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Revolución y Régimen Constitucionalista. Documento 939. Antecedentes, notas y detalles sobre el "secuestro" de Mr. William O. Jenkins, Agente Consular de los Estados Unidos en el Estado de Puebla.
7 de diciembre de 1919.

 

Antecedentes, notas y detalles sobre el "secuestro" de Mr. William O. Jenkins, Agente Consular de los Estados Unidos en el Estado de Puebla, en connivencia con los rebeldes Federico Córdova y Juan Ubera. [F9-83-1. A.I.F.]

 

EL CASO JENKINS

ANTECEDENTES, NOTAS Y DETALLES CURIOSOS
DE ESTE ASUNTO SENSACIONAL

El caso Jenkins ha venido a condensar todos los casos anteriores y ha hecho explosión, la temida explosión que esperamos con zozobra desde hace tanto tiempo. El diputado Porter, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, dijo las siguientes palabras el primero del actual: "Solamente que Carranza ponga en libertad a Jenkins se evitará una situación muy seria, no sólo por lo que a éste atañe, sino también por la larga serie de ultrajes de que han sido víctimas nuestros ciudadanos en México". Estas palabras dichas en los momentos en que Mr. Porter se acababa de despedir de Mr. Lansing, reflejan el sentir de la Secretaría de Estado. El caso Jenkins es sólo un pretexto: en el fondo, el rompimiento se hallaba hace tiempo en preparación. No se trataba de un acto concreto, sino de una serie de actos que se vienen sumando para hacer con ellos una declaración grave a nuestra nacionalidad.

El año de 1910 decidieron los Estados Unidos ayudar con su disimulo complaciente a la revolución maderista; y separaron fácilmente a los rebeldes, armas y municiones destinadas a combatir al gobierno del General Díaz. Este protegía los intereses norteamericanos y los Estados Unidos no tenían ningún motivo para intervenir en su derrocamiento. Pero... a pesar de todo se ayudó a la Revolución y el pueblo norteamericano colaboró en la interrupción de la paz mexicana. Esta es la verdad admitida por todo el mundo, que se puede comprobar con el tono de la prensa de aquel entonces y con la actitud evidente de parcialidad que asumieron las autoridades fronterizas a lo largo del Río Bravo.

El año de 1913, la guarnición del Estado de México aprehendió al Presidente Madero, quien presentó la renuncia de su cargo ante la Cámara de Diputados. Fue aceptada esta renuncia, así como la del Presidente Lascurain que le sucedió, y con todas las formalidades de Ley se hizo cargo de la primera Magistratura el General Huerta. Los Estados Unidos se avocaron la facultad de rectificar los hechos consumados y en vez de reconocer al nuevo Presidente decidieron apoyar a la revolución carrancista. Desde entonces acá, los Estados Unidos han intervenido en los asuntos mexicanos y han sido parcialmente responsables de lo que ha sucedido. Las víctimas principales de la intervención norteamericana en México han sido los mismos mexicanos, que han visto arruinarse y ensangrentarse su territorio por obra de influencias malsanas del extranjero.

En justicia, es el pueblo de México quien ante un tribunal internacional tiene derecho de pedir cuentas a los Estados Unidos por la ayuda injusta que ha dispensado a los carrancistas. Resulta pues irónico que, sobre destruir nuestro país, vengan los Estados Unidos exigiéndole cuentas por hechos que no son sino la consecuencia de la intervención indebida de las autoridades norteamericanas en nuestros asuntos interiores.

Pero el fuerte siempre hace lo que se le antoja. El fuerte no necesita ni siquiera escoger pretextos decorosos para imponerse. Lo vemos en la actualidad, que los Estados Unidos, sin cuidarse de formalidades presupone la inocencia de sus agentes consulares (los que no pueden delinquir) y exige que no se les sujete a proceso de ninguna especie.

¿Qué base tienen los Estados Unidos para suponer la inocencia de Jenkins? Ninguna. Y sin embargo, se hacen desentendidos de las presunciones que pesan sobre él y exigen su inmediata liberación. Lo que en realidad debiera hacerse, es continuar el proceso hasta el fin y esclarecer todos los puntos dudosos. Así, las calumnias (en caso de existir), quedarían deshechas y el prestigio de Mr. Jenkins recuperaría la aureola perdida.

Lejos de obrar así, el gobierno norteamericano acusa al gobierno carrancista (el mismo que ha reconocido como legítimo) de impotencia y afirma tener pruebas de la inocencia de Jenkins. He aquí la nota de Mr. Summerlin:

"Con referencia a anteriores representaciones en el caso del Agente Consular de los Estados Unidos en Puebla, William O. Jenkins, tengo el honor de informar a usted que he recibido instrucciones telegráficas para manifestar a la Secretaría de Relaciones de México, que, en atención a las pérdidas y penalidades ya sufridas por el señor Jenkins, como resultado de su plagio, ocasionado por la incapacidad del gobierno mexicano para dar debida protección y su primer arresto por las autoridades mexicanas, el Gobierno de los Estados Unidos de América, está sorprendido y exasperado de saber que el señor Jenkins ha sido encarcelado nuevamente. Su nuevo arresto parece a mi Gobierno, por las pruebas que posee, como enteramente injustificado y como un ejercicio arbitrario de la autoridad pública. Mi gobierno me ordena que agregue que la insistente persecución y posteriores molestias al señor Jenkins, no podrán sino tener un efecto muy serio en las relaciones de los dos países y, por el cual, el Gobierno de México será el único responsable".

Como se ve, el gobierno norteamericano no se da por entendido de que a Mr. Jenkins se le acusa de estar en connivencia con los rebeldes para simular un plagio. ¿Esta acusación es infundada? No lo sabemos; pero por eso precisamente deseamos que la averiguación se lleve hasta el fin.

El gobernador Cabrera le puso a Carranza el siguiente telegrama, cuatro días después de haberse recibido la nota:

"Puebla, Pue., noviembre 24. señor Presidente de la República. Palacio Nacional, México, D. F. Manifiesto a usted que anoche declararon varios vecinos de otro pueblo llamado Malacatepec, asegurando que Jenkins estuvo en amigable compañía de Córdova y de Ubera, habiéndolo visto llegar en un automóvil el día del plagio".

"Estos hechos ocultados por Jenkins, afirman por completo las falsedades cometidas por el Cónsul. Hoy se verificará el tercer careo entre estos testigos y el procesado. Las diligencias se practicaron con resultado de la ocupación de Malacatepec por tropas nacionales, con los rebeldes. Salúdolo afectuosamente. El Gobernador del Estado. Alfonso Cabrera".

Al día siguiente, o sea el 25 de noviembre, Alfonso Cabrera ratificó el anterior telegrama y amplió la información contenida con nuevos datos importantes.

"Presidente de la República. Hónrome comunicar a usted que como resultado del careo verificado hoy entre Jenkins y varios vecinos del pueblo de Malacatepec, aclaróse que Cónsul llegó el día de su plagio en automóvil, habiéndose reunido con cabecilla Ubera en dicho punto y habiendo estado también con Córdova; como el Cónsul en su declaración y en cartas a la Embajada de su nación había afirmado que salió de esta capital a caballo, con los ojos vendados y también que no había visto a Córdova, viene a esclarecerse nueva falsedad de Jenkins y se corrobora que ha estado ocultando la verdad de presunto plagio y, especialmente, que ha sorprendido a la Embajada norteamericana con informes falsos.

Las cartas enviadas por Jenkins a su Embajada y en las cuales se queja de maltrato por parte del Juez que conoce este asunto, y de que a su defensor no se le daban las facilidades que ordena la ley, fueron desmentidas en parte por el mismo defensor y Jenkins evadió su responsabilidad afirmando que no se acordaba de lo que había escrito; manifiesta que nada tenía que reprochar al juez que lo juzga. El delito de falsedad en declaraciones judiciales de que se halla acusado Jenkins ha quedado, por lo tanto, confirmado una vez más. Lo que comunico a usted por vía de informe, expresándole mi atenta consideración. El Gobernador del Estado. Alfonso Cabrera.

El mismo Gobernador de Puebla dio a los periódicos de México las siguientes declaraciones que aparecieron publicadas el 27 de noviembre:

"Considero necesario destruir el error en que han estado algunos periódicos, asegurando que el Gobierno de Puebla tiene la idea preconcebida de hacer aparecer culpable al señor Jenkins de su propio plagio. Jamás se ha tenido tal intención, que no tendría objeto, puesto que tarde o temprano se esclarecería la verdad. Esta no ha podido ser dilucidada hasta hoy de un modo completo, debido principalmente a que el señor Jenkins y sus amigos se oponen tenazmente y de un modo incomprensible a declarar ante las autoridades judiciales, dando fútiles pretextos, y en algunos casos diciendo que no desean decir nada respecto de lo que se les pregunta.

"Es indispensable repetir que el señor Jenkins se encuentra en la prisión, hasta cierto punto, por su propia voluntad, pues que habiéndole dicho varias veces el juez que puede obtener su libertad mediante una caución de mil pesos, el delincuente se ha rehusado a aceptarla. Jamás podrá decirse que las autoridades judiciales tratan de molestar al señor Jenkins, todo lo contrario, le facilitan la manera de que salga de la prisión. En esta, el cónsul americano tiene toda clase de comodidades, sin que a ese concepto pueda haberse algún reproche al Gobierno de Puebla".

De los informes suministrados por las autoridades judiciales, puede decirse que numerosos testigos que han declarado en el asunto de Jenkins, lo han hecho en el sentido de que tanto al día siguiente de su plagio, como tres días después, Jenkins estaba en amigable compañía de los rebeldes de Ubera y Córdova; igualmente proporcionan dichos testigos multitud de detalles que corroboran lo asegurado desde un principio por los peones del mismo Jenkins, aun cuando este niega todo lo que en su contra se dice. El inculpado no ha querido mandar testigos, por más que el Juez lo ha requerido para ellos, y, según se tienen noticias, ha llevado a individuos, que él llama testigos, para que declaren ante personas particulares, con el objeto de que levantando actas que no podrán tener ningún valor legal porque no han sido hechas ante autoridad competente, pueden servir, sin embargo, para hacer escándalo en los Estados Unidos y atraerse la conmiseración de los norteamericanos.

Considero que el Gobierno norteamericano está siendo sorprendido, admitiendo versiones con demasiada facilidad y probablemente bajo la sola impresión de las cartas de Jenkins. Ante el juez de los autos, Jenkins se ha visto obligado a retractarse de muchas de sus quejas y ha confesado que nada tiene que decir del juez que lo juzga. Si los Estados Unidos vieran con serenidad el asunto, comprenderían que es ridículo llegar a hacer amenazas a una nación basados en noticias falsas que ya están viniendo por tierra. Precisamente, porque la reclamación de los Estados Unidos está basada en las noticias falsas que ha recibido, por lo que creo que no podrán los Estados Unidos insistir en sus pretensiones, sino que, cuando se interioricen de la verdad de los procedimientos enteramente ajustados a la ley de las autoridades de Puebla, tendrán que volver sobre sus pasos y esperar a que la justicia sea la que dicte un fallo favorable o adverso al señor Jenkins.

Hasta entonces no tendrán motivos para hacer reclamaciones de ninguna especie al Gobierno mexicano. Entretanto, las autoridades de Puebla, con todo empeño siguen sus investigaciones, hasta esclarecer lo que haya de cierto en el presunto plagio de Jenkins.

La prisión de este, repito, no obedece como se ha supuesto a que se haya esclarecido por completo que no hubo plagio, pues este punto está todavía en investigación, sino que la prisión se debe a que faltó a la verdad ante el Juez que conoce del asunto y esa falta, severamente castigada por el Código Penal de Puebla, tuvo que aplicársele, aun cuando no con el rigor que se ha supuesto, sino tan benignamente como las mismas leyes lo permiten.

Algunas de esas quejas del Gobierno norteamericano están basadas en que el Gobierno mexicano no ha procurado castigar a los autores del presunto plagio del señor Jenkins, y esto también debe destruirse, porque las fuerzas han emprendido hasta hoy tres ataques a los núcleos rebeldes en donde se encuentra el cabecilla Federico Córdova, señalado como presunto autor del plagio. Uno de esos ataques lo emprendió la guarnición de Atlixco hacia el Oriente, en donde parece se encontraba Federico Córdova y dos más se han hecho hacia Malacatepec y Coltzingo, puntos en donde también han existido presunciones de que se encuentren los rebeldes Córdova y Ubera. Las autoridades judiciales continuarán trabajando con empeño y con estricto apego a la ley en el esclarecimiento del asunto, y tanto el Gobierno Federal como el del Estado de Puebla continuarán persiguiendo a las rebeldes.

Las declaraciones anteriores así como los mensajes, se basaron principalmente en las investigaciones que inició el Teniente Coronel Margarito Herrera, que opera en el Estado de Puebla, y el cual afirma que mientras el Cónsul Jenkins hacía correr la noticia de su plagio, llegaba tranquilo a su hacienda de Santa Lucía, en donde llamó a los cabecillas que se dijo luego lo habían secuestrado.

A riesgo de parecer cansados, publicamos unas informaciones que hizo a la prensa el referido Herrera, las cuales sirvieron de base al proceso de Jenkins. He aquí el texto de dichas informaciones tal como las publico "El Heraldo de México".

"Cuando el Gral. Pilar R. Sánchez tuvo noticia del 'secuestro' de Mr. Jenkins, dio órdenes inmediatamente al Teniente Coronel Herrera para que saliera con rumbo a la hacienda de Santa Lucía, por haberse tenido noticia de que por ahí se encontraba la gavilla mandada por los cabecillas Córdova y Ubera, con quienes se encontraba el Cónsul americano.

El Teniente Coronel Herrera, siguiendo las instrucciones recibidas, se dirigió a Atlixco, donde se encontraba como Jefe de la guarnición, rumbo a la hacienda de Santa Lucía, a donde llego el día 21 del mes pasado. Como no encontró por allí a los cabecillas, capturó a veintitrés peones de la hacienda y al mayordomo, llevándolos a Atlixco y poniéndolos a la disposición del General Sánchez, quien procedió a interrogarlos.

Al principio todos trataban de ocultar la verdad, pero después, cuando dos peones sin titubeos manifestaron que se trataba de una farsa, se pusieron las cosas en claro, y de las declaraciones ya unánimes de la peonada y el mayordomo resultó que el Cónsul Jenkins al llegar enteramente solo a su hacienda, mandó llamar a los cabecillas Federico Córdova y Juan Ubera, quienes acompañados de su gavilla llegaron cerca del medio día, comiendo en compañía del Cónsul, quien después de hablar a solas con ellos salió ya por la noche rumbo a la sierra, para dar el timo del plagio. Agregaron los detenidos, que cuando Córdova salió de la hacienda acompañado del Cónsul, les advirtió que los mataría si llegaban a decir lo que habían visto y oído, repartiéndoles a los peones a razón de diez pesos por cabeza y al mayordomo cien, siendo requeridos también por Jenkins para que no dijeran una sola palabra de que había estado comiendo con los alzados.

Después, sigue diciendo nuestro entrevistado, el Cónsul llegó nuevamente solo hasta Malacatepec, a donde fue su apoderado el licenciado Mestre, pasando por la hacienda de Santa Lucía, donde hizo subir al automóvil a dos peones de acuerdo para que afirmaran que los rebeldes se habían llevado por la fuerza al Cónsul y haciéndose allí mismo la maniobra del pago del rescate.

Para terminar, el Coronel Herrera nos manifestó, que tanto el mayordomo como los peones han sostenido la declaración que hicieron ante el General Pilar Sánchez, en presencia de Mr. Jenkins, quedando aclarado plenamente que no existió tal plagio, pues en las declaraciones rendidas ante el Juez Franco se hace constar la repartición del dinero hecha a los peones en presencia de los cabecillas y la amenaza de estos para los peones de asesinarlos si decían una palabra sobre el particular.

Después de los telegramas y entrevistas transcritos, Luis Cabrera hizo declaraciones imprudentes, no tanto por el contenido de ellas, cuando que no se hacía necesario que otro Cabrera (que para nada tiene que salir de las cuestiones hacendarias) se hiciese presente en un asunto en que su hermano había demostrado gran interés. Después de estas últimas declaraciones, el caos ha tomado un sello cabrerista que no le da mucho prestigio a nuestro país".

Dice un diario de México:

"Conversando ayer con el señor licenciado Cabrera, uno de nuestros representantes preguntóle su opinión con respecto a las dificultades internacionales que parecen iniciarse con motivo de la detención del Cónsul Jenkins; y el señor Secretario de Hacienda nos habló largamente sobre este particular, manifestándonos que en este asunto de Jenkins los Estados Unidos no ven o no quiere ver que este señor está en manos de la justicia, a quien toca fallar en este asunto y que, por lo tanto, no tienen razón en intervenir en este asunto mientras no se sepa el fallo de las autoridades respectivas. Porque si es odioso que una nación fuerte intervenga en los asuntos generales de una más débil, es más odioso todavía que esa nación intervenga en un asunto judicial que están dilucidando jueces rectos y competentes".

"Los Estados Unidos, sigue diciendo Luis Cabrera, lo que quieren es que sea declarada la inocencia de Jenkins y que se le deje en libertad; o hacer de lo contrario alguna manifestación de fuerza, acaso enviar barcos a Veracruz en actitud hostil o cualquiera otra cosa".

"Esta es la manera de ver del señor Cabrera".

Tras la lectura de los documentos anteriores, a nadie causó extrañeza que el gobierno carrancista contestase en la siguiente forma:

"No debo ocultar a vuestra señoría, que ha llamado poderosamente la atención del Gobierno Mexicano el hecho de que ningún fundamento legal, ningún principio o antecedente de Derecho Internacional, ni siquiera algún razonamiento, se invoque para demandar la inmediata libertad de Mr. Jenkins, quien, como Vuestra señoría sabe, se encuentra en los actuales momentos sometido a la autoridad de un juez de la ciudad de Puebla. El Gobierno Mexicano no encuentra cuál pueda ser el fundamento de tal demanda, cree que será únicamente la fuerza del país que la hace, supuesto que los Estados Unidos se han caracterizado por el deseo manifestado en varias ocasiones de que el derecho y la justicia sean la norma de su diplomacia en el Continente; y más bien atribuye los términos de la nota que contesto a un conocimiento imperfecto de nuestras leyes penales.

"La prisión de Mr. Jenkins no es injustificada y arbitraria como lo asevera la nota de Vuestra señoría: Habiendo el mismo rendido y afirmado declaraciones contradictorias sobre el plagio de que fue víctima, el Juez ha tenido fundamento bastante para suponerlo responsable del delito de falsedad en declaraciones judiciales y esto ha ameritado su prisión. Sin embargo, esa prisión no significa por sí misma que Mr. Jenkins sea culpable, pues tal cosa sólo puede ser establecida por una sentencia definitiva.

"Vuestra señoría sabe que en el procedimiento penal mexicano hay tres clases de prisión; la preventiva, cuando se sospecha que una persona tiene responsabilidad criminal en un delito; la formal, cuando contra el inculpado haya datos suficientes, a juicio del Juez, para suponerlo responsable del hecho; y la prisión ordinaria, que es la que impone la sentencia definitiva, como pena propiamente dicha por el delito y la culpabilidad del acusado debidamente comprobados. Las dos primeras clases de prisión, legalmente no son penas, sino restricciones a la libertad de un acusado, como medio de averiguar la verdad. La sentencia puede también declarar la inocencia del procesado. Mr. Jenkins ha sufrido una detención preventiva y 72 horas después prisión formal. A esto se debió el que haya sido reaprendido, y este es el hecho que parece ser considerado por el Gobierno de Estados Unidos como una persecución o como una serie de molestias que se infligen injustificadamente al señor Cónsul.

"En el curso del proceso, en cualquier momento, el acusado puede pedir y obtener su libertad mediante caución. La ley mexicana es muy liberal para concederla, pues basta para ello la solicitud y la exhibición de la suma que fije el Juez. Mr. Jenkins, negándose a ejercitar este derecho, no obstante que ha sido invitado a hacerlo repetidas veces y que el juez le ha señalado como caución la suma de mil pesos, no puede en rigor llamarse victima de molestias que él se proporciona voluntariamente y, por otra parte, es conservado en prisión con todo género de atenciones y con las comodidades compatibles con su condición.

"Encontrándose pues, sometido a un proceso que se sigue con los rituales de ley, bajo la autoridad de un juez cuyos procedimientos no son secretos, sino que están vigilados constantemente por la opinión pública, interesada en que se haga la verdad en este asunto, el Gobierno Mexicano se ve en el caso de no poder obsequiar la demanda de libertad contenida en la nota que contesto y tiene poderosas razones, fundadas en el Derecho de Gentes, y consideraciones de carácter constitucional. Por la primera, estima que ningún Gobierno puede intentar reclamaciones diplomáticas por uno de sus súbditos en el extranjero, sino en los casos de denegación de justicia y que invariablemente se ha observado la práctica de esperar que los Tribunales que conocen de un asunto referente a un extranjero, han pronunciado una sentencia que, como repito, siendo notoriamente injusta, sería lo único que podría servir de base para una representación.

"En cuanto al punto de vista constitucional, nuestra Constitución Política establece como principio fundamental, la separación de atribuciones del Poder Ejecutivo y del Departamento Judicial, y, en su virtud, no tiene el Ejecutivo facultades para ingerirse en negocios propios de este último. Igualmente la autonomía de los Estados está garantizada en nuestra Carta y es, en virtud de la estructura Federativa de la República Mexicana, que el Poder Federal no puede intervenir en asuntos que, como el de Mr. Jenkins, corresponde propia y exclusivamente a las autoridades del Estado de Puebla, razón por la cual el Ejecutivo no podría dar orden al Juez que conoce del asunto para que Mr. Jenkins fuera puesto en libertad, pues este funcionario se negaría, con razón, a obedecerla en caso de que se le diera y el Ejecutivo faltaría al primer deber que tiene todo Gobierno y que él siempre ha procurado observar, cual es el de respetar las leyes del país y hacer que estas sean respetadas.

"Ahora bien, esta conducta, en concepto del Gobierno Mexicano, no puede afectar desfavorablemente las relaciones de amistad que felizmente existen entre México y los Estados Unidos, sobre todo por tratarse de un caso sencillo en que con un requisito tan simple, Mr. Jenkins quedaría en libertad, pues nunca puede ser motivo de fricciones entre los dos países el que las leyes de cada uno se apliquen por igual a nacionales y extranjeros.

"En los Estados Unidos, en algunas ocasiones, Cónsules mexicanos han sufrido prisión por algunos actos de la apreciación de las leyes y de las autoridades de este país, y el Gobierno Mexicano, aun cuando en su concepto era injustificada dicha prisión, jamás se ha permitido la menor indicación para conseguir que no se apliquen en cada caso las leyes de los Estados Unidos, pues practica invariablemente el respeto a las leyes extranjeras y no pretende que los mexicanos en el extranjero hagan de su calidad de mexicanos un título de excepción o de privilegio.

"En los Estados Unidos ni en México, ningún ciudadano procesado puede ser libertado por una orden emanada del Ejecutivo, y sería extraño que en México un ciudadano americano tuviera más derecho de los que tiene en su propio país, o más que los que tiene en México un ciudadano mexicano."

Después de esta nota, todos esperaban que los Estados Unidos cedieran o enviasen un ultimátum. No hizo la cancillería norteamericana ni una ni otra cosa, y se limitó a enviar una nueva nota, que aunque es áspera en la forma, no lo es tanto como el primer documento que firmó Mr. Summerlin. Procura Mr. Lansing refutar la nota de Medina; pero no sale muy airoso de su empresa; su producción es confusa y no conviene a nadie. Acepta con gusto que Jenkins no sea reo de estar en connivencia con los plagiarios, sin considerar que la importancia del proceso radica precisamente en las conclusiones a que se puede llegar.

He aquí las partes fundamentales de la nota de Mr. Lansing:

"El pueblo de los Estados Unidos se rehúsa a entrar en una discusión jurídica de asuntos ajenos al caso, o de incidentes sin importancia que hayan sufrido con motivo de él. El pueblo mexicano no puede negarse, como da a entender al citar a los mismos Estados Unidos para demostrar que "no hay principio o precedente de derecho internacional, ni siquiera una razón para que Jenkins sea puesto en libertad", porque tal cita es innecesaria para ilustrar a un gobierno moderno. El gobierno mexicano cree con toda justicia que la pretensión de la libertad de Jenkins está basada "solamente en el poder de la nación que la hace", porque sabe bien que se basa en la justicia y en el derecho que tiene todo ciudadano de este país y un empleado consular de los Estados Unidos para que se le trate justamente en el lugar en que reside y donde desempeña sus deberes oficiales dentro del territorio mexicano, con el conocimiento y aprobación del gobierno mexicano.

"El gobierno mexicano puede sostener que la prisión de la víctima es necesaria para la investigación judicial del plagio, que se halla 'bajo la constante vigilancia de la opinión pública' y que el derecho de ser puesto en libertad bajo fianza es un paliativo para tan inofensivo encarcelamiento; pero los Estados Unidos están obligados por la opinión pública a considerar tales argumentos como meras excusas. El gobierno de los Estados Unidos procura y desea que se hagan las mayores diligencias e investigaciones en ese asunto, pero no puede admitir que sea necesario, para averiguar los hechos, que Mr. Jenkins sea retenido en prisión, aunque se le conceda el derecho de libertad bajo fianza.

"Mi gobierno no quiere y está seguro de que Mr. Jenkins tampoco quiere poner ningún obstáculo en el camino de una absoluta y completa averiguación de los acontecimientos relacionados con su secuestro. El gobierno mexicano pretende atribuir la nota de los Estados Unidos a imperfecto conocimiento de las leyes penales mexicanas y de los trámites relacionados con el derecho procesal mexicano. Pero el gobierno de los Estados Unidos no acierta a ver ninguna relación en la aplicación de tales leyes y procedimientos, con el tratamiento imparcial con que debe tramitarse el caso Jenkins, y el gobierno mexicano sabe bien que la ausencia de tal tratamiento ha motivado la petición del Gobierno de los Estados Unidos.

"El gobierno mexicano sostiene que no puede acceder a la demanda de los Estados Unidos por la libertad de Jenkins, porque según el derecho constitucional la intervención diplomática sólo debe emplearse cuando se ha negado debida justicia a un ciudadano de un país extraño, y porque el gobierno mexicano no tiene facultad para pedir la libertad de Jenkins en vista de la separación de los poderes ejecutivo y judicial y la independencia de los tribunales, bajo la jurisdicción de uno de los cuales se halla Jenkins. La contestación sucinta a tal argumento es que todo el mundo sabe que ha habido negación de justicia y que la constitución mexicana da a los tribunales federales jurisdicción sobre "todos los casos concernientes a los agentes diplomáticos y a los funcionarios consulares".

"Los Estados Unidos se dejan arrastrar por tan fútiles argumentos para fundar la defensa de su petición de libertad de Mr. Jenkins. Es a México a quien toca demostrar la causa de su detención, no a los Estados Unidos litigar por su libertad.

"Despojados de todos los asuntos extraños con los cuales el gobierno mexicano trata de envolverlo, el caso Jenkins es el siguiente: Jenkins, agente consular de los Estados Unidos, acreditado ante el gobierno mexicano, se halla preso por "falsedad en declaraciones judiciales" con motivo del plagio de que fue víctima. Tal es en sustancia la nota mexicana.

"Mi gobierno se complace en saber que se ha definido claramente la causa de la prisión de Jenkins, y que los rumores de que las autoridades mexicanas habían aprehendido a Jenkins por estar en complicidad con sus plagiarios y por haberse rebelado contra el gobierno no han sido tomados en serio por el gobierno de usted.

"¿En interés de quién, pues, se han hecho las falsas declaraciones de que se acusa a Jenkins? De sus plagiarios. El es en realidad el quejoso de haber sido plagiado, no el culpable como el gobierno mexicano lo hace aparecer. El gobierno mexicano está persiguiendo a la víctima en vez de perseguir a los perpetradores del crimen. Mientras los bandidos que pusieron en peligro su vida y le robaron parte de su fortuna, gozan de libertad, las autoridades mexicanas privan a Jenkins de la suya. Sin embargo, la razón alegada para la prisión de Jenkins, a saber: la supuesta falsedad en declaraciones judiciales, debe tomarse en consideración, y mi gobierno concede especial atención a este punto. Únicamente como expresión de la opinión del gobierno mexicano, ya que la evidencia está enteramente en contra de tal opinión. No se ha presentado una sola declaración, de las rendidas por Jenkins, o un extracto de tales declaraciones que demuestren la verdad de tal opinión del gobierno mexicano.

"El gobierno mexicano no puede esperar que los Estados Unidos acepten en las graves circunstancias de este caso una afirmación tan sin pruebas como una razón que justifique la prisión de un funcionario consular de los Estados Unidos, especialmente en vista del hecho de que las investigaciones practicadas por los representantes del gobierno americano no están de acuerdo con la opinión de ese gobierno. Por el contrario, esas investigaciones dan al gobierno de los Estados Unidos fundamento para creer que Mr. Jenkins no ha rendido conscientemente ninguna falsa declaración respecto de los puntos esenciales de su causa, aunque ha sido estrechado por las autoridades mexicanas para que rinda tal declaración cuando se hallaba postrado en un hospital y se encontraba demasiado débil y exhausto para rendirla, como resultado del maltrato dado por sus plagiarios, y cuando sabía que se habían obtenido declaraciones que lo perjudicaban intimidando a los testigos.

"Así queda sin ningún apoyo la opinión del gobierno mexicano, por lo cual mi gobierno cree que es enteramente infundada la causa alegada para la prisión de Jenkins.

"La conclusión que se desprende de la contestación del gobierno mexicano no es otra sino la de que ha habido un esfuerzo estudiado de parte de las autoridades mexicanas para tender un lazo a Jenkins con los trámites de los procedimientos legales, alegando la comisión de ofensas técnicas y haciéndole cargos infundados, con el propósito, primeramente, de distraer la atención del público y del gobierno de los Estados Unidos, y aun de los mismos mexicanos, de la situación actual, que puede describirse así: Puebla, capital del Estado de Puebla, quizá la segunda ciudad de México, no goza de la debida protección contra los bandidos que infestan los alrededores y que están acostumbrados a visitar frecuentemente y libremente la ciudad sin ningún obstáculo; por falta de la debida protección en ese distrito, las autoridades mexicanas han hecho posible, por su negligencia, el plagio de Jenkins, y como consecuencia de tal actitud, las autoridades mexicanas han dejado de cumplir con el deber y la obligación que les incumbe de aprehender y castigar a los bandidos responsables del crimen de que ha sido víctima Jenkins.

"En segundo lugar, parece que ha sido el propósito del gobierno mexicano asumir una indiferencia voluntaria respecto de los sentimientos del pueblo de los Estados Unidos, que se ha excitado hasta la indignación por el peligro, malos tratos y sufrimientos físicos que ha padecido Jenkins durante su secuestro, y por el tratamiento que posteriormente ha recibido de manos de las autoridades mexicanas.

"En vista de esas consideraciones que han sido expuestas ampliamente, y particularmente en vista de la creencia de mi gobierno de que el cargo hecho contra Jenkins, de falsedad en declaraciones judiciales es infundado, el gobierno de los Estados Unidos se halla en el caso de renovar su demanda de que sea puesto el Cónsul Jenkins en absoluta libertad."

Ya en nuestra edición pasada hicimos la siguiente consideración: ¿Cómo andará desbarajustada la Cancillería de los Estados Unidos, para que hasta los carrancistas les superen en lógica y argumento?

Lo natural es que todo gobierno, al querer proteger a un ciudadano suyo, comience haciendo investigaciones; después de estas, el paso lógico es el de formular una queja; luego, si no logra ser atendido, lo indicado es presentar una reclamación; si esta fuera infructuosa, entonces procede el ultimátum, tras del cual debe venir la acción.

En Estados Unidos se comienza por formular la reclamación; luego se sigue con la queja; en seguida se pierde el tiempo en investigaciones y de repente se archiva el incidente para presentarlo después o formular un ultimátum o dejar las cosas en paz. La Secretaría de Estado no sigue una regla rigurosa de razón, sino que obedece al capricho del momento.

El caso Jenkins es un ejemplo de esta marcha incoherente de los negocios de la Secretaría de Estado. Un día, plagiado el cónsul de Puebla, y la Cancillería de los Estados Unidos pide a México que se hagan toda clase de gestiones hasta pagar el rescate con objeto de que quede en inmediata libertad. Días después, Eduardo Mestre paga el rescate y la Secretaría de Estado deja caer el asunto en el cesto de los papeles viejos.

Pero de pronto, un juez penal de Puebla advierte algo raro en el plagio y empieza a practicar diligencias; sorprende a Jenkins en algunas inexactitudes y lo manda aprehender. Entonces, Estados Unidos, sin investigar el caso, dicta la orden (no puede llamarse de otra manera) de que se proceda a su inmediata liberación. La cancillería mexicana contesta negándose a conceder la libertad exigida y entonces Estados Unidos insiste, vendrá con seguridad una nueva negativa; y entonces... pues lo mismo puede formularse un ultimátum que un "Ud. dispense."

Ante esta conducta desconcertada, ilógica y confusa de la Cancillería de los Estados Unidos, resulta natural que los carrancistas luchen victoriosamente y hasta den a la Secretaría de Estado norte-americana sus clasecitas de Derecho. Esto parece un colmo; pero así es en realidad.

Revista Mexicana, 7 de diciembre de 1919.

 

Fuente:

DOCUMENTOS HISTÓRICOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA XVIII.
Fundador: Isidro Fabela
Revolución y Régimen Constitucionalista Volumen 6° del Tomo I
Editados por la Comisión de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana bajo la dirección de JOSEFINA E. DE FABELA
Coordinador: ROBERTO RAMOS V. Investigadores: LUIS G. CEBALLOS, MIGUEL SALDAÑA, BALDOMERO SEGURA GARCIA, HUMBERTO TEJERA.
EDITORIAL JUS, S. A. MÉXICO, 1970. pp.316-330.