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Siglo XX > 1910-1919 > 1919

Relaciones Internacionales en la Revolución 1913-1919. 245. Decreto expedido por Carranza, reformando la Ley de Reclamaciones de fecha 24 de noviembre de 1917.
México, 30 de agosto de 1919.

 

Decreto expedido por don Venustiano Carranza, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reformando la Ley de Reclamaciones, de fecha 24 de noviembre de 1917, respecto a su procedimiento y mayor amplitud en sus funciones. [F9-25-VII. A.I.F.]

 

Comisión Nacional de Reclamaciones.
Poder Ejecutivo.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ley de Reclamaciones por daños provenientes de la Revolución. Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal. Estados Unidos Mexicanos. México. Secretaría de Gobernación".

El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente decreto:

"Venustiano Carranza, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades extraordinarias que en el Ramo de Hacienda me fueron conferidas por el H. Congreso de la Unión, por Ley de 8 de mayo de 1917; y,

Considerando: Que la experiencia de más de un año de trabajos efectuados por la Comisión de Reclamaciones, aconseja la conveniencia de reformar la Ley de Reclamaciones de fecha 24 de noviembre de 1917, tanto respecto del procedimiento como para dar mayor amplitud a sus funciones.

Considerando: Que aun cuando restablecido el orden constitucional en primero de mayo de 1917, ha subsistido todavía durante algún tiempo cierto estado de revuelta en algunas de las regiones del país, durante el cual han seguido causándose daños a las personas o a las propiedades las cuales deben quedar igualmente incluídos en la Ley General de Reclamaciones, siendo motivo de especial atención los causados por muerte o lesiones, que no estaban expresamente incluidos en la Ley de 1917.

Considerando: Por último que ha sido siempre voluntad firme del Gobierno mexicano emanado de la Revolución Constitucionalista, indemnizar justamente a todos los que hayan sufrido daños por causa de los movimientos revolucionarios y, por lo tanto, se hace necesario remover todos aquellos obstáculos que pudieran hacer dudar de la sinceridad de estos propósitos, especialmente en lo que se refiere a reclamantes extranjeros, que por no encontrar suficientemente explícita la Ley anterior se hubieran abstenido de presentar sus reclamaciones.

Por las anteriores consideraciones, he tenido a bien decretar la siguiente:

LEY DE RECLAMACIONES POR DAÑOS PROVENIENTES DE LA REVOLUCIÓN

Art. 1o. De conformidad con el decreto de 10 de mayo de 1913, expedido en Monclova, Estado de Coahuila, por el Primer jefe del Ejército Constitucionalista, se establece en la ciudad de México, una comisión dependiente de la Secretaría de Hacienda, que conocerá de las reclamaciones por daños sufridos en las personas o en la propiedad, a consecuencia de los movimientos revolucionarios ocurridos en la República desde el 20 de noviembre de 1910 y del consiguiente estado de revuelta que prevalece todavía en algunas regiones del país.

Art. 2o. La Comisión de Reclamaciones a que se refiere el artículo anterior, constará de un Presidente y cuatro vocales nombrados por el Ejecutivo Federal. Dicha Comisión nombrará a su vez a los secretarios y demás empleados que requiera el buen desempeño de sus labores.

Art. 3o. Son objeto de la presente Ley las reclamaciones que se funden en daños causados:

I. Por fuerzas revolucionarias o reconocidas como tales por los Gobiernos legítimos que se hayan establecido en la República al triunfo de la Revolución respectiva.

II. Por fuerzas de esos mismos Gobiernos en ejercicio de sus funciones durante la lucha contra los rebeldes.

III. Por fuerzas dependientes del antiguo ejército federal hasta su disolución, y,

IV. Por forajidos o rebeldes, siempre que se compruebe que el daño causado se consumó a consecuencia de algún acto, lenidad u omisión imputables a las autoridades legítimas encargadas de dar garantías. No habrá lugar a indemnización en el caso a que se refiere este inciso, si el paciente del daño hubiere ejecutado actos voluntarios, significativos de un reconocimiento expreso de la autoridad de los rebeldes o forajidos o de la intención de ayudarlos contra las autoridades legítimas encargadas de dar garantías.

Art. 4o. No podrán acogerse a los beneficios de esta Ley los autores, cómplices o encubridores de los delitos cometidos contra el orden constitucional en el mes de febrero de 1913 o contra el Gobierno emanado de la Revolución Constitucionalista. Quedan comprendidos en esta excepción todos los individuos que se hubieren singularizado como enemigos de las Revoluciones de 1910 y 1913 y del nuevo orden constitucional.

Es obligación de todas las autoridades y empleados públicos, federales o locales auxiliar a la Comisión en la práctica de las investigaciones respectivas.

Art. 5o. Podrán ser motivo de reclamaciones conforme a la presente ley: la destrucción de la propiedad particular, las requisiciones de dinero, valores, animales o mercancías, o cualesquiera otros daños sufridos en las propiedades, siempre que los demandantes no hayan sido ya indemnizados en otra forma. Tratándose de propiedades no se aceptarán reclamaciones por perjuicios, o sea por privación de ganancias.

Art. 6o. Podrán ser motivo de indemnización los daños y perjuicios causados por muerte o lesiones siempre que no haya mediado imprudencia o provocación imputable a la víctima. La estimación de los daños y perjuicios causados por muerte, se hará por la Comisión conforme a las leyes del Código Penal del Distrito Federal, teniendo en consideración la edad, estado civil, género de ocupación, estado de salud y bienes de fortuna de la víctima.

Art. 7o. Las reclamaciones se presentarán por escrito, y redactadas en español, expresándose en ellas con precisión el nombre o razón social del reclamante, su nacionalidad y domicilio, los lugares y las fechas en que hayan ocurrido los hechos que originen la demanda y las personas que en ellos hubieren intervenido, así como la naturaleza de los daños sufridos y la cantidad en oro nacional que como indemnización se reclame.

Art. 8o. El procedimiento a que deberá sujetarse la tramitación de las reclamaciones, será determinado por el reglamento respectivo, de acuerdo con las siguientes bases:

I. La Comisión recibirá todas las reclamaciones que se les presenten, las examinará debidamente, y si reúnen las condiciones de fondo prescritas por la presente ley, dictará un acuerdo declarándolas admitidas.

II. Solicitará de las autoridades respectivas los informes que estime convenientes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la reclamación, o bien para fijar la cantidad que como indemnización haya de consultarse.

En este mismo período de la tramitación se recibirán las pruebas que promuevan o rindan los interesados.

III. Podrá admitir la Comisión cualquier medio de prueba que a su juicio sea humanamente bastante para producir convicción en el caso concreto, aunque ese medio sea distinto de los especificados en las leyes de procedimientos o no tengan fuerza probatoria conforme a éstas, quedando sujeta su apreciación al criterio racional de los comisionados, pero sin que la circunstancia de haberse tomado en cuenta en algún caso concreto, sirva de precedente para que forzosamente surta igual efecto en otros análogos.

IV. Recibidos los informes y las pruebas a que se contraen las bases anteriores se pondrá el expediente a la vista del demandante para que éste alegue por escrito lo que a su derecho convenga.

V. En vista de las constancias del expediente, la Comisión formulará dictamen proponiendo la resolución que corresponda.

VI. El dictamen resolutivo se notificará al interesado para que manifieste su conformidad o las razones de su inconformidad.

VII. Cumplido este último requisito, el expediente se elevará al conocimiento del Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Hacienda, para su resolución definitiva, cuando no se trate de extranjeros que hayan manifestado inconformidad con el dictamen de la Comisión, pues en ese caso se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 12 y 13 de esta Ley.

Art. 9o. Por el hecho de acudir a la Comisión en la forma administrativa determinada en esta Ley, se entenderá que los damnificados renuncian a su derecho de entablar las mismas reclamaciones por la vía judicial.

Art. 10. Los reclamantes extranjeros acompañarán al escrito en que formulen su reclamación, los comprobantes con que acrediten su nacionalidad, y los que no lo hicieren así, serán considerados como mexicanos para los efectos de esta Ley.

Art. 11. Los reclamantes extranjeros que, habiendo comprobado su calidad, no estuvieren conformes con el dictamen resolutivo de la Comisión, podrán presentar sus observaciones ya directamente a esta Comisión, ya por los conductos diplomáticos.

Art. 12. Los dictámenes resolutivos de la Comisión, concernientes a reclamaciones de extranjeros que hayan sido objetados por los interesados, se someterán al conocimiento de una Comisión arbitral compuesta de tres miembros, de los cuales uno será designado por el Presidente de la República, otro por el agente diplomático del país a que pertenezca el reclamante y el tercero de común acuerdo por los dos primeros. Si este último no fuere posible, el Ejecutivo hará también la designación del tercero, escogiéndolo entre los nacionales de un país que no tenga ninuna reclamación que hacer en virtud de daños causados por la Revolución. Los nombramientos de árbitros no podrán recaer en agentes diplomáticos o consulares.

Art. 13. Las comisiones arbitrales de que habla el artículo anterior conocerán exclusivamente del caso para que hayan sido nombradas, salvo que el Ejecutivo hubiere celebrado convenios internacionales para la formación de comisiones mixtas permanentes que conozcan de todas las reclamaciones de los nacionales de un mismo país.

Las comisiones arbitrales decidirán por mayoría de votos y sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas.

Art. 14. Las indemnizaciones debidas a empresas ferrocarrileras o de otros servicios públicos que hubieren sido ocupadas o expropiadas por el Gobierno con motivo de operaciones militares o a causa de las condiciones anormales que han prevalecido en el país, no tendrán necesariamente que sujetarse al conocimiento de la Comisión de Reclamaciones, sino que la indemnización que deba pagárseles podrá ser estipulada por medio de convenios celebrados por conducto de las secretarías respectivas.

Art. 15. Las acciones para entablar reclamaciones por daños causados desde el 20 de noviembre de 1910, hasta la fecha de la presente ley, prescribirán el 1o. de septiembre de 1920. Las que se deriven de daños que se causaren en lo sucesivo, prescribirán un año después de ocurrido el hecho que motive la reclamación.

Art. 16. Las reclamaciones provenientes de la Revolución de 1910 que hayan sido sometidas a la Comisión Consultiva creada por virtud de la Ley de 31 de mayo de 1911, se tendrán por presentadas en tiempo y conocerá de ellas la nueva Comisión, tomándose los expedientes en el estado en que se encuentren en la actualidad y continuándose su tramitación de acuerdo con la presente Ley y su reglamento.

Las diligencias judiciales y administrativas practicadas durante los regímenes usurpadores, se revalidarán o no, en cada caso, total o parcialmente, a juicio de la misma Comisión.

Art. 17. Una Ley especial determinará la forma y condiciones de pago de las indemnizaciones decretadas en virtud de esta Ley, pero las que se deriven de muerte o lesiones, serán pagadas en efectivo desde el momento en que queden aprobadas por el Ejecutivo.

TRANSITORIOS

Art. 1o. La Comisión dará por terminadas sus labores de recepción de expedientes cuando en un período de tres meses no se haya presentado ninguna nueva reclamación. En este caso, la Comisión de Reclamaciones, continuará sus labores para el solo efecto de decidir las reclamaciones presentadas y una vez concluídas éstas se disolverá.

Las reclamaciones que por cualquier motivo se hubieren presentado antes de la disolución de la Comisión, y que no estuvieren prescritas, podrán formularse ante la Secretaría de Hacienda, si el interesado eligiere la vía administrativa.

Art. 2o. La presente Ley comenzará a regir el día de su promulgación.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta días del mes de agosto de mil novecientos diecinueve.

V. Carranza. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Publico, Luis Cabrera. Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. Presente".

Lo que me honro en comunicar a usted para su publicación y demás efectos.

Constitución y Reformas.

México, 30 de agosto de 1919.

Aguirre Berlanga

 

Fuente:

DOCUMENTOS HISTÓRICOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. XX.
Fundador: Isidro Fabela
Las Relaciones Internacionales en la Revolución y Régimen Constitucionalista y la Cuestión Petrolera. 1913-1919. Tomo II.
Editados por la Comisión de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana bajo la dirección de JOSEFINA E. DE FABELA
Coordinador: ROBERTO RAMOS V. Investigadores: LUIS G. CEBALLOS, MIGUEL SALDAÑA, BALDOMERO SEGURA GARCIA, HUMBERTO TEJERA.
EDITORIAL JUS, S. A. MÉXICO, 1971. pp.281-287.