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Siglo XX > 1970-1979 > 1973

Tercer Informe de Gobierno del presidente Luis Echeverria Alvarez.
1 de septiembre de 1973.

Discurso del Lic. Luis Echeverría Alvarez, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1973.

Honorable Congreso de la Unión:

A la mitad de la jornada, comparezco ante la Representación Nacional y ante todo el pueblo de México, en un periodo difícil para el mundo y en un momento de adversidad de la naturaleza.

Catástrofes ocurridas en distintas regiones del planeta produjeron una baja espectacular de las cosechas en el pasado ciclo agrícola, considerado por los especialistas como el peor de los últimos veinte años.

Este hecho se inscribe en un contexto internacional que se caracteriza por el desorden en el plano económico y por una cada vez más aguda división clasista entre los países altamente industrializados y los países pobres.

Las pugnas y contradicciones entre poderosos grupos financieros ha desatado un proceso inflacionario que se desenvuelve sobre el fondo caótico de la crisis monetaria.

La inestabilidad de las principales divisas genera una actitud de incertidumbre y desconfianza frente al dinero, entorpece las operaciones comerciales, propicia el acaparamiento y la especulación.

Pero si el proceso inflacionario, la escasez de alimentos, de energéticos y de materias primas, son problemas que afectan a grandes y a pequeñas naciones, distintas son sus características y distintos sus efectos en cada caso concreto.

Para una vasta región del áfrica es el hambre, la peste y el interminable itinerario de seres humanos en busca de agua y de comida.

En muchos países de América Latina, es sobre todo, la acumulación de tensiones sociales, el enfrentamiento de grupos con intereses encontrados.

En los centros del poder financiero, una oportunidad más para convertir la necesidad ajena en beneficio propio, para multiplicar su riqueza y extender las invisibles fronteras de su imperio.

Este conjunto de fenómenos muestra la caducidad de las estructuras internacionales, la decadencia de un sistema fundado en la irracional concentración del poder político y económico, la necesidad de inventar nuevas fórmulas de convivencia que satisfagan las verdaderas necesidades de pueblos y naciones.

Sufre el país las consecuencias de la inestabilidad internacional, los efectos de un fenómeno inflacionario generalizado que rebasa fronteras y que sólo beneficia a quienes pueden acumular reservas de materias primas y fijar sus precios en el mercado.

Padece, también, una casi ininterrumpida cadena de siniestros en que la sequía alterna con sismos y ciclones.

Las copiosas lluvias de los últimos días han desbordado ríos, roto diques, inundado cultivos, arrasado ciudades enteras y dejando una impresionante secuela de muertos y damnificados.

Son cientos de compatriotas los que parecieron y cientos de miles los que perdieron sus propiedades y medios habituales de subsistencia.

Apenas regresábamos de recorrer las ruinas de Irapuato y ya nos llegaban noticias de nuevas inundaciones y de los daños causados por el sismo del día 28 en los Estados de Puebla y Veracruz.

Aunque todavía es imposible evaluar con exactitud las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por estos fenómenos, puede el país tener una idea aproximada de su magnitud si se considera que han sido afectadas, en diverso grado, más de la mitad de las entidades federativas.

Hemos recorrido algunas zonas de desastre, dictado disposiciones de emergencia e iniciado trabajos de reconstrucción definitiva en ciudades, carreteras, presas y otras obras de infraestructura.

Colaboran en estas tareas varias organizaciones civiles y del Estado y en forma destacada, las Fuerzas Armadas.

De todas formas, es indispensable la solidaridad activa de toda la población para auxiliar a nuestros hermanos en desgracia.

Pone el infortunio a prueba el vigor de los pueblos fuertes.

No existe, para ellos, la derrota sino el desafío.

Aprovechan las fluctuaciones de la suerte para renovarse.

Encuentran, en toda circunstancia, motivos para redoblar su esfuerzo y para seguir arriba y adelante.

A lo largo de su historia México ha demostrado su voluntad de supervivencia y de grandeza.

Ahora, renuncia a inútiles lamentaciones y emprende una nueva jornada de unidad y de esfuerzo colectivo.

No obstante la destrucción de obras importantes y la pérdida de miles de hectáreas de cultivo, el futuro de nuestra agricultura es promisorio.

La capacidad de almacenaje de las presas se estima en 28 mil millones de metros cúbicos, cifra sin precedentes que garantiza el riego para los próximos ciclos agrícolas.

En el presente documento informo al pueblo sobre nuestro pasado inmediato y nuestras perspectivas, sobre los resultados de la actividad nacional en el lapso que hoy se cumple.

La obra que de aquí damos cuenta concierne a todos y ha de ser, por todos, libremente evaluada.

Las grandes empresas colectivas sólo son posibles en la acción entusiasta y en la reflexión patriótica.

Día a día explicamos y sometemos al juicio público nuestros actos de gobierno.

Ahora, debemos valorar el conjunto de los hechos en relación con los objetivos propuestos.

Toca a la Representación Nacional aquí reunida y a todos los ciudadanos juzgar las tareas realizadas en un año de intenso trabajo.

POLITICA INTERIOR

Ofrecí al Pueblo de México fortalecer nuestra vida democrática.

En todas las actividades de gobierno hemos tenido presente este objetivo.

Por eso procuramos que se manifiesten claramente las distintas corrientes de opinión y mostramos, con hechos, la capacidad renovadora de nuestras leyes e instituciones.

Después de tres años de trabajo, puedo decir al país, con plena seguridad, que el camino que hemos escogido permitirá realizar, en la libertad, y en la justicia, los cambios que requiere nuestra sociedad.

La reforma constitucional que redujo el porcentaje de votos necesarios para acreditar diputados de partido y aumentó su número a 25, hizo posible que los partidos minoritarios tuvieran una mejor representación parlamentaria.

La iniciativa de una nueva Ley Federal Electoral, y las que en su oportunidad promovimos para reformar la Constitución, se fundamentaron en una de las metas esenciales de la política del gobierno que presido: integrar un marco legal que permita una amplia y profunda reforma política.

La nueva legislación electoral facilita la integración de partidos nacionales, al reducir a 65 mil el número de afiliados necesarios para obtener su registro.

También se ha mejorado el sistema de representación de los partidos en la Comisión Federal Electoral, en las Comisiones Locales y en los Comités Distritales.

La nueva ley les otorga plenas garantías para que puedan vigilar la organización, desarrollo y calificación del proceso electoral.

Se refuerza, de este modo, la imparcialidad de los comicios.

Una de las más importantes innovaciones de la nueva ley, consiste en poner a disposición de los partidos y candidatos la difusión masiva de sus principios y programas, mediante el uso de la radio y la televisión durante los periodos de campaña.

Asimismo, se les otorgaron especiales franquicias postales y telegráficas.

Las elecciones federales dieron contenido a las reformas constitucionales que buscaban adecuar las instituciones políticas a nuestra realidad demográfica.

Ascendiendo a 250 mil el número de habitantes con derecho a ser representados por cada diputado, la Comisión Federal Electoral aprobó la creación de 16 nuevos Distritos distribuidos en 8 entidades de la República.

La auténtica democracia supone la participación activa y cotidiana de los ciudadanos en las decisiones públicas.

Pero el punto culminante de este proceso es la designación de los representantes populares.

Renunciar al voto es abdicar del más alto de los derechos políticos y entregar en manos ajenas la voluntad propia.

Propiciamos, por los medios a nuestro alcance, la intervención de todos los ciudadanos en las pasadas elecciones.

Una intensa campaña de empadronamiento permitió incrementar, notoriamente, el número de personas inscritas en el padrón electoral.

Se superó la cifra de 24 millones sobre un total de 26 millones de posibles electores.

Afirmé en mi pasado informe que en las elecciones de diputados federales se pondrían a prueba las reformas que hemos realizado.

El tiempo nos ha dado la razón y la jornada del primero de julio confirmó categóricamente su eficacia.

Más de quince millones de ciudadanos, sufragaron no sólo en favor de candidatos y partidos, sino en favor de nuestro régimen de libertades cívicas.

El país ratificó su decisión de vivir dentro de la democracia.

En los Estados de Campeche, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora se eligieron gobernadores.

Fue renovada la diputación local en Coahuila, Colima, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y Sonora; y se integraron ayuntamientos en Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Querétaro y Sonora.

Transformamos nuestras instituciones sin desviarnos del camino escogido.

El país avanza hacia una etapa más alta de su vida democrática y asume plenamente su destino.

Es satisfactorio comprobar la eficacia con que volvió a funcionar el mecanismo previsto en el artículo 93 constitucional.

Durante el ciclo que hoy termina, diecisiete funcionarios públicos se presentaron ante los legisladores, en sesiones de cámara o de trabajo.

Reforzar el sentido comunitario de la tarea gubernamental, subrayar su carácter republicano y evitar la personalización de actos institucionales, nos indujo a expedir un acuerdo que prohíbe inscribir el nombre de cualquier funcionario en las placas inaugurales de las obras públicas.

Consolidar la democracia e impulsar el desarrollo igualitario de la sociedad, dentro de las posibilidades renovadoras del derecho, es el supuesto que define la actividad del Gobierno Federal.

Esta acción se funda y se refleja en la creación de nuevos instrumentos legales.

Durante la presente gestión administrativa se promulgó una reforma constitucional y doce leyes, así como dieciocho reformas y adiciones a otras existentes.

Además, fueron ratificados diecisiete instrumentos de carácter internacional.

El Estado se preocupa por los efectos sociales de los medios masivos de comunicación.

Procura un equilibrio entre la necesidades de elevar el nivel cultural e informativo a que el pueblo tiene derecho y la libertad creativa de quienes dirigen dichos medios.

Con el fin de regular el contenido de las transmisiones por radio y televisión, se expidió un reglamento que establece normas para el uso adecuado de estas concesiones federales de interés público.

El ciudadano percibe la acción del Estado a través de la administración pública.

La creciente complejidad de la vida moderna exige revisar constantemente nuestros sistemas de organización.

Después de cuidadosos estudios, a partir del día primero de enero, quedó establecida la semana laboral de cinco días para quienes se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado.

Esta disposición no implica la reducción de las horas de trabajo, sólo su reordenamiento.

Se pretende que el servidor público desempeñe sus labores dentro de mejores sistemas de organización y con mayor espíritu de servicio a fin de que se transforme en el más activo agente de la reforma administrativa.

Como instrumento de esta política fue creada la Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal.

La centralización, que obliga a los más modestos ciudadanos a trasladarse desde lejanas regiones del país hasta la ciudad de México, para lograr la resolución a sus problemas, es un viejo defecto de nuestra administración que nos hemos propuesto corregir.

Consecuentemente, 55 entidades del sector público han emprendido un proceso para delegar facultades y se ha iniciado otro, de descentralización regional, que divide al país en nueve zonas.

La primera de ellas ya funciona en el noreste del país con cabecera en Monterrey y en el curso de los próximos meses se estructurarán las restantes.

Para cumplir estos propósitos, se han expedido nuevos reglamentos internos en varias dependencias del Poder Ejecutivo, elaborados con criterio homogéneo, flexible y moderno.

Como parte de los programas de reforma administrativa y con el propósito de orientar con un sentido más democrático las inversiones del sector público, se estableció un sistema de consulta popular que permite a los habitantes de cada localidad, señalar a los funcionarios federales cuáles de sus demandas deben ser atendidas preferentemente.

Las Fuerzas Armadas mantienen una inquebrantable fidelidad a su origen popular y constitucional.

Preservan la seguridad externa de la República y afirman la continuidad de sus instituciones.

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, han ampliado considerablemente su capacidad de auxilio y de servicio a la población civil.

Colaboran en todas las campañas para preservar los recursos naturales y, en coordinación con otros órganos del sector público, combaten el cultivo y tráfico de estupefacientes.

Con resuelta solidaridad y ejemplar patriotismo los miembros de nuestras Fuerzas Armadas impartieron oportuna ayuda a los damnificados por los sismos e inundaciones que afectaron a una gran parte de nuestro territorio.

Por todos estos motivos, merecen la pública reiteración de la gratitud nacional.

Hemos preservado la paz social.

A pesar de que se han registrado casos aliados de terrorismo, es indudable que esta forma de violencia no tiene arraigo en nuestro país.

Como estrategia de lucha solamente puede prosperar en un clima de opresión totalitaria.

Mientras la oposición pueda desenvolverse libremente, las organizaciones clandestinas resultan artificiosas y están destinadas a una existencia precaria.

Desde hace tiempo, varios grupos de individuos dedicados a actividades ilícitas utilizaban locales de la Universidad Nacional Autónoma de México como centros de sus operaciones.

Perturbaban gravemente la tranquilidad pública y las tareas académicas.

Ante prolongadas prácticas delictivas, las autoridades universitarias hicieron las denuncias correspondientes y solicitaron la intervención de la fuerza pública, que actuó por mandato judicial para corregir esta situación.

El derecho de asilo tiene en el gobierno de México a uno de sus más firmes y consecuentes defensores.

Durante el presente periodo, se autorizó la internación al país de 71 asilados políticos.

Se ha combatido con éxito el tráfico de joyas arqueológicas y realizado una intensa campaña para prevenir y erradicar lo delitos contra la salud.

Prosigue el programa de perfeccionamiento de los sistemas penitenciarios del país, con apoyo en la ley que estableció las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

En esta tarea actúan coordinadas las autoridades federales y estatales.

Se construyen nuevos reclusorios, se ha instrumentado una política de subsidios para rehabilitar las instalaciones existentes y modernizadas sus servicios y se ha prestado asistencia técnica a varias entidades federativas, con el propósito de aplicar los más modernos principios en esta materia.

México tiene actualmente más de cincuenta y seis millones de habitantes, que se duplicarán en sólo veinte años.

Nuestro índice de crecimiento del 3.5 por ciento anual es uno de los más altos del mundo y el más alto, sin duda, entre los países que tienen una población semejante o mayor a la nuestra.

Esta elevada tasa de fecundidad y el descenso de la mortalidad enmarcan una realidad demográfica impresionante.

De acuerdo con las tendencias actuales llegaremos a los albores del siglo XXI con ciento treinta y cinco millones de mexicanos que habrán de requerir alimentación, vivienda, educación, empleo y todo tipo de servicios.

Los padres de esos millones de mexicanos del año dos mil nacieron ya o están por nacer.

Es el momento de considerar seriamente un problema al que, desde hace tiempo, han hecho frente muchas naciones de diversa estructura política y económica.

Vastos sectores de nuestra población se plantean el problema del crecimiento de la familia.

Por miles acuden las mujeres mexicanas a los centros de salud, a las clínicas oficiales y privadas, en demanda de orientación sobre las posibilidades de regular su fecundidad.

Rechazamos la idea de que un puro criterio demográfico orientado a reducir la natalidad pueda sustituir a la compleja empresa del desarrollo.

Pero cometeríamos un grave error si no adquiriéramos conciencia de la gravedad que tiene el incremento de la población y las necesidades que genera.

En el proyecto de adiciones y reformas a la Ley General de Población que, en poco tiempo, habremos de presentar a Vuestra Soberanía, se establece el marco jurídico para que los programas de paternidad responsable puedan realizarse con absoluto respeto a las libertades individuales, y como parte de nuestra política general de desarrollo.

Ratificamos nuestro humanismo nacionalista y revolucionario.

Sostenemos que todo proceso social debe tener como centro al hombre concreto y que mejorar su condición implica, siempre, preservar su dignidad y su libre albedrío.

Afirmamos que los recursos humanos constituyen el núcleo dinámico de todo cambio trascendente y que el fundamento del progreso es el poder transformador de la voluntad comunitaria.

POLITICA EXTERIOR

Diversificar nuestros contactos exteriores y dotarlos de un contenido práctico son, en esta hora, objetivos centrales de la diplomacia mexicana.

Favorecen nuestro propósito los cambios ocurridos en el mundo durante los últimos años.

Se disuelven las tensiones de la llamada guerra fría y la negociación entre antagonistas substituye, de manera paulatina, a los métodos imperativos fundados en el poder bélico.

En una época que se singulariza por el diálogo, México subraya su votación universal.

Somos parte activa de la comunidad de naciones y nuestra vida está condicionada, en muchos aspectos, por los acontecimientos externos.

Renunciar a nuestra responsabilidad en la conformación del nuevo orden internacional significaría comprometer el progreso autónomo del país.

Hemos ampliado nuestras relaciones bilaterales.

Acordamos establecer embajadas en Barbados, Tanzania, Guayana, Rumania República Democrática Alemana y Nueva Zelandia.

Sabemos que ninguna nación es autosuficiente.

Nos esforzamos, en consecuencia, por acrecentar nuestra capacidad de negociación frente al exterior.

Hemos recibido delegaciones comerciales de diecisiete países y enviado numerosas misiones económicas a diversos lugares del mundo.

Durante la Décima Sexta Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, reiteramos nuestro rechazo a cualquier género de ensayos nucleares.

Demandamos, además, la destrucción de los arsenales existentes.

Toda posición de fuerza implica el riesgo de su ejercicio y su amenaza es, en sí misma, una forma de violencia.

Suscribimos el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación por Vertimientos de Desechos y otras Materias.

Este es el primer acuerdo multilateral que pretende evitar la contaminación del mar y proteger la ecología oceánica.

Ante el recrudecimiento del terrorismo y, en particular, del secuestro de naves y aeronaves, hemos señalado que la prevención y represión de estos actos son de la exclusiva competencia del Estado en cuyo territorio se producen.

Advertimos, también, que tales medidas no deben entrar en conflicto con las normas del derecho de asilo.

A estos principios se ajusta el convenio suscrito con la República de Cuba, tendiente a desalentar la comisión de un delito que pone en peligro vidas inocentes.

En correspondencia a la visita de Estado que hice a la República de Chile, su Presidente doctor Salvador Allende fue huésped de México.

Durante su estancia se instrumentaron los acuerdos aprobados en Santiago para intensificar nuestros intercambios.

Se abrió una línea de crédito para facilitar estas operaciones y firmamos un Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Recibimos al Presidente de El Salvador, coronel Arturo Armando Molina.

De acuerdo con nuestra política en materia de inversión extranjera, decidimos ofrecer en venta a los salvadoreños hasta el 51 por ciento de las acciones de Fertica empresa subsidiaria de Guanos y Fertilizantes que opera en aquel país.

En esta capital, celebré conversaciones oficiales con el Primer Ministro de Australia, señor Edward Whitlam.

Estudiamos los medios adecuados para fortalecer nuestros vínculos y manifestamos la común preocupación por el acrecentamiento de las reservas nucleares.

Todo lo que afecta a los pueblos de América Latina preocupa al pueblo de México.

Acudimos en auxilio de Nicaragua, cuya capital fue arrasada por un terremoto.

En la medida de nuestras posibilidades, proporcionamos ayuda y asistencia técnica para su reconstrucción.

A fin de contrarrestar la estrategia aislacionista en contra de Chile, acordamos la venta de petróleo y cereales.

Esta operación se ajusta al convenio de pagos suscritos el año próximo pasado y responde al propósito de fortalecer, en la cooperación económica, la solidaridad fraternal.

Durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Panamá, se examinó el conflicto sobre el estatuto jurídico del Canal.

Respaldamos la justa demanda del pueblo panameño para restablecer la plenitud de derechos sobre su territorio.

Como parte del proceso de integración regional, quedó instalada la Comisión Mixta Andino- Mexicana, que tiene por objeto intensificar nuestros intercambios con los países que integran el Pacto Andino.

Estamos empeñados en renovar la estructura de la Organización de los Estados Americanos. Sostenemos que la interdependencia no implica subordinación ni homogeneidad.

El pluralismo ideológico es una realidad que debe ser reconocida como fundamento de la convivencia continental.

México ha postulado invariablemente, que el sistema interamericano sólo puede entenderse como una asociación de países soberanos.

Nos oponemos a todo tipo de acciones unilaterales o colectivas, que interfieran en decisiones de la exclusiva competencia de cada Estado.

No aceptamos interpretaciones extensivas de los tratados que involucren tesis intervencionistas.

En circunstancias difíciles, hemos defendido esta doctrina, que deriva del principio de autodeterminación.

La diversidad de regímenes políticos en el continente prueba, una vez más, la razón de México.  

La ausencia de imaginación en el ámbito internacional podrá encadenarnos a una permanente dependencia.

No delegaremos en otros nuestra capacidad decisoria.

La lucha por la soberanía se libra, también, fuera del territorio nacional.

Nuestra convicción de que los hombres y los pueblos pueden coexistir en forma pacífica, si respetan mutuamente sus ideas y sus formas de vida, hizo posible que visitáramos países con diferentes sistemas políticos y celebráramos con ellos transacciones de beneficio recíproco.

Aceptamos, previa autorización de este Honorable Congreso, las invitaciones formuladas por los Gobiernos de Canadá, Reino Unido, Bélgica, Francia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y República Popular China.

En el curso del viaje visitamos las sedes de la Comunidad Económica Europea y de la UNESCO.

Una vinculación más diversificada con el exterior, nos permitirá defender mejor nuestros derechos e impulsar con mayor firmeza nuestro progreso.

Tratamos de intensificar relaciones que favorezcan aumentos sustanciales en el intercambio económico y que amplíen las fuentes de conocimientos científicos y tecnológicos.

América Latina se convertirá en la primera región desnuclearizada del mundo, cuando todas las potencias atómicas se comprometan a no emplear armas de esta naturaleza en contra de los Estados signatarios del Tratado de Tlatelolco.

Como resultado de las conversaciones celebradas con los jefes de Estado de Francia y China, ambos países adquirieron tal compromiso al suscribirse el Protocolo II del Tratado.  

Anteriormente, ya habían hecho otro tanto los Estados Unidos de América y el Reino Unido.

Con todos los países visitados, concertamos significativas operaciones financieras y comerciales, que se han traducido en un incremento tangible de las transacciones.

En Canadá, celebramos acuerdos de cooperación económica e intercambio científico, tecnológico y turístico. Con el Reino Unido y Bélgica establecidos mecanismos de colaboración técnica y suscribimos convenios a fin de equilibrar la balanza comercial.

El Gobierno de Francia expresó su interés por adquirir manufacturas nacionales y por establecer en nuestro territorio empresas mixtas de exportación.

México recibirá el tratamiento de la nación más favorecida, por virtud de los convenios comerciales que firmamos con la Unión Soviética y la República Popular China.

Se abren, así, grandes mercados a nuestras exportaciones y se favorece la adquisición de equipos industriales en ventajosas condiciones de crédito.

Iniciamos en Bruselas negociaciones tendientes a firmar un convenio con la Comunidad Económica Europea, integrada por países con los que mantenemos sólidas relaciones amistosas y comerciales.

Contamos, junto con las demás naciones del Tercer Mundo, con posibilidades de producción diversificada que, en un sistema internacional equitativo, permitirían elevar nuestro propio nivel de vida y satisfacer la demanda de las potencias industriales.

Los precios de muchos de nuestros artículos y materias primas se fijan en el extranjero.

Trasponer las fronteras para defender el producto de nuestro trabajo, es un compromiso con las presentes y futuras generaciones que hemos cumplido en este viaje.

Diversos fueron los temas abordados en las conversaciones que sostuve con los jefes de Estado y múltiples los resultados obtenidos.

En todo momento actué como representante de un país soberano y tuve presente las necesidades y demandas de nuestras mayorías insatisfechas.

Al hacer el balance de esta empresa, puedo afirmar, con certidumbre plena, que México fortaleció su prestigio e incrementó sus oportunidades de intercambio.

Nuestro país ha sido precursor de tesis internacional que ahora son comúnmente aceptadas.

Repetidas injerencias externas han reforzado una ininterrumpida tradición pacifista y antiintervencionista.

Nuestro pasado y nuestro presente nos inducen a sentirnos solidarios de aquellos países que, habiendo obtenido su independencia, hoy luchan por su autonomía económica.

Los principios seculares que rigieron en el pasado a la economía internacional, han demostrado su ineficacia.

No solamente es cada vez mayor la brecha que separa a los países ricos de los pueblos marginados, sino que los desajustes en el campo económico son muestra de su inoperancia.

Las contradicciones provocadas por la supervivencia de la política del poder es una de las causas principales del subdesarrollo.

Un largo pasado colonial, prolongado hasta nuestros días por formas más o menos evidentes de imperialismo, impide una transformación radical de las estructuras de injusticia que prevalecen.

El desequilibrio, la inequidad y la coerción, son incompatibles con un sano desenvolvimiento de las relaciones económicas.

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre debe complementarse con un documento normativo que haga posible la convivencia económica y el progreso de todas las naciones.

Por eso consideramos cada vez más necesaria la adopción de una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que pondrá de manifiesto la voluntad colectiva para preservar la estabilidad y la paz universales.

La comunidad de naciones ha apoyado esta propuesta.

El Grupo de Trabajo de 40 países encargados de redactar el proyecto de la Carta, concluyó recientemente en Ginebra la primera fase de su mandato.

Las posiciones de países y grupos de países respecto de los temas que podría incluir, han sido formuladas en un documento preliminar.

No dudamos del loable esfuerzo de este grupo ni de sus rectas intenciones.

Sin embargo, convencido de la urgencia de acelerar estos trabajos dirigí en días pasados, un mensaje al Secretario General de las Naciones Unidas, señor Kurt Waldheim, a fin de que sean modificados los mecanismos para acelerar la aprobación de la Carta.

Tenemos la certidumbre del valor de este instrumento para instaurar un régimen de respeto y cooperación económica a que obliga el interés general.

Lo que acontece en el exterior condiciona nuestra propia evolución.

No podemos permanecer al margen de los cambios en un mundo que modifica radicalmente su estructura.

La creación de nuevas formas de interdependencia representa la respuesta más adecuada a las modalidades de la época en que vivimos.

Quienes viven a la zaga de la historia y aceptan las servidumbres impuestas por la dócil imitación de otros esquemas valorativos, han objetado nuestro derecho a estrechar relaciones con países que, independientemente de su sistema social, nos ofrecen amistad y la ocasión de ampliar intercambios de interés recíproco.

Nuestras decisiones en materia de política exterior, exigen una madura conciencia ciudadana que no se guíe por los aspectos superficiales de la diplomacia, sino que entienda su profunda significación política.

Las naciones que visitamos representan un compendio de la experiencia política y económica contemporánea.

No tenemos perjuicios ni temor de supuestas influencias.

Aceptamos el pluralismo ideológico como característica evidente de esta etapa histórica.

Sobre el fondo de una más amplia perspectiva, reafirmamos la confianza en nosotros mismos y en la ruta que hemos elegido.

En el primer semestre de 1974, México recibirá las aguas del Río Colorado en el volumen y calidad que hemos reclamado desde hace 12 años.  

El Acta 242 de la Comisión Internacional de Aguas y Límites, firmada hace dos días el 30 de agosto con el Gobierno de los Estados Unidos, asegura una solución permanente y definitiva al problema de la salinidad en el Valle de Mexicali.

Para hacer vigente este acuerdo, se prolongará el canal que desvía las aguas salinas hasta el límite entre Arizona y Sonora, y luego continuará por territorio mexicano hasta el Golfo de California.

Esta parte mexicana será construida, operada y mantenida por México y pagada por los Estados Unidos.

Desde el año pasado tomamos la determinación de rechazar las aguas procedentes del Canal Wellton Mohawk.

Así se ha hecho y esta condición se mantendrá hasta la conclusión de las obras mencionadas.

El feliz término de las negociaciones que hemos llevado a cabo, constituye un triunfo de la razón y del derecho, una justa compensación al tenaz esfuerzo realizado por nuestra diplomacia y un signo promisorio en nuestras relaciones con los Estados Unidos.

México reitera su confianza en el valor de las normas jurídicas como sustento de la vida internacional y su política exterior tiene el rumbo que señala el bienestar de la República.

POLITICA DE DESARROLLO

Las grandes tareas que impone el desarrollo nacional exigen la participación coordinada de todas las dependencias que integran el Gobierno Federal.

La industria, la disponibilidad de energéticos, las comunicaciones de todo género, la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, la agilización de los mecanismos de distribución, las políticas de empleo, el crédito en todas sus formas, la extensión de la red hidráulica, la elaboración de planes agropecuarios y la seguridad en la tenencia de la tierra son, entre otras cosas, cuestiones que no pueden ser analizadas en forma separada.

Todas se complementan y convergen dentro de una actividad de conjunto que debe atenderse con criterio integral.

El crecimiento económico del país ha descansado, fundamentalmente, en los hombres del campo.

El reconocimiento de este hecho, ha determinado nuestra decisión de no aplazar más el pago de esta deuda hace mucho tiempo contraída.

Por ello, reiteramos, desde esta tribuna, nuestra activa solidaridad con los campesinos, que se traduce en la atención más expedita de los problemas agrarios y en el aumento substancial de recursos para fomentar la producción agropecuaria.

En este período expedí 305 resoluciones agrarias que amparan una superficie de dos millones 14 mil 105 hectáreas y benefician a 45 mil 431 familias.

Entregamos 216 mil 291 certificados de derechos agrarios e indemnizamos a 764 ejidatarios con 109 millones de pesos por concepto de expropiaciones para fines de utilidad pública.

Se formularon, además, 21 declaratorias de terrenos nacionales sobre una superficie de 2 millones de hectáreas, donde se podrán instalar 43 mil familias.

Asimismo, otorgamos 6 mil 18 certificados de inafectibidad agrícola y 285 de inafectabilidad ganadera.

Es y será respetado del derecho de comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios.

Se atienden las demandas de los campesinos desposeídos pero sin lesionar ningún interés legítimamente adquirido.

En la ciudad y en el campo, sólo pueden sentir y propalar incertidumbre quienes tienen títulos posesorios espúreos o realizan actividades prohibidas por la ley.

La reforma que realizamos rechaza la falsa disyuntiva entre justicia y eficacia.

No deseamos que la fragmentación excesiva de la tierra desquicie la productividad agrícola pero estamos decididos a no permitir que, en su nombre, se instaure un nuevo latifundismo.

Hemos intensificado los programas de capacitación técnica y de organización campesina.

Con base en la nueva ley agraria, ha sido roto el perjuicio de que el ejidatario sólo podía dedicarse a la agricultura y a la ganadería.

El establecimiento de empresas agroindustriales ha demostrado su plena capacidad para explotar, en beneficio propio, los recursos de que dispone y para integrarse a modernos procesos productivos.

Las pequeñas unidades de explotación agrícola no siempre son compatibles con la dinámica de la economía contemporánea.

Es conveniente en tales casos, promover su agrupamiento, cabe destacar que existen dentro de la ley posibilidades para la asociación entre ejidatarios y pequeños propietarios, en condiciones mutuamente ventajosas.

Recientemente, señores miembros del Congreso, he celebrado distintas juntas con los directivos de las agrupaciones campesinas nacionales, quienes me han comunicado su decisión de organizar en forma colectiva la explotación ejidal de la tierra.

La Revolución Mexicana ha sido un complejo proceso histórico: hay quienes todavía opinan que los iniciales propósitos cívicos se debieron quedar en una mera reforma política, y que lo que vino después representó una mera tendencia constructiva.

Afloraron, ciertamente, con las reivindicaciones constitucionalistas y con la Carta de Querétaro, las grandes demandas de los campesinos y de los obreros; pero no podía detenerse -como pasa normalmente en la vida social- , una gran transformación general del país, a meros marcos intelectuales o teóricos que supuestamente hubieran previsto una reordenación planificada de México.

La Reforma Agraria fue la reconquista de la patria, inclusive, muchas veces sin programa, para los campesinos.

Tenemos la convicción de que estamos arribando a la conclusión de la primera etapa apenas, de esa Reforma, y que ahora nos esperan las grandes tareas reorganizativas que no dependerán - obvio es decirlo- de meros propósitos legales o administrativos, de la sola intención de las organizaciones campesinas, sino que deberá partir de la profunda conciencia de solidaridad, de la supeditación de los intereses individuales a los colectivos en el seno mismo de las comunidades, de los ejidos e inclusive de muchas pequeñas propiedades cuyos titulares desean agruparse para explotar mejor la tierra y usar mejor los fertilizantes, los insecticidas; defenderse de los intermediarios y acaparadores, que son una verdadera plaga nacional; formar cooperativas de consumo y de venta; planear, en general, mejor sus cultivos.

Cuando desde un punto de vista teórico, algunas personas muy ilustradas, muy estudiosas, en sus apartados gabinetes nos preguntan si no es contradictorio definir una política así para el futuro, con el impulso a una clase empresarial que necesitamos llena de patriotismo y de nacionalismo, les respondemos, que dentro del mosaico que es México: necesitamos estas formas de organización en el campo con un sentido social más avanzado y, al mismo tiempo, necesitamos una clase empresarial; pero moderna, nacionalista, sin mentalidad colonial, que no quiera estar formada por empleados del extranjero, sino que sienta que también debe contribuir con su iniciativa, que debe ser verdaderamente creadora, a la construcción de una patria.

Les afirmamos a estos estudiosos de las diversas teorías que necesitamos, sí, ciertamente, empresarios que industrialicen al país y que nos ayuden a no quedar en manos de las exportaciones extranjeras hacia México; a producir lo que el país consume y que tiene que exportar; a empresarios que quieran ser dueños de su propio destino, que no limiten y no detengan sus inversiones hasta que vengan las inversiones del extranjero; que no propalen rumores de desconfianza; ésos que comenzaron cuando, juntos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo iniciaron los estudios de legislación sobre tecnología y sobre inversiones extranjeras.

Hemos dicho que los capitales deben de manejarse con espíritu de solidaridad para ayudar a la soberanía y al progreso de México con un sano nacionalismo.

Por eso, ratificamos nuestra tesis de que así como necesitamos encontrar las bases seguras y ciertas, desde las formas de organización oficial o en esos organismos de resistencia, que son las organizaciones campesinas, necesitamos impulsar una eficaz iniciativa privada, nacionalista, moderna y con sentido social.

Todo es compatible cuando se cree en México y en el futuro de México.

Las obras de irrigación ejecutadas en los últimos 12 meses beneficiaron, en conjunto, una extensión de 183 mil hectáreas, de las cuales 53 mil se incorporaron por primera vez al riego.

Con la presa Melchor Ocampo se terminaron las obras del Distrito de Riego del Bajo Río Lerma, que benefician a 33 mil 200 hectáreas de los Estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

En febrero iniciamos, con una inversión de 250 millones de pesos, la segunda etapa del Plan Benito Juárez con la entrega de cincuenta equipos de maquinaria pesada para intensificar la construcción de pequeñas obras de riego en veintidós estados de la República, de las que hasta el momento se han terminado 188 con capacidad de almacenamiento de 55 millones de metros cúbicos.

La inversión y el crédito son dos piezas fundamentales del desarrollo agrícola.

El Gobierno Federal ha realizado un consistente esfuerzo para llevar recursos financieros al campo y ha creado un sistema de estímulos para que la banca privada haga otro tanto.

El Gobierno destinó al desarrollo del campo 8 mil 300 millones de pesos.

Durante este ejercicio, las principales instituciones oficiales proporcionaron créditos por 11 mil 149 millones de pesos a 525 mil ejidatarios y pequeños propietarios.

Esta cantidad representa un aumento del 41 por ciento sobre los financiamientos del año anterior.

Muchos ejidatarios y pequeños propietarios del país estaban imposibilitados para obtener crédito por la existencia de antiguos adeudos, cuyos intereses superaban, en ocasiones, el monto del crédito original.

El ejecutivo decidió liberar a los campesinos de este problema mediante la absorción de los pasivos de acuerdo con las modalidades operativas de cada banco oficial.

Para corregir las desigualdades entre el desenvolvimiento de las zonas urbanas y las rurales llevamos adelante un programa de industrialización por conducto del Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

En la actualidad, con una inversión total de 325 millones de pesos, se han puesto en operación 124 industrias que ocupan a más de 10 mil jefes de familia y benefician a 64 mil ejidatarios dueños de las empresas.

Otras 88 industrias que requieren una inversión de 202 millones de pesos se encuentran en proceso de integración y hemos aprobado 84 proyectos más que implican una inversión de 270 millones de pesos.

La prioridad que el Gobierno ha dado al sector agropecuario, determinó la creación del Programa de Inversiones Públicas de Desarrollo Rural para ser aplicado en las regiones marginadas del país.

El propósito consiste en crear fuentes permanentes de trabajo que retengan a los campesinos en sus lugares de origen y realizar obras de infraestructura y servicios.

A través de este programa se han invertido 2 mil 500 millones de pesos.

El 54 por ciento de esta suma está destinada a pequeñas obras de infraestructura y el 46 por ciento restante se utiliza para obras de carácter social.

En todos los trabajos se ha utilizado la mano de obra de 300 mil campesinos, preferentemente en las épocas en que no tienen actividades agrícolas.

El aprovechamiento de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo local en la construcción de caminos, bordos, obras de riego, escuelas y plantas agroindustriales, constituyen una respuesta realista al problema del empleo y una afirmación del poder creativo de las pequeñas comunidades.

Recibieron un estímulo substancial los programas nacionales de forrajes, de pastizales y de inseminación artificial, y pusimos en marcha el Programa Nacional de Desmontes, por medio del cual se incorporaron a la explotación agrícola y ganadera grandes extensiones hasta hoy improductivas.

Se han realizado trabajos en 170 mil hectáreas localizadas en 13 entidades del país, con una inversión de 202 millones de pesos.

Las superficies desmontadas están siendo gradualmente entregadas a los campesinos, sin cargo alguno por los trabajos realizados.

A pesar de las graves inundaciones y sequías el valor total de la producción agrícola, ganadera y forestal fue del orden de 68 mil millones de pesos.

El volumen de exportación de los principales bienes agrícolas en 1973, se incrementó en un 52 por ciento con respecto al año anterior.

Las exportaciones de carne y de ganado en pie se restringieron temporalmente para atender la demanda interna.

En la zafra 1972- 1973, se obtuvo la mayor producción en la historia azucarera con 2 millones 600 mil toneladas de azúcar; 230 mil más que en el ciclo anterior y que equivale a un incremento neto del 10 por ciento.

En este ciclo se cubrieron a los campesinos los precios de liquidación más altos por concepto de azúcar, mieles y alcoholes.

En los tres años en que han operado los nuevos sistemas y bases de liquidación, los cañeros han recibido directamente beneficios adicionales sobre la anterior estructura de mil 326 millones.

El desorden que prevalecía en la producción tabacalera como resultado de una injusta distribución de las utilidades entre agricultores y empresarios, se resolvió con la compra de la compañía extranjera que controlaba la mayor parte de la producción y distribución del tabaco.  

Al fundar Tabamex establecimos un nuevo equilibrio entre estos sectores, con el resultado de que el ingreso de los campesinos se incrementó en un 184 por ciento en relación con el período anterior.

Asimismo, en beneficio de los campesinos talladores de lechuguilla, autorizamos un nuevo aumento en el precio de garantía de esta fibra que, junto con el concedido hace 2 años, lo eleva en un 100 por ciento.

Miles de familias indígenas se dedican como actividad complementaria, al tejido de sombreros de palma en la zona mixteca de los Estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla.

Con el objeto de mejorar sus condiciones de vida, elevar su productividad y diversificar sus actividades, se constituyó un fideicomiso por 25 millones de pesos, que ha empezado a beneficiar a 10 mil familias mediante el aumento de un 60 por ciento de sus ingresos.

La Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec continuó promoviendo la creación de nuevos centros de trabajo.

Se han iniciado en el presente año nuevas industrias con una inversión cercana a los 800 millones de pesos.

Además, se pusieron en marcha 3 programas de desarrollo rural con una inversión total de 174 millones de pesos.

En el mes de abril expedimos un decreto que establece estímulos fiscales y otro tipo de facilidades a favor de las empresas industriales, pesqueras, forestales y turísticas que coadyuven al desarrollo económico de la región.

La utilidad de los trabajos de la Comisión de Tehuantepec nos animó a crear un organismo similar para la península de Baja California a fin de promover y coordinar, oportunamente, el desarrollo de las actividades fundamentales de esa región que, con la próxima terminación de la carretera transpeninsular, recibirán un gran estímulo.

Para preservar y mejorar las condiciones naturales de las aguas de propiedad nacional, expedimos dos decretos por los que se establecen los distritos de Acuacultura Tabasco y Cuenca del Papaloapan.

La política de fomento pesquero tiene por objetivos primordiales abatir los costos de captura e incrementar el empleo de los litorales.

Realizamos importantes inversiones para mejorar las instalaciones portuarias y su capacidad operativa.

Suscribimos contratos para adquirir 500 barcos y perfeccionamos los medios de comercialización.

Las primeras cooperativas pesqueras ejidales fundadas en Sonora, señalan el inicio de la incorporación de los campesinos a estas actividades

México ocupa en la actualidad, el segundo lugar continental en la pesca de atún.

En poco más de dos años la flota dedicada a la captura de esta especie aumentó en un 238 por ciento.

Cumple la Compañía Nacional de Subsistencias Populares una función cada vez más importante a fin de proteger al pequeño agricultor y a los consumidores de bajos ingresos.

Son diez los millones de mexicanos que viven del cultivo de maíz y frijol.

Durante una década, a partir del último aumento en el precio de garantía, han visto mermar su poder de compra mientras se elevaban los salarios y el ingreso general de la población.

Como respuesta a la urgente demanda de todos los campesinos del país y para lograr la autosuficiencia nacional de granos, hemos ordenado que, a partir de la próxima cosecha, sean aumentados los precios de garantía del maíz de 940 pesos la tonelada hasta mil 200 pesos y el del frijol de mil 750 pesos a 2 mil y a 2 mil 300 pesos, de acuerdo con su especie y calidad.

No bastan, sin embargo, los nuevos precios de garantía para que el campesino pueda transformar sus condiciones productivas y sociales.

Es necesario, además, ayudarlo a liberarse del acaparador y del agiotista.

Para evitar la intermediación especulativa, funcionan mil 600 centros de compra y se amplía constantemente el sistema de bodegas y de tiendas rurales.

Debemos impedir que intereses particulares lesionen el débil equilibrio de la economía popular.

La acción de la CONASUPO es una forma racional y justa de transferir ingresos a los grupos de menor poder adquisitivo y de fortalecer la alianza entre el régimen revolucionario y las mayorías nacionales.

Alcanzar un auténtico desarrollo supone una adecuada integración nacional.

Los esfuerzos que en esta materia realiza el gobierno, no se limitan a enlazar entre sí a las grandes ciudades y a los centros de producción y de consumo.

Se busca también vincular el progreso general del país, a muchas comunidades que durante siglos vivieron en el aislamiento.

Los caminos, las vías férreas, los puertos, los servicios postales y los modernos medios de telecomunicación tienen, además de su utilidad social y económica evidentes, la función política de fortalecer la conciencia de unidad nacional que requerimos, hoy más que nunca, para alcanzar nuestros objetivos.

Por la importancia que concedemos a los caminos como impulsores del desarrollo, dedicamos una gran atención al programa de construcción y mantenimiento de carreteras.

Se invirtieron en este renglón un total de 2 mil 702 millones de pesos.

Como parte del Programa de Desarrollo Rural, los caminos de mano de obra han constituido un decisivo estímulo en la vida económica de las regiones atrasadas.

Durante el presente ejercicio se han terminado 30 mil kilómetros de este tipo de caminos, con una erogación total de mil 512 millones de pesos.

Ferrocarriles Nacionales lucha denodadamente por normalizar la situación crítica provocada por el congestionamiento de carga cuyo volumen ha crecido en forma considerable en los puertos marítimos, en las principales terminales ferroviarias y en los puertos de intercambio de nuestra frontera norte.

Con la compra de 71 locomotoras y mil 233 vehículos de arrastre, fue ampliada considerablemente la capacidad de transporte por las vías férreas.

La adquisición de estas unidades y las demás medidas que hemos adoptado, no constituyen un mero plan de emergencia sino el punto de partida para la renovación integral del sistema.

La Secretaría de Marina moderniza los principales puertos del país y ha quedado facultada para coordinar las actividades técnicas y operativas de los astilleros paraestatales, medida que constituye un paso decisivo en la integración de esta industria.

A la fecha, los astilleros nacionales están en posibilidad de reparar la totalidad de nuestra flota de guerra, mercante, petrolera y pesquera.

La satisfactoria experiencia del funcionamiento de las zonas francas y de las empresas de participación estatal mayoritarias para realizar maniobras y prestar servicios portuarios en Manzanillo y Guaymas, motivó la creación de entidades semejantes en Ensenada, Mazatlán, Salina Cruz, Progreso, Coatzacoalcos y Tampico, con buenos resultados iniciales.

Los ocho puertos en donde se ha establecido la zona franca aduanal han logrado reducir los trámites para el despacho de mercancías en un 90 por ciento y abaratado los gastos relativos en un promedio del 72 por ciento.

En Veracruz se unificaron dos de las cinco organizaciones de trabajadores más importantes y hace una semana se creó en ese lugar la empresa de participación estatal correspondiente.

Estos hechos fortalecen, definitivamente, la reforma portuaria en la terminal marítima más importante de la República.

Las constantes innovaciones tecnológicas en los medios de transporte aéreo, exigen el continuo mejoramiento de la red aeroportuaria nacional.

En el último año erogamos 385 millones de pesos en la construcción y modernización de aeropuertos.

Tenemos el propósito de vincular a toda la comunidad mexicana a través del correo y de las telecomunicaciones.

La red postal y telegráfica ha modernizado sus sistemas y creado nuevas rutas y centros de servicio.

Especial importancia hemos otorgado a la integración de los grupos indígenas.

Así lo demuestra la actividad de la Comisión de Telecomunicaciones Rurales en las zonas Tarahumara, Huicot y Altos de Chiapas y la Valija Postal Ejidal que atiende ya a 9 mil 329 núcleos campesinos.

Por su parte, Teléfonos de México sigue haciendo patente la capacidad de organización de los mexicanos.

Nuestro país ocupa el segundo lugar en porcentaje de crecimiento entre las naciones que tienen un desarrollo telefónico más acelerado.

En julio próximo pasado se rebasó la cifra de 2 millones de aparatos instalados.

La utilidad obtenida en el año por la empresa fue de 873 millones de pesos, que excede en un 59 por ciento a la utilidad obtenida en el período inmediato anterior.

Con sus planes de expansión a las zonas rurales, esta empresa de participación estatal mayoritaria imprime un mayor sentido social a sus actividades.

A lo largo de nuestra historia, la minería ha sido factor clave en la generación de riqueza.

Durante mucho tiempo, sin embargo, fue instrumento de explotación colonial y sus etapas de apogeo y decadencia estuvieron reguladas desde el exterior.

Una vez concluida la mexicanización de la industria minera, ya que 795 empresas con capital mayoritario nacional suministran el 98 por ciento de la producción, es necesario ampliarla y fortalecerla.

Participamos en mayor medida en su desarrollo y en el adecuado encauzamiento de los trabajos de exploración, extracción, transformación y comercialización.

El valor de los principales productos minerales fue de 7 mil 683 millones de pesos. Implica un aumento del 12.6 por ciento respecto del periodo anterior.

La minería nacional se fortalecerá como resultado de la asociación del Estado y los particulares.

De esta manera se explotará el yacimiento de cobre de La Caridad, Sonora, que requiere una inversión del orden de 5 mil 500 millones de pesos.

Este proyecto es el más importante que ha elaborado la industria minero metalúrgica no ferrosa.

A su terminación se incrementará la producción en un 40 por ciento.

El desarrollo futuro de esta industria debe fundarse en la promoción de unidades altamente productivas, considerando también a la pequeña y mediana minería que tienen capacidad para originar, a corto plazo y con pocos recursos, numerosos empleos para los habitantes de las zonas áridas y montañosas del país.

Las empresas mineras administradas por el Estado, incrementaron sus utilidades en un 118 por ciento en relación a 1972.

Con la reciente participación gubernamental de la Compañía Minera Autlán y en Ferroaleaciones Teziutlán el Sector Público participa en un 28 por ciento en la producción minero metalúrgica nacional.

México hace frente, dinámicamente, a la tarea de fortalecer y ampliar su progreso industrial, así como de hacerlo compatible con los demás aspectos de nuestro desarrollo.

Para garantizar la expansión de la industria y apoyar a otros sectores económicos, debemos asegurar el flujo constante de hidrocarburos y electricidad.

A la Comisión Nacional de Energéticos, recientemente fundada, se le ha asignado la función de regular el uso racional de estos recursos.

El petróleo aún constituye nuestra principal fuente de energía.

Los últimos descubrimientos hechos en los Estados de Chiapas y Tabasco, son los más importantes en la última década.

Esta región produce un promedio aproximado de 3 mil barriles diarios por pozo, frente a 120 del promedio nacional.

Actualmente ya contribuyen con el 10 por ciento de la producción de crudo del país.

La expansión industrial ha provocado grandes aumentos en la demanda de energéticos, que nos ha obligado a efectuar diversas adquisiciones en el exterior.

Con los nuevos yacimientos petrolíferos del sureste, calculamos reducir importaciones a partir del próximo año.

Otro hecho notable en materia de abastecimiento de energía, es la terminación de la segunda línea del gasoducto Ciudad Pemex México que aumentó en forma decisiva el abastecimiento en la zona central del país.

La inversión nacional de la industria petroquímica alcanza 9 mil 113 millones de pesos, de los cuales corresponden 4 mil 948 a Petróleos Mexicanos, 775 a Guanos y Fertilizantes y 3 mil 390 a empresas privadas.

Actualmente se construyen 23 nuevas plantas, cuyo monto de inversión será de mil 78 millones de pesos.

Aumentamos en un 10 por ciento la generación neta de energía eléctrica para servicio público, en beneficio de dos nuevos millones de usuarios.

La capacidad instalada es de 7 millones 532 mil 518 kilovatios y los proyectos en ejecución la incrementaron en 5 millones más.

Para diversificar nuestras fuentes de energía se iniciaron las obras relacionadas con el Proyecto Nucleoeléctrico de Laguna Verde, que constituye la primera aplicación de la energía atómica para producir electricidad en nuestro país.

Esta planta tendrá una capacidad de un millón 300 mil kilovatios y entrará en servicio en 1976.

Entró en funciones, como parte de la Planta de Cerro Prieto en el Estado de Baja California, la primera unidad geotérmica que emplea el vapor del subsuelo y se realizan investigaciones orientadas a la generación de electricidad por estos métodos en otras regiones del país.

El complejo industrial de Ciudad Sahagún continúa obteniendo altos índices de rendimiento.

Su producción alcanzó un valor superior a los dos mil millones de pesos.

Altos Hornos de México prosigue sus programas de expansión para producir dos y medio millones de toneladas de acero para 1975.

Para impulsar la expansión de la industria básica del acero, continúan, con toda intensidad, los trabajos de construcción del consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada y de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas.

Fueron supervisadas las operaciones de 585 empresas estatales, que en conjunto obtuvieron, durante 1972, ingresos por 80 mil millones de pesos, lo que significó un aumento del 21 por ciento respecto del año anterior.

Varias de estas industrias que anteriormente registraban reducidos márgenes de ganancia o pérdida, durante 1973 ya arrojaron importantes utilidades.

Aprovechar óptimamente nuestros recursos y descentralizar la industria son condiciones indispensables para generar los empleos y las exportaciones que México necesita para esta etapa.

El Gobierno Federal ha creado numerosos mecanismos de estímulo industrial que permiten lograr, a corto plazo, un sustancial aumento en la tasa de empleo.

El Fondo de Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, el Fondo Nacional de Fomento Industrial y el Fondo Nacional de Equipamiento Industrial, llevaron a cabo operaciones con un valor aproximado de 948 millones de pesos.

El propósito del Decreto que fija las bases para el desarrollo industrial automotriz es el de crear, en esta rama, un régimen acorde con las condiciones actuales y futuras del mercado.

Sus disposiciones tienden al desarrollo de esta actividad, propician la participación mayoritaria de capital mexicano y persiguen altos niveles de eficiencia e índices de exportación más favorables.

Dentro de las actividades de planeación y fomento del desarrollo urbano y como parte de la política de descentralización industrial, se trabaja en 14 ciudades industriales.

Se terminaron las obras de infraestructura para las ciudades industriales de Mérida y Durango.

Se iniciaron los trabajos correspondientes en Aguascalientes, Celaya, Guadalajara, Linares, Mexicali, Morelia, Tepic, Tijuana, Tizayuca, Tlaxcala, Villahermosa y Zapopan.

Con objeto de captar el poder de compra de los mexicanos de las zonas fronterizas, se ha promovido la venta de artículos nacionales e incrementado la percepción hacendaria por este concepto.

Los estímulos fiscales, consistentes en la devolución de los impuestos indirectos, ascendieron en el período a más de 63 millones de pesos por la venta de 717 millones de productos nacionales.

Se amplió a todo el país el régimen que regula las actividades de las empresas maquiladoras.

En el lapso de este informe, se elevó a 50 mil el número de sus trabajadores.

Los principios contemporáneos de la convivencia internacional repudian toda forma de explotación de los países débiles.

Existe un consenso cada vez más generalizado que confiere al capital y a la tecnología extranjera un papel complementario e invariablemente subordinado a las decisiones internas de los países que lo reciben.

La acumulación de la riqueza y del poder político en las grandes potencias, origina profundos desequilibrios en las relaciones internacionales y contraría las expectativas de un crecimiento autónomo de los países menos avanzados.

La subordinación de la inversión y la técnica extranjera a las leyes del país al que acuden, constituye la base de un vigoroso nacionalismo económico.

La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, procura ante todo consolidar nuestra independencia frente al exterior y evita interferencias en la adopción de las decisiones nacionales.

Los flujos de capital supeditados a las políticas y objetivos que nos hemos trazado, constituyen un elemento motor de desarrollo y un instrumento eficaz de transferencia de tecnología.

Su campo de acción potencial complementa el esfuerzo interno de industrialización y amplía las perspectivas de un mercado interno incapaz de absorber la producción de empresas de gran capacidad.

La nueva legislación define las actividades reservadas en exclusividad al Estado y a las sociedades mexicanas, al mismo tiempo que establece limitaciones al capital del exterior.

Determina de una manera precisa las reglas y condiciones a que éste habrá de sujetarse y establece el principio de la mayoría de capital nacional.

Restringe, además, la venta de empresas nacionales a inversionistas de otros países.

Para coordinar la actividad de las diversas dependencias del Ejecutivo en esta materia, quedó integrada la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

No existen razones para otorgar privilegios especiales o estímulos excesivos.

Requerimos de la participación exterior para acelerar nuestro proceso de crecimiento, pero no estamos dispuestos a aceptarla en condiciones que coloquen el patrimonio y el futuro de la nación a merced de intereses que no sean los de México.

No queremos ser receptores pasivos de métodos científicos que no han sido creados a la medida de nuestras necesidades o que obedecen a la estrategia productiva de corporaciones transnacionales.

Pretendemos que la técnica sea auténtico instrumento de cooperación y nunca vínculo de sometimiento.

A estos objetivos responde la Ley que crea el Registro de Transferencias de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Seremos independientes en la medida en que dispongamos de información suficiente sobre el uso de técnicas alternativas; en que no permitamos que se cobren regalías injustificadas; en que eliminemos cobros o gravámenes indirectos que encarecen nuestra producción y nos impiden crear una industria competitiva; en que suprimamos cláusulas o prácticas limitativas, como las que tienden a restringir las exportaciones y obligar a transferir a título oneroso o gratuito los avances o mejoras nacionales.

En suma, tendremos independencia económica, en la medida en que sometamos la adquisición de tecnología a las normas que mejor se ajusten a los intereses del país.

Todo el desarrollo de México debe estar orientado por una diáfana conciencia de su realidad y de sus fines históricos.

Hemos acuñado nuestro nacionalismo en una dura experiencia temporal y no podemos cambiar certidumbres por inconsistentes espejismos de progreso.

Analizarnos como somos y trabajar intensamente por lo que deseamos ser, abrir cauces para que se manifiesten las fuerzas renovadoras, encontrarnos en la solidaridad cotidiana del esfuerzo y del beneficio compartidos, son los únicos caminos para instaurar una sociedad próspera e igualitaria.

POLITICA EDUCATIVA

La política económica y política educativa revelan, con mayor claridad que el resto de las tareas gubernamentales, la distancia que media entre lo que la nación es y lo que en el futuro quiere ser.

El reconocimiento de este hecho nos ha conducido a diseñar, en ambos renglones, una estrategia consecuente con las aspiraciones de cambio y de progreso que alientan en la comunidad nacional.

Uno de los fines principales de la reforma educativa, consiste en crear y estimular el estudio de carreras que permitan a los jóvenes incorporarse a la vida productiva sin necesidad de muchos años de preparación.

Se busca, también, liquidar el pernicioso y aristocratizante espejismo de considerar a la formación superior como la única capaz de dar prestigio y medios decorosos de vida.

Cada vez es mayor el desajuste entre la organización de los estudios superiores y las posibilidades de trabajo.

Muchos profesionistas al egresar de nuestras escuelas y facultades, enfrentan el grave problema del desempleo.

Para vencerlo, han de ocuparse en tareas que hubieran requerido menos años de escolaridad o improvisarse en actividades para las que no han recibido instrucción alguna.

Debemos reconocer que muchas instituciones educativas responden más al fácil expediente de acreditar conocimientos, que al difícil compromiso de enseñar para servir.

Esta distorsión valorativa, imputable a toda la sociedad, se traduce en el hecho de que parte de nuestra juventud asiste a las aulas, no para aprender, sino para obtener un diploma.

La Constitución no eliminó de nuestro país los títulos nobiliarios para substituirlos por los títulos profesionales.

Estos no deben utilizarse como un indicador de pretendida superioridad, sino para identificar a aquellos ciudadanos que más deben a la sociedad porque más han recibido de ella.

Al no obtener junto con un título universitario las ventajas que la simulación colectiva les había prometido, ni lograr ser útiles a la comunidad en la medida en que lo hubieran deseado, se provoca en nuestros estudiantes un grave sentimiento de frustración.

Este desencanto es, entre otras, una de las causas profundas de los problemas que afectan a nuestras principales casas de estudio.

El espíritu combativo y altruista de la juventud que no advierte en el futuro inmediato vías adecuadas para su desenvolvimiento, se manifiesta en diversas actitudes de inconformidad.

Querer resolver estos problemas exclusivamente en el seno de las instituciones educativas implica una visión fragmentaria del fenómeno.

La tarea está dentro y fuera de ellas.

Dentro, fomentando el ejercicio de la crítica como prerrogativa democrática.

Fuera, mediante la aplicación de los correctivos de tipo político, social y económico necesarios para que la comunidad nacional se renueve con sentido progresista.

En suma, es necesario introducir en el sistema educativo nacional oportunidades que proporcionen a nuestros jóvenes la certidumbre de que serán socialmente útiles.

Nuestra política en materia de instrucción pública no debe analizarse aisladamente, sino en el marco unitario de la acción gubernamental.

Sus frutos dependen de los adelantos que logre el país en su conjunto.

La sociedad es el principal agente de enseñanza.

La escuela sólo actúa en una parte del proceso.

Realizamos una reforma educativa que no se limita exclusivamente a modificaciones didácticas.

Busca, principalmente, como ya lo hemos dicho, la transformación de nuestras estructuras mentales.

Los propósitos que nos guían, están orientados a configurar una cultura que, sin desvincularse del humanismo y de la ciencia universales, subraye los rasgos de nuestra identidad, sea consecuente con nuestras necesidades y asegure nuestra independencia cultural y económica.

Hemos intensificado nuestros esfuerzos para extender los beneficios de la instrucción primaria en la ciudad y particularmente en el campo, a donde son adscritos dos de cada tres nuevos maestros.

Durante el período escolar fueron atendidos más de 10 millones de niños.

Aproximadamente un millón y medio de mexicanos viven en comunidades rurales de cien habitantes o menos.

Con el fin de atenderlos, se han puesto en práctica modalidades que combinan procedimientos escolares y extra escolares.

En el año que terminó se establecieron 106 albergues, situados estratégicamente en poblaciones que cuentan con escuelas de organización completa a los que se sumarán 125 más que abrirán sus puertas en este mes.

Los libros de texto gratuitos -elementos decisivos de una auténtica educación democrática- han sido objeto de modificaciones substanciales.

Propician en los niños una inclinación científica y un marcado interés por los problemas sociales, propician la participación activa del educando en el aprendizaje y hacen del maestro un actor más diligente y seguro en el proceso educativo.

Ochenta millones de ejemplares se han entregado a maestros y alumnos.

La integración social de los grupos indígenas constituye una de las preocupaciones centrales del Gobierno.

Con tal fin, se fundaron 16 centros coordinadores en regiones donde habitan indígenas de lenguas chatina, chol, chontal, huasteca, maya, mayo, mixteca, nahua, otomí, yaqui, zapoteca y zoque. Incrementamos el número de promotores, maestros y supervisores bilingües e impulsamos, además un intenso programa de castellanización.

De la amplitud y diversidad de nuestra educación media depende, en buena parte, que el país cuente con una sólida base para su evolución cultural.

Considerables aumentos presupuestales se tradujeron en aulas, laboratorios y talleres.

Este nivel educativo se ha desenvuelto, durante muchos años, dentro de esquemas tradicionales, y ha desatendido, en cierta forma, la enseñanza técnica.

Por ello establecimos nuevas Escuelas Tecnológicas Agropecuarias en las que se imparten, además de los conocimientos de la secundaria general, enseñanzas útiles para las tareas del campo.

De las 331 escuelas existentes, 262 han sido construidas en la presente administración.

También se amplió la capacidad de las Escuelas Tecnológicas Pesqueras y las instalaciones de las Escuelas Tecnológicas Industriales.

Durante la presente administración hemos fundado 17 Centros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios y 45 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos.

Ambos tipos de instituciones fueron fundadas por el actual gobierno como base de un sistema independiente de educación media superior.

Los estudiantes egresan de estos planteles con un grado académico de bachiller y pueden, con un mínimo de requisitos adicionales obtener un título profesional de técnico.

La afluencia excesiva a las instituciones de enseñanza superior y el alto grado de deserción que las afecta, se debe, en parte, al injustificable menosprecio con que se veía la preparación técnica intermedia.

Nuestros jóvenes deben advertir que hay nuevas posibilidades para la formación profesional, más adecuadas a su vocación y con amplias perspectivas de trabajo.

La educación superior constituye el remate del esfuerzo formativo de la comunidad.

Define, por tanto, su verdadera naturaleza y señala las líneas esenciales de su evolución futura.

Formar hombres abiertos a todas las corrientes del pensamiento y con una arraigada conciencia de su responsabilidad colectiva, es la difícil misión que han de cumplir nuestros centros de cultura.

El Gobierno Federal invirtió, durante el presente ciclo, 3 mil 255 millones de pesos en educación superior.

Esta erogación triplica la hecha en 1970.

Para consolidar el sistema de enseñanza técnica, hemos construido durante este régimen 12 nuevos Institutos Tecnológicos Regionales y el próximo mes de octubre comenzarán a funcionar los primeros Institutos Tecnológicos Agropecuarios.

Creamos, el Centro de Investigación Científica y de Investigación Superior de Ensenada. Reestructuramos y fortalecimos la Escuela Superior de Agricultura Tropical en Villahermosa, que dentro de tres días inicia sus trabajos.

Al Instituto Politécnico Nacional con 112 mil estudiantes, le fueron asignados 938 millones de pesos.

Inició sus trabajos la Unidad de Ciencias Básicas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Por su parte, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que cuenta con una población de 220 mil alumnos, se le otorgó un subsidio de mil 179 millones.

Después de reunirse en esta capital los señores rectores y directores de nuestros centros de cultura superior, concluyeron que es urgente por el volumen de la demanda escolar, el establecimiento de una nueva universidad en el Distrito Federal.

En consecuencia, someteré a la consideración del Honorable Congreso de la Unión un proyecto de ley para crear la Universidad Metropolitana de la Ciudad de México.

Para llevar a cabo el proceso de descentralización educativa hemos apoyado y fortalecido a todas las universidades de provincia.

Han sido ampliadas todas las áreas de la educación extraescolar.

Hemos puesto especial empeño en organizar nuevas instituciones y en adaptar las antiguas a las necesidades de la cultura popular.

Con tal criterio, se realizan las actividades oficiales relacionadas con la difusión editorial y con las bellas artes.

Se mantuvo el ritmo de las publicaciones de carácter cultural y se fundaron las Compañías Nacionales de Teatro, Opera y Danza.

En defensa de nuestros bienes culturales establecimos los registros de monumentos arqueológicos y de zonas y monumentos históricos y creamos el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Superar el coloniaje científico y técnico es un factor indispensable para lograr una cable independencia económica.

Desde el inicio de nuestro mandato se crearon y reestructuraron organismos para coordinar e impulsar la labor en este campo.

Como resultado de este apoyo, muchos centros de investigación han podido aumentar sustancialmente el volumen de recursos canalizado a estas actividades entre 1970 y 1973.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología promovió la celebración en México de la Primera Reunión Continental sobre la Ciencia y el Hombre, que congregó a más de 5 mil destacados científicos, técnicos y estudiantes mexicanos y extranjeros.

Dentro de los programas para descentralizar la investigación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en colaboración con otras Instituciones de Enseñanza Superior, desarrolla el Centro de Oceanografía Física e Instrumentos, en Ensenada; otro para Estudios de Química aplicada a productos de zona desérticas en Saltillo; y, uno más sobre Ecología Tropical en San Cristóbal de Las Casas.

Se proyecta asimismo crear un Centro de Biología Marina en La Paz Baja California.

La necesidad de adquirir una tecnología adecuada al desarrollo industrial de México, nos obliga a otorgar una gran importancia a la formación profesional de jóvenes científicos y técnicos.

Con tales propósitos, hemos firmado dos nuevos convenios de cooperación técnica y aprovechamos distintos recursos para que un número aproximado de 2 mil graduados mexicanos realice estudios de especialización en el extranjero.

Esta cifra duplica la del año anterior.

El presupuesto educativo fue de 15 mil 100 millones de pesos, superior en un 44 por ciento al del año pasado y en un 91 por ciento al de 1970.  

A esto, señores, es lo que algunos llaman un presupuesto inflacionario.  

Se trata de escuelas de todos los niveles para los hijos de los campesinos y los obreros de México.

A pesar del gran esfuerzo que llevamos a cabo, debemos señalar que para satisfacer las crecientes demandas educativas es necesario contar con la colaboración de todos los sectores nacionales.

El programa federal de construcción de escuelas cumple satisfactoriamente sus planes de expansión.

El presupuesto autorizado para tal efecto ascendió a 2 mil 302 millones de pesos, cifra que triplica la inversión realizada en 1971.

Como respuesta a las justas demandas del magisterio, el Gobierno de la República aprobó un aumento de salarios a los maestros de educación preescolar y primaria, con una erogación de 630 millones de pesos.

Para mejorar las remuneraciones se adoptó el criterio de considerar, no sólo los años de servicio, sino también los estudios efectuados para superar su capacidad profesional.

Fueron realizados programas de capacitación para 262 mil profesores de primaria y prosiguieron los cursos permanentes destinados al personal docente de las normales.

Para el próximo período escolar han sido contratados 14 mil 500 nuevos maestros.

Suman ya 37 mil 800 las plazas abiertas en el transcurso de la presente administración.

El proceso de reforma educativa quedará trunco si no se expide una legislación que permita cristalizar su esencia.

En pocos días enviaré a este Honorable Congreso un proyecto de Ley Federal de Educación que responde a las necesidades actuales del país y a la filosofía del artículo tercero constitucional, y un proyecto de Ley de Patentes y Ejercicio Profesional para el Distrito y Territorios Federales en el que se propone el reconocimiento legal de muchas nuevas profesiones.

La reforma educativa es resultado del estudio directo de nuestra realidad y del diálogo constante con toda la población, particularmente con los maestros, los padres de familia y los jóvenes.

La educación es una tarea política porque ineludiblemente conforma a un estilo de vida.

No se educa para un mundo abstracto, sino para actuar en el seno de una colectividad determinada.

Para consolidar el progreso nacional se requiere el concurso de una juventud comprometida con las necesidades y problemas de la sociedad, capaz de enjuiciar críticamente lo que acontece en el país y en el mundo, no sólo dispuesta a luchar contra la ignorancia y la injusticia, sino también a prepararse para vencerlas.

En la medida en que estos objetivos sean alcanzados, la educación pública estará cumpliendo su compromiso con México.

POLITICA SOCIAL

El desarrollo no es acumulación de bienes sino realización de aptitudes humanas.

Depende, primordialmente, del aprovechamiento racional y justo de la fuerza de trabajo.

Postular que el incremento de la riqueza es valor esencial de la comunidad equivale a someterse, de antemano, a quienes la poseen.

La rentabilidad económica fundada en la explotación de la mano de obra es sólo espejismo de progreso y encubre formas peligrosas de coloniaje.

Vincular nuestro futuro al mejoramiento y productividad de los recursos humanos representa, por el contrario, afirmación de dignidad y autonomía.

Durante las últimas décadas, México mantuvo un alto ritmo de crecimiento y logró avances considerables en el camino de la industrialización.

Sin embargo, se puso el énfasis en la capitalización física y ello dio origen a profundos desajustes.

Hemos acumulado enormes rezagos en el plano social.

Nuestro patrimonio más valioso, el trabajo humano, ha sido subutilizado y mal remunerado.

El artículo 123 constitucional es el principal fundamento de toda nuestra política social y sintetiza la filosofía mexicana del desarrollo.

Contiene no sólo las normas esenciales de protección al trabajo, sino también los instrumentos jurídicos para alcanzar el bienestar de la clase obrera, el equilibrio de los factores de la producción y la distribución más equitativa de sus resultados.

El deterioro de las condiciones de vida de los asalariados es una peligrosa desviación del mandato de los Constituyentes de 1917.  

La decisión del legislador de consagrar en un solo cuerpo jurídico las normas laborales obedeció al propósito de garantizar a todos los trabajadores los mismos derechos.

Por lo tanto, la división de jurisdicciones para la aplicación de la norma, debe servir y no contrariar este propósito igualitario.

El Ejecutivo a mi cargo ofrece su colaboración a todas las entidades federativas para fortalecer la administración laboral.

Invitaremos a una primera reunión nacional de autoridades del trabajo y de instituciones de bienestar para procurar conjuntamente la exacta observancia del artículo 123 y de sus normas reglamentarias.

En el ámbito federal hemos iniciado la reforma y actualización de las estructuras en la administración pública del trabajo.

Al reforzar ampliamente sus funciones tradicionales se contribuye al mantenimiento de la paz social. No basta, sin embargo, conciliar los intereses en pugna.

Es necesario programar y dirigir una auténtica política laboral.

El Centro de Información y Estadística del Trabajo permitirá conocer a fondo los principales indicadores que sustentan esta política.

Se han ampliado las actividades del Instituto del Trabajo para convertirlo en un Centro de Investigaciones y de preparación, por concurso, de funcionarios laborales y administradores de personal.

Singular importancia se ha concedido a la medicina y seguridad del trabajo y se ha reforzado el cuerpo de inspectores con personal técnico.

Nuestro respeto al derecho de huelga es invariable.  

También nuestra observancia del principio fundamental que nos ordena no intervenir en la vida interna de los sindicatos.  

Como revolucionarios aspiramos, no obstante, al creciente perfeccionamiento y extensión del sindicalismo mexicano.

El movimiento obrero ha contribuido vigorosamente al crecimiento de la economía, a la nacionalización de nuestros recursos naturales y a los logros alcanzados en la justicia social.

Sin su acción combativa serían inexplicables las instituciones del México contemporáneo.

Queremos dar a conocer, particularmente a las nuevas generaciones, la trayectoria de las luchas y conquistas de la clase trabajadora.

Con este propósito hemos creado un Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero.

Las autoridades federales participaron, conciliatoriamente, en la celebración y en la revisión de los más importantes contratos colectivos de trabajo.

Se celebraron 175 convenios, que implican un promedio del 14.5 por ciento en aumento de salarios y nuevas prestaciones para los trabajadores.

Por su significado para la economía nacional, destacan la revisión de los contratos colectivos de numerosas secciones del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, así como los relativos a los Ferrocarriles Nacionales, la Comisión Federal de Electricidad, diversas ramas de la Industria Cinematográfica y Petróleos Mexicanos.

Fueron revisados, también, los contratos ley de la Industria Azucarera, Alcoholera y Similares, el de la Industria Textil de la Rama de Lana y el de la Industria de Transformación de Hule en Productos Manufacturados, con indudables beneficios para sus trabajadores.

El contrato ley, al unificar y generalizar las condiciones de trabajo en una misma actividad económica, es un valioso mecanismo de mejoría social y de redistribución de la riqueza.

Permite, además, la creación de procesos reguladores de competencia y la planificación racional de la industria.

Desde hace tiempo las agrupaciones obreras vienen demandando el establecimiento y la ampliación de los contratos ley.

En respuesta a sus peticiones, procederemos a hacer las convocatorias respectivas.

Ha sido convocada la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

Esta institución deberá hacer un balance de la experiencia acumulada y despojarse de mecanismos complejos que desvirtúan su fin esencial.

Conforme a la ley, deberá revisar el porcentaje justo que corresponda a los asalariados como productores de riqueza y permitir, al mismo tiempo, la obtención de ganancias legítimas para los empresarios.

Los derechos tutelares de los trabajadores y la mejoría de sus condiciones de vida no son fruto del altruismo sino de la lucha histórica del proletariado.

La semana laboral de cuarenta y ocho horas es uno de sus principales logros.

En México, fue consagrada como garantía social por la Constitución de 1917.

Es natural que la clase obrera pugne, en todas partes, por el establecimiento de jornadas contractuales de duración inferior al máximo legal.

En muchas empresas mexicanas, técnicas o socialmente avanzadas, los trabajadores han obtenido, desde hace tiempo, la fijación de jornadas más reducidas de labores.

La demanda de las organizaciones sindicales a fin de generalizar esta conquista, mediante el establecimiento de la semana de cuarenta horas en cinco días de trabajo, ha sido objeto de controversia y público debate.

En cuestiones trascendentales para el futuro de la Nación no debe haber equívocos, ni deben prolongarse incertidumbres.

Es indiscutible el derecho de los trabajadores a beneficiarse del avance tecnológico.

La experiencia internacional demuestra que el descanso semanal de dos días consecutivos contribuye favorablemente a transformar la existencia del individuo, la familia y la sociedad.

Constituye, además, un estímulo adicional para el mejoramiento de los métodos productivos y la ampliación de los sistemas de bienestar.

Con objeto de encontrar las fórmulas adecuadas para satisfacer, a nivel nacional, esta demanda de los trabajadores, se creó un Comité Mixto de Estudio.

El Gobierno acogerá con beneplácito las medidas que los sectores interesados le sugieran para compensar la reducción de la jornada con incrementos reales en la productividad, así como para aprovechar óptimamente el tiempo liberado.

Es preciso hacer compatible esta reivindicación social con las exigencias del desarrollo.

Las soluciones que se adopten deberán procurar que no se abata la producción, ni se acentúen las presiones inflacionarias o se reduzca la capacidad del país para competir en los mercados exteriores.

Será necesario determinar, en consecuencia, los procedimientos para disminuir la jornada de trabajo en forma gradual y por ramas de actividad económica.

En cada caso y una vez concluidos los estudios relativos, el Ejecutivo de la Unión podría promover las reformas legales que consagren, en definitiva, esta conquista obrera y establezcan los métodos más racionales para su implantación.

El salario mínimo es una garantía constitucional que, más allá de su valor monetario, busca asegurar al trabajador y a su familiar los satisfactores indispensables para una vida digna.

Diversos fenómenos económicos, tanto de orden externo como interno, han provocado durante los últimos meses, una sensible elevación de los precios.

La población de ingresos fijos sufre las consecuencias de esos desequilibrios, en tanto grupos minoritarios perciben ganancias excepcionales, aprovechando las condiciones del mercado.

El Ejecutivo a mi cargo considera urgente restablecer la capacidad adquisitiva del salario mínimo.

Ha enviado a este H. Congreso, por conducto de la Comisión Permanente, una Iniciativa de Decreto que faculte a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para efectuar, a la mayor brevedad, un ajuste nivelatorio en los actualmente vigentes.

Con inigual propósito he dictado un Acuerdo que otorga aumentos extraordinarios en las percepciones de los servidores de los Poderes de la Unión.

Dichos incrementos se elevan desde un doce hasta un quince por ciento de los casos de los trabajadores de ingresos más bajos.

Quienes son sujetos de la Ley Federal de Trabajo, tienen abiertas las vías que ésta concede para demandar el incremento de los salarios superiores al mínimo y mantener, así, tanto el carácter remunerador de sus percepciones como el equilibrio de los factores de la producción.  

Estoy cierto de que al ejercitar sus derechos, encontrarán una actitud responsable en los empresarios, en los empresarios responsables.

Este intento y todos los que promuevan una más justa remuneración al factor trabajo, serían a la postre vanos si los incrementos salariales simplemente se transfieren al precio final de los productos.

Resultarían, incluso, contraproducentes si son tomados como pretexto para desencadenar elevaciones indebidas en el costo de la vida.

El Gobierno de la República se mantiene atento a estos fenómenos.

Anticipa, desde luego, su decisión de fortalecer, en caso necesario, los mecanismos legales e institucionales que permitan mantener la capacidad adquisitiva del salario y evitar conductas económicas antisociales, de agio o especulación.

Hemos dispuesto, desde ahora, la creación de ciertos instrumentos destinados a la protección del salario.

Las condiciones del mercado al que los trabajadores acuden, en su carácter de consumidores, los ha mantenido aislados y desprovistos de apoyo para exigir un trato equitativo en las transacciones comerciales.

Las adquisiciones que requieren para proveer a su subsistencia e incrementar el patrimonio familiar, se efectúan a través de un aparato distributivo frecuentemente oneroso y en términos de financiamiento notoriamente injustos, que suelen duplicar las tasas legales de interés.

Así se contrarresta la lucha social y se prolonga la explotación del trabajador.

Acordamos la creación de un Fondo Nacional de Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores, que les otorgará su aval, a fin de hacerlos sujetos regulares de crédito, para la adquisición de bienes de consumo duradero y la obtención de servicios esenciales.

El Fondo financiará, asimismo, el establecimiento de tiendas sindicales, previstas por la Ley Federal del Trabajo y de Centros de oferta y consumo que reduzcan los precios.

Esta institución es complemento indispensable de aquellas que proporcionan a los trabajadores una morada digna.

Se propone democratizar el acceso al crédito, fomentar el ahorro desde la base popular, corregir la estructura del consumo, disminuir la intermediación y propiciar una mejor distribución del gasto familiar.

Hemos girado instrucciones a las autoridades financieras para que determinen la cuantía de los recursos necesarios para este Fondo, a fin de que empiece sus operaciones antes de que el año concluya.

Si el salario del trabajador debe ser protegido en el ámbito del consumo, su incremento real depende, en último análisis, de los niveles de eficiencia que alcancen la mano de obra, la empresa y la comunidad.

Los obreros, y con ellos nuestro régimen político, rechazan, sin embargo, toda noción de productividad desvinculada de la idea de justicia.

El incremento en los rendimientos laborales por el simple aumento de las cargas de trabajo, no es productividad.  

La mejoría de los procesos técnicos no basta, tampoco, para asegurar mayores niveles de eficacia.

Requerimos ante todo, para enaltecer el esfuerzo humano, un cambio substancial del ambiente y del medio social en que el trabajo se desempeñe.

La creación de comités técnicos de empresa responsables de proyectos específicos de productividad, la racionalización de transferencia de tecnología; el levantamiento del inventario nacional de instituciones y recursos para la capacitación de la mano de obra; la preparación de un proyecto de ley sobre el adiestramiento de la fuerza de trabajo; la operación de un sistema nacional de orientación profesional sobre requerimientos y disponibilidades de recursos humanos calificados y la coordinación de los diversos programas de productividad que ya operan en el ámbito público y el privado, son elementos fundamentales de este programa.

El Seguro Social es una conquista obrera que el Estado tiene la obligación de fortalecer.

En respuesta a las demandas populares para extender los beneficios del sistema, sometimos a la consideración de las Cámaras Legislativas un proyecto de nueva Ley del Seguro Social que mereció su aprobación.

En ella reafirmamos el propósito de lograr un régimen de seguridad social integral, en el doble sentido que implica ampliar la protección correspondiente a cada trabajador y extenderla a grupos humanos aún no beneficiados.

Se mejoraron las prestaciones existentes y se introdujeron otras nuevas; se abrió la posibilidad de incorporarse voluntariamente a sus beneficios y, de acuerdo con el respeto que nos merecen los derechos de la lucha obrera, se estableció la obligación de otorgar servicios médicos a los trabajadores y a sus familiares en casos de huelga.

Destacan por su importancia la creación del ramo de guarderías para atender a los hijos de las madres trabajadoras y la implantación del sistema de solidaridad social, que tiene por objeto proteger a los grupos marginados.

Han quedado ya incorporados 40 mil voceadores del Distrito Federal y 535 mil habitantes de la zona ixtlera.

Con la inclusión de diversos grupos de henequeneros, tabacaleros, mineros y otros, la población general amparada por el Instituto creció en un millón 500 mil derechohabientes, que equivale a un incremento de 14 por ciento.

Fueron puestas en servicio 63 unidades médicas y 74 más están en proceso de construcción.

Cabe señalar que el número de camas aumentó en un 65 por ciento y el de consultorios en 37.5 con respecto al año anterior.

Hace sólo unos días, el Seguro Social acordó incorporar a los campesinos de las zonas temporaleras al régimen de solidaridad social.

Tal medida permitirá la prestación de asistencia médica a 5 millones de personas en 22 Estados de la República.

Cuando los beneficiarios de estos servicios no tengan posibilidad de hacer aportaciones en efectivo, podrán compensar su contribución mediante trabajos personales realizados en sus respectivas comunidades, en su propio beneficio.

El propósito de esta disposición es ayudar a nuestros campesinos a elevar su nivel de vida para que posteriormente puedan ser sujetos de aseguramiento pleno.

Para la prestación adecuada de la asistencia médica expresará necesario el establecimiento de varias clínicas hospital y de pequeñas unidades de consulta externa, que servirán de fuerte apoyo a la consolidación de los micropolos de desarrollo que son los centros de recepción y venta de maíz.

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, extendió sus beneficios a 10 nuevos e importantes conjuntos de trabajadores y continuó celebrando contratos con las autoridades de varias entidades federativas para atender a los empleados estatales.

De esta manera se elevó a 2 millones el número de asegurados, cifra que representa un incremento del 45 por ciento sobre la registrada al iniciarse la presente administración.

Las instituciones de protección y asistencia a la niñez, encaminan sus actividades al cuidado integral de los menores, al fortalecimiento del núcleo familiar y al desarrollo de la comunidad.

En el Distrito Federal están funcionando tres centros dedicados al desarrollo de la comunidad y en pocos días 14 más comenzarán a prestar sus servicios.

Esta programa se ampliará a toda la República, en coordinación con los institutos regionales.

Se puso en marcha el programa campesino de orientación familiar en materia nutricional y de higiene, con objeto de mejorar los hábitos alimenticios y de sanidad del pueblo.

Desde hace casi un año se contribuyen en el Valle del Mezquital desayunos infantiles que alcanzan ya 31 mil raciones diarias.  

A partir del día de mañana la población menor de esa región verá aumentada su dotación a 50 mil desayunos cotidianos.

El Instituto Nacional de Protección a la Infancia y la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez cumplen así, cada vez con mayor eficacia, su delicada misión.

Para contribuir al desarrollo integral de la Juventud se ha multiplicado la construcción de instalaciones deportivas.

Esta actividad no beneficia exclusivamente a los jóvenes de las ciudades, sino que atiende también a la preparación física de los campesinos.

Con este objeto se construye un total de 29 mil campos deportivos en todos los ejidos de la República.

Nuestra legislación laboral establecía que la habitación para el obrero era una garantía social a cargo de empresas con más de cien trabajadores.

Las razones económicas que limitaron el alcance de esta disposición también fueron causa de que se dificultar a su observancia.

Se hizo cada vez más evidente la necesidad de substituir la fórmula original, por otra que respondiera mejor a la realidad económica y social del país.

Es conveniente destacar que son ya 3 millones los trabajadores inscritos en el INFONAVIT y que el 97 por ciento de las empresas que hacen aportaciones tienen menos de 100 trabajadores.

A menos de año y medio de su instalación, el Instituto maneja recursos equivalentes al 9 por ciento de la inversión pública total.

Con una erogación de 3 mil 540 millones de pesos, construye 54 mil 725 viviendas en 45 poblaciones del país.

También ha otorgado 44 mil créditos individuales cuyo monto alcanza los 2 mil 200 millones de pesos.

Desde que inició sus tareas, con base en un 5% del salario -porcentaje otorgado por las empresas en forma adicional a los trabajadores- manifestaron los sectores obrero, empresarial y oficial, que no se trataba de una panacea; que resolvería paulatinamente el problema de la habitación de los trabajadores asalariados y que su meta sería lograr, en poco tiempo, la construcción anual de cien mil casas.

Para allá vamos a pasos acelerados.

Pero los obreros, los empresarios y los funcionarios oficiales discutieron sobre el mecanismo equitativo para seleccionar a los trabajadores que paulatinamente fueran obteniendo sus casas habitación, o el crédito, para ellos obtenerlas.

Mediante un trabajo hecho en una forma extraordinariamente rápida, a base del más moderno y más grande sistema de computación en México, se integró una lista de cerca de tres millones de trabajadores, que en los primeros sorteos han visto que sus compañeros son seleccionados en una forma justa e impersonal; pero ocurre que en muchos sindicatos los salarios permiten a los trabajadores la disponibilidad de terrenos por ellos conseguidos, para hacer colonias habitacionales mediante los sistemas tradicionales, que les permiten también pensar en nuevos sistemas para -en una forma sincrónica, con el sistema instaurado por el Instituto en su arranque- lograr la construcción de colonias amplias que beneficien a conjuntos grandes o totales de los sindicatos.

Los señores empresarios, los señores trabajadores y el Gobierno están estudiando esto y, sin duda, el Instituto ampliará sus actividades con este nuevo sistema de trabajo.

El año pasado nos comprometimos con los empleados públicos y con los miembros de las Fuerzas Armadas a promover las reformas legales necesarias, para hacerles extensiva una prestación semejante.

Aprobadas las reformas empezaron a funcionar los fondos correspondientes que actualmente disponen de 948 millones de pesos.

Para estos servidores públicos se construyen más de 10 mil casas.

La construcción de casas en la Ciudad de México alcanza índices excepcionales.

El Departamento del Distrito Federal construyó en este período 7 mil viviendas y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 4 mil 100. próximamente serán terminadas 42 mil casas habitación.

El FOVI ha destinado recursos para la edificación de 16 mil 400 viviendas en diversas ciudades del país.

Por su parte, el Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda aprobó durante el ejercicio, 7 mil 443 solicitudes de crédito en este ramo.

No es, señores, que se haya reducido la producción de materiales para la construcción; se ha incrementado, pero la demanda ha crecido, gracias a estos programas sociales de habitación popular.

En todas las más, son más de 60 industrias que contribuyen a la de la construcción, se incrementa la planta industrial y se incrementa el ritmo de trabajo.

Necesitamos acelerar este proceso productivo, porque se están incrementando los sistemas de construcción de casas habitación para los trabajadores, en muchas ciudades y en muchas pequeñas poblaciones, y sin duda alguna, por distintos mecanismos, en el campo se requerirán también muchos materiales de construcción en relación con los hasta ahora modestos programas de construcción de la vivienda para los campesinos, pero que tienden a incrementarse.

La solicitud, además, de zonas en realidad devastadas en el Estado de Guanajuato, en Michoacán, en algunas partes de Chiapas y de Tabasco, y en muchas por el sismo reciente, en Puebla y Veracruz, nos están exigiendo ya muchos materiales de construcción que con espíritu de solidaridad social es necesario proveer, a los precios oficiales o tradicionales.

Esperamos, pues, el esfuerzo compartido para atender a estos programas de construcción o de reconstrucción.

Durante mi reciente gira internacional tuve la oportunidad de comprobar la semejanza de los problemas que afrontan las grandes urbes.

Pude, entonces, intercambiar cifras, datos y opiniones, con Jefes de Estado y con alcaldes y munícipes de distintas capitales.

En todas partes se advierte una tendencia de la población a concentrarse en las ciudades.

Este fenómeno tiene origen en múltiples factores pero, principalmente, en las diferencias de nivel de vida entre los sectores urbanos y los rurales.

Los graves problemas que derivan del crecimiento citadino, plantean la necesidad de modificar estructuralmente la política general de cada país y aun de revisar los modelos para garantizar la sociedad futura.

En materia de desarrollo urbano, hemos dado una atención preferente a las obras de infraestructura y al mejoramiento de las zonas populares.

Grandes colonias y aun verdaderas ciudades de desposeídos, sin calles ni servicios, fueron transformadas en escenarios dignos para la vida humana, como ha ocurrido en el caso de Ciudad Netzahualcóyotl.

También destaca por su importancia la canalización del Río Tijuana en donde se han invertido 140 millones de pesos y la terminación del Centro Urbano 70-76 para reinstalar a 350 familiar que habitaban en esa zona.

Continuaron los trabajos del Plan Acapulco, así como el esfuerzo federal de mejoramiento urbano en Ciudad Juárez, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico y colonias populares de Veracruz.

Con el propósito de perfeccionar el proceso de desconcentración administrativa del Departamento del Distrito Federal se promulgaron adiciones y reformas a su Ley Orgánica.

Destaca por su importancia, la creación de la Procuraduría de Colonias Populares, dependencia que otorga protección jurídica y realiza todos los actos necesarios para regularizar la propiedad.

El crecimiento de la ciudad en los últimos años ha propiciado el incremento de la llamada propiedad horizontal.

La Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito y Territorios Federales en vigor otorga mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Se acordó la creación del FIDEURBE encargado de favorecer el aprovechamiento racional del suelo en zonas deprimidas.

Se efectúan los trabajos de regularización de 500 colonias, en que participan fraccionadores y colonos, quienes deben acreditar su legítima propiedad y determinar el costo de los predios y las formas de pago.

Hemos logrado avances satisfactorios en los programas de regeneración de ciudades perdidas, al trasladar a miles de familias a centros habitacionales, edificados de acuerdo con los requerimientos propios de una urbe moderna.

Uno de los problemas fundamentales que aquejan al Valle de México, es la dificultad para abastecerlo de agua potable.

Actualmente el Distrito Federal recibe un volumen de 35 metros cúbicos por segundo.

La cooperación de todos los ciudadanos es condición indispensable para evitar el desperdicio de un recurso natural escaso, que es vital para la subsistencia.

Por otra parte, el aumento de 7 por ciento en la capacidad de tratamiento de aguas negras, permite un mejor aprovechamiento de este líquido.

La trascendental obra del sistema de drenaje profundo comprende ya la perforación de 42 kilómetros en el emisor central, 10 más de lo realizado hasta el año pasado.

En los interceptores se han perforado 4 kilómetros más.

Esta obra, alejada de la observación pública, que sirve para conducir agua negra y pluvial, evitará inundaciones en la ciudad de México.

Hemos elevado notablemente el servicio de transporte eléctrico en la Ciudad de México al renovar más de 70 por ciento del equipo.

En breve darán principio las obras para la ampliación en 13 kilómetros del Sistema de Transporte Colectivo.

La Convención Nacional de Salud es un acontecimiento sin precedente en los anales de nuestra historia médica.

Por su magnitud y nivel científico, constituye un nuevo y ejemplar punto de partida en la lucha por el bienestar integral de nuestro pueblo.

Congregó la asamblea a más de tres mil delegados procedentes de toda la República, quienes realizaron un exhaustivo examen de nuestra realidad en materia de salubridad, asistencia y seguridad social.

Los trabajos de eminentes especialistas, de representantes de academias y asociaciones médicas, de funcionarios federales y estatales, permitieron integrar una vasta suma de conocimientos que se aprovechan actualmente para elaborar el Plan Nacional de Salud.

Deseo subrayar el reconocimiento del Gobierno por la entusiasta participación del cuerpo médico en este congreso y señalar, asimismo, que su unidad es condición esencial para promover desde la salud y la dignidad del ámbito familiar, el mejoramiento de nuestra vida social.

El deterioro del medio ambiente es preocupación central de la opinión pública.

La vida y el bienestar de las sociedades depende de la estrategia que se adopte para encontrar el equilibrio entre el desarrollo y la preservación de la ecología.

Fue expedido el reglamento para la Prevención y Control de Contaminación de Aguas.

Se iniciaron en el transcurso del lapso que se informa, 31 programas de reforestación a lo largo del territorio nacional.

Solamente en el Valle de México han sido sembrados 3 millones de árboles en una superficie de mil 667 hectáreas.

A pesar de los esfuerzos que el gobierno realiza en esta materia, no será posible reducir los actuales niveles de contaminación sin el activo interés de todos los ciudadanos.

POLITICA ECONOMICA

Desde el inicio de mi mandato propuse al país modificar la estrategia del desarrollo.

Los objetivos que entonces expusimos y que ahora reiteramos con hechos, fueron resultado de una consulta democrática entre las grandes mayorías y los sectores de la actividad económica.

Próximamente se cumplirá el tercer año de esta administración.

Es pues, ocasión propicia para evaluar el resultado de las acciones emprendidas y las circunstancias, internas y externas, que aconsejan ajustar la política elegida, para cumplir mejor sus metas.

Transcurrido un período de consolidación en el que hubo de reducirse el volumen general del gasto público y privado, pero también el ritmo del endeudamiento, se inició un pronunciado auge en todas las ramas de actividad que alcanzó sus niveles más altos hacia fines del año anterior.

La expansión económica no puede detenerse en un país de elevado crecimiento demográfico y con demandas sociales ancestralmente diferidas.

El Gobierno de la República asumió la responsabilidad de promover la actividad productiva, aumentando consistentemente sus erogaciones, conforme a las prioridades del programa de desarrollo.

Efectuamos cambios indispensables en el sistema de recaudación para incrementar los ingresos.

Las reformas fiscales de este honorable Congreso expidió en diciembre de 1972, fortalecieron las finanzas federales, estatales y municipales.

Para combatir la evasión, se introdujeron algunas modificaciones en la administración de los impuestos y se aceleró su descentralización.

Durante los primeros ocho meses de este año, los ingresos presupuestales efectivos del Gobierno Federal, registraron un incremento del 20 por ciento, en tanto sus erogaciones se elevaron en 28 por ciento.

Estas fueron jerarquizadas para lograr un mayor equilibrio entre el gasto productivo inmediato, el de infraestructura y el de carácter social.

Los numerosos estímulos fiscales que la Federación concede, facilitaron importación de bienes de capital y coadyuvaron a la desconcentración Industria, favoreciendo en especial a las regiones económicamente deprimidas.

Se beneficiaron particularmente las maquiladoras y las actividades mineras y se estableció un estímulo, semejante al que se aplica a la exportación, para la venta de tecnología al extranjero.

El rápido crecimiento de la demanda de bienes y servicios durante 1972, constituyó el motor principal de la reanimación económica.

A ella concurrió , fundamentalmente, la demanda ejercida por el sector público a través de los incrementos en el gasto.

La inversión privada aumentó también, aunque a un ritmo menor, debido, tanto a factores subjetivos, como a limitaciones en la capacidad del aparato productivo.

Merced a la orientación que imprimimos al crecimiento económico, el consumo se vio fortalecido por el mayor ingreso de las clases trabajadoras y la multiplicación de las fuentes de ocupación.

El empleo intensivo de mano de obra en el campo y la ejecución de inaplazables proyectos de utilidad social, contribuyeron decisivamente, a este incremento.

El producto interno bruto creció en un 7.5 por ciento durante 1972.

Las actividades agropecuarias recibieron recursos financieros excepcionales.

Este sector produjo importantes excedentes para la exportación.

Se registraron, sin embargo, deficiencias significativas en ciertos productos alimenticios, a causa de las inundaciones y las sequías, que nos obligaron a efectuar compras en el extranjero.

Fueron notables los incrementos de bienes de consumo duradero y, en general, en la industria manufacturera.

La construcción creció en forma destacada por la reactivación de las obras públicas y el programa de edificación masiva de viviendas populares.

La diversificación de la oferta exportable consolidó la apertura al exterior y permitió compensar el egreso de divisas por la adquisición de bienes que aseguran nuestro proceso de industrialización.

De acuerdo con estimaciones preliminares las exportaciones efectuadas entre septiembre de 1972 y agosto de 1973 alcanzaron un monto aproximado de 23 mil 200 millones de pesos, 18.6 por ciento más que en el mismo período del año anterior.

La venta de bienes elaborados representó un 43 por ciento del total, lo que afirma la capacidad competitiva de la industria mexicana.

Durante este lapso nuestras ventas al Japón crecieron en un 38 por ciento, en 65 por ciento con la Gran Bretaña, en 48 por ciento con el Canadá y en 55 por ciento con la República Popular China.

El turismo conservó su elevado ritmo de crecimiento.

La corriente de viajeros aumentó en 11.9 por ciento y nuestros ingresos por este concepto, en 22.7 por ciento.

En los primeros meses de 1973 reaparecieron, no obstante, claros síntomas inflacionarios.

Elevaciones anormales de los precios, del medio circulante y de las importaciones, señalaron la existencia de un desequilibrio entre la oferta y la demanda globales.

Se presentaron, además, congestionamientos en los sistemas de transporte y deficiencias en el aprovisionamiento de energéticos y algunos otros productos básicos.

Las fluctuaciones económicas transmitidas desde el exterior afectaron adversamente el esfuerzo interno.

El déficit de la balanza de pagos de los Estados Unidos y los desequilibrios en los mercados financieros internacionales, condujeron, en el pasado mes de febrero, a una nueva devaluación del dólar respecto a otros signos monetarios de países con los que sostenemos relaciones comerciales.

La adopción de medidas de emergencia por esas naciones, a fin de evitar el exceso de flujos especulativos de capital que ponían en peligro su propia estabilidad, precipitó el abandono de los principios rectores del sistema monetario internacional.

Se aprecia además, a escala mundial, una creciente escasez de productos alimenticios y de materias primas esenciales para el desarrollo.

Esos faltantes están determinados, tanto por el crecimiento demográfico y la incorporación de millones de seres humanos al consumo, como por el agotamiento relativo de las reservas naturales explotadas, cosechas insuficientes y deficiencias estructurales del aparato distributivo.

Al amparo de las crisis monetarias, los países que tienen excedentes de divisas, acaparan materias primas y realizan maniobras especulativas en los mercados mundiales.

A ello se agrega la intervención de los consorcios transnacionales, que aprovechan posiciones monopolistas para distorsionar los mecanismos normales de la competencia.

La inflación repercute así, no sólo sobre los costos industriales, sino también, en proporciones desmesuradas, sobre los precios al consumidor.

Algunos productos básicos han elevado, en unos cuantos meses, hasta dos y tres veces su cotización internacional.

Los países del Tercer Mundo sufrimos estos fenómenos con particular gravedad, sobre todo, y aunque parezca paradójico, aquellos que por nuestro propio avance nos hemos incorporado en mayor medida a la economía mundial.

Sin embargo, las causas del proceso inflacionario no son, exclusivamente, reflejo de influencias exteriores.

Responden también situaciones concretas de carácter interno.

Un rápido proceso de expansión económica y la ampliación de la política distributiva, requieren un período de ajuste para adoptar el incremento de la demanda a los hábitos empresariales y a las proporciones del sistema de producción.

Los aspectos más notorios de la insuficiencia de la oferta derivaron del sector agropecuario, afectado en los dos últimos ciclos por desfavorables situaciones climatológicas.

El exceso de lluvias en el noreste de la República y las sequías en la Meseta Central, afectaron las cosechas del maíz y de sorgo, de suyo disminuidas por los problemas que, desde hace años, afectan la producción agrícola.

La falta de previsión respecto del volumen de las inversiones privadas que eran necesaria para satisfacer la demanda en algunas ramas y operaciones especulativas en la intermediación de los productos, originaron carencias en la oferta industrial.

No sólo lesionan el interés social, quienes violan normas esenciales de solidaridad, sino también aquellos que mantienen ociosos los recursos generados por los esfuerzos comunes del pueblo.

Afirmar que la inversión y la consecuente elevación de los precios es fruto de la política económica adoptada por el gobierno, es una falsedad que sólo favorece los intereses de grupos retardatarios.

Lo que el régimen ha emprendido es, precisamente, la corrección de los fenómenos que distorsionan nuestra vida económica.

Evidentemente, en México el gasto público no es ni ha sido nunca excesivo.

Es notoriamente insuficiente para atender las demandas colectivas y, como quedó probado en este ejercicio, su impulso resulta indispensable para mantener el ritmo y la continuidad del crecimiento.

Disminuidas las expectativas de un endeudamiento externo al que acudimos en el pasado con exceso, nuestro equilibrio económico depende -esencialmente- de la justa contribución de los sectores privados al gasto público.

La riqueza que se gasta en consumos superfluos debe transferirse, en mucho mayor medida a la realización de fines esenciales de la comunidad.  

He ahí el mecanismo primordial de la redistribución del ingreso.

En algunos países se ha adoptado el camino de la inflación como técnica de crecimiento.

México desea continuar avanzando dentro de una economía estable.

El progreso inflacionario contraría los propósitos de la comunidad, porque permite que quienes más tienen aumenten sus ganancias y que quienes menos poseen, reduzcan su poder de compra.

Pero, si por temor a la inflación permitiéramos que el ingreso se siguiera concentrando en unas cuantas manos, pondríamos en peligro la estabilidad del país y sus posibilidades de un auténtico desarrollo.

Necesitamos pues, al mismo tiempo, moderar la inflación, impulsar el crecimiento y redistribuir el ingreso.

A ese efecto, hemos puesto en marcha un programa económico que hace frente, por igual, a los excesos de la demanda, a las deficiencias de la oferta y a los abusos de la especulación.

En tanto se reduce orgánicamente el desequilibrio entre oferta y demanda, es preciso regular ésta última, mediante ajustes que he autorizado en el gasto total del sector público.

Hemos reordenado nuestras erogaciones de manera que su ritmo se adecúe, en lo posible, a la evolución general de la economía.

Se revisa también su estructura sectorial a fin de que se otorgue preferencia a las actividades directamente productivas, dentro de un marco financiero que corresponda estrictamente a los niveles presupuestados.

Debemos desalentar, por ahora, toda obra, gasto o inversión, ya sea pública o privada, que no incremente la oferta de bienes y servicios

Las autoridades financieras evitarán la expansión crediticia excesiva, pero apoyarán, todavía con mayor firmeza, el financiamiento de la producción, principalmente en el campo.

Tenderán a restringir el consumo suntuario y la acumulación excesiva de inventarios; favorecerán, en cambio, el consumo popular de bienes indispensables.

Sostendremos, sin modificación alguna, el tipo de cambio de 12.50 pesos por dólar y no estableceremos controles cambiarios a las transacciones de mercancías o de capitales.

Esta política, invariablemente mantenida es, en las actuales circunstancias, factor básico de confianza para el ahorro del pueblo y la reinversión de los empresarios.

Nuestras metas financieras encuentran su apoyo en la reserva total de 25 mil 137 millones de pesos con que cuenta el Banco de México, que corresponde a 16 mil 59 millones de la reserva bruta en oro, plata y divisas y 9 mil 78 millones de reservas secundarias en diversos organismos financieros en el exterior.

A través de la acción coordinada de todas sus dependencias, el Gobierno Federal está impulsando la mayor utilización de la capacidad instalada de industrias, así como de los predios agropecuarios que puedan aumentar rápidamente la oferta de productos alimenticios, materias primas y bienes de consumo inmediato.

Intensifica, igualmente, las medidas que estimulan la inversión de los particulares, especialmente en aquellas áreas en que se ha revelado mayor escasez de la oferta.

A la firmeza de la acción gubernamental debe corresponder una participación más decidida de los inversionistas privados en las tareas del desarrollo.

El país no podría tener confianza en quienes supediten una actividad que es esencial para la comunidad a factores psicológicos, prejuicios o recelos infundados.

El aumento cuantitativo y cualitativo de la producción no sólo depende del incremento en las tasas de inversión. Implica fundamentalmente, la puesta en movimiento de nuestra gran reserva nacional: el trabajo organizado.

Supone una acción perseverante para reducir el marginalismo, integrar social y físicamente a la nación, mejorar las condiciones de vida y dotar a cada mexicano de mayor capacidad para la producción y el consumo.

Las soluciones a los problemas inflacionarios no tienen por qué ser, necesariamente, conservadoras, como algunos pretenden hacer creer a la Nación.

Las medidas que se adoptan para frenar temporalmente la remuneración al trabajo sólo son explicables en sociedades con altos niveles de ingreso y bienestar.

Es explicable que países altamente desarrollados y con escaso desempleo, prefieran afrontar los costos sociales de una reducción temporal en los niveles de ocupación y no los riesgos derivados de incrementos en los costos económicos, que reduzcan su competitividad internacional.

En México queremos fomentar la producción desde su base.

Con este criterio acordamos el aumento a los precios de garantía del maíz y el frijol, que constituye el salario de millones de campesinos.

Por semejantes razones, decidimos elevar las remuneraciones de los servidores de los poderes federales y solicitar a este Congreso que autorice un ajuste nivelador en los salarios mínimos.

Igualmente, se concederá a partir del día de hoy, un incremento general del 15 por ciento en los haberes de un sector que labora con invariable lealtad a las instituciones: los miembros del Ejército y la Armada.

El Gobierno de México no podría pedir a las clases populares que resistan ellas solas el peso de la inflación, mientras ciertos grupos minoritarios aprovechan, en su beneficio, las condiciones del mercado.

Sin embargo, los aumentos en las percepciones de los asalariados resultarían contraproducentes si no se complementaran con una política racional de precios.

Las organizaciones representativas del sector empresarial, que agrupan a banqueros, productores, industriales y comerciantes, han adquirido el compromiso formal de absorber, sin incidencia en los precios, las alzas de salarios que, con carácter extraordinario, se acuerden a fin de reponer la capacidad de compra perdida por los trabajadores.

Dentro de un programa coherente destinado a evitar el inicio de una espiral inflacionaria, han convenido en sostener los precios de los artículos de consumo necesario que regían el día 31 de julio de 1973, por un periodo que terminará el 31 de marzo de 1974.

Durante este lapso, sólo trasladarán a precios los movimientos en los costos básicos de producción o comercialización que en conjunto excedan un 5 por ciento de los actuales.

De este modo, no se incrementarán indebidamente los márgenes de utilidad y se evitará una especulación que los empresarios responsables y nacionalistas deben ser los primeros en condenar.

He instruido a las autoridades e instituciones competentes a fin de que determinen los métodos que garanticen la efectividad de este compromiso y para que, en caso de incumplimiento, lo hagan valer.

Las responsabilidades que a cada sector corresponden en esta hora, se encuentran claramente definidas.

Desde esta alta Tribuna, formulo un llamado a todos los grupos sociales para que resuelvan sus controversias con apego a la ley, por medio de la negociación y con el mayor patriotismo.

En periodos inflacionarios suelen recrudecerse los antagonismos entre intereses económicos divergentes.

Al Gobierno le corresponde velar porque prevalezca el interés general de la sociedad y se garantice su futuro.

El carácter revolucionario de nuestro régimen no está en duda: somos profundamente solidarios con las causas del pueblo.

Del mismo modo que luchamos en la esfera internacional porque se respeten los derechos del Tercer Mundo, lo hacemos en nuestro país porque se haga justicia a obreros y campesinos.

Igual que pugnamos porque la equidad y el sentido de supervivencia prevalezcan sobre la violencia irracional en la tierra; preservaremos, en México, una concordia nacional que asegure la prosperidad compartida.

MENSAJE

Honorable Congreso de la Unión:

Hemos trabajado sin descanso para servir a la Nación.

Hemos desechado toda forma de autoritarismo.

Hemos ampliado los sistemas de consulta popular y renovado aspectos esenciales de nuestra vida política.

La democracia no se agota en la elección de los gobernantes.

Es también ejercicio de los derechos ciudadanos y un estado de la conciencia pública.

Por eso, abrimos el debate sobre asuntos que, hasta hace poco, se trataban con inútil sigilo burocrático.

Alentamos la opinión responsable de cada ciudadano porque no creemos en el silencio como forma válida de acuerdo o de consenso.

Impedir la expresión legítima de las contradicciones sociales no las resuelve ni las suprime.

Simplemente, las disimula y las exacerba.

Conoce el pueblo los peligros que entraña el ejercicio de un poder público encerrado en sí mismo, los equívocos y las tensiones que surgen cuando el gobernante no vive inmerso en la realidad y se considera a sí mismo como árbitro distante, y no como actor sensible, del proceso social.

Todos los individuos y grupos han de ser copartícipes de las decisiones políticas pues ellos forman, juntos, la verdadera voluntad de la Nación.

Promovemos el cambio pero no confundimos lo deseable con lo posible.

Asumimos los riesgos y limitaciones para lograrlo por medio del fortalecimiento y no por la supresión de nuestro proceso democrático.

Las circunstancias internacionales son difíciles para los países en desarrollo.

Encontramos a cada paso la oposición de poderosos intereses y de arraigados prejuicios.

Sólo la voluntad concertada de los mexicanos y la confianza recíproca entre gobernados y gobernantes, nos permitirá seguir avanzando hacia la creación de más justas formas de convivencia.

Nos preocupa, sobre todo, la renovación de nuestro sistema político y la transformación de nuestro aparato económico.

México no quiere perderse en el laberinto de una imitativa sociedad de consumo.

Sus recursos, por ahora, sólo le bastan para una vida digna y sin extravagancias.

La prosperidad futura depende de su capacidad para reorientar, dentro del orden jurídico y la unidad política, el sentido de sus fuerzas productivas.

No gobernamos para el día de hoy ni para unos cuantos.

Cada decisión nos exige una perspectiva más amplia.

Tenemos presente el trayecto que México ha recorrido y el que habrá de recorrer. Pensamos en el destino de esta generación y en las que habrán de sucederla.

Atendemos la opinión de las organizaciones sociales, y la voz de los que carecen de medios para difundirla.

Ejecutamos un programa abierto a la complejidad social.

No pretendemos imponer dogmas ni manejar verdades absolutas.

Actuamos dentro de la realidad, no en un universo simplificado.

Nuestro empeño se enfrenta a los rezagos acumulados de ayer, a los problemas del presente y a las posibilidades del mañana.

Renunciamos a identificar la función administrativa con rutinas burocráticas.

El escritorio no debe ser frontera o privilegio, sino instrumento del trabajo.

A menudo lo dejamos para ir al encuentro de los problemas concretos, para conocer directamente las necesidades de nuestros compatriotas y dictar acuerdos de ejecución inmediata.

Asimismo, lejos de permanecer indiferentes frente a la evolución del mundo, hemos salido del país para reafirmar la doctrina internacional de México, defender nuestros intereses, estrechar vínculos amistosos y establecer intercambios que fortalezcan nuestra autonomía política y económica.

Los grupos privilegiados siempre confunden el progreso en general con el suyo propio y combaten todo cambio que amenace sus beneficios particulares.

Olvidan, sin embargo, que la riqueza no es ilimitada y que su acumulación excesiva supone el empobrecimiento de otros sectores y una insuficiente remuneración del trabajo humano.

La paz social, requisito de todo proceso económico estable, no perdura en la injusticia.

En todo momento hemos tenido presente que un programa de transformación como el que hemos emprendido, se encontraría ante la oposición de sectores, grupos y personas con la mirada puesta en el pasado, con intereses en conflicto frente a las mayorías y con acciones e ideologías ajenas a los propósitos nacionales.

Es necesario que todos los mexicanos, incluso quienes no han entendido hasta ahora el sentido y la necesidad de las transformaciones que impulsamos, se sumen a la tarea colectiva.

Requiere el país integrar su capacidad creativa y su esfuerzo humano para trascender, sin tropiezos, el presente estadio de su evolución histórica.

No puede haber mayor derroche que la dispersión de voluntades.

La unidad nacional a que hoy exhortamos no sólo es principio de convivencia permanente, sino presupuesto del progreso.

Antes que cualquier propósito individual o de grupo, los mexicanos tenemos muchos objetivos comunes que alcanzar.

A casi tres años de haber asumido el mandato presidencial, el Gobierno de la República sustenta su acción en una vasta y sólida alianza popular, sin renunciar a ninguno de sus propósitos originales.

Al reafirmar mi confianza en el destino de México, me comprometo ante Vuestra Soberanía a mantener arriba las banderas de la renovación y a seguir, por el camino del pueblo, hacia adelante.

Contestación del Dip. Luis Dantón Rodríguez, Presidente del Congreso.

Señor Presidente de la República;

Honorable Congreso:

El pueblo de México y quienes lo representamos en el seno de este Congreso, estamos persuadidos, señor Presidente, de que el supremo objetivo de su Gobierno es mantener y mejorar nuestra forma de vida democrática.

Más allá de definiciones complejas, entendemos la democracia como el sistema político que está encaminado a alcanzar la plena libertad del hombre.

La libertad es, por una parte, la potestad que el hombre tiene de intervenir en la vida del Estado; de participar en las acciones y decisiones políticas y, por otra parte, la libertad es independencia del hombre dentro de la sociedad y frente al Estado.

Esa independencia, sin embargo, no es cabal mientras no se sustente en la seguridad económica.

Por eso, al lado de la democracia jurídica y política, se levanta como aspiración y meta la democracia económica; es decir, aquella que permita a todos los seres humanos tener a su alcance el número de bienes materiales y culturales que requieren para vivir con dignidad.

Pero ese mínimo de justicia social, ese diario contento en el hogar mexicano -sin el cual la verdadera libertad se anula- exige como condición previa el desarrollo nacional.

Es innegable que la Revolución Mexicana rompió la inercia social y puso nuestros recursos naturales y humanos en marcha hacia el desarrollo; creó las condiciones previas y consiguió las fórmulas y guías que pudieran hacerla factible.

Sin embargo, es hasta el régimen de este Gobierno que usted preside, cuando se ha evaluado el problema en su integridad: el problema del desarrollo económico, social y cultural; el problema del desarrollo en su verdadera dimensión y cuando se le ha ubicado correctamente dentro del contexto político y económico del mundo contemporáneo.

Todo esto ha quedado claramente precisado en el mensaje que acabamos de escuchar.

Intentar un análisis profundo, como es el que requeriría este documento, no es el propósito de estas palabras: corresponderá a cada asamblea legislativa que integra este Congreso evaluar y revisar públicamente el contenido del documento, y la trascendencia de toda la acción ejecutiva realizada durante el último ejercicio.

Es posible que sea solicitada la presencia, como en otros casos, de algunos de los señores Secretarios de Estado, para que junto con los miembros del Poder Legislativo, examinen el alcance particular e interpreten en el detalle el sentido de los actos de gobierno que conforman la Administración.

Baste por ahora con subrayar las condiciones claramente delineadas que su gobierno ha querido establecer como requisitos para un desarrollo que no sea una mera apariencia de crecimiento, o un espejismo de bienestar.

Podemos inferir, dentro de una impresión muy general pero muy profunda que recibimos de la lectura de su informe, que en México el desarrollo no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para realizar la justicia social.

Por eso es indispensable, como usted lo ha apuntado, que el desarrollo sea equilibrado y sostenido; es decir, que no esté sujeto a grandes fluctuaciones con ciclos de expansión espectacular, que generalmente conducen a otros de depresión, sino que mantenga un ritmo de crecimiento similar y constante, que sea armónico en el sentido de que abarque todas las actividades económicas y no sólo unas cuantas; que sea general para que todas las regiones del país y todos los sectores nacionales disfruten de sus beneficios y, sobre todo, que sea independiente; es decir, que no esté subordinado a intereses externos ni sometido a presiones extrañas, como usted lo ha hecho sentir dentro y fuera del país.

Al mismo tiempo, como el objetivo central del desarrollo es el bienestar del hombre, habrá de procurarse que la expansión se realice sin grandes sacrificios para las clases populares, sino, al contrario, que vaya acompañada de aumentos reales en su capacidad de adquisición y con servicios sociales cada vez más extendidos.

No puede ocultarse que estas fórmulas para el desarrollo nacional tienen que enfrentarse, y se han enfrentado ya, a grandes obstáculos internos y externos que amenazan con frustrar sus patrióticos esfuerzos.

Los problemas de orden económico ocurridos durante el último año y los fenómenos adversos de la naturaleza, han agudizado algunos de nuestros problemas sociales, propagando la carestía y la desolación en los poblados.

Mientras que con estos fenómenos imprevistos pocos ganan mucho, la población trabajadora del campo y de la ciudad aumenta su pobreza.

Por estos motivos estimamos de gran trascendencia las disposiciones que ha dictado su gobierno para aumentar los precios de garantía en los alimentos básicos, anhelo diferido durante muchos años por los productores del campo, que con gran esfuerzo y un constante aumento en sus costos mantuvieron los mismos precios, en perjuicio de su economía y en beneficio de los sectores de la ciudad.

Asimismo, hemos escuchado con vivo interés la decisión de elevar la remuneración de los servidores de los poderes federales, porque de esa manera, tanto el maestro como el soldado, el oficinista, la empleada, la enfermera, verán compensados sus esfuerzos y, sin duda, sabrán responder al estímulo para mejorar los servicios de la propia administración.

Su Mensaje, señor Presidente, tiene, en nuestro juicio, un profundo contenido obrerista; refleja una preocupación por la clase trabajadora, particularmente en las medidas que determinó para restablecer el poder adquisitivo de su salario, que se ha venido mermando como efecto del alza de los precios en los artículos de consumo popular.

Ha sido ya recibida la iniciativa para autorizar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos el ajuste que habrá de hacerse en el nivel de los ingresos; y nos proponemos, dado el apremio que reclama la clase trabajadora, revisar de inmediato su contenido y ponerlo a discusión, obviando todos los trámites, a la mayor brevedad, a fin de que la medida permita que el hogar mexicano, particularmente el de ingresos fijos, vea compensado el deterioro en la obtención de satisfactores que se ha venido observando en los últimos meses -parte por los efectos inflacionarios y parte también por el abuso inmoderado de una clara actitud de especulación- que junto con su Gobierno estamos dispuestos a combatir por todos los medios legales que sean necesarios.

A la mitad de la jornada el pueblo de México ha sentido, en cada uno de su actos, la decidida y patriótica voluntad de realizar la justicia; sabe que están inspirados en el propósito de mejorar las condiciones de vida de las clases populares y de impulsar un desarrollo con justicia social.

También está al tanto de la dedicación, esfuerzo y energía que se requiere para encontrar las soluciones adecuadas.

No se ha escatimado ni tiempo ni recursos, para lograr los resultados con el mayor grado de eficiencia; el ejercicio del poder político -ya lo ha advertido la población- exige valor y, muchas veces, es necesario remover intereses económicos o ambiciones personales para alcanzar el beneficio social.

Su Gobierno ha sido a la vez un valioso sostén en este sentido; siempre se han hecho los planteamientos y expuesto los objetivos con toda franqueza, desterrando el engaño o el disimulo que crean confusiones o generan desconfianza.

El pueblo de México ha sentido la entereza con que se han tomado las decisiones, el valor personal y la responsabilidad política de afrontar las consecuencias, así como la suprema determinación de sostener las instituciones cuando se trata de proteger los valores esenciales de la República o de su soberanía.

Por eso, señor Presidente, más que verlo como un Jefe de Estado, el pueblo de México lo advierte como un líder moral.

El celoso patriotismo que han tenido sus actos dentro y fuera del país, mediante el acatamiento absoluto normas constitucionales, han motivado un general respeto de propios y extraños.

No se ha disminuido el ritmo ni se ha desviado del rumbo del desarrollo; por el contrario, el trabajo se ha intensificado, los esfuerzos se han multiplicado y los resultados obtenidos han sido cada vez más fecundos y constructivos.

El paso ha sido acelerado, porque no se tiene derecho, en esta hora de México, ni a la indecisión ni al conformismo.

Por lo que respecta al sentido del proceso económico, su Gobierno ha definido claramente la posición -y el día de hoy lo hemos escuchado en su Informe-: el objeto fundamental es alcanzar un proceso con justicia social.

Para ello se han creado las bases de un desarrollo que permita una mejor distribución del ingreso y haga un posible aprovechamiento racional de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros.

En una palabra, México, con su Gobierno, ha elegido la vía democrática hacia un desarrollo compartido, no un desarrollo para los afortunados, no un desarrollo para los ricos, no un desarrollo para los poderosos: un desarrollo para las clases populares del pueblo.

No sólo se ha rechazado el sistema que otorgue beneficio a una minoría privilegiada y los riesgos a los grandes sectores del pueblo, sino también se ha adoptado la decisión de enfrentarse al poder económico de las corporaciones internacionales y de los países industrializados, mediante instrumentos que exijan un trato justo y equitativo como la Carta de Deberes y Derechos Económicos para las Naciones.

El respeto a la ley y a la voluntad popular ha sido norma invariable de su gobierno, representa el origen del mandato democrático y la fuente real del poder que permiten al pueblo y al gobierno, conjugar su destino.

Por eso el pueblo tiene confianza en su Presidente, quien ha sabido interpretar fielmente la realidad histórica de nuestro tiempo; a la vez, el Presidente de México, ha contado siempre, y contará, con el apoyo del pueblo.

A los grandes trazos de la política nacional contenida en el importante documento que acabamos de conocer, la representación nacional expresa su reconocimiento y solidaridad, y lo hace consciente de que en el contenido del Informe están los principios fundamentales de una acción gubernativa; la fe inquebrantable de servir a quienes más lo necesitan, el decidido empeño de subordinar el interés particular a los intereses generales de la nación, la tesonera voluntad de realizar los cambios sociales por la vía pacífica y dentro del orden constitucional, el rechazo a la simulación y al engaño, la necesidad de lograr un desarrollo compartido por todas las fuerzas sociales que permitan lograr un país libre, más próspero y más justo.

En esta hora, el país vive un momento triste y difícil.

Las inundaciones y terremotos han sacudido su tranquilidad.

Millares de compatriotas quedaron sin hogar.

Muchos sucumbieron abatidos por la naturaleza.

Poblaciones enteras quedaron destruidas.

Los servicios interrumpidos y las comunicaciones desechas.

Los efectivos del Ejército Nacional, en una oportuna y eficiente movilización, junto con las autoridades civiles y sanitarias y los elementos de socorro y abastos, prestaron su colaboración, pero fue necesaria la presencia del Jefe del Estado en los lugares mismos de la tragedia para coordinar esfuerzos y ordenar la disposición de los recursos.

Como representante de Guanajuato, permítame, señor Presidente, expresarle la gratitud de nuestros hermanos caídos en desgracia por el apoyo solidario y materia que les proporcionó, una compañía de quien no sólo ha sido amparo y estímulo a la niñez mexicana, sino ejemplo de laboriosidad y patriotismo de la mujer mexicana en el trabajo social: su señora esposa, doña María Esther Zuno de Echeverría.

Debo expresarle, también, nuestro profundo reconocimiento por la decisión que ha sido anunciada, de trasladarse, una vez cumplido con este acto republicano, nuevamente a Irapuato para verificar el avance de los trabajos de reconstrucción, de la misma manera como lo ha hecho en Puebla, en Veracruz y en las demás zonas afectadas.

Su actitud ha motivado que en esta hora de abatimiento resurja el ánimo y el espíritu de solidaridad entre los mexicanos.

Ayer enterramos a nuestros muertos; mañana estaremos levantando los nuevos hogares para nuestros hijos.

Señor Presidente, en una frase que hemos escuchado el día de hoy, recogemos toda la filosofía de la decisión de un pueblo y de un gobierno:

"Todo es compatible cuando se cree en México y se sirve a México".

Muchas gracias.

Fuentes:

http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/mexican/echev/index.html

http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/49/1er/Ord/19730901-I.html

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-09-06-14.pdf

 



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