresas estratégicas y prioritarias para modernizar tecnología, elevar eficiencia y productividad, abrir nuevas plantas y cerrar otras líneas de producción ya obsoletas.

Con ello, se fortalece en forma efectiva, la capacidad de rectoría económica del Estado.

Un aspecto fundamental en el proceso de cambio estructural es la racionalización de la protección comercial.

En el pasado, el proceso de sustitución de importaciones contó con una protección excesiva.

Actualmente, sin exponer en forma brusca e imprevista la industria nacional a la competencia externa, debemos utilizar en mayor medida la protección que brinda un tipo de cambio adecuado y recurrir a instrumentos comerciales más efectivos, más equitativos y menos discrecionales.

Ello permitirá elevar la eficiencia de la planta productiva en beneficio del consumidor y la competitividad de sus exportaciones.

En el transcurso de la presente administración se han venido sustituyendo los permisos previos de importación por un sistema más ágil, equitativo y eficiente basado en aranceles.

En 1982, la totalidad del comercio exterior estaba sujeta a restricciones cuantitativas.

A partir de esta situación, iniciamos un proceso de liberación, empezando por los bienes de uso intermedio y terminando con los de consumo final, para darle a la industria nacional el tiempo requerido por su adaptación.

En 1984, se llevó a cabo la primera etapa, en la cual se eximió de permiso previo a 2 mil 844 fracciones de la Tarifa del Impuesto General a las Importaciones; en mayo de 1986, el número de fracciones liberadas llegó a 7 mil 306.

Posteriormente, en julio del presente año, las fracciones aún sujetas a permiso previo era únicamente 427 de un total de 8 mil 310; dicha cifra representa cerca del 30% de las importaciones totales del primer bimestre del año.

Mediante el Programa de Desgravación Arancelaria, se redujo a la fecha el nivel arancelario a un rango de 0 a 40%, lo que se compara con el rango de 0 a 100% que existía en 1983.

Como parte del proceso de racionalización de la protección se han venido sustituyendo los precios oficiales de importación, como base del cálculo de los aranceles, por el régimen de valorización aduanera, y se ha implantado un marco legal actualizado y un aparato administrativo ágil para defendernos de prácticas desleales de comercio.

Como estaba anunciado, aunque con unos meses de anticipación, ante las nuevas condiciones del sector externo, el 20 de julio se suprimieron los precios oficiales restantes, con excepción de 53.

La ratificación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y de cuatro de los códigos de conducta asociados da continuidad y seguridad al proceso de apertura.

2.3 Descentralización de la vida nacional

Al inicio de mi administración nos propusimos atender uno de los reclamos más sentidos de la sociedad; la descentralización de la vida nacional.

Era impostergable orientar nuestro esfuerzo a la modificación de las tendencias centralizadas.

Su permanencia produce ineficiencia y desigualdad, inhibe el potencial de trabajo que tiene México en sus estados y, en última instancia, distorsiona nuestra vida democrática.

Esta estrategia de cambio estructural, desde su misma concepción, tuvo en la descentralización uno de sus principales instrumentos de transformación política, económica y social.

Esta política nos ha permitido favorecer el desarrollo integral de los estados, fortalecer a los municipios y reordenar la actividad en el territorio nacional.

Con base en ella, trabajamos para vencer desequilibrios, espaciar el desarrollo por toda la República y crear en las regiones mejores opciones de vida y bienestar para los mexicanos.

Hoy, luego de casi cinco años de perseverantes esfuerzos, mediante la participación conjunta de sociedad y Gobierno, podemos apreciar lo mucho que hemos avanzado.

La descentralización ya no solo constituye un objetivo político; como programa de gobierno es, ante todo, pauta que caracteriza y define el desarrollo contemporáneo de México.

La centralización dejó de ser la tendencia predominante de la nación.

La capital del país ya no es el único centro de decisiones.

En la actualidad, observamos que la actividad económica en las ciudades medias, que se han impulsado en todo el territorio nacional, es más alta que la registrada en los grandes centros urbanos.

La política regional es hoy apoyo y expresión de una República más equilibrada, de un federalismo renovado y de una relación más equitativa entre Federación, estados y municipios.

La coordinación intergubernamental es el elemento más importante de la política regional del Gobierno Federal y, en consecuencia, de la propia descentralización.

Gracias a ella, hemos podido hacer compatibles los objetivos del desarrollo regional y estatal con las prioridades nacionales; hemos logrado complementar adecuadamente las acciones de los tres niveles de gobierno; dar un uso más eficaz a los recursos, y propiciar la participación creciente de los grupos sociales en las decisiones que los afectan.

Ha sido preciso descentralizar decisiones y actividades a las entidades federativas; las instituciones públicas tienen ahora mayor capacidad para dar respuestas oportunas y eficaces a las demandas de las distintas comunidades.

Desde un principio, la coordinación entre los niveles de gobierno se ha apoyado en un marco jurídico y administrativo que sustenta y da congruencia al proceso de planeación regional y estatal.

En ese sentido, al igual que en los años anteriores, en 1987 se renovaron los 31 Convenios Unidos de Desarrollo.

Las materias objeto de los convenios se han ido enriqueciendo en forma importante y han dado origen a nuevos programas de cooperación entre la Federación y los estados.

Cabe destacar los programas de política de población; de comunicación social; de cooperación de electoral; de promoción de justicia y seguridad pública; de descentralización educativa y de instalaciones de bibliotecas en cada municipio; de descentralización de salud para poder brindar servicio a la población más desprotegida; de

fomento agropecuario y pesquero; de coordinación fiscal; de crédito y financiamiento; de mejoramiento ambiental; de desarrollo urbano y vivienda; de comunicaciones y transportes; de apoyo para el mantenimiento de obras y servicios públicos; de apoyo a la descentralización de los estados hacia los municipios, así como también de apoyo a sistemas estatales de control y evaluación y simplificación administrativa.

Estos convenios constituyen la vertiente de coordinación del Sistema Nacional de Planeación.

En esta ocasión, mediante la revisión de estos instrumentos, fue posible ampliar las bases de coordinación y vinculación entre las inversiones federal y estatal ya que las dependencias federales informaron a los ejecutivos estatales de sus programas y acciones de alcance local.

Esto ha permitido superar el antiguo esquema centralizado, accediendo así a una concepción participativa del desarrollo regional.

De esta manera, se ha mejorado al asignación del gasto regional, que busca una creciente descentralización de la programación, ejecución, control y evaluación de las inversiones hacia los propios estados y de éstos hacia los municipios.

Cabe señalar que muchos de nuestros ayuntamientos ya han revisado y modernizado sus estructuras administrativas, lo que les ha permitido mejorar la prestación de servicios básicos a la comunidad y ejecutar eficientemente proyectos y obras.

Hemos renovado las relaciones entre la Federación y los estados.

Como resultado de este proceso de coordinación, se tiene que en el último lustro, un 80% de la inversión pública federal, se ha ejercido en los estados y municipios.

Además, las participaciones fiscales de ingresos federales representan el 80% de los ingresos actuales de los gobiernos estatales.

Asimismo, durante la presente administración el 56% del total de recursos convenidos se ha destinado a proyectos para ampliar la cobertura de los servicios sociales, el 26% a obras de infraestructura básica y el 18% a proyectos productivos.

Parte esencial de los convenios ha sido la definición de los programas de desarrollo regional de empleo y de coordinación especial que se ejecutan en las entidades federativas.

Al igual que en los años anteriores, durante 1987 estos programas fueron diseñados a partir de una clara orientación social.

En todos los casos se propició la construcción de escuelas primarias, caminos y clínicas rurales, viviendas populares, hospitales, sistemas de agua potable y alcantarillado, así como la electrificación de poblados.

Adicionalmente y como una forma de complementar la política de empleo, se apoyaron programas para la incorporación a estas labores de mujeres y jóvenes, así como de pasantes de instituciones de educación superior.

La reordenación de la actividad económica en todo el territorio y el desarrollo estatal integral son objetivos que nos propusimos para avanzar en el desarrollo regional.

El Gobierno Federal, por medio de sus dependencias y en coordinación con los gobiernos estatales, definió las regiones de Mar de Cortés, frontera norte, sureste, centro y zona metropolitana del Distrito Federal y zonas áridas como las áreas geográficas de mayor prioridad.

En esas regiones estratégicas, la acción combinada de la Federación y de los estados ha permitido aprovechar más eficazmente sus potencialidades productivas; crear mejores condiciones para su desarrollo, y vincularlas más eficientemente a los mercados del resto del país.

Este año, en los estados de la región del Mar de Cortés se realizaron acciones para consolidar la infraestructura hidráulica y mantener la dinámica de las actividades agropecuarias, pesqueras y turísticas, de gran importancia en la captación de divisas; se ha apoyado el sistema de enlaces para mejorar la integración del territorio continental con la península de Baja California.

En los últimos años, a frontera norte no sólo ha recuperado, sino también renovado su tradicional confianza y vitalidad.

Al diversificar su actividad económica, por medio de programas agropecuarios y de fomento, y mediante el establecimiento de empresas maquiladoras y nuevas industrias, se ha abatido el desempleo y la franja fronteriza muestra un pujante crecimiento económico.

Ello ha permitido hacer menos vulnerable su patrón de desarrollo y, por lo tanto, fortificar su carácter de valladar de la soberanía nacional.

Estamos orgullosos de la mexicanidad de nuestra frontera Norte.

El dinámico ímpetu de la economía en la franja fronteriza ha puesto de relieve su insuficiente infraestructura para el desarrollo industrial, a la vez que ha generado un flujo creciente de corrientes migratorias que están presionando sobre la oferta de servicios urbanos.

Por ello, he ordenado la preparación de un paquete de medidas financieras, fiscales y comerciales, así como de inversión productiva y de servicios, para fortalecer la industria nacional en la zona y compensar los rezagos en materia social.

Apoyaremos decididamente el desarrollo sano, firme y sostenido de esta promisoria región.

Para impulsar la descentralización industrial de la zona metropolitana de la ciudad de México y favorecer el desarrollo de nuevos mercados regionales, se ha promovido en los estados del centro del país la construcción de obras de infraestructura urbana y la ampliación del Sistema Interregional de Comunicaciones y Transportes.

Los programas de desarrollo en las entidades federativas de la región sureste han sido una prioridad de mi Gobierno.

Hemos trabajado intensamente para cambiar su patrón de desarrollo, por medio de la aplicación de política de mayor justicia social, basadas en el mejor aprovechamiento de su potencial productivo.

Ello ha permitido incrementar la cobertura de los servicios de salud, educación, abasto y vivienda en amplios sectores de la población rural y urbana, avanzar en la diversificación e incorporación de ampliar zonas del trópico húmedo a la producción agropecuaria y mejorar el sistema de enlaces regionales.

Con el fin de integrar las zonas áridas al desarrollo productivo nacional y de explotar de mejor manera sus recursos, hemos impulsado proyectos que propician un mejor aprovechamiento del agua, mediante la construcción de obras hidráulicas y la aplicación de tecnologías agrícolas y ganaderas.

Asimismo, hemos puesto en marcha políticas orientadas a modernizar la actividad minera de estas zonas.

El Gobierno ha hecho acopio de todas sus facultades e instrumentos para propiciar una distribución más equilibrada y equitativa del desarrollo a lo largo y ancho del territorio nacional, y sentar así bases para una sociedad más justa e igualitaria.

Con este propósito, durante 1987, se canalizaron importantes recursos financieros y de inversión, y no sólo a las regiones prioritarias.

Además, se continúa con la promoción para descentralizar y desconcentrar la administración pública federal.

El Gobierno de la República apoya con recursos financieros la consolidación de parques industriales en varios estados e impulsa la conformación de ciudades medias, al dotarlas de infraestructuras y equipamiento urbano, para que puedan descentralizarse hacia ellas actividades productivas y de servicios, y se constituyen en polos de desarrollo.

La descentralización administrativa puesta en marcha en enero de 1985 continúa impulsándose mediante la transferencia de áreas operativas y de servicios a los gobiernos de los estados.

Cumplimos recientemente con la descentralización de los servicios de educación básica y normal a las 31 entidades del país, con la colaboración de los gobiernos estatales y del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, quienes son protagonistas y puntuales en este proceso.

La descentralización de los servicios de salud a población abierta es un planteamiento nacional dirigido al cambio estructural.

Se ha consolidado la descentralización orgánica y de operación a 12 estados de la República, con lo que se alcanza ya una cobertura del 87% de la población abierta y se eleva la eficiencia de los servicios.

En las entidades federativas en las que aún no se procede a la transferencia de estos servicios se han realizado ya acciones de desconcentración funcional y administrativa, y se ha implantado un programa de modernización.

Otras secciones importantes en materia de descentralización de dependencias federales han permitido que en 13 entidades se administren y ejecuten los programas de la Junta Local de Caminos.

También, el Gobierno federal transferido 36 empresas y fideicomisos a 23 gobiernos estatales.

Las desconcentración de facultades y decisiones a las representaciones federales se ha visto impulsada con el establecimiento del Centro Regional de Decisión en Monterrey, en donde participaron 12 secretarías de Estado, la Procuraduría General de la República y dos entidades paraestatales.

En su conjunto, estas dependencias delegaron 245 funciones a sus representaciones establecidas en esa ciudad, con el mismo modelo del Centro Regional establecido previamente en Guadalajara.

Fueron reubicadas, en distintos estados de la República, 13 empresas del Gobierno Federal y, adicionalmente, han sido llevadas fuera del área metropolitana, 20 unidades administrativas del sector público central.

En breve, se dará inicio al traslado de otras 11 paraestatales.

Por medio de la descentralización de la cultura, se extienden a las zonas marginadas del país los beneficios del desarrollo educativo y se fortalece la identidad de nuestras regiones.

Mi Gobierno ha de seguir atento a las demandas, tanto de la sociedad, como de los gobiernos de los estados, para descentralizar.

Reitero mi convocatoria a toda la sociedad para que juntos establezcamos los rumbos más idóneos de la descentralización, para avanzar en forma decidida en los cambios estructurales que nos demandan las actuales circunstancias y fincar, de esta manera, los pilares de la modernización que reclama el país.

3. Política económica

3.1 Situación económica interna

El año de 1986 fue el de mayores amenazas económicas.

Desde un inicio, se reconoció que la aplicación de la política prevista se vería dificultada por la fragilidad del mercado petrolero.

Se estimó que el precio internacional promedio del crudo durante el año sería de 23 dólares por barril, casi 10% inferior al de 1985.

Tal estimación -razonable según los elementos de juicio con que entonces se contaba- no se sostuvo.

El precio promedio del crudo mexicano en 1986 se sitúo abajo de los 12 dólares por barril.

La caída de nuestros ingresos petroleros tuvo efectos decisivos sobre la economía.

Agudizó en forma extraordinaria las dificultades que se habían venido padeciendo en años recientes en materia de balanza de pagos y de finanzas públicas, pues las exportaciones de petróleo y sus derivados habían constituido aproximadamente la mitad de los ingresos en cuenta corriente y más del 20% de los ingresos totales del sector público.

La sola disminución del valor de las ventas petroleras en 1986 representó más del 6% del producto interno de ese año.

Ante tales circunstancias, resultaba indispensable realizar una gran adecuación táctica de la política económica.

El 21 de febrero de 1986, en mensaje a la nación, expuse la necesidad de buscar en el ámbito interno márgenes adicionales de acción para contener el gasto público, aumentar los ingresos, otorgar con selectividad el crédito, acelerar el deslizamiento cambiado para promover las exportaciones no petroleras y el turismo, y defender así las reservas internacionales del país.

Señala la conveniencia de profundizar en la política de cambio estructural, en la racionalización del que hacer del sector público y en la protección comercial a la actividad de los particulares.

Afirmé también la imposibilidad de absorber la pérdida de ingresos petroleros a costa de una recesión profunda y duradera y, por lo tanto, la necesidad de replantear los términos de contratación de la deuda externa, bajo el principio de corresponsabilidad de acreedores y deudores.

A mediados del año, precisamos en el Programa de Aliento y Crecimiento nuestro objetivos económicos más allá de la etapa de contención.

La negociación con la comunidad financiera internacional se revisó y, a partir de entonces, se condujo sobre esas bases; conseguimos plazos, tasas y créditos congruentes con la puesta en marcha del programa anunciado.

Las medidas adoptadas en 1986 impidieron una verdadera fractura de la economía.

El producto interno cayó 3.8% contracción sin duda significativa, pero que demuestra la efectividad del ajuste ordenado que se llevó a cabo si se compara con la magnitud de la pérdida petrolera.

Esta situación se agravó por el deterioro de los precios de las demás materias primas, la nula disponibilidad de crédito externo por parte del sector público y las amortizaciones de deuda privada.

La inflación subió a 105% como resultado de la presión de los costos; el deslizamiento cambiarlo con respecto al dólar controlado con que se enfrentó la escasez de divisas llegó a 148%; las tasas de interés subieron 23 puntos en el año, como consecuencia de la menor disponibilidad de recursos; a su vez, el alza en el costo del dinero encareció el servicio de la deuda pública interna y elevó el déficit financiero, lo que contribuyó al aumento de las presiones inflacionarias que todavía padecemos.

Estas medidas tuvieron también efectos positivos.

La mayor competitividad del tipo de cambio y la mayor apertura comercial impulsaron las exportaciones no petroleras, que alcanzaron un nivel sin precedente de cerca de 10 mil millones de dólares.

El ahorro financiero empezó a recuperarse a partir de septiembre pasado y, al cierre del año de mayor adversidad externa, las reservas internacionales del país mostraban una acumulación importante.

En los primeros siete meses del presente año, el panorama económico ha sido más alentador.

Se ha iniciado ya una recuperación gradual.

La producción del sector manufacturero pasó de una variación anual de menos 5.6% en el primer bimestre del año a una variación positiva de 4.2% en junio.

Según las encuestas de opinión del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 84% de las empresas prevén que, en el trimestre de julio a septiembre, su producción aumentará o se mantendrá igual, en relación al trimestre precedente, el 89% esperan que el volumen de ventas sea igual o mayor y el 74% tenía la expectativa de mantener o reducir sus inventarios en dicho periodo.

Las ventas aumentaron 5.4% en mayo y 14.3% en junio y los inventarios se han reducido, lo que apuntan a una mayor recuperación de la producción en el futuro.

En el mes de junio, el consumo de electricidad creció 10% a tasa anual, las llamadas telefónicas de larga distancia 8.8% y el número de asegurados permanentes al IMSS 3.8%

Se observa así una recuperación gradual impulsada por cuatro motores; las exportaciones no petroleras; el fortalecimiento del mercado interno, producto tanto de la sustitución de importaciones, como del aumento relativo del empleo y de los salarios contractuales; nuevas oportunidades de inversión para las empresas privadas, y una reactivación selectiva de la inversión pública.

En materia de finanzas públicas, en el periodo enero - junio, se observó antes del pago de intereses, un superávit de 5.7 billones de pesos, que representa alrededor del 8% del producto interno semestral.

Nunca habíamos generado un superávit operacional de esa magnitud.

El gasto en bienes y servicios no financieros cayó 6% en términos reales.

A pesar del comportamiento, todavía poco favorable, de los ingresos petroleros, se aprecia un crecimiento real significativo de los dos rubros en donde se concentró la reforma fiscal; los pagos provisionales del impuesto sobre la Renta de las empresas y el IVA recaudado por las tesorerías estatales.

Estos datos ilustran la magnitud del esfuerzo de saneamiento fiscal realizado.

El déficit financiero global se sitúo en 9.8 billones de pesos en el período enero - junio, debido al peso del pago de intereses sobre la deuda pública interna provocado por los niveles actuales de inflación.

El ahorro financiero ha venido creciendo en términos reales en lo que va del año, y se registra una tasa anual de más del 12% en junio.

A partir del mes de marzo, y por primera vez en más de 18 meses, se observó un crecimiento positivo de la captación bancaria.

La importante entrada de capitales del exterior explica en parte el dinamismo de la intermediación financiera, tanto en el sector bancario como en el mercado de valores.

Este incremento no sólo ha sido suficiente para cubrir los requerimientos totales de la economía, sino que ha permitido financiar un considerable aumento de las reservas internacionales.

El crecimiento del ahorro se ha reflejado en una moderada reducción de las tasas de interés, especialmente la aplicable al crédito que la banca concede a empresas y particulares.

Las tasas de interés, desde su nivel más alto en septiembre de 1986, se han reducido en más de siete puntos porcentuales.

Como consecuencia de ello, a partir de abril se ha iniciado una sensible recuperación de los flujos de financiamiento al sector productivo.

En lo que al sector externo, las exportaciones no petroleras han mantenido un grado dinamismo a lo largo del primer semestre, y han crecido 26% con respecto al mismo periodo del año anterior; en particular, las exportaciones de manufactura aumentaron 46% y han alcanzado un ritmo de 800 millones de dólares al mes.

El precio de exportación del petróleo ha repuntado, y se situó en 16 dólares por barril en el primer semestre.

No obstante una recuperación gradual de las importaciones del sector privado, el superávit comercial alcanzo 4 mil 760 millones de dólares y la cuenta corriente 3 mil 122 millones de dólares en el primer semestre.

Como resultado conjunto de esta evolución y de un comportamiento favorable de la cuenta de capital público y privado, las reservas monetarias del Banco de México alcanzaron al día de ayer 14 mil 597 millones de dólares, cifra que supera en más de 10 mil millones de dólares a la reportada en el informe anterior.

No obstante lo alentador del panorama general, la inflación permanece a niveles demasiado altos.

Su naturaleza ha ido cambiando conforme se han modificado las características de la crisis y se ha avanzado en la aplicación de la política económica.

A finales de 1982, vivimos una inflación derivada de un exceso de demanda.

El déficit público requería de emisión de dinero para su financiamiento y el gasto privado presionaba la capacidad de producción y la balanza de pagos.

Era entonces necesario adecuar la demanda global de la economía.

Las primeras medidas aplicadas con ese fin lograron abatir la inflación anual de 120 a principios de 1983 a 80% al cierre de ese año, y alrededor de 60% en 1984 - 1985.

Al sobrevivir, a principios de 1986 el desplome petrolero y al interrumpirse el financiamiento externo, la inflación repuntó debido a la presión de los costos, producto, a su vez, del tipo de cambio y las tasas de interés.

Hoy, no existe exceso de demanda ni choque de oferta.

Sin embargo, la inflación permanece alta, aunque estable, en gran medida por factores de inercia.

Una vez alcanzada un tasa mensual del orden de 7.5% ésta tiende a mantenerse al mismo nivel debido a la dinámica de los costos y las expectativas que incorpora la inflación pasada.

Dada su naturaleza actual, no constituye soluciones adecuadas para reducir la inflación, contraer los niveles de demanda; reprimir ajustes a los precios y tarifas del sector público, o manipular artificialmente a la baja el desliz cambiarlo o las tasas de interés.

Debemos abatir conjuntamente las presiones inflacionarias, sostener una reactivación económica moderada y elevar la competitividad del aparato productivo.

Para ello, habremos de seguir apoyándonos, con la intensidad que la realidad aconseje, en el control fiscal, en precios y tarifas realistas, en una política monetaria y cambiaría flexible, congruente con el equilibrio básico de los mercados financieros, y en una mayor apertura comercial.

Esta es la política que anunciamos desde noviembre del año pasado.

únicamente se ha adecuado su ritmo e intensidad a las circunstancias.

No cambiaremos la estrategia en marcha.

Las metas que nos hemos propuesto, tanto en materia de crecimiento como de inflación, son moderadas porque sabemos que, en las condiciones actuales, sólo cambios graduales habrán de ser firmes y permitirán avances duraderos.

Sería inconveniente ser presa de la impaciencia y forzar resultados que deben mantener equilibrio entre sí y tienen un orden natural de encadenamiento en el tiempo.

Intentarlo provocaría, tarde o temprano, retroceso productivo y frustración social.

Un gobierno responsable rechaza un manejo de la economía que sólo busque logros y avances aparentes en el período de su mandato; el horizonte de su trabajo lo fija la exigencia de mejorar en forma sostenida los niveles de bienestar de las mayorías en el mediano y largo plazos.

La aplicación constante y coordinada de la política en marcha nos permitirá alcanzar, para el periodo 1987 - 1988, los objetivos fijados en el Programa de Aliento y Crecimiento.

La estrategia de renovación y de cambio estructural aplicada en el ámbito económico está ya rindiendo frutos, al sentar bases más sanas y más sólidas para impulsar un desarrollo equilibrado y más equitativo.

3.2 Política de gasto

Durante estos últimos años, la política de gasto pública ha sido objeto de cambios importantes que han contribuido al proceso de renovación nacional.

Se ha enmarcado estrictamente en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y ha apoyado la ejecución de sus dos vertientes estratégicas; la reordenación económica y el cambio estructural.

El control y la disciplina con que se ha ejercido el presupuesto pueden evaluarse al observar la evolución del gasto programable del sector presupuestario, es decir, del gasto en bienes y servicios no financieros del Gobierno Federal y de los organismos y empresas sujetos a su control directo.

De 1982 a 1986, dicho gasto cayó seis puntos porcentuales del producto nacional y 22.7% en términos reales.

En los primeros seis meses del año, se observa un caída adicional de 9% real con relación al primer semestre de 1986.

Estas cifras tienen pocos puntos de comparación en nuestro pasado o en la experiencia internacional.

A pesar de la escasez de recursos, se ha logrado abrir espacio para la atención de las prioridades económicas y las necesidades sociales básicas.

Para que la reducción del gasto sea duradera y congruente con las nuevas prioridades del desarrollo, se ha buscado que descanse sobre medidas de cambio estructural.

De 1982 a 1986, el gasto corriente del sector presupuestario se ha reducido en 2.7 puntos porcentuales del producto o 20% en términos reales.

Dos medidas han contribuido a ello; la contención del crecimiento del número global de trabajadores del sector público y la racionalización de las transferencias y los subsidios.

En el Gobierno Federal, el número global de plazas se mantiene constante desde 1985, a pesar de haber crecido en los sectores prioritarios de educación, salud, impartición de justicia y seguridad nacional; esto ha sido posible al reducir el número de empleados en las otras dependencias.

En los organismos y empresas paraestatales, se ha realizado un esfuerzo similar de racionalización de estructuras, funciones y modalidades de operación.

El rubro de gasto que ha experimentado el mayor ajuste es el de las transferencias, con un 45% en términos reales.

Se han eliminado todos los subsidios que no llegaban con efectividad a su destino final y sólo se mantienen los que apoyan el consumo de básicos de los grupos menos favorecidos y la actividad productiva de los campesinos.

Hemos renovado la política de gasto del sector público.

Actualmente, el gasto en bienes y servicios no financieros del sector presupuestario representa alrededor de 22% del producto interno.

De este total, 6% corresponde a servicios personales, 9% a otros gastos de operación, 2% a transferencia y poco menos de 5% a inversión.

Cabe destacar que los gastos de operación de los organismos y empresas, el rubro de mayor peso en el presupuesto, está asociado a la adquisición de insumos los necesarios para sostener las ventas del sector paraestatal.

Asimismo, conviene recordar que más de la mitad de las transferencias canalizadas a las entidades de control indirecto beneficiaron a las instituciones de educación media y superior, a entidades que apoyan la producción agropecuaria, el transporte colectivo y el desarrollo regional, lo que evidencia su clara orientación social.

Después de casi cinco años de ajuste presupuestario, no existen posibilidades de reducir indiscriminadamente el gasto.

Existen sin duda áreas en las cuales es necesario seguir elevando productividad y eficiencia.

Lo seguimos haciendo.

Este ejercicio es en esencia selectiva y sólo se lleva a cabo en forma gradual, como parte de la estrategia de cambio estructural, en un marco de estricta disciplina en el ejercicio del presupuesto.

3.3 Empresa pública

La empresa pública constituye un instrumento muy importante para fortalecer el papel rector del Estado en nuestro régimen de economía mixta y coadyuvar así a la consecución de los objetivos nacionales.

Desde el principio de esta administración, se inició una labor para racionalizar y fortalecer al sector paraestatal.

No se trata de privatizar empresas públicas fundamentales.

Como parte del proceso de renovación en marchas, constituye un amplio esfuerzo de reestructuración del sector económico del Estado encaminado a revisar sus modalidades de operación, de acuerdo con las responsabilidades marcadas por la ley y las necesidades actuales de promoción del desarrollo económico y social del país.

Hemos renovado el marco de acción del sector público y estamos reforzando sus entidades estratégicas y prioritarias.

La desincorporación de entidades paraestatales tiene como marco el ámbito de acción fijado explícitamente por la Constitución y las leyes, así como por las prioridades del desarrollo.

El Estado no se desprenderá de empresas estratégicas ni de aquellas entidades que tengan fines de asistencia y seguridad social, como son los organismos de vivienda, educación, abasto, salud y previsión social.

En este contexto, se ha llevado a cabo un importante proceso de desincorporción de entidades paraestatales; éste se ha consolidado mediante la operación de cuatro mecanismos; de liquidación, fusión transferencia a los gobiernos locales y enajenación a los sectores social y privado.

La reconversión industrial en el ámbito público se orienta a fortalecer el sector estratégico del Estado, modernizar la economía, ampliar la generación de empleos y elevar los niveles de bienestar de las mayorías.

Reconocemos que puede haber, en el corto plazo, competencia entre los distintos objetivos; pero sólo con una economía dinámica, productiva e integrada, podremos lograr desarrollo y bienestar.

Hemos definido los sectores sujetos a reconversión, precisando los programas correspondientes, concertando acciones con los grupos sociales involucrados, en particular con los trabajadores, y estamos hoy empeñados en su ejecución.

Como parte de su proyecto de reestructuración, el sector siderúrgico continuó con la desincorporación de entidades no vinculadas directamente a la producción acerera.

De esta forma, sólo quedan integradas a Sidermex, como entidad controladora, AHMSA, Sicartsa y 35 empresas más en forma asociada.

En éstas, se están llevando a cabo acciones para fortalecer sus capacidades de operación.

Por otra parte, se reinició el proyecto Sicartsa II, estimándose que para 1988 entrarán en operación las plantas de reducción directa, acería eléctrica y colado continúo, con las que se podrá producir fierro esponja y sus derivados.

Dentro del programa de reconversión de la industria azucarera, destapan el cierre de los ingenios Nueva Zelanda y Libertad, debido a lo incontable de su operación, la venta o transferencia de otros ingenios y el fortalecimiento de aquellos productivos, con lo que se ha podido obtener por quinto año consecutivo una zafra récord de 3 millones 750 mil toneladas, que permite abastecer la demanda interna y exportar excedentes por 500 mil toneladas, es decir, más de 100 millones de dólares.

En materia de fertilizantes, los programas de modernización se han orientado a resolver los problemas estructurales que efectúan su eficiencia operativa.

Destacan las acciones para aumentar en 18% la capacidad productiva en términos de nutrientes.

Para este año, se estima alcanzar la autosuficiencia de nitrogenados y fosfatos.

Asimismo, con el inicio de operación del complejo industrial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, será posible incrementar la capacidad instalada de producción en 1.3 millones de toneladas de fertilizantes de alta concentración y en 1.9 millones de toneladas de productos intermedios.

Gracias a la estrategia de reconversión industrial se obtiene ya resultados en cuanto a aumento de eficiencia y productividad.

Fuera del servicio de la deuda, las transferencias al sector industrial paraestatal se han reducido en un 57% en términos reales de 1982 a 1986.

Como parte de esta estrategia general, destacan las asunciones de pasivos efectuados por el Gobierno Federal por medio de convenios de reordenamiento integral y saneamiento financiero con la CFE, Ferronales, Conasupo, Sidermex y Propemex, entre los más importantes.

En 1986 el Gobierno federal asumió pasivos por 7.7 billones de pesos, mismos que no implican un endeudamiento neto adicional, sino únicamente reclasificación de saldos dentro del sector presupuestario.

Las empresas así apoyadas han asumido formalmente compromisos para elevar eficiencia y productividad.

3.4 Financiamiento del desarrollo

Lograr un financiamiento sano del desarrollo, en el cual el ahorro interno desempeñe el papel principal y el externo provea los fondos complementarios indispensables, ha sido objetivo primordial del Gobierno de la República.

A ello obedecen las medidas que se han aplicado para elevar el ahorro de los sectores público, privado y social.

Este fue también el propósito de los destinados esfuerzos que realizamos para replantear nuestras relaciones financieras con el resto del mundo.

Las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entraron en vigor el 10 de enero de 1987, buscan contrarrestar los efectos negativos que ha tenido la inflación sobre nuestro régimen fiscal y las modalidades de financiamiento de las empresas.

Para alentar la inversión productiva e inducir a las empresas a mantener una estructura financiera más saludable, se adecuó el impuesto que pagan las sociedades mercantiles, ampliando la base gravable, al autorizar únicamente la deducción del componente real de los intereses pagados y reduciendo las tasas impositivas.

Para permitir la adaptación gradual de las empresas al nuevo marco fiscal, se introdujo la reforma con un período de transición de 4 años.

Ello produce inevitablemente situaciones contables o administrativas más complejas, pero el costo económico de un ajuste brusco hubiera sido mayor.

Es alentador observar que, en respuesta a los cambios introducidos, muchas empresas han iniciado ya un importante proceso de capitalización.

Respecto a las personas físicas, se busca que el impuesto sea congruente con los ingresos reales para evitar una grabación excesiva.

En consecuencia al igual que en los últimos años, se reestructuró la tarifa correspondiente, la cual sólo contiene ahora 16 estratos.

Además, se eliminó la sobretasa de 10% que se había adoptado para apoyar la reconstrucción y, a partir del próximo año, se reducirá la tasa marginal.

Objetivo fundamental del paquete fiscal vigente es apoyar la descentralización y contribuir a mejorar las finanzas de las entidades federativas.

Por ello, se decidió otorgarles el 35% de la recaudación que exceda un monto preconvenido con la Federación.

Estos recursos se sumarán a los canalizados por medio del Fondo de Fomento Municipal cuyo monto este año duplicara el registro en 1986.

Estas medidas estimularán la participación de los estados en la administración tributaria federal y fortalecerán las haciendas municipales.

Con el fin de reforzar las modificaciones tributarias desde el punto de vista administrativo, se han introducido numerosos cambios que simplifican nuestro sistema fiscal y que recogen las sugerencias expresadas a lo largo de la consulta realizada respecto.

Hemos emprendido una cruzada nacional contra la evasión.

Los contribuyentes debemos entender que si todos participamos, el esfuerzo individual será menor.

Hemos renovado el sistema tributario mexicano.

La política de precios y tarifas cumple también un doble propósito, recaudatorio y de cambio estructural.

Los ajustes a los precios públicos mantienen o elevan los ingresos propios del sector paraestatal, lo que le permite sanear sus finanzas y promover su ahorro.

Así, se fortalece una parte importante de nuestro sistema productivo y se liberan recursos para que el Gobierno financie gastos indispensables en beneficio de la población.

Adicionalmente, se eleva la eficiencia en la asignación de recursos en la economía y se logra una mayor equidad, toda vez que se reducen subsidios injustificados.

3.5 Política financiera

El sistema financiero nacional ha sido clave en la recuperación del ahorro interno y el flujo de capitales.

En él, las sociedades nacionales de crédito, la Banca de Desarrollo y los intermediarios financieros no bancarios, se complementan para satisfacer los requerimientos de ahorradores e inversionistas.

Durante los últimos 12 meses, las tasas nominales de interés han garantizado rendimientos positivos en términos reales.

Esta es la única manera de que los ahorradores encuentren atractivo mantener sus recursos en las instituciones financieras del país.

La respuesta ha sido favorable.

Al aumentar la disponibilidad de recursos, por el creciente ahorro interno y el financiamiento externo, las tasas nominales de interés comenzaron a disminuir.

La Banca Nacional ofrece una gama cada vez más variada de instrumentos de ahorro, cuyas características de plazo y rendimiento responden a las necesidades y preferencias de su clientela.

De esta manera, la Banca Nacional se diversifica y mantiene un lugar destacado en la tarea de intermediación financiera.

El aumento de los recursos captados permite otorgar volúmenes crecientes de créditos a los sectores privado y social, para fomentar la inversión productiva en distintas áreas de la economía.

Además, por medio de los cajones selectivos de crédito, la Banca Nacional apoya a los campesinos de bajos ingresos, a los exportadores, a la agroindustria y a la construcción de vivienda.

Mediante reestructuraciones financieras, se auxilia a empresas eficientes y rentables, haciendo compatibles los plazos de sus deudas con los periodos de maduración de sus inversiones.

Es preciso, seguir esforzándonos por aumentar la derrama crediticia al sector productivo de la economía, a fin de lograr el ritmo deseado y necesario de inversión.

Durante el presente año, 12 sociedades nacionales de crédito colocaron, por medio de mercado accionario, certificados de aportación patrimonial y obligaciones convertibles.

Ello permitió una capitalización significativa del sistema bancario y el cumplimiento de lo señalado en la ley de la materia de 1983 en cuanto a una presencia minoritaria, pero vigilante, de los particulares en las instituciones de crédito.

La emisión de estos valores se hizo reconociendo las condiciones prevalecientes en el mercado.

El éxito de su colocación demuestra la confianza que existe en la Banca Nacional.

La Banca de Desarrollo es instrumento primordial para impulsar actividades prioritarias en el país.

En el último año, se ha concedido atención especial a la producción agrícola y pesquera, a la pequeña y mediana industria, a la vivienda de interés social y a las exportaciones no petroleras.

En 1986 el flujo de crédito preferencial otorgado a estas actividades aumentó 7% en términos reales y, para este año, se tiene programado un incremento similar.

Con el fin de elevar el monto de recursos que puede canalizarse a los sectores prioritarios y de mejorar sus asignaciones, la Banca de Desarrollo se empeña en racionalizar los subsidios financieros, aumentar las recuperaciones y ampliar sus esquemas de financiamiento.

En junio pasado se estableció el Programa Integral Financiero y de Seguro al Campo, cuyos objetivos son garantizar una oferta adecuada de alimentos y elevar el nivel de vida de los campesinos, mediante el aumento de los fondos canalizados a la agricultura, la ganadería y la agroindustria, con la agilización de los esquemas de seguro y la reducción de la tasa de interés para el crédito refaccionario.

La evolución de los intermediarios financieros no bancarios durante el último año es muestra del avance logrado en la consolidación del sistema financiero nacional y la revalorización de las empresas mexicanas.

Así, las casas de bolsa, las aseguradoras, las afianzadoras, las uniones de crédito y las arrendadoras aumentan la oferta de capital de riesgo, fortalecen el ahorro institucional y la inversión de largo plazo, y fomentan la capitalización de las unidades productivas.

De esta manera, complementan y refuerzan la labor del sistema bancario.

El objetivo es lograr un sistema financiero moderno y equilibrado, en el que todas las instituciones que lo conforman interactúen para continuar elevando el ahorro interno, para atender con eficiencia creciente las necesidades de los inversionistas y, sobre todo, para fortalecer la posición del sistema financiero nacional frente a opciones externas.

3.6 Política de deuda

La deuda interna del sector público ha alcanzado un monto elevado, como resultado de los altos déficit del pasado, del reducido crédito externo utilizado durante esta administración y, también, del crecimiento que implica el refinanciamiento de los intereses en un contexto inflacionario.

Hemos buscado aminorar este problema mediante el aumento del superávit fiscal antes de intereses, el fortalecimiento del ahorro financiero y el uso de los instrumentos más adecuados de contratación.

No debemos perder de vista que, si bien la deuda pública interna ha crecido en términos nominales como resultado de la inflación, ésta ha bajado en términos reales en 1.1% durante el período del que se informa; asimismo, su estructura ha mejorado al descansar mucho menos en el crédito del Banco Central.

La deuda externa del país sigue constituyendo una pesada carga para la economía nacional.

Se contrajo en el pasado, tanto por parte del sector público, como del sector privado, para sostener un ritmo elevado de inversión y de gasto, en momentos en los cuales las perspectivas de nuestro entorno internacional lucían favorables y existía un exceso de fondos disponibles en la Banca Mundial en búsqueda de oportunidades de reciclaje.

Un considerable deterioro de nuestro término de intercambio con el exterior - sobre todo en el caso del petróleo - , el alza en las tasas de interés y la suspensión de los flujos de financiamiento voluntario hacia los países en desarrollo, dieron lugar a partir de 1982, a la crisis de la deuda.

En gran medida, seguimos viviendo con ella.

En el manejo de la deuda externa, se ha partido de una tesis básica.

La excesiva acumulación de deuda se debe, en gran parte, a un conjunto de problemas estructurales de origen interno que estamos corrigiendo.

Aun si pudiéramos imaginar que la deuda actual desapareciera, deberíamos seguir con la estrategia en marcha de cambio estructural para elevar el ahorro interno y fortalecer la competitividad de nuestras exportaciones, so pena de depender nuevamente en el futuro de recursos externos en forma excesiva.

Reconociendo lo anterior, afirmamos que una solución duradera al problema de la deuda debe descansar en el principio de corresponsabilidad de los acreedores.

Ellos requiere de tres condiciones; concesiones por parte de la Banca Internacional, como lo exige el mercado cuando cambios imprevistos por todos alteran la rentabilidad de los prestamos; una mayor cooperación de los grandes países industrializados, para promover el crecimiento de la economía y del comercio mundiales ya que sus desequilibrios internos agravan la situación de los países en desarrollo, y una adecuación de las condiciones y de los recursos disponibles de los organismos financieros internacionales, para estar acordes con la nueva realidad.

Necesitamos tiempo y condiciones más favorables en el servicio de la deuda, recursos complementarios y un ambiente internacional propicio para llevar a cabo en forma ordenada los cambios internos en los que estamos empeñados.

Porque contamos con principios claramente definidos y porque tenemos la autoridad moral que nos da el esfuerzo interno realizado, hemos podido defender con eficacia los intereses de México mediante la negociación firme, evitando confrontaciones abiertas, desplantes retóricos o medidas demagógicas que posponen avances efectivos.

Hoy en día, finanzas y comercio están estrechamente vinculados y no podemos poner en riesgo el flujo de importaciones de alimentos, de insumos y bienes de capital que requiere el funcionamiento de nuestra economía y las corrientes de turismo extranjero.

La enorme mayoría de los mexicanos no queremos declarar la guerra económica al mundo.

Con realismo hemos ido tan lejos como lo permiten las complejas circunstancias actuales, en lo que se considera la negociación de la deuda más avanzada en el ámbito internacional.

Los hechos demuestran que teníamos razón.

Hemos recuperado prestigio en el exterior y muchos países endeudados toman como referencia lo que logramos para tratar de alcanzarlo.

Esta negociación, que concluyó el pasado abril fue integral.

Se llevó a cabo con acreedores multilaterales, oficiales y privados; incluyó el endeudamiento del sector público y del privado.

Con la Banca Comercial Internacional se reestructuró la deuda pública externa por 43 mil 700 millones de dólares, a un plazo de 20 años con siete de gracia.

También se logró establecer el mismo plazo para la deuda externa privada por 9 mil 700 millones, que constituye más de la mitad de la deuda total de este sector.

Además, se eliminó la tasa preferencial de interés de Estados Unidos de América como referencia y se sustituyó por la tasa interbancaria de Londres que es inferior; la sobretasa se redujo a 13/16, la menor obtenida hasta la fecha.

Ello representa un ahorro anual para el país de 300 millones de dólares.

De acuerdo con el calendario anterior, en el trienio 1986 - 1988 el sector público debía cubrir amortizaciones por 2 mil 500 millones de dólares; estos pagos se redujeron a 258 millones.

Durante los cinco años siguientes, de 1989 a 1993, los pagos se reducen de 20 mil 886 millones a 8 mil 160 millones de dólares.

Con los países miembros del Club de París se acordó reestructurar vencimientos de capital por 1 mil 500 millones de dólares e intereses por 282 millones.

Estos pagos, que debían realizarse entre 1986 y 1988, se cubrirán ahora en un plazo de 10 años con cinco de gracia.

Esto se logró mientras se mantenía el flujo de nuevos créditos al país.

En lo que se refiere al financiamiento nuevo, se obtuvo un paquete crediticio por 12 millones de dólares, de los cuales la mitad fue aportada por la Banca Comercial y la otra mitad por organismos multilaterales y bilaterales.

Ello constituye un avance en nuestro propósito de recurrir en mayor medida a fuentes oficiales de financiamiento.

Se negociaron mecanismos de contingencia por medio de los cuales México podría recibir financiamiento adicional en caso de que acontecimientos fuera de nuestro control redujeran los ingresos de divisas o pusieran en riesgo la recuperación económica.

Los fondos correspondientes están fluyendo al país.

A la fecha se han recibido 2 mil 113 millones de dólares de fuentes oficiales y 3 mil 500 millones de la Banca Comercial Internacional.

Ello ha permitido aumentar la disponibilidad de recursos en la economía, financiar importaciones indispensables y fortalecer las reservas internacionales del país.

El problema de la deuda externa se gestó a lo largo de varias décadas y no sería realista pretender resolverlo por completo en unos cuantos años.

Sin embargo, podemos considerarnos razonablemente satisfechos de lo alcanzado hasta la fecha.

Del 31 de diciembre de 1982 al día de ayer, el aumento neto de la deuda pública externa por 15 mil 700 millones de dólares, menos la disminución de la privada, por un monto estimado de 7 mil 500 millones de dólares, da un incremento neto de nuestras obligaciones con el exterior de 8 mil 200 millones de dólares en cifras redondas.

En el mismo lapso, nuestras reservas internacionales aumentaron 12 mil 765 millones de dólares.

De lo anterior se deduce que, a lo largo de esta administración, en el país ha registrado un desendeudamiento neto por 4 mil 500 millones de dólares aproximadamente.

Debemos menos.

Ello contrasta con lo acontecido en el decenio 1972 - 1982, período en el cual se recibieron 76 mil millones de dólares de crédito externo neto.

Nos encontramos en una situación de mayor fortaleza financiera y dejamos para el futuro bases sólidas sobre las cuales seguir avanzando.

El proceso de renegociación de la deuda externa no ha concluido.

Mediante el Consenso de Cartagena, discutimos estrategias con los principales países deudores de América Latina.

Con base en lo obtenido hasta ahora, seguiremos esforzándonos por diseñar nuevos esquemas que respondan a las necesidades y aprovechen las oportunidades de cada momento.

3.7 Planeación democrática

Al inicio de mi Gobierno promoví la reforma al artículo 26 constitucional para dar sustento jurídico a una aspiración de la sociedad: conformar un Sistema Nacional de Planeación Democrática, capaz de orientar la acción pública e impulsar la participación de todos los grupos sociales en los asuntos de la nación.

Hoy la planeación democrática ha renovado los estilos de trabajo.

Estos arraigan en la conciencia y en el esfuerzo cotidiano de los mexicanos y constituyen un cambio fundamental en la forma de concebir el ejercicio de gobierno y la administración de los recursos del país.

Con el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, la sociedad mexicana a contado con una guía esencial para normar sus actividades, ha sabido cuáles son los programas, cuál es el objetivo, la estrategia y quiénes son los responsables de ejecutarlos para impulsar el desarrollo.

Los avances se publican anualmente en los informes de ejecución que se envían a este H. Congreso.

En tiempos de incertidumbre como los que vivimos, no se debe sacrificar, en áreas de la calidad técnica, el diálogo con la sociedad.

La Planeación no ha sido un mapa de precisión, sí un instrumento flexible, adaptable a las circunstancias, que ha permitido fijar rumbos y tener capacidad de respuesta inmediata frente a lo imprevisible.

Hoy la planeación democrática se ejerce en todo el país, a nivel federal, estatal y municipal.

Es una realidad nacional.

Ha sido, ante todo, en una situación difícil, un ejercicio de reflexión y disciplina.

Con ella hemos podido contar con la participación de grupos y canalizar la energía y capacidad de innovación de la sociedad.

Durante el periodo que cubre este informe, se actualizaron estrategias y metas de los programas de medio plazo, en apoyo al plan Nacional de Desarrollo, para dar certidumbre y continuidad a las acciones sectoriales en el bienio 1987 - 1988.

En todas las entidades federativas se han realizado significativos esfuerzos para consolidar los sistemas estatales de planeación democrática.

Se expidieron leyes de planeación, con lo que en la actualidad todas las entidades cuentan con este instrumento jurídico o están en el Proceso de establecerlo.

Se avanza también en la integración de los ayuntamientos a las tareas de planeación, con la instalación de 403 comités de Planeación para el desarrollo municipal en 20 estados, la ejecución de 334 planes municipales en 16 entidades federativas y la suscripción de convenios de desarrollo entre 264 municipios y ocho gobiernos estatales.

Se ha consolidado así una tesis de Revolución Mexicana: conducir los esfuerzos de la sociedad y del Gobierno de manera ordenada, previsora y con apego a los principios fundamentales de la nación.

4. Política social

Los aspectos sociales del desarrollo han sido objeto de atención prioritaria en la estrategia de planteamiento, de la crisis económica y de la renovación nacional.

4.1 Protección al empleo y al salario

La política de empleo ha experimentado un desafío particularmente difícil en los últimos años.

A los efectos desfavorables de la crisis económica se sumaron las presiones derivadas de la incorporación masiva de jóvenes al mercado de trabajo, como resultado de la explosión demográfica de las dos décadas anteriores.

Para hacer frente a esta situación, el Plan Nacional de Desarrollo estableció como propósito prioritario la defensa de la planta productiva y el empleo.

Esta estrategia permitió en 1983 estabilizar los niveles de desocupación, que en algunas ciudades llegaron a superar el 8% de la población económicamente activa; posteriormente, logramos reducir los niveles de desocupación abierta.

A raíz de la caída de los precios internacionales del petróleo en 1986, tuvimos que redoblar esfuerzos y, a pesar de la gravedad de la crisis económica, en los últimos 16 meses, las tasas de desempleo son substancialmente menores que las observadas durante 1983.

Ello demuestra la eficiencia y la orientación social de las políticas del Gobierno.

La generación de puestos de trabajo, medida por la afiliación permanente al IMSS, excluyendo a los grupos que no implican creación de nuevos empleos, confirma en los primeros meses de este año la tendencia hacia la recuperación que se inició desde finales de 1986.

Esto ha permitido observar crecimientos promedio anuales de alrededor de 3% para los primeros seis meses de este año, entre los cuales destaca el mes de junio con un incremento de 3.8% respecto al mismo mes del año pasado.

Este aumento representó casi 247 mil nuevos pues tos de trabajo, ya que dicha cifra no incluye a los afiliados voluntarios.

En el transcurso de esta administración, los beneficiarios del Seguro Social han aumentado en 6 millones 200 mil.

Preocupación fundamental del Gobierno ha sido vigilar el cumplimiento de las garantías que señala el pacto federal en materia de trabajo.

Durante el periodo que cubre este Informe, los conflictos laborales se han resuelto dentro del cauce que señalan las leyes.

Mediante la conciliación, se ha procurado, en los casos atendidos, solucionar los problemas entre trabajadores y patrones, sin llegar al estallamiento de las huelgas.

De esa manera, se ha protegido a los trabajadores y se han evitado interrupciones en la planta productiva.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje atendió, de septiembre de 1986 a agosto del presente año, cerca de 13 mil emplazamientos a huelga, de los cuales sólo se registraron estallamientos en 187 casos.

La activa participación del Congreso del Trabajo y de las organizaciones que integran ha permitido que el Gobierno ejerza con mayor amplitud la responsabilidad de fortalecer los derechos de los trabajadores.

Los programas y acciones en materia de inspección han puesto especial énfasis en vigilar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y los relativos a otros derechos que, en favor de los trabajadores, establecen los ordenamientos vigentes.

La defensa del salario real constituye, en el ámbito laboral, un elemento de primordial importancia.

La lucha contra la inflación no puede ser abandonada, a la vez que no debemos permitir que la contribución de los trabajadores a la solución de la crisis signifique sacrificios extremos para ellos.

El pasado 22 de diciembre, el Constituyente Permanente expidió el decreto por el que fue reformada la fracción VI, del apartado A del artículo 123 de la Constitución, lo que ha permitido establecer los mecanismos indispensables para que, en los casos en que proceda, puedan revisarse los salarios mínimos con la agilidad que se precisa.

A partir de esta reforma, en el presente año el salario mínimo ha sido incrementado en tres ocasiones, lo que aunado al aumento de octubre, arroja un total acumulado de 121% en el periodo que cubre este informe.

Con ello buscamos evitar el deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores de bajos ingresos.

Por otra parte, en los procesos de negociación colectiva, los sindicatos han obtenido para sus agremiados prestaciones económicas complementarias del salario, lo cual ha contribuido a defender el ingreso real de los trabajadores.

En el presente año, por medio del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los trabajadores, canalizaremos 60 mil millones de pesos para créditos en bienes y servicios básicos.

Mantenemos las tasas de interés preferenciales, que benefician en mayor medida a los trabajadores de menores ingresos, e incrementamos el monto máximo de los créditos a 800 mil pesos, 2.5 veces más que el monto de 1986.

En el marco de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, se continuaron revisando, de acuerdo con las posibilidades existentes, las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, a partir de las demandas de la FSTSE.

Debemos señalar una vez más, que, no obstante las difíciles circunstancias por las que hemos transitado, la alianza histórica entre el movimiento obrero organizado y el Estado Mexicano se ha fortalecido; ambos compartimos intereses y propósitos, y enfrentamos retos comunes.

4.2 Educación

Desde nuestros orígenes como nación independiente, se estableció el paralelismo entre instrucción y democracia.

Por ello, el Gobierno ha mantenido la línea de consolidar y perfeccionar el carácter laico, gratuito, obligatorio, nacionalista, popular y democrático, de la educación que son los principios que sostiene el artículo 3o. constitucional y, al mismo tiempo, elevar la cobertura y calidad del sistema educativo en todos sus niveles.

La política social de esta administración le ha otorgado atención preferente a la educación.

La escasez de recursos que hemos padecido no ha frenado la labor educativa y cultural; por el contrario, nos ha obligado a buscar nuevas fórmulas para ser más eficaces en la formación de nuestros hijos y así proteger el futuro de la nación.

Se han alcanzado importantes metas cuantitativas y cualitativas.

En el inicio del ciclo 1986 - 1987, la matrícula del sistema educativo escolarizado fue de 25.4 millones de educados, a los que se suman más de 4 millones de personas atendidas con servicios no escolarizados.

Con ello, más de una tercera parte de la población nacional se beneficia de los servicios educativos.

El promedio nacional de escolaridad rebasó los seis grados; la educación preescolar ha registrado un aumento sin precedente, a una tasa promedio anual de 11% durante esta administración, con lo que dos de cada tres niños de cinco años y la mitad de los de cuatro ya reciben este servicio; se mantuvo la cobertura total para la demanda de educación primaria y se redujo el analfabetismo a sólo 7.1% de la población mayor de 15 años, proporción que es la mitad de la observada en 1982.

Tan sólo en 1986 se alfabetizó a 1 millón más de mexicanos.

Los adultos que cursan su educación básica suman más de 1 millón 200 mil y otros 800 mil, tanto en el medio urbano como en el rural, reciben capacitación no formal para el trabajo.

Los libros de texto gratuitos contribuyen a garantizar la igualdad de oportunidades educativas.

Su contenido se revisa y actualiza en forma permanente, de acuerdo con los avances en el conocimiento científico y pedagógico.

En esta materia no daremos un paso atrás.

Continuaremos el esfuerzo para mejorar su calidad.

Las escuelas secundarias del país atendieron a cerca de 4.3 millones de alumnos.

Con ello, 84 de cada 100 egresados de primaria han podido continuar sus estudios.

En bachillerato se atendieron a 1.5 millones de jóvenes en el ciclo 1986 - 1987 y en educación superior, incluida la educación normal y el posgrado, a casi 1.2 millones.

El Gobierno ha puesto especial empeño en ampliar la formación de técnicos de nivel medio.

Con los servicios proporcionados por el Sistema Nacional de Orientación Educativa, la matrícula de ese nivel aumentó este año en 14%.

En los 247 planteles del Conalep - cifra que es de casi el doble a la correspondiente a 1982 - se recibe a un tercio de los alumnos de educación profesional media en el país.

El maestro cumple una función social de primer orden.

Para elevar la calidad de enseñanza, es indispensable mejorar la formación del personal docente.

En su momento, se elevó a nivel de licenciatura la educación normal y se han venido realizado cursos de especialización y actualización para el magisterio en servicio.

Este año se atendieron cerca de 270 mil maestros.

La revolución educativa avanza gradual pero firmemente; hoy tenemos mejores alumnos porque contamos con mejores profesores.

Como reconocimiento a la esforzada labor de generaciones de profesores, se designó a 1987 el Año del Normalismo Mexicano, y se declaró benemérita a la Escuela Nacional de Maestros, con motivo del centenario de su fundación.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha participado decididamente en la renovación del sistema Educativo Nacional.

El Estado cumple con su deber de brindar educación superior a la juventud estudiosa, lo hace con estricto respecto a la autonomía de las universidades, y reconoce en ellas a puntales del desarrollo, del juicio crítico, de la democracia y de la libertad.

Mi administración reitera su apoyo a los centros universitarios, los exhorta a que se renueven para alcanzar los grados de conciencia social y excelencia académica que la sociedad reclama.

Asimismo, manifiesta su confianza con que la vía racional y la universalidad ideológica y científica, constituyan el camino adecuado para la superación de nuestra enseñanza superior.

El Instituto Politécnico Nacional continua impulsando la marcha del país mediante la formación de profesionales de alto nivel técnico y la realización de proyectos de investigación.

En el ciclo 1986 - 1987, atendió a 58 mil 863 alumnos de nivel superior.

Por su parte, el Sistema Nacional de Investigación apoya en la actualidad a 3 mil 51 investigadores nacionales, con el propósito de fomentar su actividad y vincularla a las necesidades del país.

Durante 1986 se construyeron y equiparon, por medio del CAPFECE y de los Convenios únicos de Desarrollo, 34 mil 653 espacios educativos como aulas, laboratorios, talleres y anexos.

Paralelamente, se ha destinado un presupuesto especial para dar mantenimiento correctivo y preventivo a las escuelas, con lo que se atendió a cerca de 10 mil planteles.

En nuestro país, la cultura no está reservada a grupos minoritarios.

Fomentamos, por ello, las expresiones culturales de amplio sectores populares y de nuestras diversas etnias.

Nos esforzamos por mantener y preservar los valores de la cultura nacional en regiones con características especiales, como son nuestras fronteras.

Hemos mantenido el empeño por llevar las bellas artes no sólo a la población escolar, sino a todas las capas sociales.

Con el mismo sentido, ha sido esfuerzo permanente del Gobierno producir y difundir libros de calidad y de muy bajo precio.

Para custodiar con eficiencia el patrimonio cultural de la nación, se puso en operación un sistema general de seguridad en los museos del país.

Se han abierto nuevos museos regionales en Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Sonora y Tabasco, y se han renovado los de Tlaxcala y Michoacán.

También se pusieron en servicio el Museo de Antropología de Jalapa y el arqueológico de la isla de Cozumel.

Hemos promovido ante el comité correspondiente de la UNESCO y próximamente se declarará como patrimonio cultural de la humanidad el centro histórico de la ciudad de México y Xochimilco, la ciudad de Oaxaca y la zona arqueológica de Monte Albán, la ciudad de Puebla, las zonas arqueológicas de Teotihuacán y Palenque así como la zona de Sian - Kaán en el estado de Quintana Roo.

Mediante el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, en el período que cubre este informe, se instalaron 590 nuevas bibliotecas con la participación de los gobiernos estatales y municipales.

Estas, sumadas a las entregadas en los últimos cuatro años, hacen un total de 1 mil 889, que permiten que el 72% de los municipios del país cuenten con una biblioteca pública y que, en el período de que se informa, se hayan atendido más de 34 millones de usuarios.

Particular atención estamos concediendo al diálogo con los grupos étnicos del país.

Hemos apoyado sus iniciativas, reconocido su creatividad y atendido sus demandas.

Se encuentra en pleno funcionamiento el Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional Indigenista, integrado exclusivamente por indígenas, quienes participan en la elaboración y ejecución de sus programas.

4.3 Alimentación y nutrición

La alimentación constituye la base para elevar el bienestar de la población y sus condiciones de vida.

Por ello, el Gobierno de la República le ha concedido la mayor prioridad y ha puesto énfasis en la atención a los grupos y zonas más necesitados.

Los resultados obtenidos han sido posibles gracias a una eficaz coordinación entre las dependencias públicas a nivel federal y estatal y la concentración con los sectores social y privado.

Se ha brindado, en forma extensa, asistencia técnica, crédito y capacitación a los agricultores, para impulsar la producción.

Con ello, hemos podido garantizar el abasto de alimento básicos como maíz, frijol, trigo, arroz, azúcar, aceite, huevo, carne de ave y leche y, lo que es más importante, establecer una política de precios que mejora el nivel de vida de los productores y proporciona una oferta suficiente de alimentos que hemos complementado con las importaciones necesarias.

En la industria alimentaria, las empresas paraestatales se han consolidado como instrumento estratégico para garantizar la distribución y el abasto de alimentos.

Los esfuerzos de modernización de Conasupo y Azúcar, S.A., han elevado su eficacia para atender las necesidades de la población y canalizar subsidios a quienes más lo necesitan.

Especial mención merece el Programa Social de Abasto que beneficia aproximadamente a 1 millón 200 mil familias de escasos recursos en el medio urbano, a las cuales se les ofrece leche a precio promedio 60% inferior al del mercado.

Con objeto de proteger los ingresos de las personas de escasos recursos, se han esforzado los apoyos a la alimentación popular.

La asistencia alimentaria se ha dirigido a los grupos más vulnerables de la población y se distribuyeron en los últimos 12 meses cerca de 300 millones de raciones alimenticias en todo el país.

La orientación al consumidor, que hemos difundido por diversos medios, también ha sido un factor relevante para inducir una mejor estructura del gasto familiar en alimentación, tanto en términos de costo, como de valor nutritivo.

4.4 Salud y Seguridad Social

Hemos dado especial atención a la consolidación del Sistema Nacional de Salud, para avanzar en el cumplimiento del precepto constitucional fijado, al inicio de 1983, en el artículo 4o.

Para corresponder al alto crecimiento demográfico, la infraestructura de servicios de salud se ha incrementado y se ha incorporado a un mayor número de derecho-habientes a las instituciones de seguridad social.

El número de habitantes sin acceso permanente a los servicios de salud se redujo de 14 millones en 1983 a 9 millones 300 mil en 1987, no obstante el crecimiento de la población, lo que representa una extensión de cobertura efectiva de cerca de 9 millones 400 mil personas.

La población que aún no está protegida por los servicios permanentes de salud constituye el objetivo fundamental de campañas preventivas, como son las acciones intensivas de vacunación, educación para la salud y control de enfermedades epidémicas.

Además, 9 mil 500 comunidades rurales con una población de 500 a 2 mil 500 habitantes reciben atención básica por medio de auxiliares de salud.

Los programas contra el alcoholismo, la fármaco-dependencia y el tabaquismo se han extendido gradualmente a los estados del país.

A sólo un año de la creación del Consejo Nacional contra las Adicciones, se han instalado 22 consejos estatales.

También se realizaron reformas y agregados a la Ley General de Salud en materia de adiciones y se publicó el reglamento en lo relativo al control sanitario de la publicidad.

Por acuerdo del Consejo de Salubridad General, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida se incorporó a la lista de enfermedades bajo vigilancia epidemiológica y notificación inmediata y obligatoria, con lo que se modificó la Ley General de Salud para darle vigilancia al acuerdo anterior.

Del resto de acciones para atender el problema destacan: la publicación de la norma para realización obligatoria de pruebas para detectar sangre contaminada en todo el país; las adiciones a la legislación de salud para el control de la sangre y derivados, que elimina el comercio que se hacía con este fluido; y el programa para que en 31 hospitales de la Secretaría de Salud se efectúe esta prueba a la sangre donada en forma altruista y por familiares de los enfermos.

Para continuar con la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios para la población abierta, el Gobierno Federal está llevando a cabo, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, un programa cuya primera etapa permitirá construir 362 centros de salud y 10 hospitales generales con un total de 726 camas, con un costo de 76.

3 millones de dólares, con una cobertura estimada de 3 millones 200 mil personas en el primer nivel de atención y 2 millones en el segundo, que beneficiarán principalmente a personas de zonas rurales y urbanas deprimidas.

Con la colaboración de los gobiernos locales, se está conformado el Sistema Nacional de Asistencia Social, para atender mejor a la familia, núcleo básico de nuestra sociedad, tradición invaluable de nuestro estilo de vida y bastión de la patria.

Cabe destacar el importante proceso de institucionalización que ha experimentado el DIF.

Sus objetivos, políticas, recursos y acciones se inscriben en un marco institucional claramente definido.

Se integraron sistemas estatales, se crearon 1 mil 838 organismos municipales y se implantó el modelo único de asistencia social.

Entraron en operación nuevos centros de rehabilitación y educación especial del DIF, para atender a la población minusválida en Michoacán, Chihuahua y el Distrito Federal.

Durante la presente administración, el Sistema Nacional de Asistencia Social ha más que duplicado su atención a niños, personas de avanzada edad y minusválidos, al pasar sus beneficiarios de 10.6 millones a 25 millones.

En el IMSS se ha consolidado la reorganización de los servicios médicos mediante la integración de 10 centros médicos nacionales; la descentralización de los servicios de rehabilitación, y a la implantación de nuevas y más efectivas técnicas de atención médica.

Al mes pasado, los derechohabientes de IMSS eran 32 millones 284 mil personas, cifra superior a 1 millón 479 mil personas a la de agosto de 1986.

Este resultado se apoya en el aumento de 286 mil 136 asegurados permanentes en el lapso mencionado y que incluye a diversos grupos incorporados bajo diversas formas de cotización como los productores de tabaco y los taxistas.

Los incrementos de la cobertura del IMSS y el mejoramiento de sus servicios y prestaciones están sólidamente respaldados en la política de equilibrio financiero de la institución.

En este sentido, se llevó a cabo una reducción de la aportación del Estado y un aumento de la correspondiente a los empleadores, así como el desarrollo de programas intensivos de cobro y motivación de patrones.

Mediante el decreto del Ejecutivo Federal, serán incorporados al seguro facultativo del régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos los estudiantes de nivel medio superior y superior de los planteles públicos.

Con esta medida se beneficiarán a más de 400 mil estudiantes.

El ISSSTE destinó, en 1987, el 42% de su presupuesto autorizado a la protección de la salud, mientras que en 1984 sólo canalizó el 31% de dicho presupuesto.

El ISSSTE continúa con las medidas de modernización administrativa, desconcentración, coordinación intersectorial y regionalización de los servicios para aumentar la cobertura y calidad de la atención y de las prestaciones.

Actualmente, 35 delegaciones disponen de los recursos humanos y físicos para la atención de la demanda de seguros, servicios y prestaciones en el lugar donde se originan.

A los pensionados y jubilados se les proporcionaron los mismos beneficios que a los trabajadores en activo y se elevó la cuota mínima de las pensiones al nivel del salario mínimo general.

4.5 Desarrollo urbano

El proceso de urbanización es una de las peculiaridades de la transformación de la sociedad mexicana en las últimas décadas.

Para alcanzar los objetivos en materia de bienestar social, debemos terminar con las tendencias negativas de expansión de las tres grandes metrópolis de la República y lograr, mediante políticas realistas y concertadas, un mejor ordenamiento del desarrollo urbano.

Se ha buscado coordinar las prioridades sectoriales y regionales; mejorar la infraestructura y estimular la desconcentración de la industria, sobre todo la de exportación; asegurar mejores condiciones para el desarrollo rural; descentralizar la administración pública, e incorporar criterios regionales en el manejo de los instrumentos de la política económica.

Las ciudades medias y los ejes urbano - industriales del norte, del golfo, del bajío y del occidente del país son cada vez mejores opciones para la localización de la actividad económica y están creciendo más rápidamente que la zona metropolitana de la cuidada de México, que empieza a dar muestra de desaceleración en su expansión.

Para conducir ordenadamente el crecimiento de las ciudades más dinámicas, se están creando, durante este año, más reservas territoriales que en ningún otro.

En las ciudades medias, no sólo se ha mantenido la infraestructura y el funcionamiento de los servicios, sino que se ha logrado ampliar su cobertura.

Esto ha sido posible gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno y a la participación de la sociedad.

Con una estrategia clara y selectiva, se continúan los programas de ordenamiento urbano y saneamiento integral en Acapulco, Manzanillo, Mazatlán, La Paz, Puerto Vallarta, Coatzacoalcos, Minatitlán, Tampico y Puerto Progreso.

En la frontera norte, se están atendiendo los rezagos originados por su propio dinamismo.

En Tijuana, el nuevo sistema de alejamiento y tratamiento de aguas residuales tiene capacidad para beneficiar a 1 millón 200 mil habitantes.

En Ciudad Juárez, el Programa Nuevo Juárez cambiará la fisonomía de esa ciudad fronteriza, pues combina la restauración de la ex - aduana con la construcción de un centro y plaza cívicos, la modernización del mercado, el mejoramiento de la zona recreativa del Chamizal y una reducción significativa de los rezagos en materia de suministro de agua, drenaje y vivienda.

Por la participación ciudadana y la corporación social que ha despertado, este programa será ejemplo de renovación urbana integral.

También se ha estado actuando en pequeñas poblaciones.

En el Istmo de Tehuantepec existe un programa de regeneración urbana que combina el saneamiento ambiental, la edificación de viviendas y en rescate del perfil urbano tradicional.

Al aprobar este Honorable Congreso las reformas a la Ley General de Bienes Nacionales, se cuenta ya con mejores instrumentos para avanzar en la protección del patrimonio inmobiliario federal y los municipios contarán con mayores ingresos por el pago de contribuciones de la propiedad inmobiliaria de las empresas paraestatales.

4.6 Vivienda

La vivienda, asiento físico de la familia, es un núcleo básico de la integración social.

El disfrute de una vivienda digna condiciona el acceso a muchos de los satisfactores básicos.

La construcción de viviendas impulsa la actividad económica, genera empleos, arraiga las familias de origen, fomenta el ahorro y demanda insumos nacionales.

Por ello, elevamos, en febrero de 1983, a rango constitucional su carácter de derecho social.

Se han establecido estímulos para la vivienda en renta, se ha apoyado la descentralización y definido una política de suelo que no sólo regulariza, sino que crea reservas en sitios adecuados y con servicios progresivos.

Se ha ampliado de un 3% a un 6% el encaje bancario para generar recursos en apoyo a los programas de construcción de vivienda.

En el periodo 1983 - 1986, se han podido construir o mejorar, 944 mil viviendas, o sea un 40% más que lo realizado en lo seis años anteriores.

El programa de 1987 abarca 350 mil acciones, 85% de las cuales se ejercen fuera de las tres grandes zonas metropolitanas y ha dado un fuerte impulso a la vivienda campesina, mediante el diseño de instrumentos crediticios acordes con la realidad del campo.

En vivienda los avances están a la vista.

Empero, necesitamos crear nuevos instrumentos para atender a la clase media; seguir alentado la inversión privada en la vivienda en arrendamiento y facilitar el equilibrio entre inquilinos y propietarios; fortalecer los estímulos selectivos, considerando su impacto en la población y en la actividad económica, y acelerar la simplificación de trámites en los niveles de gobierno y en la banca, así como conducir, de manera ordenada, la expansión de los nuevos asentamientos.

Se han concertado compromisos con la industria de la construcción, con los promotores de vivienda, con las agrupaciones campesinas, con el movimiento obrero, con el notario nacional y con los colegios y asociaciones de profesionales, para disminuir tiempo y costo, simplificar trámite, introducir tecnologías apropiadas y establecer cuotas preferenciales para la escrituración, con un claro sentido de cooperación y solidaridad social.

4.7 Ecología

La sociedad manifiesta su preocupación por los asuntos de la ecología, cada día con mayor énfasis, consciente de que tenemos por delante el gran reto de conservar y aprovechar mejor los recursos naturales del país.

Esa preocupación se está trasformando en acciones concretas.

Todos los sectores estamos actuando en forma conjunta en los frentes con mayores desequilibrios: la contaminación atmosférica en las ciudades: el saneamiento de cuencas lagos y bahías; la recolección y disposición de los desechos urbanos e industriales, y la protección de los recursos naturales y en especial de las especies en peligro de extinción.

En un programa ambiciosos, de 100 acciones necesarias, se han precisado las metas que habremos de cumplir en esta administración con la participación de todos los sectores de la sociedad.

Destacan las acciones convenidas con la industria del cemento para introducir equipo anticontaminante en todas sus plantas; con la industria automotriz, para incorporar en los nuevos modelos mejores tecnologías que eviten la contaminación; con las industrias establecidas en la cuenca del Río Santiago, en Jalisco, para el tratamiento de sus descargas; con la Fundidora de Mexicana de

Cobre, en Nacozari, Sonora, para la transformación de sus emisiones de bióxido de azufre en ácido sulfúrico; con los porcicultores de la Piedad, Michoacán, para el tratamiento de los desechos de sus granjas; con los curtidores de León, Guanajuato, para el tratamiento de los residuos de cromo de sus tenerías.

En este año, fueron decretadas la reserva de la biósfera en la Sierra de Manantlán, Jalisco; el Parque Nacional de Dzibichaltún, Yucatán, y el Santuario de la Mariposa Monarca.

Se han esforzado las acciones tendientes a la preservación de la tortuga marina, del águila real, del tucán, del flamenco, del jaguar, del oso negro, así como de las plantas y las orquídeas.

Con la República de Guatemala, se firmó un acuerdo para proteger conjuntamente las selvas tropicales.

Como muestra clara de solidaridad, la comunidad artística, los científicos, los intelectuales, los ecologistas, la industria, el comercio y los medios de comunicación apoyan y alientan, en forma voluntaria, las campañas de mejoramiento del ambiente.

Con una consciencia colectiva vigilante, acciones técnicas con adecuado sustento y una base institucional más sólida se seguirán atacando los problemas ecológicos más urgentes.

5. Política sectorial

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas correspondientes, la política sectorial ha buscado ampliar la oferta de los distintos bienes y servicios y mejorar, mediante cambios estructurales, sus condiciones de producción y distribución.

5.1 Desarrollo rural integral

La aportación del campo al progreso nacional sigue siendo fundamental, pues asegura el abastecimiento de alimentos que la población demanda.

Por ello, no podemos construir una gran Nación si nuestra clase campesina se encuentra rezagada en sus niveles de vida con relación a los habitantes de la ciudad.

El concepto de desarrollo rural integral supera la etapa de simple redistribución de la tierra, para poner énfasis en la seguridad jurídica de su tenencia, en la organización, en el apoyo a la producción, en mecanismos más eficientes de comercialización y en la promoción del desarrollo social, todo ello bajo el concepto de la plena responsabilidad de los campesinos.

Esta es la política de modernización y de cambio de Gobierno ha impulsado en el campo mexicano.

Durante los últimos cinco años, el sector agrícola del país ha contribuido a atentar los efectos negativos de la crisis.

De 1983 a 1985, la producción de los diez principales cultivos tuvo un crecimiento acumulado de 8.5%, como resultado tanto de una expansión de la superficie cosechada, como de una mejoría de los rendimientos obtenidos.

En 1986, la producción agrícola no fue favorable, debido a las malas condiciones climatológicas aún cuando el subsector pecuario registró un incremento.

Para 1987, las perspectivas son prometedoras; se calcula una producción de 28 millones de toneladas para los cultivos principales, de la cual casi 20 millones corresponden a maíz, frijol, trigo y arroz.

A pesar de las dificultades económicas, se ha garantizado a los productores de granos básicos niveles de ingreso que los han permitido compensar sus costos e iniciar la superación del deterioro en sus términos de intercambio.

Se ha mejorado la coordinación de las instituciones del sector y se está fortaleciendo la participación de los productores en la toma de decisiones.

Durante 1986, se dio asistencia técnica a 1 millón 670 mil productores agrícolas, quienes cultivaron una superficie de 11.7 millones de hectáreas.

Asimismo, con el fin de fomentar la agroindustria, se ha propiciado una mayor asistencia técnica y una mejor promoción a las actividades de los productores.

No obstante la restricción global, los recursos crediticios canalizados al sector agropecuario, han crecido en términos reales durante esta administración.

El número de beneficiarios pasó de 2 millones 200 mil en 1983, a 2 millones 800 mil en 1986 y las hectáreas habilitadas aumentaron casi en un 20%.

En 1986, se atendió con crédito el 85% de la superficie sembrada de cultivos básicos.

Para 1987, se ha formulado un ambicioso programa crediticio por 3.6 billones de pesos.

Se han mantenido en forma selectiva importantes subsidios en materia de tasas de interés, precio de los fertilizantes y costo de la electricidad.

En 1986, la balanza agropecuaria tuvo un superávit de 1 mil 161 millones de dólares que se compara con los déficit de años anteriores.

Las importaciones ascendieron a 5.1 millones de toneladas, a diferencia de los 10.5, 8.5 y 7.3 millones de 1983, 1984 y 1985, respectivamente.

Aunque decrecientes, reflejan la presión que ejerce el crecimiento de la población y la dinámica del sector ganadero sobre la oferta de maíz y sorgo.

En los primeros seis meses del año, continúa un superávit externo, aunque éste es menor al del año anterior, debido principalmente, a la caída del precio del café y del jitomate.

Para fortalecer la infraestructura productiva, se incorporaron 72 mil hectáreas al temporal tecnificado, se construyeron 811 obras de pequeña y grande irrigación, se incorporaron al riego 42 mil hectáreas y se rehabilitaron 31 mil.

En cuanto a la capacitación y conducción de agua para usos múltiples, se elevó la capacidad de suministro; destaca por su importancia la aportación del Sistema Cutzamala y del Acueducto Yurivia Coatzacoalcos.

La confederación Nacional Campesina y la Central Campesina Independiente han estado permanentemente realizando propuestas que han influido en forma decisiva en la acción del gobierno.

Mi gobierno sostiene los principios revolucionarios y las convicciones agrarias del Estado Mexicano: el latifundio, el acaparamiento y la concentración física y económica son contrarios a la justicia social y a la eficiencia productiva.

En el periodo que cubre este informe publicamos 488 resoluciones que dotan de una superficie de 957 mil 341 hectáreas a 42 mil 152 jefes de familias campesinas, con las cuales se han beneficiado durante esta administración a un total de 162 mil familias con 4 millones 661 hectáreas.

Asimismo, en el periodo 1983 - 1987, hemos avanzado considerablemente en la ejecución de las resoluciones presidenciales, tanto en las publicadas en este régimen, como de las administraciones anteriores, habiendo entregado materialmente 7 millones 151 mil hectáreas hasta la fecha.

La actualización de los derechos agrarios de los campesinos de certidumbre jurídica a los titulares de la propiedad social.

En el periodo que informo, se otorgaron 246 mil 593 certificados de derechos agrarios , con lo que en cinco años se han entregado 1 millón 138 mil 77 certificados, cantidad casi igual al total emitido hasta 1982.

Hemos entregado 52 mil 839 certificados de inafectabilidad durante el período de este informe y de 1983 a la fecha, se ha entregado un total de 179 mil certificados, con lo que se precisa y se da mayor seguridad a la pequeña propiedad agrícola y ganadera.

Asimismo, se han entregado 9 mil 785 títulos a colonos, lo que representa casi la mitad de los otorgados desde que se publicó la Ley de Colonización, en los años veintes hasta finales de 1982.

El Programa de Catastro Rural ha permitido dar una nueva dinámica a las acciones de la regularización de la tenencia de la tierra.

A la fecha se ha logrado foto identificar el 91% del territorio nacional.

Este avance significativo nos permite reafirmar nuestro compromiso de acabar este trabajo durante el presente año y entregado a los gobiernos de los estados en 1988.

Se mantiene firme el propósito de regularizar los asentamientos humanos y prevenir nuevas irregularidades mediante la constitución de reservas territoriales.

En el periodo que cubre el informe, se regularizaron 4 mil 166 hectáreas, legalizando la propiedad urbana de 108 mil 732 familias.

Cercanos ya a la conclusión de reparto masivo de tierras, estamos renovando el proceso de reforma agraria y orientándolo hacia formas superiores de organización para aprovechar integralmente lo ya repartido y conjuntar la capacidad, la imaginación y el esfuerzo de los campesinos con el apoyo decidido del gobierno.

Durante la presente administración se han integrado 12 mil 905 organizaciones agrarias de primer nivel, con el propósito de que actúen como eficientes unidades de desarrollo rural.

5.2 Pesca y recursos del mar

Por la extensión y la riqueza de nuestro litoral, por la magnitud potencial del mercado interno y por las oportunidades de exportación, la pesca tiene en México perspectivas muy alentadoras.

Para seguir promoviendo su desarrollo, debemos fortalecer la acción conjunta de los sectores público, privado y social.

Tras haber crecido a una tasa promedio de 7.9% en los pasados de cuatro años, en los últimos 12 meses la producción pesquera aumentó en 11.5%.

Con ello se alcanzó una producción de 1 millón 460 mil toneladas y se dio ocupación a más de 278 mil trabajadores.

La pesquería del atún fue la más dinámica: su captura, que en 1983 era de 45 mil toneladas, alcanzó en 1986 el monto récord de 102 mil toneladas y se espera para este año un crecimiento adicional del 20%.

Con un aumento de 8.6% respecto al año anterior, el ingreso de divisas por la exportación de 166 mil toneladas de productores pesqueros ascendió en 1986 a 500 millones de dólares, de los cuales correspondieron a la venta de camarón el 74.3% del valor total.

En los primeros seis meses del año, se realizaron exportaciones por 265 millones de dólares.

Hemos entrado de lleno al desarrollo de la acuacultura, tanto de agua dulce como de marina, en especial a la del camarón, con la participación decidida de los pescadores y de los campesinos.

El 25 de enero último entró en vigor la nueva Ley Federal de Pesca, producto de amplia consulta.

Hemos ampliado el diálogo con las cooperativas pesqueras, con objeto de apoyar sus esfuerzos, de elevar su productividad y eficiencia.

5.3 Fomento industrial y Comercio Exterior

El sector industrial es uno de los que con mayor intensidad han resentido los efectos de las crisis de los últimos años y, por ello, se ha emprendido en él con mayor vigor la tarea de renovación y de cambio.

1986, el de mayor dificultad económica, se significa también por la magnitud de los esfuerzos de adaptación realizados por la industria; esto se mantienen y dan ya resultados alentadores durante el presente año.

En la reconversión de ramas en las que predominan empresas privadas, destacan la industria textil, la agroindustrial y la de autopartes; las de calzado y de electrodomésticos han solicitado su incorporación a programas de reconversión productiva.

Los programas de desarrollo industrial vigentes se han fortalecido mediante acciones encaminadas a la modernización de las ramas automotriz, farmacéutica, petroquímica, electrónica, de la pequeña y mediana industria y de la maquila de exportación.

El cambio en la estructura del sector externo permitió financiar con divisas no petroleras el 85% de las importaciones totales en 1986; para el primer semestre de este año, se logró financiar el 100% de las importaciones y se obtuvo además un superávit del 9% del valor de esas últimas.

Como señalé anteriormente, también se ha impulsado el proceso de racionalización de la protección comercial, con el fin de elevar la eficiencia de la industria nacional y promover en forma sistemática la sustitución de importaciones y la expansión de las exportaciones.

Hemos alcanzado resultados favorables, incluso a un ritmo superior al previsto.

De las 29 ramas industriales que aparecen en la balanza comercial, 15 tienen superávit.

La industria automotriz se ha convertido en la más importante exportadora del sector manufacturero mientras que en 1981 representó el 60% del déficit comercial del país.

La balanza deficitaria de la industria química farmacéutica ha disminuido a la mitad y, en el sector electrónico, la proporción entre importaciones y exportaciones se ha reducido de 20 a uno en 1982, a 4 a uno en la actualidad.

En octubre del año pasado, el Ejecutivo a mi cargo aprobó un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la industria petroquímica.

Se reclasificaron 36 productos básicos como secundarios; el sector público se concentró en aquellos que constituyen su responsabilidad exclusiva, y se consolidó la participación de los sectores social y privado en los demás, lo que se traducirá en un incremento de la producción, en nuevas cadenas tecnológicas y en el cabal aprovechamiento de las ventajas que ofrece el mercado internacional.

Como consecuencia de ello, tan sólo en el primer semestre de 1987, la Comisión Petroquímica ha otorgado 46 permisos para el fomento de esta rama, más que los concedidos en 1985 - 1986, y se están concentrando otros 17, cuya inversión acumulada para fines de este año se estiman en 600 millones de dólares.

En apoyo a la política de fomento a las exportaciones de productos no petroleros, se amplió el Programa de Crédito de Garantías de Bancomext a 6.7 billones de pesos para este año.

Se han ejercido ya, durante el primer cuatrimestre, 2.3 billones, con el fin de atender y apoyar las necesidades de la comunidad exportadora.

Por otro lado, con el mecanismo para capitalizar pasivos de empresas endeudadas con el exterior y sustituir deuda pública por inversión, establecido como parte de las políticas de fomento a la inversión extranjera de manera selectiva, se aprobó casi el 50% de la inversión autorizada en el año, que fue de más de 2 mil 400 millones de dólares, a pesar de haberse iniciado a mediados de 1986.

Finalmente, cabe mencionar que la adhesión al GATT ha empezado a dar resultados positivos, ya que obtuvimos un fallo favorable a México en relación con el impuesto de las importaciones de petróleo de Estados Unidos.

5.4 Energéticos

El desarrollo de México no podría explicarse sin el carácter nacionalizado de los hidrocarburos, que tanto han contribuido a acrecentar la fortaleza económica y social del país y, en consecuencia, también su independencia política.

Pemex es una empresa estratégica de vital importancia.

En 1987, enterará la Federación más de 14 billones de pesos en impuestos directos e indirectos, y le reportará a la Nación más de 8 mil 200 millones de dólares por venta de hidrocarburos en el exterior.

Esta importante aportación nos ha permitido mantener y aumentar servicios sociales básicos y efectuar inversiones de fundamental importancia.

Ello justifica ampliamente que buena parte de los precios internos de la hidrocarburos se canalicen a la nación vía impuestos.

Pemex genera una apreciable proporción de la demanda de bienes de capital e indirectamente, de mano de obra y tiene efectos significativos en el desarrollo regional del país.

Por ello, es firma propósito del Gobierno apoyar el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos.

En el último año, Pemex ha podido satisfacer las necesidades internas de energía y sostener la plataforma de exportación.

Se han dado los pasos necesarios para mejorar el mantenimiento y la seguridad de las instalaciones industriales y aumentar la utilización de la capacidad instalada.

Existe armonía entre la administración, los trabajadores y los técnicos petroleros, y se cuida la vida y la seguridad de los obreros, sus familias y la comunidad.

Se impulsa la exploración y certificación de yacimientos y el desarrollo y articulación de los sistemas de explotación, con una visión de largo plazo, indispensable en la industria petrolera.

Se introducen mejores tecnologías y se modernizan los sistemas de transporte y almacenamiento.

Se promueve la conservación de energía y la protección del ambiente.

Así Pemex se prepara para atender las exigencias futuras del desarrollo nacional.

Las perspectivas del petróleo no están canceladas.

En la próxima década, los mercados internacionales, tenderán a la estabilidad y a mejores precios.

Están abiertas las posibilidades para aprovechar economías de escala, recurrir a fórmulas imaginativas de inversión y coinversión, y colocar en el exterior productos con cada vez mayor valor agregado.

La petroquímica básica y secundaria son ramas de avanzada tecnología, en las cuales, tanto el sector público como el privado pueden integrar cadenas productivas en los términos fijados por la ley, que contribuirán a impulsar la industrialización y el comercio exterior del país.

En contraste con la inestabilidad del mercado petrolero observada en 1986, a lo largo del período que informo, ha habido un crecimiento razonable de los niveles de precios.

Esto ha sido posible gracias a la concentración lograda entre la mayor parte de los productores, dentro y fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

En este contexto, hemos desarrollado una política activa basada en el diálogo entre productores y consumidores.

Como estrategia deliberada, ajustamos nuestra plataforma de exportación.

Para los meses siguientes, tenemos un optimismo moderado respecto a la estabilidad del mercado.

México seguirá insistiendo en la necesidad de mantener la disciplina en la producción y exportación de hidrocarburos para consolidar la estabilidad del mercado y precios adecuados.

En la actualidad, exportamos tecnología petrolera a Ecuador, Perú y otros países.

En mayo último, se suscribió el contrato para la construcción del gasoducto Neuquén - Buenos Aires.

Este proyecto constituye un ejemplo relevante de cooperación entre empresas públicas y privadas.

Esta operación representa para México ingresos de divisas del orden de los 175 millones de dólares.

El subsector eléctrico ha tenido un considerable crecimiento en los últimos cinco años.

Con una capacidad de generación que aumentó a una tasa media anual de 5.5% y alcanzó un total de 24 mil 58 megawatts en este año, sigue respondiendo al imperativo de apuntalar el desarrollo del país.

El incremento de la demanda de electricidad nos obliga a diversificar el uso de fuentes de energía.

De los 2 mil 80 megawatts que se agregarán al sistema nacional este año, 78.4% provendrán de fuentes diferentes de los hidrocarburos.

La generación con fuentes no petroleras pasará del 38.3% en 1982 al 42.4% en 1988, principalmente con la entrada en funcionamiento de cuatro hidroeléctricas, a las que se sumarán en el mediano plazo proyectos carboeléctricos y plantas geotérmicas.

La energía nuclear es una posibilidad para diversificar nuestras fuentes energéticas de primer orden y una oportunidad ineludible de incorporar a México a la revolución tecnológica de nuestro tiempo.

Por ello, el Gobierno Federal construye la planta de Laguna Verde.

Reconocemos que esta opción ha despertado una comprensible inquietud, sobre todo en el ámbito regional, acerca de la seguridad de operación de las plantas nucleoeléctricas.

Reiteramos que se están adoptando las medidas que ofrece la tecnología más avanzada para garantizar su seguridad.

Se han llevado a cabo revisiones profundas, tanto de las instalaciones, como de los sistemas se seguridad y protección del ambiente.

Hemos concluido las pruebas integrales previas a su entrada en funcionamiento y la dependencia competente ha solicitado, antes de cargar el reactor, la asistencia de una misión científica de la Organización Internacional de Energía Atómica para validar las condiciones de confiabilidad de la planta.

De los resultados de estos estudios se mantendrá permanentemente informada a la población por los medios de comunicación social.

5.5 Minería

La minería ocupa un lugar destacado en nuestra economía: contribuye a la generación de empleos, impulsa polos de desarrollo en zonas marginadas, promueve la integración de la planta productiva, coadyuva a la obtención de divisas y suministra insumos fundamentales a la industria y a la agricultura.

A pesar de las condiciones singularmente adversas, durante los últimos cuatro años la minería ha sido una de las actividades que mejores resultados ha logrado.

En tanto que la producción interna de plata creció en 50.8% entre 1982 y 1986, la mundial lo hizo únicamente en 9%; en oro, la misma relación fue de 25.2% contra 17 en el ámbito internacional.

Otros minerales que presentaron el mismo patrón de incremento fueron el plomo, el tungsteno y el zinc.

El sector ha afianzado su programa de exportaciones y ha mantenido una balanza positiva con el exterior.

En 1986, sus exportaciones fueron de 510 millones de dólares, con una participación superior al 7% en las exportaciones no petroleras y un saldo positivo de 331 millones de dólares.

Entre 1983 y 1986, la capacidad instalada de beneficio de minerales aumentó en 39%, al pasar de 279 mil toneladas diarias a 389 mil.

A la fecha, con los programas de sustitución de importaciones, este sector ha logrado el 70% de integración nacional de los equipos de beneficio y el 40% de los de exploración.

Contribuye así a la articulación de las cadenas productivas, punto medular de la reconversión industrial.

La liberación de reservas mineras para su explotación responde, de conformidad con la ley, a las necesidades de crecimiento y diversificación de la rama.

Se han desincorporado 1.2 millones de hectáreas susceptibles de explotación inmediata.

Es buena parte de los productos, como la plata, el plomo, el zinc y el cobre, la relación entre reservas y producción es adecuada.

La minería mexicana puede contemplar el futuro con renovado optimismo.

5.6 Comunicaciones y transportes

El sector comunicaciones y transportes es básico para la actividad cotidiana de nuestra nación, para la economía, para el movimiento de personas y bienes, para la prestación de servicios, y para la transmisión de ideas.

Por ello, continuamos los esfuerzos para mantener y ampliar la infraestructura y mejorar su funcionamiento; estamos en un amplio proceso de renovación de los sistemas de comunicaciones y de transporte del país.

Con la creación a finales del año pasado de los organismos descentralizados de telégrafos y correos, se consolidaron las bases legales de su operación, se adecuó su estructura administrativa y se modernizaron sus mecanismos operativos.

La red de transmisión telegráfica tuvo un incremento del 21% en el período que cubre este informe.

Trabajamos en la ampliación y la modernización de la red federal de microondas, y contamos ya con 7 mil 740 canales para telefonía.

Asimismo, resulta digna de mencionarse la consolidación del Sistema de Satélites Morelos con la instalación de un mayor número de estaciones terrestres adicionales.

Se añadieron también, 273 poblaciones al sistema de telefonía rural, beneficiándose con ello a más de 150 mil habitantes.

Teléfonos de México ha incrementado sus operaciones en un 6% anual promedio desde finales de 1982, e instalará, en los últimos meses de este año el teléfono 8 millones.

Cabe destacar que pese a los daños sufridos a causa de los sismos de 1985, que aislaron a la Ciudad de México del mundo, el servicio telefónico fue restablecido en su totalidad en un tiempo récord de ocho meses.

Se logró, adicionalmente, descentralizar la red metropolitana de larga distancia, con la instalación de equipos de conmutación con un potencial de manejo de tráfico de 20 millones de conferencias mensuales, que aumenta la capacidad disponible en un 70% en comparación con la anterior al sismo.

Finalmente, en 1986 entraron en operación las primeras rutas con fibra óptica con una longitud de 348 km.

De esta manera nuestro país ingresa al uso de tecnologías de punta en el ámbito mundial.

Todas estas innovaciones tecnológicas están requiriendo tiempo para su plena operación, por lo que reconocemos que se han presentado fallas en el servicio, mismas que superaremos en unos meses más.

En abril pasado se constituyeron el Instituto de Comunicaciones y el Instituto de Transporte, dedicados a la investigación y desarrollo de tecnología aplicada en la materia.

Con ello se reducirá la dependencia del extranjero.

En el transcurso de esta administración se han agregado más de 15 mil kilómetros de carreteras y caminos, y se han aumentado en más del doble, las autopistas de cuatro carriles.

Destacan las obras de modernización y ampliación de las carreteras México- Toluca, Guadalajara Manzanillo, Puebla - Orizaba, Querétaro - Irapuato, Querétaro - San Luis Potosí, Guaymas - Hermosillo - Nogales y Monterrey - Linares, además de la construcción de las carreteras Teotitlán- Tuxtepec y Chihuahua - Hermosillo.

Pese a la escasez de recursos, damos prioridad a los trabajos de mantenimiento de la red existente.

Por ello destinamos 132 mil millones de pesos en 1987 a este fin y transferiremos a los gobiernos estatales la conservación de las redes alimentadora y rural.

Por último, entre las grandes obras en proceso, sobresale la construcción de los puentes de Tampico, Internacional de Reynosa II y Ciudad Acuña.

En el periodo de que se informa, se pusieron en operación cuatro nuevas terminales centrales de autobuses de pasajeros.

Continúan en proceso de construcción 15 más; entre ellas las de Guadalajara, con una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos y la de Puebla que está prácticamente terminada.

De 1982 a la fecha, el servicio público federal de pasajeros ha registrado una tasa de crecimiento anual de 5%.

La modernización ferroviaria es el eje fundamental de la estrategia de cambio estructural del sistema de transporte.

Por su importancia, este servicio se definió en el artículo 28 constitucional como área estratégica reservada al Estado.

En 1984, se emitió la nueva Ley Orgánica de Ferrocarriles Nacionales de México, empresa que desde 1986, integra todos los servicios ferroviarios del país.

El contrato colectivo, que hasta 1982 había tenido muy pocos cambios, se está modernizando, adecuándolo a los sistemas actuales de operación y estableciendo un esquema de remuneraciones que promueva la productividad y la capacitación para un mejor desarrollo de los trabajadores ferrocarrileros.

Se están construyendo grandes obras de infraestructura ferroviaria, entre las que resaltan la electrificación de la vía doble México - Querétaro, la modernización del ferrocarril mexicano, entre la capital y Veracruz y la nueva vía directa Guadalajara - Monterrey.

Adicionalmente, se puso en marcha un programa especial de reparación de locomotoras, gracias al cual se podrán poner en operación a corto plazo 275 unidades.

El servicio de pasajeros, que en gran medida proyecta la imagen pública del ferrocarril, se está reestructurando para concertarse en las rutas de alta densidad de tráfico, con un nuevo concepto que mejora apreciablemente la calidad del servicio.

En primera especial, los avances están a la vista en el Constitucionalista, el Regiomontano, el Tapatío y el Purépecha.

En esta empresa se han adoptado también importantes medidas de saneamiento financiero.

Se reestructuraron las tarifas de manera que en la actualidad permiten cubrir los costos de operación en el servicio de carga.

El Gobierno Federal asumió un mil millones de dólares de la deuda acumulada del organismo, comprometiéndose la empresa a elevar su productividad y su eficiencia.

En materia de transporte marítimo, sobresale el impulso a la marina mercante nacional, la cual ha crecido de un nivel de 2 millones de toneladas de peso muerto en 1982 a cerca de 3.5 millones de toneladas.

En 1988 se pretende lograr una participación de 45% en el movimiento de altura de nuestro comercio exterior, excluyendo petróleo y derivados.

Se continuó la ampliación de 12 puertos de altura, entre los que destacan Mazatlán, Tampico, Manzanillo, Guaymas y Ensenada.

Avanzamos en la construcción del nuevo puerto de altura en Progreso.

Por lo que hace a los puertos industriales se avanza en las obras complementarias de los de Lázaro Cárdenas en Michoacán y Altamira en Tamaulipas.

Se está reorganizando el transporte aéreo troncal, con el propósito de incrementar su competitividad en el tráfico internacional y de racionalizar la oferta de servicio doméstico.

Fueron concluidos durante el período que se informa los aeropuertos de Puebla, Puerto Escondido, Tlaxcala y Querétaro.

Continuamos las obras en diversas terminales, como las de Colima, Bajío y Bahías de Huatulco.

La red nacional cuenta así con 57 aeropuertos, de los cuales 12 se habrán añadido durante esta administración.

Proseguiremos con la reestructuración de las compañías nacionales de aviación comercial; su servicio deja mucho que desear, sus índices de eficiencia son bajos y siguen requiriendo importantes subsidios del Gobierno.

5.7 Modernización comercial y abasto

En cumplimiento de los compromisos de nuestro programa de gobierno, hemos realizado importantes acciones para fomentar la producción y distribución de productos básicos y satisfacer las necesidades de abasto de la población.

El Sistema Nacional para el Abasto ha buscado estrechar las relaciones entre las zonas de producción y los centros de consumo, apoyar con eficiencia el consumo popular y establecer un mayor equilibrio entre el abasto urbano y el rural.

La construcción de grandes centrales de abasto, como la de Puebla, ha permitido abatir mermas, reducir márgenes, homogenizar precios y mejor el funcionamiento de los mercados.

Los subsidios continuaron siendo objeto de revisiones para evitar su desvío y utilizar los recursos públicos disponibles con un claro criterio social.

En este contexto, se eliminaron los subsidios a las materias primas, particularmente de la industria procesadora de aceites y de la panificadora, así como el arroz y el frijol, y se concentraron en apoyo al consumo de los grupos de menores ingresos.

Se establecieron programas de protección al salario del obrero, y a la economía familiar campesina, así como abasto de medicamentos básicos.

En el periodo 1983 - 1986, la Conasupo incrementó la producción de harina de maíz en 12%, la de aceites y grasas en 23% y casi duplicó la de la leche.

Se continuó con el sistema de cupones para la adquisición de tortilla y leche rehidratada y con la venta de productos básicos por medio de 18 mil puntos de distribución de la Conasupo en todo el país.

Este organismo ha sido objeto de adecuaciones para enfrentar con eficiencia la situación por la que atraviesa la economía mexicana.

Las acciones emprendidas se enfocaron al cambio estructural, por medio de la mejoría en la operación y en las finanzas de la entidad; se depuraron programas y se le dio primacía a su papel regulador de los mercados sobre el de abastecedor masivo de insumos.

Como resultado de ello, se ha dotado de mayor transparencia a los procesos de abasto y se han eliminado presiones innecesarias en el presupuesto de la empresa, pero conservando y aun ampliando su función social.

5.8 Turismo

A los 18 meses de iniciado el Programa de Acción Inmediata para Fomento del Turismo, se han obtenido logros sin precedente.

En 1986, se recuperaron los flujos de visitantes extranjeros, que habían disminuido en el primer trimestre debido a las repercusiones de los sismos.

Así, recibimos a 4.6 millones de turistas extranjeros, lo que representó un incremento de 10% con respecto a 1985.

En lo que va de este año, se han recibido 3.6 millones de turistas e ingresos por 1 mil 600 millones de dólares, lo que permite prever que este año se cumplirá con la meta fijada de superar, por primera vez, la cifra de 5 millones de visitantes provenientes del exterior.

Se ha agilizado la autorización de vuelos de fletamentos, con lo que, en 1986, se pudo aumentar en 25% el número de pasajeros extranjeros transportados en esa modalidad y de enero a agosto de este año, en 40%.

Las líneas aéreas nacionales establecieron nuevas rutas con lo que se ha incrementado en 20% el número de pasajeros internacionales transportados.

En el autotransporte terrestre, se dio un paso importante hacia la solución del problema de la internación de autobuses extranjeros, en viajes de fletamento, al aprobarse por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el convenio celebrado entre empresas transportistas de México y de Estados Unidos de América.

Con ello, se da respuesta al planteamiento que, por cinco décadas, han formulado los prestadores de servicios turísticos.

La construcción de 9 mil cuartos de hotel, cuya edificación se inició el presente año, constituye un incremento del 70% con relación a 1986.

Esto muestra la creciente confianza de los inversionistas en este sector.

Fonatur financió 4 mil de esas habitaciones, así como el remozamiento de otras 2 mil 500.

Se avanza en la infraestructura y equipamiento urbano y turístico de la primera etapa del proyecto Bahías de Huatulco, donde su aeropuerto internacional y 600 habitaciones de hotel entrarán en servicio en diciembre próximo.

Para el siguiente verano, esta última cifra ascenderá a 1 mil 300 y su operación genera actividades que habrá de dar sustento a una población permanente de 13 mil personas.

Con este proyecto, estableceremos un nuevo polo de desarrollo regional en Oaxaca, que tanto necesita fuentes de empleo.

Se han enfatizado y reorientado las campañas de promoción de nuestros atractivos turísticos, con el objeto de afrontar la cada vez más intensa competencia de otros países y destinos.

México es sin duda un país con gran vocación turística.

Contamos con un enorme potencial por desarrollar, tanto para ampliar las posibilidades recreativas internas, como para promover turismo del exterior.

La evolución registrada durante 1986 y los primeros ocho meses de 1987 muestra los frutos de la conjunción de esfuerzos entre los sectores público, privado y social.

El turismo está adquiriendo una nueva dimensión dentro de la economía nacional.

5.9 Desarrollo tecnológico y científico

El desarrollo de la ciencia y la tecnología contribuye de manera fundamental al fortalecimiento de la capacidad creadora del país y al proceso en marcha de renovación y de cambio.

Se ha acrecentado en los últimos años la conciencia nacional sobre su valor estratégico.

Por ello, el Gobierno Federal, particularmente por medio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, apoya los esfuerzos realizados para cumplir los objetivos en esta materia del Plan Nacional de Desarrollo y el programa correspondiente.

En el transcurso de este régimen, se ha desarrollado un sistema de posgrado más equilibrado tanto geográficamente como por áreas de conocimiento.

El Conacyt ha reorientado el sistema de becas, otorgado más de 9 mil y modificado la proporción de becarios entre México y el extranjero.

Más de 3 mil investigadores se han incorporado al sistema nacional recientemente creado.

Entre 1983 y 1986, se han apoyado 937 nuevos proyectos de investigación y 601 de desarrollo, tomándose en cuenta, para su selección, los temas y criterios señalados como propietarios por la propia comunidad científica y tecnológica.

Hemos buscado estrechar los vínculos entre la investigación tecnológica y la actividad productiva.

Se ha dado prioridad a la concentración de acciones mediante los programas de riesgo compartido, impulsándose 165 nuevos proyectos en los últimos cuatro años.

Ello ha permitido registrar avances importantes en el campo de los energéticos, las comunicaciones, el sector agropecuario, la protección ecológica en nutrición y salud y apoyar a la producción nacional de bienes de capital, la pesca, la agroindustria, la construcción.

Se abrió al público el sistema de servicio de consulta a bancos de información; se llevó a cabo un inventario de agentes tecnológicos, primero en su género en el país, y considerando de gran utilidad por los productores; se fortalecieron intercambios y mecanismos de cooperación con más de 40 países, y se realizó, por todos los medios de comunicación, un gran esfuerzo divulgador.

6. Departamento del Distrito Federal

La prestación de servicios básicos a la población del Distrito Federal ha requerido una atención prioritaria.

Nuestro principal compromiso es dignificar la convivencia social de los habitantes de la capital de la República, superamos los grandes rezagos, las desigualdades y las distorsiones provocados por el crecimiento urbano acelerado.

Para cumplir con una de las principales demandas de la población capitalina, ofrecimos integrar un sistema de vialidad y transporte urbano colectivo que otorgara preferencia a la transportación masiva.

Con la puesta en operación de la primera etapa de la línea nueve del metro Pantitlán Centro Médico y tren ligero que corre de Taxqueña a Huipulco, el Sistema de Transporte Colectivo cuenta actualmente con 137 kilómetros.

Avanza la construcción de la línea siete del Metro, de Tacuba a el Rosario, y la prolongación del tren ligero hasta Xochimilco; también se iniciaron los trabajos del metro ligero que correrá por la Calzada Ignacio Zaragoza.

Al terminarse estas obras, los capitalinos contarán con una infraestructura de transporte colectivo de más del doble que la que teníamos al inicio de esta administración.

A la fecha, la línea Ruta - 100 ha duplicado su equipo vehicular, alcanzado la cifra de 7 mil unidades y ha incrementado sus rutas de 114 a 226.

El sistema de Transportes Eléctricos aumentó sus líneas de trolebuses en 140 kilómetros para alcanzar la cifra de 510 a la fecha, que se comparan con los 294 km. que tenía la red en 1982.

En la construcción de obras públicas y la prestación de servicios urbanos, el criterio general de gobierno privilegia el mejoramiento de la infraestructura existente, antes que iniciar expansiones que nos lleven a una inadecuada prestación de los servicios básicos.

Para mejorar la vialidad en la ciudad de México, se avanzó en la construcción del Eje Vial 10 sur, que unirla el Periférico Sur con la carretera México - Puebla; de la prolongación del Paseo de la Reforma, en el tramo la Venta - Universidad Iberoamericana, que aliviará la circulación con destino o procedencia de Toluca; se inició la construcción del puente distribuidor vial Picacho - Periférico; se terminaron los puentes vehiculares Circuito Interior - Avenida Universidad - Coyoacán, el de la Avenida Río Churubusco - Añil y el de Ticomán, que forma parte de la obra vial La Salle - La Escalera.

Para garantizar el suministro de agua potable a la capital, se terminó el túnel principal de Acueducto Periférico Ramal Sur, obra que se venía realizando desde 1983 y que es indispensable para recibir las aguas provenientes del Sistema Cutzamala.

La red primaria de agua potable se fortaleció con la construcción de las líneas de interconexión Villa Verdún, El Cartero y Santa Lucía y la red secundaria se amplió en 33 kilómetros, lo que permite suministrar agua potable al 97% de la población que cuenta con tomas domiciliarias.

En lo referente al servicio de drenaje, se terminó el colector semiprofundo de Iztapalapa, con una extensión de 5.8 kilómetros, que beneficia a 600 mil habitantes.

Se continuaron los trabajos de desazolve de los ríos Hondo y Churubusco, así como en las presas San Lucas, Anzaldo y en las del poniente del Distrito Federal.

En materia de reordenación urbana se concluyó el nuevo Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que amplía la seguridad estructural de la edificación y fija nuevas pautas para el desarrollo de la ciudad.

Mediante consulta pública, fueron actualizados los programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y los parciales delegacionales, vigentes desde 1982, lo que constituye un notable avance hacia la integración de una ciudad más humana, segura y armónica en su crecimiento.

Por lo que corresponde a la protección ecológica, se firmó un convenio con 34 organizaciones civiles ambientalistas para que a través de la participación organizada de la población en programas específicos, se avance en la lucha contra la contaminación.

Se inauguró la Alameda del Sur, el jardín de la Solidaridad y los jardines "Jesús Reyes Heroles", "Juan Rulfo" e "Ignacio Chávez" en predios donde los daños de los terremotos de 1985 produjeron la incosteabilidad de su rehabilitación.

En próximas semanas se inaugurarán la Alameda Norte y la Santa Cruz Meyehualco, lo que significa que en un año habrá puesto en servicio más de 100 hectáreas de áreas verdes.

Como medida para evitar la contaminación, se construyó el relleno sanitario del Bordo Poniente Uno y está en construcción el correspondiente al Bordo Poniente Dos, ambos localizados en el ex- Lago de Texcoco.

Se inició el relleno sanitario Prados de la Montaña, que sustituye al tiradero de Santa Fe, el cual fue clausurado y ya se iniciaron los trabajos para convertirlo en uno de los parques más grandes de la ciudad.

Con estas obras podemos informar con satisfacción que el 66% del volumen de los desechos sólidos que se colectan en el Ciudad de México, se manejan ahora por el método de relleno sanitario, evitando así la contaminación del ambiente provocada por los basureros a cielo abierto, sistema por el cual se manejaba toda la basura al principio de nuestra administración.

Se refuerza la infraestructura hospitalaria mediante la ampliación y remodelación de los hospitales la Villa, Balbuena Infantil.

Moctezuma, Infantil Peralvillo, Materno - Infantil Topilejo y de Urgencias en Xoco.

Se continúa con los trabajos del que será el Hospital Central del Distrito Federal.

Para ampliar la cobertura de educación básica y media en la ciudad, se edificaron 73 nuevas escuelas en las diferentes delegaciones y están próximas a concluirse 40 escuelas más.

Se ha trabajado en la construcción de las ciudades deportivas de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y álvaro Obregón, se han concluido 15 centros deportivos más y 700 módulos deportivos ya cuenta con instalaciones adecuadas.

Mediante el Programa de Abasto y Comercialización hemos ampliado la infraestructura para garantizar a los sectores más desprotegidos de la población un abasto oportuno y suficiente de productos básicos, al rehabilitar 41 mercados públicos, que sumandos a los 53 que se habían remodelado anteriormente, nos dan un avance del 30% en la remodelación de todos los mercados de la ciudad.

Para mejorar la seguridad pública, se ha procedido a reestructurar la policía de la ciudad de México y se han integrado al servicio activo 3 mil 700 nuevos elementos, gradualmente en la Academia de Policía.

Se cuenta con 123 módulos de seguridad y se ha reforzado el equipo de seguridad con la adquisición de 175 patrullas y 46 unidades de transporte auxiliar; en los reclusorios Sur y Oriente se han puesto en servicio módulos de alta seguridad.

En la capital de la República viven compatriotas de todas partes del país y, como todos, requieres servicio y satisfacciones a sus necesidades.

No vamos a permitir que el Distrito Federal se deteriore.

Es y seguirá siendo la ciudad de todos los mexicanos.

Honorable Congreso de la Unión:

Estamos en un proceso de cambios.

Nuestro tiempo ya no es de emergencia, es de renovación.

El cambio estructural y el fortalecimiento de las instituciones van a seguir siendo su sustento.

Vamos a continuar apoyados en la unidad y concordia que hemos logrado y en la solidez de un sistema político e institucional que ha probado su eficacia ente tiempos difíciles.

La renovación de hoy no sólo es política de gobierno, sino conciencia y actitud esencial de nuestro pueblo.

Es tarea institucional y reclamo social.

Las naciones que no cambian decaen.

Las que cambian sin dirección se disgregan.

México cambia reafirmando y renovando a la Revolución.

Con un ideario de consenso y unidad frente a una época más compleja y dinámica.

Confirmamos lo mucho y bueno que el país ha forjado a través de sus instituciones y renovamos lo necesario para adoptar a las nuevas circunstancias y dar cimiento a un futuro mejor.

La Revolución tiene respuestas vitales para el nuevo desarrollo de México.

Tenemos historia, tradición, principios e instituciones.

Nunca nos hemos dejado vencer por la adversidad.

Nos caracteriza una idiosincrasia de lucha y tenacidad.

El pueblo posee una energía indomable.

Ello nos asegura que vamos a resolver los problemas que aún subsisten.

En años de dificultades, la paz social y la estabilidad política tienen significados precisos.

Reflejan la adhesión y el consenso a nuestro orden constitucional.

Son el ingrediente que todo país requiere para resolver sus problemas y avanzar, para llevar a cabo una sana acción al servicio de una idea transformadora.

La crisis en temporal, México está saliendo adelante.

No volvamos sobre mitos superados, no busquemos soluciones en el pasado.

La nostalgia por otras épocas no es remedio para nuestros males presentes, ni sustento del futuro.

La renovación nacional ha incidido en todos los ámbitos de nuestra vida.

Ha cambiado la política ha modernizado nuestra economía, nuestra sociedad es distinta y esta transformación no ha sido consecuencia de la marcha del tiempo, sino se debe a la acción consciente de pueblo y Gobierno.

La renovación nacional tiene sustentos jurídicos e institucionales.

Las grandes propuestas ya han sido hechas; se han tomado las decisiones fundamentales.

El camino que aún nos queda por recorrer, debemos transitarlo con apoyo en lo logrado.

Durante el último tramo de mi gobierno, sólo propondremos iniciativas que nos permitan complementar y afianzar lo que ya está en marcha.

Tenemos por delante una importante tarea de consolidación.

La democracia integral no es un mero enunciado.

Ella se condensa el sentido que orienta el perfeccionamiento de nuestras instituciones.

El sistema político mexicano está vigente: lo perfeccionamos y lo ajustamos a las necesidades del nuevo pluralismo de la sociedad.

Queremos más democracia.

Democracia que refuerce nuestra convivencia pacífica, que permita más y mejores espacios de participación y representación social, que sustente en las aspiraciones populares y en el reconocimiento de las necesidades políticas y económicas de la nación.

Democracia, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social cultural del pueblo, que contribuya a la mejor convivencia humana, en el aprecio a la dignidad a la persona y la integridad de la familia, y en el sustento de los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres.

Entendemos que la democracia es dinámica, que se nutre de la pluralidad, la diferencia y la crítica.

Por ello, buscamos en la conciliación de los interese, en la superación, de conflictos, en la negociación y la concentración, de ejercicios políticos que den nueva forma a la relación del Gobierno con la sociedad.

La justicia social es el otro gran postulado que nos rige.

Expresa nuestra voluntad histórica para alcanzar la igualdad entre todos los mexicanos.

Por ello, y dado que todavía existen muchos desequilibrios e inequidades en nuestra sociedad, necesitamos perseverar en los cambios estructurales que nos permitan apoyarnos en un aparato más productivo y eficiente, que distribuya con mayor equidad ingreso y riqueza.

Hay avances sustanciales en las tareas que nos hemos propuesto.

Hemos renovado la política, tanto en los procesos electorales como en la relación entre la sociedad y el Estado, en el equilibrio entre poderes y entre los tres niveles de Gobierno, en la mejoría de la impartición de justicia, así como en la comunicación social y en la participación política.

Hemos renovado la política exterior mediante nuevos enfoques y mecanismos que nos han permitido fortalecer nuestros principios y realizar una labor activa en el ámbito internacional, impulsado pragmáticamente la lucha por la paz y el desarrollo, mirando hacia Latinoamérica sin perder la relación digna y útil con nuestros vecinos del norte, y reactivando nuestra relaciones con otras naciones.

La voz de México es respetada en los foros internacionales, y hemos demostrado el principio de que nuestro país obtiene más beneficio de la negociación firme que de la confrontación estéril.

Hemos renovado la política económica, enfrentando con decisión y realismo nuestra difícil circunstancia interna y externa, fortaleciendo mediante el cambio estructural las áreas fundamentales del Gobierno, y evitando que cargue lastres que le impida cumplir con su mandato constitucional.

Elevamos la eficacia del apartado productivo, público y privado, por medio de la apertura comercial y la reconvención industrial; avanzamos en el saneamiento de las finanzas públicas y recobramos el crédito externo de la nación.

Hemos renovado la política social, habiendo más con menos, revolucionando la labor educativa, sistematizando y ampliando la protección a la salud, fomentando la producción y distribución de alimentos, y dando una prioridad sin precedente a la vivienda y a la protección del ambiente.

Hemos renovado el equilibrio regional al impulsar la descentralización de la vida nacional.

Tenemos convicción federalista; apoyados en ella, vigorizamos, para beneficio de México, la vitalidad de la provincia, fortaleciendo la capacidad productiva de las regiones y buscando la equidad en el desarrollo nacional.

De esta manera, hemos logrado que la variedad de espacios y el mosaico de actitudes puedan sumarse en una gran tarea nacional.

Descentralizar es esparcir el desarrollo, democratizar y ganar eficiencia y capacidad de acción.

En este afán reconocemos que nuestros estados y regiones son interdependientes y diferentes, pero que la nación es una.

Estoy consciente de que subsisten rezagos, y de que aún padecemos problemas estructurales.

Muchos hemos alcanzado en la corrección de desequilibrios.

Pero pese a los esfuerzos realizados, todavía persisten problemas lacerantes como la inflación, que golpea más a quien menos tiene, o el atraso y la marginación de grupos y regiones que el país no ha podido incorporar a los beneficios del desarrollo.

La inflación persiste tercamente y la recuperación procede de manera gradual.

Pero detener la inflación a costa del crecimiento llevaría a nuevos y peores desequilibrios; crecer a como dé lugar nos expondría a fenómenos hiperinflacionarios y anularía el esfuerzo y la dedicación que estos años de crisis ha empeñado el pueblo de México.

No podemos exponer lo alcanzado.

La recuperación, la generación de empleos y el combate a la inflación son procesos cuyo ritmo de avance depende de las posibilidades reales del país.

Como todos los fenómenos que calan hondo en la estructura social y económica de una nación su cumplimiento exige tiempo, esfuerzo tenaz y disciplinado, y cuidadoso manejo.

No perdamos la perspectiva, ubiquemos nuestros logros a partir de la dramática crisis que tuvimos que enfrentar al inicio de esta administración.

Nuestra decisión, perseverancia y firmeza enaltece a la Patria y estimula nuestra confianza en nuestros mismos.

Tenemos motivos para confirmar la certeza en el destino seguro de la nación y bases para acrecentar el orgullo de ser mexicanos.

Nuestro país tiene más activos que pasivos; más futuro que pasado.

Al renovarnos estamos construyendo un México mejor.

El proceso no se agota en una administración.

Un sexenio es apenas un capítulo de historia.

Hemos iniciado una profunda transformación; hemos apuntado y avanzado en el camino, pero es más lo que falta por hacer.

Tocará a la nación establecer los programas y tácticas que los tiempos y circunstancias aconsejen, a fin de asegurar la actualización permanente de los principios y valores de la Revolución Mexicana.

El país se fortalece con la renovación: la perspectiva de México es positiva.

El enorme esfuerzo realiza por el gran pueblo de México, que con orgullo he conducido, nos está sacando adelante.

Los estamos haciendo sobre bases productivas más firmes, con paz social y con fortaleza institucional.

Esfuerzo siempre tendrán que haber, no hay grandeza cómoda o fácil.

Durante el próximo año seguiremos trabajando, continuaremos la labor paciente y tesonera que exige la renovación nacional, preservaremos lo que haya que conservar, pero, sobre todo, consolidaremos los dos procesos fundamentales en los que hemos empeñado trabajo y sacrificios: el cambio de estructural y la transformación institucional de México.

Siete tesis de la Revolución Mexicana orientaron desde el principio la acción de mi gobierno.

A partir de ellas se establecieron prioridades, objetivos y estrategias.

La renovación nacional es para fortalecer el nacionalismo revolucionario, profundizar en la democratización integral, avanzar hacia una sociedad igualitaria forjar una moral renovada de trabajo y dedicación a la nación, descentralizar la vida nacional, lograr desarrollo, empleo, y combate a la inflación.

Todo ello con el sustento del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Con estas tesis que derivan de la Constitución, ofrecí realizar los cambios que habrán de transformar a la nación y construir una etapa diferente y mejor de nuestra historia.

Lo estamos haciendo.

Somos un pueblo y un Gobierno que sabe lo que quiere, que sabe hacia dónde va.

Seguiremos actuando en consecuencia, con seguridad y congruencia.

Mexicanos:

La renovación nacional que estamos realizando nos ha llevado a cambiar formas y conductas en el ejercicio de la autoridad y la acción política.

He concebido el ejercicio de la autoridad presidencial como elemento de cohesión y unidad, y como tarea privilegiada de servicio a mi patria.

Me he empeñado en una tarea de conducción clara y firme y de eficaz coordinación institucional, de ejercicio de la autoridad sujeta al derecho y de respeto a mis conciudadanos.

La autoridad presidencial tiene como obligación suprema la soberanía nacional y como límites las garantías individuales, los derechos sociales, la división de poderes y el sistema federal.

También limitan y ponderan el ejercicio de esta autoridad la libertad de expresión y la crítica de los medios de comunicación y los intelectuales, la vigencia del pluripartidismo, el vigor de las organizaciones sociales y una sociedad cada día más vigilante y participativa.

Pieza importante de este sistema que sujeta el poder al derecho es el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad por el Poder Judicial de la Federación mediante el juicio de amparo.

El poder público es responsabilidad y sujeción a la ley, es respeto a la dignidad del pueblo, no se debe ejercer con estilos personales producto del capricho o la arbitrariedad.

Tenemos un sistema institucional en el que se han desterrado el caudillismo y los liderazgos providenciales.

La legitimidad del poder público está en la defensa de la soberanía y en la sujeción a la ley, en la formación del consenso social, y en el respeto a las libertades y derechos de grupos e individuos.

Las leyes y las instituciones prevalecen por encima de los hombres.

En la acción transformadora nacional que hemos realizado, lugar preponderante ocupan conductas y actitudes, pues no basta la letra de la ley si ésta no rige como forma de comportamiento cotidiano.

La evolución de nuestra acción de toda la sociedad, por la acción diaria de cada uno de nosotros

La autoridad se ejerce para encausar las aspiraciones de los mexicanos, para dirimir controversias mediante la negociación y el diálogo.

El Ejecutivo a mi cargo se ha mantenido en contacto con todos y cada uno de los grupos sociales.

Con organizaciones de obreros, campesinos, empresarios, grupos urbanos, clase medias profesionales, intelectuales, artistas, clubes de servicio, jóvenes y mujeres, con todas aquellas organizaciones que forman parte de la vida comunitaria de la nación.

Juntos hemos ido forjando una nueva solidaridad entre los mexicanos que enaltecen aún más el esfuerzo que la sociedad ha realizado en estos años.

El país se acerca, de acuerdo con los calendarios normales establecidos por la Constitución, a una transición fundamental para los mexicanos: el próximo año habrá elecciones federales.

Ellas se van a dar en las condiciones de una nación más fuerte, que ha trabajado por transformar su vida política y por recuperar su economía.

Una nación que, mediante la renovación, ha conservado paz y libertad, armonía y estabilidad.

Las elecciones se darán dentro de un marco jurídico renovado.

El ejecutivo a mi cargo asume el compromiso de apegar su conducta a la ley y garantizar que en los procesos electorales haya limpieza y respeto al orden público.

Las elecciones son para profundizar y perfeccionar la democracia, para mantener unida y fuerte a la nación.

Toca a los ciudadanos y a los partidos políticos, la responsabilidad de hacer del proceso electoral un evento democrático que nos fortalezca, no un pretexto para luchas estériles, ni manifestación de interés particulares y exposición del país al desprestigio y desunión de los mexicanos.

Ahí están los instrumentos jurídicos y políticos para la transparencia y legalidad de las elecciones.

Fortalezcamos con participación y organización.

Es mi responsabilidad de la marcha de la administración no se detenga.

Tengo un mandato que cumplir.

Lo haré sin desmayo hasta el último día de mi gobierno.

Que más de una sexta parte de mi responsabilidad.

El gobierno se empleará a fondo en las tareas que tiene encomendadas sin aflojar el paso.

Habrá orden y disciplina administrativa, perseverancia y congruencia.

Tenemos que continuar trabajando Gobierno y sociedad con entusiasmo y tesón.

Debemos aumentar la eficiencia, la productividad y evitar el dispendio y el derroche personal en todos los ámbitos.

Así lo exige la sobriedad de la República.

Para México, es fundamental que los recursos se dediquen a la inversión productiva, a crear infraestructura de desarrollo para sustentar el bienestar de todos y continuar adelante.

Exhorto a todos los sectores sociales a realizar un esfuerzo superior para consolidar los avances logrados y hacer permanente la gran tarea de renovación nacional.

Todos los mexicanos tenemos una responsabilidad que cumplir.

México es obra de la sociedad no sólo tareas del gobierno.

Tengo una fe inquebrantable en mis compatriotas.

Conozco nuestra historia de pertinaz y profundo nacionalismo, admiro las proezas de un pueblo que antes los peores agobios nunca se ha doblegado, me sorprendo a diario del temple de sus hombres y mujeres, confío plenamente en su juventud.

¡México es grande y grande es su destino!

¡Nuestra será la victoria!

Como Presidente, mantendré prudencia política y firmeza institucional.

Continuaré mi ejercicio apegado al derecho.

Lo haré para continuar la renovación de la nación e impulsar una nueva etapa de desarrollo sosteniendo y de largo alcance.

Lo haré para preservar la soberanía e independencia de México.

Lo haré para cumplir con los propósitos de justicia social que emanan de la Constitución y demanda el pueblo; lo haré para fortalecer a la Revolución.

Lo haré con permanente entusiasmo.

Lo haré para servir a México mi gran pasión y mi único compromiso.

¡Viva México!

Contestación de la Dip. Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta del Congreso.

Ciudadano Presidente de los Estados Unidos:

Mexicanos:

El Congreso de la Unión reconoce el cumplimiento de su obligación constitucional de hacernos llegar en esta fecha, inicio de los trabajos del Tercer Periodo Ordinario de sesiones de la Quincuagésima Tercera Legislatura, el V Informe de actividades de su gestión.

Como la nación misma a la que sus integrantes representamos.

La Cámara de Diputados es madura, constructiva y plural.

Como el pacto federal cuyo garante es el Senado de la República, sus miembros son sólidos, capaces y serenos.

Con madurez, en sesiones subsecuentes, diputados y senadores nos daremos a la tarea de analizar detenidamente sus más recientes acciones de Gobierno y de administración.

Con espíritu constructivo, haremos críticas y proposiciones.

En la pluralidad, enfrentaremos puntos de vista razonados que ensancharán la ruta democrática por la que nuestra vocación y nuestra historia nos han lanzado a andar.

Solidez en la presentación y defensa de nuestra ideologías, capacidad en la argumentación y serenidad en la discusión, habrán de ser nuestras divisas.

Faltan menos de tres lustros para que inauguremos una nueva era.

La antesala del siglo XXI presenta la imagen de un mundo entregado a un proceso de reordenación.

El avance de la civilización no alcanza aún sus mejores frutos.

Se vive tiempos de contienda y de encono.

Cierto intereses mundiales con frecuencia alienta afanes hegemónicos y ambiciones territoriales que ponen en riesgo la soberanía de la naciones con menos poder y con limitados recursos para enfrentar el futuro.

Entra al siglo XXI es para algunos pueblos acercarse a la incertidumbre y caminar en la penumbra.

La aproximación del nuevo siglo sorprende a México en una etapa de transición que propugna por consolidar su condición de patria libre e independiente y soberanía con historia, cultura y perfil propios.

Se anuncia el advenimiento de una nueva era, cuando México sufre una de las convulsiones más violentas de su historia económica.

Inmersos en procesos internos de reacomodo de la población, somos hoy, una nación joven con viejos problemas y nuevos conflictos generados por nuestro propio crecimiento interno.

En la larga historia del pueblo mexicano la constante es, ha sido, seguirá siendo una férrea y tenaz defensa de nuestra condición de pueblo soberano con vocación libre e independiente.

En esa crónica de luchas aparece siempre, como protagonista fundamental, un pueblo armado de ideales, de principio que le dan sustento y presencia.

El nuevo siglo llega y aquí se anuncia el alumbramiento de una nueva sociedad.

Pocos pueblos han vivido los tiempos como los ha vivido México.

En tres décadas nos hemos multiplicado varias veces.

En el mismo tiempo una cuarta parte de mexicanos dejó el campo para vivir en la ciudad.

Hoy, más de la mitad somos habitantes urbanos.

¿De qué tamaño fue el esfuerzo de quienes caminaron por las brechas para irrumpir en las avenidas?

¿De qué tamaño era y es la injusticia y la desigualdad que propiciaron esos cambios?

También vale la pena preguntarse:

¿De qué tamaño fue el esfuerzo que hicieron sociedad y Gobierno para crear la infraestructura que diera continente a este movimiento?

Sólo para tener una idea de la hazaña, también hay que preguntar: en época de crisis ¿de qué tamaño fueron los esfuerzos de pueblo y Gobierno para brindar atención a la salud de los mexicanos, para cubrir la creciente demanda de educación, para construir las viviendas en el territorio urbano y rural, para abastecer con productos básicos a las mayoría, para proteger el medio ambiente y preservarlo?

El cambio no ha sido sólo cuantitativo.

Sobre el territorio nacional se ha levantado una nueva sociedad.

Hoy son más los jóvenes que los adultos.

Las necesidades que ese cambio demanda no han sido plenamente satisfechas.

Pero es bueno, para tener una idea más completa de la nación que somos, es bueno reflexionar sobre la magnitud de lo hecho, para calcular cuánto es lo que nos falta y qué posibilidad reales tenemos de hacerlo.

Sólo así sabremos dónde estamos y qué queremos.

Que hoy son menos los mexicanos que viven de los trabajos agrícolas y más los que se dedican a la industria.

Que son muchos todavía los que reciben el sustento del sector servicios y de la simple intermediación, apartado indispensable en la economía nacional, pero poco productivo de riqueza.

Los tiempos mexicanos han sido también de angustias, de sufrimientos, de necesidades insatisfechas o aplazadas.

Una crisis general de la economía nos golpea despiadadamente.

Nunca la sociedad mexicana estuvo tan cerca de teorías económicas como ahora.

La inflación ya no es un término incompresible, sin que esto quiera decir que podamos voltear la espalda a la realidad: hoy se emplea más trabajos para comprar menos.

Para estar frente a los hechos de la vida cotidiana es conveniente preguntarse

¿Qué habría ocurrido con nuestra nación si se hubieran cerrado escuelas?

¿Qué habría pasado si hubieran disminuido el número de hospitales?

¿Si los trabajadores de estos tiempos de crisis ignoraran las prestaciones sociales y los beneficios de la seguridad social?

En la edificación de la nueva sociedad han contado el empirismo y la espontaneidad, es cierto, pero no es totalmente verídico.

Construir este nuevo edificio que es el México de hoy ha implicado un esfuerzo de planeación; un arduo trabajo en el que ha participado toda la sociedad, la civil y la gubernamental.

Unos han puesto los andamios.

Otros se han encargado del diseño.

Algunos pusieron sólo la primera piedra.

Otros han realizado el gran esfuerzo monumental.

Lo obra concluida no es perfecta, pero es la obra de todos, incluso de aquellos que sólo se dedicaron a ver cómo iba creciendo la construcción.

Es nuestro deber perfeccionarla.

Lo importante de lo construido es que profundizó en los cimientos.

Tanto que pocos muy pocos, unos cuantos, son los que dudan de su fortaleza, de la solidez de la nación.

De ella hablamos con licencia literaria, si, pero con probado amor por su estructura, por su alma y su belleza.

La crónica de este esfuerzo de la historia del país.

En ella participaron nuestros ancestros, los mismos que nos permiten hoy tener la frente en alto, el orgullo enhiesto, la mirada puesta en el horizonte.

Es el esfuerzo meticuloso de los insurgentes, el esmerado patriotismo de los protagonistas de la reforma de la República restaurada, la entrega sin límites de los soldados de la Revolución y de sus acompañantes, niños, jóvenes y mujeres.

La síntesis de nuestro presente es la luminosidad de nuestros antepasados.

Es la visión de Morelos y su identificación con los Sentimientos de la Nación.

Es la lucidez de Juárez y su brillante generación que nos dieron en las leyes la base moral que nos modela.

Es la doble estructura, popular e ilustrada de los constituyentes lo que nos conserva soberanos, Libres e independientes.

Es la construcción de instituciones democráticas de los hombres de la Revolución la perinsistencia en principios y programas de los hombres de nuestro tiempo lo que nos preserva mexicanos.

La historia no basta para fecundar el nuevo día.

Habla del México que hemos edificado en nuestros tiempos es fácil cuando no se ha reparado en agravios, en agresiones y amenazas.

La nación ha avanzado en medio de tormentas.

La lección que Juárez heredó a la patria es que los tiempos de turbulencia reclaman riquezas de espíritu, persistencia en los ideales, solidez en los principios.

Cuando las velas se hinchan es cuando se mide el temple.

México se ha nutrido de esas enseñanzas.

Así ha actuado en su paso por la historia: fortaleza en la incertidumbre, entereza ante lo difícil.

En la tormenta, los mexicanos no sólo hemos mantenido el rumbo.

Para llegar a puerto seguro hemos contado con el consejo de los de a bordo.

La misma historia nos dejó la experiencia de los costos del motín.

Divididos, enfrentados entre hermanos, perdimos la mitad del territorio.

Desde entonces, cuando sube la marea, antes de bajar velas llamamos a concordia.

En el timón de México eso hizo Miguel de la Madrid en el invierno de 1982.

Cuando el naufragio amenazaba, advirtió los riesgos.

Se manifestaban ya las expresiones de desconfianza y pesimismo.

Surgía la discordia entre clases y grupos.

Se había desatado una enconada búsqueda de culpables.

Eran recíprocas y crecientes las recriminaciones.

Había sentimientos de abandono, desánimo y egoísmo.

Surgían las tendencias que corroen la indispensable solidaridad para la supervivencia colectiva.

Eran momentos de emergencia.

No se admitían titubeos ni querellas.

Era hora de definiciones y responsabilidades.

Se permitía todo, menos abandonarse a la inercia.

La situación era intolerable.

La patria de deshacía entre las manos.

La tempestad reclamaba decisión y firmeza.

La convocatoria era el esfuerzo nacional.

No había, no podía esperarse ayuda externa o solución mágica que la supliera.

Era necesaria la armonía.

La austeridad, en cambio, obligada.

Igual que el trabajo arduo.

Entre otras cosas, la crisis local era reflejo de la crisis externa.

El aislamiento en aquellos tiempos no sólo era anacrónico, sino imposible.

México era una nación con obligaciones, pero también con derechos.

La tradición imponía por fortuna, el deber de trabajar por la reconstrucción de la seguridad mundial económica y política, por el fortalecimiento de las instituciones internacionales.

Imponía también luchar por la paz, el desarme y por la solidaridad con las mejores causas del mundo en desarrollo.

Por fomentar relaciones respetuosas y justas a las tensiones centroamericanas, con respeto a sus soberanías y respaldo a su desarrollo.

El reto era consolidar el vínculo entre política interna y política exterior.

En el disperso mosaico que es México había que volver a reunir las piezas.

La tarea era recomponer el rompecabezas que armaron los liberales cuando restauraron la República.

México mostró en su proceso que no es un país de decretos.

El país revelo cómo responde a la acción política.

El buen síntoma mostró la salud del federalismo.

En materia legislativa la labor de Miguel de la Madrid encuentra su rasero en el esfuerzo realizado por el Constituyente hace 70 años.

En el trabajo desplegado por el Constituyente Permanente hay testimonio de la renovación que se ha cumplido en nuestros días.

Bajo el signo de la renovación y del consenso se ha gobernado estos últimos cinco años.

El pueblo le dio mandato.

Lo hizo en expresión libre ante la más amplia consulta popular que se recuerde.

Entonces demandó la renovación de las instituciones, pidió hacerlo con gradualismo, con sensatez, con ánimo sereno y firme, calculando los riesgos, los de la precipitación y el inmovilismo.

Así se ha respondido.

Ni la patria se deshizo entre las manos, ni la asonada hizo acto de presencia.

La paz social se conservó.

El trabajo continuó firme.

Con la participación activa y combativa de todos los partidos avanzamos en el proceso democratizador.

El país se declara hoy listo para más democracia.

Ahora tenemos un sistema más responsable para ejercer la justicia y un concepto de seguridad que involucra justamente lo que la Constitución enuncia: seguridad jurídica, seguridad pública y seguridad económica.

Las reformas introducidas en atención al mandato popular recibido, permiten que existan hoy reglas claras para realizar el quehacer cotidiano.

El Estado tiene establecidos sus límites, sabe hasta dónde puede y debe llegar.

Lo saben también los particulares y quienes formamos parte del sector social.

En largos debates, acalorados debates, productivos y esclarecedores debates, legisladores de todas las corrientes políticas que conforman el México moderno, discutimos aquí para ampliar la representación popular en el Congreso.

De paso incrementamos nuestras propias responsabilidades para dedicar más tiempo a nuestras obligaciones.

Juntos, aprobamos modificaciones legales que renuevan el Senado, aunque en ello hayamos seguido la sabia conseja de volver a estructuras que ya probamos su eficacia en el pasado.

Hoy los electores y sus partidos disponen de un tribunal dedicado a dirimir las dudas y controversias que causen las contiendas electorales.

En la capital del país, el próximo año elegiremos por vez primera a los representantes de la asamblea democrática.

Signo del cambio de renovación que emprende la República, este nuevo órgano de representación popular compartirá con las autoridades legalmente constituidas las tareas de normar la vida ciudadana de quienes aquí vivimos.

Con todo, Gobierno y partidos deben entender que lo urgente, lo indispensable, es garantizar la confianza que los mexicanos quieren para acudir a la urnas.

La responsabilidad no es unilateral.

Es de todos.

En ello debemos poner lo mejor de nuestro empeño, lo mejor de nuestro talento, lo más probado de nuestra eficacia política.

Ciudadano Presidente:

Hace cinco años a la nación se le ofreció todo.

Todo menos el paraíso.

El jardín de las delicias esquimeras.

Cinco años después seguimos lejos del pleno desarrollo, pero, por fortuna, estamos más lejos de recaer en el subdesarrollo y más distantes aún de perder un tramo, un sólo ápice de la soberanía nacional.

Hemos vivido tiempos difíciles, es cierto.

Pero en amargas horas no hemos dado cabida a dudas, ni a incertidumbres sobre nuestro destino libre e independiente Repetimos, con orgullo, repetimos; la patria avanza en la tormenta.

Tiempos promisorios se advierten en el futuro.

Somos una nación con historia, con ideales y principios.

Hoy es la patria la que está renovada.

Ciudadano Miguel de la Madrid:

Los mexicanos no hemos caído en el desánimo.

Tenemos fe y esperanza.

Usted las inspira.

Creemos en su probado patriotismo.

Nos revalora la dignidad que impone a las tareas que manda la República.

Nos estimula su entereza.

Nos enaltece su obra moral, su convencido respeto al pluralismo.

Nos alienta su capacidad innovadora.

Los mexicanos testificamos su prudencia y su firmeza; su preferencia por el diálogo, la negociación y la concentración.

Su actuación nos confirma su probada vocación por la política.

México puede esperar con tranquilidad el curso de su historia.

Hay rumbo y hay mando.

Fuentes:

http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/mexican/hurtado/index.html

http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/53/3er/Ord/19870901-I.html

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-09-06-16.pdf

 



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