Siglo XX > 1980-1989 > 1986 Discurso de Luis Donaldo Colosio. Debate respecto del Proyecto de Ley Federal de Entidades Paraestatales. Abril 22, 1986

Diputado Federal LIII Legislatura

"Hoy son tiempos de transformar y de reforzar lo que heredamos de generaciones anteriores. Los tiempos y las necesidades no son las mismas, la empresa pública es un ejemplo de los cambios que hoy requiere el país. Tenemos que encontrar el equilibrio entre su función social que no negamos, y la eficacia de su manejo y de su operación. No es un problema de cantidad, es un problema de la calidad del aparato paraestatal para servir a la Nación".

Gracias, señor Presidente;
Compañeras y compañeros diputados:

Para los que participamos por primera vez de la actividad legislativa lo hacemos con la convicción política de participar en los asuntos de mayor trascendencia, de la mayor importancia en la vida de nuestra Nación, de aportar lo más que podamos en esta etapa histórica por la que atraviesa nuestro país.

Hemos participado y de la participación hemos aprendido, en lo particular hemos aprendido de la jovialidad, del consentimiento jurídico, del compromiso, de la responsabilidad que siempre ha mostrado por ejemplo mi compañero diputado Santiago Oñate; pero también hemos aprendido, ¿por qué no decirlo y reconocerlo?, de la participación de los compañeros de la oposición.

Todavía vibra en mi mente la emoción que sentí cuando escuché a nuestro compañero Eraclio Zepeda en su inolvidable intervención en el aniversario de don José María Morelos y Pavón. De él aprendimos el amor a la tierra, el amor a la justicia y el amor por la libertad que debe imperar en esta Cámara de Diputados; también hemos aprendido de la caballerosidad, de la categoría y del conocimiento jurídico del diputado Jiménez Remus, de Acción Nacional.

También hemos aprendido lo importante del proceso histórico de nuestro país para la comprensión de los asuntos actuales de nuestro territorio, conocimiento que en múltiples ocasiones nos lo ha transmitido el diputado Tavira.

Y esto sólo para mencionar unos cuantos de los muchos valores que existen en esta Cámara, desafortunadamente no podemos decir lo mismo de otras intervenciones por parte de compañeros de oposición. Para algunos, la más de la veces, el hacer uso de esta tribuna significa el anhelo, la ansiedad desesperada por desinformar, por tergiversar, por malinterpretar ante la opinión pública, hacer de la crítica un fin en si mismo, de hacer política de adjetivos.

Nosotros aceptamos la crítica, pero la crítica que construye, la que nos permita avanzar, la que edifique y consolide lo que tenemos, para mejorarnos todos, para legar un futuro mejor para nuestras familias, para nuestros hijos.

Nosotros también consideramos este debate de la mayor importancia y de la mayor trascendencia y es por eso que después de haber escuchado diversas participaciones de diputados de oposición, creo necesario que ubiquemos los términos del debate y quiero decir que estamos aquí para debatir el proyecto de Ley Federal de Entidades Paraestatales, quisiéramos dejarlo claro; no hemos venido a discutir los artículos de contenido económico de la Constitución, para nosotros no está a discusión el papel que como rector del desarrollo nacional corresponde al Estado mexicano.

Para nosotros no está a juicio o en tela de dudas las formas de propiedad consagradas en la Constitución; no venimos aquí a debatir si el Estado debe participar en mayor o en menor medida en al actividad económica del país. Estas cuestiones están claras y precisas en nuestro texto constitucional.

¿Qué es lo que nos interesa discutir?, ¿qué trascendencia tiene para la vida económica, social y administrativa del país la ley que hoy discutimos? La pregunta que debe guiar nuestro debate y que está en el espíritu de esta iniciativa es si queremos o no queremos tener empresas paraestatales eficientes, capaces de aportar sustento al desarrollo regional, ser pivote para otros sectores de la economía, pero todo esto dentro del objetivo superior de cumplir con el fin social para el cual fueron creadas.

Lo que esta ley busca es que los costos sociales de la operación de las empresas del Estado, no sean mayores que los beneficios que producen a la nación. Objetivo aparentemente simple, tan simple que el motivo de discusión, que aquí se ha venido dando, se ha referido a otras cuestiones importantes en sí mismas, pero cuya discusión aleja a esta representación de debatir un asunto que preocupa e interesa a la mayoría de los mexicanos que nosotros representamos.

¿Qué ciudadano de este país o quién de nosotros en esta Cámara no desea que una empresa que pertenece a la nación se maneje con una organización eficiente, con una administración ágil, desburocratizada y transparente, que tenga objetivos y responsabilidades claras y precisas, con finanzas sanas y manejada con honestidad y con la certeza que se ejerce el control y que se puede exigir responsabilidades?

Estas son, compañeros diputados, las cuestiones que esta ley se propone abordar. Administración honesta y eficiente, organización ágil y eficaz, objetivos claros, precisos, que impidan que las empresas se desvíen de sus objetivos, responsabilidades frente a la sociedad, un estricto apego a la legalidad en el ejercicio de la gestión de las empresas públicas para desterrar actitudes patrimonialistas y evitar la discrecionalidad.

No creo entonces, compañeros diputados, que los postulados de nuestra Carta Magna estén en discusión. Por simple que parezca, y lo reitero, mucho del porvenir de esta nación depende de que seamos capaces de ordenar y organizar los procesos productivos a cargo del Estado.

De una empresa pública dependen muchas cosas. Pueden ser un costo o un beneficio para la nación, y en esto no hay ideologías; pueden abrir brecha en un área nueva de desarrollo regional, servir de plataforma para otros sectores de la economía o bien pueden distraer los recursos del Estado para fines ajenos a los que la Constitución le marca; distraer sus actividades en áreas que pueden ser competencia y responsabilidad de otros sectores.

Como ustedes pueden ver, compañeros diputados, hay cuestiones particulares, pero fundamentales. La ley refleja la forma en que es posible cumplir con el mandato constitucional de regir el desarrollo económico; la participación del Estado es un instrumento flexible; hay áreas en que es claro que no pueden quedar fuera del ámbito de la gestión estatal, y estás son las áreas exclusivas que nos marca el artículo 28 constitucional, ellas responden al origen histórico de la participación del Estado mexicano en la economía, rescatar y desarrollar recursos esenciales para la nación, existen otras en que la participación responde a coyunturas particulares, a etapas de nuestra evolución histórica, son áreas en que la participación económica es exigida para satisfacer una necesidad social, preservar el empleo, impulsar y reorganizar la planta productiva, garantizar el abasto y fortalecer nuestro desarrollo tecnológico.

En estos ámbitos no se niega la concurrencia de otros sectores, pero sí se enfatiza la preeminencia que en un momento dado tienen para el interés general por encima de cualquier otro interés.

Es evidente que vivimos etapas como cualquier otra nación, que las circunstancias económicas externas e internas son mutables, de ahí la necesidad de ligar estas definiciones a un sistema de planeación que sí existe en México, sistema que tenga capacidad de renovar prioridades y de ajustar a las cambiantes demandas y necesidades de la sociedad.

Como ustedes pueden ver, esta ley se sustenta en artículos constitucionales y representan fielmente su espíritu; en esta ley no están definidas las áreas de participación del Estado, ellas dependen del artículo 28, del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas sectoriales y regionales que la Constitución prevé que deban formularse. Igual sucede con otras dudas que en esta Cámara, tanto en el pleno como en el seno de la comisión se han expresado.

La ley de ninguna manera aleja a esta soberanía de sus atribuciones de fiscalización y control de gasto público, al contrario, en nuestro parecer, al existir una mejor organización, una mayor sistematización de los procedimientos, con objetivos y metas claramente definidos y con responsables perfectamente identificados. Es como esta Cámara de Diputados podrá cumplir mejor su cometido.

Con estas bases, esta Cámara de Diputados podrá evaluar la relación entre los objetivos particulares de la empresa con los grandes objetivos nacionales.

¿Qué impacto está causando en las regiones? ¿Cuál es el efecto para otros sectores de la economía? En síntesis, ¿en qué medida cumple la entidad con la función para la que fue creada?

Se han cuestionado también las restricciones o las facilidades que la ley otorga al Ejecutivo Federal para incorporar o desincorporar entidades paraestatales, función que ya a causa de un vicio legislativo se ejercía con discrecionalidad y que en algunos casos se daba al margen del interés general.

Con esta ley se establece con claridad que la incorporación o desincorporación de las entidades paraestatales debe obedecer a razones sustantivas, razones sustantivas para la nación y que se deben establecer los procedimientos que tienen que cumplirse y exponer ante la opinión pública. No debemos olvidar que el Ejecutivo se obliga a precisar los objetivos de una nueva entidad, el origen de los recursos con los que se forman y la manera en que su operación pretende cumplirlos.

Hay en ello un expediente claro y flexible, claro y flexible para el tratamiento de entidades que no compromete en lo absoluto a las áreas extensivas, pero que sí dota de capacidad al Ejecutivo para conducir mejor la capacidad económica del Estado y le permita a esta Cámara mantener vigilancia sobre los objetivos de las empresas de su existencia como entidad pública o su desincorporación.

El Estado mexicano tiene una estructura, organización y fines producto de los preceptos de la Constitución; de ella, de nuestra Carta Magna deriva nuestro régimen presidencial, la división de poderes, y las facultades de rectoría del desarrollo nacional. Esta forma de organización de nuestro Estado tiene su sustento en la voluntad general de la nación.

Cada vez que en este recinto se debate una iniciativa de ley, se pretende hacer una discusión sobre la organización política de la nación. En este caso nuestro tema son las entidades paraestatales; sin embargo, se emplea más tiempo en cuestionamientos generales que en definiciones precisas.

Las oposiciones no varían mucho de discusión a discusión y en ese sentido poco enriquecen el debate.

Por ello consideramos conveniente precisar algunas ideas que explican el modo de proceder del Estado mexicano y que están reflejadas en la ley que hoy discutimos. No debemos olvidar que somos un Estado surgido de una revolución, su acción ha tenido que ir haciendo frente a distintas necesidades, primero, había que establecer el orden social; luego de reconstruir el país, después de profundizar en la revolución mediante las reformas sociales y después industrializar al país.

En cada uno de estos momentos el Estado ha actuado conforme a los principios y frente a las necesidades reales, la empresa pública surge como necesidad de fomento, como participación directa para rescatar recursos, producir bienes necesarios, comercializar y abastecer ahí donde la iniciativa individual no era capaz de llegar. Evidentemente éste no fue un proceso lineal, se dio para enfrentar coyunturas, ha sido resultado de necesidades frente a las cuales o se actuaba con firmeza y con decisión, o se perdía o se ponía en riesgo lo logrado.

Si en esos tiempos en cada cuestión se hubiese hecho una discusión sobre los fundamentos de nuestro sistema, el país hubiera caído en la parálisis y en la inacción; eran tiempos de construir, de hacer lo que era necesario con la consecuencia de que ninguna nación crece con la abstención total del Estado, y ninguna sociedad se fortalece con la participación absoluta del Estado.

Hoy son tiempos de transformar y de reforzar lo que heredamos de generaciones anteriores. Los tiempos y las necesidades no son las mismas, la empresa pública es un ejemplo de los cambios que hoy requiere nuestro país. Tenemos que encontrar el equilibrio entre su función social que no negamos, y la eficiencia de su manejo y de su operación. No es un problema de cantidad, es un problema de calidad del aparato paraestatal para servir a la nación.

Nosotros, los diputados del Partido Revolucionario Institucional atendemos que con esta ley se da un avance cualitativo, no a la rectoría, no en la participación del Estado en la economía, cuestiones que han quedado esclarecidas. De lo que se trata es de un avance cualitativo en la gestión de la empresa pública.

En lo económico, las empresas públicas deben convertirse en un agente más eficaz para depurar estructuras, renovar los instrumentos de conducción de las actividades productivas, enfrentar lo urgente inmediato, pero sin perder de vista la necesidad de inicia transformaciones profundas. Todo ello ¿para qué? Para fortalecer la capacidad de gestión estatal, impulsar el crecimiento económico y generar empleos estables.

Compañeros diputados:

La ley que ahora discutimos no plantea, como algunos partidos de oposición lo han querido presentar, no plantea la desaparición de la empresa pública como tampoco plantea la anulación de la economía mixta.

Lo que la iniciativa busca es crear las condiciones para un sector paraestatal más racional, más productivo, que verdaderamente cumpla con sus responsabilidades sociales. Si no entendemos esto, dejaremos pasar una oportunidad más para estar a la altura de las obligaciones que hoy nos toca cumplir.

Y no lo estaremos si nos aferramos al ánimo de buscar convencer de la certeza de posiciones absolutas, dejando escapar los elementos particulares que son los que finalmente permiten avanzar una idea, un proyecto, y que son la sustancia misma de gobernar.

Muchas gracias.