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Discurso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, al iniciar el Congreso sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1939.
1 de septiembre de 1939.

Discurso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, al iniciar el Congreso sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1939.

Honorable Congreso de la Unión:

Vengo a rendir ante Vuestra Soberanía el informe que contiene en extracto las labores desarrolladas por las diversas Dependencias del Ejecutivo durante el quinto año del actual Gobierno y a exponer a la vez, los asuntos principales que en el mismo período se presentaron a su consideración.

El Gobierno que presido ha seguido invariablemente los lineamientos precisos que en materia económica fueron trazados desde el principio de su administración, sin detenerlo en su camino los obstáculos que ha tenido que salvar para mantener su empeño en dejar sentados los fundamentos de la emancipación económica del pueblo y los de una nación libre de influencias extrañas que pudieran restringir el ejercicio de su soberanía.

En representación de los intereses superiores del pueblo, del Gobierno ostenta como esencial contenido de su programa, un propósito inequívoco de mejoramiento económico y social de las masas.

Su marcha se ha ajustado fielmente a los principios señalados por la Revolución y su máximo esfuerzo ha sido dedicado a completar la distribución de las tierras, y a promover y facilitar la organización de los trabajadores del campo y de la ciudad a fin de que, mejor capacitados para la defensa de sus derechos, estén en condiciones de elevar su nivel de vida.

Persiguiendo dichos objetivos, el actual Gobierno ha tenido que los recursos del país no deben constituir reservas especiales en provecho de intereses personales, nacionales o extranjeros, sino ser explotados en beneficio de la colectividad.

La lucha por alcanzar tales fines ha ocasionado desajustes que tenemos que considerar como pasajeros, ya que al lograr una mejor distribución de las riquezas se tendrá un rendimiento más fecundo de la producción.

Mi Gobierno, al iniciar su administración, se encontró dentro de los términos contradictorios de un dilema ineludible, constituyendo uno de sus extremos la subordinación de todo programa de mejoramiento social a la conservación de las riqueza organizada, solución preferida por las clases conservadoras que cerrando los ojos a la miseria y a las necesidades del pueblo han perseguido un interés lucrativo individualista.

El otro extremo, exigiendo el cumplimiento del programa impuesto por la Revolución, consiste en dirigir la economía del país en el sentido de los intereses del mayor número de sus habitantes, reconociendo que para lograrlo, se hacía necesario recurrir al auxilio de la técnica profesional y a la organización solidaria de los trabajadores, a fin de aprovechar debidamente nuestras riquezas intensificándolas en ventaja del país entero.

El Gobierno se decidió por este último extremo del dilema.

El Gobierno de la Revolución no desconoce la importancia de la ayuda que puede presentarle la inversión privada, la cual tiene legítimo campo de acción para fortalecer la economía nacional, y juzga que su actuación no es incompatible con la del Gobierno si se adapta a las exigencias de su programa de cuyos beneficios resultados a la postre disfrutará también.

Si una parte de las fuerzas productivas del país se retrae y no participa u opone resistencia a esta grande empresa nacional; si para algunos elementos no existe otra mira ni propósito que obtener de sus inversiones al máximo de utilidades para beneficio propio exclusivamente, no sería concebible que la Revolución nacida de una protesta del país entero en contra de un sistema económico estrictamente individualista y utilitario, y habiendo mantenido este espíritu durante veintiocho años, detuviera su marcha ante la consideración de que sus actos pudieran promover momentáneos trastornos, contribución insignificante cuando se trata de alcanzar una organización económica que, descansando sobre bases humanas y de justicia, provoque permanente bienestar y un robustecimiento sano y fecundo de la explotación de los recursos del país.

Fomentar la riqueza para aumentar las utilidades de los inversionistas, emplear los fondos y la autoridad pública en rodear de todo género de facilidades y garantías a los privilegiados para que éstos retiraran un mayor lucro sin otro fin que disfrutarlo que en beneficio propio, dictar leyes protectoras de este política grata a los que ven en la riqueza un objetivo final sin preocuparse de quienes la disfruten, constituyó el ideal político de los gobernantes del país durante un largo período de nuestra historia y fue la causa del desencadenamiento en su contra, de las incontrastables energías populares y del triunfo de la Revolución.

Nadie, justificadamente, podría criticar a un Gobierno que procura satisfacer los anhelos de la gran mayoría de la Nación, y podría exigirle que, perdiéndose en interpretaciones formalistas, privara al país en el momento oportuno, del empleo de los recursos necesarios para impulsar su rendimiento, creando o manteniendo los elementos que permitan subsistir a una parte considerable de su población.

Mi Gobierno cree haber desarrollado una labor serenamente constructiva dentro de un concepto legítimo de sus funciones.

Ha puesto toda su fe en mejorar la situación de nuestro pueblo, cuyas justas demandas he podido aquilatar directa y personalmente, recorriendo para ello el territorio de la República en su vasta extensión.

Interpretando los principios mencionados, el Gobierno que presido, no sólo tiene el derecho, sino la obligación y responsabilidad de velar durante su período constitucional por su cumplimiento, adaptando la economía del país a las necesidades de orden social, esperando, para lograrlo, la colaboración patriótica de la Nación entera.

Consecuentemente con los ideales de paz y de justicia nacional e internacional que han sido la norma del Gobierno y del pueblo mexicano, ante la gravedad de los acontecimientos que han estado a punto de desencadenar la guerra entre potencias europeas, la Administración que tengo el honor de presidir ha comunicado y hecho pública su simpatía y su sincera adhesión a las declaraciones formuladas por S. M. el Rey de Bélgica, invitado al Grupo de Oslo, que integran la propia Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Luxemburgo,

Noruega y Suecia, para tratar con los países en conflicto, acerca de una solución pacífica por medio de convenios internacionales y de negociaciones amistosas donde se discutan sus discrepancias, a fin de alejar toda posibilidad de lucha que causaría enormes daños, no solamente a los países beligerantes, sino a la humanidad entera.

Economía Nacional.

Al rendir ante Vuestra Soberanía el informe sobre la gestión del Poder Ejecutivo, el 1 de septiembre de 1938, me referí especialmente a la situación económica del país, señalando los desajustes sufridos en la economía nacional con motivo del retiro de los depósitos bancarios y la fuga de capitales que promovieron, por una parte, los intereses afectados por la expropiación de los bienes petroleros y, por la otra, el público depositante que tuvo temores acerca de la estabilidad del cambio.

El Gobierno Federal previó que el Decreto de 18 de marzo, sería el punto culminante de la alarma del público, y confió en que el restablecimiento de la calma vendrá al comprobarse la resistencia del país, y al sentirse el efecto de las medidas hacendarias que se dictaron en su oportunidad, para hacer frente a la situación.

Política bancaria.

Desde el mes de septiembre de 1938 se inició el mejoramiento de la situación bancaria del país, pues el Banco de México comenzó a recuperar progresivamente el oro y las divisas extranjeras que antes le fueron extraídos.

Para hacer posible que nuestro Banco Central reanudara sus actividades en el mercado de cambios, como lo hizo el 2 de febrero del corriente año al fijar el nuevo tipo de $ 4.99 por dólar, el Ejecutivo Federal envió al Congreso proyectos de reforma a la legislación bancaria.

Las Cámaras de la Unión, por Decreto de 28 de diciembre de 1938, establecieron las siguientes reformas:

a) Se canceló la autorización que tenía el Banco de México para emitir certificados monetarios, garantizados con moneda de plata, pues dichos signos resultaban innecesarios en virtud del aumento registrado en la circulación de monedas de dicho metal.

b) Se facultó al Banco de México a descontar al Gobierno Federal certificados de Tesorería garantizados específicamente por impuestos federales no comprometidos, títulos que deben vencer precisamente dentro de cada ejercicio fiscal, y han de ser recibidos en pago impuestos federales, a su vencimiento.

Con esta medida se permitió al Gobierno Federal la correlación de sus gastos diarios con la periodicidad de sus ingresos normales, haciendo innecesaria de esta suerte, la concesión al Gobierno por parte del Banco Central, de créditos destinados al mismo fin, y limitando los anticipos estrictamente a la capacidad de pago que el Gobierno tiene, de acuerdo con su presupuesto de ingresos.

En ejercicio de esta facultad, la Tesorería ha emitido, durante el primer semestre del presente año, certificados por valor de seis millones de pesos, que fueron descontados en el Banco de México y que se liquidaron a su vencimiento el 31 de julio próximo pasado; y ha vuelto a emitir y descontar certificados por valor de doce millones de pesos, que serán cubiertos precisamente antes de vencerse el presente ejercicio fiscal, pues los ingresos del Erario, durante el segundo semestre, permitirán ampliamente su pago oportuno.

c) Se facultó al Banco de México a revalorizar su reserva metálica, lo cual se imponía debido al nuevo valor, cifrado en moneda nacional, de las reservas metálicas de dicha institución.

Ese producto se aplicó íntegramente a disminuir el pasivo que el Gobierno Federal había contraído con anterioridad con el Banco de México.

Como consecuencia del nuevo tipo fijado, las reservas del Banco aumentaron considerablemente hasta el mes de junio del presente año, aumento que ascendió aproximadamente a la cantidad de diez millones de dólares.

d) Se modificó la Ley del Banco de México con el fin de permitirle abrir nuevos créditos a los Bancos Asociados que tuvieran por objeto exclusivo impulsar la industria, el comercio y la agricultura.

Como consecuencia del más alto precio de las divisas extranjeras a partir de marzo de año pasado, nuestros exportadores vieron aumentadas, desproporcionadamente y por causas ajenas a su esfuerzo, las utilidades de sus operaciones.

Eran pues indispensables hacer que la colectividad participara de estos inesperados beneficios.

Para lograr este propósito el Honorable Congreso aprobó la creación de un impuesto general a la exportación que, además de facilitar la tarea estabilizadora del Banco Central, vino a hacer posible la concesión de subsidios para poner al alcance de los consumidores, los artículos de primera necesidad que han debido importarse de una manera accidental.

Con motivo también de las fluctuaciones de los cambios, a partir de marzo de 1938 y hasta febrero del presente año, las instituciones de crédito obtuvieron importantes utilidades.

El Ejecutivo, siguiendo la misma tendencia antes expresada, sometió a vuestra aprobación una Ley para gravar las utilidades excesivas, derivando de esa manera hacia el Erario Nacional la parte que, de esos beneficios, corresponde en justicia a la colectividad.

El resultado de las medidas enumeradas anteriormente no se hizo esperar. Pronto se comenzaron a notar las señales de recuperación en casi todos los sectores de la economía nacional.

Por lo que hace a las actividades de los Bancos privados, de agosto de 1938 a la fecha, se establecieron seis nuevos instituciones de crédito.

Los capitales exhibidos del conjunto de instituciones privadas, aumentaron en cinco millones de pesos.

El volumen de las operaciones con el público, se incrementó durante el mismo período, en ciento once millones de pesos, lo cual revela de la actividad bancaria había vuelto a la normalidad.

Los depósitos a la vista, que se redujeron considerablemente por causas bien conocidas, aumentaron, hasta la primera semana del mes de agosto del corriente año, en sesenta y cuatro millones de pesos, mientras que el total de las obligaciones del sistema bancario creció, durante el mismo período, en noventa y dos millones de pesos.

En el sistema de instituciones nacionales de crédito, también se registraron hechos importantes.

El Banco de México aumentó sus operaciones con las instituciones asociadas en cuatro millones de pesos aproximadamente, de agosto del año pasado a agosto del presente año, notándose asimismo un incremento considerable en todas las demás actividades de la Institución Central.

El capital de las otras instituciones nacionales registró un aumento de cerca de veinticinco millones de pesos, con cuya suma fue posible refaccionar, en forma más amplia, a las sociedades de crédito ejidal, a las cooperativas de obreros, a las uniones de crédito popular y a las sociedades locales de pequeños agricultores.

Política hacendaria.

De los impuesto recaudados por el Gobierno Federal en divisas extranjeras, como consecuencia de operaciones de venta de petróleo, se han invertido fuera del presupuesto en vista de la urgente necesidad de utilizar dichas divisas, la cantidad de treinta y dos millones de pesos aproximadamente, a través de los organismos que en seguida se indican:

Comisión Nacional de Irrigación $ 19.217,042.22

Comisión Federal de Electricidad $ 7.638,347.08

Secretaría de Comunicaciones $ 2.188,255.75

Agricultura y Fomento $ 345,715.20

Banco Nacional de Crédito Agrícola $ 394,829.57

Banco Hipotecario $ 2.242,872.22

Suma $ 32.027,062.04

Todas estas inversiones han tenido como objeto proveer a las distintas ramas de la Administración, de la maquinaria, plantas industriales y demás equipo de trabajo que les son indispensables para incrementar la producción y mejorar los servicios públicos, cumpliendo así el programa de mejoramiento general que se ha trazado la Administración.

Con esta misma finalidad, el Gobierno Federal ha invertido más de treinta y dos millones de pesos en la construcción de caminos nacionales, de los cuales siete millones ochocientos mil pesos corresponden a la cooperación que, en efectivo, ha aportado el mismo Gobierno, como ayuda a la construcción de caminos que han realizado los Gobiernos de los Estados.

De esta manera, el Ejecutivo Federal ha dado impulso a las nuevas vías de comunicación, ensanchando cada vez más los mercados para los productos regionales, y abriendo nuevas zonas para la producción.

Para el Ejercicio Fiscal del 1938, la estimación de ingresos fue de cuatrocientos treinta millones de pesos, y la recaudación ascendió a cerca de cuatrocientos treinta y cinco.

Para el presente ejercicio se esperaba recaudar de los meses de enero a agosto inclusive, la cantidad aproximada de trescientos millones, pero la recaudación hasta el día de ayer ascendió a la suma aproximada de trescientos treinta y siete millones.

El conocimiento de estas favorables condiciones de el Erario, perceptibles desde los primeros meses del año, así como la necesidad de activar el programa de la Administración, movieron al Ejecutivo Federal para pedir a este Honorable Congreso ampliaciones al Presupuesto, durante el período extraordinario de sesiones.

El Honorable Congreso estableció, diciembre próximo pasado, un impuesto de diez por ciento sobre el consumo de energía eléctrica, fundándose en la necesidad de fomentar la electrificación del país.

La recaudación de este impuesto superó a la estimación que se hizo.

Otro tanto puede decirse del impuesto sobre azúcar, que entró en vigor en septiembre del año pasado.

Las previsiones del Gobierno Federal en materia de egresos presentadas ante Vuestra Soberanía en septiembre de 1938, se han realizado con exactitud.

La autorización presupuestal correspondiente al período del primero de septiembre de 1938 al 31 de agosto de 1939, fue de cuatrocientos ochenta y ocho millones de pesos.

Con esta cantidad se sufragaron los gastos ordinarios de la Administración, y además, e independientemente de las erogaciones realizadas con el producto del impuesto sobre ventas de petróleo, se hicieron, durante el mismo período, las inversiones y erogaciones que constan en el presente Informe.

Construcción de ferrocarriles $ 17.976,589.48

Construcción y conservación de caminos $ 11.681,717.51

Obras de dragado y construcción de muelles y malecones en puertos marítimos $ 5.810,555.71

Obras hidráulicas de encauzamiento de ríos y lagunas $ 4.508,721.58

Construcción de presas y canales en los sistemas de riego $ 24.744,131.86

Dotación de aguas potables para pequeños poblados $ 609,418.11

Construcción de escuelas $ 1.190,064.64

Otros edificios $ 2.645,565.28

Campos experimentales agrícolas y postas zootécnicas $ 915,660.91

Campaña contra plagas de la agricultura $ 642,191.09

Construcción de cuarteles y campos militares $ 1.237,252.58

Construcción del Hospital Militar $ 1.837,012.25

Fábrica de aviones y adquisición de equipo aeronáutico $ 997,525.46

Compra de armamento para el Ejército Nacional $ 4.048,338.39

Repatriación de mexicanos $ 561,548.00

Banco Nacional de Crédito Ejidal $ 10.250,000.00

Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial $ 4.007,600.75

Banco Nacional de Crédito Agrícola $ 1.000,000.00

Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas $ 770,000.00

Fideicomisos para agricultores, sociedades cooperativas, ejidatarios, etc. $ 1.019,591.75

Para abonar el crédito de la inversión hecha en el Ingenio de Zacatepec $ 4.713,628.93

Almacenes Generales de Depósito $ 300,000.00

Refacciones para siembra y cultivos de henequenales en Yucatán, a través de la Cooperativa de Henequeneros $ 2.000,000.00

Deuda Pública $ 63.518,061.79

Además, debe agregarse la inversión que ha realizado la Comisión Federal de Electricidad, que asciende a la suma de tres millones de pesos, provenientes del impuesto sobre el consumo de energía eléctrica de que ya se hizo mención.

En 1938, se asignaron veinte millones de pesos al Banco Nacional de Crédito Ejidal, cantidad que la fue entregada antes del primero de septiembre del mismo año.

Para el presente ejercicio tiene una asignación igual.

Los datos anteriores revelan la situación de las finanzas nacionales, tanto públicas como privadas.

Pero recientemente, la estabilidad de nuestra moneda se ha visto amenazada por factores extraños.

La Tesorería de los Estados Unidos de Norteamérica, que durante muchos meses había venido sosteniendo en precio de adquisición de plata extranjera en cuarenta y tres centavos de dólar por onza, lo bajó, en sucesivas etapas y en un breve plazo hasta treinta y cinco centavos por onza.

Esta diferencia significó una fuerte disminución en el valor de la plata que exportamos, e igualmente provocó alarma en los círculos financieros del país, lo que se tradujo en una inusitada demanda de oro y divisas extranjeras.

El Banco de México, comprendiendo la inutilidad de sacrificar parte de sus reservas para mantener el tipo de $ 4.99 por dólar, se retiró del mercado.

No obstante que la baja del precio de la plata ha hecho disminuir el volumen de las divisas que provienen de su exportación, el aumento en la demanda de otros metales, sobre todo el de los industriales, seguirá contrarrestando los efectos adversos que sobre el tipo de cambio pudieran tener de modo permanente las cotizaciones más bajas de la plata que producimos.

Por lo que toca al Fisco, tal mejoría respecto a los metales industriales y, por consiguiente, en los impuestos que por ellos se recaudan, debe compensar la pérdida que pudiera sufrir, como resultado de la disminución de ingresos a que da lugar de desvalorización de la plata.

Por esta última razón, y como la plata en muchos casos es un subproducto, los mayores ingresos que las empresas mineras obtienen de la venta de los demás metales, reducen las consecuencias desfavorables que pudieran resentir de la baja en el precio de dicho metal.

Por todo lo anterior, se verá que la balanza comercial continúa siendo favorable, sobre todo si se considera que el más alto precio del dólar, por transitorio que éste sea, ha determinado por fuerza una disminución apreciable en la demanda de divisas para compras de mercancías extranjeras y, por contra, un aumento de importancia en la oferta de divisas provenientes de mayores ventas de mercancías mexicanas en el extranjero.

Es decir, los nuevos tipos de cambio han hecho que aumenten nuestras exportaciones y que se disminuyan las importaciones, acelerando la producción de mercancías exportables e intensificando a la vez el consumo de los artículos nacionales.

A pesar de todas estas circunstancias, que claramente son favorables a la economía nacional, el Gobierno Federal ha preparado un conjunto de medidas encaminadas todas ellas a normalizar la situación accidentalmente alterada.

Por lo pronto, se hacen todos los esfuerzos para restringir el volumen de la circulación monetaria, y permitir así el sostenimiento de un tipo de cambio más de acuerdo con las condiciones reales de nuestra economía.

Se ha principiado, para lograr este propósito, por aumentar las reservas en efectivo de los bancos comerciales, en proporción suficiente para hacer disminuir los créditos de especulación y los créditos a particulares, sin perjuicio de que continúen extendiendo crédito, comercial genuino, con el resto de sus recursos y, si éstos no fueren suficientes, con el redescuento en el Banco de México.

Además, el Gobierno Federal viene disminuyendo sus gastos y destinará los fondos que se economicen tan sólo a retirar moneda de la circulación, haciendo entrega de ella al Banco de México, a efecto de que se le abonen en su cuenta las cantidades que de este modo se recojan.

El Gobierno Federal tiene la seguridad de que las medidas hacendarías que ya se han empezado a poner en práctica harán que en breve vuelva la normalidad.

El público pronto se percatará de la eficacia de tales medidas.

Por consiguiente, será tarea fácil para el Banco de México intervenir de nuevo en el mercado de caminos, y fijar un tipo satisfactorio y menor al que actualmente rige por motivos puramente circunstanciales.

Por lo que hace al crédito público, al referirme a los egresos de la Federación, señale que los acreedores del Gobierno habían recibido en pago de sus diversos créditos más de sesenta y tres millones de pesos, entre agosto de 1938 y el mes que acaba de terminar.

La situación general del empréstito de caminos, es como sigue: la emisión total de bonos, desde 1934 a la fecha, ascienda a ciento veinticuatro millones, de los cuales se han amortizado cerca de cuarenta y tres millones, o sea más de la tercera parte.

El servicio de esta deuda está enteramente al corriente, como lo demuestra el hecho de que se pagarán, en el presente ejercicio, las últimas amortizaciones de los bonos que fueron emitidos en 1934.

La Deuda Pública de 40 años, también se encuentra al corriente, pues los cupones vencidos se han venido recibiendo, año tras año, en pago de impuestos federales, en los términos y condiciones de la ley que autorizó su emisión.

En la actualidad, se estudia la manera de que los cupones de esta Deuda se paguen precisamente en efectivo, pues esto, sin representar sacrificio alguno para el Erario, seguramente tendría un efecto saludable para el crédito de Gobierno.

El Poder Ejecutivo ha tenido y seguirá teniendo especial empeño en rehabilitar el crédito de la Nación. Mientras más amplio y más sólido sea éste, mayores serán las posibilidades de la Administración de emprender las obras indispensables para el rápido desenvolvimiento de la economía del país.

Igualmente, por el uso adecuado del crédito, será posible distribuir con equidad del costo elevado de estas obras, entre los actuales y los futuros contribuyentes.

Un crédito abundante y sano es, como se viene demostrando en otros países, el método más eficaz, no sólo para influir sobre el reparto de la riqueza, sino también para encauzar e incrementar la producción de la misma.

Por estas y otras razones que no escaparán a Vuestra Soberanía, el Ejecutivo Federal se propone seguir prestando atención preferente a la solución de todos los problemas relacionados con el crédito público.

La Secretaría de Hacienda estudia algunas medidas que tienen por objeto evitar las fluctuaciones bruscas e injustificadas de los valores públicos, con lo cual se logrará que los adquirentes de estos títulos no sean víctimas de los especuladores profesionales.

Petróleo.

Cuanto se refiere al petróleo tiene una trascendencia mundial, tanto por los cuantiosos intereses que afecta, como por ser éste el alimento general de las industrias y un elemento del que ya no puede prescindirse en la vida civilizada.

Esta importancia sube todavía de punto en los países productores donde, como en el nuestro, el petróleo representa una de las bases de la economía.

De aquí que este problema constituya una de las preocupaciones más vivas de la actual Administración.

Conocidas son las causas que obligaron a mi Gobierno a la expropiación de las empresas petroleras, de años atrás instaladas en nuestro suelo, y que siempre significaron un caso de explotación en provecho extraño, mucho más que un enriquecimiento para el pueblo llamado a disfrutar de tales recursos.

No quiero aquí extenderme en la descripción del lamentable espectáculo humano que esta explotación ofrecía, y que por sí mismo hubiera bastado para inspirar serias inquietudes a todo gobierno cuidadoso del bienestar social.

A pesar de esto, la acción del Gobierno Mexicano, en el caso, no fue como todos lo saben, el efecto de un sentimiento de impaciencia, aunque justificada, sino el efecto automático de las leyes e imperativos nacionales; pudiendo decirse en una palabra que la expropiación fue el trance obligado en que nos puso la rebeldía misma de las empresas.

Hubo que expropiar, tanto por respeto a la propia soberanía, como por la más elemental atención para la suerte de nuestra economía y de nuestra existencia.

A fines de 1936, los trabajadores del petróleo, unificados ya en una sola agrupación, presentaron a las empresas, en cumplimiento de la Ley del Trabajo, el primer proyecto de contrato colectivo.

El monto de las prestaciones exigidas no fue aceptado por las empresas, y las dificultades crecieron en forma que se vio aparecer la amenaza de una huelga general, cuyas consecuencias, por las razones arriba expuestas, habrían afectado la vida nacional.

El Gobierno logró encaminar a obreros y a empresas hacia una negociación que se arrastró estérilmente desde fines de noviembre de 1936 hasta principios de mayo de 1937, sin que se llegara la notoria aversión de las empresas a todo posible avenimiento.

Días después, a pesar de todos nuestros esfuerzos, estallaba la huelga, a lo largo de la cual el Gobierno Federal todavía multiplicó sus empeños para un pronto y urgente arreglo.

Las empresas hacían un ofrecimiento insuficiente; los obreros no podían aceptarlo; y entretanto, el país resentía la situación.

De aquí que los trabajadores pusieran término a la huelga, y escogieran otro procedimiento, planteado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una cuestión de orden económico contra las empresas.

Como éstas alegaban la incapacidad económica de cumplir las peticiones del Sindicato, la Junta de Conciliación nombró una comisión de peritos, la cual, tras un detenido estudio, formuló un dictamen reduciendo a términos más modestos las demandas del Sindicato y que las empresas estaban en condiciones de satisfacer.

Tampoco puede decirse que los peritos hayan obrado con ligereza.

Cuatro meses consagró la Junta a examinar su dictamen, y al cabo de ellos dictó su laudo conforme, en lo general, con el de los peritos.

Las empresas, que habían iniciado ya para entonces una verdadera guerra financiera y de calumnias contra el Gobierno de que el país tiene ya noticia, declararon que no podían cumplir lo mandado, y apelaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, en su sentencia, confirmó el laudo de la Junta.

Contrastando entonces con la prudencia del Sindicato, de los peritos y de la Junta, las empresas se manifestaron reacias a la sentencia; es decir, en franca rebeldía contra la ley.

Ya para esta fecha, nuevas gestiones del Gobierno habían insinuado a las empresas a dar un paso hacia la transacción, de modo que, al llegar el término del juicio, la negativa se fundaba en una suma tal que en manera alguna justificada su rebeldía.

Y es que ya no discutían el dinero, sino el precedente: el precedente de no someterse a las leyes en que precisamente reside nuestra soberanía nacional.

Considérese la trascendencia de semejante actitud para nuestro porvenir político, para el de toda nuestra América y para el mundo, donde hay muchos pueblos débiles resueltos a defender su integridad sin poder esgrimir más arma que el arma intachable de los principios.

Añadase a esto que los obreros, ante semejante actitud rompieron sus contratos bajo la sanción de las autoridades judiciales, como tenían el derecho y aun el deber de hacerlo; que otra vez apareció la huelga general y que las empresas, antes que rectificar su conducta abandonaban los campos.

Y el 18 de marzo de 1938, mi Gobierno tuvo que proceder a la expropiación, fundada legítimamente en causa de utilidad pública y de dignidad nacional, revelando al pueblo sus motivos y recibiendo de éste la más franca adhesión.

Todavía hay un rasgo más elocuente de la razón que asistía a México: en los mismos momentos en que, por todas las estaciones de radio, se daba cuenta de la expropiación decretada, las compañías petroleras, demasiado tarde y con irrisorio desconocimiento de la seriedad que corresponde al régimen jurídico de una sociedad, hacían saber que, en último recurso, estaban dispuestas a someterse condicionalmente a las peticiones del Sindicato, que laudo y sentencia amparaban.

Aunque estos hechos sean ya del dominio público, hemos querido exponerlos una vez más, por el aviso que entrañan para todos.

Al salir de nuestro país las compañías expropiadas, no dejaban tras de sí, después de varios lustros de explotación, un solo recuerdo que pudiera mover la gratitud mexicana.

Grupos importantes de empresas radicadas en los Estados Unidos hicieron gestiones ante al Gobierno de Washington para que éste, mediante la presión diplomática, interviniera en las decisiones de nuestra justicia soberana.

Es satisfactorio para mi Gobierno, y lo es para todos los mexicanos, el reconocer aquí cabalmente la actitud correcta de aquel Gobierno, que no quiso inmiscuirse en esa forma, limitándose más tarde a los regulares y amistosos oficios para lograr el trato directo entre el Gobierno mexicano y las compañías.

El Gobierno de Washington reconoció nuestro legítimo derecho a la expropiación.

También hemos tenido que tratar con aquel Gobierno el caso análogo de las expropiaciones agrarias, y lo esencial de la negociación giró entonces en torno al monto y procedimiento de pago de las indemnizaciones debidas, mismas que resultan de nuestras propias leyes, habiéndose llegado a un arreglo razonable que se está cumpliendo normalmente, sin que nunca se pusiera en duda la legitimidad del principio de nuestro derecho a expropiar.

El Gobierno de Washington ha sido, pues, coherente en su criterio; porque en el caso del petróleo, el mismo Decreto de expropiación reconocía el derecho correlativo, conforme a la ley mexicana, a una justa indemnización, para cuyo arreglo mi Gobierno se manifestó dispuesto a entrar desde luego en pláticas con la parte interesada.

Pero la parte interesada persistió en su actitud, se negó a reconocer la ley mexicana y las resoluciones en su cumplimiento adoptadas, y no quiso acudir a las pláticas.

Esta actitud se ha fundamentando en tres motivos que han obrado juntos o separadamente en todo este lapso: el de negarse a aceptar la expropiación, el de no querer prestarse a los avalúos de sus bienes, y de confiar indebidamente en una intervención diplomática.

Poco a poco, sin embargo, las compañías se convencen de la conveniencia de acudir a las pláticas directas con nuestro Gobierno, que siempre se manifestó dispuesto a escucharlas.

Largo sería el narrar las sucesivas etapas de estas negociaciones.

Ellas pueden resumirse así: el Gobierno mexicano sostiene la expropiación, y las empresas, bajo diversas apariencias cambiantes y disimulación con distintos nombres, se empeña en la devolución.

No sólo esto, sino que con ella llegaron a exigir condiciones que significan todavía un retroceso mayor respecto al punto en que nos encontrábamos antes de estallar el conflicto.

A saber:

Entrega íntegra y administración exclusiva de los negocios durante un plazo tal que, prácticamente, llegaría hasta el agotamiento de nuestros mantos petrolíferos;

Seguridades contractuales y legales de que, en lo futuro, no habrán de pesar sobre ellas nuevas cargas fiscales, además de las vigentes, régimen excepcional y absurdo;

Bases contractuales y medios para modificarlas que normen las relaciones entre trabajadores y empresas; también excepción o privilegio, en la inteligencia todavía de que tales bases, tabuladores de salarios y otras prescripciones, además de proponer un régimen ajeno a nuestra legislación, prescindían del laudo dictado por la Junta Central de Conciliación y respaldado por sentencia firme de la Suprema Corte.

Se pretendía, asimismo, dar a este contrato el carácter de convenio entre Gobiernos, dotándolo de fuerza constitucional.

Las bases anteriores son, desde luego, todavía menos aceptables que la pretendía restitución; pues aun cuando se aparentaba la aceptación de la medida expropiatoria, prácticamente se nulificaban los derechos de la Nación sobre los bienes expropiados, y al mismo tiempo las empresas se constituían en acreedoras del Gobierno de México.

A cambio de esto, se le concedería al Gobierno tan sólo cierta vigilancia y otras funciones que le pertenecen sin necesidad de contrato alguno.

Se alegaba que el Gobierno no es un buen administrador en este género de negocios, y que por esto se hacían las proposiciones mencionadas, pero el conflicto mismo tenido por las compañías con sus trabajadores y la forma de tratarlo, demostraron precisamente que dichas compañías fueron ineficientes administradoras de la industria petrolera.

Se ha querido también fundar el proyecto en otras razones. Se decía que el negocio petrolero necesitaba pedir la entidad dispuesta a proporcionarlos es administrar su propia inversión.

Pero la verdad es que, vencidas las dificultades de la iniciación que hubo que afrontar hace un año, y a pesar de la pugna para abrir los mercados, donde el contrincante tenía las posiciones tomadas, nuestra actual explotación petrolera no necesita de grandes inversiones para mantenerse, ha permitido ya nuevas perforaciones, construcción de oleoductos, ampliación y mejoramiento de refinerías y aun se registra ya en ella un aumento de la producción.

Los capitales que sin duda requiere no tendrán otro carácter que el de refacciones a una industria, y a una industria remunerativa que los devolvería en breve plazo.

En el fondo, se advierte que las empresas desconocen los factores sociales y humanos que fueron causa del conflicto.

Los trabajadores saben ahora que lucha por un interés a la vez propio y nacional, y sólo se sienten estorbados en este camino de progreso por los obstáculos que acumulan los agentes al servicio de las empresas afectadas.

Su confianza es tal, que han aceptado el posponer las conquistas que el laudo les concede mientras duren las dificultades contra la explotación por el Gobierno.

Retrogradar, en cambio, las cosas, al punto a que las llevaban las proposiciones de los expropiados, sería resucitar el conflicto y a la vez privar al Gobierno de toda autoridad moral para imponer el cumplimiento de sus compromisos con las empresas.

Y no creo que gobierno alguno hubiera podido aceptar un pacto que, desde el primer momento, descubría tan torpes propósitos.

No; la expropiación queda vinculada en la historia de nuestra independencia económica, y no se le debe tocar.

Su razón de ser está fuertemente enraizada en el corazón del pueblo, que la estima como una reivindicación legítima de los derechos de la Nación al subsuelo.

La interpretación que el Gobierno ha hecho de estos principios, ha tenido como la mejor sanción el respaldo que en distintas ocasiones han patentizado todas las clases sociales de la República. Cambiarán los hombres en el poder, pero no será posible alterar los principios de profunda justicia social en que descansa la expropiación.

Si en lugar de pedir ese estatuto especial que supeditaría al Estado bajo la voluntad de las empresas extranjeras, éstas hubieren acatado francamente los fallos de nuestra justicia, les quedaría el camino abierto para recibir la indemnización que el Gobierno ha estado dispuesto a concederles.

La indemnización exige un avalúo previo, y las empresas no quieren oír hablar de avalúos.

Y esto por razones evidentes.

Conforme a las reglas que en todo el mundo se aplican en el caso, el avalúo resulta muchísimo para impresionar a la opinión.

México, mediante un esfuerzo para el cual sus hijos estarían prontos, puede por sí mismo desembarazarse del fardo de la indemnización.

Por eso el Gobierno ofreció a las compañías, siempre adversas al avalúo por los motivos indicados, el pago de no llegarse a otros arreglos.

Otra fórmula propuesta consistía en una combinación de trabajos y utilidades, aquí sí una verdadera cooperación, mediante la creación de una comisión financiera y una técnica en que las empresas tendrían la participación correspondiente y, finalmente, una comisión administrativa que, por encargarse directamente del trabajo, quedaría en manos del Gobierno, quien cuidará precisamente de que no se repitieran los motivos que dieron origen al conflicto.

Olvidadas las disidencias, y en mutuo y legítimo provecho, nada se oponía a que, al lado de estos arreglos, se llevasen a cabo otros secundarios, de cooperación entre el Gobierno y las compañías, los cuales ni siquiera supondrían nuevas inversiones.

Por último, el Gobierno estaba dispuesto, si es que resultaba imposible tratar en estos o parecidos términos, con los grandes grupos asociados, a negociar sobre iguales bases con cada una de las compañías que así lo desearen.

Mientras nos manteníamos a la espera de una respuesta por parte de las compañías interesadas, el Gobierno continuó recibiendo las más decididas manifestaciones de solidaridad de todos los sectores de la opinión nacional y las agrupaciones mexicanas del trabajo se dirigieron a todos los centros similares del mundo en busca de una expresión de simpatía que ya ha comenzado a llegarnos y que cada vez se extiende más.

Asimismo he podido observar y me es altamente satisfactorio el mencionarlo, la patriótica actitud que en el caso del petróleo ha asumido la prensa nacional, sirviendo de conducto para expresar los anhelos del país, que están colocados por encima de todos los intereses políticos actualmente en juego.

En tanto que aparecían telegramas en que la prensa anunciaba que aún se insistía en solicitar intervenciones diplomáticas, el Gobierno de los Estados Unidos, por boca de altos funcionarios, hizo saber que no puede ir más allá del justo límite en que se ha mantenido, respetando la alta filosofía que lo inspira: el de los buenos oficios para provocar y fomentar los arreglos directos entre el Gobierno mexicano y las compañías, sin disimular, naturalmente, el vivo interés que a estos arreglos concedía y el afán con que desearía, como lo hemos deseado nosotros mismos, ver terminado el conflicto.

Conviene aquí señalar la contradicción con el Derecho de Gentes que significa el querer resolver mediante presiones diplomáticas o amenazas internacionales los casos en que no ha habido denegación de justicia, los casos resueltos con estricto apego a las leyes de los Estados soberanos.

Interesa a los pueblos todos, y singularmente a aquellos que no cuentan entre las Potencias bélicas, el no admitir semejante práctica abusiva, que al cabo sometería al vasallaje a la naciones débiles. Importa, además, advertir que, en el presente conflicto, ni siquiera ha aplicado el Gobierno mexicano doctrinas singulares, sino que se ha regido por los preceptos que el Derecho establece y todo el mundo civilizado reconoce.

Nadie, en buena doctrina, puede discutir el principio que faculta al Estado a expropiar por causa de utilidad pública.

Es necesario repetir que las inversiones financieras que acuden a explotar los bienes naturales de un país y no se entregan a sus leyes, para luego, al menor tropiezo, ampararse en su condición de extranjeras, erigida en fuero por el abuso, tratando de imponer a los pueblos que las han acogido una condición de privilegio, y pretendiendo respaldarse en la fuerza política , bélica o financiera, dan ejemplo de un verdadero atentado contra todos los postulados de la justicia.

Aun en el caso de los individuos particulares que emigran en busca de mejor fortuna, ello sería más que discutible.

Aun la mera noción, en tal caso, de la persistencia de la nacionalidad más allá de las fronteras, noción heredada de antiguos atavismos, admite serias objeciones y es frecuente origen de males. Con mayor razón las empresas extranjeras vinculadas en un territorio nacional, deben vivir de la justicia y bajo la justicia de ese territorio.

La exposición anterior demuestra que, si el Gobierno mexicano ha sostenido con todo rigor sus puntos legales, ofreció también con toda liberalidad amplias bases de arreglo, convencido de que, por muy grandes que sean los intereses del petróleo, están por encima de ellos los intereses de la concordia continental, y más en momentos difíciles como de sentido democrático deben mantener un frente unido.

Sacrificar ahora este deber apremiante en aras de intereses privados, sería un error contra los destinos de América, y un delito contra los derechos soberanos del país.

Esta situación no puede prolongarse indefinidamente sin perjuicio de todos.

El Gobierno de México exige que se respeten sus leyes, y, por su parte, también está dispuesto a cumplirlas.

En vista de la actitud reacia de las compañías petroleras, ha dispuesto el Gobierno aplicar, sin más demora, los preceptos legales al caso para hacer efectiva la indemnización en los términos de ley.

Desde los primeros días de la expropiación, la Secretaría de la Economía Nacional, con la cooperación de la de Hacienda y de Petróleos Mexicanos, procedió a formular los inventarios de los bienes expropiados, citando previamente a los representantes de las compañías afectadas para que intervinieran en las diligencias, y han debido llevarse adelante sin la colaboración de ellas por haberse negado a concurrir.

El inventariar y valorizar los bienes implicó el empleo de un largo período, pero a la fecha se encuentra terminada la tarea, a fin de continuar con la mayor rapidez la tramitación legal encaminada a fijar el monto de la indemnización.

El valor que resulte de la estimación realizada por los peritos que integran la Comisión de Inventarios, previas las depuraciones y rectificaciones del Gobierno Federal en los procedimientos judiciales de valorización de los bienes expropiados, a reserva de que nuestros Tribunales decidan en último término sobre el particular.

Han transcurrido dieciocho meses desde la expropiación petrolera y es pertinente hacer constar las labores realizadas.

La organización creada con carácter provisional inmediatamente después del acto expropiatorio y que, fundamentalmente consistió en la constitución de un Consejo Administrativo Central y de diversos Consejos Locales, fue substituida posteriormente por dos instituciones: Petróleos Mexicanos y Distribuidora de Petróleos Mexicanos; la primera, encargada del manejo Técnico y administrativo de la industria, y la segunda de la distribución interior y exterior de los productos.

Más tarde continuaron dictándose medidas para mejorar progresivamente la organización, siendo una de las más importantes el acuerdo para centralizar las unidades de la misma naturaleza, correspondientes a las distintas empresas expropiadas, con la ventaja de unificar sistemas, suprimir repetición de funciones y hacer posible intercambios de trabajadores de cada zona, para mejor aprovechar sus servicios.

Recientemente se adoptó otra importante medida al expedirse por este Ejecutivo el Decreto Reglamentario de la Ley Constitutiva de Petróleos Mexicanos, en el que se regulan las relaciones entre el Consejo de Administración integrado por elementos del Sindicato y del Gobierno y estableciéndose reglas especiales sobre el personal directivo y técnico, a fin de hacer posible que la tarea de las instituciones encargadas de la industria petrolera expropiada, no encuentre obstáculos y pueda seguir su progresivo desarrollo contando con el auxilio de personal experto en las diversas ramas que comprende.

Todo ese personal ha sabido asumir la responsabilidad que tiene encomendada, y por ello, la marca de la expresada industria va alcanzando notoria mejoría.

El Gobierno Federal, a través de los organismos que la manejan, se ha preocupado por mejorar progresivamente las condiciones generales de los trabajadores.

Una gran parte de las cláusulas del laudo han sido puestas en vigor; el servicio médico se ha aumentado; se han construido nuevas escuelas; se están mejorando las comunicaciones; si está dotando de agua potable a los centros de trabajo; se han establecido nuevas oficinas postales y telegráficas y, en general, se han tenido especial atención en todo cuanto se refería al establecimiento de nuevos servicios.

Sin embargo, es preciso considerar que, debido a los obstáculos opuestos por las empresas, nuestro petróleo no ha alcanzado todavía los precios que éstas obtenían, pero hay razones para creer que al vencerse tales obstáculos, se harán innecesarias las operaciones de trueque y las ventas seguramente se efectuarán al contado y a precios mejores.

Lograda esta situación favorable, será factible el cumplimiento íntegro de las prestaciones que en favor de los trabajadores fijó el laudo de a Junta de Conciliación.

No obstante las dificultades que se han tenido para colocar nuestro petróleo, el Gobierno, cumpliendo su firme propósito, ha reservado desde un principio el veinte por ciento del valor de los productos vendidos al exterior para destinarlo al pago de la indemnización, juntamente con la suma que el pueblo ha aportado para el mismo fin.

A raíz de la expropiación y ante la intensa campaña desarrollada por las compañías petroleras en los mercados exteriores, fue preciso reducir la capacidad productora de los campos petrolíferos, pero a medida que el boicot ha ido desvirtuándose -merced a la rectitud de los tribunales extranjeros, que las compañías no pudieron quebrantar- la productividad se ha incrementado, y como actualmente pueden considerarse abiertos a nuestros productos los mercados de consumo del extranjero, no sólo es ya innecesario limitar el rendimiento de los campos, sino que los compromisos contraídos están requiriendo aumentar la producción y mejorar los sistemas de transportes con objeto de que las entregas en los puntos de embarque sean hechas con expedición y oportunidad.

Las circunstancias favorables de nuestra industria petrolera en los últimos meses, han justificado la realización de esfuerzos para abrir nuevos pozos y localizar otros campos petrolíferos.

En la región del Istmo de Tehuantepec se perforaron cinco, resultando con producción diaria aproximada de 900 metros cúbicos; en Poza Rica se perforaron otros cinco, con promedio total diario de 3,641 metros cúbicos, lo que significa un incremento de 22,000 barriles diarios en la producción de ese campo, comparada con la anterior a la expropiación.

Este aumento ha requerido modificaciones y adiciones a los sistemas de almacenamiento, bombeo y transportes.

Al efecto, se ha rectificado el trazo del oleoducto Palma Sola - Atzcapotzalco para acortarlo, suprimiendo una estación de bombas y aumentando el diámetro de la tubería; se ha procedido a construir una planta de destilación primaria en Poza Rica; y en la región de Pánuco fue preciso reconstruir el oleoducto Caracol-Mata Redonda; en los campos de Cerro Azul, Ébano y en la zona del Istmo, se efectuaron también obras de construcción o mejoramiento de los sistemas de transportes por oleoducto.

La distribución en el interior y en el exterior del país, han hecho necesaria la adquisición de equipo en cantidades importantes.

Se arrendaron dos barcos para proveer el abastecimiento en los litorales del Pacífico y del Golfo.

Se compró el vapor Cuauhtémoc y se contrato en Italia la construcción de tres barcos tanques de 10,500 toneladas cada uno, que serán entregados a Petróleos Mexicanos de enero a mayo de 1940.

En el puerto de Salina Cruz se instalará en breve una estación de abastecimiento surtida por ferrocarril desde Minatitlán, a reserva de construir posteriormente un oleoducto.

Esta unidad de almacenamiento servirá de base para abastecer de petróleo y derivados a la región occidental de la República.

Se ha planteado efectuar en lo que resta de año, y en el primer semestre de 1940, treinta perforaciones, localizadas en Poza Rica, en El Ébano y en el Istmo de Tehuantepec, contándose ya con los equipos y personal que tendrá a su cargo estos trabajos.

Al mismo tiempo, se están efectuando exploraciones para localizar nuevos campos petrolíferos.

En las actividades de refinación interesa aclarar que al ser expropiados los bienes de las compañías petroleras, y contra la creencia general, se encontró que las refinerías y plantas conexas constituían un conjunto de equipos anticuados en su mayoría y en estado de conservación tan deplorable que en algunas unidades no admitían reparaciones.

La nueva administración hubo de enfrentarse al problema de mantener en funcionamiento esas plantas con grandes dificultades, pues la adquisición de refacciones en el extranjero fue obstruccionada tenazmente por las compañías.

Sin embargo, poniendo en ello el mayor esfuerzo, se han estado llevando a cabo modificaciones de importancia en las refinerías de Minatitlán, de Ciudad Madero, de Mata Redonda, de Árbol Grande y de Bella Vista, para conservar y aun aumentar la capacidad de operación de esos equipos.

Petróleos Mexicanos se propone continuar el plan de reparaciones y construir nuevas unidades de refinación siguiendo los procedimientos de la técnica más moderna en la materia, para lograr el máximo aprovechamiento de nuestros productos del subsuelo.

En la época inmediata posterior a la expropiación, fue preciso reducir en un 45% la producción petrolera y hasta en un 85% la exportación; pero a medida que la situación ha venido modificándose con frases tendencias hacia la recuperación en los distintos aspectos que el problema ha presentado, las reducciones van siendo menores, de manera que al concluir el año de 1938 la producción sólo era inferior en un 17.9% a la de 1937 y por lo que se refiere a la exportación de 85% que había disminuido sólo aparecía de 41%.

En consecuencia, a pesar de todas las dificultades que llegaron a presentarse, la producción petrolera mexicana en 1938 representó el 82.1% de la alcanzada en 1937, y se exportó el 59% del correspondiente a este año. En cambio, el consumo interior, en 1938, excedió en un 6% sobre 1937.

En los meses transcurridos del año en curso, la recuperación ha continuado con firmeza, superándose las cifras anteriores principalmente en exportación, pues para los primeros cinco meses de 1939, ésta subió de 59% a 77% de lo exportado en 1937, todavía con tendencia a subir, sobre todo después del mes de julio último, en que fueron celebrados importantes contratos de venta en diversos mercados extranjeros.

El extenso plan de trabajos para fomentar la producción, mejorar los almacenamientos, los transportes y la refinación, así como la circunstancia de que día a día se va contrarrestando con éxito la campaña que las compañías petroleras sostienen para impedir la venta del petróleo mexicano, son fundamentalmente para considerar que nuestra industria petrolera cuenta con halagadoras perspectivas.

Política agraria.

El Gobierno ha seguido poniendo la atención que merece el problema agrario y así, en el período del 1o. de septiembre de 1938 a la fecha, ha resuelto un mil trescientos diecisiete dotaciones con dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientas noventa y nueve hectáreas para ciento seis mil ochocientos veintinueve campesinos.

El total de expedientes resueltos hasta la fecha durante todo el régimen revolucionario, ha alcanzado la suma de catorce mil doscientos siete, con veinticuatro millones ochocientas veinticuatro mil ciento una hectáreas, para un millón seiscientos cuarenta y tres mil doscientos treinta y siete campesinos.

El 1 de enero del presente año se fundó en el Departamento Agrario la Oficina Deslindadora de Comunidades Indígenas, que está atendiendo los casos de conflictos de límites existentes en varias regiones, principalmente en los Estados de Guerrero, Oaxaca, México, Michoacán y Puebla.

Uno de los problemas más serios de carácter agrario existente, fue, sin duda alguna, el del Yaqui, cuya población indígena había venido reclamando sus tierras y, como consecuencia de esta reclamación, es ya conocida de todo el país la larga lucha armada que tuvo que sostener en defensa de sus legítimos derechos.

Estudiando a fondo el problema de la población indígena del Yaqui, el actual Gobierno se encontró con que una extensa zona de las tierras que venía reclamando está ya en posesión de fuertes núcleos de población que han creado nuevos e importantes centros de trabajo y considerando que la población indígena ha disminuido mucho, se le restituyó una extensión aproximada de 400,000 hectáreas en las que existen terrenos para el cultivo suficientes para alojar a toda la población yaqui existente en el Territorio Nacional y la reside de la propia raza en los Estados Unidos, que está dispuesta a reintegrarse al país tan luego como se terminen las obras que irrigarán sus tierras.

A la vez, se les reconoció en dotación un 50% del volumen de las aguas que almacenará la Presa de la Angostura, que se construye actualmente sobre el río Yaqui.

Restituidos los yaquis a la legítima posesión de sus tierras y ayudados por el Gobierno para elevar sus condiciones de vida, estos contingentes indígenas han demostrado su voluntad y capacidad para el trabajo, y su interés por la educación de sus hijos.

Por su carácter y vigor, y por la justicia de su causa, este raza representa un contingente muy estimable para la Nación Mexicana, que el Gobierno de la Revolución está obligado a estimular para hermanarlos definitivamente con el resto de la población con la que se habían sentido distanciados por la cruenta lucha que tuvieron que sostener durante largos años.

Repatriados.

Se está prestando atención preferente a la reintegración a la Patria de numerosos connacionales, que en busca de mejores condiciones de vida salieron a los Estados Unidos, en donde contribuyeron al engrandecimiento agrícola e industrial de importantes regiones, y quienes atraviesan ahora por serias dificultades debidas al abatimiento de las oportunidades de trabajo.

Estos grupos, templados en la lucha por la vida y que se han mantenido leales a su tierra natal, representan una readquisición valiosa para el progreso del país.

Se encomendó a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores la organización del regreso de los mexicanos, tanto de aquellos que quieren volver a sus lugares de origen, como de quienes desean dedicarse al cultivo de la tierra en las distintas zonas del país, en donde se dispone de extensiones suficientes.

La repatriación se está realizando con método y de acuerdo con un plan que pueda asegurar su éxito.

Se ha establecido con un plan que pueda asegurar su éxito.

Se ha establecido ya la Colonia 18 de Marzo en el Municipio de Matamoros del Estado de Tamaulipas, que tiene 627 jefes de familia y un total de 3,750 personas y cuenta con 900 hombres mayores de 16 años que han sido dotados con una parcela de 10 hectáreas cultivables cada uno.

Ha habido, además numerosas repatriaciones de trabajadores que han regresado a sus lugares de origen y de familias que fueron a radicarse al Territorio Norte de la Baja California en donde están siendo atendidos por el Gobierno de dicha entidad.

Hasta la fecha, la colonia 18 de Marzo ha requerido un egreso de cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos para el transporte e instalación de los repatriados y las obras generales necesarias, al que tendrá que añadirse la refacción suficiente para que los colonos terminen el desmonte de sus parcelas y puedan sostenerse entretanto viene la producción de sus tierras.

Los mexicanos residentes en el país vecino han recibido con gusto la invitación que el Gobierno les hizo, y una vez iniciado el movimiento de repatriación en el sur de Texas, se ha despertado tan grande entusiasmo entre los compatriotas por volver a México, que hay varios miles de solicitudes pendientes de atender, sin contar los importantes núcleos de población mexicana que viven en California.

El Gobierno no puede eludir los gastos que la debida instalación de estos contingentes reclama, aun cuando tuvieron que suspenderse otras obras de importancias social.

Y, al efecto, ya se propone las modificaciones respectivas en el presupuesto actual y en el del año próximo se fijará la partida que permita atender en mayor escala el problema de la repatriación, cuyos contingentes se instalará convenientemente en las colonias que al efecto se vayan estableciendo.

Considera el Gobierno que cualquier esfuerzo, por más grande que sea, hecho en beneficio de la repatriación se justifica ampliamente, tanto por el deber de ayudar a nuestros compatriotas, como por ser ellos valiosos contingentes que vendrán a colaborar en el desarrollo del país.

Es por esto, por lo que creo oportuno reiterar ante la Representación Nacional la invitación a las autoridades locales para que cooperen a la reintegración, a sus respectivas entidades, de los mexicanos residentes en los Estados Unidos.

Refugiados.

Ante el cumplimiento de deberes universales de hospitalidad y frente a las desgracias colectivas de España, se abrieron las puertas de México a los elementos republicanos que no pueden estar en su patria sin peligro de sus vidas y por considerar, además, que se trata de una aportación de fuerza humana y de raza a la nuestra en espíritu y en sangre, que fundida con los aborígenes contribuyó a la formación de nuestra nacionalidad.

Espera el Gobierno Federal que pasada la etapa de la agitación pre-Electoral, que ha esgrimido tal actitud como arma política de oposición, se llegarán a estimar en todo el país los beneficios que recibe México con la aportación de esas energías humanas que vienen a contribuir con su capacidad y esfuerzo al desarrollo y progreso de la Nación.

Tal política de puerta abierta para la población asimilable, contrasta con la actitud restrictiva asumida ante otras inmigraciones que generalmente se mantienen divorciadas de los elementos nacionales a los que desplazan de sus actividades económicas, se concentran en los centros urbanos y administran sus capitales especulativos sin asociarse definitivamente a los destinos del país.

Marina nacional.

La atención, que el Gobierno debe prestar a los diversos problemas nacionales, se detiene ahora ante uno cuya resolución no debe aplazarse por más tiempo, siendo éste el relacionado con nuestros litorales y con la necesidad de impulsar el desarrollo de la marina mercante y pesquera y la reorganización de nuestra modesta marina de Guerra, que requieren la creación de una dependencia autónoma que centralice, bajo una dirección única, los diversos cometidos que en la actualidad están afectos a otras dependencias del Ejecutivo Federal, pero que por la circunstancia de que son afines en sus objetivos, es necesario efectuar con ellos una amplia coordinación y dedicarles una atención especial en sus funciones, ya que el interés nacional así lo exige.

La explotación racional del mar y la utilización del mismo como vía de comunicación, son de un alto valor económico que debemos aprovechar en beneficio del país.

No cabe duda que al tratar el problema marítimo nacional, tiene que hacerse en términos de absoluta realidad, pues teniendo en cuenta los elementos de que lo distinguen y caracterizan, él es por sí sólo totalmente diferente a los que se han presentado en otras naciones.

Por lo tanto, considera el Ejecutivo Federal la conveniencia de que los asuntos marítimos nacionales sean tratados por un solo organismo en lugar de los tres que actualmente se ocupan de ellos, con direcciones que conservarán cada una su natural independencia administrativa.

Al efecto, está ya terminado el proyecto para la creación del Departamento Autónomo de la Marina Nacional que tendrán las siguientes finalidades:

1. Evitar que los asuntos marítimos continúen en el plano de inferioridad que actualmente ocupan.

2. Coordinación de los diversos elementos y servicios con que se cuenta.

3. Establecimiento de una política marítima, tanto militar como mercantil y de pesca; la mercantil de gran importancia para la actividad productiva nacional y la pesquera con miras a la explotación racional e intensiva del mar, para aumentar nuestro renglón de explotaciones y brindar al pueblo un alimento sano y barato.

4. Iniciación de la industria de la construcción naval, que tendrá como resultado inmediato hacer las reparaciones de nuestros barcos dentro del país y la adquisición a menor costo del material flotante tanto de guerra como mercantil y de pesca.

5. Creación de instituciones de crédito marítimo destinadas a favorecer la pesca y sus industrias, así como las construcciones nacionales.

Obras Públicas.

El programa de obras en la República se ha seguido con la misma intensidad. Así, en Irrigación, se trabaja con toda actividad en las tres grandes presas: del Yaqui, del Nazas y del Azúcar.

Está por inaugurarse, en este año, medianas y pequeñas obras de riego en diferentes Entidades del País.

Se continúan las obras para la instalación de la gran planta de energía eléctrica de Ixtapatongo, en Valle de Bravo, así como de otras plantas de menor importancia en varios lugares de la República.

Se sigue la construcción del Ferrocarril de Fuentes Brotantes a Punta Peñasco, que comunicará la Baja California con el resto el país y que llegará este año hasta Punta Peñasco, Sonora, con una extensión de 172 kilómetros.

El Ferrocarril del Sureste tiene ya 350 kilómetros de terracerías y 268 herrados.

Se prosigue la construcción del Ferrocarril Uruapan - Puerto Zihuatanejo, que ha llegado al río Marqués, encontrándose 84 kilómetros herrados y esperándose recibir del extranjero las estructuras de los puentes del Marqués y del Orejón, para continuar el tendido de vía.

En materia de carreteras, la Federación, en el año que comprende este informe, localizó 296 kilómetros, se hicieron obras de arte en 150 kilómetros, se revistieron 221 kilómetros, se ejecutaron terracerías en 190 kilómetros y se pavimentaron 290 kilómetros.

En cooperación con los Gobiernos de los Estados se localizaron 645 kilómetros, obras de arte en 464 kilómetros, revestimiento en 754 kilómetros, terracerías en 501 kilómetros y pavimentación en 254 kilómetros.

Han seguido las obras marítimas en Progreso, Acapulco y Mazatlán, esperándose las dragas y otras maquinaria adquirida ya, para intensificar los trabajos en distintos puertos.

Otras obras, como las que se realizan en el antiguo lago de Texcoco, de saneamiento en el Distrito Federal, construcción de escuelas, edificios y campamentos militares, edificios para asistencia pública, hospitales y para otros servicios, así como las más importantes labores desarrolladas por cada una de las dependencias federales, se hacen figurar en las memorias que por separado se dejan a la disposición del Honorable Congreso de la Unión.

Legislación.

Honorables representantes:

A los varios problemas de distinta índole que se han enumerado en la parte relativa de este Informe, deben agregarse dos de carácter fundamental en que el Poder Ejecutivo de la Nación tiene también la seguridad de contar de parte del Poder Legislativo con la más amplia y cumplida colaboración por no ser del resorte de la Presidencia de la República, por sí sola, la resolución de tales problemas.

El primero de ellos es el que se relaciona con la legislación sometida oportunamente a vuestra consideración, pues deseoso el Ejecutivo de ir perfeccionando el funcionamiento de los poderes constitucionales dentro de las normas de nuestra Carta Magna, pidió y obtuvo, de este Honorable Congreso de la Unión, las reformas consiguientes para no poder disfrutar sino en casos especialísimos de facultades extraordinarias para legislar, y en tal concepto, hizo refluir el poder a mi cargo, hacia la representación popular, la obligación y responsabilidad consiguiente de dictar con oportunidad las normas legislativas que Gobierno y país necesitan para vivir dentro de un régimen institucional.

El progreso de la Nación constantemente incrementado, el desarrollo continuo de sus empresas de transporte y de sus vías de comunicación eléctricas e inalámbricas, los grandes intereses que tanto la Nación como los particulares representantes en esta actividad, están exigiendo una ley eficiente, moderna y de tendencias claras y definitivas para su desarrollo y garantía. Y la Ley de Vías Generales de Comunicación está en poder de Vuestra Soberanía.

Las adaptaciones de criterio con que la ley antigua tiene que ser aplicada en distintas fases de la actividad señalada, y que no están previstas ni orientadas en la ley en vigor, producen trastornos, choques y críticas para los funcionarios encargados de aplicar la ley y para el propio Gobierno no que no puede seguir una línea fija de interpretación cuando los intereses y los preceptos establecidos no corresponden ni al momento presente ni a la orientación ideológica que los empresarios mismos desearan y los usuarios exigen.

Está pendiente también aún por falta del requisito de declaratoria, la reforma constitucional del artículo 35 de nuestro Pacto Supremo en que se concede el voto a la mujer, y que desde el principio de mi encargo ha venido tratando doctrinariamente para lograr que se repare la grave injusticia que despoja a la mujer mexicana de derechos substanciales y en cambio le impone todas las obligaciones de la ciudadanía.

El sufragio en México debe ser complementado esencialmente por el voto de las mujeres, pues de otra manera sería incompleta la función cívica electoral ya que restringiría sus efectos y adolecería de la misma injusticia de siempre con agravio de la civilización y de la doctrina revolucionaria de nuestros días.

Y aunque suele temerse que el voto de la mujer traiga aparejados problemas de índole antirrevolucionario al ser emitido, esto no debe detener la acción legislativa ya que uno de nuestros deberes elementales es el organizar y encauzar en un sentido favorable para la Nación las actividades fundamentales del poder soberano del pueblo.

Insiste el Ejecutivo de mi cargo, en la Ley de Responsabilidades para enjuiciar a los funcionarios públicos, que justa o injustamente sean señalados por la opinión como desleales depositarios del poder, encontrándose en suspenso una necesidad que la Nación reclama y que los propios funcionarios responsables esperan se expida.

Sucesión presidencial.

El segundo de estos importantes problemas en que el poder Ejecutivo necesita de la más amplia y eficaz cooperación de parte del Poder Legislativo, es el de la sucesión presidencial.

La obra de la Revolución ha logrado despertar de su letargo la voluntad de los mexicanos; ha arraigado en la conciencia del pueblo; que tiene un programa vinculado con los destinos nacionales, cristalizando en el Pacto Fundamental de la República y que la continuidad de su perfeccionamiento y por lo mismo su camino ascendente, no depende de la voluntad caprichosa de un hombre o de la sustitución de los funcionarios, ya que todos ellos quienes quiera que sean, tendrán que convenirse en guías disciplinados a la Revolución y en servidores de su pueblo.

Cualquier alejamiento de estas normas conducirá al desplazamiento de los hombres que por debilidad o incomprensión se aparten de las rutas que el pueblo se ha trazado para la grandeza de la Patria.

Hemos entrado a la etapa definitiva en que ha de resolver el proceso electoral y verificarse la función cívica más importante que el pueblo mexicano ejercita para la revocación de los Poderes Federales. Y ante esta situación que involucra uno de los deberes más estrictos para el Gobierno nacional, es preciso cuidar más importante que el pueblo de los Poderes Federales.

Y ante esta situación que involucra uno de los deberes más estrictos para el Gobierno nacional, es preciso cuidar que la elección que se aproxima sea democrático, sea libre, y representante tal suma de garantías que el resultado del sufragio sea la genuina expresión de la voluntad popular; y el acierto o desacierto, responsabilidad directa de los ciudadanos del país.

Y debe ser preocupación de todos los mexicanos el que la presente justa electoral se aparte de todo antagonismo personal, de toda pugna mezquina, de todo procedimiento que pueda afectar el prestigio del país, pues no basta que las autoridades se proponga cumplir su obligación de mantenerse respetuosas de la voluntad ciudadana, sino que es necesario que el propósito de elevación de las prácticas democráticas sea compartido por todos los que desempeñan un papel directo en las orientación de la conciencia pública y que las masas repudien cualquier procedimiento que lesione el aspecto doctrinario de lucha de principios que deben distinguir a esta etapa trascendental de la Revolución.

Para tal efecto, espero de la Honorable Representación Popular su más serena reflexión a fin de que las actividades electorales se encaucen con celosa vigilancia sobre las doctrinas puestas en acción por los grupos en contienda; en evitar actos que puedan desorientar la buena fe del pueblo, y en cuidar que se impartan garantías y protección a todos los sectores en el proceso que implica la exteriorización de la ciudadanía.

A los elementos revolucionarios de las diversas etapas que lucharon por la causa del progreso de México, lo mismo en el campo de las armas que en el de las ideas, y para quienes nuestras conquistas sociales significan sacrificios y renunciaciones, también va mi llamado a su responsabilidad, a su desinterés, y a su lealtad, sobre todo en esta hora en que la Patria requiere la unidad de sus hijos y la solidaridad de todos los luchadores para su integridad económica y política.

Del Ejército Nacional respondo de su serenidad y prudencia y de que, sin desentenderse de sus obligaciones ciudadanos, cuidará de su tradición de fiel defensor de las instituciones democráticas.

A los Gobiernos de los Estados y a las demás autoridades federales, que deben intervenir por ministerio de la ley en esta trascendental actividad, les pido como gesto de leal cooperación, un alto concepto de responsabilidad de la autoridad que ejercitan para confirmar ante la opinión nacional que en nuestro más ferviente anhelo favorecer el desarrollo libre del pensamiento y de la voluntad de los ciudadanos para que sean ellos quienes constituya el mejor apoyo y la base más firme del nuevo Gobierno Nacional que ha de surgir de los próximos comicios.

Contestación del Dip. César Martino, Presidente del Congreso.

Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:

La Representación Nacional se ha reunido este día acatando un mandato expreso de nuestra Constitución Política, para conocer el Informe rendido por usted, mismo que ha sido escuchando con vivo interés y profunda satisfacción, ya que contiene en extracto las labores desarrolladas por la Administración que usted preside en el quinto año de su Gobierno.

En la primera parte de su exposición que se refiere a la obra social y económica emprendida, resalta claramente su deseo de afirmarse a sí mismo, para afirmar a la Nación, que el Gobierno de México ha realizado una labor serenamente constructiva dentro de un concepto legítimo de sus funciones.

Basta el análisis de los hechos sucintos presentados en esta parte del Informe para que esas declaraciones sean recibidas y reafirmadas por el Congreso, para tenerlas como suyas, y asegurar que lo mismo serán para la República.

En efecto, el programa que usted adoptó, inspirado en las necesidades del pueblo y de acuerdo con el Partido de la Revolución, ha sido invariable y enérgicamente seguido desde su campaña electoral, en sus planes de Gobierno y en su conducta política mantenida con firmeza en cada uno de los cinco años que han transcurrido.

Este programa en sus lineamientos esenciales consiste en mejorar las condiciones de las masas que integran la mayoría del pueblo mexicano, mediante la emancipación que libre al país de injustas presiones y explotaciones extrañas y por la obra revolucionaria que transforma el régimen de la producción para suprimir los privilegios de una clase minoritaria que en otras épocas gozó ampliamente de la protección de Leyes y Gobiernos, creó un sistema económico fundado en el lucro personal, con detrimento de las clases populares.

Ni amigos ni enemigos niegan ni se atreverían a hacerlo, la sinceridad, la constancia y la energía que usted ha demostrado para continuar con este programa la obra de la Revolución, emprendida en diversas etapas desde 1910, a través de éxitos y de obstáculos.

Nadie podría negar también el propósito de su Administración, empeñado constantemente en dar a los grupos minoritarios que representa la inversión privada, las oportunidades legítimas para laborar, en su campo acción, en beneficio de la economía nacional, de acuerdo con los requerimientos del programa social que el pueblo ha hecho suyo.

La resistencia de estos mismos grupos ha sido uno de los obstáculos lamentables que han retrasado la transformación y han impedido obtener más rápidamente los provechos que se esperan.

Pero de las afirmaciones de usted, todas las clases sociales pueden deducir que la preocupación del Gobierno no ha sido solamente en causar la renovación revolucionaria, sino crear conciencia de su necesidad y de su provecho hasta para aquellos que transitoriamente se han puesto a margen del movimiento social, al sentirse lesionados en sus intereses individuales, porque toda radical transformación de un régimen trae aparejados por fuerza desajustes parciales, que serán al fin compensados por los beneficios de una producción más fecunda y de un reparto más equitativo.

Debe reconocerse también, que las presiones externas y la resistencia interior, no han aminorado el ímpetu de la obra ni desviado la trayectoria, a pesar de la concurrencia de obstáculos de otra índole como son las limitaciones imprevistas de un régimen socio-geográfico, las deficiencias secundarias en la ejecución, la repercusión de crisis económicas mundiales y las contingencias de otros factores naturales y humanos incontrolables.

Y como en definitiva la empresa sigue su marcha ascendente, el ideal se afirma, los obstáculos se allanan y la voluntad se robustece, es un orgullo para la Representación Nacional, en esta ocasión, interpreta el sentimiento del pueblo de México, y expresar su propia convicción, manifestando su solidaridad con la Revolución, de la cual es usted digno representativo en esta etapa.

La arraigada tradición pacifista de México se ha manifestado en la adhesión pública que el Ejecutivo se apresuró a manifestar con motivo de las declaraciones formuladas por S. M. el Rey de Bélgica, invitando al Grupo de Oslo a fin de que éste realice un esfuerzo más tendiente a evitar una guerra desastrosa que, como expresa el C. Presidente de la República, causaría enormes daños no solo a los países beligerantes sino a la humanidad.

El Congreso de la Unión ha seguido atentamente el desarrollo de la política hacendaria del Ejecutivo Federal, no sólo en cuanto a sus consecuencias sociales sino también en los motivos técnicos que la han determinado.

El Poder Legislativo Federal reconoce que reales circunstancias de emergencia han influido para normas la labor hacendaría durante el último período, y por ello, con conocimiento de causa, justificada y aprueba los métodos seguidos por el Ejecutivo Federal, encaminados hábilmente a sortear serios obstáculos.

La preocupación que ha mostrado el Ejecutivo por defender hasta donde ha sido posible la reserva metálica de nuestro sistema monetario, autorizando al Banco de México a retirarse del mercado de cambios con la oportunidad necesaria, prueba la intensión de conservar la estabilidad de nuestra moneda frente a circunstancias extraordinarias cuyo alcance y determinación fue imposible prever.

El Congreso tiene especial interés en dar a conocer a la Nación que comprende la necesidad imperiosa en que se ha visto el Ejecutivo Federal, para usar extraordinariamente de su crédito con el Banco de México, ante el imperativo de mantener la circulación monetaria en un nivel adecuado para nuestras necesidades económicas generales.

Aprueba por ello esa actitud, al igual que la intención actual del Gobierno Federal, de reducir el medio circulante en la proporción necesaria para restablecer un tipo de cambio adecuado e impedir el alza inmoderada de los precios.

Es de gran importancia hacer notar en esta ocasión, que la política del Ejecutivo ha sido consecuente con sus propósitos de mejoramiento social y que el alza de los precios rurales de los productos agrícolas ha servido para beneficiar al sector campesino y ejidal, quienes consecuentemente han elevado su patrón de vida y aumentado su capacidad de consumo su capacidad de consumo.

Esta afirmación la podemos hacer, señor Presidente, quienes en el seno de este Congreso representamos a la Confederación Nacional Campesina, y somos, por lo tanto, portavoces de su sentir.

El alza de los precios, que en alguna ocasiones ha servido a los enemigos de la Revolución para enderezar críticas a la Administración pública, no es solamente un producto de las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el valor actual de nuestra moneda, sino el resultado general de todo un amplio movimiento de recuperación y ajuste, que la actividad nacional presente y del que podrían señalarse numerosas pruebas.

La Representación Nacional ha quedado enterada de las inversiones hechas por el Ejecutivo fuera del Presupuesto, para dotar a distintas ramas de la Administración, de la maquinaria, plantas industriales y demás equipos de trabajo que le son indispensables para incrementar la producción y mejorar los servicios públicos, y que fueron tomadas de los impuestos recaudados por el Gobierno Federal, en divisas extranjeras, como consecuencia de las operaciones de venta de petróleo.

Es altamente satisfactorio también para este Congreso el manifestar a la Nación, que aprueba la política del Ejecutivo en materia de la Deuda Pública, señalando especialmente la actividad realizada para la colocación del Empréstito de Caminos, cuyo servicio se ha venido cumpliendo con toda exactitud, de la misma manera que el Servicio de la Deuda Pública de Cuarenta Años, que forman, con la anterior, las dos deudas interiores tituladas de mayor importancia que tiene la Nación.

El Congreso aplaude la resolución del Ejecutivo Federal, de continuar prestando atención preferente a los problemas relacionados con el Crédito Público.

El efecto producido en la economía nacional por el amplio programa de construcción de caminos y de otras vías de comunicación y, en general, por la política de obras públicas que han emprendido el Ejecutivo Federal y los Gobiernos locales, es, ante el Congreso, una prueba más de la estrecha colaboración con que trabaja la Administración pública, y de la comunidad de propósitos que en materia económica el Ejecutivo ha podido encauzar en toda la República.

Es profundamente satisfactorio para la Representación Nacional enterarse de la actitud del Ejecutivo Federal en el caso del petróleo.

"La expropiación no fue el efecto de una actitud sentimental, sino el resultado de las normas jurídicas que rigen nuestro país y la obligación del Gobierno de hacer respetar tales normas, lo mismo a los mexicanos que a los extranjeros que tienen negociaciones en nuestro territorio".

Estas palabras sencillas del Jefe de la Nación, entrañan, sin embargo, gran trascendencia, porque no sólo tienen el valor de un programa, o de una promesa, sino el de una realización: el respeto a la Soberanía Nacional.

La Revolución Mexicana se caracteriza por dos grandes propósitos: la destrucción de nuestra fisonomía semifeudal para hacer, del pueblo que trabaja la tierra, la base futura de la economía del país y la lucha por conquistar nuestra plena autonomía económica, para hacer valer, sin cortapisas, nuestro carácter de nación soberana en nuestras relaciones internacionales.

Por lo que este último propósito, es incuestionable que México no podrá alcanzar jamás su cabal independencia si permite que los empresarios, particularmente los grandes empresarios extranjeros, consideren que tienen derecho, a invertir su capital en nuestro territorio sin el acatamiento fiel a las leyes y a los acuerdos legítimos de los Tribunales Mexicanos.

Por esta causa, el caso de la expropiación petrolera es el primer gran hecho anti-imperialista, que lleva a cabo el Gobierno de la República, inspirado en los más profundos anhelos de la Revolución.

A eso se debe, cuando el conflicto hizo crisis, las compañías defendieran más que el dinero que los trabajadores estaban justificadamente demandándoles, el precedente; el precedente para otros países, de tener que someterse a las leyes en las que reside nuestra soberanía nacional.

Transigir con la insolencia de las empresas imperialistas había sido, antes del actual Gobierno, la característica de múltiples administraciones pasadas. Por esta razón, la expropiación de la industria del petróleo, debida a un acto de provocación de las empresas, tienen la trascendencia histórica que dentro y fuera de México se reconoce.

Transigir, pues, con las compañías, en lo fundamental, en la legitimidad de la expropiación o en el manejo de la industria del petróleo, en las condiciones en que lo han propuesto, que son peores, inclusive que la restitución de sus antiguos bienes, equivalente a transigir con la vida misma de la patria, a hacer imposible para el futuro el respeto a las leyes mexicanas en el territorio de México, a perder toda posibilidad, un verdadero país independiente.

Por ventura, no sólo el Gobierno de la República no está de acuerdo en la transacción, sino que el pueblo de México ha respaldado y sigue respaldando esa patriótica actitud.

Por ello es legítimo que el Congreso de la Unión aquí congregando, representante de la Soberanía Nacional, rinda un homenaje de admiración y gratitud sincera, al esclarecido ciudadano Lázaro Cárdenas, por su conducta gallarda, revolucionaria y patriótica, que no sólo es una lección para los claudicantes de la Revolución, no sólo es un mentís para los que creen que la Revolución debe ser rectificada, sino es estímulo para todos los pueblos semicoloniales del mundo, y motivo de acción entusiasta para la clase trabajadora de toda las naciones.

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos está de acuerdo en que, dada la conducta de las compañías petroleras, debe procederse inmediatamente a aplicar los preceptos legales para hacer efectiva la indemnización a que las empresas tienen derecho, en los términos de la Ley.

De esta suerte, quedará demostrado ante propios y extraños, que si la indemnización no se ha pagado hasta hoy, es porque las compañías petroleras se han negado sistemáticamente a presentar sus puntos de vista en relación con el avalúo.

Aunque es muy discutible el derecho que los extranjeros tienen para reclamar indemnizaciones por bienes expropiados en interés de la economía nacional y de la paz pública inclusive, México ha aceptado pagar, como lo probó en el caso de las tierras expropiadas a los extranjeros, en cumplimiento del Código Agrario; pero el pago debe de sujetarse, como todos los actos relativos al proceso de la expropiación, a las leyes y a los tribunales legítimos de nuestro país.

En consecuencia, si las empresas no han cooperado para señalar la cantidad a que tienen derecho, es preciso fijar esa suma sin su opinión, de acuerdo con los procedimientos de nuestras leyes vigentes, y poner a las ordenes de las empresas la cantidad que hasta hoy resulte el Gobierno Nacional adeudándoles.

Si esa cantidad no les pareciere bien, les queda libre el camino de demandar al Gobierno ante los propios tribunales mexicanos respecto del monto de la indemnización; pero sólo hasta ahí su derecho: el pueblo mexicano jamás permitirá una intromisión extraña y contraria a los más elementales principios de su decoro ni los intereses de la concordia continental, según afirma el Ejecutivo, pueden subordinarse a los intereses de las empresas del petróleo, a las cuales ningún país del mundo tiene que agradecer ningún beneficio en provecho de la justicia social, de la democracia o de la armonía entre las naciones.

La Representación Nacional sabe que la actual campaña de calumnias, de intriga y de difamación para el Gobierno Nacional, que llevan a cabo las compañías petroleras, tiene, independientemente de la explicación de la de todos conocida trayectoria de las empresas imperialistas, el valor de un gran argumento político electoral, lo mismo en los Estados Unidos que en México, países en los que se ha iniciado de lucha cívica por la renovación de la Presidencia de la República.

Pero cualesquiera que sean las complicaciones que las compañías petroleras puedan crear con este motivo, el pueblo de los Estados Unidos Norteamérica puede tener la seguridad de que el pueblo de México hace mucho tiempo aprendió a distinguir entre la amistad de las naciones vecinas, la amistad de los Gobiernos cuando éstos le sirven honestamente a sus pueblos, y la constante actitud de amenaza y atropello de las grandes empresas imperialistas que querrían ver al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica convertido en una fuerza oprobiosa de ataque para los pueblos débiles del Hemisferio Occidental.

Por lo tanto, el pueblo mexicano sabrá defenderse de la amenaza imperialista, sin alterar en lo mínimo las relaciones de cordialidad con el gran pueblo vecino de nosotros, pues deben de saber, lo mismo los reaccionarios mexicanos que los enemigos de la soberanía nacional que se hallan en el extranjero, que si con el actual Gobierno de México no llegan a un arreglo las compañías petroleras, sobre la base del respeto a las leyes legítimas de nuestro país, resultará inútil esperar a un nuevo Gobierno para que éste se arregle con las empresas expropiadas a base de transigir con nuestra dignidad y con nuestro decoro: que es más fácil que las empresas petroleras se entiendan con el Gobierno que preside el ciudadano General Lázaro Cárdenas, que con los gobiernos futuros de México, porque a medida que el tiempo transcurra el caso petrolero será más impenetrable para las gestiones inoportunas de los provocadores de la expropiación.

Ciudadano Presidente de la República, con la emoción que produce un razonamiento fríamente realizado, con el entusiasmo que provoca la convicción que se ve satisfecha, en nombre del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, declaramos que la Revolución continuará su gran obra cumplida hasta hoy, a pesar del escándalo de los sectores reaccionarios y no obstante los procedimientos que se pretenda emplear mañana para rectificar la obra llevada a cabo, pues merecéis el bien de la Patria.

Nos hemos enterado con viva satisfacción de las realizaciones que en materia agraria ha logrado en última etapa el Ejecutivo a su cargo, pues al hecho de hacer pasar de 1.643,237 campesino el número de beneficiados por la Reforma Agraria, y después de entregar a los trabajadores del campo en años anteriores las principales zonas productoras de algodón, de henequén, de café, de trigo, de caña, etcétera, viene a sumarse en este año la muy importante zona del Yaqui, para llevar a las poblaciones indígenas asentadas en esa región, una corriente de mejoramiento que logrará la total solución de sus problemas vitales.

Por lo anterior, es justo expresar que recibiendo una zona tras otra, los campesinos de México tiene a la fecha bajo su responsabilidad, como encargados de su explotación, las más importantes fuentes de la producción agrícola, recibidas de manos de un Gobierno que pasará a la historia por sus indiscutibles atributos de compresivo y esforzado luchador en beneficio de las masas trabajadoras.

Y al problema de la distribución de la tierra a los grandes núcleos ejidales, habrá de sumarse el halagador resultado obtenido con el Banco Nacional de Crédito Ejidal, institución a la que hace usted referencia en otro capítulo de su Informe, y la que a medida que pasa el tiempo y cimenta y estructura su organización, logro obtener una mayor recuperación en sus préstamos a los campesinos del país, dando así un rotundo mentís a quienes pretenden improvisarse en líderes de los campesinos o a quienes a una institución que, como ésta, vino a arrancar a los trabajadores del campo de las garras de los prestamistas e intermediarios.

La clase campesina reconoce que apenas iniciado su Gobierno, ciudadano Presidente de la República, dio principio la época de realizaciones agrarias más intensa que conoce México; de ella se manifestación elocuente el dato de las 1,317 dotaciones definitivas ejecutadas en este año de Informe, así como los demás números de tanto interés, que en este capítulo se ha servido usted dar a conocer a la Representación Nacional.

El Congreso de la Unión aplaude sin reservas el esfuerzo que el esfuerzo que el Ejecutivo a su cargo ha venido desarrollando, con el propósito de reintegrar a la Patria a numerosos connacionales que en busca de mejores condiciones de vida salieron del país, ya que estima que estos grupos al regresar a su tierra natal representa una readquisición valiosa para su progreso.

Esta propia Representación Nacional estima plausible el propósito del Gobierno de no escatimar gastos para la debida ayuda de los contingentes de repatriados mexicanos y está segura que el Poder Ejecutivo irá resolviendo con atingencia y entusiasmo este importante problema.

Estamos seguros también de que los gobiernos locales sabrán respaldar la labor del Ejecutivo, cooperando dentro de sus posibilidades económicas a la reintegración a sus respectivas Entidades Federativas de los mexicanos provenientes de los Estados Unidos, ya que estos grupos de conciudadanos constituyen valiosa inyección de nueva savia para el pueblo de México.

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos considera útil la distribución de los trabajadores republicanos de España en lugares y en condiciones de favorecerse a sí mismo, tiempo a la economía nacional.

Puede usted estar seguro, ciudadano Presidente de la República, que el pueblo entiende el impulso de usted encaminado a proteger a estos elementos que viene a convivir con nosotros con trabajo honesto y actitud sana.

Al tratar usted, ciudadano Presidente de la República, el problema marítimo nacional, expone detalladamente la atención que el Ejecutivo a su cargo debe prestar a la explotación racional del mar y a la utilización del mismo como vía de comunicación, ya que ello constituye un alto valor económico para el país; y justifica, con la exposición que hemos escuchado, la necesidad de crear el Departamento Autónomo de la Marina Nacional, a efecto de que éste llene las finalidades que le han sido ya señaladas.

Seguramente que esta nueva dependencia gubernamental servirá para lograr un aumento de producción en nuestro recursos marítimos, y que ello será factor en la propiedad de nuestro pueblo.

Nos hemos enterado de la síntesis que hace usted en su Informe sobre el programa de obras que viene desarrollándose en toda la República, y consideramos que, particularmente la inauguración de las pequeñas y medianas obras de riesgo que se viene realizando en diferente Entidades del país, fortalecerá al desarrollo económico de nuestro pueblo.

Las diversas redes de ferrocarriles que usted señala, son de indudable trascendencia para conectar los lugares distantes del Centro de la República y para canalizar en esta forma nuevas fuentes de riqueza, ya que se abren, así, posibilidades a los distintos mercados de la producción.

La construcción del Ferrocarril de Fuentes Brotantes a Punta Peñasco, que comunicará la Baja California con el resto del país, el Ferrocarril del Sureste, la construcción del Ferrocarril de Uruapan a Puerto Zihuatanejo, así como las numerosas carreteras que se abrieron al tráfico en el presente año, son síntomas indudable de que el país vive un ritmo favorable en su desenvolvimiento económico social en beneficio de la gran mayoría de la población.

Señor Presidente:

El Congreso de la Unión toma debida nota de la sugestión de usted, relativa a la expedición de algunas leyes que han sido sometidas a nuestra consideración, y que por diversas causas, no han sido aún aprobadas.

Por lo que se refiere a la Ley de Vías Generales de Comunicación, que está en poder de la H. Cámara de Diputados, dicha Ley ha sido objeto de un estudio minucioso por parte de los Representantes nacionales, quienes han tenido necesidad de aceptar las sugestiones numerosas y atinadas, de diversas organizaciones de trabajadores de la rama de transporte, como de algunas Secretarías de Estado.

En situación análoga se encuentra la Ley de Responsabilidades para enjuiciar a los funcionarios públicos, que sean señalados por la opinión como desleales depositarios del Poder.

Ambas leyes seguramente serán sometidas, durante el presente período ordinario de sesiones, a la consideración de ambas Cámaras, por parte de las comisiones respectivas que las tienen en estudio.

Por lo que se refiere a la Declaratoria de la Reforma Constitucional al artículo 35 de nuestro Pacto Supremo, por la que se concede el voto a la mujer, dicha Declaratoria no ha sido aún hecha, debido a que recibió la aprobación de las Legislaturas locales durante el período de receso de las Cámaras Legislativas, y, por otra parte, porque no fue incluido este asunto en el temario por tratar en el período extraordinario de sesiones.

Compartimos con usted la idea de que el sufragio en México debe ser completado esencialmente por voto de la mujer.

Las razones de índole económica, social y revolucionaria que fundan esta tesis, no es la ocasión indicada para enunciarlas, pero la afirmación del sentimiento revolucionario de la actual afirmación del sentimiento revolucionario de la actual XXXVII Legislatura al Congreso de la Unión, es la mejor seguridad de que la mujer mexicana cuenta en los actuales Representantes populares, con la más amplia simpatía y solidaridad.

La Representación Nacional comparte sin vacilación los propósitos expresados por usted con motivo del palpitante problema de la sucesión presidencial.

La inquietud cívica en toda la República es evidente, porque es unánime el sentimiento, hasta por intuición, de que la cuestión electoral no sólo plantea el cambio de personas en la Administración, sino la continuidad o la destrucción de una obra social y política.

Define usted con claridad, en su mensaje, su actitud como Presidente de la República, que desea hacer respetar las normas fundamentales de la democracia, otorgando plenas garantías para el ejercicio del sufragio, señalado, al mismo tiempo, como guiador y líder social, una línea de conducta de acuerdo las normas arraigadas en el pueblo para mantener, seguir y perfeccionar la obra de la Revolución.

La Nación debe recoger estas palabras:

Cualquier alejamiento de estas normas conducirá al desplazamiento de los hombres que por debilidad o incomprensión se aparta de las rutas que el pueblo ha trazado para la grandeza de la Patria.

Siguiendo la misma inspiración, este Poder Legislativo sostiene el ideal y la práctica de la democracia y secunda los propósitos expresados por usted, con plena conciencia de los dos aspectos más importantes de la función de los miembros del Congreso: el primero, en relación con su misión directa y técnica de elaboración de leyes y de poder público con facultades en materia electoral, y el segundo, como Representantes de Sectores de opinión, de masas organizadas y miembro de un Partido Político con el derecho y la obligación de auscultar y orientar la opinión pública y de intervenir en las actividades cívicas y militares.

Con este criterio comprendemos y secundamos las indicaciones de usted que se dirigen a todos los que tengan participación en el Poder, en justo equilibro con sus facultades ciudadanas, de acuerdo con la organización de sus corporaciones sindicales o políticas, en la misma forma que senadores y diputados mantienen su solidaridad con el Partido de la República Mexicana.

En cuanto a la actitud del Ejército Nacional, confiamos, como usted, en que sus tradiciones ya arraigadas y la conciencia, cada vez más clara, de su misión esencial para la vida de la Patria, lo harán secundar también los propósitos de su más alto Jefe, para que lo mismo que el Poder Legislativo, cumpla con su función cívica sin perjuicio sus deberes específicos como custodio de las instituciones y del orden público, con la seguridad de que las palabras de usted refuerzan bien adquirido sentimientos de disciplina y de decoro.

Y tanto el Ejército, como los Poderes Públicos Federales y locales, y usted mismo, podemos, con certidumbre, afianzar y seguir esta línea de conducta, garantizando lo más amplio libertad democrática, porque la inmensa mayoría de la Nación dará indudablemente su voto por la continuación, al ascenso y el perfeccionamiento de la obra revolucionaria que tiene como objetivo precisamente la emancipación y la elevación del pueblo mexicano.

Señor Presidente:

Compañeros:

No es verdad que el país viva actualmente situación semejante, ni políticamente, a la de 1910, cuando regía los destinos de México Porfirio Díaz.

Esa afirmación la desmiente categóricamente el Congreso de la Unión.

Pensamos, por el contrario, que México vive hoy la época más vigorosa y plena de optimismo en la historia de su movimiento social, porque el pueblo trabajador de México ha adquirido ya con ciencia de sus derechos y de sus obligaciones, y ejercita los primeros y cumple con las segundas, con sentido de responsabilidad, en un ambiente social y político de plena garantías que otorga el Poder Público, lo mismo a unas clases sociales que a otras; garantías cuya más alta expresión es la libertad de prensa de que disfrutamos.

La Revolución está en marcha, y seguirá por la misma ruta, porque así lo quiere la voluntad del pueblo.

Fuentes:

1. Los presidentes de México ante la Nación : informes, manifiestos y documentos de 1821 a 1966. Editado por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. 5 tomos. México, Cámara de Diputados, 1966. Tomo 4. Informes y respuestas desde el 30 de noviembre de 1934 hasta el 1 de septiembre de 1966.
 
Los cinco tomos fueron digitalizados por la Universidad de Texas:
http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/mexican/history/index.html

2. http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/37/3er/Ord/19390901.html



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