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Siglo XX > 1940-1949 > 1946

Discurso de Toma de Protesta como Presidente de Miguel Alemán Valdés.
1 de diciembre de 1946.

Discurso de Toma de Protesta como Presidente de Miguel Alemán Valdés, el 1 de diciembre de 1946.

Honorable Congreso de la Unión:

Al iniciarse este nuevo período de gobierno en el que asumo las responsabilidades del Poder Ejecutivo por voluntad del pueblo, debemos meditar sobre las circunstancias que rodean la vida del país, en relación a los otros pueblos del mundo.

Todas las naciones, aún las más poderosas, las de instituciones más arraigadas, sufren profundos sacudimientos en su estructura económica y política; así como en las condiciones sociales, morales y espirituales de sus pueblos.

No puede, por consiguiente, sustraerse nuestro país a las consecuencias que en el orden moral como en el material tienen que resolver todas las naciones.

De la Revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.

Las libertades de todos los mexicanos deben ser inviolables.

La esencia de nuestras instituciones públicas es la democracia y la democracia significa igualdad ciudadana, por eso sustentamos el principio de gobernar para todos, lo que impone a la autoridad el deber de velar por que los beneficios de la vida común alcancen a todos los habitantes de la República, en correspondencia al cumplimiento de sus deberes como buenos mexicanos o como leales residentes en nuestro país.

Durante la jira política que realizamos por toda la extensión de la República, poniéndonos en contacto directo con el pueblo, palpamos el deseo profundo, en forma de decisión, de todos los mexicanos para colaborar en la realización de la grandeza de la Patria.

Este propósito democrático de la Nación es la base sobre la que descansa la mexicanidad que proclamamos como guía para la ejecución de nuestro Programa Nacional.

Mexicanidad en la conciencia de que en nosotros mismos -en nuestro esfuerzo tesonero en el trabajo y en nuestras convicciones morales y espirituales- radica la solución de nuestros problemas.

No nos consideramos ni superiores ni inferiores a otros pueblos.

Afirmamos las características de nuestra propia personalidad, que tradicionalmente ha sido, además, franca, leal y amistosa para los otros países, sin distinción de razas, de credos o de organización jurídica o social.

Es nuestro propósito más decidido proseguir esas normas de la vida nacional dentro del cauce estricto de la ley, en todas las órbitas de su aplicación, como lo requiere un régimen institucional y democrático: municipio libre, soberanía de las entidades federativas, respecto a la independencia de los poderes, fortalecimiento de las garantías individuales -protección a la vida humana en primer término-; de las libertades políticas, y de pensamiento, de creencia y de prensa; con la conciencia de que así cumpliremos con la voluntad popular que ha puesto en nuestras manos el ejercicio del gobierno.

Podemos lograr una gran producción agrícola aplicando a la explotación de la tierra el esfuerzo de nuestro trabajo, los recursos de la técnica y el régimen legal que garantice por igual al ejido, a la pequeña propiedad y a la propiedad ganadera.

Protegeremos estas tres formas de propiedad rural, imponiendo por todos los medios legales la tranquilidad en el campo.

El Departamento Agrario aumentará su personal técnico para expeditar el trámite de las solicitudes de dotación y restitución de las tierras y aguas y de inafectabilidad de la propiedad rural garantizada por la ley.

El progreso integral de México exige resolver en forma inaplazable los problemas del medio campesino, persiguiéndose como objetivo la elevación económica y moral del elemento humano y el aumento del elemento humano y el aumento de la producción agrícola.

Nuestra población rural -que está formada por cerca de trece millones de personas- tienen un bajísimo nivel de vida.

Ello es consecuencia de una serie de factores pasados que en parte aún perduran.

Si el campesino poseedor de la tierra ha de mejorar esa situación para convertirse en un verdadero factor de desenvolvimiento económico de México, es preciso crear las condiciones objetivas necesarias.

El bienestar de la Nación requiere el aumento de la producción agrícola para lo que es fundamental el desarrollo de las de riego que restarán a la eventualidad de las sequías extensiones cultivables, cuya producción puede resolver definitivamente la urgencia nacional de muchos de los artículos de primera necesidad para el consumo del pueblo.

Por eso nuestro programa abarca el riego de un millón cuatrocientas mil hectáreas de nuevas tierras, con una inversión para las obras necesarias, de un mil quinientos millones de pesos, durante el período de seis años.

Las extensiones que en esa forma se ofrecerán al trabajo durante el año de 1947, alcanzarán hasta ciento sesenta mil hectáreas, comprendiendo también trabajos iniciados por la administración del señor presidente Ávila Camacho.

Mediante una política de colonización bien planeada y que desde luego iniciaremos, se abrirán nuevas tierras al cultivo en donde todos los mexicanos que lo deseen podrán contribuir con su esfuerzo, estimulado por el Estado, para aumentar producción fincando sobre la tierra misma la grandeza de la República.

En esta forma también se podrá resolver el problema de la sobrepoblación campesina de algunas regiones del país y aun habrá lugar para que los compatriotas nuestros que han salido fuera del país puedan regresar a su patria y encontrar en ella oportunidades para colaborar en la tarea nacional de su desarrollo económico.

La producción agrícola requiere el concurso de un crédito más vigoroso y en mejores condiciones, que proporcionen no sólo las instituciones oficiales, sino también el capital particular.

Las primeras serán reorganizadas de manera que el Banco Nacional de Crédito Agrícola pueda también extender sus operaciones al incremento de la producción ganadera; y tanto esta institución, como el Banco de Crédito Ejidal, se pondrán en contacto con los usuarios de los créditos mediante consejos regionales, que formularán los programas de trabajo de acuerdo con las necesidades de las regiones donde operen.

Por otra parte, se creará el Instituto de Investigaciones Agrícolas, dentro de cuya jurisdicción estarán los campos experimentales para la selección de mejores semillas, la aplicación de los fertilizantes adecuados y la práctica de los métodos más convenientes para los cultivos, según las condiciones de la tierra y todo lo relativo a la técnica moderna de la agricultura.

Debemos realizar la industrialización que nos hemos propuesto.

Durante el esfuerzo de la contienda armada pudimos crear nuevas industrias; ello demuestra nuestra capacidad directriz en el campo industrial y la aptitud y eficiencia de nuestros trabajadores, contando además para este fin, con los recursos naturales de nuestro territorio que nos brindan materias primas para su transformación.

El desarrollo industrial de la Nación requiere la concurrencia de otros factores, entre ellos algunos de carácter fundamental, como la intervención de los técnicos, de los cuales carecemos en número suficiente, por lo que debemos formarlos en el interior de nuestras fronteras o fuera de ellas; enviando a los nuestros a capacitarse a otros países y recurriendo a aquellos expertos del extranjero, cuyos conocimientos sean necesarios para nuestro desarrollo industrial y científico.

Las industrias nacionales gozarán de una prudente protección arancelaria para librarlas de una ruinosa competencia extranjera, sin fijar impuestos prohibitivos sobre productos de otros países -que nos aislarían comercialmente-, velando por el provecho general de la Nación y facilitando su cooperación internacional.

La industrialización necesita de crédito en mayor volumen y con interés razonable, para que las empresas no sean víctimas de la especulación inmoderada.

Con este fin la Nacional Financiera aumentará su capital propio y orientará su acción crediticia, haciéndola más eficaz para el impulso económico del país.

El programa que nos hemos trazado y que la Nación conoce se pondrá en marcha inmediatamente: caminos, sistemas de riego, obras portuarias -cuyos estudios ya están elaborados- comenzarán a realizarse.

El criterio que en este aspecto ha de guiar al gobierno estará basado en la conveniencia de la economía nacional.

El Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas ampliará su capacidad de otorgar créditos, para cumplir más adecuadamente con su función.

Sin transporte y sin combustible son imposibles el incremento de la producción agrícola y la industrialización.

La industria petrolera y los ferrocarriles son patrimonio de la Nación.

La eficiencia de esas empresas es, en consecuencia, de interés público.

Su manejo debe estar sujeto a un criterio más comercial que político.

Los trabajadores con su les cooperación harán que la reorganización -que en estos ramos debe llevarse a cabo- sea eficiente.

Al mismo tiempo que se mejoren las condiciones del obrero aumentará su responsabilidad. Los trabajadores gozan de la protección del Estado para que se les haga justicia.

Nuestra actitud en este sentido será invariable; pero mantendremos los intereses del país por encima de los intereses particulares o de grupo.

Las leyes establecen los medios para la solución de los problemas económicos y sociales.

Cuando cualquiera de las partes se desvíe de esos medios legítimos, las sanciones de la ley normalizarán la situación.

No deben realizarse paros ilícitos.

Toda justa reclamación cuenta con los caminos señalados por la ley, principalmente la huelga y los demás recursos sindicales que como derechos, son conquistas respetables de la clase obrera.

Por otra parte, las empresas deben comprender que la mano de obra bien remunerada y en mejores condiciones sociales y culturales es el mejor factor para el buen éxito de la producción y de las justas ganancias del capital.

La comprensión entre industrias y obreros es indispensable, porque la unidad y esfuerzo de los dos hacen la industria.

Trabajadores con salarios bajos no son aptos para el progreso industrial, porque no hay que olvidar que el sector obrero es al mismo tiempo factor de la producción y parte importante de la masa consumidora de lo producido; hay, pues, que capacitarlo para que desempeñe con aptitud su trabajo en las industrias y también remunerarlo adecuadamente para que sea un buen consumidor.

Los altos precios de las subsistencias han hecho difícil la vida del pueblo mexicano.

No debemos confundir las justas aspiraciones de la clase obrera con los extremismos.

El hecho de que los trabajadores reclamen dentro de la ley mejores salarios, no debe considerarse como una actitud de agitación.

Debemos prevenir cualquier depresión en los negocios y evitar la especulación ilícita.

La acción del Gobierno se encaminará a bajar los precios en beneficio de los consumidores y a evitar que disminuya la capacidad de consumo de la población.

Nuestra política económica estará encaminada a lograr la normalidad monetaria combatiendo la inflación y evitando caer en la deflación.

Conservaremos el tipo de cambio de nuestra moneda.

Sin dejar de obrar con la prudencia que las circunstancias impongan y la experiencia señale, haremos que se apliquen los créditos para empresas que se encuentren en situaciones aflictivas, a fin de aumentar la producción.

El aspecto fiscal se dirigirá a los siguientes objetivos:

a) Capacitar al Estado para que realice sus funciones con amplitud - sin recurrir a contribuciones excesivas, impuestos confiscatorios ni cargas inequitativas.

b) Controlar los gastos públicos y las inversiones oficiales para mantener un presupuesto equilibrado, realizando aquellas obras de más apremiante necesidad social y que permitan la recuperación de las inversiones.

c) Imprimir un sentido técnico a los sistemas impositivos y tomar entre otras medidas la de simplificar la intervención de inspectores, confiando en la buena fe de los contribuyentes y de las autoridades recaudadoras.

Los funcionarios designados -en las Secretarías de Estado, Departamentos Autónomos, en los organismos descentralizados y en las demás importantes dependencias del Ejecutivo- tienen bajo su cuidado la atención, trámite y resolución de los problemas encomendados a cada una de sus ramas y a ellos compete en primer término la responsabilidad del buen éxito en las soluciones que se dicten.

La moral es un patrimonio del pueblo tan importante como la riqueza material.

Queremos, por eso, insistir en los conceptos de responsabilidad ciudadana y moralización pública que serán normas fundamentales del gobierno.

Los funcionarios serán los primeros en el cumplimiento de estos propósitos.

Cada uno de ellos al aceptar su nombramiento ha contraído el compromiso de velar por la eficiencia y honestidad en la dependencia que se le ha encomendado.

Mis colaboradores deberán considerar que las obras públicas y demás contratos con la administración no son privanza de personas favorecidas sino de medios para realizar los propósitos gubernamentales y satisfacer las necesidades colectivas.

Los funcionarios nombrados seguramente contarán con el estímulo moral y político de la opinión nacional para realizar sus funciones con la eficacia de que son capaces y con el patriotismo con que han aceptado sus designaciones.

La crítica pública es una efectiva colaboración popular para el Gobierno cuando se inspira en un patriotismo constructivo sin degenerar en un medio indebido para intrigas o para la satisfacción de intereses ilícitos.

Nos proponemos -con la colaboración de la prensa, que es factor de democracia cuando está orientada hacia el bienestar general dentro de la libertad, y de todos los sectores económicos y sociales del país- en un término perentorio, abaratar las subsistencias y que el pueblo tenga a su alcance lo necesario para su alimentación, vestido y habitación.

Para ese fin exigirá el gobierno las responsabilidades a los causantes de la especulación indebida y del mercado negro, y se llevará a cabo una revisión en el funcionamiento de aquellas actividades o instituciones señaladas como monopolios, para que sujeten su acción dentro del cauce de la ley.

El engrandecimiento de la patria, el bienestar del pueblo y la respetabilidad de la República deben estar por encima de cualesquiera otros intereses y prevalecer contra el egoísmo de los malos mexicanos que no comprenden que la dignidad de la vida humana se opone al enriquecimiento a costa del hambre del pueblo.

Las utilidades excesivas, por su falta de equidad, se ponen al margen de la ley, crean en el ánimo de quienes con ellas se benefician indebidamente un egoísmo que impide ver con serenidad el proceso de la economía, del comercio o de la industria, y correlativamente, animan en la clase consumidora sentimientos de odio e impulsos de violencia que, de realizarse, también serían ilícitos.

Corresponderá al Gobierno tomar las medidas necesarias para prevenir o normalizar aquellos casos que presenten las características que acabamos de señalar.

No hay que esperarlo todo del Gobierno.

Haremos lo que nos corresponde realizar con toda responsabilidad, con fe y patriotismo; pero para obtener un buen éxito, requerimos la leal cooperación del pueblo, porque sin ella no podrá realizarse el programa nacional que se ha trazado la administración.

Nuestro desarrollo económico debe ajustarse a la norma de que la prosperidad que se logre la compartan equitativamente todas las clases sociales.

Nuestro Ejército Nacional alcanza en la actualidad un alto grado de organización, gracias al esfuerzo que en su favor han hecho los regímenes anteriores y continuarán con honor su tradición de ser guardián de la paz institucional de la República, de la inviolabilidad de nuestro territorio y de la soberanía de la Patria.

Consideramos que las condiciones económicas de los miembros del Ejército y de la Armada en todas sus categorías, requieren una atención especial de parte del Gobierno; por eso, en los próximos presupuestos, se verán mejorados en forma efectiva los emolumentos de todo el personal militar, así como de la Institución Armada como tal, a efecto de que esté capacitada, en los aspectos material y técnico, para cumplir debidamente y con decoro la alta misión que le corresponde.

Por otra parte, los viejos soldados y la juventud, obtendrán juntos beneficios mediante una revisión adecuada de las leyes de Ascensos, Recompensas. Pensiones y Retiros.

Entre estos propósitos se encuentran también la creación del Banco del Ejército y la elevación en la cuantía de las indemnizaciones del seguro de vida militar.

Llevaremos a cabo una reorganización de la Administración Pública Federal con el propósito de satisfacer con más eficiencia las necesidades del país.

Entre las medidas más importantes que tomaremos al respecto será la creación de dos nuevas Secretarías de Estado: la de Recursos Hidráulicos y la de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa.

Las denominaciones de estas dependencias expresan en síntesis las funciones que les corresponderán.

Los empleados públicos no serán afectados por al reorganización propuesta.

Será nuestra preocupación su capacitación administrativa y cultural.

Aquellos cuyos salarios se han mantenido con un nivel bajo, recibirán una efectiva mejoría en sus retribuciones que les permitirá una existencia menos angustiosa.

Haremos que la Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro establezca sucursales para que los empleados federales, que radiquen fuera de la capital de la República, puedan también disfrutar de sus beneficios.

Seguro de que interpreto el sentir de la Nación, quiero dirigirme al señor general don Manuel Avila Camacho, Presidente saliente:

Las virtudes privadas y públicas de usted lo hicieron un mandatario ejemplar.

La historia hablará del impulso que dio a las obras del Estado; reconocerá el gran patriotismo con que condujo a la República en el período de la guerra y dirá que la Unidad

Nacional proclamada por usted, fue para el pueblo mexicano una revelación de las esencias morales de su patriotismo, de las que fue, durante su gestión el más firme sostén.

La gratitud de la Nación para usted es sincera, grande y merecida.

Honorable Congreso:

Para cumplir con los propósitos que he dejado establecidos, someteré a la consideración de Vuestra Soberanía, con carácter de urgente, una serie de iniciativas de ley, relativas -entre otras materias- a las siguientes:

a) Reformas al Artículo 27 constitucional de la República.

b) Iniciativa de Ley de Riegos.

c) Reformas a la Ley de Crédito Agrícola.

d) Iniciativa de Ley que crea la Comisión Nacional de Colonización.

e) Reformas a la Ley del Banco de Fomento Cooperativo.

f) Iniciativa de Ley que crea el Banco Nacional del Ejército y la Armada, Sociedad Anónima de Capital Variable.

g) Adición al Artículo 115 de la Constitución Política Federal, para que la mujer pueda en las elecciones municipales votar y ser votada en igualdad de condiciones que los varones.

h) Reformas también a la Ley Orgánica del Gobierno del Distrito Federal, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Orgánica de Presupuesto de Egresos, a la Ley del Servicio de Inspección Fiscal y a la Ley de Hacienda del Gobierno del Distrito Federal.

i) Iniciativa de Ley de Secretarías y Departamentos de Estado.

Cada uno de estos proyectos va acompañado de las consideraciones que lo fundamentan.

El despertar del espíritu cívico de que ha dado muestra nuestro pueblo, obliga a gobernados y a gobernantes a continuar haciendo honor a los altos principios que en común profesamos; aquellos que son la esencia de nuestra nacionalidad y que la Constitución que nos rige consagra jurídicamente en sus preceptos; ellos constituyen el camino firme e inequívoco para lograr las metas que nos proponemos y que, para terminar, resumimos así:

El enriquecimiento del país, la lucha contra la pobreza y la abolición de la miseria; el impulso de la salubridad nacional, la elevación del saber y la cultura en todos sus grados; el mantenimiento de las reformas sociales a favor de la clase laborante, las garantías al esfuerzo de toda empresa progresista, el fortalecimiento de las libertades humanas y los derechos de los políticos y una administración de justicia expedita y honrada.

La conducta internacional de nuestro país es pacifista, cordial para todos los pueblos del mundo, y tan respetuosa para el derecho de los demás, como celosa del derecho propio.

Sustentamos la convicción de que para resolver los problemas de nuestro porvenir inmediato, debemos pugnar por la unidad continental como aspiración de naciones democráticas y libres.

La doctrina del Buen Vecino coincidió con los sentimientos de nuestro pueblo y convertida en norma de política permanente satisface nuestros ideales de comprensión internacional.

En medio de la confusión universal de esta hora, el Nuevo Mundo debe ser el guardián de las libertades humanas.

No podemos ser indiferentes a las inquietudes que ahora embargan a la humanidad, y que son frutos de errores pasados.

Los pueblos de la tierra no se liberarán de esas inquietudes si no determinan con lealtad concentrar una paz basada en la justicia; un entendimiento internacional no sólo duradero si no permanente, en el que prevalezca el derecho sobre la fuerza y en que el egoísmo de las naciones grandes o pequeñas, esté frenado por los principios de equidad en el tratamiento de las naciones entre sí; y más aún, de cooperación -económica y cultural- de unas con otras para el advenimiento de una humanidad mejor.

Fuentes:

1. Los presidentes de México ante la Nación : informes, manifiestos y documentos de 1821 a 1966. Editado por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. 5 tomos. México, Cámara de Diputados, 1966. Tomo 4. Informes y respuestas desde el 30 de noviembre de 1934 hasta el 1 de septiembre de 1966.
 
Los cinco tomos fueron digitalizados por la Universidad de Texas:
http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/mexican/history/index.html

2. http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/40/1er/Ord/19461201.html




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