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Siglo XX > 1910-1919 > 1912

Proyecto sobre Reforma Agraria presentado a la XXVI Legislatura, por Miguel Alardin.
Octubre 12, 1912

El incesante clamoreo de la opinión pública, expresada por conducto de sus diferentes órganos, ha establecido como un hecho indiscutible en la conciencia nacional, que la causa original de descontento público que ocasionó la revolución de noviembre de 1910 y que sigue ocasionando rebeliones y tumultos, manteniendo a la República en guerra civil, no era únicamente la falta de derechos políticos, puesto que hace más de seis meses que tales derechos existen, sin que haya un solo ciudadano en la República que no crea en su existencia, en su fuero interno, aunque haya muchos que aparentan en público incredulidad y, sin embargo, el descontento subsiste y aun se agiganta cada día más; y es que la causa verdadera de ese descontento no se ha removido, y ella es esencialmente económica. Pasaré a demostrarlo.

Ya no existe descontento en las altas clases sociales, si se exceptúan cuatro o cinco ambiciosos desalmados, próceres despechados del antiguo régimen, que hacen política maquiavélica, toda esa clase pide la paz.

El comercio todo de la República, seguramente sin excepción, con grito desesperado y doloroso pide la paz. Indiscutiblemente que no es esta clase donde existen las causas originales del descontento.

La clase industrial adinerada, aunque molesta por la tendencia renovadora, tasca el freno y, con más o menos buena voluntad, entra en componendas con los obreros, y con inquietud, en previsión de desórdenes, pide también con urgencia la paz.

Los obreros ferrocarrileros, que son los que mejor situación han alcanzado, se ponen decididamente de parte del Gobierno y combaten la revuelta.

Las clases obreras de la industria fabril y de la minería, aunque algo descontentas todavía, porque su situación no ha mejorado todo lo que tienen derecho a exigir, emplean medios pacíficos para mejorar su situación, y no lanzan a la revuelta sino alguna que otra excepción morbosa o exaltada de su clase.

La benemérita clase media intelectual, alborozada con el ejercicio de sus derechos políticos, hace alardes de libertad y de independencia, cuyas más altas manifestaciones se traducen en reuniones callejeras que se disuelven a la aparición del gendarme; esa clase lo que siente, aunque tal vez sin darse bien cuenta de ello, es una gran exaltación de regocijo.

Examinemos la clase de jornaleros agrícolas; evidentemente que es en este grupo donde radica el germen morboso que envenena a la República; son los jornaleros campesinos de Chihuahua, de Morelos y de cualquier Estado de la República los que, torvos y lúgubres, embrazan el 30-30 y siguen en su desesperación al primer bandido que los incita al asalto y al robo, o al primer intelectual desalmado, especulador de la ignorancia de las clases analfabetas, bandido de peor especie, que los invita a la revuelta; y obran así, porque han perdido toda esperanza de salir de la ignominiosa situación en que han vivido perennemente: son, pues, los brazos que necesitan en la reina de las industrias los que se levantan airados exigiendo justicia; es el elemento obrero agrícola el que está dando el contingente de hombres para la revuelta que ensangrienta a la nación; abordemos, pues, el problema agrícola.

Creo absolutamente innecesario remontarme a épocas anteriores al Gobierno del general Díaz para estudiar ese problema; todos sabernos que antes de esa época apenas había prosperidad rural; en cualquier Estado de la República había terrenos libres suficientes para que todo el que quisiera labrar tierra pudiera poseer la que podía labrar, con tal que le regalara alguna parte de su cosecha al presidente municipal, al jefe político o al cacique del territorio; fue la Ley de 28 de abril de 1894 la que dió origen al problema agrario, que ha venido a culminar en nuestros días; de entonces acá debemos estudiarlo cuidadosamente.

Aunque la ley a que acabo de referirme fue sabia y, sobre todo, con la mejor intención, pues tenía por objeto regularizar y establecer la propiedad privada, cuyo fin llenó, erró absolutamente respecto del otro fin que persiguió, que era el fomento de la agricultura, y esto por falta de oportunidad, pues perseguía en uno de sus fines, conseguir el establecimiento de agricultores en una época en que no los había en el país, ni despertaba aquella industria madre ningún interés, tanto porque se desconocía su importancia, como porque no había mercado firme para los productores.

No aparecieron, pues, los agricultores; pero el bajo precio que el Gobierno fijó a la propiedad raíz, despertó la codicia de los especuladores, que encontraron en la compra de tierras una inversión segura y enormemente lucrativa; estos especuladores, comenzando por denuncios y compras de terrenos nacionales, siguieron sus operaciones con terrenos de particulares, sobre todo, con los pequeños propietarios, con quienes en muchos casos cometieron verdaderas expropiaciones, y como la gran mayoría de estos nuevos propietarios no son agricultores, sino especuladores de terrenos, sucedió una verdadera amortización de tierras laborables, que ha hecho emigrar a las ciudades y al extranjero a toda la población rural de la República, capaz de alguna energía.

Efectivamente; seguros los grandes propietarios de que obtendrían pingües ganancias, aunque no exploten sus propiedades, únicamente con la alza inmoderada que aquellos mismos han provocado en gran parte sobre el valor de las propiedades rústicas, no buscan brazos para sus explotaciones. sino ofreciendo jornales irrisorios, ni arrendatarios para sus propiedades, sino cotizando rentas imposibles de admitir por lo alzadas.

A los pocos desgraciados que por falta de energía se han quedado en los predios rústicos, los esclavizan con el sistema de peones de campo, y los aprovechan para hacer con ellos las obras de mantenimiento y conservación de las propiedades; pero ninguna obra de verdadero adelanto agrícola.

De las consideraciones anteriores concluyo que el problema agrario está en la actualidad en la siguiente forma:

Hay escasez de tierras, porque la mayor parte de las de la República pertenecen a propiedad privada, y sus propietarios las conservan sin explotar, manteniendo bajo el jornal agrícola y alta la renta de predios.

Hay escasez de cereales en la República, sobre todo granos, cuya escasez mantiene altos los precios de esos artículos y nos obliga a importarlos de los países vecinos.

El jornal de nuestros hombres de campo es tan miserable, que los obliga a robar a los patrones para poder subsistir, y este hecho, que los coloca en la inferioridad moral y legal con tales patrones, es la verdadera fuente de la esclavitud de los peones de campo.

No hay esperanza de que la competencia obligue a los terratenientes a mejorar el jornal y condiciones de arrendamiento, porque los propietarios no tienen motivo que los obligue a explotar sus propiedades.

Ahora bien; puesto que hemos visto por el análisis que dejamos presentado, que semejante estado de cosas ha producido la desesperación de una de nuestras más importantes clases sociales, y es motivo para que se haya alterado y se siga alterando la paz pública, es deber del Congreso de la Unión ocurrir a poner el remedio.

Por si se dudare de si es o no deber del Congreso tratar este asunto, voy a citar algunas disposiciones de orden constitucional y haré algunas consideraciones respecto de ellas.

El artículo 85 de la Constitución no da al Ejecutivo más facultades administrativas que el derecho de iniciar leyes que pueden o no ser decretadas por el Congreso; de lo que resulta indudable que la administración pública tiene que ser un efecto de las leyes que dé el Congreso.

La ley reglamentaria del artículo 86 constitucional, expedida el 8 de mayo de 1891, señaló a la Secretaría de Fomento, entre los ramos que debían ser atendidos por ella, el de la agricultura; pero no se puede afirmar que sea la falta de cumplimiento de alguna ley la que ha hecho culminar el problema que nos ocupa; todo lo más que se la pudiera culpar, es de no haber presentado algún proyecto de ley para remediar ese mal.

Pero esa obligación la tiene también el Congreso, y respecto de él, hay en el Código Supremo mandato expreso e imperativo, pues además de la ley general que lo constituye en Poder Legislativo, existe la fracción XXX del artículo 72, que le ordena: «...expedir todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer efectivas las facultades antecedentes y todas las otras concedidas por la Constitución a los poderes de la Unión. »

De lo anterior debe inferirse que, aunque el Congreso dio a la Secretaría de Fomento la obligación de administrar el ramo de agricultura nacional, como le faltan leyes adecuadas al momento actual, debe dárselas.

Pero, ¿qué leyes deberemos dar que, sin atacar el derecho de propiedad, ni la libertad individual, obliguen a los propietarios a labrar una buena parte de sus latifundios, bajar el tipo de las rentas y alzar el jornal para los peones de campo? Esta es la parte verdaderamente ardua del problema, como que es una solución; yo propongo una ley fiscal.

En efecto; no veo otro modo de ejercer presión sobre los propietarios de latifundios, para obtener de ellos lo que queda indicado en el párrafo anterior, que el impuesto directo a la propiedad raíz no cultivada. Estudiaremos la posibilidad, dentro de la equidad y de la ley, de decretar tal impuesto. La fracción VII del artículo 72 de la Constitución faculta al Congreso: «para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto», y todos sabemos que la XXV Legislatura tuvo que autorizar al Ejecutivo para contratar un empréstito para cubrir el presupuesto en ejercicio, y que el señor Presidente de la República nos ha dicho en su informe del 16 del corriente, que tendrá que pedir otra nueva autorización para otro nuevo empréstito. Estamos, por lo mismo, en el caso de decretar un impuesto.

Nuestra legislación hacendaria federal ha optado por el sistema de impuesto indirecto casi en absoluto; pero precisamente a causa de tal sistema, vive y se defiende la especulación sobre tierras no cultivadas, que es la causa del actual conflicto.

Como vosotros sabéis, el impuesto directo consiste en gravar las cosas, y el indirecto en gravar los actos, y los economistas han proclamado la supremacía del segundo sistema, fundándose en que entre las cosas hay muchas que no producen al poseedor renta ni utilidad alguna, mientras que los actos generalmente no se ejecutan sino producen a su autor renta u utilidad; y concluyen de estas afirmaciones que no es justo imponer contribuciones a lo que nada produce, en vista de cuya conclusión, han adoptado el sistema de impuestos indirectos.

Este mismo criterio informó probablemente al personal del Departamento de Economía Rural y Estadística Agrícola de la Secretaría de Fomento, durante el año fiscal 1910-1911, puesto que afirma en su informe respectivo que, aunque uno de los medios de favorecer el fraccionamiento de los latifundios sería el de las debidas contribuciones directas, no se puede aconsejar ese medio, por injusto. Yo creo que ese error de apreciación consiste en que se aplica la teoría de los economistas con más absolutismo y menos reflexión de la debida, pues si bien es cierto que sería injusto imponer contribuciones a las cosas que nada producen ni son susceptibles de producir, no hay ninguna injusticia en aplicar tales contribuciones a las cosas que nada producen por voluntad de los dueños; pero que son susceptibles de dar grandes rendimientos poniéndolas en explotación, y con mayor razón, si como en el caso de nuestro país, esas cosas constituyen una de las principales fuentes de riqueza nacional; en este caso si deben decretarse contribuciones sobre tales cosas, mientras no se exploten, y si esa medida no basta, debe llegarse hasta la expropiación por causa de utilidad pública.

Y con mayor razón si se tiene en cuenta que, a causa de nuestro sistema hacendario, la distribución de los impuestos resulta verdaderamente inicua; procuraré probar esta última afirmación.

Es sabido por todos que las grandes fuentes de ingresos que constituyen más del 60 por ciento de nuestros ingresos, son los derechos aduanales y el producto de la renta del Timbre, y es innegable que tales impuestos obran encareciendo los artículos cotizados, de lo que resulta que quien realmente paga ese impuesto es el consumidor al menudeo, es decir, el pueblo; con cuyo hecho se contradice la doctrina económica que enseña que los únicos a quienes las leyes fiscales deben exceptuar es a los indigentes, y ya hemos visto que en nuestro sistema, los individuos que ganan treinta centavos al día, son contribuyentes por muy buena parte, cuya contribución pagan en la forma de alza de los artículos de primera necesidad.

En cambio, a los propietarios de enormes latifundios, que estorban el progreso de la nación y producen con su actitud la miseria y la desesperación, de una porción importantísima de nuestra población, no se les puede imponer contribución a sus propiedades, porque sería injusto; por esto he dicho que la distribución de impuestos según el sistema adoptado, es inicua.

Por estas razones concluyo proponiendo a la deliberación de esta honorable Cámara el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo lº Se decreta una contribución directa de 2 por ciento anual sobre el valor de la propiedad rústica existente en los Estados y Territorios de la Federación, cuya contribución pagarán todos los propietarios que posean más de 1,000 hectáreas de terreno, de las cuales no tengan en cultivo 250 por cada 1,000 hectáreas.

Artículo 2º Se decreta, asimismo, una contribución directa de medio al millar anual sobre propiedades rústicas cultivadas o sobre las mayores de 1,000 hectáreas que tengan cultivando el 25 por ciento de su extensión, o sobre las propiedades de un solo dueño menores de 1,000 hectáreas, estén o no cultivadas.

Artículo 3º Los propietarios de extensiones dentro de las cuales haya porciones de terreno cultivado, pagarán por éste la cuota señalada en el artículo anterior, y por la parte de terreno sin cultivo pagarán conforme al artículo 1º.

Artículo 4º Por cada 100 hectáreas de terreno que ponga en explotación cada propietario, se le deducirán 400 hectáreas de las que tenga cotizadas conforme al artículo 1 º de esta ley, y se le cotizarán conforme al artículo 2º; sin que se puedan hacer deducciones por porciones menores de 100 hectáreas de terreno cultivado, ni en otra época que en enero y febrero de cada año.

Artículo 5º La disposición contenida en el artículo anterior, se aplicará valuando las 100 hectáreas cultivadas, o lo que sea, al precio fijado en la fracción correspondiente del artículo 6°, y dejando valuadas al precio que lo hayan estado las 400 restantes, o lo que sea, pero aplicando al lote que se trate de deducir, la cuota señalada en el artículo 2º de esta ley.

Artículo 6º Para los efectos de esta ley, se decreta como valor fiscal de la propiedad rústica privada en los Estados y Territorios de la Federación, el siguiente:

I. Los terrenos cerriles no susceptibles de ararse y cuya vegetación se componga en su mayor parte de maderas comunes, agaves y pastos, se valúan a $3.00 hectárea;

II. Los terrenos planos, susceptibles de ararse, que estén cubiertos por la misma vegetación que los señalados en la fracción anterior, o de la palma que produce la fibra que se conoce con tal nombre, se valúan a $5.00 hectárea;

III. Los terrenos de la clase de los señalados en la fracción anterior que tengan dentro de su extensión porciones de 100 hectáreas o más, cuya vegetación principal sea guayule o maderas preciosas, se valúan a $10.00 hectárea;

IV. Las porciones de terreno cultivado de secano o de riego obtenido por medio de fuentes artificiales o de presas, se valúan, para los efectos del artículo 2º de esta ley, a $30.00 hectárea;

V. Las porciones de terreno cultivado con riego de fuentes naturales, se valúan de $50.00 a $100.00 por hectárea, según la calidad del terreno, a juicio de la comisión ejecutora de esta ley, que nombre el Ejecutivo o señale las reglas para nombrarlas;

VI. Para avaluó de haciendas o ranchos pertenecientes a un mismo dueño, estén o no contiguas, se aplicarán a cada una separadamente las reglas que para la valuación señala este artículo, aun cuando todos los ranchos o haciendas estén bajo una sola administración.

Artículo 7º Se considera cultivado todo terreno que se labre y se siembre o se plante, ya sea de cereales o de plantas, árboles o arbustos, como maderas, palmas, guayule, agaves, frutas o cualquiera otra cosa, siempre que las siembras o plantaciones reúnan las condiciones señaladas en el articulo 4° de esta ley.

Artículo 8º Para el avalúo de la extensión de cada propiedad, se estará a lo que aparezca de los títulos de los propietarios en concordancia con los datos que existan en el Registro Público de la Propiedad de cada municipio, y demás fuentes oficiales, y en cuanto a la porción cultivada, se estará a la declaración de los causantes, si es aceptada por las juntas.

Artículo 9º Se faculta al Ejecutivo para que expida los reglamentos y nombre el personal necesario para la ejecución de la presente ley, dando cuenta al Congreso del uso que hiciere de esta autorización al año de estar en vigor esta ley.

He querido usar de la franquicia que me concede la fracción I del artículo 60 del Reglamento, para hacer a vuestra soberanía algunas explicaciones respecto de las ideas que informaron la redacción de este proyecto de la ley que, por no creer que fuera pertinente expresarlas en tal proyecto, no constan en él.

Había llamado mi atención, señores, la íntima relación que tiene la solución del problema agrario con el problema industrial obrero; creo que el problema industrial obrero se ha producido en nuestro país de un modo artificial; y fundo esta creencia en que he notado que ha surgido en este país tal problema cuando la densidad de nuestra población tiene una desproporción muy fuerte con los países industriales donde ha surgido en Europa.

Aparece de nuestra estadística, que la República. Mexicana tiene aproximadamente kilómetro y medio cuadrado por habitante, mientras que las poblaciones menos densas de los países industriales alcanzan diecisiete habitantes por kilómetro cuadrado; existiendo esa diferencia de densidad de población y debiendo haber, por lo tanto, falta de oferta de los brazos y exceso de demanda, como debería haber en la industria, ¿en qué consiste que se comenzaron a producir las huelgas en nuestro país, sobrando los brazos en la industria?

Yo creo, señores, que este fenómeno se ha producido sencillamente porque faltan esos brazos en los campos, porque los terratenientes lanzaron la población rural a las fábricas y a las ciudades, porque la población agricultora en los pueblos y en las fábricas ha producido el exceso de oferta, ha faltado la demanda, y surgido el problema industrial obrero.

Yo creo, señores, que si se soluciona el problema agrario en la forma de alzar el jornal, obligando a los terratenientes con leyes fiscales a que labren tierras y, de tal manera, a que alcen el jornal para conseguir brazos para labrarlas, volverán á los campos una gran parte de los obreros, que tienen todavía allá ligas de familia, ligas de parentesco, y que han venido a las fábricas únicamente obligados por el proceder de los terratenientes.

Creo, por lo tanto, señores, que se quitaría del problema obrero el exceso de oferta y que se simplificaría muchísimo la situación del problema agrario en la forma que propongo.

Por supuesto, señores, que no tengo la pretensión de que se apruebe ese proyecto de ley en la forma en que lo he presentado; estoy segurísimo de que está lleno de defectos; que no es sino un esbozo; con él no he pretendido otra cosa que traer al debate la cuestión, eso es lo que yo propongo; pero debatida, resultará lo que esta honorable Cámara acuerde, y aprobará seguramente una ley absolutamente adecuada a las circunstancias, dada la ilustración de los miembros de la Asamblea.

Hay una circunstancia un poco delicada, y voy a referirme a ella. Esta cuestión vendrá a deslindar los campos de la Cámara, pues naturalmente, por la formación de ella, tienen que existir aquí varios elementos; tiene que haber el elemento netamente aristocrático, el elemento de los hacendados, el elemento de los ricos, y hay también una gran parte de elemento genuinamente popular, absolutamente representante del pueblo, de tendencias netamente renovadoras.

Con esta clase de cuestión, se seguro que tiene cada uno que afiliarse a su verdadero partido, y no existirán más que dos: el de tendencias aristocráticas y el de tendencias renovadoras netamente; cada grupo es seguro que se subdivida en otros grupos menores, a los que puede dárseles otra nomenclatura; pero esto es más delicado, y, sin embargo, ¿por qué no afrontar la cuestión?

Yo creo que existe, como antes dije, el grupo de aristócratas -el grupo adinerado-, un grupo intelectual que de buena fe cree que el Gobierne no debe ejercerse sino por medio de las clases aristocráticas y por medio del gobierno de los ricos, una especie de gobierno plutocrático; hay otra clase de intelectuales que podrían llamarse de alquiler, y éstos estarán a disposición de los terratenientes, o estarán a disposición de la Cámara, o a disposición de quien les pague mejor, y es por esto que la Cámara se resolvió a dictar una ley poniendo a los diputados en estado de no estar en venta por necesidad; que lo estén por gusto, mas no por necesidad.

Es feo, es feo el asunto; pero no hay que decirlo; así son las cosas, y hay que juzgar de los hechos consumados.

Existe el grupo renovador, desinteresado, con tendencias honradas; existen otros grupos que enarbolan la bandera de la renovación, pero que a la sombra de los otros grupos llevan algunas ideas personalistas y pretenden obtener algo en el río revuelto.

Hay el grupo genuinamente popular, los diputados de buena fe que no aceptaron otra misión, al admitir su candidatura de diputados, que la de venir honradamente a la Cámara a defender los intereses del pueblo: Por desgracia, es poco numeroso ese grupo; pero existe.

Por tanto, esta cuestión creo vendrá a deslindar los campos. Ahora, señores, será cuando vayamos cada uno a agruparnos a la bandera a la cual seguiremos perteneciendo durante todo el período de esta Legislatura; seguramente ahora sí van a dividirse los campos entre aristócratas y renovadores; y tenía verdadero deseo de que llegara este momento, de que se iniciara esta lucha, de que se acabara esa odiosa lucha personalista de credenciales, en que no hacían otra cosa que enseñarse las pasiones, denigrarse y mancharse mutuamente los diputados, arrojándose los epítetos más feos e hiriéndose los sentimientos más íntimos.

Ha desaparecido esa lucha, y ahora de verdad podemos decir que nos dedicamos a intereses generales; ya podremos ligarnos a una bandera o a otra con más franqueza, y ojalá se siga en este caso la franqueza con que lucharon los partidos políticos en 1909 y 1910.

Entonces hubo verdaderamente valor civil; los antirreeleccionistas desafiaron al Gobierno; los reeleccionistas desafiaron a la opinión pública; los dos partidos tuvieron mucho valor; eran valientes para llamarse «reeleccionistas» cuando toda la nación reprobaba semejante calificativo, y, sin embargo, muchos lo tuvieron; muchos tuvieron ese valor civil, y se confesaron francamente reeleccionistas.

Se necesitaba mucho valor civil para desafiar al Gobierno de general Díaz, y muchos tuvieron ese mismo valor civil y se llamaron francamente antirreeleccionistas. Ojalá, señores diputados, y en esta Cámara se formen con toda franqueza y con tanto valor los partidos, llamándose unos francamente partidarios del gobierno aristócrata, del gobierno de los ricos, y llamándose otros francamente partidarios del gobierno popular, del gobierno demócrata; así estarían perfectamente definidos los campos, y nosotros no andaríamos con tapujos, teniendo que retirar frases o dar disculpas; cada uno aceptaría la responsabilidad de sus actos.

Yo, señores, francamente pertenezco al Partido Renovador, que no existe todavía, pero al cual nos estamos inscribiendo. ¡En la extrema izquierda está su bandera! Yo reconozco como jefe al señor Luis Cabrera; que ya no es Blas Urrea; ahí reconozco la bandera de la renovación, y me declaro el primero de sus soldados.

Fuentes: En Historia de la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura federal. La Revolución tiene la palabra. Actas del "Diario de los Debates" de la Cámara de Diputados, 14 de septiembre de 1912 al 19 de febrero de 1913, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, t. 111, 1963, pp. 241-254.

La Revolución Mexicana. Textos de su Historia. Investigación y compilación: Graziella Altamirano y Guadalupe Villa. Secretaría de Educación Pública. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. México. Primera edición 1985. Cuatro tomos. Tomo III. p. 201.