1938
Discurso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, al iniciar el Congreso sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1938.
1 de septiembre de 1938.


Discurso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, al iniciar el Congreso sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1938.

Honorable Congreso de la Unión:

En cumplimiento de mi deber constitucional, vengo a rendir ante Vuestra Soberanía el informe que contiene las labores desarrolladas por las diversas Dependencias del Ejecutivo, durante el cuarto año del actual Gobierno, y a exponer, a la vez, los problemas principales que en el mismo período se presentaron a la Administración.

Después del Informe del Ejecutivo de mi cargo rendido el 1o. de septiembre de 1937, la situación económica del país ha sufrido alteraciones que deben atribuirse principalmente a la depresión mundial manifestada por una baja de precios que ha venido a afectar de modo considerable la venta de nuestro productos de exportación, y en el orden interno, a las disposiciones dictadas en relación con la explotación del petróleo, tendientes a asentar la soberanía de la Nación sobre sólidas bases que garanticen su independencia efectiva.

El Gobierno Federal sabe, asimismo, que el desarrollo de programas social emprendido debe necesariamente originar algunos desajustes transitorios en la economía del país, pero que a la postre se obra quedará ampliamente justificada con el mejoramiento de los sectores más numerosos y necesitados, y con ello de la Nación entera.

El Gobierno ha tenido que recurrir a medidas de carácter extraordinario en el Ramo de Hacienda cuya aplicación, que vigila cuidadosamente, espera hará menos sensibles en el país los efectos de la depresión mundial y facilitará la solución de los problemas interiores.

Entre los hechos más salientes en el período que abarca este informe, debe señalarse, en primer lugar, el abandono del tipo de cambio por diversas causas que pueden resumirse como sigue:

El incremento del índice de precios interiores que tuvo lugar durante el año de 1936 y el primer semestre de 1937, no representó desde el punto de vista cambiario ninguna dificultad para el sostenimiento de nuestra moneda, porque paralelamente se operaba un ascenso en los índices de precios internacionales.

A partir del mes de mayo de 1937, se observó que mientras el índice general de precios interiores seguía su tendencia de franco ascenso, el de los exteriores, que hasta entonces lo había acompañado en su movimiento, comenzó a declinar acentuándose este descenso principalmente en el mercado americano, desde octubre de 1937.

Esta disparidad en los precios interiores respecto de los exteriores tendía a provocar, y lo produjo, un desequilibrio en nuestra balanza, pues el valor total de las exportaciones disminuía y en cambio había motivos para que aumentaran en forma inusitada las importaciones, siendo la consecuencia inevitable que esta disparidad repercutiese en la Reserva Monetaria, la cual ganó cuando los precios internacionales fueron altos o inferiores los nuestros, pero empezó a perder al producirse el fenómeno contrario, en virtud de que hubo que liquidar con oro los saldos desfavorables de nuestra balanza.

Por otra parte, a la situación creada por ese desnivel se sumó el tendencioso e insistente retiro de los depósitos que las compañías petroleras tenían en las principales instituciones del sistema bancario, para transformarlos en divisas extranjeras y situarlos fuera del país.

Este movimiento tuvo repercusiones en el público, quien por desconfianza en la seguridad de la moneda, contribuyó en forma sensible al retiro de los depósitos.

Para dar una idea de la demanda de divisas que existía por causas diferentes de las comerciales, basta decir que los depósitos a la vista, de junio de 1937 a junio de este año, bajaron 81.2 millones, disminución que afectó a la Reserva Monetaria.

Ante el desequilibrio de nuestra balanza y la imprescindible necesidad de fortalecer nuestra moneda en relación con el cambio exterior, el Gobierno tuvo que optar por alguna de las cuatro medidas siguientes:

a) Provocar la baja de los precios interiores.

Para lograrlo se pudo haber hecho uso de los medios clásicos conocidos, como son la restricción de crédito, la elevación del tipo de interés en el redescuento, la reducción de los gastos públicos; medios que si son reconocidamente eficaces para lograr la finalidad propuesta, constituyen un mal en sí mismo, pues provocando una disminución en el poder adquisitivo de las masas consumidoras, faltamente conducen al descenso de las actividades industriales y comerciales; al aumento de los almacenamientos de mercancías por falta de demanda; rebaja de salarios y desocupación, con los consiguientes trastornos económicos, políticos y sociales de trascendencia tal que el Gobierno consideró inconveniente el exponer a nuestro pueblo a sufrirlos.

b) Establecer un control de cambios.

Este procedimiento, recomendado para evitar la fuga de capitales y regular por actos del Poder Público los movimientos de entrada y salida de mercancías, hubiera sido de difícil aplicación, porque es solamente aconsejable en medios sociales altamente disciplinados, en países en que el régimen aduanal está perfeccionando y cuyas fronteras reducidas son susceptibles de suficiente vigilancia y no pudiéndose contar con la concurrencia de esos elementos, seguro es que la medida, en vez de haber alcanzado el propósito a que tendía, hubiera dado por resultado crear mayores dificultades y poner en auge el mercado clandestino de cambios.

c) Sostener el tipo de cambio empleando la reserva monetaria.

Esta medida, a la que sólo debe recurrirse cuando el desequilibrio de la balanza aparece como temporal, se estimó en un principio como la más propia, pues el Gobierno trataba de evitar la serie de fenómenos complejos que origina la variación del tipo de cambio y contado, sobre todo, con perspectivas cuya realización podría corregir el desnivel de nuestra balanza.

Se esperaba que aportarían a ésta un importante saldo de divisas extranjeras el aumento de la producción y exportación de nuestro petróleo, por virtud de los trabajos desarrollados en los yacimientos de propiedad del Gobierno y también por el cumplimiento de parte de las empresas petroleras del laudo dictado en el conflicto que tuvieron con sus trabajadores; posibilidades que decidieron el mantenimiento del tipo de cambio, usando conscientemente la Reserva Monetaria, que cumplió su función de sostener la moneda.

Medida coadyuvante de este propósito fue, mientras se realizaban las perspectivas de que se ha hablado antes, elevar fuertemente los aranceles, para reducir las importaciones y lograr que el sacrificio de la Reserva fuera menor.

El conflicto provocado por las compañías petroleras y la inquietud pública que se creó alrededor de él, culminó con la expropiación de los bienes de las citadas compañías, acto que por sus consecuencias hizo imposible continuar sosteniendo el tipo de cambio, puesto que, cuando menos temporalmente, no sólo no aumentarían nuestras ventas de petróleo en el exterior, sino que había necesidad de prever una disminución en las que estaban realizando.

Así se determinó la necesidad de abandonar las medidas hasta entonces adoptadas para sostener el tipo de cambio.

d) Abandono del tipo de cambio.

Este recurso, a pesar de sus inconvenientes, tiene la ventaja de dejar a la moneda alcanzar su nivel natural y ajustar automáticamente, en consecuencia, las corrientes de la importación y exportación.

Sin embargo, se hace notar que el Gobierno no deja pasar inadvertido el hecho de que la devaluación, además de afectar a los precios de los artículos de importación, trae consigo un serio detrimento de las inversiones y por lo tanto no debe encontrarse en este sistema un medio de corregir indefinidamente situaciones de desequilibrio.

La ausencia temporal del Banco de México en el mercado de cambios a partir del mes de marzo próximo pasado, ha tenido el saludable efecto de preservar las existencias metálicas y de divisas de nuestra Reserva.

Puede afirmarse que su monto actual de 129.0 millones de pesos es suficiente para garantizar la emisión de billetes que asciende a 210.0 millones, más los depósitos a la vista en el Banco de México, por valor de 96.5 millones, o sea un valor total de 306.5 millones, pues establece una relación de 42.10% de garantía metálica.

Por otra parte, el valor de nuestra Reserva en relación con los depósitos totales a la vista en los bancos, que sumaron 283.4 millones en agosto 6 del presente año, representa una cobertura metálica de 45.50% todo lo cual demuestra que la situación de nuestra moneda, a pesar de la dura prueba sufrida, es satisfactoria y justifica ampliamente las seguridades de un pronto regreso a la normalidad.

El retiro de depósitos bancarios con su efecto consiguiente de disminución del crédito, fue con oportunidad contrarrestado por el Banco de México, que acudió en apoyo de las instituciones privadas ampliando sus líneas de crédito y modificando excepcionalmente las reglas de operación del Banco para permitir el fomento de la producción, acrecentando el crédito comercial y el de avío en todos los casos que ofrecían las garantías necesarias.

El resultado de tal política se puede resumir en las siguientes cifras:

En junio de 1937 los recursos de los bancos privados (capital, reservas y depósitos) ascendían a la suma de 442.5 millones de pesos y en abril de 1938 habían descendido a 329.0 millones, es decir, una disminución de 113.5 millones; pero a partir de esa fecha y más sensiblemente durante el mes de julio y la primera semana de agosto del presente año, el movimiento de recuperación se estableció francamente aumentando los recursos del sistema a la suma de 340.2 millones de pesos, o sea un incremento substancial de 12.0 millones en el transcurso de un mes.

Al mismo tiempo, la ampliación de créditos iniciada por el Banco de México provocó, junto con el reintegro de los depósitos al sistema privado, un aumento substancial en las carteras de los bancos, que de un mínimo de 240.0 millones en junio de 1938, se recobró a 272.1 millones en julio del mismo año, acercándose a la situación que prevalecía en marzo de 1937, cuando la cartera de los bancos ascendió a 310.0 millones de pesos.

Como un complemento de esta política, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México han realizado los esfuerzos necesarios para mantener la circulación monetaria suficiente a las necesidades económicas de la vida del país, substituyendo los depósitos retirados de los bancos, en la proporción conveniente, con nuevos signos monetarios.
La acción económica general había llegado a mantener un máximo de circulación total de 741.4 millones de pesos en julio de 1937, de los cuales 452.6 representaban dinero de manos del público, y 288.9 millones, depósitos a la vista en el sistema bancario; dicha circulación correspondía a un índice general de los precios de 124.8.

En junio 30 del presente año la circulación total descendió a 686.8 millones de los cuales 473.2 son dinero en manos del público y 213.7 depósitos a la vista en el sistema de crédito; a esta circulación corresponde un índice de precios de 126.7.

Puede, en consecuencia, afirmarse que el exceso de circulación de monedas nacional en manos del público equivale prácticamente a la disminución de los depósitos bancarios en sus funciones monetarias y que esto ha producido el mantenimiento casi normal del índice de precios, que aumentó solamente dos puntos en el transcurso de un año.

La reducción de los depósitos a la vista en los bancos privados a un mínimo de 164 millones de pesos en mayo del presente año, pudo haber causado un efecto deflacionista en el medio circulante cuyas consecuencias habrían sido duramente resentidas por el público.

Nada puedo ser más justificado que tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México procuraran mantener una circulación capaz de contrarrestar el retiro de los depósitos, el atesoramiento de los signos monetarios y la exportación de capitales.

Es satisfactorio anunciar el resultado de esta labor, pues la circulación total se ha mantenido prácticamente la misma, como lo indican las cifras que se han dado anteriormente.

No existe, por lo tanto, un aumento superfluo de signos monetarios en el mercado, y si parte del medio circulante está representado por facilidades extraordinarias de crédito, esta situación habrá de remediarse paulatinamente a medida que la retracción del público disminuya y el dinero atesorado substraído a la circulación vuelva a ser empleado productivamente.

El Ejecutivo Federal estudia la posibilidad de ampliar más el volumen de crédito comercial e incrementar también el crédito industrial.

El Gobierno Federal, a través de su programa de inversiones, contribuyó poderosamente al mantenimiento de un stock monetario adecuado a las necesidades del país.

Ya en otras ocasiones el Ejecutivo de mi cargo ha declarado a la nación las causas por las cuales ha juzgado conveniente usar de su crédito con el Banco de México en forma extraordinaria, y ha informado con toda franqueza sobre el monto de los adelantos de dicha Institución ha concedido al Tesoro Federal.

El sobregiro extraordinario del Gobierno fue de $ 83.991,328.28 al final de 1937 y ascendió a $ 89.591,845.62 el saldo total acumulado al 6 de agosto de 1938, al cual habrá que deducir la suma de $ 21.506,899.09 representada por inversiones del propio Banco en Bonos de Caminos, que si están considerados legalmente a cargo del Gobierno Federal, representan de hecho una operación propia del Banco, quedando, por lo tanto, reducido el sobregiro a $ 68.084,946.56.

Hay que reconocer que los créditos obtenidos del Banco de México, si bien han desempeñado la importante función de evitar en el país, en determinado momento, los perjuicios de una grave depresión económica, no deben considerarse en condiciones de normalidad como el uso de una práctica para saldar deficientes del Tesoro.

Las normas adoptadas en materia de gastos públicos, a que se hará referencia en este Informe, permiten confiar que en lo futuro no será necesario recurrir a esas facilidades de crédito y que, por el contrario, el sobregiro actual irá siendo cubierto paulatinamente, pues existe el propósito de saldarlo durante el actual período presidencial.

No debe, sin embargo, concederse mayor importancia al hecho de que el Gobierno haya recurrido al crédito en forma extraordinaria, pues el monto de las cantidades facilitadas por es medio resulta pequeña si se le compara a las inversiones del Gobierno que se han aplicado a la producción, o bien a incrementar el capital fijo del Estado.

Nada es más satisfactorio que mostrar en esta ocasión ante Vuestra Soberanía, la magnitud del esfuerzo realizado para cumplir el programa social y económico del Gobierno.

Las cifras que se dan a continuación representan la inversión de cantidades tomadas de los ingresos normales del Tesoro, además de las cantidades obtenidas como crédito extraordinario en el Banco de México y de las que se habló anteriormente.

El total de las inversiones principales a partir de 1935 ha sido el siguiente:

Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A. $ 126.361,696.54

Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A. $ 37.300,000.00

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. $ 1.000,000.00

Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial $ 1.025,000.00

Comisión Administradora del Crédito Popular $ 1.050,000.00

Almacenes Nacionales de Depósito, S. A. $ 650,000.00

Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S. A. $ 4.000,000.00

Seguros de México, S. A. $ 600,000.00

Productora e Importadora de Papel, S. A. $ 500,000.00

Fideicomisos y Fondos de Administración $ 5.020,888.12

Inversiones en el Ingenio "Emiliano Zapata" $ 14.429,803.44

Construcción de Ferrocarriles $ 69.675,610.02

Construcción de Carreteras $ 68.700,704.54

Empréstitos de Bonos de Caminos $ 83.100,000.00

Sistemas de riego $ 93.210,712.52

Dotación de Agua Potable a los pueblos $ 4.683,008.60

Obras Hidráulicas $ 15.453,200.74

Acondicionamiento y dragado de puertos $ 18.904,431.69

Cuarteles y campos militares $ 2.181,569.36

Estaciones navales, astilleros y varaderos $ 1.925,500.56

Hospital Militar $ 5.145,633.70

Aviones $ 2.324,286.57

Armamentos $ 4.522,193.25

Total $ 561.764,239.65

El Departamento del Distrito Federal ha seguido su programa de obras, destinando importantes cantidades para drenajes, pavimentación, apertura de nuevas calzadas, dotación de agua potable a diferentes pueblos y colonias, en bonificación de las tierras del Lago de Texcoco, en el Túnel de Tequixquiac y otras muchas que figuran en la Memoria respectiva del propio Departamento.

El Presupuesto General de Egresos de la Federación para el año de 1937 fue aprobado por la Honorable Cámara de Diputados con una asignación de $ 333.225,688.82.

Por medio de decretos que posteriormente fueron aprobados, se amplió la cifra original hasta $ 458.044,147.40.

El Presupuesto para 1938 aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, fue originalmente de $ 431.109,870.10.

Por medio de iniciativas aprobadas por la misma Cámara, este Presupuesto ha llegado a $ 451.444,159.11.

El total de la autorización presupuestal en el período que comprende este Informe, o sea del 1o. de septiembre de 1937 al 31 de agosto de 1938, fue el siguiente:

Semestre 1937

$ 152.681,382.46

Semestre 1938

$ 300.727,939.72

Total

$ 453.409,322.18

Del total anterior, además de dietas, sueldos, haberes y atenciones administrativas y técnicas, se destinaron en el mismo período de tiempo, las cantidades que se detallan para las obras y servicios que a continuación se indican:

Semestre 1937    Semestre 1938    Total

Ferrocarriles $ 9.761,676.97 $ 12.819,806.72 $ 22.581,483. 69

Caminos $ 8.297,603.53 $ 12.226,015.88 $ 20.523,619. 41

Puertos $ 2.129,185.72 $ 4.376,395.94 $ 6.505,581.66

Dragado $ 385,460.23 $ 825,317.81 $ 1.210,778.04

Obras Hidráulicas de encauzamiento de ríos y lagunas $ 1.937,434.46 $ $ 3.706,499.29 $ 5.643,933.75

Sistemas de riego $ 10.224,237.50  $ 19.817,758.66 $ 30.041,996.16

Aguas potables para pequeños poblados $ 333,333.33 $ 122,005.74 $ 455,339.07

Construcción de escuelas $ 1.194,445.29 $ 1.207,812.65 $ 2.402,257.94

Otros edificios  $ 264,634.79 $ 929,700.81 $ 1.194,335.60

Fomento Agrícola Industrial $ 162,370.66 $ 1.169,049.02 $ 1.331,419.68

Campañas contra plagas de la agricultura  $ 115,648.14 $ 1.190,333.33 $ 1.305,981.47

Inversiones:

Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A  $ 16.000,000.00 $ 20.000,000.00 $ 36.000,000.00

Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial  $ 150,000.00 $ 900,000.00 $ 1.050,000.00

Deuda Pública $ 16.666,666.66 $ 33.688,814.58 $ 50.355,481.24

Cuarteles y Campos Militares $ 458,706.67 $ 227,836.45 $ 686,543.12

Estaciones Navales, Astilleros y Varaderos $ 255,406.36 $ 239,602.14 $ 495,008.50

Hospital Militar  $ 1.763,755.80 $ 500,000.00 $ 2.263,755.80

Aviones  $ 988,443.14 $ 179,333.33 $ 1.167,776.47

Armamento  $ 1.896,350.16 $ 460,000.00 $ 2.356,350.16

Total  $ 187.571,641.76

De las cifras anteriores deseo mencionar la suma de $ 126.361,696.00 aportada al Banco Nacional de Crédito Ejidal que siendo considerable para el presupuesto oficial, es, sin embargo, pequeña ante la magnitud del problema del ejido que requiere una mayor cantidad para que los campesinos del país cuenten con la refacción suficiente que venga a resolver no solamente su elevación económica, sino la producción agrícola en la República.

Las Secretarías de Hacienda, de la Economía y Agricultura, en unión de las Instituciones Nacionales de Crédito, estudian este problema para darle pronta solución.

Es conveniente hacer conocer ante la Representación Nacional, la necesidad de una acción afín y conjunta de todos los Poderes Federales, locales y de los mismos interesados para defender la Institución Nacional de Crédito Ejidal de aquellos cargos sin fundamento que viene sufriendo, unos por mala fe de elementos interesados en lesionar la organización crediticia del ejido, y otros por ignorancia de quienes no se dan cuenta del daño que hacen al programa social de la Revolución, cuando sabiendo de acusaciones a empleados del Banco generalizan sus ataques en contra de dicha Institución.

Para garantizar en todo lo posible los fondos que aporta la Nación, así como los intereses de los ejidatarios, se ordenó a la Secretaría de Hacienda que fijara la celebración de asambleas de sociedades de crédito ejidal, presididas por el Titular de la propia Secretaría, para que en ellas se conozca la marcha de la organización económica y todo aquello que afecte o interese al sector ejidal.

Así se ha venido haciendo, celebrándose la primera en la Región Lagunera el 22 y 23 de agosto de 1937.

El Ejecutivo de mi cargo considera que es tan importante ponerle atención al crédito ejidal como a la misma reforma agraria, y que ambos requieren una leal y sincera colaboración de los elementos que en una o en otra forma sirven a la Administración.

El Banco Ejidal concedió especial cuidado a la organización de las sociedades locales de crédito en las regiones recientemente dotadas de ejidos: en La Laguna, Yucatán, Mexicali y el Yaqui, con el objeto de impedir que el nuevo sistema adoptado reduzca la producción agrícola.

La importancia del beneficio recibido por los ejidatarios en aquellas regiones, puede estimarse por las cifras siguientes:

En la Comarca Lagunera se organizaron 288 sociedades con 30,963 socios, agrupados en 17 jefaturas de zona; en Yucatán se organizaron 333 sociedades con 46,112 socios y se dio una nueva forma al sistema ejidal de la Península, constituyendo una sociedad civil con intervención del Gobierno del Estado para atender los problemas de crédito de los ejidos henequeneros; en el Yaqui, 13 sociedades con 1,995 socios; en Mexicali, 65 sociedades con 3,902 socios.

Durante el ejercicio social anterior, el banco operó con todas las sociedades del sistema, mediante créditos comerciales, de avío, refaccionarios e inmobiliarios, por valor de $ 63.048,827.70 y durante el mismo periodo hizo recuperaciones de crédito concedidos con anterioridad, por valor de $ 22.300,811.66.

La eficacia de la acción crediticia de la Institución se reflejó en el valor total de las cosechas obtenidas por las sociedades locales de crédito que en el período a que se refiere el presente Informe, ascendió a la cifra de $ 84.069,939.78, resultado los cultivos de algodón, de maíz, de henequén, de alfalfa, de arroz y de trigo, en los que el Banco y las sociedades ejidales controlan un volumen muy considerable de la producción nacional.

La labor realizada por el Banco no puede ser estimada con exactitud todavía y nunca ha pretendido el Ejecutivo de mi cargo recoger inmediatamente los frutos de tan importante esfuerzo, pero está convencido de que la inversión que ahora se realiza en la transformación del régimen económico de la propiedad agrícola, llegará a cubrirse con exceso, por más alto que pudiera aparecer su monto.

La acción del Banco de Crédito Ejidal está siendo objeto de continua observación por parte de la Secretaría de Hacienda, con el fin de ir mejorando sus procedimientos y sistemas.

El Banco Nacional de Crédito Agrícola ha tenido a su cargo una misión trascendente, pues al recibir en fideicomiso del Gobierno Federal la administración de los sistemas de las tierras de riego, se ha dedicado a mejorar su funcionamiento, ajustándolo a las tendencias de la política agraria.

El Banco Nacional Obrero ha llevado a cabo la organización de las primeras cooperativas de participación estatal, siendo la más importante la que se constituyó para explotar el Ingenio Emiliano Zapata construido en Zacatepec, Mor., durante el año de 1937 y primeros meses de 1938, con fondos del Gobierno Federal.

El Ingenio quedó totalmente terminado y pudo llevarse a cabo parcialmente la zafra de prueba de 1938 con resultados que hacen esperar un éxito seguro cuando se trabaje normalmente a toda capacidad. La zafra de 1938 produjo seis millones de kilos de azúcar, a un costo experimental satisfactorio.

Continuando el impulso desde años anteriores en el programa federal de construcción de carreteras por medio de la emisión de Bonos de Caminos, el Gobierno proyectó la emisión de $ 15.000,000.00 correspondiente a un programa de construcción por la misma cantidad para el presente año, que con posterioridad hubo de ampliarse por decisión de este Honorable Congreso, a la suma de $ 25.000,000.00 de los cuales $ 20.000,000.00 se usarán en nuevas construcciones y $ 3.000,000.00 de los restantes se destinarán a cubrir obligaciones derivadas de contratos de construcción celebrados con anterioridad a 1938.

El servicio de amortización de los bonos emitidos hasta la fecha, continúa haciéndose con toda puntualidad, y los $ 15.000,000.00 que vencieron a cargo del Gobierno Federal durante el presente año, serán totalmente liquidados.

La Secretaría de Hacienda y el Banco de México tienen el encargo de continuar vigilando la capacidad de crédito del mercado para esta clase de valores con la intención de ajustar los trabajos futuros de construcción a las posibilidades reales de crédito del Gobierno.

Por la importancia que como actividad económica tiene el turismo en varios países del mundo, y porque en el nuestro puede ser fuente de prosperidad y medio de mejorar sensiblemente nuestra balanza de pagos internacionales, el Gobierno cree que debe prestar toda clase de facilidades a la industria del turismo.

Para comenzar esta política ha procurado dar nacimiento al Crédito Hotelero, institución que se dedicará a financiar a la rama que su nombre indica y que iniciará sus operaciones precisamente en este día.

La estimación de los ingresos para el año de 1937 fue de $ 330.593,359.92 y la recaudación de $ 448.152,188.48, con lo que se superó ampliamente el resultado de todos los ejercicios fiscales anteriores, sin que el excedente se deba al aumento de cargas tributarias, ya que en términos generales éstas no experimentaron modificaciones de importancia, sino a las condiciones propicias de las fuentes económicas gravadas.

Para el presente ejercicio fiscal la estimación fue de $ 430.686,000.00, de la que corresponde para el período de enero a junio la cantidad de $ 208.430,400.00; la recaudación durante el mismo período fue de $ 202.319,698.29 lo que arroja una diferencia de menos, de $ 6.110,711.29, reducción que resulta pequeña si se tienen en cuenta los fenómenos económicos a que se alude en este Informe.

A fin de compensar esta diferencia y la que probablemente aparecerá en el resto del año y para no disminuir las actividades de la Administración en forma sensible, lo cual ocasionaría la suspensión del plan constructivo del gobierno y traería consecuencias deflacionistas perjudiciales a la economía nacional, el ejecutivo Federal creyó conveniente aumentar sus recursos en forma importante, gravando con un 12% el valor de aforo de las exportaciones, teniendo en cuenta los beneficios inesperados que por la desvalorización de peso venían disfrutando nuestros exportadores.

El proyecto de ley que oportunamente fue aprobado por las Cámaras Federales, no priva totalmente a los exportadores de la utilidad reportada, sino que les deja una parte de ella, que servirá de estímulo a la exportación.

Hasta un 50% del impuesto causado se usará como subsidio a las importaciones de productos necesario para la economía del país, principalmente aquellos que puedan afectar el costo de la vida de las clases trabajadoras, como los artículo de primera necesidad y las materias primas para las industrias principales, lo que también redundará en beneficio de aquéllas.

A fin de normar la marcha del Gobierno se implantará un régimen de estricta economía, de manera que las previsiones presupuestales se consideren únicamente como base de autorización de gastos, pero no como obligación de usar la totalidad de las erogaciones previstas, ya que los gastos tendrán como límite su necesidad ineludible en relación con el beneficio de la colectividad.

Para el efecto, no se harán nuevas transferencias, ampliaciones o modificaciones al Presupuesto y se continuará reduciendo hasta donde sea posible el gasto meramente administrativo.

Con este procedimiento se tiene plena confianza de que en breve plazo se entrará al equilibrio presupuestal y más tarde se acumularán reservas para aplicarlas a liquidar los anticipos del Banco de México que han servido para llenar los deficientes que se observan entre los ingresos recaudados y las erogaciones hechas por la Hacienda Pública.

Creo firmemente haber podido llevar al ánimo de Vuestra Soberanía la convicción de que con los elementos de que dispone y las medidas adoptadas el Gobierno podrá seguir realizando la obra de beneficio social que se ha trazado.

Es importante mencionar también como parte de la política económica y social del Ejecutivo la creación de la Administración Obrera de los Ferrocarriles Nacionales, que en el corto espacio de un mes ha disminuido sensiblemente el costo de operación del sistema, mejorando al mismo tiempo su organización y estado financiero.

La Administración ha pagado obligaciones al exterior, con cargo al antiguo Departamento Autónomo, por valor de $ 7.019,376.00; ha saldado compromisos en el país hasta por la cantidad de $ 3.589,049.00 y está cumpliendo satisfactoriamente sus obligaciones fiscales con el Gobierno Federal, al que hasta la fecha ha entregado la suma de $ 1.956,699.00 por este concepto, y atendiendo los servicios del público con la mayor eficacia.

Con motivo de la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, el público acudió en apoyo de la acción del Gobierno a ofrecer espontáneamente su donativo, el cual ha sido depositado en el Banco de México y montaba el 19 de agosto a $ 2.016,263.00, a 25,290.00 dólares y a $ 33,800.00 oro nacional; cantidades que sumadas a las que concentren los Estados, más el veinte por ciento del producto de las ventas de petróleo al exterior, que está siendo depositado en el Banco Nacional Obrero, se aplicarán al pago de la indemnización petrolera.

El Honorable Congreso de la Unión y todo el pueblo mexicano conocen bien las circunstancias que determinaron la expropiación de los bienes de las compañías petroleras rebeldes al laudo pronunciado por las autoridades competentes en favor de sus trabajadores. y que se efectuó en un estado de necesidad pública que requería la urgente intervención del Gobierno.

La situación provocada por la compañías petroleras significó en la realidad el abandono de la explotación a que estaban dedicadas, la cual se considera por las leyes como de utilidad pública.

Como el evidente propósito de las empresas era el de hacer presión para continuar gozando de injustificables privilegios, este abandono tuvo por objeto provocar la paralización de los medios de transporte, de las industrias y demás actividades económicas fundamentales del país, con los trastornos interiores consiguientes, a fin de que frente a este grave estado de emergencia el Gobierno transigiera, favoreciendo así los intereses de las compañías.

Además, la actitud asumida por las empresas extranjeras imposibilitaba la defensa y la conservación de la riqueza contenida en los yacimientos petrolíferos, así como su aprovechamiento y debido desarrollo.

Cualquiera de estas circunstancias hubiera bastado por sí sola - y con mayor razón la concurrencia de todas ellas- para que el Gobierno se encontrara en la imperiosa necesidad de decretar la expropiación- con la premura que el caso demandaba.

Expropiados los bienes de las empresas, cuya actitud tan grave peligros entrañaba para la vida misma de la nación, el Estado quedaba obligado, por las mismas causas de utilidad pública en que se basó la expropiación, a sumir la explotación de la industria petrolera, como lo hizo desde luego.

La expropiación de los intereses que representan las compañías petroleras, no puede dar origen al pago de ninguna compensación o indemnización por el petróleo, ni por los demás carburos de hidrógeno que haya en el subsuelo, puesto que pertenecen al dominio directo de la nación, conforme al párrafo IV del artículo 27 constitucional, y siempre han pertenecido según nuestra tradición jurídica.

Tampoco puede originar un derecho de compensación o indemnización por cuanto a los perjuicios que aleguen los concesionarios, es decir, por la privación de las ganancias que hubieren podido obtener al seguir en el disfrute de las concesiones, porque al otorgarse éstas la única causa tenida en cuenta por la nación fue la de que hubiera una inversión de los concesionarios que hiciera posible la explotación de la riqueza petrolera, que siempre ha sido considerada como de utilidad pública.

Las concesiones se otorgan por un largo plazo justamente para que los concesionarios puedan recuperar sus inversiones y el importe de éstas es lo único que el Estado se encuentra obligado a garantizar.

Por lo tanto, como la rebeldía que asumieron las compañías petroleras las invalidó para seguir haciendo uso de sus concesiones y mantener la explotación para proseguir recuperando sus inversiones, el Estado debe reconocer que esta invalidación general de las concesiones sólo causa a los concesionarios un daño equivalente a la parte de las inversiones debidamente justificadas, que no haya sido aún recuperada por ellos, daño por el cual se les ha de compensar.

Y para evitar en lo posible que México se pueda ver en el futuro con problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, se pondrá a la consideración de Vuestra Soberanía que no vuelvan a darse concesiones del subsuelo en lo que se refiere al petróleo y que sea el Estado el que tenga el control absoluto de la explotación petrolífera.

Decretada la expropiación petrolera, las medidas inmediatas tendieron a garantizar el abastecimiento interior para impedir cualquier trastorno a nuestros servicios de transportes, a las industrias y a los consumidores de petróleo y sus derivados, habiéndose logrado que el aprovisionamiento de las diversas zonas del país se efectúan sin demora en la proporción requerida.

Las dificultades surgidas a raíz de la expropiación han ido eliminándose y se ha formulado ya un programa para la conservación y mejoramiento de las refinerías y las instalaciones que se encontraban en malas condiciones, así como de reparaciones y modificaciones a las plantas existentes, en las cuales no se habían hecho inversiones a últimas fechas por las empresas.

El Ejecutivo a mi cargo tiene la satisfacción de declarar ante el Honorable Congreso de la Unión, que con la actitud disciplinada y de franca colaboración de los trabajadores petroleros y el empeño y cuidado llenos de patriotismo que están poniendo la Gerencia, el Consejo y los técnicos, ha sido posible encauzar en poco tiempo las actividades de la industria petrolera, demostrando así que los trabajadores y técnicos mexicanos cuentan con la capacidad suficiente para asumir, en unión del Gobierno, la responsabilidad que esta importante industria representa para el país, la que habrá de alcanzar, seguramente, un gran auge para beneficio de toda la Nación.

Y por lo que se ve a la indemnización que corresponde a las compañías petroleras por los bienes expropiados, debo informar ante Vuestra Soberanía que se está efectuando el avalúo respectivo para fijar la cantidad a que ascenderá dicha indemnización, la que se hará, como se ha venido informando, de las ventas de los productos de exportación que se efectúen, no solamente de los pozos expropiados, sino de la explotación que ha estado con anterioridad a cargo directo del Gobierno, así como de las nuevas perforaciones que están haciendo a la fecha en los distintos campos de la zona petrolera.

Al referirme a nuestras relaciones exteriores, debo manifestar al Honorable Congreso de la Unión, que México ha seguido desarrollando su tradicional política de respeto a los pueblos y a sus instituciones y que, como consecuencia de esta actitud, cuando las circunstancias lo han hecho necesario, nos hemos visto precisados a demandar para nosotros mismos un tratamiento igual de acuerdo con nuestra calidad de país independiente y soberano.

Las relaciones diplomáticas con el Gobierno de la Gran Bretaña, están actualmente en suspenso.

Oportunamente se hizo conocer de la nación el texto de las notas cambiadas entre la Legación británica en México y nuestra Cancillería, con motivo de la expropiación de intereses de las compañías petroleras.

El 8 de abril último el Excelentísimo señor Ministro de la Gran Bretaña en México envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores una nota en que, por instrucciones de su Gobierno, recordaba la presentada el 21 del mes anterior, por medio de la cual, el propio Gobierno inglés, manifestó, que se reservaba expresamente la totalidad de sus derechos con relación a la sentencia de la Suprema Corte en el amparo promovido de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A. y otras, así como también con referencia al decreto de expropiación del 18 de marzo.

En el citado documento, el Gobierno de la Gran Bretaña declaró enfáticamente que no discutía el derecho general de un Gobierno para expropiar por causa de utilidad pública y con pago de la compensación adecuada, y sin embargo de tal afirmación, a renglón seguido no sólo discutía el derecho ejercitado en el caso por nuestro país, sino que declaraba esencialmente arbitraria la media.

Más adelante, sin reparar en lo temerario de insinuación semejante, la nota a que vengo refiriéndome manifestaba que el Gobierno inglés encontraba difícil no llegar a la conclusión de que el verdadero motivo de la expropiación fue el deseo político de adquirir permanentemente para México las ventajas de la propiedad y control de los campos petrolíferos.

Al final se solicitaba formalmente la devolución de los intereses de la Compañía.

A pesar del tono severo empleado por el representante del Gobierno de la Gran Bretaña, el ejecutivo a mi cargo expresó que tomaba en consideración la protesta formulada, pero que no podía menos que advertir que aún en el supuesto de que numerosos inversionistas británicos estuvieron muy interesados en la situación por la que atravesaba la Compañía de Petróleo El Águila, S. A., ésta era una empresa mexicana, y en consecuencia, no correspondía el patrocinio de sus intereses -ni en el terreno de la actividad interna del Estado mexicano, ni en el plano de acción de la vida internacional- a un Estado extranjero.

México - se dijo en tal ocasión y se repetirá cuantas veces sea necesario-, no puede admitir que ningún Estado, con el pretexto de proteger intereses de accionistas de una compañía mexicana, niegue la personalidad jurídica de las sociedades organizadas en México, de acuerdo con nuestras leyes.

Se hizo notar, además, que de conformidad con el Derecho Internacional, para que fuera íntegra la facultad derivada de un indiscutible ejercicio de soberanía, de expropiar mediante compensación, corresponde al Estado que la decreta determinar discrecionalmente las causas de utilidad pública que justifiquen la medida.

Sin embargo de esto, en un esfuerzo de agotar medios de persuasión para llevar al convencimiento del Gobierno inglés de idea de que el de México había obrado con toda justicia, se le detallaron las circunstancias que determinaron el decreto de expropiación.

La causa de utilidad pública, - se le dijo- nació de la rebeldía de las empresas frente a una ejecutoria dictada por el más Alto Tribunal de la República, al atraer como consecuencia la petición de los trabajadores, fundada en nuestra Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, de que declararan terminados sus contratos de trabajo y porque esta ruptura significaba la paralización total de la industria petrolera, lo que, a su vez, afectaba las más importantes actividades del país con grave perjuicio para los intereses vitales de la Nación.

Además, se le dio a conocer la invitación hecha a la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A., a fin de que ocurriera a las Secretarías de Hacienda y de Economía, para fijar la cuantía y la forma de pago de la correspondiente indemnización.

En una nueva nota, el 20 de abril de 1938, el representante del Gobierno inglés manifestó que éste no actuaba en defensa de la Compañía El Águila, S. A., sino en favor de una gran mayoría de los accionistas de la misma, de nacionalidad inglesa.

Con diversas argumentaciones se insistía en pedir que el Gobierno de México reconsiderara su decisión.

El 26 de abril se contestó ese nuevo documento manifestándose que ya se tomaba nota de que el Gobierno de la Gran Bretaña no estaba interviniendo en favor de la compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A., sino en el de los accionistas ingleses de la misma.

A este respecto se hizo notar que precisamente por la naturaleza especial de las acciones de las sociedades anónimas, la Ley mexicana no permite que se conceda derecho a la explotación del subsuelo a una sociedad, sino cuando previamente renuncian los tenedores de acciones a solicitar la protección de sus Gobiernos.

Por esta causa en cada uno de los títulos que constituyen el capital social de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A., se expresa claramente la renuncia de su poseedor a solicitar la protección diplomática de su Gobierno, por medio de un sello, en los siguientes términos textuales:

Todo extranjero que en cualquier tiempo, o por cualquier título adquiera un interés o una participación social en esta sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de una y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno respecto de dicho interés o participación, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perderla en beneficio de la nación mexicana.

Se hizo saber al representante del Gobierno inglés que, consecuentemente, los accionistas ingleses de la citada empresa carecían de facultad para aprovechar el patrocinio de su Gobierno.

En tal estado se hallaba la controversia entre las Cancillerías de la Gran Bretaña y México, cuando fechada el 11 de mayo se recibió una nueva nota de Gobierno inglés, en la que abandonaba de improviso la cuestión petrolera, que era el punto a debate, y en una forma áspera y desconsiderada con las relaciones de amistad entre países, se hacía notar que habían transcurrido cuatro meses, sin que México hiciera a Inglaterra el tercer pago de la suma de $ 370,962.71 correspondientes al ajuste de reclamaciones celebrado entre ambos Gobiernos, y pedía el pago inmediato de la cantidad ya citada.

El día 13 del mismo mes de mayo se contestó al representante del Gobierno inglés, enviándole un cheque por la suma expresada, haciéndole notar que su Gobierno no tenía derecho para analizar la situación interior de México y que existía una cláusula para pagar intereses en caso de retraso.

En la misma fecha, en vista de que la actitud asumida por el Gobierno británico lastimaba la dignidad del pueblo mexicano, se dispuso el retiro de nuestro Ministro en Inglaterra.

La consiguiente suspensión de relaciones no puede significar, en modo alguno, que exista de nuestra parte resentimiento para con el pueblo inglés.

Seremos los primeros en congratularnos de que tal estado de cosas tenga una solución, de acuerdo con los derechos de México, para que una vez más se ponga de manifiesto que no nos negamos, ni nos hemos negado nunca, a discutir amistosamente y con el más elevado sentido de justicia, cualquiera controversia que afecte a nuestro país.

Es del conocimiento de la nación que el día 21 de julio de este año fue entregada al Embajador de México en los Estados Unidos una nota que el Departamento de Estado en Washington dirigió a nuestro país, exponiendo su deseo de que se pague la compensación correspondiente a los ciudadanos norteamericanos afectados por la reforma agraria después del 30 de agosto de 1927, proponiendo que se lleve el asunto a un tribunal de arbitraje, en los términos previstos por el Tratado General de Arbitraje Interamericano, firmado en Washington el 5 de enero de 1929.

Si al contestar aquella nota el Gobierno de México manifestó que discrepaba del punto de vista de los Estados Unidos en lo que se refiere a la regla de pagar con prontitud por toda expropiación efectuada, es porque considera que dicha regla no tiene el alcance tan amplio que el Gobierno norteamericano le concede en esta ocasión.

Se hizo notar al gobierno de los Estados Unidos que la reforma agraria de México constituye el cumplimiento de la más trascendental de las demandas del pueblo mexicano, y por lo tanto, la distribución de la tierra no podría detenerse ante la imposibilidad de pagar inmediatamente el valor de las propiedades afectadas.

México, por otra parte, consideró indispensable exponer en la respuesta dada, una vez más, el criterio que siempre ha sostenido, de apego estricto al principio de tratamiento igual para nacionales y extranjeros, y consideró también que la circunstancia de que nuestras propias leyes establezcan la obligación de indemnizar, en casos de expropiación, señala claramente que no hay materia arbitrable.

Tradicionalmente, México ha sostenido el arbitraje como medio de arreglar disputas entre Estados amigos; pero esta vez consideró que las cuestiones sujetas a debate no siendo arbitrables son, sin embargo, susceptibles de alcanzar un arreglo amistoso por actos determinados, e inspirados en los términos de su propia legislación.

Fiel a estos propósitos y deseoso de demostrar al país vecino hasta qué punto México quiere llevar al terreno de la realidad su política amistosa, manifestó estar dispuesto a que representantes de ambos Gobiernos discutieran el caso desde luego para llegar a un arreglo.

Con fecha 22 de agosto el Departamento de Estado de Washington hizo entrega a nuestro Embajador de una nueva nota en la que hace una extensa réplica a la del día 3 enviada por el Gobierno Mexicano.

Al dar respuesta a esta última nota, se manifestará que el Gobierno de México y el país se han enterado con pena de que el Gobierno de Estados Unidos juzga que los fundamentos jurídicos de la legislación agraria y la actitud de México al aplicarla, se oponen a los principios fundamentales del Derecho de Gentes, de la moral y la justicia, haciendo punto omiso al formular esta opinión de los móviles perseguidos, las circunstancias que concurren, los antecedentes históricos, políticos y sociales y la evolución que en el transcurso del tiempo han sufrido los conceptos tradicionales del derecho.

México cree por lo contrario, haber ajustado sus actos a las normas del Derecho Internacional mantenidas cada vez con más vigor por las repúblicas iberoamericanas, lo cual representa su más valiosa contribución en favor de la paz.

Colocado México entre los más esforzados defensores de estos principios, su interpretación no sólo no se aparta de la convicción jurídica unánime de las Repúblicas del Continente, sino que viene a reflejar el punto adonde ha llegado en su evolución el pensamiento de las democracias americanas.

México no se propone seguir al Gobierno de los Estados Unidos en la exposición de sus puntos de vista escogidos para examinar nuestra nota de 3 de agosto último, pues en el sincero afán de no insistir en una discusión a todas luces delicada y que pudiera alejarnos del espíritu que la amistad y el mutuo respeto imponen, se limitará a ratificar los fundamentos de la posición por México asumida.

Se sostendrá que la reforma agraria representa la más urgente y trascendental de las medidas empleadas por México para lograr su estabilización social y económica y que frente al deber imperativo e ineludible de cumplirla, el Gobierno ha considerado obrar justificadamente al ocupar las tierras, reconociendo en favor de sus propietarios la obligación de indemnizarlos, si bien el pago respectivo haya tenido que ser demorado.

Considerando México que los derechos de la colectividad deben prevalecer sobre los derechos individuales, no podía subordinar la aplicación de la ley a las posibilidades de un pago inmediato.

En las luchas sostenidas por los pueblos para lograr su transformación social se han lesionado los intereses de los inversionistas nacionales y extranjeros por actos inevitables del Poder Público, que en ocasiones no han traído aparejada la compensación inmediata, ni siquiera la posterior y sin embargo, su conducta ha sido lícita si se atiende a los intereses superiores que han tratado de servir.

Esta teoría que parece al Gobierno de Estados Unidos subversiva e insólita en el orden internacional, ha sido aplicada por estados que figuran a la vanguardia de la civilización cuando ante la necesidad suprema del estado y sin desconocer el derecho de propiedad, no han vacilado en tomarla, sin la indemnización correspondiente.

Para referirme a casos recientes, pues retrocediendo en la historia podrán encontrarse numerosos ejemplos, mencionaré el hecho de que países de la mayor importancia, constreñidos a depreciar sus monedas por razones ampliamente fundadas en la necesidad pública, han obligado en algunos casos a los particulares a cambiar el oro y los certificados de oro que tenían en su poder por moneda depreciada o que después fue depreciada y han aprobado leyes que exigen a los particulares, nacionales y extranjeros, a recibir en la misma moneda el pago de obligaciones contratadas en oro, incluyendo las del Estado.

La actitud referida podrá haber sido mediante hábil fraseología legal llamada apropiación indirecta, pero la realidad es que los poseedores del oro, de los certificados que lo amparaban u obligaciones pagaderas en oro, resintieron una disminución de sus derechos de propiedad, sin la adecuada compensación.

Siempre que se ha recurrido a medidas de este género, los que admiten como absolutos los derechos individuales, han llegado a mencionar la palabra confiscación.

La justificación verdadera de esta medida que lesionaba tan cuantiosos intereses y que podía provocar una gran desconfianza en los inversionistas, así como serios trastornos en el comercio, fue expuesta por los respectivos tribunales declarando que obedecía a una razón superior de interés público, porque de no haber sido adoptada, se hubiera provocado una dislocación en la economía nacional.

No está por demás recordar que con anterioridad algunos países débiles, al pretender solventar sus obligaciones, invocaron la invalidez de la cláusula de pago en oro en caso de depreciación de la moneda, habiendo sido denunciadas por determinados gobiernos, en representación de sus nacionales, ante la Corte de Justicia Internacional y condenados como transgresores del derecho. Más tarde los países poderosos no pudieron evitar el acudir a los mismos medios, cuya adopción había sido tan severamente criticada.

México, por tanto, mantiene su opinión de que no se aparta de las normas jurídicas ni de la moral que sostiene que los intereses de la colectividad deben prevalecer sobre los intereses aislados de los individuos nacionales y extranjeros.

Los derechos llamados del hombre, entre otros el de la propiedad, con sus modalidades, no son normas del derecho internacional, sino que su validez proviene del derecho interno.

No se desconoce que la opinión contraria sustentada por el Gobierno de Estados Unidos tiene defensores, pero no es posible dejar de admitir que el punto de vista de México, lejos de constituir una teoría insólita, carente de seriedad y sin base jurídica, cuenta a su vez con los más sólidos apoyos de tratadistas de reconocida autoridad internacional y de precedentes en legislaciones de varios países, entre los que figuran España, Rumania, Checoslovaquia, Alemania, Rusia y otros.

En el tratado suscrito por los países iberoamericanos sobre la condición de los extranjeros en la Segunda Conferencia Panamericana, se declara: Los Estados no tienen ni reconocen en favor de los extranjeros otras obligaciones o responsabilidades que las que en favor de los nacionales se hallen establecidas por su constitución y por sus leyes, lo que implícitamente niega, por exclusión, la existencia de derechos internacionales en favor del individuo.

México ve con satisfacción que el Gobierno de Estados Unidos ratifica una vez más su propósito de no demandar un tratamiento especial o privilegiado para sus nacionales, sino el justo y razonable, en armonía con los principios generalmente reconocidos del Derecho Internacional.

Sin embargo no puede estar conforme en que este principio que ha cristalizado una de las más definidas

aspiraciones de las repúblicas iberoamericanas tenga por objeto proteger los derechos de los extranjeros contra el estado, sino que ha sido formulado precisamente como una defensa del estado contra la pretensión de que los extranjeros en ejercicio de los llamados derechos internacionales logren una posición de privilegio.

Cierto es, como lo afirma el Gobierno de Estados Unidos, que los derechos del individuo, entre los que figura el de propiedad, están consignados en las constituciones de los estados de este Continente en bien del interés general, pero también lo es de que deben sufrir las modificaciones o suspensiones que ese mismo interés general exija.

Sería injusto que el extranjero se traslada a un país que no es el suyo en busca de un beneficio personal, no admitiera de antemano con las ventajas que pretende disfrutar, los riesgos a que puede hallarse expuesto y aspirara a una situación privilegiada al margen de todo peligro, aprovechando, sí, en cambio, el esfuerzo de los nacionales en bien de la colectividad.

El caso que discutimos no viene a acentuar la amarga realidad de que los estados débiles están obligados a extremar sus precauciones respecto a los inversionistas extranjeros, que si producen algunos recursos al estado, a cambio a veces de fabulosas ganancias, llegan a convertirse en un obstáculo para la acción misma del Gobierno.

El mundo iberoamericano así lo ha sentido y si puede darse un valor positivo al Panamericanismo, debe atribuirse a la conquista del principio de que los extranjeros no pueden aspirar a un trato privilegiado en perjuicio de los nacionales.

Los graves conflictos, los peligros a que se ha encontrado expuesta la sociedad americana, tienen su origen casi siempre en esta lucha, en la cual se forjó la doctrina que encontró su más elocuente acento en la palabra del ilustre argentino Calvo, que empleando su autoridad indiscutida sostuvo en su clásico tratado: Con esta cuestión, se relaciona el gravísimo asunto de las constantes reclamaciones de las grandes potencias europeas cerca de los gobiernos de los Estados americanos.

Todas se han fundado en ofensas personales, reales unas veces, otras abultadas por sus agentes, pintadas siempre de por ellos con vivos colores.

Y la regla que en más de un caso han tratado de imponer las primeras a los segundos es, que los extranjeros merecen más consideración y mayores respetos y privilegios que los mismos naturales del país en que residen.

Este principio, cuya aplicación es notoriamente injusta y atentatoria a la ley de igualdad de los Estados, y cuyas consecuencias son esencialmente perturbadoras, no constituye regla de derecho aplicable en las relaciones internacionales de los de Europa, y siempre que se ha exigido por alguno, la contestación del otro ha sido absolutamente negativa.

Y debía de ser así, porque de lo contrario los pueblos relativamente débiles estarán a merced de los poderosos, y los ciudadanos de un país tendrían menos derechos y garantías que los residentes extranjeros.

Ante la alternativa planteada en la nota de que se trata, queda claramente indicado para México el camino a seguir y que él mismo se ha trazado, de sujetar la apreciación del valor de las tierras, así como la forma de pago, a la decisión de un representante de cada parte, los que, en caso de desacuerdo, recurrirán a la intervención de un tercero nombrado en la forma sugerida, es decir, por la Comisión Permanente con sede en Washington, integrada por tres Agentes Diplomáticos Americanos de más antigüedad allí acreditados.

Y haciendo referencia a la sugestión contenida en la nota americana, de no hacer nuevas afectaciones si no se acompañan de un justo e inmediato pago, se hará conocer que ante la imposibilidad del Gobierno Mexicano de detener la aplicación de la ley agraria, por ser un mandato constitucional y una necesidad social y económica para México de realizar totalmente la reforma agraria, se limitará el propio Gobierno, en su caso, a someter a la decisión de los comisionados el pago de las indemnizaciones debidas.

Mi Gobierno juzga necesario llamar la atención al de Estados Unidos hacia la condición propuesta de un depósito previo con garantía de pago sugerida en la carta del Subsecretario Welles, de 29 de junio próximo pasado, por considerarla incompatible con la buena fe e inconfundible lealtad que debe presidir las estipulaciones de este arreglo; exigencia injustificada además, si se atiende a que entre nuestros dos gobiernos en el único caso (abril de 1934) en que llegó a fijarse los términos de una obligación pecuniaria para responder de los daños fijados por la Comisión Especial, mi Gobierno ha cumplido estrictamente en las condiciones pactadas.

México, manteniendo sus puntos de vista y respetando los aspectos de divergencia sostenidos por el Gobierno de Estados Unidos, se allana a facilitar este arreglo que el sentido práctico ha venido a imponer con el más sincero y amistoso propósito de dar por terminada esta discusión, que afortunadamente no ha llegado a enturbiar las buenas relaciones entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos.

El mantenimiento de esta discusión aprovecharía sólo a los enemigos interesados y tradicionales de toda la inteligencia entre nuestros dos gobiernos, como lo demuestra la costosa, violenta e insidiosa campaña que en contra de México se sigue en los Estados Unidos y en la que se pretende ignorar que cada país tiene problemas distintos y medios diferentes para resolverlos y que sólo una elevada comprensión humana, histórica y social interpretaría el verdadero sentido de reciprocidad que debe presidir a una fecunda y sincera amistad entre las naciones, cumpliendo así con la obligación superior de ser fieles al pacto de solidaridad, cooperación y armonía interamericana sellado entre todas las Repúblicas de este Continente y renovada cada vez con mayor fe y decisión, no sólo en beneficio propio, sino en el de la comunidad internacional.

En relación con la expropiación de los intereses de las compañías petroleras, considero pertinente informar a Vuestra Soberanía que nuestros representantes diplomáticos o consulares han tenido que hacer valer los derechos de México en dos casos de embargo en el extranjero: el del barco tanque San Ricardo y el de un barco sueco que con gasolina procedente de nuestro país se dirigía al Havre.

El primer caso se trató en los Estados Unidos del Norte y el otro en Holanda, habiéndose fallado los dos en favor de México, por las autoridades judiciales competentes.

Ha sido altamente satisfactorio para la nación constatar que si en el aspecto internacional de la cuestión petrolera ha habido algunos contratiempos, también se han registrado numerosos actos de simpatía para México, y de solidaridad y de absoluta comprensión de la justicia con que el país ha procedido en este caso. Importaciones sectores del propio pueblo inglés han manifestado en diversas formas su apoyo al Gobierno de México.

Y en la Habana, Montevideo, Santiago de Chile y en otras muchas partes se han llevado a cabo públicamente actos o manifestaciones de simpatía a nuestro país, que debe sentirse honrado y agradecido por estas actitudes.

Es digna también de mención especial la conducta de millares de trabajadores mexicanos que se hallan fuera del país y que con toda solicitud aportaron su patriótica cooperación para el fondo de la redención económica nacional que se destina al pago de la deuda petrolera.

Para el mismo objeto se recibieron donativos de parte de elementos extranjeros.

Debo informar a este Honorable Congreso que es muy importante el informe rendido por la Secretaría de Agricultura y Fomento sobre el estado actual de la producción, que en su memoria dice:

Todo cambio en el régimen de la propiedad rural ocasionada en el período de transformación un abatimiento de la producción agrícola.

En México, a pesar de estarse realizando la Reforma Agraria de manera tan activa, su economía agrícola no se resintió notablemente, lo cual se demuestra al observar la líneas de los volúmenes de la producción.

Las cifras estadísticas que incluye dicha memoria muestran el aumento registrado en los más importantes productos agrícolas, correspondiendo las cifras más elevadas a 1936 dentro del docenio de 1925-1936.

La producción de maíz ha tendido ligeramente a disminuir en virtud de que parte de las tierras que se dedicaban a cultivos de este cereal se han aprovechado con otros remunerativos y también a que algunos campos propios únicamente para el cultivo del maíz han abandonado por los bajos precios que llega a tener este cereal debido al juego de los acaparadores.

Falta, por lo tanto, un control de la producción del maíz, que es uno de los cereales que en mayor escala se cultivan en la República, para que los campesinos logren la garantía que los mantenga en condiciones de costeabilidad.

Las dependencias respectivas ya ponen la merecida atención a este importante sector de la producción agrícola.

Se están terminando las elaboraciones de la estadística agrícola para los años de 1937 y 1938, sin embargo, la producción de trigo en 1938 se estima superará a la de años anteriores.

La producción de maíz en 1937 (según estimación preliminar del Departamento de Estimaciones Agropecuarias) superó en 27 millones de kilos a la del año anterior.

Las perspectivas de las siembras de 1938 nos permiten augurar un incremento notable en la producción con relación a la de 1937.

Por los informes del estado de los cultivos principales del país, se puede aseverar que la producción de los mismos conservará la tendencia al aumento, que se notó en el período 1935-1936, pudiendo asegurarse que en los años siguientes tendremos mayor producción como resultado de la activa campaña que viene desarrollándose en colaboración con los Gobiernos locales.

Las dotaciones de ejidos en el año de este informe ascendieron a 2,225, otorgando 4.428,520 Hs. en posesión definitiva para 211,649 ejidatarios, que sumadas a las dotaciones dadas con anterioridad hacen un total de 12,886 para 1.570,507 campesinos beneficiados con una extensión de 22.343,501 hectáreas.

El Gobierno Federal seguirá violentando la resolución de los expedientes agrarios a fin de satisfacer la necesidad de las tierras que tienen los pueblos, esperando este propio Ejecutivo que con la participación activa que están tomando los ciudadanos Gobernadores, se logrará en poco tiempo dar satisfacción a las solicitudes agrarias en todo el país.

El Ejecutivo Federal solicitó de la Honorable Comisión Permanente convocara al Senado de la República para el desconocimiento de los Poderes del Estado de San Luis Potosí, por haber declarado éstos roto el Pacto Federal, fungiendo en contra de los principios básicos de su Constitución Local al alterar la forma representativa y democrática, abdicando sus atribuciones en favor del predominio irresponsable y continuista de un individuo que se había arrogado la voluntad popular en la designación de los funcionarios, y el derecho de administrar los servicio públicos para satisfacer sus intereses personales y fomentar una labor en contra de la estabilidad de las Instituciones Revolucionarias.

Días antes del desconocimiento de los Poderes del Estado de San Luis Potosí, el ex General Saturnino Cedillo se había rebelado en contra de las Instituciones, tratando de arrastrar en su aventura a elementos de aquella Entidad a quienes quiso engañar con falsas aseveraciones, pero debido a la actividad de las fuerzas del Ejército Nacional, que desarrollaron una intensa labor de acercamiento con los pueblos, y de consideraciones para los mismos elementos comprometidos, fracasó este movimiento que sólo pudo inspirarlo la ambición personal y la falta de consideración para el país, en momentos en que la Nación se debatía frente a intereses extranjeros.

Congruente con la finalidad de arraigar en la conciencia pública la necesidad de un Gobierno de funcionarios responsables que tengan como norma el respeto a la Ley, la eficiencia en el desempeño de su cargo y la honestidad en el manejo de los fondos públicos, borrando toda situación de impunidad privilegiada frente al resto de los ciudadanos, se remitió a las Cámaras la iniciativa de Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, que previene el artículo 111 de la Carta Fundamental.

El Ejecutivo Federal formuló un proyecto de Ley del Seguro Social, que remitirá a las Cámaras para su estudio en el actual período, estableciendo el seguro para los riesgos más frecuentes en nuestras clases trabajadoras o económicamente débiles, como son los de enfermedad y riesgos profesionales, invalidez, vejez, maternidad y desocupación involuntaria, trazando un sistema razonable en la distribución de las cuotas y fijando también un régimen democrático y expedito para el funcionamiento de la Institución de Seguro Social, a cuyo cargo estará la vigilancia de este importante servicio de utilidad pública.

La iniciativa del Ejecutivo sobre el Estatuto Jurídico de los trabajadores a su servicio, se motivó en la necesidad de poner a salvo a los servidores del Estado de las contingencias electorales, asegurándose la estabilidad en sus cargos y sus ascensos, a base de eficiencia y honorabilidad, así como en la de garantizar sus derechos de asociación para la defensa de sus intereses, satisfaciendo así una vieja y justa aspiración de los empleados de Gobierno, recogida como compromiso durante mi gira electoral para la Presidencia.

El Estatuto fue puesto en vigor en las Dependencias Federales a efecto de que su aplicación diera la oportunidad de perfeccionar las omisiones que la iniciativa implicara.

Ya en mi informe rendido el primero de septiembre de 1937 ante este Honorable Congreso expresé que: ".... se formuló dicho Estatuto con la seguridad de que los factores que han de intervenir en su funcionamiento revelarán plena conciencia de sus obligaciones y de sus derechos; que sabrán cumplir con unos y ejercitar los otros en forma de leal colaboración y que las demás colectividades sociales interesadas en el mantenimiento del Poder Público, no tendrán que levantar su voz de protesta por las consecuencias que pudieran traer las conquistas que esta Ley consagra".

Y es todo lo anterior que el Ejecutivo a mi cargo se permite insistir ante Vuestra Soberanía, en el estudio y aprobación de dicho Estatuto.

El Gobierno ha delineado una política integral de población que comprende medidas para regularizar la permanencia en el país de los extranjeros y buscar su asimilación sin desplazamiento de los mexicanos; la repatriación y redistribución de los nacionales, así como la selección de los inmigrantes que anhelan asociarse al esfuerzo constructor del país.

Cumpliendo con un deber de humanidad, el Gobierno, a invitación del Excelentísimo señor Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ha brindado hospitalidad a los que demandan asilo en peligro de muerte por persecuciones radicales y políticas.

Mas no se ha procedido con precipitación y se espera el resultado de los acuerdos de la Convención Internacional de Evia, para evitar que al amparo de una generosa acogida, se burlen las disposiciones legales con perjuicio de los trabajadores y de la economía del país.

La Secretaría de Gobernación, con el propósito de definir situaciones irregulares de extranjeros ya residentes, está exigiendo a éstos que se dediquen a la agricultura, a la industria o al comercio de exportación, y que abandonen las actividades mercantiles interiores, de las que vienen desplazando a los nacionales; y al mismo tiempo, a efecto de evitar la congestión indebida en la metrópoli y en las capitales de los Estados, está organizando el registro de sus domicilios y ocupaciones.

La propia Secretaría cuida de que disfruten de garantías y estímulos los extranjeros que encauzan sus aptitudes hacia la producción agrícola e industrial y que no constituyen núcleos étnico, espiritual y socialmente impenetrables a las corrientes unificadoras de nuestra nacionalidad, ni antagónicas al movimiento progresista de la Revolución.

El informe detallado de las labores desarrolladas por cada una de las dependencias federales y el volumen de obras realizadas con las partidas que han ejercido, figuran en las memorias que por separado rinden los titulares de dichas dependencias.

En cumplimiento del propósito señalado por el Ejecutivo a mi cargo, de velar por la unificación de los campesinos del país, se dio cima el día 28 del mes pasado a la Asamblea Nacional a al que asistieron Delegaciones de las Ligas de Comunidades Agrarias de toda la República, habiendo quedado constituida la Confederación Nacional Campesina con la solidaridad de todas las Delegaciones.

México expresó su pública condenación de toda guerra de conquista o de invasión a la soberanía de los pueblos y fue precisamente buscando una fuerza superior y efectiva contra las guerras imperialistas y los bombardeos de ciudades abiertas que en el primer Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, se aprobó la celebración de un Congreso Mundial de Trabajadores, para llevar a la conciencia de las masas populares, la convicción de que la necesaria eliminación de las guerras imperialistas depende de la solidaridad de los trabajadores del mundo, patentizando así que su lucha social no persigue intereses mezquinos, sino el respeto a la vida humana, la supresión del acaparamiento de la riqueza, la violencia y la presión como sistemas de Gobierno, substituyéndolos por regímenes de igualdad y de fraternidad social y de dignificación del trabajo como exponentes de la verdadera cultura de los pueblos.

El Congreso Pacifista de todos los trabajadores libres del mundo, significará las más enérgica y universal reprobación de los falsos principios de libertad que se invocan para encubrir las finalidades especulativas de los capitanes de industria, que sólo piensan en la acumulación de riquezas y percepción de cuantiosas utilidades, mediante el apoderamiento de los recursos naturales y de las fuentes de riqueza de los pueblos débiles.

La reforma del artículo 49 de la Constitución Política del país iniciada por el Ejecutivo y aprobada por el Honorable Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, han venido a crear una situación de normal y equilibrado funcionamiento de los poderes quitando todo resquicio de dictadura al ejercicio de Ejecutivo y creando una verdadera garantía para el pueblo y para la sociedad.

Hay, sin embargo, en esta situación plausible desde todo punto de vista, un vacío que es preciso llenar para que las tendencias que se persiguen con esa reforma constitucional, no se vean defraudadas por el sentido negativo de algunos de sus efectos.

La fluctuación económica constante en que viven actualmente las naciones trae con frecuencia aparejadas reformas de carácter perentorio, ya en sus aranceles, bien en sus arbitrios fiscales, ya en el disfrute de una plusvalía o incremento no trabajado y por ende susceptible de aprovecharse por el interés general, y en esas condiciones son indispensables leyes, muchas de índole transitoria, pero todas de carácter urgente, que demandan una inmediata elaboración.

Como el Poder Ejecutivo está en contacto con tales problemas presenta iniciativas que corresponde al Legislativo discutir y aprobar con la debida oportunidad conservando la esencia de ellas para no desvirtuar su propósito.

Hay otras iniciativas de las cuales puede decirse que por su índole de carácter social y sobre todo porque vienen a llenar una necesidad ingente que se presenta al impulso de la organización cívica y proletaria del país, reclaman ser respaldadas con oportunidad por el Poder Legislativo; pues si las consideraciones que fundan tales iniciativas no dejan lugar a duda respecto a su justificación, es de gran importancia que las Cámaras respalden con amplitud de criterio las soluciones del Ejecutivo para llenar aquel vacío y para responder a las demandas de las masas que esperan protección o reivindicación inmediata de intereses vitales indebidamente enajenados.

Si la esencia misma de los poderes constitucionales de una República significa el ejercicio de la Soberanía en las actividades específicas en que están divididos y a esto tiende la reforma constitucional que con toda sinceridad y empeño hemos llevado a cabo, no es menos cierto que la solidaridad política que vincula a los Poderes Públicos cuando éstos han surgido del mismos partido y están unidos en continua lucha contra grupos disidentes, deben de normar las actitudes mediante una inteligencia cordial y sincera, los actos emanados de la percepción empeñosa de los problemas nacionales.

Bien está, sin embargo, que los ciudadanos representantes no acepten una situación incondicional de gestores oficiosos de las iniciativas del Ejecutivo, pero para rechazarlas es preciso el análisis público, la discusión serena con los representantes del Poder que inició la y ante la presencia de los sectores interesados en que se nieguen o se aprueben tales preceptos.

Por otra parte, queda al Poder Legislativo un amplísimo campo para demostrar su independencia en el ejercicio de su soberanía, pues hay muchísimas leyes que no se han expedido aún y la mayor parte de los artículos de la Constitución que debieran haberse reglamentado a la fecha por mandato expreso de la misma no lo han sido, y es en ese campo en donde indudablemente quedará demostrado que la armonía de los poderes en nuestro régimen se basa en el respeto mutuo; en la consideración que se guardan entre sí y en el esfuerzo constante que cada uno desarrolla para llenar sus funciones y satisfacer las innumerables necesidades da la Nación.

En consecuencia, me permito esperar que conforme a esta exposición sean estudiadas y desechadas todas las iniciativas que el Poder Ejecutivo ha tenido el honor de enviar ante vuestra consideración, por ser urgentes; insistiendo de manera muy especial para que el cómputo de la reforma constitucional al artículo 34 que concede plenitud de derechos políticos a la mujer se verifique lo antes posible, excitando a las Legislaturas de los Estados para que envíen sus votos, ya que esta reforma constituye la reivindicación de la injusticia con que hasta hoy se ha tratado a la mujer mexicana.

Estando próximo el quinto año de mi ejercicio constitucional y cercano por consiguiente el principio de las actividades cívicas para la sucesión presidencial cuyos comicios deben verificarse a mediados del año de 1940, considero muy importante exponer ante el Honorable Congreso de la Unión, para conocimiento de todo el pueblo mexicano, mi criterio sobre el particular y los deseos que me animan de poder indicar procedimientos más sólidos para el resultado de tales actos.

Es histórica la agitación e intranquilidad en que entran todos los pueblos del mundo y de modo muy temperamental el nuestro, al iniciarse las elecciones generales, ya que las actividades privadas se restringen deliberadamente temerosas del estado de agitación prevaleciente; las actividades públicas se afectan profundamente por la inquietud que invade a las propias autoridades y, además, por los fenómenos reflejos que se operan en el organismo presupuestal y en la economía de la nación.

La misma situación internacional como que se abstiene en sus actos de acercamiento y de amistosa cooperación para una administración que va a renovarse y cuyos componentes han entrado bajo la discusión apasionada del criterio público.

Por esta ligera síntesis puede ponerse de relieve la importancia que debe representar para un país como el nuestro el conservar el mayor tiempo posible de sus períodos gubernamentales la normalidad de todas sus funciones, la tranquilidad de su opinión y una inalterable actividad lógicamente congruente con los principios anteriores.

El mecanismo de nuestras leyes electorales y nuestra organización social en torno de principios políticos y revolucionarios que han podido lograr la formación de un partido suficientemente capacitado para encauzar la opinión de sus componentes y la obligación que existe en el Poder Público de garantizar la función electoral de los ciudadanos de la nación, nos permiten aspirar a que se encaucen convenientemente las actividades cívicas que se avecinan para lograr el máximo aprovechamiento de la situación habitual del país en favor de su desarrollo y de su progreso.

Y debo manifestar, en mi carácter de Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, que pondré todo mi empeño en evitar que las autoridades establecidas se muestren parciales apoyando personalidades determinadas, pues deseo ratificar una vez más mi propósito de no mezclarme ni directa, ni indirectamente en un asunto que sólo corresponde al pueblo para darse sucesores en los puestos de la Representación Nacional.

Considero, sin embargo, que ésta sola manifestación no es suficiente para frenar la impaciencia de los ciudadanos y aun de los grupos organizados que empiezan a esbozar su criterio sobre personas y sus pronósticos sobre las probabilidades de cada quien y es por eso que deseo sugerir tanto a los ciudadanos en general como a los representantes federales y locales y a las agrupaciones organizadas con distintas tendencias sociales, que aun en el caso de festinar las actividades electorales, se abstengan en lo absoluto de iniciarlas tomando como bandera a las personas.

Este vicio atávico y pernicioso para nuestro progreso político debe tener un final y una liquidación como lo han tenido otros conceptos falsos en nuestra historia social, pues los hombres, por superiores y eminentes que se les reconozca, no deben ser más que el vehículo de ejecución de los ideales de los pueblos y si el proceso informativo de una elección presidencial se desarrolla primariamente ante personalidades reales o ficticias, seguiremos incurriendo en el error de crear gobiernos personalistas, propensos siempre a las camarillas oficiales, o por lo menos a las oligarquías.

Y el Gobierno de una nación debe fundarse esencialmente en los altos intereses del país representados en sus problemas trascendentales y en la sólida tendencia de sus populares.

Podrían, por lo tanto, ocupar su atención desde el momento en que lo deseen, en definir con todo valor y precisión el alcance que tienen los problemas revolucionarios que desde años se agitan en la conciencia nacional.

Precisar qué necesita la clase campesina del país para consolidar la aún insegura situación de la tierra bajo su domicilio, estableciendo de antemano el procedimiento más justo y conveniente para la posición y explotación de la misma.

Precisar cómo habrá de obtenerse el crédito suficiente para los ejidatarios de todo el país, con objeto de asegurarles la posesión y aprovechamiento de la tierra.

Precisar en qué estado de evolución verdadera se encuentra la organización de los trabajadores manuales mexicanos y señalar los escollos que haya por remover para lograr la más amplia y definitiva conquista de nuestra clase en todos los problemas que le afectan, desde los de la educación, de perfeccionamiento, de unión y de prosperidad que constituyen la medula de sus aspiraciones.

Precisar qué ritmo de actividades debemos desarrollar conjuntamente gobernantes y gobernados para educar a nuestras masas indígenas, y sacarlas del estado moral y económico en que se encuentran y en qué forma debemos modificar nuestro medio para lograr su incorporación completa a nuestra nacionalidad.

Necesitamos precisar qué actividades y de qué cuantía deben desarrollarse para que nuestro sector popular se vea libre de la lacra del analfabetismo; para que nuestras clases campesinas y obreras perfeccionen sus conocimientos relativos a su actividad habitual y para que dentro de cada sector ideológico y clasista la representación se finque en la conciencia plena de la colectividad con miras a un alto interés moral de todos y con fundamento en las virtudes positivas de los ciudadanos.

Necesitamos precisar cuáles son los problemas de sanidad más importantes que afligen a nuestro país y cuál la aportación que deban dar los ciudadanos en el sentido moral más que en el material para resolverlos.

Necesitamos precisar qué actividades debemos desarrollar y qué disposiciones normativas deben dictarse para que las necesidades específicas de la mujer y del niño tengan en nuestro medio la debida representación y fuerza que les permita prevalecer sobre la complejidad de variados problemas sociales de índole urgente que han acabado siempre por eliminar a tan valiosos factores de evolución racial y de progresos humanos con todo y ser la medula del florecimiento de los pueblos.

Precisar qué necesitamos producir, con qué procedimientos y en qué cantidades, los artículos de subsistencia popular y de consumo necesarios, así como regular los movimientos de transportación y de distribución de tales artículos en forma económica y conveniente, pues hasta ahora este problema tan rudimentario y tan antiguamente resuelto en países de nuestra misma cultura, ha sido y sigue siendo uno de los escollos más serios para la integración de una fuerte nacionalidad y para la evolución biológica de una raza superior.

Precisar y definir hasta qué punto deben desarrollarse las industrias de carácter extractivo y cuál debe ser la intervención del Estado en su desarrollo integral, pues mientras nuestros recursos naturales logran alta demanda en el exterior, se desarrollan actividades esporádicas entre nuestros campesinos y entre nuestros comerciantes a base de raquíticas compensaciones por la inseguridad y los transitorio de la actividad pasando luego al estancamiento de las explotaciones sin que varíe por ello la actitud de los especuladores con relación a los problemas de trabajo creados al venir la paralización.

Es preciso definir la función crediticia del país frente al problema que tienen la agricultura y la industria, que demandan para su desarrollo una mayor atención de las instituciones bancarias nacionales, así como de los bancos de régimen privado.

Necesitamos precisar cuáles son las cuestiones de orden nacional en cuyo interés, desenvolvimiento y resolución deben quedar obligados todos los ciudadanos mexicanos, sin distinción alguna de doctrina, de posición social y de partidarismo político.

Es urgente definir qué medidas deben tomarse y qué procedimientos deben seguirse para que haya más respeto a la vida humana y evadir los numerosos casos de derramamiento de sangre que se registran en el país.

Necesitamos precisar ideas, dictar normas y exigir responsabilidades efectivas para que al administración pública, sea honesta, eficiente, económica y de acuerdo con nuestra categoría de pueblo pobre.

Qué leyes y qué principios educativos debemos dictar y definir, para que frente al Partido de la Revolución que debe significar el progreso avanzado de la nacionalidad y de la ciudadanía organizada, puedan presentarse todas las adversas tendencias históricas o presentes, sin que tales actividades sean arrolladas ilegalmente por las fuerzas proletarias o impedidas por las leyes casuísticas, cuya aplicación se ha justificado en muchas ocasiones por la índole desorbitada de las fuerzas conservadoras, a quien debiera proteger el Poder Público si no tomaran aquel aspecto antisocial y regresivo que les hace temibles para el sector popular.

Si en torno de estas tesis y de otras muchas que deben discutirse, se inicia y desarrolla el tema de la sucesión presidencial y la renovación de los poderes constitucionales del país, podremos tener la seguridad de que a los hombres habrán quedado relegados a segundo término en importancia y de que bastará una breve búsqueda de antecedentes, de capacidades, de caracteres y de honestidad para encontrar a las personalidades adecuadas y resolver, así, en forma orgánica, el más inquietante de los procesos políticos de México.

Contestación del Dip. Rodolfo Delgado, Presidente del Congreso.

Señor Presidente de la República:

Es ya una costumbre establecida en nuestro país, por razones de estructura jurídica de nuestro Gobierno y por causas políticas que no se hace el caso mencionar, tributar un aplauso por parte del Congreso de la Unión al Jefe del Ejecutivo, cuando rinde el informe de su Administración Pública ante el propio Congreso, en cumplimiento de los preceptos que norman nuestro funcionamiento constitucional.

Por esa causa, quizá, la respuesta del Poder Legislativo de la República al Jefe del Poder Ejecutivo, ha pasado, en veces, casi inadvertida para el pueblo, porque está acostumbrado a darle el valor de un simple acto de protocolo.

En esta ocasión, señor Presidente, el Congreso de la Unión desea romper aquella vieja costumbre en su aspecto formal y decir tanto a usted como al pueblo mexicano, las causas en virtud de las cuales los diputados y senadores que integran el Poder Legislativo de la Unión, se solidarizan con el Poder Ejecutivo; y por qué razones, también, están dispuestos a enmendar los errores que se hayan cometido por ellos en el desempeño de su cargo, a reivindicar con hechos la obra que el pueblo les exige, la tarea que la Constitución les señala y a convertir la simiente de sus convicciones en fecunda labor, que prestigie y encarezca los principios de la Revolución.

En el curso de los años, a partir de 1910 en que se inicia el movimiento popular, rectificador de un pasado de injusticia social que cubrió casi toda nuestra historia, movimiento que hemos de llamar ahora por excelencia, la Revolución, ha ido adquiriendo cada vez más definidos y claros, de tal manera que en la hora que vivimos, no es posible ya que un gobierno de México se desentienda de su papel de creador de un nuevo régimen social, ni es tampoco posible que los conjuntos organizados del país consientan nuevas prevaricaciones de parte de los encargados del Poder Público.

La Revolución Mexicana, en su contenido esencial, es un imperativo que tiende a conseguir la plena autonomía económica y política de la Nación, lo mismo en el orden doméstico que en el plano internacional.

Esta visión de las luchas de nuestro pueblo que sólo niegan ahora mismo los enemigos del mismo pueblo, y los falsos revolucionarios es, no obstante, un concepto que a usted, ciudadano Presidente de la República, corresponde el honor de haber precisado con valentía y con justeza impecables, como intérprete auténtico del sentir de las masas trabajadoras del país.

No queremos negar la gloria o los méritos de los antecesores suyos, encargados del Poder Ejecutivo.

Pero es incuestionable que usted es el primer Presidente de la República, dentro del período revolucionario, que ni ha prevaricado, ni ha desmayado en su entusiasmo como creador de un nuevo orden humano en la tierra de México.

A la luz de este concepto de la Revolución, que conduce todos los actos de la Administración que usted preside, vemos los miembros del Congreso de la Unión, el informe que acaba de rendir ante el pueblo, por nuestro conducto.

En consecuencia, a la luz de tal concepto juzgamos los representantes del pueblo mexicano, el nuevo período de la Administración Pública.

Lo mismo la labor desarrollada en el Ramo de Hacienda, con las alteraciones de carácter económico que nuestro país ha sufrido y padece aún, que la labor en el campo de las inversiones correspondientes a los diversos ramos del Gobierno, que los conflictos y problemas de carácter internacional, que la obra directa en favor del mejoramiento material de los campesinos y de los obreros y el afán de contribuir a que impere el respeto al derecho y a la moral, a la democracia verdadera y a la libertad creadora en todos los países del mundo, y, por último, su sentir respecto del problema de la sucesión presidencial, todo lo juzgamos con una sola medida, porque todos esos actos obedecen en usted, a un solo programa, a un solo concepto de la vida nacional e internacional, a una vigorosa trayectoria revolucionaria, diáfanamente honesta y leal.

Es cierto que nuestro país, como usted lo afirma, ha sufrido alteraciones en su situación económica debido a causas mundiales, al hecho concreto de la expropiación del petróleo y al desajuste inevitable, aunque transitorio, que provoca el cumplimiento del programa social de la Revolución.

Pero es imposible crear un orden económico, que implique nuevo sendero en la justicia humana, sin determinar desequilibrios. No importa saber si los actos creadores provocan desconciertos pasajeros: lo que interesa aquilatar, es la magnitud de los beneficios que va a recibir el pueblo mexicano con la obra generosa y vivificadora de la Revolución, conducida por la fuerte y hábil mano de usted, que cuenta con la comprensión plena y el respaldo sincero y fervoroso del proletariado de México.

Y en este vibrante cauce de ideas, no podemos menos de aplaudir la capacidad de previsión de la Administración Pública, en materia hacendaria, para evitar los trastornos provocados por causas que podemos llamar inevitables y por motivos que son, en cualquier sentido, visibles artificios puestos en juego por los enemigos de nuestro país que quisieran vernos aún, en la oprobiosa situación de habitantes de una colonia del imperialismo extranjero.

Es profundamente satisfactorio comprobar, una vez más, la franqueza con la que usted habla al pueblo respecto de la política financiera del Gobierno, expresando que para cumplir el programa social de la Revolución ha tenido, inclusive, que solicitar del Banco del Estado hasta $ 68.000,000.00, para no detener la obra constructiva, de un régimen civilizado y justo en nuestro país.

Esta confesión de parte de usted le honra y es la mejor garantía que puede darse, en el orden económico, lo mismo a los mexicanos que a los extranjeros, porque sólo a base de verdadera limpieza, se puede construir las obras que necesitan de la confianza de propios y extraños.

Tenemos la seguridad, como usted, señor Presidente, de que el sobregiro del Banco de México a que acabamos de hacer mención, se saldrá durante el período que usted jefatura, porque las inversiones que esa cantidad implica, son obra directa de creación de bienes materiales y morales, que producirán, con exceso, el dinero necesario, para hacer frente a ese compromiso.

A este respecto, la sola lectura de la forma en que los ingresos se han distribuido, no solamente confirma nuestra confianza en la obra del Gobierno, sino que nos llena positivamente de satisfacer, ver cómo todos los recursos del país se entregan a la construcción de un nuevo orden social.

El Banco de Crédito Ejidal, por ser una Institución de aplicaciones eminentemente revolucionarias, ha sido objeto de críticas y de ataques, que no pueden justificarse cuando van dirigidos contra la Entidad, puesto que las normas de su servicio, establecen la realización de todo un programa en materia agrícola, encomendado a los ejidatarios.

Y muy lamentablemente es confundir la actuación de una parte del personal de la Casa Bancaria, con los lineamientos orgánicos de su funcionamiento.

La reforma agraria en su última etapa, la que estamos viviendo, no será ya la infecunda teoría de completar los miserables jornales de los peones de las haciendas, sino que significa la producción agrícola del país en manos de los campesinos organizados y técnicamente preparados, para transformar desde su fondo la estructura semifeudal de la Patria Mexicana.

Y paralelamente a esta base del México nuevo, un hecho, respecto del cual quizá no se ha meditado bastante pero que a nuestro juicio, define mejor que ningún otro la parte positiva y creadora de la Revolución: la ascendente y continua intervención de los trabajadores organizados, en la producción económica de nuestro país.

En efecto, la Administración Obrera de los Ferrocarriles Nacionales de México; la intervención de los obreros en la Administración del Petróleo; la posesión de los trabajadores en la industria productora del azúcar; la intervención del proletario organizado en las fábricas textiles; la participación directa de los obreros en la industria de los autotransportes; el manejo del transporte marítimo por sus mismos trabajadores y otros hechos semejantes a estos, demuestran que la Revolución Mexicana está formando un sistema nuevo en la producción económica del país, que necesariamente ha de reflejarse, andando el tiempo, en la estructura jurídica de la Nación, como ya empieza a reflejarse en su estructura política.

Los enemigos de nuestro país, enemigos de casa y extraños, a veces nos llaman comunistas, a veces nos llaman fascistas, porque su ignorancia o su mala fe, les impiden apreciar la obra grandiosa de la Revolución Mexicana, que ligada necesariamente, como todos los grandes hechos históricos, al afán de justicia que mueve al proletariado del mundo entero, tiene, sin embargo, características propias, inconfundibles, perfiles definidos, que obedecen a la estructura económica y social de la Nación, y por consiguiente, a la táctica que en México ha tenido que emplear la Revolución, como un hecho viviente, como un fenómeno mexicano, para llegar a un régimen de justicia social, por el cual se lucha en todas las regiones del planeta.

Es así que en las realizaciones de beneficio colectivo están marcadas por un índice de carácter exclusivamente nacional, como fruto de una doctrina de teorías eminentes, a la que el pueblo llama cardenismo. México vive su época: el cardenismo.

México tiene una doctrina: el cardenismo.

Este nuevo orden en la producción económica del país, que apunta éxitos constantes y que se presenta distinto a todos los regímenes de la producción, en los que interviene el proletariado en otros países del mundo, es lo que nos llena de satisfacción profunda y lo que constituye la esperanza más alentadora, de que la Revolución Mexicana ha de continuar victoriosa, en lo futuro.

Es incuestionable que la Revolución, el Gobierno que la encarna y la clase trabajadora que la mantiene y la apoya, no desean enemistarse con los pueblos y con los gobiernos de otras naciones.

Nuestro movimiento no es una actitud de nacionalismo o de patriotismo exaltado, irreflexivo y absurdo, como sería si entrañara la pretensión de que México debe aislarse del mundo, oponiendo su egoísmo torpe ante las relaciones económicas y política, inevitables y necesarias.

Nuestro movimiento, en esta materia, sólo exige de los gobiernos de otros países el respeto al cumplimiento del programa de la Revolución, porque sin duda alguna, las relaciones internacionales del mundo de hoy, no deben verse sólo en el aspecto formalista, en el aspecto jurídico sin contenido humano, sino en su aspecto profundo: México ofrece cumplir y cumplirá sus compromisos internacionales, con toda lealtad y buena fe; pero México considera que sus compromisos para con el exterior no deben, en ninguna forma, significar el sacrificio injustificado de su pueblo, ni tampoco deben contener la renunciación al mejoramiento de las condiciones económicas y morales, de sus masas secularmente explotadas.

Este es el sentido profundo de la diplomacia de hoy; este es el significado de la política de las relaciones con nuestros vecinos, lo mismo que de las relaciones con los pueblos alejados geográficamente de nuestro país.

Y no es México, por cierto, el único pueblo que sostiene esta tesis, porque en esta hora de crisis profunda del régimen económico y político de los tiempos pasados, desde los gobiernos de los países de gran desarrollo económico, como el de los Estados Unidos, hasta los de aquellas naciones débiles y pobres, desde el punto de vista material, procuran satisfacer las inaplazables necesidades de sus falanges necesarias, porque esa es la tarea única que justifica la presencia, en el Poder Público, de los verdaderos mandatarios del pueblo.

Por este motivo, el Congreso de la Unión, como representante genuino del pueblo de México, se solidariza sin reservas, en forma absoluta, con la actitud asumida por usted, en el caso de las dificultades internacionales, que provocó la expropiación de la industria del petróleo.

La respuesta que usted anuncia que va a dar al Gobierno de los Estados Unidos, en relación con la última nota de México, es justa y clara, patriótica e incontrovertible: no puede quedar sujeto al arbitraje, al mandato imperioso de la Constitución y de la Legislación Agraria, que significa la salvación económica y moral del pueblo mexicano, como no debe dejarse sujeto al arbitraje de naciones extranjeras el ejercicio fundamental de la soberanía de un país.

Pero México está dispuesto a pagar, sin menoscabo de su programa constructivo; y pagará, tan pronto como los comisionados de México y de los Estados Unidos lleguen a un entendimiento, respecto a los puntos sometidos a su acuerdo.

Como esta tesis es impecable, y considerando que el Gobierno del Presidente Roosevelt en muchos sentidos está animado de la misma actitud para con su pueblo, que el régimen que usted preside, tenemos plena confianza en las que las dificultades actuales harán de resolverse.

En cuanto a la actitud del Gobierno de la Gran Bretaña, también tenemos la esperanza de que se resuelvan las dificultades que existen con él, pues no creemos que pueda persistir en su actitud contraria al Derecho Internacional, y a los más elementales principios de la ética, únicos móviles de la vida internacional de cada país, así como de la vida entre naciones, con sentido de dignidad.

El Congreso de la Unión sabe bien que esta actitud de México, en el orden doméstico y en el plano de las relaciones con otros países, le ha creado numerosos enemigos, de toda índole.

Pero no podemos asumir otra conducta que la que hasta hoy ha tenido nuestra patria, frente a los grandes problemas de la civilización y de la cultura. México será contrario a la guerra de agresión; seguirá repudiando el atropello a la soberanía de cualquier pueblo; seguirá siendo enemigo de los regímenes que conculcan las libertades y los principios de la democracia y, por tanto, significará una fuerza de oposición, tenaz y enérgica, a todos los actos de barbarie, que los ímpetus de la violencia injustificada implican.

Por este motivo, cuando usted propuso a la Confederación de Trabajadores de México la realización de un gran acto internacional en contra de los bombardeos a las ciudades abiertas, no sólo el proletariado de México respondió con entusiasmo, sino que dentro de breves días habrá de reunirse en esta ciudad la asamblea de los trabajadores de este Continente y de otras regiones del mundo, para tomar acuerdos de importancia, que serán, sin duda, un factor de cooperación para el mantenimiento de la libertad y de la justicia, y también, para que la agresión que en la actualidad sufren algunos pueblos, como el de España, no se vea coronada por el éxito, porque esto significaría el fracaso de los aspectos positivos de la civilización humana y el advenimiento de una etapa que, aunque transitoria, traería trastornos tan graves para los destinos del mundo, que nadie puede prever en toda su magnitud.

Con verdadero regocijo, señor Presidente, hemos escuchado su opinión respecto de la sucesión presidencial de nuestro país.

Este problema es de programas y no de hombres: una vez más se identifica usted, profundamente, con el anhelo de la clase trabajadora.

Si la Revolución ha llegado a la etapa de las realizaciones verdaderas, es indiscutible que lo que importa hoy, es la continuación de la obra revolucionaria, haciéndola cada vez más eficaz, más sistemática, hasta que se convierta en un verdadero nuevo régimen en todos los aspectos de la vida nacional; y de allí surgirá un núcleo dinámico, fortalecido por sus propias creaciones y constituido por los organismos proletarios, para convertirse en dirigente de nuestros destinos.

Si en tiempos pasados, el programa de la sucesión presidencial y el problema de la elección de cualquier funcionario público, fue en México problema de personas, el hechos ocurrió por dos motivos: por falta de organización de los principales sectores de nuestro pueblo y por la falta de conciencia de clase de los trabajadores de todos los órdenes.

Pero ya se ha podido lograr la organización de dichos sectores, y ya que ha podido alcanzar la clase trabajadora conciencia de sus obligaciones y derechos, es indudable que el problema de la elección del futuro Jefe del Gobierno de México, será un problema de trayectoria y no un problema de individuos.

Aseguro interpretar el pensamiento de la mayoría de los miembros del Congreso de la Unión, al afirmar a usted, señor Presidente, que los diputados y lo senadores no pretenderán iniciar campañas políticas prematuras, supuesto que existe el Partido de la Revolución Mexicana, que es el órgano de expresión y de acción político- electoral, de todos los sectores del pueblo de México, a los cuales pertenecen los representantes que integran el Congreso; y nuestro Partido será el orientador oportuno, que formalice cualquier actividad, de esta naturaleza.

Conociendo la unánime opinión de mis colegas, aseguro a usted, asimismo, que seremos leales colaboradores de su obra, no sólo en el sentido de respaldar sus iniciativas, sino también asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, como legisladores.

Hago la afirmación categórica que en el actual período ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados discutirá nuevamente y aprobará, el Proyecto de Estatuto para los Trabajadores al Servicio del Estado, con todas las conquistas revolucionarias, que la doctrina cardenista ha concedido.

Ofrecemos a usted que se aprobarán las iniciativas que anuncia, entre otras, la de Ley del Seguro Social y la de Reforma a la Constitución, en el sentido de que no se pueden otorgar concesiones en lo futuro, para explotaciones de fundos petroleros, apoyando la política de que el Gobierno tenga el control absoluto en el ramo del petróleo.

Por nuestra parte, informamos a usted que el Congreso habrá de estudiar y aprobará iniciativas de Ley, de igual significación, que completarán el acervo jurídico del país, para que la Revolución Mexicana, se transforme, de una esperanza, en una serie de instituciones sólidas y perfectamente arraigadas, en la vida de México.

Y aprovechando esta ocasión, para dirigirnos a la opinión pública del extranjero: en México, el Gobierno y el pueblo son un solo movimiento; una sola fuerza; una sola opinión. Si a veces ocurren discrepancias, éstas son inevitables en cualquier comunidad humana.

Pero es preciso que se entere la opinión internacional, que nuestro país sabe bien lo que quiere; y que no sólo tiene el firme propósito de continuar su obra creadora de un nuevo régimen más humano, sino que ha de seguir cooperando también en favor de la paz, de la democracia y de la libertad, en todas las regiones del mundo.

Fuentes:

1. Los presidentes de México ante la Nación : informes, manifiestos y documentos de 1821 a 1966. Editado por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. 5 tomos. México, Cámara de Diputados, 1966. Tomo 4. Informes y respuestas desde el 30 de noviembre de 1934 hasta el 1 de septiembre de 1966.
 
Los cinco tomos fueron digitalizados por la Universidad de Texas:
http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/mexican/history/index.html

2. http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/37/2do/Ord/19380901.html