Buscar en  
  Página principal

  Conquista

  Independencia

  Revolución

  Siglo XXI

  Siglo XX

      1990-1999

      1980-1989

      1970-1979

          1979

          1978

          1977

          1976

          1975

          1974

          1973

          1972

          1971

          1970

      1960-1969

      1950-1959

      1940-1949

      1930-1939

      1920-1929

      1910-1919

      1900-1909

  Siglo XIX

  Siglo XVIII

  Siglo XVII

  Siglo XVI

  Siglo XV

Siglo XX > 1970-1979 > 1972

Segundo Informe de Gobierno del presidente Luis Echeverria Alvarez.
1 de septiembre de 1972.

Discurso del Lic. Luis Echeverría Alvarez, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1972.

Honorable Congreso de la Unión:

Ante vuestra soberanía informo al pueblo de México sobre los frutos que ha obtenido durante un año de intensa actividad.

El Ejecutivo Federal es unitario.

Este documento considera los grandes problemas, metas y logros de la comunidad nacional.

El conformismo no tiene lugar en nuestro pensamiento político.

Nunca hemos empleado un lenguaje de complacencia ni vamos a hacerlo ahora tan sólo porque existe una obra propia de gobierno, susceptible de ser juzgada.

La energía con que señalamos carencias y desviaciones cuando solicitamos el sufragio de nuestros compatriotas se mantendrá invariable hasta el último de nuestro mandato.

La misma franqueza con que hablamos frente a la opinión mexicana norma nuestra palabra en los foros internacionales.

La ocasión es inmejorable para precisar, sin equívocos, lo que hemos podido realizar conjuntamente.

El balance que hacemos no es simple recuento de hechos y cifras; es análisis objetivo de la situación del país y reafirmación del rumbo que ha elegido.

Las consecuencias de la acción gubernamental no siempre se traducen en números.

El verdadero desarrollo es un proceso cualitativo.

Sus efectos no se miden, como no se mide la independencia, la cultura o la libertad.

Se advierten todos los días.

Es necesario delinear, con nitidez y firmeza, los objetivos que perseguimos.

Dar razones válidas a la esperanza y mostrar, sin engaños, los obstáculos que vuelven más preciadas nuestras conquistas.

Desde el principio de mi gestión advertí la urgencia de modificar procedimientos y objetivos a fin de evitar que se desvirtuara la orientación de nuestro proceso histórico.

Un rápido, pero no siempre ordenado crecimiento, había generado algunas tensiones.

Se hacía indispensable fortalecer la certeza de los mexicanos respecto a la posibilidad de perfeccionar pacíficamente el funcionamiento de las instituciones.

En ningún momento postulé que fuera preciso comprometer la estabilidad alcanzada, ni menos aún que, para corregir el rumbo, pudiera actuarse al margen de la ley.

Tampoco, que el crecimiento económico debiera detenerse, porque de él dimanan los recursos que hacen posible el bienestar, la independencia y el desarrollo autosostenido.

Una paz pública sin libertades, un sistema político en que los líderes sociales, los intelectuales o los ciudadanos, son callos y perseguidos, ya la vivimos antes de la Revolución y el pueblo mexicano jamás toleraría otra dictadura cualquiera que fuera su signo ideológico.

Un crecimiento cuyos beneficios se concentraran en pequeños grupos o regiones, una restauración virtual de antiguas pseudo - aristocracias, un gigantismo urbano originado en la miseria rural, un sistema económico esencialmente inadecuado para absorber la demanda de empleo, no sería sino apariencia de desarrollo.

Tenemos un mandato democrático, social y nacionalista que cumplir y a ello hemos dedicado, sin tregua, cerca de dos años de labor administrativa.

Estamos creando condiciones objetivas para alejar el peligro de la violencia y estableciendo normas más rigurosas y solidarias para que prevalezca la unidad nacional.

Hemos abierto las vías de la comunicación política, asegurado sin reticencias la libertad de expresión y ampliado la participación directa de los ciudadanos en las decisiones públicas.

Hemos salvado, con buen éxito, una difícil coyuntura económica internacional.

Para proteger el poder adquisitivo de las clases populares se aminoró el ritmo de crecimiento, pero hace meses se inició ya una época de franca expansión y de clara orientación distributiva.

No hay motivo para abrigar incertidumbres.

El camino es claro y los frutos del esfuerzo nacional ciertamente satisfactorios. México no ha detenido su marcha.

Está reorientando, con evidentes dificultades, el sentido de su crecimiento; pero sigue adelante, con decisión democrática, al encuentro de su destino.

Nuestra política es coherente y los objetivos que nos trazamos son paulatinamente alcanzados.

Confiamos en que las reformas que ejecutamos en nombre del pueblo, sean irreversibles.

Hemos iniciado el cambio y vamos a proseguirlo con paso firme y sereno, en el marco de la legalidad revolucionaria que nos señala la Constitución de 1917.

POLíTICA INTERIOR

Nuestra actividad se inspira en el recuerdo de los constructores de México.

En el ciento cincuenta aniversario de nuestro acceso a la vida independiente, los Poderes de la Unión se trasladaron a la ciudad de Tixtla para rendir homenaje a Vicente Guerrero.

El lema del consumador de la lucha insurgente, 'La Patria es Primero', fue escrito en los recintos de los Tres Poderes Federales.

A iniciativa del Ejecutivo, el Congreso de la Unión declaró 'Año de Juárez' el de 1972.

La República honra la memoria del forjador de nuestro Estado moderno y del perfil soberano de México en el mundo.

No son estos actos vanas evocaciones del pasado, sino un modo de afirmar la continuidad de nuestros objetivos históricos.

Hemos traído a nuestros héroes a la luz de la plaza pública para convertirlos en rectores de nuestra conducta.

Juárez es el símbolo del constitucionalismo nacional y popular.

Defender la integridad del país, mantener la autoridad de la ley, subordinar los intereses particulares a la voluntad general, luchar por la justicia social, es respetar y prolongar la vigencia de la obra juarista.

No queremos un Juárez que se agote en festejos cívicos, sino un Juárez eternamente combatiente que guíe la acción de los mexicanos.

Nos hemos propuesto imprimir una nueva dimensión a la democracia mexicana y ampliar la participación del pueblo en las decisiones políticas.

Seguimos atentamente las manifestaciones de la opinión pública y mantenemos comunicación con todos los sectores sociales en las diversas regiones del país.

El diálogo es el mejor camino para encontrar una respuesta adecuada a los problemas.

En el período que comprende este Informe, se autorizó el asilo político de 72 extranjeros.

Es el asilo una de las más nobles instituciones del derecho internacional y es México uno de sus más firmes defensores.

Por desistimiento del Ministerio Público y libertad bajo protesta, fueron liberadas 27 personas que se encontraban en prisión por delitos principalmente relacionados con los acontecimientos de 1968.

Cuando la Ley es expresión de la voluntad popular se convierte en el más eficaz instrumento de la reforma social.

En una democracia los cambios se realizan y perduran por medio del derecho.

Hemos puesto especial empeño en promover en nuestra esfera de competencia las tareas legislativa.

El congreso de la Unión, en períodos ordinario y extraordinario de sesiones, ha llevado a cabo un notable esfuerzo para estudiar aprobar o rechazar las iniciativas de Ley.

Los Secretarios de Estado han informado con amplitud, cuando han sido requeridos para ello, acerca de los motivos y alcances de las propuestas hechas por el Ejecutivo.

Se ha legislado a puertas abiertas y se ha prestado la necesaria atención a las más distintas expresiones de la opinión pública.

Durante estos períodos legislativos, se promulgaron dos importantes reformas constitucionales, se expidieron veintidós nuevas leyes, doce decretos que reforman y adicionan diversos ordenamientos, y se ratificaron trece acuerdos internacionales.

Ciudadanos. Partidos y candidatos gozaron de amplias garantías para el ejercicio de sus derechos políticos.

El número de mexicanos con credencial de elector ha llegado a veintidós millones y los procesos electorales se ha desarrollado con toda normalidad.

Se renovó el Poder Ejecutivo de Baja California; se celebraron elecciones de diputados locales y ayuntamientos en Sinaloa, Puebla, Guerrero, Tamaulipas y Estado de México; de diputados locales en Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y San Luis Potosí; de ayuntamientos en Oaxaca, Michoacán, Nuevo León y en el Territorio de Baja California Sur, en donde se reimplantó recientemente el municipio libre.

El Congreso de la Unión y todas las legislaturas de los Estados aprobaron reformas y adiciones a los artículos 52, 54, 55 y 58 de nuestra Constitución Política.

Las reformas ajustan los Distritos Electorales al crecimiento demográfico de México y aumenta el número de Diputados de Partido, mejorando la participación de las minorías en la actividad legislativa.

Permiten, además, la elección de Diputados y Senadores a los veintiuno y treinta años de edad, respectivamente, franqueando el camino para que las nuevas generaciones compartan el poder público.

La Cámara Popular mantendrá su funcionalidad y será, de ahora en adelante, un órgano más representativo y corresponderá más cabalmente a la composición actual de la comunidad mexicana.

La Reforma Electoral busca incorporar a un mayor número de ciudadanos y fuerzas sociales al proceso político institucional.

Su propósito es ampliar la representatividad del poder público, consolidar en el plano legal las nuevas tendencias de la democracia mexicana, alentar la participación de las minorías y, en general, lograr que todas las manifestaciones tengan expresión en los órganos representativos de la voluntad popular.

Estas reformas son parte de un programa de revisión general del sistema electoral mexicano.

En este período de sesiones, presentaré una iniciativa para reformar la Ley Electoral Federal.

Se garantizará a todos los partidos plena representatividad, con voz y voto, en los organismos electorales y se promoverán modificaciones sustanciales en la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Electores.

Dichas medidas harán más eficaz la aplicación del principio de corresponsabilidad en la organización y dirección del proceso en que se configura el gobierno nacional.

Se pretende, también, garantizar a los partidos políticos una más efectiva comunicación con el pueblo y una mejor divulgación de sus tesis ideológicas, plataformas de principios y programas de acción.

Respetuosos de la disidencia ideológica y dispuestos a perfeccionar nuestra vida democrática, queremos asegurara a las minorías su representación en los órganos del Estado.

Vemos en los partidos no una amenaza a la estabilidad, sino los mejores conductos para que se exprese la voluntad de las distintas tendencias políticas.

No aceptamos, en cambio, la actividad de los grupos que mediante recursos ilegales presionan para lograr meros intereses personales.

A la renovación de los mecanismos electorales debe suceder una renovación de todos los partidos.

En los momentos que el país se transforma, estas instituciones también deben actualizarse para reflejar, fielmente, las opiniones del cuerpo electoral.

En las elecciones de diputados federales que tendrán lugar en julio de 1973, se pondrán a prueba las reformas que hemos emprendido.

Exhortamos a los ciudadanos para que participen más activamente en el proceso político.

La vitalidad de la democracia depende del cumplimiento de las responsabilidades cívicas.

El desarrollo de un pueblo comprende todas sus formas de organización.

El desarrollo político fundamenta y da sentido al progreso económico.

La democracia no es sólo un sistema de poder; es, sobre todo, una forma de convivencia.

Concierne a todos los mexicanos convertirla en norma de conducta cotidiana.

Hacemos la parte que nos corresponde.

Garantizamos y alentamos todas las libertades públicas.

Compete a los partidos políticos, a las organizaciones campesinas, a los sindicatos, a los centros de enseñanza a los medios de difusión y a todas las organizaciones democratizar su vida interna y ejercitar responsablemente sus derechos.

La Revolución Mexicana tuvo como aspiración originaria el establecimiento de un estado de derecho y de un régimen civilista de gobierno.

Constitucionales por su origen, las fuerzas armadas son firme sustento de las instituciones democráticas.

No alientan en su seno ninguna actitud contraria a la transformación del país.

Contribuyen, en cambio, al cumplimiento del programa adoptado por la nación mediante el sufragio.

El Ejército Mexicano es un sector del pueblo organizado para la paz.

Su actividad se orienta conforme a los objetivos de la comunidad.

Evoluciona al ritmo de nuestro desarrollo, perfecciona constantemente la capacidad de sus miembros y fortalece su espíritu de servicio en actividades de interés colectivo.

Sus brigadas de acción social prestan colaboración en todas aquella circunstancias y lugares en que requiere su presencia.

Auxilian a la población en casos de desastre, combaten incendios forestales, distribuyen agua potable, proporcionan atención médica y sanitaria, y emprenden campañas de alfabetización, forestación y reforestación.

Colaboran también en la construcción de caminos vecinales y escuelas, en la lucha contra el pistolerismo, el abigeato y el tráfico de narcóticos.

Se ha puesto en marcha un plan de reforma educativa militar.

Con el objeto de mantener el dinamismo de las jerarquías militares y lograr un equilibrio entre las antiguas y la nuevas promociones, se ejecuta un programa de rotación de mandos y de retiros.

La Armada de México requería actualizar las disposiciones que determinaban su estructura interna.

Para este efecto se expidió una nueva Ley Orgánica en la que se confirman sus funciones militares y civiles pero se destaca, también, la importancia social y económica de sus funciones, especialmente las de vigilancia y preservación de nuestros recursos marítimos.

Como reconocimiento a la acción de los capitanes Gustavo Garmendia y Federico Montes, quienes salvaron la vida del Presidente Madero, se colocó una placa conmemorativa en el Salón de Acuerdos del Palacio Nacional.

Su conducta heroica, realizada en tiempos de confusión e incertidumbre, es paradigma de las virtudes que norman la trayectoria de nuestro Ejército.

Por su disciplina interna y por su inalterable lealtad a los Poderes instituidos, nuestras Fuerzas Armadas son garantía de seguridad interna e internacional y constituyen legítimo motivo de orgullo para la República.

Para reforzar el marco jurídico de la seguridad colectiva se expidió la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como su reglamento correspondiente.

Todos los sectores sociales han acogido favorablemente esta Ley que regula la tenencia y portación de armas de fuego.

Prosigue la campaña en contra del narcotráfico y la lucha contra la drogadicción.

Se expidió un decreto que clasifica, una gran cantidad de psicotrópicos, como estupefacientes por lo que su uso ilegal queda sancionado con las penas que el Código Penal establece para los enervantes.

La frecuencia con que ocurren en el mundo actos de apoderamiento de aeronaves en vuelo y la necesidad de prevenirlos de modo sistemático, nos indujo a crear el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria.

En mi Primer Informe de Gobierno señalé la actividad de ciertos grupos que pretendían crear un clima de zozobra por medio de asaltos, secuestros y otras tácticas terroristas.

En los meses subsiguientes continuaron presentándose diversos brotes de violencia.

Merced a la eficaz labor de los cuerpos de seguridad pública se aprehendió y consignó a casi todos los responsables.

Cuando están abiertos los cauces de la transformación social, nada justifica la violencia.

El gobierno manifiesta su determinación de mantener la tranquilidad del país, sin desviarse de los objetivos de renovación que orientan su actividad.

Frente a la agresión de que ha sido víctima la Universidad Nacional Autónoma de México, la opinión pública nacional y la comunidad universitaria han señalado que la actitud de las autoridades de esa Casa de Estudios y la del Gobierno Federal.

Idóneo para superar los conflictos que puedan presentarse.

Este camino no es otro que el estricto respeto a la autonomía, el apego a las leyes, el repudio de la violencia y el permanente y sereno empleo de la razón.

El Gobierno de la República tiene plena e inalterable confianza en la capacidad de los centros de cultura superior para regirse por sí mismos y observa con agrado la progresiva democratización de su estructura académica y administrativa.

En relación con los conflictos que se producen por la posesión de tierras y con las tendenciosas versiones que propalan los enemigos de la reforma agraria, manifiesto categóricamente que la conducta del régimen se rige por la estricta observancia de la Constitución.

Respetamos y hacemos respetar todas las formas de propiedad consagradas por nuestras leyes.

Reitero la decisión del gobierno de mantener intactos los derechos de todos.

Las nuevas dotaciones de tierra se hacen sin afectar otros intereses legítimos.

Es obligación de las autoridades federales, estatales y municipales, otorgar las garantías necesarias para que trabajen la tierra, sin perturbaciones, quienes tienen títulos legales para hacerlo.

El Derecho de Ampara protege al ciudadano en el ejercicio de las garantías individuales que la Constitución establece.

Lo protege contra actos de la autoridad.

Mermar esa protección es reducir nuestro régimen de libertades o pretender que los funcionarios somos infalibles.

La autoridad ejecutiva no puede solicitar, en ningún caso, la restricción del Derecho de Amparo porque ello equivaldría a querer suprimir el control constitucional de sus actos.

Son claras nuestras intenciones y nuestros actos.

No hay motivo para la inquietud o para estériles pugnas y debates cuyo verdadero propósito es desviar la atención respecto del esfuerzo que realizamos para liquidar el latifundismo, fortalecer la economía ejidal y resolver a fondo los problemas del campo. POLíTICA ECONóMICA

México ha probado que su sistema de organización social le permite mantener un elevado ritmo de crecimiento.

Sin embargo, al iniciarse nuestra gestión el país afrontaba delicados problemas financieros que era preciso atacar de inmediato.

Por otra parte, se hacía indispensable imprimir un nuevo rumbo a la política económica.

Las opiniones técnicas coinciden en señalar la necesidad de reducir el nivel general del gasto a fin de no acentuar en México, los efectos de un proceso inflacionario mundial.

Una tendencia inmoderada al alza de los precios estaba desplazando el ingreso de los sectores de menos recursos hacia aquellos de más alta concentración.

La inestabilidad monetaria en que hubiéramos incurrido, habría perjudicado primordialmente a las clases populares.

A pesar de la decisión de imprimir desde los primeros días de su gestión un gran impulso a la actividad productiva, el Ejecutivo hubo de adoptar una política económica restrictiva durante un período limitado.

Sabíamos que está decisión entrañaba sacrificios, dificultaba la absorción de mano de obra y propiciaba actitudes de retraimiento por parte del inversionista.

Preferimos no obstante, arrostrar esos riesgos, porque la obligación de Gobierno es ver hacia el futuro y no, por mantener una apariencia de prosperidad, lesionar en lo profundo nuestras posibilidades de desarrollo.

Nos alentó la certeza de que, pasado este período de ajuste, la economía reiniciaría sobre bases más firmes una nueva y vigorosa etapa de expansión y de incremento de las posibilidades del empleo.

El marco externo tampoco fue propicio: hubimos de superar los efectos de una crisis financiera internacional y el resurgimiento de medidas proteccionistas en los Estados Unidos.

A pesar de esas circunstancias adversas los resultados del esfuerzo nacional están a la vista.

Los objetivos que el Gobierno se fijó a corto plazo, fueron alcanzados.

Se logró contrarrestar el aumento de los precios sin recurrir a medidas coercitivas.

El incremento de 2.6 pro ciento en los precios al mayoreo durante el último año, sitúa a México entre los países que ha registrado menores tasas de inflación.

El ritmo de endeudamiento externo se redujo por primera vez en muchos años.

Al 31 de diciembre de 1971, la deuda externa del sector público a plazo de un año o más ascendió a 44 mil 430 millones de pesos, habiéndose incrementado tan sólo en 2.5 por ciento, cifra muy inferior al promedio de los últimos años.

Una vez reducidas las presiones inflacionarias y con el fin de reanimar la actividad económica el Gobierno Federal aumentó considerablemente el gasto público y la inversión.

Al mismo tiempo que se adoptaban estas medidas, se implementaron otras tendientes a estimular y reorientar el proceso de desarrollo.

Desde fines del año pasado, se inició una recuperación en casi todos los sectores productivos y los indicadores revelan que será aún más pronunciada en el segundo semestre del año en curso.

El valor de los 75 principales productos agrícolas ascendió en el ciclo 1971 - 1972 a 40 mil millones de pesos.

La producción de frijol y de maíz, que acusó incrementos de 9 por ciento y 24 por ciento, respectivamente, no sólo cubre las necesidades internas, sino que permite constituir una reserva exportable.

La cosecha de café, ascendió a 3 millones 300 mil sacos. de los cuales vendimos la mitad al exterior.

La superficie dedicada al cultivo del algodón se incrementó en 11 por ciento, lo que permitirá alcanzar una producción cercana a 2 millones de pacas.

La minería afectada por el descenso de los precios internacionales, alcanzó sin embargo, niveles superiores a los del período precedente.

La extracción de cobre aumentó en 14 por ciento, la de manganeso en 6 por ciento y la de fluorita en 4.7 por ciento.

El valor total de la producción minera fue de 3 mil 368 millones de pesos.

La reanimación en la industria de la construcción refleja los resultados de la política expansionista iniciada por las autoridades al finalizar 1971.

Los últimos indicadores registraban en este sector un aumento de 13.2 por ciento.

La industria de transformación acusó tendencias promedio alarmante satisfactorias, con un índice de crecimiento de 6.5 por ciento.

Esta recuperación, estimuló el desarrollo de la industria pesada y en particular la siderúrgica.

La fundición de hierro y acero aumentó en 14.1 por ciento la de cobre electrolítico en 12.7 por ciento.

El movimiento registrado en la actividad bursátil es signo inequívoco de la recuperación de nuestra economía y de la actividad del inversionista.

Durante el lapso que comprende este Informe, el promedio de cotizaciones se ha elevado en más de 20 por ciento en relación al año anterior.

Las exportaciones se incrementaron durante el primer semestre del año en más de 22 por ciento respecto al mismo período del año anterior, alcanzando un monto superior a 11 mil millones de pesos.

El sector más dinámico fue el manufacturero, que aumentó sus ventas al exterior de un 29.4 por ciento.

Su valor, de 4 mil 796 millones de pesos, representa el 43 por ciento del total exportado.

En contraste, las importaciones sólo crecieron en 11.5 por ciento, aumento que incluye mayores precios para los bienes provenientes de países que revaluaron durante la pasada crisis monetaria.

En turismo, a su vez ha contribuido notablemente al equilibrio de la balanza de pagos. aprovechamos, por medio de una propaganda intensiva, la coyuntura que ofrecían los ajuste de paridades monetarias y la relación internacional de precios, que nos era favorable.

Más de 2 millones de 300 mil turistas se internaron en nuestro país, lo que significa un incremento del 28 por ciento y un ingreso total, durante el período del que informo, de 8 mil 618 millones de pesos.

Hemos invertido una tendencia desfavorable que, durante más de una década, afectó la balanza de pagos.

El desequilibrio de nuestro comercio exterior llegó a su punto culminante hace sólo dos años, en que la cuenta corriente de mercancías y servicios alcanzó un déficit francamente alarmante.

En 1971 logramos reducirlo en 2 mil 566 millones de pesos.

Las medidas adoptadas para despertar la conciencia exportadora, los incentivos fiscales otorgados y la actitud de los sectores productivos han iniciado así el cambio más profundo registrado por la orientación de nuestro sistema productivo.

La formación de empresas exportadoras se agrega también a los instrumentos de penetración en los mercados exteriores.

Superamos ahora la etapa del crecimiento dirigido hacia un mercado doméstico protegido, para iniciar la de un crecimiento hacia afuera en que nuestra economía debe poner a prueba, cada día más, su eficiencia y cálida de sus productos al competir en el mundo.

Nuestra posición financiera es sólida y la reserva del Banco de México ascendió al día de ayer a la cifra de 16,525 millones de pesos, sin incluir 7,896 millones de pesos de apoyos secundarios no utilizados hasta ahora.

El mejoramiento sustancial de nuestra balanza de pagos y la disminución de las presiones inflacionarias nos permite iniciar una época de franca expansión con estabilidad monetaria.

El nuevo impulso a la economía nacional es progresista.

La inversión pública en infraestructura en bienestar y en educación dirige el rumbo de la actividad económica.

El motor del crecimiento será la ampliación del mercado de consumidores por una política concretada de vivienda, de empleo, de salarios justos y de redistribución racional y equitativa entre las regiones y grupos sociales.

La reorientación de nuestro desarrollo pudo haber provocado en algún momento desconcierto, en inclusive se trató de desvirtuar para hacer sentir a la opinión pública que el Gobierno carecía de rumbo fijo.

Nada más ajeno a la verdad.

Los hechos hablan por sí mismos.

Puedo asegurar a vuestra Soberanía que no he tomado una sola decisión ni autorizado acto alguno de Gobierno en que no se haya probado, de manera irrefutable, que promovía el crecimiento e incrementaba simultáneamente la justicia social y la autonomía del país.

Las exigencias del desarrollo requieren de ingresos fiscales crecientes.

Hemos mejorado los sistemas de captación sin frenar la iniciativa necesaria para el incremento y renovación del aparato productivo.

Las diversas rectificaciones introducidas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se han encaminado fundamentalmente, a elevar la recaudación proveniente de los grupos de mayores ingresos.

Las reformas tributarias han arrojado los resultados esperados, aumentando la disponibilidad de recursos propios del Estado.

En los meses trascurridos del año, los ingresos afectivos ordinarios del Gobierno Federal ascendieron a 26 mil 719 millones de pesos, cifra superior en 14 por ciento a la de igual período inmediato.

Una mejor administración fiscal debe encontrar eco en un mayor sentido de responsabilidad ciudadana.

La evasión además de mermar los ingresos que dedicamos al beneficio colectivo, afecta directamente la moral social, pues la violación sistemática del orden jurídico aparece como un privilegio ante quienes se ajustan a sus dictados: el camino a seguir es la aplicación de la ley por igual.

Esta honorable representación había manifestado su deseo de que el presupuesto del Gobierno Federal reflejara el gasto público total.

Para este ejercicio fiscal, el Ejecutivo recogió esa solicitud y un proyecto de presupuesto que incluye en su prestación tanto el gasto corriente que se efectúa con cargo a los ingresos ordinarios como el gasto de inversión financiado con éstos y con recursos procedentes de crédito.

El informar con oportunidad a este Honorable Congreso de la Unión sobre el destino y el monto preciso de las erogaciones del Estado y de fuentes de su financiamiento refleja la madurez alcanzada por el Gobierno y el pueblo de México.

Esta nueva formulación presupuestal fortalece la colaboración entre los poderes y hace copartícipe a los ciudadanos en los asuntos que vitalmente los afectan.

Transforma el Presupuesto en importante instrumento de política económica, al anunciar con antelación el programa del gasto y la inversión que realizará el Gobierno de manera inmediata, anticipa los proyectos de fomento económico y social y muestra con exactitud el impacto que tendrá el gasto público en la economía.

El Gobierno Federal aumentó considerablemente el gasto público a fin de fomentar la actividad económica, y al efecto realizó erogaciones totales, de enero a agosto de 1972, por un monto de 30 mil 150 millones de pesos, superior en 24.1 por ciento al año anterior.

A esta suma se debe añadir el de los organismos y empresas descentralizados y la demanda externa, factores todos que en su conjunto han determinado un mayor impulso a la producción.

La inversión pública federal autorizada para 1972 asciende a 37 mil 800 millones de pesos.

Supera en 30 por ciento al total aprobado en 1971, y será totalmente ejercida.

Contempla el equilibrio entre las inversiones promotoras de desarrollo económico y las que se identifican en forma directa con el bienestar social y la evaluación cultural del pueblo.

Forma parte de una planificación integral a largo plazo que considera seis años de actividad y permite el cumplimiento del programa de Gobierno.

Hemos proyectado una tendencia con incrementos anuales superiores al 30 por ciento en promedio; la inversión pública alcanzará niveles nunca antes ejercidos.

Un tercio de la inversión total, 12 mil 688 millones de pesos, se destina al desarrollo industrial y cerca de 10 mil millones a programas de beneficio social.

Las obras de mejora al medio rural y comunicaciones absorbieron más de 15 mil millones de pesos, lo que muestra el orden de preocupaciones del actual gobierno.

La inversión se distribuye equitativamente en todo el territorio, pero esta misma equidad obliga a prestar especial atención a las entidades de menor desarrollo, respondieron así al interés nacional de lograr un mayor equilibrio en el desenvolvimiento de las distintas regiones.

La política del país se ha orientado hacia la expansión de actividades fundamentales para economía nacional, y en apoyo de los sectores más necesitados.

No hemos pretendido nacionalizar la banca, pero sí queremos una banca con sentido patriótico que sirva plenamente a los objetivos de política económica y social.

La banca privada reacciona en forma positiva y con mayor conciencia de sus responsabilidades ante la comunidad nacional.

Las autoridades financieras poseen los instrumentos necesarios para orientar sectorialmente el destino del crédito y evitar que su expansión incontrolada tenga efectos perjudiciales sobre los precios.

Cuando se ha requerido, hemos solicitado la modificación de las normas jurídicas correspondientes.

El mecanismo del encaje legal, instrumento obligatorio para toda la banca privada, determina la dirección en que deben invertirse los ahorros del pueblo.

Hemos incrementado sustancialmente la proporción de recursos que se destinan a la inversión productiva, dando atención a las actividades prioritarias.

Tal es el caso de los créditos, a la agricultura y ganadería, vivienda de interés social y el financiamiento a la actividad manufacturera, incluyendo pequeña y mediana industria.

Sin embargo, mucho es aún lo que debemos hacer para que el dinero del pueblo esté al servicio del interés colectivo.

Las metas económicas que nos hemos trazado son eminentemente cualitativas.

Hemos creado las bases, a casi dos años de gobierno, de un desarrollo que permite una mejor distribución del ingreso; corrige gradualmente los desequilibrios sectoriales y regionales: hace posible un mejor aprovechamiento de nuestros recursos humanos y materiales; eleva la eficiencia de nuestro aparato productivo; fortalece nuestro mercado interno y al mismo tiempo, nos permite ser más competitivos en el exterior; reduce el ritmo de nuestro endeudamiento externo y moviliza recursos crecientes para lograr un progreso mejor compartido y más independiente, realizado dentro de la libertad y regido por la justicia.

Nada ahora, sino la celeridad y la constancia en el trabajo, asegurarían nuestra continuidad en el progreso.

EDUCACIóN

El Gobierno de la República ha promovido un proceso de reformas en el sistema educativo.

Damos, con datos concretos, un nuevo impulso a la educación mexicana.

El esfuerzo es enorme y los resultados comienzan a ser perceptibles.

El Estado no puede renunciar a la función rectora que la Constitución le asigna, pero debe alentar el espíritu creador.

Nos hemos propuesto estimular y encauzar las iniciativas de reforma; fortalecer la autonomía de los centros de cultura y apoyar la acción del maestro.

Crear, también, las condiciones políticas, económicas y sociales para que la educación recobre el rango que le es propio en la vida de la República.

La educación es una obra humana en su sentido más alto; es una obra de cultura.

Mejorar la supone renovar la actitud de aquellos a quienes concierne: del educador y el alumno, de la familia y la sociedad.

Casi no ha transcurrido un día de mi mandato en que no haya dialogado con maestros, estudiantes o jóvenes profesionales: con científicos, artistas o escritores.

Su participación en el cambio garantiza avances genuinos y perdurables.

Con la colaboración y la imaginación de todos renovamos el contenido, los métodos y los instrumentos de la educación a fin de ajustarlos a la evolución del saber y del país.

Nos empeñamos en ampliar sus servicios y mejorar su calidad; en volverla más democrática y eficaz.

Queremos evitar la frustración de las nuevas generaciones por una formación más cabal y mejor orientada hacia las oportunidades de empleo.

Alcanzar, en suma, un auténtico desarrollo por el cultivo de la ciencia, la promoción de la cultura y la libre manifestación del pensamiento.

La educación es un derecho y una aspiración nacional.

Estamos obligados a dotar al sistema educativo de los recursos necesarios para su expansión y mejoramiento.

El presupuesto del ramo se elevó de 10 mil 500 millones de pesos, lo que significó un incremento del 23% con relación a 1971.

Esta aumento duplica la tasa de crecimiento promedio de las erogaciones federales respectivas durante los últimos siete años.

El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas ha erigido, en los veintiún meses de esa administración, el 20% del total de aulas para escuela primaria que ha levantado desde su fundación.

El programa de 1971 ascendió a 855 millones de pesos.

El de este año importará más de 1,770 millones.

Es prioritario, en el programa de la Revolución extender los servicios educativos a todos los mexicanos y acelerar el proceso de integración nacional.

Cerca de 50 millones de pesos se destinaron a construcciones en las zonas indígenas y los antiguos internados se están transformando en establecimientos de enseñanza extraescolar y aprendizaje de oficios.

El Instituto Nacional Indigenista ha creado 11 Centros Coordinadores, con lo que duplica, un solo año, el número de ellos.

Doce mil nuevos maestros federales de enseñanza primaria atenderán este año lectivo a más de medio millón de niños que incrementan la población escolar.

El 72% de estas plazas se asignará a las zonas rurales.

La Construcción nos señala el deber de atender la totalidad de la demanda de educación en el nivel elemental.

Mucho mayores habrán de ser los años venideros las sumas que la Federación destine a ese fin, pero más intenso también el empleo de métodos extra escolares que ahora comenzamos a implantar.

En breves días todos los niños que cursan los dos primeros grados de la educación primaria tendrán en sus manos libros de texto gratuitos totalmente renovados.

Permanecemos fieles a los altos propósitos de unidad nacional y democratización de la enseñanza que les dieron origen, pero estamos ciertos de que su revisión rigurosa y permanente es parte esencial de una auténtica reforma educativa.

La preparación de los nuevos textos se inició los primeros días de nuestra gestión e implicó una intensa labor de no pocos de nuestros mejores hombres de pensamiento.

La Asamblea Nacional de Educación Normal resolvió en abril, reformar ese ciclo para ampliar la preparación científica, 110 mil profesores en servicio participaron en cursos de actualización pedagógica y pusieron de manifiesto, una vez, más, su voluntad de superación.

El 70% de los alumnos egresados de la enseñanza primaria se inscribió en las escuelas secundarias.

Estas recibieron el pasado año lectivo a un millón 370 mil jóvenes; 12% más que en el período anterior.

En colaboración con la Cámara de la Industria Editorial se iniciará la edición de libros de textos para la secundaria a un costo accesible.

Sus lecciones llegarán a todo el país por medio del radio y la televisión.

Hemos obtenido sólidos avances en el propósito de ofrecer a nuestros adolescentes estudios prácticos que los capaciten para el trabajo.

En sólo dos años se ha triplicado el número de las escuelas tecnológicas agropecuarias.

80 de nueva creación comenzarán a funcionar este mes.

En estos planteles puede obtenerse, el certificado de segunda enseñanza y una constancia de capacidad como perito agropecuario.

Hemos establecido, además 10 centros de estudios tecnológicos en los que se confiere el grado de bachiller y título de técnico agrícola, pecuario o forestal.

Estamos dando forma a un sistema nacional de educación en ciencias del mar que contribuya al aprovechamiento de nuestras riquezas y a la creación de nuevas fuentes de ocupación en la provincia.

Este mes empezarán a funcionar 30 escuelas secundarias técnicas pesqueras.

Este año crearemos varios centros intermedios de estudios tecnológicos especializados en materia. Hemos aplicado y reformado los establecimientos superiores de estudios náuticos y marítimos que existían.

Los centros de educación media superior que dependen de la Federación se encuentran en plena reforma dentro del nuevo plan de tres años que fue adoptado por la Asociación Nacional de Universidades.

Las Escuelas Vocacionales se transforman en centros de estudios científicos y tecnológicos, donde los estudiantes pueden obtener el bachillerato y el título de técnico en diversas especialidades administrativas e industriales. 25 nuevos establecimientos de este tipo ha sido creados durante nuestra gestión 21 de los cuales se encuentran en el interior del país y varios de ellos en la frontera norte.

En año escolar que principia la juventud de provincia contará con 10 nuevos Institutos Tecnológicos Regionales, lo que representa un incremento de más del 50% respecto del total de los que fueron erigidos durante el último cuarto de siglo.

En septiembre del año pasado, comenzaron a funcionar los Pachuca, Cuernavaca y Tijuana, este septiembre inician sus labores los de Puebla, Minatitlán, León, Tlalnepantla, Toluca y Tuxtla Gutiérrez.

El de Matamoros abrirá sus puertas en el curso del año lectivo.

El Instituto Politécnico Nacional es símbolo de una política educativa revolucionaria.

Estamos modernizando sus enseñanzas y ampliando sus radio de acción. Incrementó su población escolar en un 14% , hasta atender a 98 mil estudiantes.

Este incremento, el desarrollo de sus tareas de investigación y sus programas de construcciones requirieron un presupuesto de 655 millones de pesos, lo que representa un aumento de 35% respecto del año anterior.

La Unidad interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, ubicada en la Magdalena Mixhuca, recibirá en su primera etapa a 10 mil alumnos.

Con ella, el Politécnico inicia un proceso de desconcentración y de profunda transformación académica.

280 mil jóvenes mexicanos se inscribieron en los ciclos superiores de la educación.

Ello es motivo de esperanza para la nación, pero también, severo desafío.

Autorizamos 150 millones de pesos para la construcción de aulas, laboratorios y talleres en las universidades de provincia.

Duplicamos, además, los subsidios regulares, a esas instituciones que ahora suman 212 millones de pesos.

A la universidad Nacional Autónoma de México se le proporcionan 221 millones más que en el ejercicio anterior.

Por vez primera en muchos años nuestra máxima casa de cultura dispondrá de un presupuesto no deficitario.

El programa de formación de profesores de la Asociación Nacional de Universidades, que en su etapa inicial habrá atendido a más de 8 mil maestros opera esta año con un presupuesto de 25 millones de pesos.

La mayor parte de las universidades reformaron sus planes y programas, organizaron sus actividades bajo el sistema de crédito y semestres, crearon nuevas especialidades, extendieron sus tareas de investigación e introdujeron estudios prácticos en los niveles intermedios de los ciclos escolares a fin de capacitar a los estudiantes para la vida productiva.

La Universidad Nacional Autónoma de México erigió dos nuevos Colegios de Ciencias y Humanidades y decidió el establecimiento de un sistema de universidad abierta que extenderá a un mayor número de personas las oportunidades de educación y cultura.

Tiene en proyecto la creación de una Ciudad de Investigación y ha iniciado la construcción de dos unidades universitarias en las cercanías del Distrito Federal: una en Salazar y otra en Ciudad Sahagún.

Para futuros proyectos de esta naturaleza cuenta ya con terrenos en Cuautitlán y en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca.

Promover la investigación, integrar los esfuerzos personales e institucionales, procesar la información nacional y extranjera, despertar votaciones entre jóvenes, multiplicar el número de especialistas altamente calificados y recuperar a los científicos mexicanos que trabajan en el extranjero, son las tareas que realiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Inició su proceso de descentralización con la creación del Centro de Investigaciones Tecnológicas de Baja California y el comienzo de los trabajos para establecer otro en Chiapas.

El Instituto Astrofísico de Tonantzintla se convirtió organismo descentralizado.

Formará investigadores y profesores en astrofísica, óptica y electrónica, óptica y electrónica.

El servicio social de los pasantes se realiza a menudo de manera precaria o convencional, por la escasa coordinación que existe entre las instituciones de educación superior y aquellas que pueden organizar el trabajo de los egresados.

El Gobierno está dedicado a ofrecerles posibilidades más amplias para que cumplan ese deber en beneficio real del país y de su propia formación.

Dentro del programa nacional de obras públicas se invirtieron 60 millones de pesos para la edificación de centros deportivos de la juventud en la provincia y se inició, el mes pasado, el plan de Campos Deportivos Ejidales.

En el Distrito Federal se lleva a cabo la renovación de 110 instalaciones deportivas y la construcción de un gran gimnasio popular con una inversión de 40 millones de pesos.

Los triunfos en los eventos internacionales resultan de la práctica masiva del deporte y de la elevación de las condiciones físicas y morales de toda la juventud.

Ante la proliferación de hábitos y valores contrarios a una sana convivencia, es motivo de creciente preocupación para el Gobierno en contar nuevas fórmulas que difundan el buen libro a más amplios sectores de población.

Hemos iniciado ya, con un libro cada semana, un primer programa editorial de alcance popular.

Otorgaremos facilidades y estímulos diversos los editores mexicanos que estén dispuestos a producir obras de bajo costo y amplia distribución, destinadas a fortalecer la cultura nacional y a divulgar las mejores creaciones del hombre.

Ni el arte, ni la ciencia, ni la tecnología son patrimonio exclusivo de un país.

Durante toda su historia México ha recibido y recreado las más valiosas corrientes del pensamiento.

Replegarnos sobre nosotros mismos sería vulnerar las posibilidades de nuestro progreso: perno no podemos, tampoco, renunciar a nuestro estilo incanjeable de vida, a nuestra identidad nacional.

La promulgación de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas convirtió en propiedad de la nación muchas de las expresiones culturales que son raíces profundas de nuestra personalidad como pueblo.

Para cumplir plenamente los propósitos de esa disposición se han intensificado las tareas de investigación y exploración, así como las de rescate y vigilancia de nuestro patrimonio.

Ha comenzado también un programa de instalación de pequeños museos escolares que fomenten en la niñez el conocimiento y aprecio de nuestras culturales ancestrales.

Animados por semejantes propósitos adquirimos para la nación, las bibliotecas y archivos de Alfonso Reyes y Alfonso Caso; recibimos en donativo los de Vicente Lombardo Toledano y adquirimos la colección de 225 obras maestras de la pintura mexicana reunidas por el doctor Alvar Carrillo Gil.

Un Decreto Presidencial reorganizó el Colegio Nacional ampliando el número de sus miembros, con el objeto de volverlo más representativo de la cultura mexicana contemporánea, fortalecer su actividad académica y extenderla a todo el país.

El pueblo mexicano confía en la educación y en la cultura como vías de progreso.

Desea que las puertas de la escuela estén abiertas para sus hijos.

Quiere que aprendan en verdad, aquello que les permita llevar una vida más digna.

Exige en suma una revisión a fondo del sistema educativo.

Nos comprometimos a realizarla, y lo hacemos vigorosamente.

No ignoramos lo complejo de la empresa.

Los recursos con que contamos no son limitados.

Los Hombres y las instituciones no pueden cambiarse en un solo día.

La educación es reflejo de la sociedad y al mismo tiempo tiene por misión modificarla.

La comunidad debe pues destinar lo mejor de ella misma a una obra creadora en tal medida que las nuevas generaciones sean mejores que aquellas que las educan.

Mucho es aún lo que habremos de trabajar para alcanzarlo.

POLíTICA SOCIAL

La justicia en las relaciones laborales; el cabal respeto a la asociación profesional y al derecho de huelga; el pago de los salarios mínimos y del reparto de utilidades, así como un escrupuloso acatamiento a las leyes del trabajo, son compromisos esenciales del régimen de la Revolución.

Es factor decisivo en la construcción del México moderno la actividad del movimiento obrero y su avance democrático es imprescindible para la renovación política y social que hemos emprendido.

El Estado no puede intervenir en la vida interna de las asociaciones sindicales.

Corresponde a sus propios agremiados la responsabilidad de conducirlas; al Gobierno, respetar la autonomía de los sindicatos.

El apego estricto a la Constitución y a nuestras leyes conforman un clima de armonía en las relaciones laborales, que no significa abandono o descuido de la lucha obrera por defender sus intereses.

La dignificación y progreso constante de millones de trabajadores figura entre los firmes propósitos de la Administración.

La acción conciliatoria del Gobierno nos permitió resolver la mayoría de los conflictos que se plantearon.

Se intervino en la revisión de 225 Contratos de Trabajo y 4 Contratos Ley de la industria textil, en los que se lograron importantes mejorías para la clase trabajadora.

La gestión de los sindicatos más combativos ha señalado rumbos de bienestar para sus agremiados.

A pesar de ello, más de la mitad de los asalariados no están agrupados en asociaciones profesionales.

Preocupan al Gobierno las diferencias que existen entre aquellos que disfrutan de importantes prestaciones y los que obtienen, y a veces sólo teóricamente las mínimas legales.

Los empleados bancarios, cuyo esfuerzo ha coadyuvado a la evolución de las instituciones de crédito, habían venido demandando justas reivindicaciones.

El Ejecutivo Federal, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, dispuso ampliar sus prestaciones.

Las medidas adoptadas no exceden las posibilidades económicas del sistema y, en cambio, benefician a un importante número de mexicanos.

Entre los derechos más significativos que adquirieron los empleados bancarios se encuentran los siguientes: una jornada de trabajo de 40 horas semanales, el descanso sabatino obligatorio, la revisión de los tabuladores de sueldo, mejorías en los planes de jubilación y pensiones, así como préstamos a largo plazo para la adquisición de viviendas.

Los salarios mínimos para el bienio 1972 - 1973, tanto generales como profesionales, alcanzaron en su conjunto un aumento promedio de 18 por ciento.

La unanimidad de los sectores productivos por incrementar el ingreso nominal de los trabajadores, prueba los avances del espíritu de solidaridad social.

Hicimos extensivos a los empleados públicos los beneficios de la revisión de los salarios mínimos.

Por lo que se refiere al personal administrativo, tomamos como base la cuota mínima del Distrito Federal para aplicarla a la mayor parte de las zonas económicas del país.

Con ello, se benefició al 95 por ciento de esos trabajadores.

Dispusimos también que su sobresueldo se cubriera en adelante de acuerdo con su salario.

En cuanto al personal obrero, se fijó como base el salario mínimo regional de los lugares donde presta sus servicios.

Además, le fue otorgado, por primera vez, un sobresueldo que fluctúa entre el 20 y el 30 por ciento.

Aprovechando la desaparición de varias, categorías inferiores al salario mínimo, se realizó una reforma general al Catálogo de Empleos de la Federación.

El número de categorías existentes se redujo por la mitad, lo que implicó un aumento en las remuneraciones y el establecimiento de mayores estímulos escalafonarios.

Ordenamos también la simplificación de los trámites para el pago del primer sueldo de los empleados.

A partir del primero de agosto se estableció un procedimiento que abarca tanto a los trabajadores de base como a los supernumerarios y que permitirá entregarles su primera remuneración en el plazo de un mes.

La generación de empleos orientada con sentido distributivo contribuye al logro de la justicia social.

Si todas las empresas se ajustan rigurosamente a nuestra legislación, el crecimiento económico ha de repercutir directamente en la mejoría de los niveles de vida de los mexicanos.

Se estableció el Servicio Público del Empleo, para disminuir la desocupación y emprender sistema ágiles de comunicación entre la oferta y la demanda de mano de obra.

Sus labores se han iniciado en el Distrito Federal y en breve se extenderán a diez Estados de la República.

Las medidas adoptadas por el Gobierno para anular las presiones inflacionarias coadyuvan a fortalecer el poder adquisitivo real de los salarios.

Las prestaciones que garantiza nuestro sistema de seguridad social forma un significativo complemento del ingreso.

No concebimos un verdadero desarrollo sin un dinámico y eficaz sistema de seguridad social.

Las dos principales instituciones responsables de administrarla crecieron substancialmente durante este período.

La protección del Instituto Mexicano del Seguro social se extendió a 11 millones 200 mil personas y sus ingresos se incrementaron en 21.7 por ciento.

El Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, tiene una población amparada de un millón 680 mil personas y su presupuesto se incrementó el último año en 10.5 por ciento.

Hemos manifestado el propósito de establecer las bases para que al término de la presente década se encuentre amparada la mitad de la población.

Los servicios del Seguro Social, que se hallan primordialmente concentrados en las áreas urbanas, requieren importantes modificaciones para adaptarse al medio rural.

En febrero expedí un decreto para extender el régimen de seguridad a los ejidatarios de Yucatán.

Las cuotas para financiar las prestaciones a más de 200 mil campesinos, serán hechas en forma bipartita por el Gobierno Federal y por las uniones de crédito, sociedades o grupos solidarios.

Por otra parte al Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera instituyó el seguro de vida campesino que ampara a 430 mil jefes de familia.

La protección a la infancia es objeto de especial solicitud de Gobierno.

Se multiplicaron las tareas relacionadas con asistencia, salud, alimentación, educación, así como la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los niños.

Fueron distribuidos 51 y medio millones de desayunos escolares.

Se crearon dos centros de orientación familiar con el Propósito de instruir a los padres en la educación de sus hijos.

Estas funciones son eficazmente realizada por el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y por la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez.

El régimen de la Revolución ha postulado el derecho que tiene cada mexicano a una morada digna.

El Contribuyente de 1917 estableció la obligación de las empresas de proporcionar viviendas decoradas e higiénicas a sus trabajadores.

Empero, sólo otorgó esta prestación a quienes laboran fuera de las poblaciones o, dentro de ellas, en empresas que ocuparan un número de asalariados mayor de 100.

Así mismo, previó que los patrones podían percibir las rentas respectivas.

A pesar de esas limitaciones y de la lucha que libraron infatigablemente las organizaciones sindicales; esa conquista no pudo llevarse a la práctica durante más 50 años.

La Ley Federal del Trabajo reglamentó por vez primera, en 1970, la disposición constitucional pero permitía que su cumplimiento se hiciera efectivo por acuerdos entre las partes.

Gran número de empresas no estaban en posibilidades de afrontar, por sí mismas, las cargas económicas que supone construir viviendas para sus trabajadores.

En tal virtud, el Ejecutivo de la Unión inició un proceso de consulta entre los factores de la producción que culminó en la elaboración de un plan capaz efectivamente de incorporar a la totalidad de la clase trabajadora en los beneficios de una política habitacional.

Para realizarlo, era preciso reformar la fracción XII del apartado A del Artículo 123 de la Constitución.

El Honorable Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, con gran entusiasmo, aprobaron esta modificación que hace posible iniciar la solución global del programa de la vivienda.

Según esa reforma todas las empresas, sin importar su dimensión ni su ubicación geográfica, están obligadas a proporcionar viviendas a sus trabajadores, mediante las aportaciones que hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda.

Así se establece un sistema de financiamiento que permite otorgar a estos trabajadores crédito barato suficiente a fin de que adquieran habitaciones en propiedad.

A una obligación limitada sucede otra de carácter general; mediante mecanismos que preveían originalmente la dotación en renta de las habitaciones fueron reemplazados por otros que favorecen la formación del patrimonio familiar;

Un régimen individualizado de obligaciones se sustituye por otro más equitativo, fundado en la contribución de todos los patrones.

Celebramos el día del Trabajo con realizaciones concretas.

El primero de mayo inició sus funciones el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Propósito esencial del instituto es otorgar créditos para adquirir casa - habitación, muy bajo interés anual y plazos de pago de 20 años.

Las inversiones que realice tendrán efectos positivos en la generación de empleos y en la aceleración de crecimiento.

La ejecución de estas medidas incrementará el número de obreros empleados en la industria de la construcción en un 20 por ciento.

Los beneficios obtenidos alcanzan no sólo al trabajador, sino a la colectividad en su conjunto.

Eleva, además, sustancialmente el coeficiente nacional de ahorro al destinarse el 5 por ciento de las nóminas salariales e integrar un fondo, que sólo en su primer año, alcanzará la ficha de 3 mil 500 millones de pesos.

A sólo 4 meses de creación, el INFONAVIT se encuentra en pleno desempeño de sus tareas.

El Instituto dispone de una aportación del Gobierno Federal de dos mil millones de pesos que, aunada a sus recursos ordinarios, lo capacita para construir 100,000 habitaciones anuales.

En el mes de agosto se iniciaron ya programas específicos en 8 ciudades de la República, con una inversión de 869 millones de pesos, que representan la construcción de 20.970 viviendas.

En proyecto de realización inmediata se ha programado la construcción de 20,000 viviendas adicionales en ocho ciudades diferentes.

Se ha encontrado una fórmula de crecimiento económico que amplía automáticamente la redistribución de los beneficios de la riqueza.

El Instituto tendrá, cabo pocos años, una enorme capacidad de servicio.

Sus disponibilidades económicas serán acumulativas y le permitirán abarcar todas las regiones de la República.

Se trata, sin duda, de una muy destacada institución creada por la Revolución Mexicana.

con la cooperación del Gobierno, los trabajadores y los empresarios progresistas y con sentido social.

Someteremos a este Honorable Congreso las reformas legales necesarias para que consagre el derecho de los servidores públicos a recibir viviendas Cómodas e higiénicas mediante la integración de otro fondo al que el Estado aportará un 5 por ciento sobre los salarios.

Estos beneficios incluyen a los trabajadores de los Poderes de la Unión, a quienes prestan sus servicios al Gobierno del Distrito Federal y de los Territorios y a los organismos descentralizados sujetos a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. También hemos decidido crear un fondo nacional de la vivienda para los miembros de las Fuerzas Armadas, que les permita la obtención de crédito adecuado para adquirir o construir casas habitación.

Este fondo no afectará las casas habitación.

Este fondo no afectará las prestaciones de que disfruta el personal militar y se creará mediante aportaciones de un 5 por ciento que, en su totalidad, hará el Estado de acuerdo con los distintos niveles de los haberes de todo el personal del Ejército, la Aviación y la Armada de México.

El crecimiento desbordante de esta capital es reflejo del desequilibrio que ha caracterizado a nuestro crecimiento.

La expansión citada ilimitada traduce la insuficiencia en la oferta de empleo que existe en muchas otras regiones.

Nuestra acción se ha orientado a remodelar el espacio económico y demográfico del país, por medio de la descentralización y el desarrollo regional.

Al mismo tiempo, buscamos humanizar la convivencia urbana.

El proceso de descentralización administrativa que se inició con las reformas a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, continuó en el año que se reseña.

La nueva Ley Orgánica de la Procuraduría del Distrito y Territorios Federales contribuye a este nuevo propósito establecer la creación del Departamento de Averiguaciones Previas en cada una de las 16 delegaciones.

El desproporcionado incremento demográfico ha proporcionado un asentamiento irregular de grupos populares en distintas zonas del Distrito Federal.

Con el fin de ofrecerles seguridad jurídica, se lleva a cabo un programa de regularización de esas zonas que, en el presente año, beneficiará a más de medio millón de habitantes de 67 colonias.

Igualmente se dio reacomodo a los habitantes de otras 27.

Se ha proseguido con el plan habitacional en el Distrito Federal.

A la fecha se han construido 9 mil 103 casas unifamiliares en las unidades 'Vicente Guerrero', 'Ejército de Oriente', 'Santa Cruz Meyehualco' y en las colonias 'Constitución de 1917'y 'Ampliación Providencia'.

Mediante fideicomiso por contrato y por administración, se han construido 7 mil 563 viviendas más.

En una segunda etapa, se construyen 122 edificios en las propias unidades 'Vicente Guerrero' y 'Ejército de Oriente', con capacidad para 1,923 habitantes de interés social.

Se modificó la Ley de Planificación del Distrito Federal, para regular las características de los fraccionamientos y se reformó, al propio tiempo, el Código Penal para el Distrito y Territorio Federales, con el objeto de tipificar como fraude específico la acción de fraccionadores inescrupulosos.

Se ha puesto en marcha un programa de abastecimiento de agua potable y de introducción de drenaje en las colonias populares para beneficio de 450 mil personas de bajos recursos.

Continúa la construcción del sistema de drenaje profundo que resolverá el problema de las inundaciones, habiéndose invertido en el presente año 800 millones de pesos.

Se creó la Comisión de Aguas Valle de México, la que próximamente entrará en funciones con un presupuesto de 276 mil millones de pesos.

Para mejorar el medio ambiente en el Distrito Federal, se plantaron un millón 800 mil nuevos árboles, se ampliaron áreas verdes y se inició una campaña de limpieza en la ciudad.

Para aliviar el problema vial y disminuir el ruido, se comenzó la construcción de dos de los cuartos grandes terminales de autobuses con que contará el Distrito Federal.

También se construye en Circuito Interior con una longitud de 38 Kilómetros que dará una mayor fluidez al tránsito citadino.

Se invirtieron 32 millones 850 mil pesos en la modernización y reacondicionamiento de trolebuses y tranvías.

La reclusión del delincuente debe ser un medio para dignificarlo.

La Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, exige la implantación de nuevos sistemas penitenciarios.

Se ha previsto, para tal efecto, la construcción de dos nuevos reclusorios con un costo de 280 millones de pesos y, en breve, se iniciarán las obras de dos más y de un hospital psiquiátrico.

Estos reclusorios sustituirán la Cárcel Preventiva de Lecumberri.

Desde el inicio de sus operaciones, el Sistema de transporte Colectivo de la Ciudad de México ha registrado un número creciente de usuarios.

Se realizan estudios técnicos a fin de ampliar este servicio hacia zonas populares.

Las nuevas líneas demandarán la adquisición de 750 carros que, junto con los 537 que en la actualidad prestan servicio, servirán para transportar 3 millones doscientos cincuenta mil personas diariamente.

Los carros serán fabricados en México con un cincuenta por ciento de partes nacionales.

La política de desarrollo urbano no se circunscribe solamente al área geográfica del Valle de México.

Con una inversión de mil 175 millones de pesos se realizaron trabajos de urbanización y regeneración en diferentes ciudades del país a través de las 45 Juntas Federales de Mejoras Materiales.

Se inició 'El Plan Acapulco' , con la coordinación de diversos órganos federales.

Actualmente se está legalizando la propiedad en beneficio de cien mil habitantes.

Se duplicó en ese puerto el suministro de agua potable y se construyen los interceptores de aguas pluviales.

Para Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas y para Tijuana Baja California, se han creado recientemente fideicomisos con fondos revolventes destinados a atender problemas urbanos esenciales de las colonias populares que tienen mayores necesidades.

Iniciamos así, una nueva política ya que en las determinaciones que se adopten participarán todos los sectores de la población.

En Tijuana, además se realizan ya las obras de canalización del río del mismo nombre.

Acordamos poner fin a las funciones que venía ejecutando el Programa Nacional Fronterizo, por haber cumplido con los fines que se había propuesto.

Los bienes muebles e inmuebles que constituían su activo se irán incorporando gradualmente al patrimonio de las juntas Federales de Mejoras Materiales del Norte del País.

El deterioro del ambiente no sólo es preocupación nacional sino que atañe a la comunidad mundial.

Participamos con medidas decisivas en esta materia.

En cumplimiento de la Ley Federal para Prevenir y Controlarla Contaminación Ambiental, fue expedido el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica por humos y polvos.

Se dictó la libre importación de equipos y aparatos para combatir la contaminación.

Todas estas medidas convergen en el propósito de evitar que continúe la degradación de la salud humana y del medio ambiente, a causa del crecimiento urbano e industrial.

Con una amplia colaboración de las empresas establecidas en el Valle de México, se ha logrado disminuir en un treinta por ciento la contaminación atmosférica que estas empresas originaban.

La salud y el bienestar social son medios y fines del proceso revolucionario de México.

En la etapa actual de nuestra evolución, los objetivos fundamentales del Gobierno en este campo consisten en ampliar el radio de acción de los servicios de salubridad a regiones mal comunicadas o a poblaciones dispersas; coordinar con mayor eficacia nuestra acción en todos los niveles institucionales, así como estructurar un sistema nacional de servicios médicos asistenciales.

En fecha reciente, se realizó con gran éxito la segunda Reunión de Salud Pública, en la que ratificamos y definimos con mayor precisión estos propósitos.

En materia de salud pública, hubo un aumento presupuestal en más de 946 millones de pesos.

Se han venido realizando importantes inversiones en obras de saneamiento, de introducción de agua potable; de mejoramiento ambiental y de tipo asistencial que benefician, sobre todo, a la población rural más necesitada.

Asimismo, hemos venido cumpliendo las campañas sanitarias y llevando a cabo los programas de alimentación complementaria que nos hemos trazado.

DESARROLLO NACIONAL

La Reforma Agraria mexicana nunca se ha concebido, exclusivamente, como un reparto de tierras.

Ha sido y es reparto de agua, de crédito, de técnicas, de caminos y de escuelas.

Hoy la entendemos, esencialmente, como reparto de ocupación en el campo.

Nadie ignora los problemas de las áreas rurales que se expresan dramáticamente en la presión del hombre sobre la tierra.

Tampoco que durante los últimos lustros un proceso general de capitalización, reflejado en la agricultura, ha favorecido preferentemente a la pequeña propiedad.

La Reforma Agraria ha distribuido la tierra, los elementos para trabajarla y los servicios de bienestar, pero no ha logrado redistribuir suficientemente el ingreso ni la productividad entre los campesinos.

Necesitamos proteger y estimular, dentro de la Constitución y la Ley, las formas de tenencia y organización que han alcanzado alta productividad.

El progreso económico, el crecimiento demográfico y las necesidades de justicia distributiva nos obligan ahora, de manera primordial, a incrementar el rendimiento de todas las tierras cultivables, abrir nuevas áreas a la producción y multiplicar las posibilidades de empleo.

Tal es el sentido de las decisiones fundamentales tomadas por el Gobierno.

La nueva Ley de Reforma Agraria, sin atentar contra los derechos de la pequeña y mediana propiedad, favorece e impulsa la organización de las tareas agrícolas en el ejido y la propiedad comunal y prevé la agrupación de los campesinos para formar unidades más rentables de producción.

Todo el esfuerzo administrativo: para reorientar las inversiones públicas, construir los caminos descentralizar las industrias y canalizar el crédito, tiene por objeto aumentar la productividad del campo y absorber una fuerza laboral en constante expansión.

Eso es lo que entendemos por una nueva etapa de la reforma agraria.

Firmé resoluciones que benefician a 26 mil 800 familias campesinas con cerca de 3 millones de hectáreas y adjudiqué derechos ejidales a 31 mil personas.

Estas cifras incluyen las correspondientes a dos conocidos y antiguos latifundios en la frontera norte del país, en el Estado de Coahuila.

Nunca se habían tocado; eran muy antiguos; estaban en la frontera y en manos extranjeras.

930 mil hectáreas fueron confirmadas y tituladas en favor de 8 mil 400 comuneros.

De otra parte, autorizamos indemnizaciones por 57 millones de pesos por concepto de expropiaciones que para fines de utilidad pública hubimos de hacer de terrenos ejidales y comunales.

Entregamos 1,300 certificados de inafectabilidad agrícola y 250 de inafectibilidad ganadera que, en su conjunto, amparan un millón 120 mil hectáreas.

La localización de terrenos nacionales y la afectación de los latifundios que aún subsisten bajo diversas formas, están incorporando nuevas áreas a la explotación productiva.

Rescatamos importantes superficies en la faja costera de Quintana Roo y las destinamos a nuevas actividades turísticas y agropecuarias.

Se creó una Comisión Intersecretarial de Colonización Ejidal para elaborar y ejecutar planes regionales más realistas que establezcan nuevos centros de población.

Por primera vez desde que se inició el reparto agrario miles de ejidatarios recibirán títulos de tierras nuevas, desmontadas por ellos mismos pero por cuenta del Gobierno, es decir, sin que los campesinos adquieran deuda alguna.

Este es un programa inicial en 7 entidades federativas cuya primera etapa comprende 200 mil hectáreas.

La construcción de obras de infraestructura con empleo intensivo de mano de obra, contribuye a proporcionar trabajo e ingresos en el medio rural.

Centros de salud, viviendas campesinas, escuelas y pequeñas obras de irrigación se edifican en más de 12 mil comunidades que cuentan entre 500 y 2 mil quinientos habitantes.

Se quintuplicó el presupuesto de caminos alimentadores y de mano de obra que dispuso de 614 millones de pesos en beneficio de las regiones indígenas y de las zonas áridas.

La Comisión Nacional de Caminos Alimentadores, de reciente creación, asegura el control técnico e incorpora las diversas rutas a nuestra red nacional.

En 15 Estados de la República se inició el Plan Benito Juárez, que resume una vigorosa lucha contra la sequía y la erosión en las zonas áridas.

Esta primera etapa de trabajos, la construcción de bordos, pequeñas represas y canales de mampostería permitirán la creación de obras de riego en 70 municipios.

Grandes planes coordinan la acción de varias dependencias en beneficio de zonas menos favorecidas.

El Plan Chontalpa, el Centro Coordinador para el Desarrollo de la Zona Huicot y el Plan de Acción de Tarahumara, responden a nuestro propósito de incorporar las regiones marginadas al ritmo del progreso nacional.

Las prioridades del desarrollo integral del país, necesitan de procedimientos racionales para el aprovisionamiento, utilización y suministro de los elementos hidráulicos de que la Nación dispone.

Dentro del marco de una geografía adversa, la promulgación de la Ley Federal de Aguas es un instrumento necesario para la repartición y aprovechamiento equitativo de este escaso recurso.

Tomando en cuenta los avances de la tecnología, la nueva Ley concilia y sintetiza, una legislación abundante y dispersa.

Se limita al máximo la extensión de riego susceptible de aprovechamiento individual, evitando el acaparamiento ilegal y la especulación indebida de las superficies mejoradas por las obras públicas.

A la Ley de Aguas se debe la creación de los Comités Directivos de los Distritos de Riego que, bajo una coordinación de organismos oficiales y privados, promueven la investigación y aplicación tecnológica en las actividades agropecuarias.

El Plan Nacional de Acuacultura, abre amplias perspectivas a la actividad pesquera con la creación de Distritos que tienden a incrementar el empleo, la producción y la inversión.

El Primer Distrito de Acuacultura, ha sido puesto en marcha en el Estado de Nayarit, y permitirá el aprovechamiento de un millón y medio de hectáreas de aguas de estuario.

La canalización masiva de recursos crediticios al campo constituye, desde hace lustros, una exigencia fundamental para el avance del país.

Es indispensable que las instituciones de crédito oficiales y privadas participen de manera más amplia, y en términos más favorables, en el otorgamiento de créditos al sector ejidal y al de otros productores agrícolas de bajos ingresos.

Iniciamos, desde hace varios meses, la reestructuración administrativa de los bancos agropecuarios oficiales, a fin de que presten un servicio adecuado y oportuno.

El Gobierno Federal estableció, para este fin, el Programa Nacional de Inversión y Desarrollo Campesino que promueve y otorga créditos, a mediano y largo plazo, en favor de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.

Los recursos autorizados este año para planes de avío y crédito refaccionario sumaron 7 mil 888 millones de pesos, suma superior en 34 por ciento a la del año anterior.

Los recursos que la banca privada pondrá a disposición de ejidatarios y agricultores de bajos ingresos vendrán a complementar la acción gubernamental.

Gracias a las medidas anunciadas en agosto pasado. 800 millones de pesos iniciales serán puestos a disposición de los interesados a una tasa de 7.6 por ciento anual.

Los beneficiarios de estos créditos recibirán asistencia técnica y serán garantizados por un Fondo Federal constituido en el Banco de México en un 60 por ciento y, en casos especiales, hasta en un 80 por ciento.

La estabilización de los precios de artículos que representan un alto porcentaje de consumo nacional; la organización de bodegas rurales y centros de venta para que los campesinos operen sus propios sistemas de almacenamiento, constituyen instrumentos del Estado para proteger a los productores agrícolas, regularizar y modernizar los mercados de subsistencias básicas y aumentar los consumos populares.

Se adquirieron productos agrícolas por valor de mil 165 millones de pesos y se agregaron 242 nuevas tiendas CONASUPO a las 2 mil 512 que ya existen. 53 de ellas se encuentran en zonas indígenas, particularmente en la Huicot y en la Tarahumara.

El desarrollo del sector pecuario, se ha formulado a través de programas de incremento a la capacidad forrajera, el mejoramiento de las especies y el fomento a la sanidad animal.

El 28 de agosto pasado se firmó con el gobierno de los Estados Unidos un Convenio para erradicar el gusano barrenador del ganado.

El programa será de 5 años, con un costo de 500 millones de pesos, de los cuales nuestro país aportará el 20 por ciento.

El convenio establece la fabricación mexicana de los equipos y materiales necesarios.

La nueva Ley Federal para el Fomento de la Pesca salvaguarda los intereses de los pescadores mexicanos y estimula la formación de cooperativas, a las que se ha reservado la captura y explotación de ocho especies importantes.

Los ejidos ribereños también podrán constituirse en Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera Ejidal.

Nuestra Política, dirigida a promover el empleo y beneficiar a las mayorías, no ha descuidado la preservación y cultivo de las especies, para lo cual se sancionan los actos que atentan contra su reproducción o provocan la contaminación de su ambiente natural.

El Programa Nacional de Desarrollo Forestal favorece la explotación racional de los recursos del país.

El bosque se cultiva y su conservación se garantiza sólo en la medida en que represente un constante beneficio económico para el poseedor, sea ejidatario, comunero o pequeño propietario.

También es necesario que sus productos tengan demanda comercial, que su aprovechamiento se realice en industrias rentables y que exista una política de promoción y coordinación de esfuerzos.

El proyecto forestal "Vicente Guerrero", con una inversión estimada en 1 mil 200 millones de pesos, constituye el primer paso para incorporar al desarrollo enormes extensiones boscosas por medio del establecimiento de una industria forestal integrada.

El fomento de las actividades primarias y los estímulos a la descentralización industrial, renovarán la estructura económica del país.

Se pretende producir con mayor eficiencia y evitar la excesiva concentración que conduce al colonialismo interno que todos los mexicanos debemos empeñarnos por superar para evitar la frustración de vocaciones humanas y el desperdicio de recursos naturales.

Se sigue una política orientada a la creación de una infraestructura adecuada; a la capacitación de mano de obra; al otorgamiento de créditos; a la creación de estímulos fiscales y de comisiones promotoras regionales, así como al suministro de asesorías y ayudas de diversa índole.

El gobierno de la República optó abiertamente por un fomento industrial que otorga prioridad a objetivos de orden social.

Los aspectos cualitativos prevalecen sobre los puramente cuantitativos, a fin de dar sentido humano a un progreso que habrá de beneficiar por igual a todas las regiones.

Como parte de esta política, el Ejecutivo expidió dos decretos, declarando de utilidad nacional el establecimiento y ampliación de empresas que se estime necesario fomentar, y otorgando incentivos a la inversión conforme se descentraliza.

Se formó el Fondo Nacional de Equipamiento Industrial que promueve la instalación, ampliación y modernización de empresas que exporten o sustituyan importaciones.

En la misma forma, el Fondo Nacional de Fomento a la Industria alienta y apoya, a través de suscripciones complementarias y temporales de capital, el surgimiento y la consolidación de empresas cuyas necesidades exceden sus recursos disponibles.

Se modificaron las reglas de operación del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, otorgándole facultades para conceder líneas directas de crédito a través de las instituciones financieras nacionales y privadas.

Los trabajos del fideicomiso orientando a promover conjuntos, parques y ciudades industriales, figuran como sólida base de una segunda etapa de progreso nacional, fundamentando en el crecimiento armónico y equilibrado de la industrialización.

Se han firmado ya 29 convenios para establecer fondos mixtos revolventes destinados a estudios de preinversión en 23 entidades federativas.

Se han iniciado asimismo trabajos para dotar, a futuros centros industriales en varias ciudades del interior, de la infraestructura que requiere su posterior desenvolvimiento.

Un fideicomiso creado para conceder recursos adicionales a los municipios, ha otorgado Crédito a largo plazo a los gobiernos de los Estados por 565 millones de pesos, destinados a obras de bienestar social.

Por otra parte, el Comité de Desarrollo Social. del Estado de Oaxaca. y la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, han comenzado sus funciones.

Si pugnamos por ampliar nuestro comercio exterior, debemos rescatar con mayor razón el mercado que representan nuestras propias regiones fronterizas.

La presente administración ha creado mecanismos que tienden a estimular la actividad económica de la zona norte de la República y a reincorporar al consumo doméstico una población numerosa que habitualmente se abastece de productos extranjeros.

En abril del año pasado, dictamos un acuerdo que autoriza a las instituciones nacionales de crédito para adquirir el dominio de inmuebles en las fronteras y costas.

Así se garantiza el precepto constitucional que prohíbe la enajenación a extranjeros de terrenos ubicados en esas áreas.

En el año transcurrido se autorizó la creación de 479 fideicomisos turísticos y 7 industriales que representa una inversión de 3 mil 500 millones.

Finalmente, dentro del Programa Especial de Industrialización de las Fronteras y Litorales, se aprobaron programas de actividades para 82 empresas maquiladoras que generan una derrama de salarios de 130 millones de pesos anuales.

A poco de ser mexicanizada la Compañía Minera de Cananea, se decidió una inversión de mil millones de pesos para duplicar su producción anual.

En el marco de una economía mixta el desarrollo minero está subordinado al interés general de la Nación.

El proceso de mexicanización en esta rama se encuentra prácticamente concluido.

El 98 por ciento de nuestra producción proviene de 769 empresas, nacionales.

El Estado ha reafirmado esta actitud, al adquirir 34 por ciento de las acciones de Azufrera Panamericana, S. A.

El consorcio minero Benito Juárez - Peña Colorada permitirá a la Industria nacional contar

con millón y medio de toneladas adicionales de mineral de fierro de la más alta calidad, a partir de 1974.

El mineral de dichos yacimientos será aprovechado por las empresas siderúrgicas existentes y por la siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, el más importante proyecto industrial que se haya diseñado en el país.

16 nuevas instalaciones minero-metalúrgicas se encuentran en construcción o en etapa de proyecto.

Diez más se han ampliado y modernizado.

El incremento de 30 mil toneladas diarias que esto representa muestra que la mexicanización ha permitido elevar la productividad y la expansión de actividades del sector.

El control nacional de las fuentes de energéticos y los medios de comunicación no es solamente poner en manos de mexicanos acciones que pertenecieron a compañías extranjeras.

Es dotar al Estado de los requisitos indispensables para reorientar el proceso de desarrollo económico en función del bien general.

Es transformar y aprovechar los recursos básicos para satisfacer las necesidades de consumo y de empleo de nuestros compatriotas.

Petróleos Mexicanos satisface el 90 por ciento de los requerimientos internos de hidrocarburos.

Sus reservas totales ascienden a 5 mil 428 millones de barriles.

La capacidad técnica alcanzada en esta rama, ha permitido proseguir con éxito la integración de la industria petroquímica, que cuenta con 278 plantas en operación y una inversión superior a 8 mil millones de pesos.

33 millones de mexicanos gozan de los beneficios de la energía eléctrica.

El programa de electrificación rural prosigue aceleradamente.

En este año incorporó 1,673 poblaciones con un total de 800 mil habitantes.

La capacidad instalada en plantas del Estado es de 7 millones 137,514 kilovatios.

Si sumamos a esta cifra la capacidad ya instalada en empresas para servicios propios y la producción de la planta geotérmica de Cerro Prieto en el Valle de Mexicali que entrará en operación en noviembre próximo, la capacidad a disposición de los mexicanos ascenderá, antes de que el año concluya, a 8 millones 374,598 kilovatios.

Se creó el sistema unificador de frecuencias al que atañe el cambio de 50 a 60 ciclos para integrar el sistema eléctrico central y el nacional.

Hemos tenido recientemente frecuentes pláticas con industriales que han atendido a nuestro llamado para llevar industrias a toda la provincia mexicana.

Con ellos discutimos, en ese momento, los planes de expansión de Petróleos Mexicanos, institución de la cual esencialmente necesitan gas, y de la Comisión Federal de Electricidad.

Si no hay motivos de alarma, ciertamente debemos de hacer un gran esfuerzo para que la industrialización del país no se detenga.

Les hemos recomendado que no solamente se aparten de los grandes centros industriales y contaminantes, que son el Valle de México y algunas dos o tres de las capitales del interior; que vayan a todas las ciudades de provincia y a pequeñas poblaciones, en donde muchos cientos de miles de mexicanos los están esperando, sino que, además, reparen bien que en algunas zonas de México existen en abundancia recursos que proporcionan, sobre todo gas, esencial para muchas industrias.

Petróleos Mexicanos.

Existen ya las disponibilidades, las instalaciones eléctricas suficientes para que en esos sitios se instalen nuevas industrias.

Nuestra política es de diálogo abierto con los sindicatos obreros y con las organizaciones empresariales que, independientemente de las discusiones que tienen por la revisión de sus contratos de trabajo y por el mejoramiento continuo de los trabajadores, están colaborando con una gran conciencia nacionalista y patriótica para el crecimiento industrial que crea, además, más fuentes de trabajo.

La tres empresas integradas del complejo industrial Ciudad Sahagún continúan en plena expansión.

Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril intensifica sus estudios y planes para fabricar tractores agrícolas de bajos precios, locomotoras y unidades para el abastecimiento del Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal.

Diesel Nacional inició la ampliación de sus instalaciones para elevar su producción anual de automóviles y motores de 17 mil a 40 mil vehículos.

En días recientes, visité el comité de fábrica de esa empresa cuya creación significa en nuestro país la colaboración de técnicos y trabajadores para el análisis y el mejoramiento de los métodos de trabajo y dije a sus miembros que la industria estatal descentralizada pertenece al pueblo, que su propósito es la buena utilización de los recursos disponibles para orientar el desarrollo y asegurar la independencia económica.

Este comité de fábrica de una de las tres factorías de Ciudad Sahagún, representa un caso digno de atención, en realidad ejemplar, porque allí se reúnen, independientemente del comité directivo sindical, una representación de los distintos departamentos de la fábrica con una representación de los distintos técnicos que dirigen esos departamentos.

Forma parte del propio comité el director general del complejo industrial de Sahagún, y el tema básico del intercambio de ideas, que en la forma más abierta y franca se ha establecido, es acerca de mejorar las condiciones de trabajo y las normas de productividad de la propia fábrica.

Yo manifestaba a los concurrentes, que sin duda alguna el mejor empleo de cada máquina lo conoce el trabajador; la conocen los técnicos que, para fines de productividad, quieren mejorar todos los sistemas; que debemos entender que la productividad -y en esto hemos insistido continuamente con algunos empresarios conformados todavía a la antigua- ,que la productividad no es ver cómo se explota mejor al trabajador, sino cómo con los recursos disponibles, se obtiene una mayor productividad, aligerando la carga, haciendo más agradable la jornada de trabajo y más humana la relación en cada unidad de trabajo.

Y que así, en esa forma, todos ganarán.

Es interesante observar que no obstante el respeto que hay en todos los sectores de ese gran complejo industrial por el director general de la empresa descentralizada, en el comité de fábrica se llama al director "compañero director".

Esto es altamente estimulante.

El mismo entiende, y así lo estamos haciendo desde la Presidencia de la República, que es con la colaboración de todas las opiniones, dicha en forma respetuosa y abierta, como debemos encontrar, como ya estamos encontrando, caminos de superación en todas las actividades.

Fueron terminadas e inauguradas la ruta corta México - Tampico y la carretera Ciudad Alemán - Oaxaca.

Mediante la construcción de algunos tramos faltantes y de algunas obras complementarias, 30 mil kilómetros de caminos construidos por diversas dependencias federales, organismos gubernamentales y por particulares, para fines específicos, fueron puestos al servicio público en coordinación con el Gobierno Federal.

A la fecha, por tanto, las carreteras y caminos transitables en todo tiempo suman 120 mil kilómetros.

Se trabaja en el mejoramiento de 3,500 kilómetros de vías y en la renovación del equipo ferroviario, con una inversión total autorizada de 1, 894 millones de pesos.

La reforma portuaria se encuentra en plena realización.

La empresa de participación estatal mayoritaria, creada en Manzanillo para facilitar la ejecución de maniobras, logró aumentar en 75 por ciento el volumen de sus operaciones.

Con este precedente se creó en Guaymas una empresa similar en la que los socios minoritarios son los propios trabajadores.

Se inicio la construcción de los puertos "Lázaro Cárdenas", que habrá de satisfacer las necesidades de la Siderúrgica de igual nombre, y "Francisco I. Madero", concebida para dar salida a la producción agropecuaria del Estado de Chiapas.

En este caso de los puertos, tan relevante -porque todos sabemos cómo se frustra un aspecto del esfuerzo industrial mexicano, cuando quiere incrementar la exportación y al llegar la carga al muelle comienza automáticamente a encarecerse en una forma desproporcionada el precio que llegó al muelle, todavía competitivo, pero que ya en las bodegas del barco va a un precio mayor que el de la competencia internacional- , sabemos todos que este problema de los puertos, digo, debemos de atacarlo más a fondo, y que en algunos de ellos vamos teniendo un éxito sólido.

Cuando en nuestro país -y queremos que ello sea pronto- aprendamos en el Gobierno, aprendamos -en las escuelas, en los sindicatos, en las cooperativas, en las ligas de campesinos, en las oficinas públicas, en los círculos intelectuales, en los medios de difusión, en los bancos, en las empresas privadas- a supeditar todo interés individual al progreso colectivo, con un mejor afán patriótico, muchos problemas, como este de los puertos se resolverán más de prisa."

Los modernos medios de comunicación salvan los obstáculos de la geografía y pueden vincular simultáneamente a todos los mexicanos.

De la penetración que alcancen y del empleo que hagamos de ellos depende, en buena medida, el sentido de nuestra integración nacional.

La Compañía de Teléfonos de México es hoy una empresa estatal mayoritaria.

Con el paso que hemos dado culmina un proceso de mexicanización y se garantiza que las acciones no sean absorbidas por consorcios extranjeros.

Hace factible el cuantioso programa de inversiones requerido para extender la red telefónica a todas las regiones y sectores del país.

Confiere al Estado una mayor responsabilidad en la administración de un servicio público cuya orientación ha de ser eminentemente social.

En semanas recientes, se intensificó el debate en torno a la radio y la televisión.

Es manifiesta la preocupación por fortalecer los derechos de la sociedad mexicana sobre esos medios y garantizar el correcto cumplimiento de las funciones que tienen asignadas.

La conducta del Gobierno de la República en la materia se rige por la estricta observancia del orden jurídico.

El régimen de la radio y televisión es reflejo de nuestro sistema de economía mixta.

Al Estado corresponde velar por el cumplimiento de los objetivos que la Ley señala a las empresas concesionarias del espacio aéreo.

Estamos obligados a exigir que la imagen que llega a millones de niños y adultos, no deforme los valores de nuestra convivencia, y que los adelantos de tecnología no se utilicen para fomentar servidumbres intelectuales.

El Gobierno ha asumido, además el manejo directo de algunas estaciones de radio y canales de televisión y participa con los concesionarios privados en el aprovechamiento del tiempo de transmisión que la legislación le otorga, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de las transmisiones.

Los servicios de difusión deben ser más nacionales en su contenido, ofrecer mejores oportunidades de cultura una veraz información y sano entretenimiento.

Es corresponsabilidad de los concesionarios y del Gobierno darles la dignidad que nuestro pueblo merece.

No pretendemos lesionar ningún derecho, pero las medidas reglamentarias, ya en estudio, harán lo necesario para salvaguardar el interés superior del país.

Satisface al Ejecutivo a mi cargo comprobar cómo el diálogo y el análisis franco de la realidad ha promovido una conciencia sobre los nuevos objetivos del desarrollo que cada vez comparten, más activamente, todos los sectores.  

A la valoración conjunta de los problemas ha seguido la creación de los instrumentos necesarios para afrontarlos.

Los más diversos aspectos de la actividad nacional están siendo reencauzados por reformas legales y disposiciones administrativas, por mecanismos coordinadores de amplia participación, por instituciones públicas responsables de tareas prioritarias y por un conjunto de medidas que alientan decididamente la actividad de los particulares hacia el desarrollo regional, la distribución del ingreso y la generación de empleo.

Bastaría citar las nuevas Leyes de Aguas y de Fomento de la Pesca, las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y al Presupuesto de Egresos, los Decretos y organismos financieros que otorgan estímulos para la descentralización industrial, las disposiciones que amplían el crédito al sector agropecuario y a la pequeña y mediana industria, la creación de empresas nacionales para el aprovechamiento de los recursos básicos o la creación del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para advertir un esfuerzo solidario en el propósito de impulsar nuestro crecimiento hacia las metas permanentes de la Revolución.

Hemos establecido nuevas formas de entendimiento con los sectores representativos de la actividad económica.

Igual con los que crean la riqueza que con los que organizan la producción.

Nos interesa la opinión de todos cuantos contribuyen al engrandecimiento del país.

Lo mismo la de los empresarios que la de los campesinos, la de los obreros, los técnicos o los estudiantes.

Si buscáramos la confianza de unos cuantos en detrimento de la confianza de las mayorías, cancelaríamos nuestro proceso revolucionario.

Al Estado compete la responsabilidad de fijar el rumbo y el ritmo del desarrollo.

A los particulares desenvolver libremente su actividad, con responsabilidad social y nacional.

El porvenir de un país no puede dejarse en nuestros días al libre juego de las fuerzas, tampoco al dictado arbitrario del poder.

No existen fronteras artificiales entre la acción del Gobierno y la de los ciudadanos.

Lejos de dividir la capacidad productiva y el porvenir de México queremos que cada quien le entregue su mejor esfuerzo.

Pertenecemos todos a una misma sociedad.

La eficacia no depende del régimen de propiedad, sino de una organización adecuada.

En todos los sectores existen deficiencias por combatir y excelencias qué impulsar.

La ganancia injusta es tan reprobable como el abuso de autoridad.

De la deshonestidad son responsables cuantos obtienen provecho de ella, tanto el que la da, como el que la recibe.

Una nueva ética social y una exigencia de productividad han de presidir la conducta de todos.

La participación directa del Estado, tanto en la producción como en la distribución del ingreso garantiza el predominio del interés general.

Se requiere, por lo mismo, una mayor eficiencia en sus tareas.

La empresa pública no persigue lucro, pero tampoco es tolerable el desperdicio o la incompetencia.

Hemos iniciado un plan general de reorganización del sector público de la economía para eliminar las empresas que sean innecesarias, sanear las que no han cumplido debidamente su cometido, consolidar las que duplique funciones y crear aquellas que sean necesarias para alcanzar los objetivos que perseguimos.

Sometí al Honorable Congreso la iniciativa de Ley de Inspección de Adquisiciones que ha permitido el uso de mejores métodos para la programación y el control de las compras que realiza el Gobierno, cuyo monto ascendió el año pasado a 23 mil millones de pesos.

La aplicación de estas nuevas disposiciones permitió ahorros de consideración.

Se llevó a cabo una revisión selectiva de los pedidos, lo que hizo posible abatir el precio de las compras originalmente pactados y cancelar contratos innecesarios.

Esta Soberanía se sirvió también aprobar la reforma a los Artículos 26 y 28 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado a fin de facilitar la reorganización interna de las dependencias, la descentralización de sus funciones y la simplificación de los trámites.

La mejor de las políticas puede ser esterilizada por una mal administración.

Mientras más diversificada es una sociedad más orgánica ha de ser su autoridad.

Para ser eficaz, el Gobierno requiere coherencia ideológica y operativa.

La reforma administrativa, cuyos primeros pasos apenas estamos dando, no consiste sólo en modificar leyes y procedimientos, debe ante todo generar un cambio de mentalidad en los servidores públicos.

He procurado implantar como norma de Gobierno el trabajo en equipo.

Tomamos en cuenta los puntos de vista de los funcionarios, independientemente de su jerarquía.

La participación en las decisiones no justifica sin embargo el caprichoso cumplimiento de las tareas que a cada uno competen.

La administración no puede ser un foro para negociar intereses personales o de grupo.

Quienes la sirven deben ser solidarios con el programa adoptado por el pueblo.

La arbitrariedad se combate ahí donde se genera.

No basta dictar normas y establecer políticas generales.

Descender incluso al detalle para supervisar los actos encomendados a su autoridad es responsabilidad del funcionario en este momento de cambio.

La administración necesita que se actúe con justicia en cada caso concreto.

La honorabilidad en el ejercicio de un cargo público, como en cualquier otro, no es sólo abstención de conducta ilegal; es también responsabilidad y valentía.

Quienes no sean capaces de armonizar su interés personal con el de la comunidad, poco tienen que hacer en el México contemporáneo; nada en el gobierno.

A cada ciudadano corresponde un deber, pero el del funcionario es exigible por el pueblo, en cuyo nombre ejerce la autoridad.

Ninguna conveniencia circunstancial, ninguna consideración táctica o afectiva moverá el Ejecutivo Federal para conservar en sus puestos a quienes no se muestren dignos servidores del interés nacional.

La época actual reclama un nuevo tipo de funcionario que ha de contar también con mejores instrumentos de acción.

Hemos acelerado deliberadamente la sucesión de las generaciones en los puestos de mando porque es evidente que la Nación necesita ordenarse, desde ahora, de manera distinta.

Tiempos nuevos exigen mentalidades nuevas.

POLíTICA EXTERIOR

México no puede crecer en soledad.

Nada de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras nos

es ajeno y es imposible el aislamiento en una época de creciente interdependencia.

Numerosos asuntos que son objeto de debate y acuerdo entre los Estados, tienen repercusiones profundas en la vida nacional y en la de cada uno de los mexicanos.

Necesitamos multiplicar e intensificar nuestras relaciones con todos los países y no renunciar a ningún intercambio que favorezca nuestra evolución.

Hemos defendido siempre el derecho a forjar nuestro futuro.

La experiencia reiterada de injerencias extranjeras nos ha hecho intransigentes defensores de los principios de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos.

Nos induce también a pugnar porque se imprima contenido real y concreto a la igualdad jurídica de los Estados.

Tenemos como fundamento un pasado de rectitud y debe afirmarnos un presente de progreso democrático.

Durante años, hemos actuado al mismo tiempo con firmeza y con cautela.

En defensa de nuestros principios internacionales, hoy hemos añadido acciones más directas.

En los próximos lustros, México deberá asumir un papel más relevante en el orden internacional.

Es indispensable que la Nación esté más alerta de cuanto ocurre en el mundo y comparta responsabilidades con quien tiene el deber de conducir la política exterior de la República.

La postguerra vio nacer dos bloques de países antagónicos.

Su enfrentamiento produjo un inestable equilibrio de poder, fundado en el temor recíproco.

Una definición de cerradas zonas de influencia limitó las opciones internacionales de los Estados.

Se desmoronaron antiguos imperios, se aceleró el proceso de descolonización y fue frecuente el estallido de guerras localizadas.

Estos fenómenos configuraron el marco en que se forjó nuestra generación.

Hoy en día, se desintegran las alianzas y aparecen fuerzas renovadoras.

Sin embargo, las grandes potencias no han renunciado a sus aspiraciones hegemónicas.

Sobre la autodeterminación política, perduran formas manifiestas de supeditación.

Los pueblos antaño sojuzgados buscan nuevas fórmulas para consolidar su independencia y remontar el atraso económico.

Nuestra comunidad latinoamericana está en ebullición y urgida de cambios en sus estructuras internas.

Este es el escenario en el que nos toca actuar.

Nunca hemos pretendido constituirnos en líderes de nadie, excepto de nuestro propio destino.

Nos agrupamos activamente con el Tercer Mundo y, en especial, articulamos esfuerzos liberadores con América Latina.

Su lucha es también la nuestra y debemos coordinar acciones para romper las relaciones de dependencia y acceder al pleno desarrollo.

Aislados somos débiles, unidos a las mayorías se acrecienta nuestra viabilidad de progreso.

Este es el camino elegido para lograr nuestras metas.

Practicamos una política exterior independiente y lo seguiremos haciendo.

A todos los foros donde nos lleva el interés de la República, exponemos nuestras convicciones con igual franqueza.

Hemos expresado las tesis de México y escuchado con atención y respeto las de otros pueblos y gobiernos.

Hablamos con la energía que las circunstancias exigen, pero también con la serenidad que nos impone la madurez alcanzada por el país y el análisis cuidadoso de la realidad de nuestro tiempo.

Para facilitar el cumplimiento de los objetivos internacionales del país, hemos continuado renovando mecanismos e instrumentos diplomáticos.

Del primero de diciembre de 1970 a la fecha designamos veinticinco nuevos Embajadores, en su mayoría hombres y jóvenes, técnicos y universitarios.

Se mantuvo amplio el diálogo y el sistema de consulta iniciado el año anterior entre altos funcionarios gubernamentales y los Embajadores de México acreditados en alguna región del mundo.

Una primera reunión fue celebrada durante el mes de octubre, en la ciudad de Viena, en la que se examinaron nuestras relaciones con los países de Europa, áfrica y el Medio Oriente.

En el mes de febrero, tuvo lugar en Cozumel un segundo encuentro, esta vez encaminado al estudio de los vínculos con países situados en Norteamérica y en la zona del Caribe.

En los días próximos a mi Primer Informe de Gobierno cristalizaron una serie de cambios que habían venido gestándose durante los últimos años en las relaciones internacionales.

México tenía que definir su actitud y lo hizo sin titubeos.

En octubre comparecí ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para declarar nuestra solidaridad con los pueblos que han padecido el colonialismo político y luchan ahora por erradicar la injusta distribución del poder y de la riqueza que aún prevalecen en el mundo.

Advertí la necesidad de crear una genuina democracia internacional, caracterizada por el progreso compartido y por la participación efectiva de todos los pueblos en la dirección de los asuntos que los afectan y, por lo tanto, también les conciernen.

Manifesté que la universalidad a la que aspira la ONU conocería un avance decisivo con el ingreso de la República Popular China.

La soberanía y la integridad territorial de un Estado son jurídicamente indivisibles.

Votamos, en consecuencia, por el restablecimiento de los derechos que corresponden al Gobierno de esa nación y el reconocimiento de sus delegados como únicos representantes legítimos ante las Naciones Unidas.

En el mes de febrero, la República Popular China y México establecieron relaciones diplomáticas, sobre bases de amistad y respeto mutuo, comprometiéndose a acatar el principio de no intervención en asuntos internos de los Estados.

En el comunicado conjunto figura, de manera expresa, el apoyo del gobierno chino al propósito de la desnuclearización de América Latina.

Realicé en el mes de marzo una visita de Estado a Japón, invitado por el Emperador Hiro - Hito.

Con los gobernantes de este país, subrayamos la necesidad de que los Estados medianos y pequeños intervengan más activamente

en las decisiones que están determinando el futuro de la humanidad.

Fortalecimos la bases amistosas y políticas que permitirán ampliar nuestros intercambios y suscribimos acuerdos de cooperación en materia tecnológica, económica y cultural. Ambas partes coincidimos en señalar que estamos iniciando una nueva era en la historia de las relaciones entre Japón y México.

Nuestro destino se halla íntimamente asociado al de América Latina.

Aunque nuestros países tienen múltiples objetivos comunes, el grado de coordinación alcanzado está lejos de ser satisfactorio.

Ha llegado el tiempo de hacer a un lado diferencias ideológicas y unificar nuestra acción política y económica.

Hemos reiterado, en todas las circunstancias, nuestro apoyo al proceso de integración latinoamericana.

Centroamérica es el área del mundo más próximo a nosotros.

En el periodo que cubre este Informe, me reuní con el Doctor Ramón Ernesto Cruz, Presidente de Honduras y con el Ingeniero Demetrio B. Lakas, Presidente de la Junta de Gobierno de Panamá.

Reconocimos que la colaboración entre países con niveles semejantes de desarrollo exige un esfuerzo de imaginación y constancia.

Reiteré nuestros ofrecimientos de cooperación económica, tecnológica y cultural, a los que hemos comenzado a dar cumplimiento.

En abril visité la República de Chile, donde se desenvuelve un aspecto significativo de las luchas emancipadoras de América Latina.

Manifesté nuestra determinación de estrechar relaciones con aquellos pueblos que buscan soluciones democráticas y constitucionales para modificar sus estructuras internas.

Condenamos el Presidente Salvador Allende y yo toda forma de intromisión en los asuntos internos de nuestros pueblos, proveniente de Estados o de empresas extranjeras.

Fui a Chile, en suma, a refrendar la solidaridad de México con el empeño de los chilenos para proseguir, con total autonomía, el camino de liberación que han elegido.

Durante una breve escala técnica en la República del Perú, establecí fraternal diálogo con el Presidente Juan Velasco Alvarado.

Entre otros temas de interés común, abordamos el de los límites del mar territorial.

Consideramos en extremo valiosa la acción coordinada de América Latina para preservar los recursos del mar próximo a nuestras costas.

México ha sostenido su posición en el sentido de que sea establecida una zona de soberanía absoluta de 12 a 20 millas.

Como complemento, los recursos naturales dentro de una franja de 200 millas a partir de sus costas, serán explotados en exclusiva por los Estados ribereños, sin obstaculizar la navegación y el sobrevuelo de naves de otros países.

Es ésta la llamada Tesis del Mar Patrimonial, adoptada en la Conferencia de Países del caribe sobre Problemas del Mar.

Al suscribirla, no pretendemos debilitar ninguna de las justas aspiraciones de los países en desarrollo, sino hacerlas más viables y merecedoras de consenso.

En el mes de junio visité los Estados Unidos de Norteamérica, invitado por el Presidente Richard Nixon.

En todas nuestras pláticas e intervenciones públicas, me referí, sin ambigüedades a los problemas pendientes entre ambos países.

El ocultamiento de la realidad, en aras de un entendimiento convencional, sólo perjudicaría a México.

El asunto que más nos preocupa y lesiona es la salinidad del Río Colorado.

El Tratado de Límites y Aguas suscrito en 1944, estableció el derecho de México a recibir aguas de buena calidad.

Su contaminación voluntaria, por parte de los Estados Unidos, ha venido deteriorando extensos terrenos del Valle de Mexicali.

Durante mi gira electoral, en la Navidad de 1969, recorrí la región afectada para apreciar directamente los daños.

Ante la inminencia de mi viaje a los Estados Unidos, regresé en dos ocasiones a esa zona a fin de percatarme de la situación prevaleciente.

Ante el Presidente Nixon y el Congreso Norteamericano, expuse con franqueza nuestra posición.

Señalé que la capacidad del gobierno norteamericano para resolver complejos problemas con potencias antagónicas contrastaba con su escaso interés para arreglar problemas sencillos con países amigos.

Hemos resuelto el problema en buena parte.

El Presidente Nixon ordenó de inmediato medidas para reducir la salinidad y ha designado un representante que estudia el problema y formulará una propuesta.

Esta determinación, unida a nuestro rechazo de recibir las aguas fósiles de Wellton Mohawk, ha permitido que el Valle de Mexicali las obtenga de la misma calidad que las utilizadas por los agricultores norteamericanos.

En las visitas que al Valle de Mexicali hicimos poco antes del viaje a Washington, hablamos con multitud de ejidatarios, tanto en las zonas tradicionalmente irrigadas, como en aquellas otras en donde el agua al sur del Valle nunca ha llegado.

Comprobamos de modo directo, escuchando las explicaciones de los campesinos y de los técnicos, de que efectivamente en los últimos 10 años la salinidad excesiva de las aguas que nos venían entregando los Estados Unidos, con una interpretación errada del convenio celebrado en 1944, era una causa muy importante de la decadencia de los cultivos y de la pérdida completa de tierras en diversos ejidos, colonia y pequeñas propiedades.

Lo más interesante, en realidad, fue que entendiendo los campesinos de Mexicali -porque ahí hay compatriotas nuestros provenientes de todas las entidades federativas-, que estábamos haciendo un sincero esfuerzo para romper precedentes, que íbamos a encontrar en ellos solidaridad, por lo incierto de los resultados, por los riesgos que significaba contraer con ellos de modo expreso el compromiso de ir como abogado de ellos ante la presencia del Congreso de los Estados Unidos, me manifestaron que estaban dispuestos a reducir las áreas de cultivos, siempre que consiguiéramos una reducción inmediata de la salinidad en las gestiones que habíamos decidido hacer.

Nosotros infravaloramos frecuentemente a los técnicos mexicanos.

Tomamos muy en serio cuando se dice que la preparación o la cultura o la técnica se hallan fuera del Gobierno.

La Revolución ha creado en todas las dependencias del Gobierno, técnicos de primera calidad que son los que han impulsado -fuera de los funcionarios que entran y salen sexenalmente- ,que han propiciado el desarrollo del país.

A propósito de este asunto del Valle de Mexicali, yo rindo un homenaje a los técnicos en ingeniería hidráulica que allí, como en muchos sitios, están cerca de los campesinos, y que allí con los campesinos nos permitieron llegar a la conclusión de que una batalla bien dada en los Estados Unidos, no significaría -como no ha significado-, una reducción de las áreas de cultivo .

Y nos pidieron juntos, los agricultores y los técnicos, que rechazáramos de plano que se nos entregaran -como había venido ocurriendo durante los últimos 10 años- aguas fósiles no utilizables para la agricultura que, mezcladas con otras de regular calidad, venían a proporcionarnos agua en realidad mala.

Y me pidieron ambos sectores del trabajo, en Mexicali, que categóricamente manifestara que ya no recibiríamos las aguas de Welton Mohawk, sino solamente las aguas útiles para riego, y que aunque se nos contabilizara una parte todavía, a reserva de establecer el acuerdo jurídico por el que ahora luchamos, una parte de esas aguas de Welton Mohawk, ellos afrontarían con el Gobierno las consecuencias en el Valle.

Los técnicos nos llevaron a minuciosos estudios que nos han hecho, por fortuna, no hacer ningún sacrificio.

El señor Presidente Nixon cumplió en muy pocos días, antes de lo que esperábamos, con el compromiso que en lo personal contrajo con nosotros.

Y cuando después de haber visitado Nueva York, Chicago, San Antonio y los ángeles, fuimos a Mexicali a informar del resultado de la gestión, a los habitantes de Baja California, comprobamos que desde el día anterior se había reducido en una forma muy importante la salinidad del agua.

Posteriormente, después de unos días más, fue un representante nuestro para pedir y tomar las determinaciones físicas necesarias a efecto de que ya no entrara agua de esa aportación -de aguas fósiles del Welton Mohawk- , y así se realizó.

Quiere decir que unos 10 días después de haber regresado de los Estados Unidos, comenzaron en Mexicali los campesinos a recibir aguas semejantes a las que reciben los usurarios norteamericanos -los últimos que hay del otro lado de la línea fronteriza- , que fue lo que habíamos pedido, porque ellos también están sufriendo cierto incremento de la salinidad natural del río, y estamos conscientes de ello.

Y estamos recibiendo aguas semejantes a las que se recibieron hasta hace 10 años, antes de que se comenzaran a derramar las aguas de drenaje de Welton Mohawk.

Si los acuerdos son positivos, también son provisionales.

Mientras se alcance una resolución definitiva, que no podrá ser otra que la que corresponde a las justas reclamaciones de México, disponemos de los recursos acuíferos necesarios para que pueda seguir funcionando el Distrito de Riego del Valle de Mexicali.

Trataremos de evitar el quebranto de la cordialidad, pero mantendremos intactos nuestros derechos.

Establecí comunicación directa con diversos sectores del pueblo norteamericano y conversé con funcionarios públicos, empresarios, periodistas e intelectuales.

A todos ellos expuse la vía mexicana para el desarrollo.

Señalé que esperamos de los Estados Unidos el cumplimiento de los principios de cooperación económica internacional.

Cualquier medida que en respuesta a intereses locales y privados afecte a las industrias maquiladoras establecidas en México, o perjudique nuestras ventas a ese país, sería negativa para la economía de ambas naciones.

Inquieta a la conciencia nacional la emigración de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos.

Nos preocupa, sobre todo, el trato injusto y en ocasiones inhumano de que son objeto.

Los convenios que al respecto fueron suscritos en el pasado no proporcionaron una respuesta adecuada.

El gobierno norteamericano nos ha asegurado su buena disposición para atender este problema y hemos creado, por nuestra parte, una Comisión Intersecretarial que lo examina en todos sus aspectos.

Sin embargo, estamos convencidos que la solución de fondo se encuentra dentro de nuestras propias fronteras.

Impulsando nuestro desarrollo económico y social ampliaremos las perspectivas de trabajo satisfactoriamente remunerado.

Al exponer este punto de vista durante mi visita a los Estados Unidos.

Insistí en que queremos exportar productos y no problemas sociales.

Tuve especial inclinación por visitar aquellas regiones donde viven comunidades de origen mexicano.

La existencia de profundos vínculos étnicos y culturales nos impone con ellas responsabilidades ineludibles.

Sin transgredir las normas constitucionales de ambos países, estamos obligados a poner a su alcance recursos que coadyuven a la preservación de sus nexos con México.

La vigorosa afirmación que estas comunidades hacen de su identidad y raíces históricas, muestra la consistencia de los valores que la nación ha generado y constituye un genuino motivo de orgullo para nosotros.

Ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos declaren que México nunca ha concebido la unidad hemisférica como fórmula de servidumbre ni como instrumento al servicio de un Estado o grupo de Estados.

El panamericanismo, como colaboración entre iguales, no ha dejado de ser una aspiración.

En nuestro Continente se da una amplia gama de discrepancias surgida de un pluralismo, cada vez más variado.

La OEA no ha de ser más santuario de principios intemporales, sino un foro de libre discusión entre países soberanos.

Debemos aceptar como naturales las divergencias y empeñarnos sinceramente en armonizarlas.

Expresé que los países latinoamericanos, con todo realismo, debiéramos buscar soluciones para afrontar los agudos problemas que privan en nuestros países.

De la misma manera que hemos articulado voluntades en el plano económico, en el terreno político tenemos que actuar unitariamente ante el exterior.

Hice un llamado para erradicar los vestigios de la "guerra fría" que parecen perpetuarse en la región, poniendo término a una política continental que niega el derecho de los Estados a darse la estructura que mejor convenga a sus intereses.

Desarme, preservación del medio ambiente y desarrollo son aspectos diferentes de un mismo problema.

En la actualidad, una guerra implica a menudo destrucción despiadada de la naturaleza.

Por otra parte, los recursos que ahora se malgastan en inútiles armamentos, bien podrían canalizarse hacia propósitos específicos de desarrollo en las regiones periféricas.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, México sostuvo una invariable postura: en los países pobres, el mejoramiento de la ecología se funda, primordialmente, en los avances económicos.

Ninguna medida de carácter ambiental, preventiva o correctiva, debe entorpecer su desarrollo o su comercio exterior.

Con la convicción de que tan grave es hoy la amenaza de una guerra nuclear como el aumento de la desigualdad entre países ricos y pobres, acudimos a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.

Para nuestros pueblos, la década anterior, consagrada a la cooperación internacional para el desarrollo, fue de frustración.

Culminó de manera paradójica con una nueva política proteccionista y con desajustes financieros y comerciales que perjudicaron, en primer término a las naciones débiles que no eran responsables de la crisis.

Creí mi deber expresar que el deterioro creciente de las condiciones de vida en los países en desarrollo, constituye una involución que afecta a toda la humanidad.

Congruente con nuestra tradición jurídica y recordando que la Constitución Mexicana de 1917 fue la primera en el mundo en consagrar garantías económicas y sociales, propuse trasladar la cooperación económica del ámbito de la buena voluntad para acuñarla en el campo del derecho.

La vida de relación entre los países exige una Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, complementaria de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Debe crearse un derecho internacional que garantice a cada nación la libre disponibilidad de sus recursos naturales; asegure estabilidad y justicia en los precios de las materias primas; mejore las condiciones generales en que se ofrecen la nueva tecnología y el financiamiento del desarrollo; evite el empleo de instrumentos y presiones económicas para reducir la soberanía de los Estados; prohíba a las corporaciones transnacionales, expresamente, intervención de los asuntos internos de los países, y permita a cada pueblo adoptar la estructura económica que le convenga e imprimir a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.

La iniciativa de México obtuvo el respaldo entusiasta de los países en desarrollo y también el apoyo de otros altamente industrializados.

Aquellos que se abstuvieron de votar el proyecto, no rechazaron la legitimidad de nuestro planteamiento.

Se establecieron los mecanismos que deberá seguir la elaboración definitiva de la carta, cuyo proyecto final será presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su discusión y, en su caso, para su aprobación definitiva.

Un documento de validez universal como el que hemos sometido a la comunidad de naciones, pone a prueba la disposición de los países poderosos de practicar una auténtica solidaridad internacional.

Sabemos que no será fácil su proceso de adopción.

En todo caso, México tiene una tesis ante el mundo: la cooperación, regulada por normas jurídicas de observancia obligatoria, es el mejor instrumento para conquistar una paz estable y duradera.

La batalla de Juárez no ha terminado.

Es la de los hombres marginados y explotados, la de cuantos sufren miseria, injusticia y opresión.

Seguirá librándose mientras subsistan pretensiones imperialistas y naciones sojuzgadas.

Hacer perdurar su obra es decisión que compromete el presente y el futuro de la nacionalidad mexicana.

Ya redactado este Informe, recibí en Los Pinos, anteayer por la tarde, la visita de una numerosa delegación de tamaulipecos.

Venían de aquel rincón del noreste de México, ejidatarios, pequeños propietarios, pequeños industriales y técnicos.

Les dije que en este Informe yo iba a incluir una reseña, aunque fuera breve, del contenido de su visita, porque su actitud me parece ejemplar.

Hace unos cuantos meses sufrió aquella región de intensísimas lluvias, por las cuales las cosechas de trigo y de sorgo se perdieron hasta por cerca de 500 millones de pesos.

Se dieron cuenta que los agricultores norteamericanos, sus vecinos del otro lado, habían perdido mucho menos, ya que sus parcelas se habían desaguado rápidamente.

Recordamos que ellos me acompañaron allá, por el bajo río San Juan y el bajo río Bravo, cuando minuciosamente recorrimos los campos agrícolas; y cuando yo les hablaba de la necesidad de diversificar cultivos, me decían que no tenían suficiente agua y que solamente con ciertos cultivos, muchos de ellos propios de tierra temporal -cosa muy lamentable-, habían podido llevar adelante su economía.

Esa consideración, y las inundaciones de que fueron víctimas, nos hicieron llegar a concluir que es necesario complementar el distrito de riego, como pasa en otros del país, con obras de drenaje, con canales de riego y algunas otras obras secundarias.

Y vinieron unidos, y allí estaban el Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias, y sindicatos campesinos de la Confederación

Nacional Campesina; el presidente de la Federación de los Pequeños Propietarios del Estado, al frente de los grupos; y los directivos industriales y de los comerciantes de la región, acompañados del señor Gobernador del Estado, y los presidentes municipales de los Ayuntamientos fronterizos.

Vinieron a decirnos que estaban ellos dispuestos a pagar esa obra si el Gobierno Federal hacía el estudio técnico, y después, con un crédito adecuadamente establecido, podía realizarse la obra.

Yo les manifesté que iba a señalar en este Informe que en nuestro pensamiento no cabe el conformismo; que si ellos se han dado cuenta de que si con un temporal excesivo pierden lo que vale una parte de las obras y con dos quizás perderían lo que valen todas las obras, que son urgentes, nos vienen a mostrar lo que en todo el país debemos de hacer: darle el frente a los problemas, unirnos.

Entre ellos han venido discutiendo, entre ejidatarios y pequeños propietarios, dentro de la ley -discusiones en las que he participado-, problemas que sabemos que existen en todo el país y que estamos legalmente encauzando; porque así, unidos, podían resolver el problema, como esto ya ha comenzado a acaecer.

Estamos ya haciendo ese estudio.

Y dispensen ustedes esta inclusión para nuestros compatriotas agricultores del noreste del país, del asunto que les prometí incluir aquí, tan fuera del programa previamente establecido.

MENSAJE

Honorable Congreso de la Unión:

La política del gobierno es indivisible.

Sus diferentes manifestaciones forman parte de una misma línea ideológica y de un solo plan de acción.

Nuestra conducta interna y externa se inspira en idénticos principios y responde a una estrategia uniforme.

Somos celosos de nuestra soberanía y defendemos la autodeterminación de los pueblos.

Afirmamos nuestro pluralismo político y mantenemos relaciones cordiales con regímenes de distintas tendencias.

Sostenemos la igualdad de los ciudadanos ante la ley y rechazamos la hegemonía de unos estados sobre otros.

Hemos rescatado nuestros recursos básicos y consideramos que todos los pueblos tienen derecho a la posesión y usufructo de su propia riqueza.

No podríamos denunciar un sistema internacional oligárquico y favorecer, al mismo tiempo, la consolidación de nuevos señoríos en el país.

Luchamos, aquí y fuera de nuestro territorio, por la prosperidad y por la justa distribución del ingreso.

La política exterior nunca ha sido, en nuestras manos, un instrumento para distraer la atención pública de los problemas nacionales sino, antes bien, un medio para esclarecerlos y para denunciar los mecanismos inequitativos que prevalecen en la vida internacional.

Hemos emprendido una apertura hacia el exterior, por el incremento de nuestras exportaciones y por el estrechamiento de nuestras relaciones con el resto del mundo.

Actuamos sin ataduras ni temores.

Defendemos nuestros derechos con entereza y estamos unidos a los pueblos que, como nosotros, luchan por su desarrollo.

La mayor participación popular en las decisiones políticas sustenta la nueva organización de nuestros procesos económicos.

Ampliar la base de la democracia política es crear nuevas fuerzas que modelarán la democracia económica.

Renovar la administración pública es hacer más ágil la distribución del ingreso y facilitar la actividad de los particulares.

Descentralizar la industria es crear nuevos polos de desarrollo regional que contribuyen a resolver a la vez, problemas del campo y de la ciudad.

Redistribuir el ingreso es desarrollar el mercado interno, facilitar la exportación y fortalecer la independencia nacional.

El mundo se transforma aceleradamente.

Buscan los pueblos nuevas vías hacia la autonomía y el progreso.

El nuestro lo hace con ideología propia, seguro de su capacidad creadora y confiado en la unidad esencial de la Nación.

Dejarnos llevar por el conformismo o por la impaciencia sería arriesgar lo conquistado en décadas de trabajo perseverante.

México ha crecido tan de prisa que el ayer inmediato se convierte rápidamente en historia.

La magnitud de nuestros problemas y la novedad de las aspiraciones que se están gestando, nos obligan a actuar al margen de moldes tradicionales.

Hace apenas tres décadas, México era un país predominante agrícola con veinte millones de habitantes.

Hoy en cambio, cuanta con una economía diversificada cuyo producto se encuentra entre los quince más importantes del mundo.

Antes que termine esa década sería uno de los diez países más poblados del orbe.

México no puede detenerse a la mitad del camino.

No tiene derecho a la indecisión ni al conformismo.

El crecimiento demográfico puede ganar la partida al desarrollo de nuestra economía.

La falta de un esfuerzo intenso y sostenido podría condenar al país a la frustración y a la dependencia.

En su proceso de crecimiento nuestro país ha evitado los extremos, tan frecuentes, de la anarquía y la dictadura; pero necesitamos más energía y patriotismo para seguir nuestra ruta sin tropiezos graves.

Somos los primeros en reconocer la necesidad de transformar nuestro proceso económico; pero nadie tiene razones válidas para afirmar que los cambios no son posibles por la vía pacífica y dentro del orden constitucional.

México ha elegido la vía democrática hacia el desarrollo.

Sabe que la acumulación del poder en pequeños núcleos sociales o el predominio de intereses extranjeros distorsionan el sentido de nuestra evolución y pueden frenarla en cualquier momento.

La imitación de modelos culturales ajenos, la desordenan importación de capital y tecnología extranjera, la falta de coordinación entre los factores, destruyen la personalidad de un país y lo convierten en tributario de metrópolis externa.

Más complejos son hoy nuestros problemas pero también mayor nuestra capacidad para resolverlos.

Sabemos que el futuro de México depende de nosotros mismos, de la audacia y de la rapidez con que actuemos, de que cada uno de nosotros concurra, con su mejor esfuerzo, a la gran empresa colectiva.

El poder del pueblo se multiplica cuando tiene certidumbre en el rumbo elegido y confianza en su destino.

A pesar de los problemas que heredamos tanto del pasado remoto como de épocas recientes; a pesara de los obstáculos que levantan, a cada paso, tanto los partidarios del inmovilismo, como los de la anarquía, la actual administración ha renovado los fundamentos de nuestra convivencia democrática

El gobierno afirma que la paz de hoy y la de mañana dependen de su acción coherente en el mantenimiento de orden público, el fortalecimiento de la democracia y la realización de un programa auténticamente progresista.

Si la represión arbitraria resulta del abandono de los procedimientos legales y políticos, la demagogia y la agitación estéril son consecuencia de soslayar la verdadera naturaleza de los problemas.

No aceptamos que se confunda la delincuencia con la política.

La violación de la Ley ha de combatirse con los procedimientos previstos por nuestro sistema normativo.

Los conflictos políticos deben resolverse por medio del diálogo, la negociación y los actos legítimos de autoridad.

Los problemas más graves han de solucionarse por medio de las transformaciones que ya hemos iniciado.

He insistido en la necesidad de actuar con una nueva moral ciudadana, para que la Revolución Mexicana siga siendo creadora y eficaz.

El verdadero revolucionario transforma la realidad y se transforma con ella.

A cada etapa histórica debe corresponder una nueva conciencia, una nueva actitud y una nueva conducta.

La prosperidad o el sacrificio compartidos afianzan los vehículos comunitarios, el prolongado desequilibrio entre extremos de abundancia y pobreza abre paso al rencor y al conflicto.

Rechazamos un progreso reflejo, insuficiente para incorporar a todos los sectores sociales y estructuralmente diseñado para consolidar privilegios e inadmisibles sometimientos.

Luchamos para construir un orden económico que integre a todas las fuerzas productivas y distribuya equitativamente los frutos del trabajo.

Una economía hecha por todos y para todos.

La fidelidad a nuestro movimiento revolucionario consiste, hoy como ayer, en conquistar la justicia social por el camino de la democracia.

Nuestra ideología es el constitucionalismo nacional y popular.

Para llevar a buen término nuestra tarea, necesitamos intensificar el esfuerzo de todos los sectores sociales en un nuevo esquema de acción que propusimos al país desde hace casi tres años, al inicio de la última campaña electoral.

Hace tres décadas era urgente impulsar la capitalización del país; hoy es preciso poner el capital al servicio de la Nación entera.

Entonces había que consolidar un proceso de profundos cambios y superar las divergencias entre los revolucionarios; ahora es menester reavivar el espíritu de la Revolución.

Hoy son más amplias las clases medias, más grande el número de obreros y campesinos.

La unidad nacional consiste en articular las fuerzas sociales para desarrollar al país con autonomía, en someter los intereses estériles a la voluntad general, en dirimir dentro del derecho nuestras diferencias internas y presentar un frente unido ante los intereses extranjeros, cualquiera que sea su signo.

Cada gran movimiento de nuestra historia fue, en su hora, un renacer del nacionalismo, una alianza entre disímiles clases sociales y una lúcida toma de conciencia ante el desafío político, económico y tecnológico exterior.

Vigorizar el nacionalismo es redescubrir los valores del pueblo y encontrar en ellos la cohesión necesaria para acelerar el cambio social con libertad e independencia.

Hemos demostrado nuestra capacidad para transformar la sociedad sin alterar la paz pública.

Tenemos conciencia de lo que somos y de lo que podemos ser; tenemos prisa por organizara las fuerzas productivas y por dividir con equidad el fruto del esfuerzo nacional.

No trabajamos por triunfos deslumbrantes y efímeros, sino por fundar un orden duradero.

Hay pequeños grupos que se aferran al pasado, que se oponen a la necesaria substitución de unas generaciones por otras y que se agitan en defensa de anacronismos.

Pero la nostalgia y el resentimiento, nunca han podido invertir el curso de la historia.

Vivimos en una nueva realidad y ya no es posible la súbita creación de núcleos de poder o de fortunas como las que se formaron entre los vaivenes de una joven revolución o entre las contradicciones de un naciente proceso industrial.

No descansaremos hasta destruir la urdimbre de intereses que frenan el desarrollo de México.

No cederemos ante los grupos que constipan para evitar la renovación.

Abriremos paso a las generaciones que nos siguen y les entregaremos un país más libre, más próspero y más justo.

Es obligación del Estado dirigir el proceso político y el proceso económico de la nación entera.

Que los analistas y observadores colaboren críticamente en la construcción de una nueva sociedad; que los factores de la producción se complementen en el trabajo; que las oposiciones sociales se resuelvan por medio de la ley y de que todos y cada uno de nosotros contribuyamos al mejoramiento de la colectividad.

La Nación constituye una realidad indivisible.

Todos somos el país y el país somos todos.

Cada destino particular depende del destino colectivo.

Participamos de los mismos problemas, aspiraciones y objetivos.

En el conjunto de medidas que hemos adoptado y la suma de transformaciones que implantamos en aspectos esenciales del proceso productivo y distributivo aseguran la imposibilidad de regresar al pasado.

México adquiere nueva fisonomía y las fuerzas de la renovación se organizan para seguir adelante.

La simulación y el engaño comienzan a pertenecer a otra época.

Hemos elegido la verdad sobre el eufemismo y la mentira a medias.

El pueblo no admite sistemas de poder cerrado ni decisiones tramadas en la sombra.

Rechaza a los falsificadores de la democracia y a los publicistas de un ilusorio progreso.

Cada ciudadano y cada grupo deben aceptar públicamente sus ideas, necesidades y demandas.

El Gobierno predica con el ejemplo y no teme a la verdad ni a la crítica.

Garantiza la libertad de expresión y propicia su práctica.

Es facultad y deber de los ciudadanos hacer uso de ella a través de los medios de difusión, pero estos, insistiremos siempre, han de reflejar honradamente los logros de la República en el camino de su propia superación.

En un país que requiere cambios profundos sin alteración de rumbo; que aspira a preservar su estabilidad y al mismo tiempo, a combatir la injusticia; que busca una sucesión fecunda de generaciones y desea robustecer su independencia en todos los órdenes, la tarea de gobernar demanda trabajo sin desmayo y una constante acción creadora.

Las ideas que nos animan coinciden con nuestras palabras y con nuestros actos de Gobierno.

Trabajamos con la exposición reiterada de nuestras convicciones y con los hechos que las confirman.

Sabe el pueblo que consagramos a su servicio la integridad de nuestra energía y de nuestro tiempo.

Que luchamos siempre por mejorar sus condiciones de vida y por impulsar su desarrollo.

Por ello podemos acudir, nuevamente a su fe y a su entusiasmo para que lleve a buen término la tarea que hemos emprendido juntos.

Demandamos la colaboración de todas las fuerzas sociales para llevar a cabo las transformaciones que el país exige,

No podemos destruir de un golpe males seculares, ni ganar todas las batallas en un mismo día, pero estamos obligados a librarlas sin descanso.

La ruta de México señala arriba mientras el pueblo sigue adelante.

Contestación del Dip. Celso H. Delgado, Presidente del Congreso.

Ciudadano Presidente de la República:

Hemos escuchado con una gran atención la reseña que de una dura tarea, que de una fuerte brega y una lucha popular en otro año de ejercicio constitucional y revolucionario al frente del Gobierno del pueblo ha usted realizado.

Ciertamente, el país está urgido de cambios sustanciales; a tiempos nuevos, actitudes nuevas; a problemas nuevos, soluciones nuevas.

Un criterio generalizado entre los miembros del Congreso de la Unión, senadores y diputados han coincidido y así me lo han comentado, es la encomienda que tengo, en que esta ocasión es propicia para echar abajo una vieja práctica en el seno del Congreso de la Unión; una vieja práctica protocolaria y entrar de lleno a la llaneza de la contestación de su Informe de Gobierno.

Esta época, este clima es propicio para derrumbar esa vieja práctica.

La acción ejecutiva de la generación que usted representa comprometida históricamente, y la acción del pueblo en la Presidencia de la República en sendas y vigorosas jornadas han promovido y han creado un clima en el que lo único permanente es la actitud de cambio y el ascenso revolucionario.

Estos han creado y adecuado instancias para que los esquemas, las rutinas, las instituciones obsoletas sean derruidas; los senadores y diputados miembros del Congreso de la Unión, hemos sido testigos -y nos consta- del trabajo denodado que usted ha depositado a todas y cada una de sus tareas; lo hemos visto en sus giras, en las mesas de trabajo, en las asambleas, en la discusión pública: ¡se está trabajando!; somos testigos de su esfuerzo que en compañía de su esposa la señora Esther Zuno de Echeverría, mujer de fina emoción y de gran sensibilidad social; somos testigos de la sencillez con que se está trabajando y del denuedo que se deposita en las tareas al servicio del pueblo.

En chamarra, en guayabera, sin corbata, derruyendo el protocolo, hablando sin ambigüedades.

De eso, los miembros de este Congreso de la Unión somos testigos.

Por eso es que así nos enfrentamos ahora, más allá de las ambigüedades, con sencillez a la verdad, por cruda que ésta sea, que es lo que exige el pueblo.

Este Congreso, después de los períodos ordinarios de sesiones de dos periodos extraordinarios en donde se ha trabajado sin descanso, en donde se ha recibido, se ha discutido, se han cuestionado iniciativas que han llegado del Ejecutivo, y las propias que se han generado, ha entrado a una nueva etapa; ha templado otro carácter, ha templado otra visión; la experiencia recogida en el receso dinámico, de enfrentarse a los problemas, a la realidad, de escuchar al pueblo, de ir hasta donde están sus problemas, como lo hace el Ejecutivo: de viajar, no solo en el interior del país, sino al exterior del país, porque ciertamente México no es una isla.

Este Congreso considera que su informe ha sido un informe exhaustivo, veraz, objetivo, que no puede agotarse en la mera respuesta que el Presidente del Congreso dé al mismo; que merece - porque ésa es la intención, ése es el propósito, investigar, precisarse-, hay en la intención del Congreso ahondar en los propósitos del Informe que usted nos ha transmitido en forma unitaria, de tal manera que cumplido el requisito constitucional de que los Secretarios de Estado entreguen el informe de sus labores, invitarlos a que comparezcan, si usted así lo dispone y autoriza las solicitudes del Congreso, a que comparezcan a este Congreso de la Unión e informen de las tareas que llevaron a cabo en sus Secretarías.

Este Congreso tiene interés en escudriñar, en ahondar, en precisar las cifras, el monto y el adelanto del pueblo.

Necesitamos hacerlo, además, porque esta experiencia la hemos recogido de los pasados períodos de sesiones.

Las comparecencias que hemos tenido y que usted ha autorizado de los miembros de su equipo de trabajo, en donde se ha ahondado, se ha ilustrado a la asamblea de las motivaciones que dieron origen a sendas iniciativas de ley que reformaron la Constitución dos de ellas, y otras que crearon el instrumental legislativo para promover una política de cambios substanciales para el país, debe repetirse, porque el pueblo merece que conozca la verdad.

Así como el Informe ha sido rendido, no sólo a esta Representación nacional, sino que más allá de la tesis de la fisión jurídica de la Representación popular; a través de los medios masivos de comunicación; su Informe ha llegado al pueblo.

Su informe, ahora, lo está discutiendo el ciudadano en su casa.

Nosotros, los miembros de este Congreso, queremos discutirlo exhaustivamente.

En su oportunidad y con urgencia habremos de solicitar la comparecencia tanto del Secretario de Hacienda, porque tenemos interés en los asuntos de la hacienda pública, del Secretario de Agricultura, del Patrimonio Nacional, de Educación, de Relaciones Exteriores, pues tenemos interés en que nos acompañen dentro del Congreso.

La nueva moral ciudadana que ya se advierte en la República auspicia la confrontación dialéctica entre el funcionario público que está usted modelando, quien seguro de su capacidad y preparación consciente de que su actividad no coincide con la del negociante, convencido de que el servicio público, vocación y entrega plena, y un Congreso en el que sus integrantes son leales con los intereses del pueblo que representa y los intereses de los Estados que también representan, esta experiencia, fortalecerá al Congreso y al Ejecutivo, que es el coordinador de los poderes de la Federación; habremos de confrontar puntos de vista para encontrar la verdad y la profunda concepción del rumbo que ha trazado esta nueva generación al frente de la República.

El documento que hemos escuchado no es sólo la relación sucinta de actos de Gobierno; no es sólo la relación sistematizada de los hechos del Ejecutivo de la Unión; sino que es además y principalmente, al balance justo y crítico, en donde se planea, se advierte, se prevé, se piensa y se ejecuta un programa concreto de Gobierno que ha sido diseñado en la consulta pública desde la campaña presidencial.

Hay un profundo interés derivado de esta comparecencia, que en el cumplimiento de un deber constitucional que llevamos a cabo; así se ha sentido en la recepción que los senadores y diputados han hecho de su Informe, subrayar lo que en general hemos advertido de este testimonio histórico que usted ha rendido a la Representación nacional; una política que va al fondo, que busca el equilibrio de la riqueza y que observa los postulados constitucionales de 1916 y 1917; que nace y crece en las raíces que creó la Revolución Social de 1910.

Así la reforma Constitucional que permite prever a los trabajadores y ahora a merced de su anuncio, a los trabajadores del Estado y a los miembros de la Armada de una vivienda decorosa, sana y limpia es un motivo de orgullo y satisfacción nacional.

Destacan a nuestro juicio también, las Reformas a la Constitución que amplían la base democrática, que hacen coherente su acción ejecutiva y permiten la participación más amplia de los jóvenes en la dirección política del pueblo.

Los jóvenes son un timbre característico que usted ha impreso a su administración.

Los jóvenes están en todas partes; hicieron la Revolución en 1910; con usted en la Presidencia de la República la siguen haciendo en 1972.

El campo, que a todos preocupa, los campesinos, la mayoría nacional, al lado de la de la clase trabajadora, ha merecido la acción intensa para equilibrar su ingreso.

El impulso a la industria rural, a descentralizar la industria, a crear fuentes de trabajo en el campo, ampliar la red de comunicación y captar la mano de obra y a responder en el reparto de la tierra, y ahora el reparto del agua, el crédito y la técnica, compromete la acción de todos para seguir haciendo la Reforma Agraria de acuerdo con los postulados de la Constitución.

La Reforma Agraria la contemplamos en los actos verificados por esta generación que está al frente de la República como en la vértebra misma de un afán de equilibrio social y de superación de la clase campesina con la cual estamos comprometidos históricamente los mexicanos.

Hay una correlación, hay una profunda identificación entre la acción social, la acción política, la acción educativa en el ámbito interno como en la acción internacional.

La Presencia, el vigor, la actualidad del Benemérito de las Américas en este centenario de su fallecimiento adquiere especial significado en su actitud anticolonial de defensa de los intereses y el rumbo de los pueblos que usted ha manifestado tanto en el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas, donde México milita al lado de los pueblos explotados y sojuzgados, en donde se aborda y se plantea, además, la tesis que permite calificar todavía más la universalidad de la Organización de las Naciones Unidas, al aceptar ésta la proposición de usted de la admisión de la República Popular China cuya soberanía es indivisible.

De igual manera hemos sido testigos de la nueva era de relaciones internacionales que ha auspiciado su presencia en Japón, aumentando

los gastos comerciales con esta lejana nación de oriente, y destacan para nosotros, para las nuevas generaciones, para el pueblo que nos vigila, la presencia de usted en la nación chilena en donde ha iniciado un diálogo continental con Centroamérica y Sudamérica.

Unidos a América Latina, no sólo a observar el proceso de liberación, sino como usted lo ha reiterado, a refrendar la solidaridad nacional con el gobierno y el pueblo revolucionario de la hermana nación chilena.

Para los campesinos, para México entero, su viaje a los Estados Unidos significó un avance y una jornada que aún persiste en la confianza de quienes consideran a usted legítimo abogado de los intereses nacionales; como abogado legítimo del pueblo, usted compareció en los Estados Unidos; y como tal regresa ofreciendo y creando las condiciones específicas para la solución próxima del problema de la salinidad del Valle de Mexicali.

Ciudadano Presidente:

Será entonces el Congreso en pleno el que discuta, por interés de cada uno de sus miembros, senadores y diputados, las tareas que usted nos ha reseñado: de un año de lucha, de un año de trabajo; de fecundo esfuerzo, de cambios; de aliento a las instituciones de educación superior y respeto a la autonomía; de abandonar el conformismo, la pasividad, las rutinas arcaicas, de entregarse en esta nueva moral ciudadana, de entregarse honestamente al servicio público, sin otro compromiso que el de servir a los intereses generales del país.

No ha sido el nuestro un propósito de rendirle a usted un elogio ditirámbico; no está en la naturaleza de esta nueva época de los mexicanos.

Mis compañeros no lo aprobarían; usted sería el primero en rechazarlo; el pueblo lo condenaría.

Una exaltación vana de la persona distorsiona el camino de la democracia, sin embargo, la participación y la aportación de la cuota ciudadana al movimiento de redención nacional, que usted encabeza -y que está transformando al país-, enriquece el patrimonio moral de la nación.

Esta fecha, es el reencuentro del Mandatario con la fuente de origen de su mando; con el pueblo, este es un reencuentro y un refrendo de la orden popular a usted dada hace dos años.

Deseo transmitir, interpretando la voluntad de esta representación nacional, la solidaridad militante de los mexicanos, unidos en una unidad combativa y militante; caminando todos, participando todos; pensando todos; actuando todos porque tenemos que cambiar este país, ¡un Presidente lo está cambiando!

Los mexicanos estamos comprometidos históricamente a transformar esta sociedad, a hacerla como usted quiere; más justa, más equitativa, más democrática, más independiente más amplia, más solidaria y más unida a todos los pueblos de la tierra.

Fuentes:

http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/mexican/echev/index.html

http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/48/3er/Ord/19720901-I.html

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-09-06-14.pdf

 



Descargar Archivo (s): [ 1972.pdf ]