1978
Segundo Informe de Gobierno del presidente José López Portillo.
1 de septiembre de 1978.


Discurso del Lic. José López Portillo, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1978.

Honorable Congreso de la Unión:

Por segunda ocasión ante esta soberanía, manifiesto el estado general que guarda la administración pública del país.

Ahora como entonces, cumplo con el deber de informar a la Nación y responder al mandato que el pueblo confiere a quienes gobiernan y ejercen en su nombre y representación, el poder para servirle.

Día éste de obligadas responsabilidades del Presidente y meditación de la ciudadanía; de analizar juntos, lo que hemos hecho o dejado de hacer, para bien o para mal.

El juicio es hoy de ustedes.

Mañana, de la historia.

Sé que los mexicanos, por naturaleza pacientes, podemos ser muy exigentes cuando las condiciones rebasan los límites de la tolerancia.

Sé que asumir y desempeñar las responsabilidades encomendadas, no significa mérito alguno.

Sé que no bastan las intenciones.

No tengo excusa ni las pretendo.

He actuado y lo seguiré haciendo al límite de mi capacidad.

Para merecer la confianza en mí depositada y estar a la altura de nuestro compromiso, tiempo y circunstancia, he empeñado toda mi voluntad y ofrecido mi vida.

No voy a decir lo que piden algunos que diga; diré lo que debo decir a todos, para informar, aclarar y conducir.

Nunca para engañar, ni para levantar utopías; tampoco para enardecer, o desalentar y menos para ofender o humillar a nadie.

Hemos instado a todos y a cada uno, a la participación solidaria.

Hemos pedido al pueblo, que sea la conciencia crítica y vigilante del avance general de la Nación.

Con el fin de no abrumarlos con cifras y detalles, que posteriormente podrán estudiarse con todo detenimiento y profundidad, los hechos que consigno para su análisis y calificación, son acompañados con una serie de siete anexos, que dan cuenta de lo obtenido en comparación con lo que nos propusimos.

Dos, contienen la programación presupuestal y regional del Gobierno Federal para 1977 y 1978; otros dos, presentan datos estadísticos y gráficos; los demás, describen la evolución de las inversiones públicas; los avances de la alianza para la producción en los distintos sectores de la actividad económica y, mediante un informe complementario, se destacan los signos y eventos más relevantes durante este período.

Información y memoria, permiten objetividad y perspectiva para comprender el presente, entender lo pasado, y prever el mañana.

En 1978, de la crisis de conciencia que nos estremeció hace diez años, hemos devenido a la conciencia de la crisis.

En 1968, puestos en el escaparate mundial por la olimpiada, nuestras realidades fueron exhibidas por las nuevas generaciones, inconformes ante los frutos de nuestro movimiento social y la persistencia lacerante de algunas de las lacras, que con más vehemencia ha combatido.

Ahí se abrió la etapa, que todavía nos alcanza, de las denuncias apocalípticas, que cimbraron nuestro ser nacional y nos obligaron a modificación y autenticidad.

Nos fueron útiles, sobre todo, aquellas abiertas, responsables y legales; pero a fuerza de reiterarse, a veces se vuelven estériles; devienen en moda o búsqueda de prestigio hueco; otras desembocan en desencanto, apocamiento y pérdida de brío y seguridad.

Proliferaron los voceros del autodesdén nacional y los que intentan hacer de la denuncia profesión y del fracaso, festín.

Tiempo es ya de exigirnos madurez y con la misma fruición intelectual con que se denuncia, acometer acciones útiles.

Ni tenemos todos los defectos, ni cargamos todas las culpas del mundo.

Lo importante, lo valiente, es hacer todo mejor; cumplir con nuestras responsabilidades todas, grandes y pequeñas como única manera de estar en paz con uno mismo y con los demás.

Rechacemos ya, a los profetas del desastre, que siembran vientos, porque nos negamos rotundamente a cosechar tempestades.

En 1958, éramos dos veces más que en tiempos de la Revolución.

En ese año las mujeres de México, la mitad de la población nacional, por primera vez, votaron, enriqueciendo con ello y con la aportación invaluable y generosa de su sabiduría y corresponsabilidad, la vida democrática de la República.

En 1948, con los efectos de la posguerra y el desajuste económico y social que arrojó, entrábamos de lleno a la etapa de la industrialización.

Los rentistas tradicionales empezaron a transformar en empresarios, al convertirse sus riquezas en capital, que buscaba exageradas ganancias; pero tímido, no corría riesgos, se invertía a plazos muy cortos, exigía protección y máxima seguridad.

En 1938, vivimos la hazaña de Cárdenas: la expropiación petrolera, que ahora cobra toda su inmensa trascendencia: nos da la oportunidad de regir nuestro propio destino, si tenemos la habilidad de organizarnos con equidad para procurar con audacia y talento, el bien común y la consolidación de nuestro Estado Nación.

Hoy hace exactamente 50 años, en 1928 y en este mismo recinto, el Presidente Calles advirtió que había llegado para México, la hora de transitar, de un país de caudillos, a uno de instituciones y leyes.

A medio siglo de ese visionario mensaje, con el que México desfeudalizado, irrumpía en la era de su modernización, podemos afirmar que la Nación es ya de instituciones y leyes; que el petróleo nos brinda certidumbre ante el futuro; que la industrialización nos ha dado experiencia y proporciones; que las mujeres son tomadas en cuenta y participan en el quehacer nacional; que conocemos la magnitud y limitación de nuestras realidades; que a lo largo de estos años, se ha acreditado la energía creada de los mexicanos; la potencialidad de autorregeneración de nuestras instituciones y la capacidad de México para resolverse a sí mismo.

El horizonte es claro.

El rumbo está fijado.

El camino lo haremos todos.

Al asumir la jefatura del Ejecutivo Federal, solicité tiempo y tregua.

Se concedieron y han sido sustentación de todo lo que hemos podido avanzar en la dirección convenida.

Sin embargo, y es explicable, hay quienes ya quieren pasar la cuenta: ¡ni un día más de plazo!; como si el tiempo no fuera de todos y para todos.

Otros plantean: "no más tregua", como si el apremio, la violencia y el desorden, fueran sus concesiones a rescatar y se tratara de elegir entre la paz o la guerra: la paz que también es de todos y para todos, o la guerra, que me rehúso a concebir entre mexicanos.

No eludo responsabilidad; sencillamente la agradezco y objetivamente la reconozco, como privilegio de influir en nuestro devenir; ánimo que entonces pedí, no era espectacular por enmendarlos y no perseverar en ellos.

El ánimo que entonces pedí, no era espectacular y efímero.

Era y es, honesto y tenaz.

De la precipitación y el enfrentamiento, nadie saldría victorioso.

Sólo, tal vez, los adversarios de México.

Sigo apelando a la sensatez y a la reflexión antes de actuar y a la acción organizada y resuelta que, por el bien de todos, concentre nuestra atención, en las asechanzas que a veces se ciernen sobre nosotros, para poder, juntos, arrostrar con éxito los riesgos de la vida en común.

Propuse revitalizar la solidaridad nacional, convencido de que nuestras estructuras están diseñadas para funcionar a partir de esa premisa y dentro del contexto de la mexicanidad, entendida como identidad nacional; como unidad en la diversidad de nuestro mosaico nacional.

Para establecer la confianza básica dentro y fuera del país, manifestamos y certificamos, que no éramos un país en quiebra: había hombres y mujeres, recursos naturales, petróleo y ganas de trabajar. Los hechos corroboraron esta aseveración.

Con abnegación y constancia de muchos - no de todos - ahora estamos mejor que cuando empezamos el Gobierno.

A finales de la década de los sesentas, invadieron la escena internacional, fenómenos desconocidos para los selectos grupos dominantes de las superpotencias; pero ancestralmente sufridos por los países pobres y explotados: falta de alimentos, ausencia de materias primas y escasez de energéticos; se aceleró la espiral inflacionaria y se precipitaron las devaluaciones competitivas; llegó a su término la expansión sin precedente, que la economía mundial había gozado desde la última guerra.

La ruptura del precario equilibrio político, acompañó a la pérdida de la aparente estabilidad económica, que contenía en el fondo, elementos de injusticia y capricho, que fueron germen de su propia destrucción.

La crisis, no obstante haberse engendrado durante muchos años, sorprendió, sin preparación para enfrentarla, a los Gobiernos y a los pueblos.

Ante la incertidumbre y el desconcierto de lo imprevisto, cada país y cada consorcio, desordenadamente trató de sacar el mejor partido.

El diálogo y la negociación, dieron paso al enfrentamiento y a la arbitrariedad.

Por la fuerza, los grandes sacaron ventaja a costa de los más débiles, que ya no pudieron seguir aguantando su carga propia y la escalada de los poderosos; pero al final de cuentas, todos salimos perdiendo.

Ningún país se sustrajo a este acontecimiento.

México no fue la excepción y resintió sus estragos.

También aquí hubo actitudes egoístas y arrebatos.

Los más fuertes se defendieron; pero el daño afectó a la sociedad entera.

Para salir de esta situación, propuse una alianza que garantizara los bienes y servicios mínimos, social y nacionalmente necesarios; una reforma política, que ampliase la representatividad ciudadana; una reforma administrativa, que nos permitiera reorganizarnos; una reforma fiscal, redistributiva del ingreso, que agenciara recursos al Estado, de tal forma, que quien más se hubiera beneficiado del sistema, más contribuyera; una reforma económica que, abarcando la fiscal, contuviera además nuevas políticas de salarios, precios, utilidades, crédito, ahorro, moneda y del sector paraestatal; en conjunto, una reforma social, para la consecución de los grandes propósitos nacionales.

Dos son los objetivos prioritarios del desarrollo: alimentos y energéticos, bien entendido que obedecer una prioridad, no implica excluir lo demás; ni de pronto canalizarle más recursos, que muchas veces no están en posibilidad de absorberse; sino ordenar todas las acciones de todos, para que coordinadas, se complementen unas a otras.

En los momentos más graves de la crisis, se propuso moderar el aumento de salarios, para aliviar la parte de la inflación que pudiera imputarse a su desproporción.

Frente a la facultad de disidencia, los obreros adoptaron la actitud solidaria y combativa.

El efecto se logró; pero el sacrificio no puede ser constante, ni puede imponerse.

Fue disposición valerosa; pero necesariamente transitoria.

Prolongarla, provocaría seguir reduciendo la demanda e impedir, paradójicamente, la recuperación.

Adecuar salarios y precios es ahora lo que razonablemente procede.

El sacrificio obrero, la oportunidad y efecto de la inversión pública y el esfuerzo de los empresarios, que han aceptado su compromiso de invertir para producir, no fueron coincidentes y desafortunadamente no podía serlo.

Se tenía que salir del golpe intempestivo de la devaluación; recapitalizar, resolver problemas de crédito, demanda y aún definir proyectos viables.

Todo ello, toma tiempo e impacienta.

Esta falta de coincidencia, dio lugar al reciente planteamiento obrero que entendido por muchos en su connotación exacta, asustó a quienes irreflexivamente, suponían que la actitud obrera era una obligación, permanente y gratuita.

A los trabajadores han correspondido las más pesadas faenas en la edificación del país.

Les asiste el derecho cuando exigen una economía menos injusta.

A todos nos atañe su reclamo; a todos nos compete en lo esencial.

Nuestro ámbito de acción está delimitado por tres factores, que no pueden alterarse, so pena de desencadenar reacciones muy negativas y de magnitud insospechada.

Por cuestiones históricas y geográficas vivimos en una economía de mercado.

Nos rige un sistema legal que garantiza, tanto derechos individuales, incluida la propiedad privada, como sociales.

Y la libertad cambiaria es una constante forzosa de nuestra condición.

Con esta estructura como marco de nuestras relaciones económicas, queremos que el instrumento del desarrollo sea la planeación que lo conduzca y marque fin.

Hemos programado metas sucesivas que definen el plan global de desarrollo nacional en tres etapas bianuales: los primeros dos años, superación de la crisis; los siguientes dos, consolidación de la economía y lo últimos, crecimiento acelerado.

La primera etapa, superación de la crisis, está por concluir, y haya sido posible, como siempre que hay algo importante qué hacer, gracias a los trabajadores de México.

Se trataba de levantar al país de la postración; evitar que nos hundiéramos; de recobrar la confianza en nosotros mismos.

Nada más, pero nada menos.

En la segunda etapa, consolidación de lo alcanzado, debemos restaurar el deterioro, vencer la trampa que nos impuso la insuficiencia y las deficiencias; para romper el círculo vicioso, de no producir lo que necesitamos, por falta de recursos; y no tenerlos, por no producir lo que debemos y podemos.

Así, daremos acceso a la etapa del crecimiento acelerado.

Pero, para que éste signifique progreso real, los beneficios habrán de repartirse con equidad.

De otra manera nos degradaríamos.

O avanzamos o retrocedemos, porque en la vida social el inmovilismo es imposible.

En la primera fase de la superación, alejamos el peligro de la pérdida de nuestra soberanía monetaria; cesó la fuga de capitales y regresaron algunos.

Mejoró la posición de la deuda externa y de la balanza de pagos.

En el último semestre, la producción industrial creció aceleradamente y la agrícola se recobra; cesó y aún se revierte, el proceso de dolarización; señal de que hemos asimilado el sistema de flotación del peso, respecto del dólar, que también flota, a veces con dificultad, entre otros potentes valores.

Ahora sabemos que nuestro destino como país, no depende de una moneda extranjera, sino de lo que hagamos o dejemos de hacer en él y por él.

Por primera vez en los últimos tres años y por lo que hemos hecho, el crecimiento económico real será superior al incremento de la población y llegará al 5%.

Se cumplen así, las primeras proposiciones que hicimos, modestas pero realistas.

Hemos atenuado la inflación, que hoy por hoy, no es una disyuntiva; sino una pertinaz situación de hecho, que sólo podremos dominar gradualmente, mediante producción y productividad, y no comprimiendo la demanda, en detrimento de los que menos tienen.

Sin considerar a los abusivos de siempre, ahora, no podemos atribuir la inflación simplemente, al exceso de gasto o demanda, ni al aumento desmedido de salarios, sino a los impactos posdevaluatorios; a la falta de oferta; a las inversiones correctivas, que tienen que usar crédito caro, para no desalentar el ahorro; a mantener las ganancias vendiendo menos a más precio, para poder reinvertir; a la concentración, en los últimos meses, de la inversión pública y privada, mutuamente estimulantes, que añaden a todo esto, su propio peso; a una serie de estrangulamientos, en transportes, almacenes, insumos, equipos, refacciones, capacidad administrativa y otros auténticos cuellos de botella, que no se percibían en la recesión y se hicieron patentes con la expansión.

Avenir los antagonismos, remover lo que quedó chico y seguir estimulando el crecimiento, es posible e inaplazable.

A eso, nos tenemos que dedicar durante la consolidación del desarrollo, para evitar una recaída. Vamos a hacerlo sin prisas pero sin pausas, sin actuar a la ligera.

Por ello, elaboramos un plan global que tiene tres vertientes, una de acción sectorial, otra de coordinación regional y una de cooperación con los medios social y privado.

En lo que al sector público se refiere, por ley, el plan tiene que encontrar cada año, expresión cuantitativa en su presupuesto por programas; tiene que inducirse en los demás estratos de la población y tiene que fortalecer el federalismo, mediante compromisos, recíprocamente convenidos con la federación, de imparcial y mutuo beneficio.

Hay una multitud de funciones de Gobierno, que pueden realizarse mejor en las entidades federativas.

No se trata sólo de trasladar a la provincia, actos que se realizan en la capital, sino de transferir poder a los Estados soberanos, al desconcentrar la ejecución y el manejo de los recursos económicos.

No podemos seguir pensando que la federación hace mejor las cosas; porque esto, además, no siempre es cierto.

Hemos descentralizado la construcción de obras y las labores administrativas de muchas dependencias.

Esto se complementa con modificaciones fiscales y esquemas renovados, para dotar a las entidades y Municipios, de mayores disponibilidades financieras y crediticias, que les permitan fortalecer su economía y estar en condiciones de cumplir con las tareas que se les ha propuesto tomen en sus manos.

No podríamos pedirles adjudicarse nuevos compromisos, si paralelamente no desconcentráramos los recursos con los cuales habrán de ejecutarlos.

A la redistribución de responsabilidades públicas, ha de corresponder, una redistribución de los medios para asumirlas.

En ese sentido estamos orientando el sistema de Gobierno.

En estos meses hemos aprendido las ventajas de seleccionar proyectos, de establecer metas, de proponer estrategias para alcanzarlas; de escoger procedimientos y de concertar acciones para realizarlos; de sanear nuestra economía y nuestra vida social, con el Estado como su rector.

Para sistematizar estas enseñanzas; tener un conocimiento preciso de dónde estamos y hacia dónde y cómo vamos, se creó el Sistema Nacional de Evaluación; cuya intención primordial es promover la autoevaluación permanente; lo que nos permitió celebrar una primera serie de reuniones semanales con cada una de las entidades federativas, que prácticamente constituyó una jornada nacional de instauración de esta función, en toda la República, que ha de garantizar una comunicación más sólida y efectiva, entre la Federación, los Estados y los Municipios y entre los sectores público, social y privado.

Partiendo de que la información es materia prima, a través de un sistema nacional, se ha venido avanzando en asegurar su flujo, en todas las etapas de los procesos, y a los distintos usuarios que la requieran.

Asimismo, no hemos propuesto establecer un sistema de documentación, que apoye de manera objetiva, suficiente y oportuna, la toma de decisiones de la programación, la presupuestación y la evaluación.

La nueva forma de organización de la Administración Pública; la resistencia al cambio y la inevitable improvisación inicial, obstruyeron la plena vinculación de los trabajos de programación con los de presupuestación; sin embargo, como lo expusimos en el Primer Informe de Gobierno, el presupuesto de egresos para 1978, responde en lo esencial, a los objetivos plasmados en la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal.

En él, por primera vez, se presentó el presupuesto por sectores y programas, señalando expresamente, para cada uno de ellos, los objetivos, las metas, los costos, las acciones y los responsables de su ejecución. Serán mejores en 1979.

De las cifras y datos que abundan en los anexos, destacó tan solo:

El presupuesto de gasto del Sector Público Federal para 1978, fue de 912 mil 450 millones de pesos, 35% más elevado que el de 1977.

El gasto público, referido a los sectores de actividad, ascendió a 635 mil millones de pesos, de los cuales, los asignados a inversiones representaron cerca de la tercera parte.

Su orientación responde a las grandes prioridades nacionales.

El ejercicio de gasto programado para 1978, fue lento en los primeros meses del año; pero en el mes de junio, se regularizó conforme a los niveles esperados.

En su mayor parte, los recursos que se prevén en el programa financiero, son propios; se complementaron con fuentes internas y externas.

Los ingresos efectivos de la Federación, se incrementaron en el primer semestre del presente año, en más de un tercio con respecto al mismo período del año anterior.

Para fortalecer la capacidad de compra, sin inflar los precios, se ha liberado del impuesto sobre la renta, y se liberará todavía más, a los que menos ganan.

Vistas las circunstancias de nuestra economía, no es conveniente abatir las cifras absolutas de la deuda pública; pero sí estructurarla mejor en cantidad y tiempo.

Al 30 de junio pasado, su saldo total era del orden de 25 mil millones de dólares, de los cuales 22 estaban contratados a plazo de un año o más y lo restantes a menos de un año.

A la misma fecha la deuda interna del Gobierno Federal llegó a 320 mil millones de pesos.

Hemos cumplido con la ley general de deuda pública, estimulando el ahorro gubernamental y saneando la estructura financiera de las empresas paraestatales, de las cuales en este período se fusionaron 12 y se liquidaron 70.

Se fortaleció la emisión de valores gubernamentales, con los certificados de tesorería, cuya circulación, al 30 de junio, fue superior a 23 mil millones de pesos, lo que muestra su gran aceptación y con una segunda emisión de petrobonos, por 2 mil millones de pesos.

La amenaza de abatir nuestro sistema de ahorro, se conjuró.

Se captaron cantidades sin precedentes: 82 mil millones de pesos en moneda nacional, casi el doble a la del período enero-agosto del año anterior.

Bastante más de tres cuartas partes de estos recursos correspondieron a depósitos a plazos mayores de un mes, lo que subraya una positiva tendencia.

El sistema bancario ha aumentado su capacidad financiera en moneda nacional a 59 mil millones de pesos.

El nivel otorgado de enero a junio por la banca privada y mixta, casi se triplicó.

Se incrementaron en 140%, las metas del plan de operaciones de los fideicomisos de redescuento al sector agropecuario, para estimular la producción de bienes básicos, de insumos industriales, y aprovechar mejor la demanda externa.

En el mes de junio, se firmó un convenio de cooperación con la banca privada, que fortalece el financiamiento, principalmente al campo, al que canalizó 10 mil millones de pesos para rehabilitación de distritos de riego, y otras importantes sumas a la mediana y pequeña empresa y al fomento de construcción de viviendas.

Estos adelantos, han disipado la inquietud que se tenía a principios del año, de que al coincidir la reactivación privada y la pública, se presentarían deficiencias crediticias, que a su vez, se convertirían en un obstáculo para la rehabilitación económica.

La política monetaria, ha mantenido con instrumentos suficientes y experimentados, el crecimiento del dinero circulante, sin deformaciones circunstanciales o cíclicas.

Se ha sostenido la libre convertibilidad del peso.

El tipo de cambio cuya paridad ya no es objetivo de nuestra economía, responde adecuadamente, a las condiciones de competencia, internacional de nuestro intercambio.

Aún cuando ya no tiene la significación anterior, destacamos que tenemos 2 mil 119 millones de dólares de reservas primarias y más de mil 828, de secundarias, no obstante los pagos anticipados que se hicieron al fondo monetario internacional.

Con esto, se han liquidado los préstamos contenidos en el convenio de facilidad ampliada suscritos en 1976.

Reafirmamos nuestro crédito y recuperamos el acceso de giro automático sobre los recursos del propio fondo.

De este modo se confirma que, hasta en las peores vicisitudes, México cumple todos sus compromisos.

Por eso gozamos de crédito.

Nuestra capacidad de pago está plenamente comprobada.

Estamos resolviendo ya los problemas financieros de corto plazo, que ponían en peligro la economía, y también algunos aspectos de estructura, que es lo que nos propusimos hacer en dos años.

Todavía no trasciende el ámbito social, es cierto; pero es la pieza que nos faltaba.

En estos aspectos, vamos bien.

Todos estos son indicadores muy significativos.

Animan a los expertos, pero poco dicen al obrero que consistió en restringir el aumento de su salario y al ama de casa que padece la angustia del encarecimiento de la vida.

No conseguimos aún que una mejoría en los supuestos o características generales de nuestra economía, se refleje en auténtico beneficio para las clases populares.

Si nuestra política no se tradujera pronto, en bienestar cotidiano de los grupos mayoritarios, estos tendrían enorme motivo para sentirse engañados.

Un régimen que se apoyara en el voto de los más, para servir finalmente a los menos, sería una oligarquía trágica y afrentosa.

No lo permitamos jamás. .

Ya hemos recorrido parte de la ruta; pero hay presagios de tormenta imputable al presente, que ya no son arrastre del pasado; engendrados ahora por la irresponsabilidad anónima que ante los síntomas de despegue, disemina rumores y azuza temores.

Repunta, todavía, cierto recelo en los círculos que confundieron pacto con privilegio; tregua con impunidad; prudencia con debilidad, eficiencia con tecnocracia; solidaridad obrera con claudicación.

Afirmamos que en México, nada definitivo se construye, con privilegios, impunidad, debilidad tecnocracia o claudicación.

Institucionalmente seguiremos procurando la unión que hace la fuerza.

La efectividad del comercio, y en buena medida de un sistema contemplado como el intercambio de bienes y servicios, desde la producción y hasta el consumo, se mide por el nivel de los precios, accesibles o prohibitivos para las mayorías.

Y sé que de ese nivel, de una o de otra manera, se hace responsable al Estado y con razón, pues es el que dirige la economía y puede legislar, convenir, estimular, premiar, autoriza, obligar, controlar, prohibir y sancionar; sin embargo, como el Gobierno no produce todo, gran parte de su función es de carácter eminentemente regulatorio.

Lleva a cabo todo cuanto está a su alcance, para resolver el problema que más daña y molesta a nuestro pueblo.

Por ello, ante los problemas de suministro y de alza de precios, convocamos a una Alianza para la Producción, conscientes de que, en definitiva, sólo ésta lo resuelve.

Pero de poco serviría fomentar la producción agrícola o pesquera, o la industria alimenticia, si no aseguramos el otro extremo del proceso, el del consumo, a precios accesible a toda la población.

El Estado tiene que garantizar, por los medios necesarios, el abasto real y oportuno de alimentos, servicios, o elementos vitales.

El Programa de Productos Básicos responde a estos supuestos.

En su cumplimiento, este año tuvimos que importar fundamentalmente maíz, trigo y leche por alrededor de 8 mil millones de pesos.

Se ha repetido hasta la saciedad, que los precios agrícolas repercuten, necesariamente, en los del consumidor y todavía hay quien plantea, que al mismo tiempo, se le debe pagar más al productor y cobrar menos al consumidor.

Esto encierra una contradicción, que puede ponerse en pancartas, carteles o muros; pero no en tela de juicio, alguien tiene que pagar la diferencia.

En este año dedicamos 7 mil 400 millones de pesos, a subsidiar consumos populares.

Para eso usa el Estado el dinero de todos.

Pero no hemos encontrado la fórmula correcta, pues ni se aprovecha exclusivamente para los que más lo necesitan, ni se destina a producir más sino a pagar más por lo producido, que es lo que hemos llamado autodevorarnos.

Tan sólo para mantener sin aumento los precios de la tortilla y el pan blanco, hemos otorgado subsidios directos por más de 3 mil millones de pesos.

Lo mismo hacemos con el azúcar; la morena dedicada al consumo popular, se subsidia y cuesta la tercera parte que la refinada y la mitad que la industrial.

Estos esfuerzos del Gobierno, van encaminados a proteger a las clases económicamente débiles.

Así se justifican; pero lo que es indignante, es que oportunistas sin escrúpulos, con subterfugios y reprobables maniobras, hagan pingües negocios, en perjuicio de la sociedad entera.

Esto pone al Gobierno ante la irritante alternativa de dejar de subsidiar, para evitar los excesos o seguir protegiendo los consumos populares.

Hemos optado por mantener los subsidios.

No podemos, por evitar el mal, dejar de hacer el bien.

Pero tenemos la obligación, en todo caso, de evitar la burla y el atraco, para lo cual, con independencia de las medidas correctivas en la materia propiamente comercial, preparamos iniciativas, para agravar la pena y configurar nuevos delitos contra la economía popular.

No se permitió la elevación de los precios que los industriales de la masa pretendían realizar en forma arbitraria.

El Gobierno no está dispuesto a consentir que la amenaza o el enfrentamiento a la autoridad, sean empleados por cualquier sector, para decidir cuestiones públicas.

En procesos de encarecimiento generalizado, las incompatibilidades se agudizan y si los costos aumentan, tienen que ajustarse precios y regularse utilidades, pues de lo contrario, bajaría la producción, se desalentaría la inversión, se cerrarían fuentes de trabajo y podrían incluso, desaparecer productos por incosteabilidad, con lo que se agravaría la escasez.

A ningún precio puede adquirirse lo que no existe.

Es entonces cuando nos vemos forzados a importar y admitir que algunos precios suban, pues de nada serviría un precio oficial, si la mercancía deja de producirse.

Estas medidas, así como las de subsidios, que sólo se autorizan cuando no hay otra salida, se hacen transparentes para que haya conciencia pública y el consumidor pueda, informado y con orientación, comprar mejor y protegerse de los acaparadores y parásitos sociales.

Paralelamente, se castiga y castigará con multas y clausuras, a quienes violan las disposiciones sobre precios, y con cárcel a los defraudadores.

Para que todos los sectores de la población se percaten de las razones que existen, tanto para negar, como para admitir aumentos, se creó una Comisión Nacional, que tiene, entre otros fines, el de configurar los precios de los artículos básicos, en relación con sus cuotas reales y sus utilidades.

Pero con ello, no se trata de diluir o derivar responsabilidades, ni de montar plebiscitos de popularidad; tampoco en un sistema de complicidad, para beneficiar a unos y perjudicar a otros.

Es la autoridad la que tiene que tomar las decisiones dolorosas, que no se dan entre el bien y el mal; sino entre males menores, o graves, hoy, para que mañana no sean peores o definitivos.

Esa es nuestra función, a veces amarga. La afrontamos sin reticencias.

Las decisiones no son precipitadas, secretas o vergonzantes.

Son muy meditadas y expuestas a la opinión pública, en su carácter de inevitables.

A lo largo del tiempo hemos acumulado un sistema monstruoso de comercialización, que absorbe más del 30% del producto nacional.

Se han encimado formas que van, desde el trueque más primitivo y el tianguis, a las sofisticadas cadenas de supermercados, pasando por plazas municipales, centros informales o tradicionales de abasto, tiendas, almacenes, estanquillos y un pequeño comercio desprotegido e ineficiente que es, paradójicamente, el que vende más caro y el que surte a los más pobres.

De otra parte la intermediación entre el productor y el consumidor se alarga y complica con alcabalas, inmoralidades en el transporte y otras marrullerías que escasean artificialmente los bienes.

Todo ello exige una revisión a fondo de fundamentos jurídicos, infraestructura, instalaciones, equipamiento urbano, financiamientos, estímulos e incentivos, que otorguen competencia a las autoridades encargadas del comercio, para que expandan las limitadas funciones de vigilancia de precios y se conviertan en promotoras del abasto popular y del fomento interno y externo del intercambio.

Para fortalecerlas, se encargarán, además, de las compras del sector público, lo que les proporcionará visión y control de conjunto.

Ningún país es totalmente autosuficiente.

Todo está en todo.

Lo que hacemos o dejamos de hacer, afecta a los demás y viceversa.

En esas condiciones, lo que importa es, por lo menos, equilibrar el flujo de intercambios con el exterior.

Aunque de enero a junio creció el déficit de nuestra balanza total; si excluimos los pagos por intereses y por amortizaciones de créditos contratados en años anteriores, se puede observar que las exportaciones de bienes mejoraron y no sólo suma el petróleo, sino también otros productos de alta redituabilidad como: algodón, tabaco, hortalizas, café, fresas, cacao y plátanos, que a pesar de las bajas especulativas y trucos de los erráticos mercados internacionales, dieron a la balanza comercial agropecuaria, un saldo favorable, al cerrar 1977, de 17 mil millones de pesos.

Esto no sólo ha concurrido al pago de los servicios de la deuda, sino que ha disminuido nuestra dependencia del financiamiento externo y nos ha permitido demostrar que es falaz decir que vendemos petróleo para comprar alimentos.

La agricultura, si todavía no nos ha entregado toda su potencialidad, tampoco ha naufragado y es capaz, por sí sola, de generar los recursos para pagar lo que aún no produce.

No es justo tratar con tal desdén, los extraordinarios esfuerzos de los campesinos mexicanos y fijarse en lo que falta, sin tomar en cuenta lo cosechado.

Rescatamos la objetividad en el análisis y discriminemos la información manipulada por lo fabricantes de noticias y por los inventores de catástrofes, que esgrimen, veladamente, argumentos reaccionarios contra la Reforma Agraria y nuestras instituciones.  Estas consideraciones, no excluyen el imperativo de producir aquí, lo que ahora importamos.

Lo vamos a hacer.

Avanzamos en forma progresiva y concertada, en el proceso de sustituir el mecanismo tradicional de permisos previos, por aranceles.

Tal medida, promueve el desarrollo de la industria, para sustituir importaciones; el uso pleno de la planta productiva instalada; una mayor competitividad de nuestra producción en el exterior y nuestro poder de negociación internacional; propicia el abaratamiento de artículos básicos de consumo generalizado y la racionalización de las importaciones del sector público.

La inflación, medida por el índice nacional de precios al consumidor, fue de 8% en los seis primeros meses de este año.

La de 1977, en el mismo período fue de 13%.

Hemos tenido mejoría que confiamos mantener en lo que resta del año.

De ninguna manera estamos satisfechos.

Con toda nuestra determinación, con todas nuestras facultades, seguiremos luchando contra ese funesto y generalizado fenómeno, la carestía.

No alegamos atenuantes, ni disculpas.

Ni siquiera el consuelo tonto, de que es mal, no sólo de muchos, sino de todo el sistema internacional, en el que estamos inmersos; pero sabemos, de que no basta con las medidas y acciones que toma el Gobierno, si son unilaterales.

Para que funcionen, han de ser respaldadas, con toda la energía del poder popular, que aunada a la fuerza de la autoridad, asuma sus responsabilidades y no espere de los demás, lo que tiene que hacer cada quien, para aplastar cualquier brote de abuso, intento a la postre suicida, de nuestro cuerpo social.

Ello nos obliga a revisar la estructura y sentido de nuestro sistema.

Demandamos la participación y el apoyo de todos, para evitar, que se siga favoreciendo a unos cuantos, e impedir que el trabajo se encuentre en desventaja frente al capital.

No podemos permitir que las circunstancias económicas, ciegas y al parecer impersonales, esclavicen al hombre; que la pobreza lo encadene a la ignorancia; ni que la ignorancia lo someta a la enfermedad, o lo condene a la marginación.

Es evidente que toda política de salarios, debe inscribirse en su relación con el resto de los factores de la economía, precios, utilidades y fisco; para concebirlo de tal manera que no dispare los precios ni anule las actuales fuentes de trabajo; que propicie la formación de nuevos empleos y fortalezca una demanda sana en la recuperación productiva.

No generalicemos, o automaticemos, mecanismos que desatarían la conocida carrera precios - salarios; nos amarrarían a la inflación permanente y entre otras cosas, nos haría perder competitividad y con ello capacidad de ocupación.

Para un país tan poblado como el nuestro y que crece tan rápidamente, en fundamental tenerla y mantenerla.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijó a partir de enero, un aumento por hombre y jornada, entre nueve y trece pesos cincuenta centavos.

La resolución fue adoptada por unanimidad y refleja el consenso de los trabajadores, autoridades y patrones.

De acuerdo con las posibilidades reales del erario, en justo reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores al servicio del Estado y de las Fuerzas Armadas, he acordado:

Un aumento del 12%, a los sueldos presupuestales de los empleados federales, con importe hasta de $ 15,000.00 mensuales y uno de $ 1.800.00 por mes, a los mayores de esa cifra.

Un incremento en el aguinaldo anual a 40 días, que se cubrirán 20 en el mes de diciembre y 20 en el mes de enero siguiente.

Un aumento de la suma aseguradora en cada caso, sin costo para el trabajador, del seguro colectivo de vida, de $ 100,000.00, $ 200,000.00 y $ 300,000.00.

Asimismo, para contribuir al bienestar del personal federal civil y militar retirado, he girado las instrucciones pertinentes para que, a partir de hoy, las pensiones y haberes de retiro con importe hasta de $ 5,000.00 mensuales, se incrementen cuando menos en un 12% y en $ 600.00 por mes las mayores a esa cantidad

Más de un millón de trabajadores y pensionistas se beneficiarán con estas prestaciones.

Las revisiones anuales salariales y las generales de contratos colectivos, se han llevado a cabo siguiendo el criterio de que el equilibrio entre los factores de la producción, sólo puede encontrarse considerando las posibilidades particulares de cada empresa y de la economía en su conjunto.

El Gobierno de la República, no tiene facultades para fijar topes salariales.

Reiteramos, que han sido los trabajadores, los que han adoptado, en ejercicio de su libertad, sus propios compromisos.

La Nación toda se los ha agradecido y la mejoría de nuestra economía, justificado.

Para proteger el poder adquisitivo del salario se ha favorecido el establecimiento de tiendas sindicales; la formación de sociedades cooperativas de consumo, que contribuyen a regular los precios en el mercado y se iniciaron nuevos sistemas de crédito.

Los otorgados, que suman cinco mil 700 millones de pesos, benefician en 25 Estados de la República a poco más de cuatro millones de mexicanos.

Nos negamos a pensar en el hombre, como un recurso más de la sociedad.

En nuestra democracia, el bienestar del hombre es fin y no medio.

El trabajo ha de ser camino de superación personal y social.

No es mediante acciones aisladas e inconexas, como lograremos superar los problemas del desempleo y del subempleo; sino mediante la integración total de esfuerzos.

Para ello, se instaló la comisión que lo procura.

Queremos que haya trabajo socialmente productivo para todos y que todo el que lo pretenda esté capacitado para trabajar; que asegure alimento suficiente, viviendas dignas, acceso a la educación y a la cultura, participación en los sistemas de seguridad social, recreación y bienestar para el trabajador y los suyos.

Entre las garantías fundamentales de los trabajadores mexicanos, se cuenta ya el derecho a recibir capacitación y adiestramiento de parte de sus patrones.

La obligación está, por ley, a cargo de los empleadores y se realiza a través de los comités mixtos respectivos.

Para cuidar que se cumpla, se instaló una unidad coordinadora, auxiliada por comisiones estatales, formadas ya, en cada una de las entidades del país.

Transformamos los Centros de Seguridad Social para el Bienestar Familiar, en centros de capacitación y adiestramiento para el trabajo.

Se pusieron a disposición de patronatos mixtos, 49 de ellos, que en los próximos tres meses, serán 200.

El sistema establecido, es abierto y amplio, en poco tiempo, medio millón de personas, estarán dedicadas a elevar el nivel de preparación de alrededor de cinco millones de nuestros obreros.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno, el derecho a la capacitación seguirá estando sólo en la letra de la ley y no en los talleres y en las fábricas, mientras su cumplimiento no esté apuntalado por la fuerza vital del Movimiento Obrero.

Sólo avanzaremos, si el pueblo está en marcha.

El sector público, empleador número uno del país, impulsa decididamente la capacitación de sus trabajadores.

Se ejecutan ya las disposiciones de federalización de las normas laborales en varias ramas industriales, y continúa la descentralización de las funciones de Conciliación, Arbitraje y Defensa del Trabajo.

Revolucionario instrumento de reivindicación social, medio legal de defensa de los derechos colectivos laborales, es el derecho de huelga, conquista irrenunciable de los trabajadores. Así lo interpretamos.

Las presiones de la situación económica, dieron lugar al planteamiento de numerosas huelgas.

Muchas, se conciliaron; otras, estallaron y por la vía de la negociación, se resolvieron casi todos los conflictos.

Los derechos de las mayorías, son fundamento democrático, que rige el sindicalismo.

Sin embargo, frente a conflictos intergremiales que promueven minorías aguerridas con frecuencia se olvida que el ejercicio sindical debe impedir que las mayorías atropellen a las minorías: pero, igualmente, debe evitarse la acción inversa.

El derecho de huelga, como la titularidad de los contratos, es de las mayorías; pero es derecho de cada quien que nadie debe coartar, el libre acceso al centro de trabajo.

No debemos confundir el derecho de las minorías, con el derecho de huelga.

Todas las aspiraciones de los trabajadores, deben ser conducidas dentro del orden legal.

Ni los individuos, ni las minorías, ni las mayorías, pueden hacerse justicia por propia mano.

Sería regresar a la obscuridad de las cavernas; tendríamos que aprender de nuevo y a costos ya pagados, la razón y la utilidad de la seguridad jurídica.

La autoridad está obligada a ser imparcial; los grupos obreros, a respetar las leyes cualquiera que sea su filiación política o sus convicciones ideológicas.

Eludirlas o contravenirlas, invalida la posibilidad institucional, de dirimir las controversias.

En todos los casos en que hubo que hacerlo, se acató la obligación de garantizar el orden o restituirlo.

La autoridad, no tiene alternativas.

Como lo hemos dicho, no existe derecho contra el derecho.

Es de particular importancia, fomentar todas las formas de organización para el trabajo, sobre todo aquellas, como sucede con las cooperativas, en que, no hay oposición entre los factores de la producción.

La política seguida en la materia, ha sido contradictoria; de una parte, se les otorgan privilegios y de otra, se les deja sin estímulo, con lo que, o se debaten en la inanición o se pervierten en el disimulo.

El Estado ha de otorgarles estímulo, apoyo técnico y financiero; y dictar nuevas normas que regulen la distribución equitativa de sus rendimientos; aseguren la representatividad de su régimen interno, induzca la capacitación y medidas de seguridad e higiene y fijen el carácter inembargable de los ingresos que perciban los cooperativistas, como producto de su trabajo, hasta por la suma equivalente a los salarios mínimos vigentes en la zona económica respectiva.

La existencia real o muchas veces virtual de fuentes de trabajo, es uno de los elementos determinantes de hacia dónde se dirige y asienta la población.

La política de Asentamientos Humanos tiene dos líneas: una orienta las situaciones de urgencia, creadas por las presiones demográficas y sus desequilibrios, y la otra prevé y regula los asentamientos futuros.

Ambas, convergen a un tipo de organización, que frene la macrocefalia de las áreas metropolitanas; concentre la población rural, en sitios susceptibles de recibir infraestructura y servicios y fomente el desarrollo de las ciudades medias; de las fronterizas; de las de interés turístico; y, fundamentalmente, de aquellas que puedan representar a largo plazo, nuevos polos de desarrollo, prioritariamente en las costas del golfo.

Con estas directrices, se promovió el funcionamiento de las comisiones de conurbación del centro del país, de la Laguna, de la desembocadura del Río Pánuco, de Manzanillo-Barra de Navidad y del Río Ameca.

Para que opere en esto también se requiere el concurso de toda la población.

Se aprobó el plan nacional de desarrollo urbano, que será permanentemente revisado y actualizado. Incluye los de las entidades y municipios, cuya realización apoya la Federación con asesoría.

Se espera que para 1982, estén concluidos todos los planes estatales y tantos como sea posible de los municipales.

Se trasladan ya, dentro del programa de desconcentración territorial, aquellas dependencias que, en función de sus actividades específicas, no justifican su ubicación en la ciudad de México, y cuya inversión y gasto representen un factor importante de promoción local.

En las tareas de Gobierno de la capital, se ha procurado la inclusión de la representatividad popular, a través de comités de manzana, asociaciones de residentes, juntas de vecinos y un consejo consultivo que los integra.

Uno de los programas a los que se ha dado mayor acento es el de la regularización de la tenencia urbana y su seguridad jurídica.

En lo que falta del sexenio se regularizarán los títulos de propiedad de todas las colonias populares de esta ciudad.

Se estima que llegan diariamente cerca de 1,000 inmigrantes.

Atenderlos aquí, significa tan sólo un paliativo.

Resolver los problemas en los lugares de donde provienen es lo debido.

A ello nos hemos avocado.

De todas suertes, dotar de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje, pavimentación, alumbrado, comunicaciones, transporte colectivo y vialidad, centros de salud, anticontaminación, escuelas, mercados y otros, exigen cuantiosas inversiones, que se han realizado intensamente en el último año, para hacer habitable nuestra metrópoli.

La preocupación central, de la política habitacional, es abrir alternativas que permitan beneficiar al mayor número posible de familias, ampliando y diversificando la oferta, para adecuarla a las características socio-económicas de la población.

Las entidades públicas construyeron alrededor de 41 mil nuevas viviendas, con una erogación de dos mil millones de pesos.

Entre 1978 y 1982 será necesario que el país edifique aproximadamente tres millones de viviendas, mientras que el crecimiento histórico natural, para ese periodo, sólo permitiría construir poco más de un millón y medio.

O sea que la oferta tradicional representa apenas la mitad de la demanda actual.

La participación ordenada de la iniciativa social y privada es imprescindible, para que cada capacidad de trabajo, tenga acceso a una vivienda.

Además de la ampliación de los programas habituales, se promueve la participación de la ciudadanía, en la construcción de su casa, con tecnologías y materiales adecuados a las regiones y localidades y en congruencia con las previsiones de uso y destino del suelo.

Se ampliaron en distintas poblaciones de la República los servicios urbanos, y diversos tipos de caminos.

Los detalles pueden consultarse en los anexos.

La velocidad del crecimiento de nuestra población y su inevitable transformación de rural a urbana, es uno de los costos de nuestras libertades, la de tránsito y asentamiento.

Para sufragarlos, hemos de conducir este proceso atendiendo integralmente a la población, al desarrollo y a la vocación de la tierra.

Nada podría despejarse en definitiva en el país, si no entendemos y atendemos el problema agrario.

Sabemos que para alcanzar justicia es indispensable seguir creciendo y para seguir creciendo es requisito ser justos.

Todo, alimentos, empleo, autosuficiencia, expectativas, todo, de ello depende.

Históricamente supusimos que la reforma del sistema de propiedad, bastaba para asegurar la justicia.

La realidad nos ha enseñado que esto no es suficiente, lo que no resta validez al agrarismo, que le dio a nuestro movimiento armado, dimensión de revolución social.

Fue la más trascendente de nuestras reivindicaciones; fue la reconquista del territorio por el pueblo; fue restituir a los hombres del campo, lo que les había sustraído una larga sucesión de despojos.

Introdujo cambios radicales en los modos de tenencia, al transferir más de la mitad de la tierra cultivable, de unos cuantos hacendados a más de dos millones de ejidatarios y doscientos mil comuneros, difundiendo además la pequeña propiedad, para cientos de miles de campesinos.

El crecimiento urbano y el desarrollo industrial, se fincaron en ella y de ella surgió el México contemporáneo.

Para un país, en aquel tiempo vasto y despoblado, con precaria tecnología y reducida economía de mercado, conceder la posesión, era el medio inmediato y evidente para distribuir la riqueza.

Repartir la tierra, entonces, era hacer justicia.

En la actualidad, las condiciones del agro son diferentes ante una población cuatro veces más grande que entonces, que siguen creciendo explosivamente; y que no sólo demanda tierra, sino, también, alimentos, derechos y garantías.

Muchas parcelas, que a veces se miden por surcos, apenas dan para subsistir.

La tierra sola ya no es fuente de riqueza, sin los elementos que la hacen productora y productiva.

El imperativo de justicia exige en nuestros días, los supuestos adicionales de organización, tecnificación, conservación, renovación y rectitud en el trato y provecho de quienes la cultivan.

El latifundio ha disminuido sensiblemente.

El que subsiste, está disfrazado y con excepción de algunos pertinaces, los usurpadores, no son ya, los principales enemigos del campesino.

El ejidatario, el comunero y el pequeño propietario, enfrentan ahora otras adversidades.

El minifundio, cualquiera que sea su régimen de tenencia, es la antítesis del latifundio.

El desafío es encontrar la síntesis que concilie ambos extremos; el uno improductivo, el otro injusto.

Continuar dividiendo la tierra, nos llevaría a aniquilar sus posibilidades; condenaríamos al campesino a la miseria y cancelaríamos al país toda perspectiva de existencia como tal.

Hemos de aceptar que la propiedad, de cualquier naturaleza, es una función social y que sólo por ello tiene sentido.

Que quien detenta el derecho a la tierra, tiene el deber de hacerla producir más, para una sociedad en expansión acelerada, que en reciprocidad, a su vez, está obligada a distribuir mejor.

Esto no entraña -quiero ser muy claro-, que abandonemos el reparto.

Que no se nos malinterprete.

Queremos ser consumadores y no apóstatas de la Reforma Agraria.  

Prever y mostrar sus limitaciones, brindar alternativas viables que las salven, es afrontar el problema y no soslayarlo, con el cómodo expediente de acumular cifras de hectáreas entregadas. Las relativas a este año constan en los anexos.

Nada sólido podríamos hacer, si dejáramos trunco el reparto; hay que liquidarlo de una vez por todas.

Sería un veneno permanente para nuestra convivencia.

Tenemos que acondicionar nuevas tierras, repartir lo repartible y terminar las simulaciones.

En fecha reciente, se afectaron predios, símbolo de la situación que queremos acabar. A la brevedad posible y en la medida que dispongamos de los elementos necesarios y suficientes, seguiremos con otros, hasta exterminarlos a todos, sin lesionar las unidades de producción; que pasan de un solo dueño, que acumulaba beneficios, a muchos organizados, que adquieren el compromiso de trabajarlas y aún mejorarlas.

Si acabar con el rezago agrario y los latifundios abiertos o disfrazados, es importante, fundamental es dedicar esfuerzos a regularizar, depurar y redotar la tierra ya repartida, a quienes directamente van a hacerla producir y abordar de lleno y con todo realismo el creciente fenómeno de renta de parcelas, que empiezan a integrar unidades productivas; pero que no son sólo ilegales, sino injustas, ya que pierde y sólo se penaliza al que arrienda y no al que renta y sale ganando.

Se han establecido convenios con los Estados, a fin de que en ellos, dentro de la esfera administrativa de su competencia y con apoyo y la coordinación federal, los señores gobernadores, tomen las medidas para despachar y resolver los rezagos de los expedientes relativos a dotaciones, restituciones, ampliaciones, privaciones, creación de nuevos centros de población, inafectabilidades y expropiaciones.

Es el inicio de la descentralización de los trámites agrarios, que iremos perfeccionando al paso de la experiencia.

Particularmente en los casos de los terrenos que por causa de utilidad pública deben cambiar de uso, se dictaron lineamientos generales, a fin de proteger todos los intereses involucrados, anteponiendo siempre los de la Nación.

Las indemnizaciones de los 794 expedientes de expropiación promovidos por motivos petroleros y que desde 1943 estaban congelados, han quedado saldadas.

Para suprimir los abusos que se cometen con el amparo agrario; se instala un sistema de contrafianzas, que evite los efectos dilatorios de la suspensión del acto reclamado y garantice el interés jurídico de los quejosos y la resolución expedida en beneficio de los derechos.  

Así cumpliremos y haremos cumplir estrictamente la ley de amparo y, respetando el juicio de garantías, terminaremos con las violaciones y las malas mañas.

Pero esto no es suficiente.

Millones de mexicanos que tienen vocación y voluntad de cultivar la tierra, no la tendrán, ni extremando la hipótesis más favorable de disponibilidades.

Por eso la solución es proteger, propiciar y dar cauce a la potencialidad que esto representa.

Es lo que tenemos que considerar; el trabajo es lo que debemos revalorar; eso es lo primero; tenencia sin trabajo fue y sigue siendo rentismo, ausentismo, vicio y discordia, trabajo sin tenencia, fue explotación y en muchos casos lo sigue siendo.

Lo ideal es trabajo y tierra; pero cuando está no alcanza para todos, lo ineludible es, insisto, la ocupación plena, encauzada y regida por el derecho al y del trabajo, que posibilite a quienes intervienen en la noble actividad agrícola, el cumplimiento de sus obligaciones, y el ejercicio de sus derechos.

En efecto, si en muchos casos es precaria la condición de quienes tienen tierra, más lo es para los que, sin tenerla, son jornaleros agrícolas permanentes o eventuales, frecuentemente desocupados -tal vez un millón y medio, sin contar el subempleo -, casi nunca organizados y casi siempre laborando al margen de la protección legal y social.

Esta es una de las cuestiones más serias, pues los jornaleros - ya lo hemos dicho - muchas veces y cada vez más, tienen como patrones a los propios ejidatarios y comuneros.

El pobre como amo del miserable, en lamentable relación laboral y humana.

Culminada la etapa del reparto, lo que requieren los hombres del campo sin tierra, es trabajo retribuido, que les dé seguridad y dignidad ante la vida, a ellos y a sus hijos; pero su necesidad es constante.

No podemos dejar de actuar, mientras nos preparamos para hacerlo mejor.

Y así como el pisado y sobreexplotado suelo de nuestras zonas temporaleras, exige la cala honda para sacar la buena tierra, el campo reclama lanzarnos a fondo, para rescatarlo de su manoseada costra de burocratismo.

Ya no se trata sólo de ganar tierra y libertad para los peones que trabajaban, a principios de siglo, las haciendas porfiristas.

Se trata, además y fundamentalmente, de emplear la fuerza de trabajo, de producir alimentos para más de 64 millones de mexicanos y de ser consecuentes con el postulado de justicia: convertir nuestras necesidades en demandas.

Todo aquel que pueda producir, debe hacerlo.

Alcanzar suficiencia e incluso generar riqueza compartida, debe ser propósito de todos.

Obligación del Estado es crear las condiciones institucionales, de infraestructura, de fomento y de regulación, para que se produzca en bien de la Nación y de los hombres del campo, evitando salidas falsas, que impliquen acaparamiento de la tierra o del producto, o aquellas que dejan al campesino a merced de la rapacidad del intermediario o de la voracidad del especulador.

Preparamos un conjunto de iniciativas legales al respecto, de las que destaca la de producción agrícola, en que se le declara de interés público, así como a los medios jurídicos para incrementarla, incluyendo el aprovechamiento de tierras ociosas.

Esto fortalecerá la planeación de las acciones, en vista de que en materia agrícola, el Estado no produce directamente.

Es la gama compleja de productores la que lo hace, dentro del régimen de economía mixta que nos caracteriza.

Por tal motivo es indispensable la coordinación de las tareas, en función de objetivos concertados con ellos; de otra manera, los esfuerzos dispersos se anulan entre sí.

Tomando en cuenta esto, con ellos se elaboró el Plan Nacional Agropecuario, partió de los Distritos de riego y temporal, incluyendo las zonas ganaderas y forestales.

Se expresa en convenios y acuerdos concretos, que establecen metas, recursos, acciones y responsables entre el Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y Municipios y los ejecutores directos de la producción.

Dimos el primer paso en firme, al incrementar los cultivos en un millón 240 mil hectáreas, como fruto del anhelo común de afectar los programas y mantener un clima de tranquilidad en el campo.

El crecimiento de la producción agrícola fue de 4%, significativo por haberse logrado en condiciones meteorológicas muy hostiles y después de varios años de estar por debajo del de la población.

Fue la hazaña de los productores comprometidos en la alianza.

De no haberse logrado, la situación hubiera sido muy grave.

El espíritu de cooperación de los productores, quedó de manifiesto en su decisión de no presionar sobre los precios de garantía, establecidos para este año, mientras no se elevaran los de los insumos.

Tal actitud merece el reconocimiento y respaldo de los sectores público y privado, ya que para ellos, constituyen prácticamente su único ingreso.

Una vez más las mayorías responsables nos dieron el ejemplo.

Hemos establecido un sistema de incentivos, que nos ha permitido premiar a los mejores productores del país, por sus rendimientos o por la colaboración prestada en su área de responsabilidad.

La emulación ha sido fecunda.

Cada vez las virtudes fueron superiores.

No hubo semana en que no estuviera con los campesinos.

Mi homenaje de gratitud por su apoyo.

En los diez productos básicos, salvo en trigo y cebada, tanto en superficie como en volumen, superamos los resultados del año anterior, alcanzado y aún rebasando algunas de las metas planteadas.

La zafra de este año fue la más alta de nuestra historia; estamos en posibilidad de volver a exportar las cuotas establecidas.

Cierto que tuvieron que importarse granos, oleaginosas y leche, pero el estado de cosas no puede resolverse sustituyendo productos mucho más rentables y que aprovechan la mano de obra campesina, en el campo, por los de autoconsumo subsidiario; sino como está previsto, por el camino de mayor productividad y apertura de nuevas áreas.

Todavía no logramos la suficiencia en algunos productos básicos como maíz; ni producimos todo a precios a la vez costeables y accesibles, por lo que es necesario seguir atendiendo las urgencias claves, como mecanización, organización y capacitación de los productores, rehabilitación y nivelación de tierras irrigadas y ampliación de las superficies cultivadas, materias todas consideradas en el plan.

Las obras hidráulicas, tanto las nuevas, como las de rehabilitación de los distritos de riego, exigieron cuantiosas inversiones, cuyo detalle se puede consultar en los anexos.

De conformidad con el propio plan, en crédito rural se operaron 28 mil millones de pesos, más otros 8 mil provenientes de operaciones fiduciarias que, entre otros conceptos, se aplicaron a trabajos de subsoleo y desmonte.

El seguro, el extensionismo agrícola y la producción de semillas, mediante un programa complementario de canje de semillas criollas, incrementaron su cobertura.

La investigación agrícola, se avocó a las zonas temporales, sin descuidar las altamente tecnificadas, realizando experimentos en terreno de los propios agricultores y minifundistas, para que se pudiese aprovechar de inmediato el resultado de esas experiencias.

A los distritos de riego, paulatinamente se les reduce el subsidio.

Esta medida permite al Gobierno disponer de mayores recursos, para canalizarlos a zonas desatendidas y marginadas en su desarrollo.

A los de temporal se les impulsa además con medidas de operación, que propician el trabajo colectivo de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, ya que está demostrado que es ahí donde las inversiones dejan mayores beneficios en materia de producción, productividad y empleo.

Muchas de las de riego ya llegaron a su nivel de saturación.

La gran esperanza de nuestra autosuficiencia agropecuaria, está en nuestras antes desatendidas y despreciadas zonas temporaleras.

Este año, las lluvias fueron menos malas que el anterior.

Paradójicamente los ciclones nos han dejado agua.

Esa es la tremenda condición de este país de montañas y volcanes, selvas y desiertos, abismos y huracanes.

Las zonas tropicales húmedas, constituyen prácticamente la única frontera agrícola importante que puede crecer.

Aunque no hemos aprendido a tratarlas y es riesgoso hacerlo, por la tragedia ecológica que podemos continuar causando.

Hemos podido drenar los pantanos y desarrollar agricultura y ganadería, respetando las selvas.

Hay 3 millones 600 mil hectáreas susceptibles de usarse así.

En 50 mil de ellas ya desarrollamos seis proyectos representativos.

Si en algún lado es recomendable y altamente redituable la investigación, es precisamente en nuestros exuberantes trópicos.

Se ha intensificado el control biológico con insectos benéficos, sobre plagas que atacan principalmente a maíz, frijol, algodón y cítricos.

Esta técnica tiene efectos múltiples, ya que reduce la aplicación de insecticidas, la contaminación y el daño a la fauna silvestre.

Se han reforzado las medidas preventivas y las campañas para evitar la propagación de enfermedades de plantas y ganado, en algunos casos conjuntando esfuerzos con países de norte y centroamérica.

Recientemente he firmado el reglamento para la determinación de los índices de agostadero, que permitirá a las propiedades ganaderas apegarse a la ley.

En el proceso participarán los ejecutivos estatales y las agrupaciones campesinas.

Es obligación de los productos pecuarios justificar con cabezas de ganado la superficie que detenten.

No debe praderas ociosas.

En los últimos meses cubrimos más del 25% de nuestro déficit de leche.

Somos autosuficientes en huevo, carne de aves, bovino y porcino gracias al empeño permanente de los avicultores y de los apicultores, constituimos el primer país productor de miel.

Sin embargo, en los últimos meses se han elevado los precios de la carne, por lo que estamos realizando un esfuerzo conjunto, Gobierno y productores, para evitar que por la excesiva intermediación, las clases populares no tengan acceso a ella.

Nuestras áreas silvícolas, atávicamente agredidas por el hombre, son atendidas a través del Plan Nacional de Reforestación, en el que participa, con gran entusiasmo, el voluntariado nacional.  

Para la regeneración de los bosques y mejoría de las condiciones ambientales de los centros urbanos, en el presente año se realizó la siembra de 30 millones de árboles.

Corríamos el riesgo de aniquilar un recurso eminentemente renovable.

Caso típico de autodestrucción.

A fin de aprovechar nuestra riqueza forestal y convertir nuestros recursos boscosos, en patrimonio de la Nación, elaboramos una iniciativa de ley, que pronto someteré a esta soberanía.

Se contempla en ella, la necesidad de distribuir las utilidades de la explotación del monte y su industrialización, con equidad, y de manera que se estimule una actividad en potencia, capaz de eliminar cuantiosas importaciones.

La agricultura y la ganadería son actividades primarias, pero no necesariamente primitivas.

Ante la modernidad, el atraso técnico extremo termina por hacerlas sucumbir.

El concepto de buena gerencia, no está reñido con el de propiedad social.

Avizoramos en el futuro del campo mexicano, una economía próspera, fundada en unidades de producción -sociales, mixtas y privadas- que dispongan de los elementos suficientes para ser productivas.

La capacidad de generar alimentos y también divisas, hace que la pesca se asocie en forma natural con la actividad agropecuaria y forestal.

Es un sector estratégico, tanto en la actual coyuntura, como en la perspectiva del desarrollo económico de nuestro país hacia finales de este siglo.

Hemos dicho que debemos darle pleno sentido al fortalecimiento de la que debe ser nuestra vocación por el mar, expectativa tan rica como nuestro petróleo.

La presión creciente a nivel mundial sobre los recursos alimentarios de origen marino, convierte el propósito del desarrollo pesquero acelerado, en un imperativo y demanda una rigurosa programación de actividades en forma participativa y descentralizada.

El Plan Nacional de Desarrollo Pesquero conduce a un mejor uso de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, al desarrollo de la pesca y la acuacultura en todas sus modalidades y características, y a la vinculación de esta actividad con el fomento industrial y con los centros de consumo.

En los primeros 8 meses de este año la producción pesquera aumentó en una cuarta parte con respecto al mismo lapso del año anterior.

Es muy importante destacar que de esta producción, la destinada al consumo interno aumentó en 35%, lo que significa una mayor diversidad en las capturas y una mayor disponibilidad interna de alimentos, pues mientras en 1977 se dispuso de casi 150 mil toneladas, en 1978 fueron más de 200 mil.

Se hace indispensable, respecto del pescado y el marisco, modificar los hábitos alimentarios de gran parte de nuestro pueblo, no acostumbrado, o, incluso renuente a consumirlo.

Nuestras exportaciones han aumentado.

Estimamos que para este año el sector pesquero aporte alrededor de 11 mil millones de pesos, con los productos tradicionales, con la incorporación de la cuota capturada en aguas norte americanas por las empresas mixtas de coinversión y con la sustitución de importaciones de harina de pescado.

El Gobierno Federal redoblará sus estímulos para financiar a los sectores que intervienen en esta actividad y hacer que la producción incrementada, sea mejor distribuida, a fin de que llegue el producto a los rincones más apartados del territorio nacional.

Esperamos así proporcionar pescado abundante y a precios asequibles.

Seguimos avanzando en la normatividad de las explotaciones de nuestros mares mediante convenios de asociación, medidas transitorias y cancelación de actividades extranjeras inconvenientes.

Concebimos la pesca a escala de industria nacional prioritaria.

Es patente que un crecimiento industrial desordenado, calculado para el subdesarrollo; orientado a sustituir importaciones, altamente protegido; dependiente en bienes de capital, financiamiento, insumos y tecnología del exterior, ha creado un mercado interno que no puede penetrar más en las capas sociales, para difundir consumos mayoritarios, y tiene severos problemas tanto para exportar, como para asimilar la creciente demanda de empleo.

Es hora ya de integrar los procesos, a partir de la disponibilidad de energéticos y la regionalización del país; de concebirlos para aprovechar la mano de obra campesina; emplear a la creciente fuerza de trabajo, y ocupar de manera óptima a la población económicamente activa; de llenar los vacíos de actividad, con el desarrollo de la siderurgia y bienes de capital, piedras angulares del proceso; de aprovechar nuestras materias primas y de impulsar la agroindustria; de seleccionar la tecnología más adecuada; de ponderar el proteccionismo, para aumentar nuestra capacidad competitiva y orientar la producción tanto a los consumos populares, como a la exportación; de acoplar a ello financiamiento, crédito, fisco, estímulos, comercio y manejo de excedentes.

De no hacerlo, seguiremos orbitando en torno al desarrollo estabilizador, que ya no tiene potencialidades socialmente útiles.

Tal es el perfil y el cimiento del Plan Nacional de Industrialización, que contempla la optimización de los recursos energéticos, a partir de la actual estructura de producción y consumo y su proyección; se apoya sustancialmente en petróleo, gas y fuerza hidráulica; se completa con geotermia y carbón y se previene con energía nuclear y solar.

Tenemos gente preparada, materias primas básicas, infraestructura, mercados internos y externos, cercanos y potenciales y capacidad para conjugarlos.

Todo plan se define por sus objetivos en tiempo y espacio, y los objetivos, por la potencialidad de las disponibilidades; que cuando no son renovables, deben garantizar reservas y manejar excedentes para sustituirlos por recursos permanentes, y cuando son renovables, conservarlos y reproducirlos.

En energéticos las condiciones están dadas.

Su manejo corresponde en exclusiva a la Nación.

No se trata de desarrollar un proyecto industrial, como si se tratara de una empresa particular; sino de considerar sus posibilidades vinculándolas a los programas de actividad productiva, dentro de las prioridades del plan global de desarrollo nacional.

La investigación y la exploración han descubierto reservas de petróleo y gas en constante y asombroso aumento; otras probables y muchas potenciales, en expansión ascendente.

Esta variación constante del inventario de recursos, nos ha obligado a hacer rápidas adecuaciones al plan petrolero de corto, mediano y largo plazo que, lógicamente, fue concebido flexible; de tal suerte que las variaciones, se asimilan automáticamente.

La geología petrolera mexicana, ha logrado generar nuevos conceptos para explicar formación, ubicación y localización de los hidrocarburos en forma espectacular.

Hace unos cuantos meses las reservas probadas ya habían subido hasta 16 mil millones de barriles.

Al 31 de julio próximo pasado, ascendieron a 20 mil millones, las probables a 37 mil y las potenciales a 200 mil.

Estas seguramente serán más en las franjas ribereñas, de los que fueron mares, en las épocas más antiguas de la tierra, y que el genio de nuestros especialistas, ha localizado a grandes profundidades, debajo de nuestra actual orografía y lechos marinos: en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Coahuila, Nuevo León Baja California, el Portal de Balsas, el Golfo y el Pacífico.

En la mayor parte de la República, el capricho de los viejos mares y selvas, dejó su huella generosa, en más de 20 mil kilómetros de litorales fósiles y un millón 800 mil kilómetros cuadrados de plataformas; atrapada en cientos de estructuras, que contienen distintas modalidades de hidrocarburos.

Ahí están, son reservas de la Nación, que si alguna vez fueron del diablo, como lo dijo el poeta, nuestra Constitución las nacionalizó y nuestras instituciones las rescataron por y para los mexicanos.

Podemos asegurar que somos un país con petróleo y gas suficiente para penetrar con desahogo, más allá de los albores del siglo XXI.

La abundancia, obvio es, nos obliga a ser muy cuidadosos; a la búsqueda del equilibrio entre lo que somos ahora y lo que podemos ser.

Los hallazgos no fueron obra del azar.

A los trabajadores, a los técnicos, a los administradores, a su tiempo, les solicitamos que investigaran, exploraran, perforaran, desarrollaran, industrializaran, y como los buenos, como los mejores del mundo, lo han hecho en condiciones y lapsos inusitados.

Les rindo tributo de admiración, respeto y solidaridad.

Han acabado con la dependencia del exterior en sus áreas de competencia; incluso podemos exportar tecnología petrolera.

Para nuestro orgullo, muchas de las plantas por ellos diseñadas, construidas y operadas, son las más grandes y eficientes del mundo.

No hay exageración ni triunfalismo.

Es la verdad y así puede serlo en donde los mexicanos pongamos inteligencia, capacidad y organización.

A esta administración corresponderá no sólo dejar las bases para la generación y uso de los excedentes, sino empezar a administrarlos ejemplarmente a fines del año entrante.

No será para 1982, sino antes, para 1980, que alcancemos los niveles constantes de producción, que nos aportarán sustanciales excedentes, manteniendo reservas probadas por encima de los índices mundiales más cautelosos.

No vamos a permitir el derroche.

Nosotros somos los defensores de nuestros hijos; seríamos sus acusados, culpables, si no observáramos esta máxima.

Nos hemos adelantado en los planes.

La producción diaria de petróleo crudo y derivados, es actualmente de un millón 400 mil barriles cada día, cifra superior en más de la mitad a la que se había estimado hace solamente seis meses; y en los siete transcurridos desde la última cuantificación de reservas que se había reportado, se produjeron para nuestro consumo y exportación 360 millones de barriles, al mismo tiempo que se incrementaron las reservas probadas en 4 mil 200 millones de barriles, o sea doce veces más que la producción en ese período.

Esto indica que la abundancia petrolera del subsuelo mexicano, aunada a la fuerza y conocimientos utilizados para encontrarlo y probarlo, son muy superiores a los volúmenes que se están extrayendo.

Nuestra posición es deliberadamente mesurada, países con menores reservas probadas, extraen volúmenes del orden del doble del nuestro.

No queremos comprometer sino resolver el futuro.

Por ello y como le hemos dicho, produciremos energéticos y petroquímica para nuestro consumo y para exportación, cuanto y cuando nos convenga, según fluctuaciones de precios y circunstancias, pues la decisión de aprovechar el gas, tanto el asociado del sureste, como el seco del norte, es el sistema nacional que estamos construyendo, abre grandes perspectivas para manejar diversas variantes de estructuras de producción de combustible, ya sean gasolinas, diesel combustóleo, gas o petroquímica.

Tenemos plantas instaladas y susceptibles de adaptarse a cualquiera de las opciones planteadas.

Conviene una precisión: hace más de un año, cuando se admitió seriamente nuestro potencial petrolero, teníamos que elegir entre exportar masivamente el gas asociado al petróleo, que forzosamente teníamos que extraer consumirlo en el país o quemarlo.

Optamos por exportarlo, porque de ese modo, más pronto nos entrarían considerables divisas, para salir de nuestro hasta ahí, agobiantes problemas.

Debíamos llamar la atención mundial sobre estas expectativas.

La otra alternativa, usar el gas en México, exigía más tiempo, más promoción y generaba menos divisas en el corto plazo.

Por ello, suponiendo una estructura tradicional de libre comercio, se precontrató con empresas extranjeras, sobre la base de revalorar el gas, como insumo de primera y no como el desperdicio de un proceso de producción.

Se olvida que el gas tiene valor energético equivalente a otros combustibles, con ventajas sobre el índice de residuos.

La lógica le imputaría más valor; pero no así la estructura actual de transacciones y dispendio.

Sin embargo, nuestra posición es invariable: darle al gas su valor real.

De haber excedentes, podemos venderlos o reservarlos; pero nunca malbaratarlos, que sería igual que quemarlos.

No quisimos interferir en problemas internos de otros países, que están en proceso de definición de su política de energéticos.

Simplemente y al término del plazo, nos retiramos del trato y regresamos a la otra alternativa: consumirlo aquí, para sustituir otros combustibles o insumos y optimizar así el aprovechamiento de nuestros hidrocarburos.

La construcción del gasoducto va en tiempo y con un costo de inversión muy inferior al que exigía el primer proyecto, prácticamente -y esto me es particularmente satisfactorio informarlo a ustedes- tenemos asegurado el uso de toda la producción de gas del Sureste; posibilidad de extraer o no, a nuestra conveniencia, el gas del norte y estimular con obras de infraestructura jerarquizadas, los programas de industrialización en las zonas idóneas, la de la rampa del Golfo y Yucatán, y las del norte y el centro hasta el Pacífico.

Pocas cuestiones han apasionado a la opinión pública como el petróleo y el gas.

Hemos expresado nuestra satisfacción, porque la participación acredita interés y mientras más amplia, más nos obliga a meditar para obrar mejor.

Con honestidad intelectual y satisfacción democrática, recogimos las opiniones expresadas de buena fe para integrar las decisiones que más convienen al interés nacional, único móvil de nuestros actos de Gobierno.

Nuestra potencialidad y situación geográfica son tales, que nuestra posición en materia de hidrocarburos, pueden significar una presión de relevancia mundial.

Por ello, ratificamos nuevamente la línea de México. Hemos sostenido nuestro deseo inconmovible de dar su justo valor a las materias primas.

No somos ni seremos esquiroles contra quienes como nosotros por ello luchan.

Es parte fundamental del nuevo orden económico mundial por el que estamos pugnando.

Por eso hemos vendido nuestros crudos, a los niveles más altos del mercado internacional; por eso, no vendimos nuestro gas.

Sabemos que los precios bajos impiden a las nuevas regiones petroleras del orbe prosperar y crecer.

Los niveles de inflación y alza del petróleo, pueden traer al mundo, o a partes indefensas de él, consecuencias devastadoras, por lo que México, reafirmando la tesis de que los energéticos deben considerarse como patrimonio de la humanidad, ofrece su cooperación, para mantener un equilibrio, que nos permita encontrar soluciones duraderas y válidas universalmente.

Creemos indispensable que los conocimientos, el financiamiento y los bienes de capital de los países desarrollados, fluyen en condiciones razonables de costo y oportunidad, hacia los otros, para promover la búsqueda e instalación de fuentes de energía alterna, lo que permitirá ahorrar petróleo; ampliar el término de su agotamiento; usarlo no solo como combustible y aprovechar otros energéticos.

Con esa conciencia, proclamo ante estas generaciones, el deber y el derecho de usar desde ahora nuestro petróleo, para asegurar el porvenir de la Nación.

Lo haremos no sólo con ese recurso, que aunque abundante, no es renovable; sino convirtiéndolo en generador de otros que sí se renueven y se multipliquen por el trabajo.

De ahí la importancia de producir más en todas las áreas y de no girar vales sin fondos contra el petróleo.

La electricidad, junto con los hidrocarburos, son determinantes para el desarrollo.

La capacidad eléctrica se incrementó en un millón y medio de Kilowatts, que es la mayor que se instala en un año.

Se equilibró la situación financiera del sector eléctrico y el incremento extraordinario del consumo 65% del cual es industrial, hace, constar la franca recuperación de la economía nacional.

A principios del presente año, se puso en marcha un proceso de integración de las entidades paraestatales de acero, que permitirá elevar su productividad y aprovechar óptimamente las concesiones y funciones de cada una de ellas.

Se impulsó la industria de bienes de capital y para dinamizar la producción minero metalúrgica se fortaleció el proceso de mexicanización, no sólo en el aspecto extractivo, sino también en la comercialización.

Se procesa ya su vinculación con el área manufacturera para aprovechar explícitamente nuestras materias primas.

Cabe destacar la de roca fosfórica de Baja California, por su aportación a la autosuficiencia en fertilizantes; el azufre, el carbón y el hierro.

Por los recientes descubrimientos en Hidalgo y Zacatecas las metas tradicionales la minería nacional están aseguradas.

La gran empresa debe constituirse en eje de la pequeña y mediana, cada cual desarrollando sus ventajas comparativas.

La eficiencia productiva global aumenta por la subcontratación de procesos. para los que la pequeña y mediana empresa están mejor capacitadas.

Esto permite además economías de escala; un mayor control de costos y calidades; promover la difusión del avance técnico y facilitar sistemas auxiliares de financiamiento, vía contratos dirigidos de suministro.

No hay por ello contradicción entre ambas estructuras.

Tal lo indica la experiencia en nuestro país y en economías desarrolladas.

Existe, sin embargo, el riego de la concentración, porque los grupos poderosos tienen mayor capacidad de amortiguar los golpes y consiguientemente, se fortalecen en términos relativos.

El monopolio, que atenta contra nuestra forma de vida, puede conducir a la desnacionalización de actividades, cuando empresas con capital extranjero, controlan una porción exagerada de la economía.

Por esta razón, la política industrial evitará que una sola empresa absorba todos los eslabones de un mismo proceso productivo.

La gran empresa tiene su razón de ser en nuestra economía, cuando usa sus amplias posibilidades para originar innovaciones técnicas; cuando se establece en industrias de punta, capaces de conducir al resto de los factores a estadios más avanzados de desarrollo y cuando, con base en todo esto, sale a competir con éxito en los diversos mercados del exterior.

La pequeña y mediana empresa por su parte, juegan un papel auténticamente nacionalista y democrático: crean empleos y detallan y enriquecen el mercado interno.

Si sólo nos limitamos a abastecer la demanda protegida de bienes de consumo, las industrias seguirían concentrándose en los tres vértices, México, Monterrey y Guadalajara.

Si por el contrario se logra reorientar las nuevas, hacia la exportación y el desarrollo regional, el esquema se modifica: las fronteras, pero sobre todos los puertos, se convierten en las ubicaciones idóneas; es por esto que se les apoyará a través de precios diferenciales en energía eléctrica, combustóleo, gas natural e insumos petroquímicos, que serán suministrados con un 30% de descuento, en lugares como Lázaro Cárdenas y Tampico, Salina Cruz o Coatzacoalcos.

Esto permite además articular estas políticas con la infraestructura de apoyo que conforma el sistema de comunicaciones y transportes, cada vez más extendido y eficiente.

Los programas básicos, para el mejoramiento de los servicios, se han encaminado a impulsar el desarrollo del transporte colectivo y a incrementar su cobertura en las zonas rurales del país.

Promueven la organización multimodal y buscan una integración y coordinación efectiva, entre la construcción de la infraestructura y la operación de los servicios, incluidos los de carácter social, como la seguridad vial, el correo, el telégrafo y la telefonía rural.

La empresa telefónica cumplió cien años en México y podemos ponerla como un buen ejemplo de corresponsabilidad en nuestro sistema mixto.

Su desarrollo se ha mantenido cercano al 10% anual, es un importante contribuyente al sistema tributario nacional y ha puesto en marcha programas de desarrollo social.

Funciona ya la unidad que capacita el personal encargado de las telecomunicaciones, telefonía rural y meteorología, y que por sus instalaciones y programas de investigación aplicada, ocupa un elevado nivel en Latinoamérica.

Sigue cumpliéndose con rigor, el programa nacional de desarrollo del autotransporte federal, fortaleciéndose los mecanismos de acción concertados, entre los concesionarios y las autoridades.

Un sistema de compromisos recíprocos cuyos resultados se han evaluado positivamente.

Las terminales que se han construido en distintas partes de la república, así lo acreditan.

Para los primeros meses del año próximo se prevé la terminación de la línea férrea de Coróndiro - Las Truchas, que comunicará ese importante puerto y polo de desarrollo con el centro de la república.

Se reestructuraron los sistemas de radioayudas a la navegación aérea, servicio público de primordial interés, en el que el Gobierno Federal ha venido realizando fuertes inversiones para garantizar la seguridad en su espacio aéreo.

Hemos continuado el mejoramiento de instalaciones y equipos aeroportuarios, y dispuesto entre otras medidas, la rehabilitación y aprovechamiento de la base militar de Santa Lucía, para servir al sistema de la ciudad de México.

Los nuevos convenios aéreos, especialmente el que tenemos con Estados Unidos, empiezan a operar con las ventajas previstas.

Se ha establecido una política coherente de infraestructura y operación portuaria.

Se atienden de manera preferente, los ocho principales puertos del país en los que se registra la mayor parte del movimiento y se desarrollan otros pesqueros y turísticos, para servir mejor.

Estamos impulsados nuestros recursos portuarios, muy particularmente la zona del Istmo, que cuenta con puertos en ambos litorales, que se intercomunicarán también por tierra como lo prevé el proyecto que ya hemos iniciado, denominado Alfa Omega.

Las comunicaciones y los transportes son el vehículo de la actividad turística.

Las posibilidades de crecimiento del turismo son muy amplias, dado su gran demanda internacional y nacional.

Si en el año de 1977 se logró la recuperación de este sector, en 1978, el panorama es más alentador, ya que sólo en los primeros cinco meses, se incrementó la afluencia en un 18%, la entrada de divisas en más de un tercio respecto al mismo lapso del año anterior, y la oferta en más de 11 mil cuartos, generándose directa e indirectamente 48 mil nuevos empleos.

De sostenerse esta tendencia, se pasaría de la recuperación, al franco crecimiento.

Para impulsar esta actividad, concertaremos convenios entre los sectores públicos y privado, que implican cuantiosas inversiones a ejecutarse.

La revaloración del turismo y la restauración de la confianza en nuestro país, han permitido obtener crédito del interior y del exterior, que aunados al capital complementario aportado por el sector privado, significan durante este año, inversiones por más de 6 mil millones.

Se han emitido las primeras "Declaratorias de Zona de Desarrollo Turístico Nacional", que le garanticen a estos proyectos la legitimidad de la tenencia de la tierra rural y urbana.

Lograr que todo mexicano pueda disfrutar de la recreación, el descanso, la comunicación humana y cultural, es uno de nuestros propósitos permanentes.

Se han establecido paquetes turísticos populares.

El sector laboral sindicalizado ha convenido con el sector oficial, la elaboración y puesta en marcha de un Programa Nacional Social y Obrero, así como vacaciones escalonadas, celebrándose para este efecto, los acuerdos iniciales con hoteleros y líneas de transporte, para promover la utilización de la capacidad instalada ociosa y establecer sistemas de descuento, de crédito y de viajes organizados con todo género de facilidades.

Se estima que para finales de 1978, los desplazamientos internos alcancen una cifra de aproximadamente 15 millones de personas.

Se inició el programa fronterizo de actividades turísticas y culturales, lo que implicará un tránsito en ambos sentidos de más 160 millones de personas al año.

De nosotros, de nuestra capacidad para hacer grata y atractiva la estancia de los visitantes en nuestro país, depende, en gran parte, su respuesta.

Por ello impulsamos sustancialmente la capacitación de quienes intervienen en esta actividad.

Olvidemos los prejuicios superficiales sobre el turismo.

Considerémoslo, como industria de la hospitalidad, noble frontera entre la comprensión internacional, la recreación, la economía y la cultura.

La cultura culmina la educación para la democracia, y estampa la huella, que nos da conciencia de origen, identidad y destino.

Convocamos a la Nación, a realizar un excepcional esfuerzo de responsabilidad compartida que, bajo el lema educación para todos, permita reducir en esta administración, la dramática desigualdad educativa.

Las metas parecen modestas, pero el tamaño de las necesidades las vuelve de imponente magnitud.

Se pretende brindar educación básica a todos los niños en edad escolar, castellanizar a los monolingües, así como propiciar la capacitación y la formación profesional permanente.

Para tal empresa, contamos ya con la valiosa colaboración de diversas agrupaciones representativas, y de manera especial, con el apoyo del voluntariado nacional.

Reconozco públicamente la labor esforzada y continua de los jubilados, de los obreros sindicalizados, de los trabajadores del Estado, de las agrupaciones patronales, de los estudiantes, de las mujeres de México, en suma, de los miles de voluntarios que desinteresadamente, vienen trabajando unidos, en apoyo de los programas de Gobierno.

En repetidas ocasiones hemos apuntado la necesidad de vincular más estrechamente los programas del Estado, los de la educación media y superior, y los de la planta productiva.

Las acciones de las tres instancias, debe ir encaminadas hacia los mismo fines.

Queremos capacitar y educar para aprovechar adecuadamente nuestros recursos naturales.

Hacer más y ser mejores.

Mediante el uso de sistemas formales y extraescolares, pueden completarse ciclos intermedios, para aplicar de inmediato los conocimientos adquiridos en el sistema educativo, y certificar el saber adquirido en la práctica; para establecer un flujo continuo que vincule los sistemas educativo y productivo.

Este vínculo deberá modularse regionalmente y por especialidades, a fin de que responda, tanto a las aspiraciones personales, como a los requerimientos sociales y del desarrollo equilibrado del país.

De la creciente demanda de educación media superior y superior, que ha presionado angustiosamente al sistema, ha resultado un perceptible deterioro en su calidad, un rebasamiento de sus sistemas y procedimientos administrativos, y un agudo problema de financiamiento que se agrava día a día.

La magnitud del problema obligó al Gobierno Federal a emprender una amplia acción de racionalización, que respetando la autonomía, impulsó el Plan Nacional de Educación Superior, elaborado por las instituciones que la imparten.

No queremos dar al problema educativo sólo una solución cuantitativa.

Aspiramos al mismo tiempo a mejorar la cantidad de la enseñanza.

Valiosos apoyos son las instalaciones equipadas con material didáctico más abundante y adecuado a los requerimientos específicos; pero, sin duda, el imperativo es la mejoría sustancial en la preparación del magisterio nacional, el que, consciente de esta premisa, planteó la necesidad de contar con un centro educativo de nivel superior, que permitiera dar a la profesión de educador, el sitio preponderante que socialmente le corresponde.

Me es grato anunciar que este mes inicia sus labores la Universidad Pedagógica, que no sustituye a las licenciaturas especializadas en los distintos niveles de la educación, sino constituye su mejor complemento, al ampliar las opciones para quien ha decidido ser profesional de la educación.

Se ha iniciado la desconcentración de los servicios educativos a nivel nacional, mediante el establecimiento de delegaciones generales.

La descentralización, tiene como objetivo principal adecuar el servicio a las necesidades particulares de los habitantes de las diversas regiones; establecer una coordinación operativa y contribuir a la formación de técnicos en la materia, para que los Estados puedan a la brevedad posible imprimir sus propias ideas y características, como ingrediente sustancial de sus planos de estudios de todos los tipos y niveles.

Es propósito del presente régimen, hacer llegar los beneficios de la cultura y la recreación a toda la población, principalmente, a los grupos marginados de la ciudad y del campo y a los jóvenes, que representan más de la mitad de los mexicanos.

En atención a ello, en noviembre del año pasado, se estableció, dentro del sector educativo un órgano coordinador de todos los programas en favor de la juventud.

También se ha desarrollado una amplia labor de difusión de la cultura y fomento de las actividades artísticas, particularmente dirigida a los estratos favorecidos.

A la extensión y mejoramiento de estos servicios, contribuye de manera importante un fondo financiero que aplica a programas sociales y culturales, recursos de origen no fiscal, en coordinación con las instituciones competentes.

Se han establecido ágoras, plazas cívicas en cada Estado de la República, para facilitar la convivencia cultural de los mexicanos.

Asimismo, el fondo apoya programas para el desarrollo integral de las zonas marginadas, la educación para la alimentación, la ayuda a zonas de desastre y la construcción de parques recreativos en zonas urbanas y rurales.

Orientamos nuestras actividades en materia de investigación científica, hacia la autodeterminación tecnológica, entendida ésta como la capacidad del país para decidir, en función de las prioridades nacionales, qué tecnología desarrollar, y cuáles adoptar y adoptar del exterior.

Se realiza un programa para unir oferta y demanda de tecnología y vincular así, la ciencia la docencia y la producción.

Defendemos y seguiremos defendiendo el derecho a la educación, que es derecho a la vida una digna y útil, como el más preciado de nuestros valores, que convierte la posibilidad en realidad y el saber en acción revolucionaria y productiva.

Uno de los aspectos donde más drásticamente se manifiesta la desigualdad, es la salud.

Aspiramos a que todo mexicano ejerza su derecho a ella y a la seguridad social, con independencia de lo que aporta a la comunidad.

Es de elemental justicia.

No podemos dejar de lado a quienes, precisamente por incapacidad del sistema, no están aún incorporados al régimen de nuestras instituciones.

Extender la cobertura de los servicios a los trabajadores del campo, al sector popular no asalariados, a los que habitan en las zonas marginadas, rurales y urbanas, a todos los niños de México, ha determinado establecer una amplia comunicación y coordinación con los sectores laboral, educativo, comercial y de asentamientos humanos, para procurar el enlace de programas y acciones federales y locales, destacando la importancia de la regionalización, y de la participación de los ciudadanos, que han permitido constituir comités que prestan servicios a través de consultorios populares.

Con la incorporación de casi 2 millones más de personas a la seguridad social hemos cubierto ya a la tercer parte de la población total del país.

Congruentes con la descentralización federal, fue inaugurado del Centro Médico del Occidente y se renovaron y ampliaron los convenios de subrogación de servicios médicos y sociales con Estados y Municipios.

Se han enfatizado las acciones del Programa Nacional de Planificación Familiar, con el propósito de que para 1982, se logre reducir la tasa de crecimiento de la población a 2.5% anual.

Los resultados han sido altamente satisfactorios, ya que en los primeros 18 meses de la actual administración, se incorporaron al programa, casi un millón y medio de nuevos aceptantes.

La medicina preventiva ocupa un primer plano en la atención de la salud.

Es ahí donde deben canalizarse los recursos que evidentemente rinden más, ya que cuesta menos prever que curar y rehabilitar.

Se han continuado las campañas tradicionales de higiene, vacunación, alimentación y saneamiento ambiental, al que se le ha dado gran énfasis creando una comisión intersecretarial para tal efecto.

Entre las medidas preventivas, destaca la cartilla nacional de vacunación, que una vez establecida con carácter obligatorio, permitirá preparar mejor las actividades correspondientes.

Se puso en marcha el Programa Nacional de Alimentación Familiar, que se caracteriza por la coordinación interinstitucional de todas sus fases.

Se pretende brindar raciones que contengan productos de alto valor nutritivo, considerando los hábitos de consumo y poder adquisitivo de los estratos sociales menos favorecidos.

En los últimos 6 meses, este programa, que se ha implementado ya en 17 Estados de la República, se amplía a las zonas candelilleras del país.

El próximo, México será sede del Año Internacional del Niño.

Hemos iniciado ya los trabajos preparatorios, de tal forma que ofrezcamos nuestras experiencias y recibamos las aportaciones de los demás.

Atender a la población infantil fuera del contexto familiar, o de la comunidad en la que se desarrolla, sería ofrecer soluciones parciales, que sólo contrarrestarían los efectos de las carencias físicas o espirituales sufridas por nuestros niños; pero no las causas que las originan.

De ahí la importancia del Desarrollo Integral de la Familia.

Se ha logrado consolidar una nueva filosofía, que hizo necesaria la educación del instrumento normativo que rige la organización del Ministerio Público del fuero común.

Nuevas medidas se han puesto en marcha en beneficio de los habitantes de la capital y de numerosos Estados de la República que las han adoptado.

La participación ciudadana es hoy un hecho cotidiano que se expresa en la actividad de los pasantes, visitadores y peritos voluntarios.

Se estableció el control nacional de detenidos.

En un clima de respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, se verificaron elecciones para diputados locales en los Estados de Veracruz, Tlaxcala, Sinaloa, Baja California Sur, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, México y San Luis Potosí, y para municipales en 8 Entidades Federativas.

El Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, hubo de ser sustituido por haber solicitado licencia para separarse indefinidamente de su cargo; y el de Hidalgo, reasumió sus funciones en virtud de haberse vencido el plazo de la licencia de que disfrutaba.

Asimismo, tomó posesión de su cargo el Gobernador de Baja California Norte.

En el curso abierto por la Reforma Política, cabe destacar: el registro condicionado al resultado de las elecciones federales de 1979, otorgado por la Comisión Federal Electoral, a los partidos Demócrata Mexicano, Comunista Mexicano y Socialista de los Trabajadores, que ahora por primera vez nos acompañan.  

Bienvenidos a este foro de la democracia nacional. Hago votos porque aquí aprendamos juntos a sumar identidades; a estar de acuerdo en la posibilidad de disentir en todo, menos en que son las mayorías las que resuelven, y resuelto, todo, hasta los que la hicieron, queden obligados por la generalidad de la ley.

Quince agrupaciones han solicitado su registro como asociaciones políticas.

La Comisión Federal Electoral resolverá en los términos de la ley.

El éxito de la Reforma Política en que estamos empeñados, en buena medida depende del funcionamiento de los partidos, de su respeto a las reglas que nos hemos dado y del comportamiento, que dirigentes y militantes, asuman ante la nueva legislación.

La creación de ciento cuatro distritos, adicionales a los ciento noventa y seis que existían, ha determinado la necesidad de que se reexpidan credenciales de elector a más de doce millones de ciudadanos.

La tarea de registro se cumple contando con la estrecha y vigilante colaboración de los partidos políticos.

La Reforma Política, en su dimensión de acción estatal innovadora del orden jurídico será proseguida por el Ejecutivo a mi cargo, a través de dos Iniciativas de Ley, que próximamente remitiré a esta Honorable Congreso de la Unión.

La primera de las Iniciativas que me propongo remitir, reglamenta la facultad del Senado de la República, para, declarar que ha llegado el momento de designar Gobernador provisional de un Estado, cuando han desaparecido a los poderes constitucionales.

La ley establecerá con precisión, las situaciones y causas que puedan dar origen, únicamente por ellas mismas a la declaratoria del Senado y en sus recesos, circunscribirá la intervención de su comisión permanente a la exclusiva designación de gobernador provisional.

La observancia de este reglamento, impedirá formas de autoritarismo que lesionen garantías individuales y vulneren nuestro régimen constitucional.

La segunda Iniciativa que someteré a esta representación nacional, será la ley de garantías al derecho a la información, que desarrollará y dará concreción al contenido de la parte final del Artículo Sexto Constitucional.

Por su carácter de orden público, sus preceptos serán el marco normativo al que deberán sujetarse las disposiciones existentes que regulan la actividad de los medios de comunicación social y construirán la base de otras regulaciones específicas sobre la materia.

En esta Iniciativa de Ley se define el derecho a la información, como un derecho fundamental al servicio de la dignidad e integridad de la persona humana; también se le enuncia como un derecho social, para asegurarla a la colectividad una información objetiva, plural y oportuna.

Nuestro orden jurídico, deberá hacer de la energía de la información una fuerza democrática, en cuyo ejercicio participen las diversas corrientes de opinión y pensamiento, las agrupaciones y los individuos.

El derecho a la información, complementa la libertad de expresión, que, al ser cabal, sustenta una vigorosa opinión pública apropiada al cambio y a las transformaciones sociales.

Hemos respetado escrupulosamente al derecho de reunión.

Más de dos mil manifestaciones se han llevado a cabo en el país del 1o. de diciembre de 1976 a la fecha, sin que hayamos tenido que lamentar encuentros o choques.

Confiamos en que las diversas ideologías, corrientes de opinión o intereses, no caigan en provocaciones y ayuden a evitarlas.

Confiamos asimismo, que al ejercer este derecho, no restrinjan o quebranten otros, como el de libertad de movimiento, trabajo y disensión.

Hemos combatido la corrupción en el ámbito de la Administración Pública pase al escándalo o las suspicacias políticas.

La corrupción no es exclusiva de la Administración Pública. No hay prevaricador sin cómplice, ni costumbre sin tradición.

El mal que padecemos, tal vez desde hace siglos, es causa y consecuencia de nuestro atraso, pero si todos nos empeñamos, no es irremediable.

Entre los muchos procesos penales abiertos en este esfuerzo hay algunos notorios que tienen, al decir de algunos, un móvil dudoso.

Quien así piensa se equivoca, no se han escogido los personajes por sus antecedentes políticos, que casi siempre se remontan a varias administraciones sino por la claridad de la denuncia y la evidencia de las pruebas en su contra.

Seguiremos adelante no importa quienes resulten culpables.

Seamos honrados para exigir honradez.

La mejor forma de cuidar el mañana, es la fuerza imperativa de sentar el precedente.

Mis colaboradores y yo, nos atenemos a las consecuencias.

Protección y seguridad ciudadana, defensa de la integridad territorial, garantía de la independencia, y soberanía han sido misión permanente cumplida con lealtad y valor por nuestras Fuerzas Armadas.

Es bien conocida su labor para auxiliar a la población civil en casos de desastre, así como su eficiente participación en la campaña permanente contra el narcotráfico.

Lo que se puede hacer por el camino de la oferta de esas cobardes drogas, lo hemos hecho; lo demás tiene que hacerse en los sitios donde se consume.

Han continuado y aumentado los trabajos de forestación y reforestación; las tareas de alfabetización y restauración de escuelas y la distribución de agua en las zonas áridas.

Aunque anecdótico por ilustrativo, recuerdo que en Tijuana, el pueblo damnificado, me demandó que fuera el Ejército el que los auxiliara y cuidara.

Me sentí orgulloso.

Difícilmente ocurre algo parecido en ningún lugar de América.

Para apoyar la vigilancia y preservación de la zona exclusiva del mar patrimonial, se halla en ejecución un programa de investigación oceanográfica, que nos permite obtener un inventario real de los recursos renovables de nuestros mares al mismo tiempo analizar los efectos de la contaminación y concentrarnos en las áreas más convenientes.

El pueblo en el servicio de las armas, por su entrega y fidelidad, alienta nuestro impulso y le imprime seguridad y firmeza a nuestros pasos para servir mejor a México.

A quienes portan el uniforme de custodios de la soberanía e independencia nacionales, les identifica la dignidad, de la noble profesión castrense; pero más allá de ello, les define en plenitud, para honra de México, su convicción y actuación institucional.

En nuestro rumbo marchan a nuestro lado, ni en rezago, ni con desbordamiento.

A la fuerza de las armas, añaden la autoridad moral de quien actúa con base en el derecho.

Nuestras Fuerzas Armadas han sabido entender el momento que México vive.

Han cumplido y continuarán dignificando esa profesión por la que, ellos saben, el Presidente de la República siente, desde hace muchos años, especial, cálido efecto.

Las relaciones del Ejecutivo Federal con los Poderes Legislativo y Judicial y con las Entidades Federativas, fueron armónicas y de cabal respeto a sus respectivas jurisdicciones.

Especial mención merece la Reunión de Querétaro para conocer el avance de la república, que ahí estaba representada; escuchamos, de viva voz, los planteamientos de sus miembros y aprovechamos la ocasión, para dar por instalado simbólicamente el sistema nacional de evaluación permanente, que cada año haga un balance de lo avanzado y sobre ello rinda cuentas.

Los principios que rigen nuestra política interior, que engloba el acontecer nacional y nuestra forma y estilo de vida, los hemos también proyectado al exterior.

La política internacional de México es una sola, desde la Independencia y hasta nuestros días, jamás los principios se han sacrificado a las circunstancias, o a los intereses transitorios.

La congruencia, sigue siendo nuestro baluarte y fortaleza.

Históricamente nuestra doctrina, ha ido más allá de las posiciones defensivas, que garantizan independencia y afirman soberanía.

Participamos, cada vez más resueltamente, en el empeño de transformar el sistema internacional.

Queremos un mañana, si la insania no lo impide, de naciones corresponsables y no de superpotencia.

El análisis conjunto de enfoques diferentes, la confrontación de información, el diálogo franco y directo, permiten plantear de manera expedita nuestras posiciones, comprender mejor otros planteamientos e impulsar acuerdos favorables.

De ahí la importancia de las entrevistas con Jefes de Estado y Gobierno.

Recibimos la visita de Presidente del Consejo Presidencial de la República Popular de Hungría, del Presidente del Estado de Israel, del Presidente de Costa Rica, del Presidente de la República Federal de Alemania, del Presidente de la República Federal de Brasil, y de otros muy distinguidos visitantes en misión oficial de sus gobiernos.

Asimismo, llevamos a cabo entrevistas de Estado con el rey de España, con el Presidente del Presidium del Soviet Supremo y con el Presidente del Consejo de Estado de la República Popular de Bulgaria.

Me es muy satisfactorio informar, que durante nuestra estancia en la Unión Soviética, su Gobierno suscribió el protocolo segundo del Tratado de Tlatelolco.

Expresado así la determinación de este país de contribuir al desarme y desnuclearización de América Latina.

En atención a la invitación, que el jefe de la Junta de Gobierno de Panamá nos formulará, asistimos al intercambio de los instrumentos de ratificación de los Tratados del Canal de Panamá, en la que estuvieron presentes los mandatarios de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Jamaica y Costa Rica. Reiteramos una vez más, el apoyo de México al pueblo panameño, en su lucha por el ejercicio irrestricto de su soberanía, sobre la totalidad de su territorio.

Acatando con plena conciencia esta premisa esencial, como norma de validez universal, podremos avanzar en el advenimiento de una efectiva justicia, que sólo puede ser detentada, por estados soberanos con capacidad de autodeterminarse.

Ningún mesianismo nacional o supranacional, económico o político conoce las claves del porvenir, ni tiene el derecho a ejercer potestad sobre la historia, ni a erigirse en guardián del planeta.

Apegados a estos términos, mantenemos relaciones con 134 países; y nos hemos propuesto conferir a cada uno de estos nexos, un sentido práctico y positivo para las partes.

En consecuencia revisamos, sistemáticamente los mecanismos y acuerdos que nos enlazan, para efectuar el balance de lo hecho y la evaluación de las nuevas posibilidades.

Prestamos especial atención a las relaciones con nuestros vecinos.

Buscamos soluciones a los problemas que surgen, demandando únicamente lo que ofrecemos: solidaridad y respeto.

Funcionan satisfactoriamente los sistemas de análisis global y soluciones coordinadas, que acordamos en la visita que hicimos a los Estados Unidos, para evitar, visto el incremento constante del intercambio, confusiones, interferencias o peligrosas deformaciones.

Las cuestiones mexicanas, no corresponden al ámbito doméstico de los Estados Unidos, como tampoco los problemas norteamericanos, son materia de nuestra política interior.

Comprenderlo así, es la base de nuestra amistad.

Cualquiera que sea la intensidad o variedad de los contactos, nuestra relación con otros países, tiene un carácter rigurosamente internacionalista.

Conscientes del contraste entre los escasos logros y los reiterados esfuerzos diplomáticos desplegados desde la última conflagración, entramos en las negociaciones para un desarme universal, en el que todas las naciones y particularmente las no armadas, a quienes asiste la autoridad moral, deben participar.

Hemos presentado una iniciativa -apoyada en reciente reunión preparatoria- para limitar y prohibir la transferencia y el uso de las armas convencionales, y en ocasión de la Cuarta Reunión del Consejo Mundial de la Alimentación, celebrada en esta ciudad, reiteramos nuestro llamamiento, para que se destinen fondos desencadenados del armamentismo, al fomento de la producción alimentaria.

Al hablar, como lo hemos hecho, con los dirigentes de los países más fuertes del mundo, nos hemos dado cuenta de que los poderosos, son el lobo de los poderosos.

En efecto, como los grandes países, tienen resueltos los problemas básicos de sobrevivencia, lo que les interesa es expander su ámbito de influencia y por ello, sólo temen a la guerra, que enfrían, entibian o calientan, según tiempo y temperamento.

Para los países pobres, corderos de todos los lobos, que se evite la guerra es muy importante; pero no es suficiente, están además las necesidades vitales, de alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad.

Para nosotros, lo importante es, también, ganar la paz y eso se logra ordenando equitativamente la economía mundial, organizando el financiamiento, el comercio y el sistema monetario.

Para desterrar no sólo la guerra, sino también el hambre, la insalubridad y la ignorancia.

Hay recursos; claro, no son nuestros; son de los fuertes, que los emplean para inventar nuevas armas o hacer las antiguas, en cantidades tales, que hasta pueden exportarse a buen precio.

Lucharemos porque los gigantes nos entiendan, para que merezcan un poder que puede ser bendición de la humanidad y hoy es azote de los pueblos.

En el seno de la Organización de las Naciones Unidas, propusimos ideas fundamentales para que, en cualquier controversia, rija siempre la vía pacífica de solución.

Nuestra tesis comprende para los organismos internacionales, la democratización, y el otorgamiento de la capacidad necesaria, para alcanzar la paz y la seguridad perdurables.

Luchamos para que las instituciones de las Naciones Unidas, canalicen recursos reales a los países en desarrollo.

Y que éstos decidan como usarlos; porque se apruebe y respete un estatuto jurídico del mar, que regule la explotación de las zonas económicas exclusivas y de las aguas internacionales; y porque se proteja la disposición soberana de cada país sobre sus recursos naturales.

Batallamos en todos los foros, por la implantación de un nuevo orden económico.

Al respecto casi todo se ha dicho; casi nada se ha dicho.

Como no tenemos más armas que nuestros principios y nuestra palabra, seguiremos esgrimiéndolos hasta que la energía de los pueblos y el poder de la razón, los hagan realidad en la que impere el derecho internacional.

Honorable Congreso de la Unión:

Doce meses son pocos, muy pocos para la historia de una Nación.

Doce meses pasan rápido para aquéllos que los disfrutan y los gozan; pero qué largos y amargos son para quienes los soportan y sufren.

Han transcurrido doce meses en os que prevaleció la institucionalidad como norma de convivencia.

Realizamos aspiraciones, dilatamos el horizonte; pero también hubo fallas y demoras; lejos estamos de ser perfectos; pero legítimamente aspiramos a la perfección.

Unos vivimos bien, muchos vivieron mal.

Un año, en el que enriquecimos nuestra vida política y aun nuestras libertades; pero un año en el que por una o por otra razón, por la crisis o su combate, no avanzamos en la redistribución de riqueza; en el que no pudimos darle ocupación a todos los que querían trabajar.

En el que, tal vez, se hayan acentuado algunas desigualdades, contrariando nuestra voluntad de justicia.

Y eso es lo que más hiere los sentimientos de la Nación.

Libertad y justicia.

Conceptos paradigma, que a pesar de decirse y oírse muchas veces, no se gastan; dan sentido al mundo y a la vida; su valor perdura en el tiempo, aunque en él no se den.

Lo que se desgasta es nuestro derecho a decirlos; nuestra oportunidad para consumarlos.

El privilegio de la libertad se vuelve rutina, y en ella, nos acostumbramos a la desigualdad, que ya no distinguimos.

No sabemos el bien que tenemos, porque no lo hemos perdido y somos indiferentes ante el mal de los demás, porque no lo hemos padecido.

Perder la capacidad de percibir la injusticia y el sufrimiento, es el principio del fin.

Perder la libertad por la injusticia, es el final.

Nada ni nadie nos es ajeno.

Encogerse de hombros ante la desigualdad; ante el desempleo, el hambre, la ignorancia, o la inseguridad de un mexicano, es aturdir el entendimiento, caer en la inconsciencia y anular el espíritu.

Es cancelar el futuro.

Queremos un porvenir por la Nación.

Tenemos derecho y voluntad de bien.

Los haremos valer con la razón y el sentimiento, para atemperar opulencia y miseria, sin perder la libertad.

Antes de 1968 veíamos nada más, todo lo que había logrado la Revolución Mexicana: bases jurídicas, ideológicas y políticas, que permitieron construir, en poco más de medio siglo, una Nación cuatro veces más grande en su población, crecida en y por obra de la misma revolución y definida en su personalidad; capaz de brindar satisfactores a una proporción cada vez mayor de sus habitantes; una Nación que había afamado su posición independiente y pacifista; reparto agrario, derechos laborales, nuevas ciudades, carreteras, presas, fábricas, escuelas, hospitales, puertos, recursos materiales, crecimiento económico que duplicaba el de la población.

En suma, el país triunfador de la primera revolución social del siglo XX.

Después de 1968, todo fue descubrir y describir horror e insuficiencia, explotación y desgracia, desgarrarse las vestiduras.

Nada está bien.

Todo está mal.

De un momento a otro, pasamos del milagro al malogro mexicano.

¡Basta ya! no persistamos en la aberración de negar lo más puro de nuestra historia.

Nuestra revolución.

Tampoco se crea que si ya se hizo, ya se acabó.

Tenemos que realizarla y ganarla todos los días.

Tiene causa y cauce; no la inmolemos ante nuestra incapacidad de hacerla vigente.

Es valiosa, aunque seamos incompetentes para convertirla en realidad y júbilo.

Es lo mejor que hemos hecho los mexicanos, desde que lo somos y para ser mejores.

Luchemos para engrandecerla y merecerla.

Qué importante que nos preocupe, lo mucho que falta por alcanzarse; pero qué grave, que por lo que nos hemos hecho, desestimáramos las gestas heroicas del pueblo mexicano.

Sus conquistas y su gallardía no son historia libresca, celebración alegórica o declaración de ideólogos; vienen de tiempos remotos y son sustento y sustancia de nuestra proyección transcendente; las vemos en el campo, en la ciudad, en las fábricas, en las casas, en las calles y en las caras del pueblo.

Ahí nos miramos a nosotros mismos.

Esa es nuestra vara de juicio y justicia.

En la historia, entonces virgen, de los movimientos sociales, emerge nuestra revolución, sin ortodoxias geométricas, ni moldes sofocantes, porque se origina en la entraña misma del pueblo; sin planear dictaduras, porque de combatir una, nace; sin admitir imposiciones extranjeras, porque en la descolonización, se explica; sin confabular con ninguna potencia, porque es antiimperialista, y encuentra la fórmula de hacer síntesis dialéctica de lo social y lo individual, y transformar la revolución en Constitución y la Constitución en instituciones dinámicas.

Con ellas y con las leyes generales que democráticamente votamos, tenemos los instrumentos para proseguir con el reparto de la riqueza pública y el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Objetividad es lo que necesitamos.

Ni el optimismo desbordante: -el vaso está medio lleno-, ni el pesimismo asfixiante: -el vaso está medio vacío-.

Tenemos vaso, está a la mitad.

Vaciarlo o llenarlo depende de nosotros.

En nuestras manos está.

No obstante la pesada vecindad de nuestra geografía; no obstante la difícil herencia, que como Nación recibimos, el México de la revolución, ha sabido colocarse entre las Naciones más consistentes, más respetadas y más libres del mundo.

Tenemos que convertir las normas, en realidades para más de 64 millones de mexicanos, que a fines de siglo seremos más de cien.

Según hayamos actuado, estaremos en tierra fértil y campos arados o suelo yermo y ocioso; en gigantes ciudades deformes y minúsculos poblados dispersos o en armonioso equilibrio urbano y rural; con precios que se disparan y se subsidian o con costos reales, poder adquisitivo y ganancias lícitas; en páramos improductivos o en complejos industriales y vergeles; con niños tristes que se enferman o con una infancia feliz; con ricos ahítos, que viajan a comprar predios en el extranjero; con jóvenes obsesionados por la impotencia, que matan y mueren, sabiendo que así, no conseguirán lo que buscan; o con un pueblo sano y equitativo, cada vez más informado, que conoce ya estas diferencias y las impugna, y que reclama disfrutar los dones de la vida.

En fin, es optar por que todo siga igual o por el modelo que diseñamos juntos y que sea el fruto de nuestros triunfos y tropiezos; de nuestras posibilidades y competencia.

La tarea es ahora menos difícil que cuando empezamos; pero más delicada.

Las perspectivas son promisorias y la gama de alternativas extensa; por ello mismo, elegir es más comprometido y equivocarse más grave.

Estamos por superar la crisis económica que tuvo su momento más dramático a fines de 1976.

La hemos sabido afrontar.

Era lo urgente.

Vamos ahora a enfrentar lo importante, lo más serio que ha vivido México en toda su historia: la crisis de fondo, el problema social.

Ya pasó lo peor.

No desandemos camino; afiancemos lo que hemos logrado.

No lo tiremos, para volver a empezar.

Tendríamos que arrancar desde más abajo y dentro de mucho tiempo, estaríamos en donde ahora nos hallamos; pero con más cicatrices, menos fuerza y más rencores.

Ahora que estamos en calma, notamos lo que antes, por la vorágine, no podíamos ver.

Hay trabas y obstáculos, que debemos y podemos rectificar.

Organicemos a nuestra sociedad, para enaltecer lo que tiene de más valioso: su capacidad de trabajo, esencia misma de su dignidad.

Hace años, el derecho al trabajo se planteaba aquí, como una declaración de buenas e irrealizables intenciones.

Es llegado el momento de firmar que esa aspiración es viable.

Puede plantearse sin demagogia, como meta nacional a la que deberemos llegar antes de finalizar esta centuria.

Y así como la justicia distributiva y conmutativa se expresa constitucionalmente en el derecho del trabajo, corresponde ahora otorgarle ese rango, al derecho al trabajo y consagrar en nuestra Carta Magna la justicia social que él entraña.

En breve enviaremos nuestra iniciativa a esta soberanía.

De llegar a votarse -y esto lo subrayo- nos permitiría, por medio de leyes secundarias, organizar -y esto, es igualmente importante- a la sociedad en su estructura y funciones para hacerlo efectivo.

Los tiempos por venir, exigen claridad en las metas que queremos, constancia en el esfuerzo y firmeza en las convicciones.

Revalorado el trabajo y sus derechos, tengamos conciencia de que producir y distribuir, tienen que ser simultáneos.

Ahí la justicia distributiva se expresa en salarios, preciso y utilidades.

Es la redistribución la que completa la justicia social.

Toma forma en fisco y gasto público.

La administra un estado de derecho, que no puede concebirse como padre omnipotente y ni siquiera como gendarme protector y que sería inoperante, si entre sus componentes, pueblo y Gobierno, no hay, además solidaridad, entendimiento y acción común.

Por primera vez en nuestra historia, tendremos la oportunidad de disfrutar autodeterminación financiera.

Una vez que corrijamos insuficiencia y deficiencias, estaremos en condiciones excepcionales de aprovechar recursos aquí originados, si sabemos evitar que en nuestra economía de mercado, oferta y demanda desborden la libertad y enfrentando los intereses de los grupos sociales, propicien y se aprovechen del desorden; combatir las sucias jugadas de los especuladores monetarios y procurar el uso y terminar el abuso de la propiedad privada, para no inhibir los derechos sociales.

Por ello es imperativo atender los sectores productivos con especial interés.

En materia agropecuaria y forestal organicémonos para producir más y mejor.

No combatamos la riqueza, sino la injusticia.

Ahora sí, marchemos al mar.

Su respuesta será generosa.

Impulsemos la producción industrial para satisfacer demandas populares, ampliando el mercado interno en su base; para exportar, no sólo para sustituir importaciones, aprovechar la capacidad instalada y absorber fuerza de trabajo.

Hemos proclamado que es ésta la generación heredera, que aprovechará los recursos petroleros, como apoyo para mejorar la calidad de la vida en México.

Sin ambiciones excesivas, no aspiramos casi al paraíso, sino a un país en el que haya seguridad y decoro.

Es válido y posible.

Estoy por ello obligado a decir, con el pormenor que la ocasión permite, como lo vamos a hacer.

Garantizaremos primero, que haya excedentes.

Lo que obliga a orientar la economía y el financiamiento del desarrollo a ese propósito.

Debemos usar los excedentes, para fortalecer al Estado y para proteger y aumentar el patrimonio de la Nación, mediante programas preferentemente de largo plazo, que vislumbren el siglo XXI.

Los dedicaremos a las prioridades nacionales ya establecidas.

No hay otras porque haya recursos.

Estos son para aquellas.

Definiremos oportunamente los proyectos.

Hemos dicho que una de las características del subdesarrollo es precisamente su ausencia.

Sería paradójico que por no tenerlos, tuviéramos que exponer capitales o acelerar el consumismo.

Tendremos que disponer de tres tipos de ellos: unos de expansión o modificación de la actual infraestructura, que es lo que más pronto deja mayores beneficios; otros nuevos, que elevan el nivel y forma de vida de los mexicanos, particularmente de los marginados y que garanticen una solución permanente por y para el empleo productivo y justamente retribuido y proyectos de investigación y tecnología, que mediante financiamientos estimulantes, impulsen el desarrollo industrial y rural.

Desarrollaremos microrregiones, con infraestructura y apoyos directos a la agricultura y a la agro industria, así como acciones en comunidades específicas, para retener en el campo, la fuerza de trabajo que ahí se origina.

Impulsaremos programas concretos de pequeña industria y minería.

Crearemos nuevas estructuras para desarrollar recursos naturales, ahora desaprovechados por falta de financiamiento.

Debemos prever a tiempo la diversificación de energéticos primarios, para sustituir hidrocarburos e incorporar de lleno al átomo y sus potencialidades.

Avanzaremos paso a paso, palmo a palmo, para colocar los recursos en los mejores sitios y en el mejor momento.

Si pretendiéramos abrir un amplio frente el efecto sería imperceptible y los recursos se nos esfumarían.

Seleccionaremos cuidadosamente nuestras cabezas de playa, para penetrar con ella la correlación mundial de fuerzas y desde ahí, jalar el resto de las actividades de la Nación.

No usaremos los excedentes para dar respuesta a presiones circunstanciales o demandas populistas; subsidios o transferencias no productivas; para crear imprudente superávit o para relajar las políticas fiscales, de tarifas, presupuestos y económicas, que han de realizarse con independencia de los excedentes; tampoco para pagar la deuda externa, ni para financiar inversiones a largo plazo en el extranjero.

Se integrará un subsistema de planeación; con modalidades que le permitan analizar las perspectivas del país, en un horizonte de gran visión y financiar proyectos concretos.

Será auxiliar y complementario, de promoción y fomento.

Los excedentes captados a través de los impuestos de exportación, de producción y regalías, se administrarán en cuentas separadas que se rendirán especial y anualmente ante esta soberanía. Así lo propondremos formalmente en breve.

Todo esto será posible con lo que hemos llamado nuestra autodeterminación financiera, para vivir mejor, con menos desigualdades, con iguales seguridades para aprovechar oportunidades.

La Reforma Administrativa que emprendimos, contempla estos aspectos y no debe ser pretexto para una nueva retórica, ni para establecer enclaves.

Lo que se persigue con ella no es cambiar el modo de hablar, sino el de actuar.

Que los hechos correspondan a las palabras; que los funcionarios actúen como un todo, con idénticos fines.

La Reforma Política, es un paso adelante para consolidar nuestra democracia.

No concede; reconoce incorpora al régimen de derecho a partidos políticos, suma voces aisladas, no impone, ni rechaza; abre el diálogo; si las próximas generaciones han de continuar perfeccionando nuestra vida política, será por la vía del cambio institucional, que transforme incluso a la propia Constitución y que por encima de las diferencias, busque la coincidencia y la unidad en lo esencial.

No dejemos que el egoísmo, la irracionalidad o la violencia sin proyecto nacional, sean los que conduzcan el cambio que habrá de darse en los próximos años.

Asumamos con plena conciencia su dirección.

Los cambios propuestos y los efectuados, constituyen la Reforma Social que, en resumen, pretende afirmar la libertad del hombre y el poder del pueblo; a más poder del pueblo, mas libertad del hombre.

Instauramos la república sin cancelar totalmente el feudalismo.

Su inercia incita coaliciones y obscuras pasiones de poder por el poder, o del poder por la riqueza.

Pongámonos a tono con los nuevos tiempos.

Ni ansias ni desafueros, cuentas claras a la Nación, categóricamente declaro: el poder republicano, es poder para servir.

No vale, ni permitiremos, ningún otro.

A quienes han querido ver nuestras decisiones, como cambio de las reglas del juego, les decimos: nuestra conducta no es de asociación delictuosa con camarillas de prepotentes.

Hoy, como ayer, no tengo compromisos políticos, ni económicos con nadie.

Sólo con la Nación.

Frente a la ley no hay ley.

Entendemos que en época de crisis surja la idea de obtener lo que se necesita al margen o en contra de ella.

Lo entendemos, pero no lo admitimos ni lo justificamos.

Apartarnos del derecho es perder fuerza y legitimidad.

A ningún grupo o persona se le ha permitido, ni ahora ni nunca, la violación del derecho.

Sobre advertencia no hay engaño.

En la sociedad mexicana no hay heterodoxias.

Todos y cada uno de sus miembros caben en la libertad, diciendo lo que piensan y pensando lo que quieren.

Sean cuales fueran, las ideas que se profesen, se puede contribuir a la evolución democrática, siempre y cuando no se crea que, quien difiera de ella, no tiene derecho a hacerlo.

Desconfiemos de los absolutistas y de los déspotas que se creen infalibles.

Ya nos conocemos y ya conocemos a los desnacionalizados, a los que ante cualquier parpadeo; frente al asomo del más mínimo riesgo, quieren asegurar sus posiciones y sus posesiones y traman llevarse su dinero.

Que se vayan con él, a donde crean que más valga y supongan que ellos, valen algo.

Les hemos pedido que no nos estorben.

Nosotros nos quedamos a seguir construyendo la Patria.

Tal vez sus hijos se quieran quedar con nosotros.

Las condiciones que nos permiten visualizar un México en que se viva mejor, coinciden con la participación institucional de más corrientes ideológicas en las decisiones nacionales.

Vale la pena abrir nuevas y libres oportunidades a quienes bajo la influencia de algún móvil político se encuentran recluidos o prófugos, porque incurrieron en delitos, o formando grupos de disidencia extrema, pero que no han intervenido en la comisión de delitos contra la vida o la integridad corporal.

Con ese propósito enviaré a este Honorable Congreso, la Iniciativa de Ley de Amnistía, que beneficie a los que pensando en la solución de sus problemas y en la de los demás, surgidos de marginaciones sociales y económicas, que infortunadamente todavía existen, manifestaron su inconformidad, por la vía equivocada del delito.

Con dicha Iniciativa busco que estos mexicanos, vuelvan a sus hogares, se reintegren a la actividad ciudadana que el país reclama y concurran a las responsabilidades del quehacer nacional.

Renovemos con ellos, nuestros afanes.

Esto, señores, estaba escrito desde hace días, antes de últimos y reprobables acontecimientos.

Hemos meditado cuidadosa y responsablemente en este grave asunto, en el que puede estar en juego la gran conciliación nacional; y al ver a las madres que entran en huelga de hambre buscando a sus hijos, y a otras enlutadas -hijos todos los mexicanos, todos los jóvenes, iguales que nuestros propios hijos, ¡nuestros propios hijos!- he ratificado mi decisión: los minúsculos los grupos o intereses, que todavía no desentrañamos en donde se arraiguen, no pueden frustrar la posibilidad de que el país, olvidando en todos los ámbitos, tenga el derecho a estrenar tiempos vírgenes. Por esa razón ratificamos nuestra voluntad de iniciar esta Ley de Amnistía.

Tengo la seguridad de que hoy, como ayer, con Juárez, Lerdo de Tejada y Cárdenas, una Ley de Amnistía hará más sólida y productiva nuestra paz social y política.

No abrigamos la quimera de la desaparición de los problemas.

únicamente las sociedades muertas, carecerían de ellos, pues aun las sociedades que se estancan o se extinguen, los arrastran en su indefectible decadencia.

Una sociedad de desarrollo, obviamente tiene conflictos; que no son otra cosa que sus signos vitales; pena y satisfacción, dolor y alegría.

Nosotros tenemos vida y tenemos un reto, volver certidumbre la esperanza.

Resolvamos libremente qué queremos hacer con nuestra libertad.

El año 2000 está de hoy, a la misma distancia que 1956.

Las tensiones mundiales, en nuestra Nación, tenemos que resolverlas nosotros.

Y nosotros somos los mexicanos, los que admitimos el honor y las consecuencias de serlo; hijos de la misma tierra; por nuestras venas corre la sangre de siglos de nuestras razas primigenias y de nuestra vocación mestiza.

Tenemos historia y tenemos destino.

Aquí estamos y apenas comenzamos.

Con la inspiración y guía del legado de nuestros mejores hombres de 1810, de 1857, de 1910 y con la voluntad, la acción y el patriotismo de los mejores contemporáneos; queremos:

Una sociedad más justa;

Un país más libre;

Una nación más nuestra;

Con perseverancia, con inteligencia, con entereza y con optimismo, hagamos:

Más suficiente nuestra independencia económica;

Más sólida nuestra soberanía política;

Más rica nuestra convivencia;

Más grande a la patria.

Por nuestros hijos.

Por México y para México.

¡Viva México!

Contestación del Dip. Rodolfo González Guevara, Presidente del Congreso.

Ciudadano Presidente de la República:

El Congreso de la Unión ha escuchado, con especial interés y atención, su segundo informe.

Tengo la seguridad de que, del análisis y de los comentarios políticos que los legisladores realicemos en las próximas sesiones de Cámara, se desprenderá su aprobación general y que, por otra parte, los senadores y diputados de todos los partidos políticos lo estimarán claro y fácil de ser comprendido por el pueblo, objetivo crítico y razonadamente optimista en el porvenir nacional.

En mi carácter de Presidente del Congreso, anticiparé algunos comentarios, en especial, sobre materia política.

Hoy ocurre el diálogo fundamentalmente de nuestra vida republicana.

La Quincuagésima Legislatura tiene el deber político de establecer con usted, Ciudadano Presidente, depositario del supremo Poder Ejecutivo de la Unión, la secuencia y la consecuencia de las acciones cotidianas del gobierno federal.

Secuencia en los hechos acontecidos que forman la historia y, consecuencia, sobre los objetivos políticos que mantenemos como meta: perfeccionar nuestra democracia en el ejercicio de los derechos sociales, y en el respecto de los derechos individuales de igualdad y de libertad.

La democracia política vive porque tiene como contenido sustantivo, la realidad social y económica de la nación, y porque es, también, el método político que la soberanía del pueblo ha decidido como la forma de gobierno adecuada, para alcanzar la justicia social, la seguridad económica y la presencia constante de la colectividad y del estado, en el control y la conducta de los fenómenos económicos y sociales; de tal manera que éstos no puedan fomentar las desigualdades, limitar las libertades, y maltratar la dignidad de las personas.

En el año de 1977, durante el segundo periodo de sesiones de esta legislatura se estudia la iniciativa del Presidente de la República en materia política, y se aprueban las modificaciones constitucionales planteadas que enriquecen el proceso de la democracia nacional.

Los partidos políticos son reconocidos en la Constitución como entidades de interés público, con el fin de promover la participación, responsable y organizada de grupos, clases sociales y pueblo, en la vida democrática, contribuir a la integración de la presentación popular y hacer posible la participación de las minorías en el poder público.

El nuevo sistema político establece la integración de la Cámara de Diputados mediante los principios de votación mayoritaria relativa y de representación proporcional, para que, de acuerdo con nuestra realidad social y política, a ningún partido político existente, cierto y definido, se le niegue participación electoral y capacidad real de contar con diputados en la Cámara.

La Ley Reglamentaria desenvuelve, en secuencia lógica, los principios constitucionales y racionaliza y protege su correcta ejecución.

Es razón principal de la Ley, establecer como condición básica para que opere la reforma política, la efectividad del sufragio como derecho individual y social a la vez.

En las Discusiones legislativas, todos los partidos políticos, con el respeto absoluto a la libertad en sus diferencias, tomaron conciencia de sus responsabilidades.

Planteada así la reforma, afirmamos que son condiciones de la democracia: la actividad política de los ciudadanos; la firmeza de los partidos políticos para exigir el cumplimiento de la Ley y la voluntad política del Estado parar satisfacer los principios y normas que rigen el sistema electoral.

El Congreso de la Unión, estoy cierto de ello, consciente de la responsabilidad que le corresponde, como parte del Estado y como integrante de la más alta autoridad electoral, se solidariza con Usted, Ciudadano Presidente, con el fin de que en la próxima elección de diputados federales, se cumpla, con fidelidad, la reforma política, cuyos principios son parte de la Constitución y de la Ley Reglamentaria.

Como sucesión lógica de los hechos políticos ocurridos, la Cámara de Diputados, en este tercer período de sesiones, inicia un proyecto de Ley Orgánica del Congreso de la Unión, cuyas características todas, se encuentran orientadas a proveer a la Cámara de una estructura orgánica democrática, de acuerdo con las nuevas circunstancias, y de un ejercicio funcional, también democrático, que facilite la participación activa de los diputados en los trabajos legislativos y políticos y que, además, competen a su encargo constitucional.

Las diferencias que puedan existir corresponden al correcto equilibrio de la fuerza política de los partidos representados y ocurren, precisamente, porque en la democracia, el gobierno pertenece a las mayorías.

El enlace, la coordinación y el cumplimiento de las funciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en las materias financiera, fiscal, presupuestal, control del gasto y responsabilidades oficiales consecuentes, son preocupación constante para ambos poderes, puesto que su correcto establecimiento es ejercicio de la democracia política en el manejo adecuado de los fondos públicos.

Desde el principio del actual gobierno, en tres leyes, iniciadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso, se previenen nuevas formas para coordinar la administración pública, regular las finanzas del gobierno y facilitar la inspección y el control del ingreso y del gasto por el Poder Legislativo.

Así, a la reforma administrativa del Poder Ejecutivo, iniciada por usted, corresponde la reforma administrativa del Poder Legislativo, y la reforma política del Poder Legislativo influye necesariamente en las funciones del Poder Ejecutivo.

Son perfiles esenciales del triángulo de leyes que tienen como vértice fundamental uno de los más caros propósitos de Usted: fortalecer la moral pública.

Las modificaciones constitucionales del año de 1977 traen consigo, inevitablemente, consecuencias políticas de gran magnitud: presupuestos por programas, sujetos al logro de los objetivos y a la evaluación de los gastos previstos, facilitan el examen político y económico de la cuenta pública que para tal efecto debe presentarse a la Cámara de Diputados con mayor anticipación.

Por la misma causa, la ley de ingresos, el presupuesto y las modificaciones necesarias a las leyes fiscales, también deben presentarse con mayor anticipación.

Existe el claro propósito democrático de que la representación popular tenga mejores elementos de juicio y de que, en la consecuente se otorgue importancia relevante a la aprobación de los presupuestos y de los ingresos.

Secuencias y consecuencias políticas, de tal envergadura, propiciadas por el poder público, son decisivas en la creación y recreación de las relaciones de confianza entre gobernantes y gobernados.

Otorgan -a los gobernados- seguridad sobre seguridad, porque la seguridad política es la condición y es la defensa de la seguridad jurídica.

Fortalecer la democratización de la vida política, en todo su contenido solidario, permite la equidad económica y la justicia social.

Ciudadano Presidente de la República:

El Congreso de la Unión comparte sus graves preocupaciones motivadas por la pobreza y la ausencia de seguridades de grandes sectores de la población, en especial, de los campesinos que soportan una gran parte de la carga o peso del desenvolvimiento económico del país, cuya redención siempre ha sido y es inaplazable, y por las consecuencias fatales que la crisis económicas producen en las clases populares; pero no sólo compartimos sus preocupaciones, sino que comprometemos con Usted nuestra voluntad y solidaridad para trabajar en el campo legislativo que comprende legislación y política, y en el terreno social que abarca las necesidades de las clases desposeídas.

Su ejemplo nos mueve a la responsabilidad constitucional que tenemos y a no permanecer ajenos o impasibles ante los requerimientos, inmediatos y mediatos, del pueblo.

Fuentes:

http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/mexican/portillo/index.html

http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/50/3er/Ord/19780901-I.html

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-09-06-15.pdf