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Siglo XX > 1910-1919 > 1912

Proyecto sobre Cuestión Agraria presentado a la XXVI Legislatura, por Juan Sarabia.
Octubre 24, 1912

ARTICULO Iº

Se adiciona la Constitución con los siguientes artículos de materia agraria:

Artículo 1º Se establecen tribunales federales de Equidad que, juzgando como jurados civiles, decidan, en breve plazo, previa práctica de diligencias relativas solamente a las pruebas de la posesión y al despojo, respecto de las restituciones a los pueblos, agrupaciones indígenas o pequeños propietarios, de las tierras, aguas o montes de que hubieren sido despojados por medio de violencia, física o moral, o en virtud de contratos con apariencia legal.

Artículo 2º Quedan comprendidos en el caso del artículo anterior, los casos de despojo, verificados con pretexto de la venta de baldíos, en perjuicio de municipios o de pequeños propietarios que hayan estado amparados por la prescripción consignada en las leyes de baldíos.

El Tribunal de Equidad tendrá derecho de decretar indemnizaciones, a costa del Erario y a favor de los terceros poseedores de buena fe.

Artículo 3º Las resoluciones que dicte este Tribunal, serán ejecutadas desde luego y podrán ser recurridas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tribunal Pleno.

Artículo 4º Se declara de utilidad pública la expropiación de los siguientes bienes raíces:

I. Tierras, aguas o montes cercanos a los pueblos, con objeto de dotar de ejidos a los que de ellos carezcan, en cantidad proporcional a su población;

II. Tierras, aguas o montes necesarios para la creación de nuevos pueblos, que se formen por la colonización;

III. Los latifundios, en la parte excedente del máximum legal, y

IV. Tierras no cultivadas. La ley determinará la alternabilidad mínima para el cultivo de cada clase de tierra.

Artículo 5º La base para la expropiación a que se refiere el artículo anterior, será el valor fiscal de la manifestación que haga el propietario en obedecimiento de la ley reglamentaria y dentro del plazo que ella fije; y sólo en el caso de manifestación notoriamente exagerada, se acudirá al juicio pericial.

Artículo 6º El precio de la expropiación será pagado por el Erario Federal, a largos plazos y mediante abonos, en cada uno de los cuales se incluirá la pensión de amortización del capital y el rédito causado por éste. El Erario Federal a su vez se reembolsará de estos pagos cobrando dichos abonos a los adquirientes de los predios expropiados, por medio de la facultad económico-coactiva.

Artículo 7º Los ayuntamientos de los pueblos tendrán derechos por esta vez, de optar por la repartición proporcional, entre los vecinos, de los bienes raíces que tengan, que se les restituyan o adquieran en virtud de la expropiación, o de decidir que esos bienes se posean en común. En el primer caso, podrán también imponer a los beneficiados en el reparto, la prohibición de enajenar o gravar sus predios antes de cierto tiempo.

"ARTICULO 2°

Se adicionan los actuales artículos de la Constitución General de la República en la siguiente forma.

Adición al artículo 13. En cuanto a los tribunales de Equidad que esta Constitución establece en sus artículos adicionales relativos a la materia agraria, sólo tendrán la competencia especial que en dichos preceptos se señala.

Adición al artículo 27. Los municipios podrán poseer y administrar sus ejidos. La Federación podrá poseer y administrar los bienes inmuebles procedentes de la expropiación agraria.

Adición al artículo 72. El Congreso tiene facultad...

Fracción XXXIII. Para expedir las leyes que organicen y reglamenten los tribunales de Equidad, la expropiación agraria y todo lo demás relativo a esta materia.

Adición al artículo 97. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer...

Fracción VIII. De las controversias que esta Constitución encomienda a los tribunales de Equidad.

Fracción IX. De las que se originen con motivo de la expropiación agraria.

Aprobadas estas adiciones y reformas en la forma que previene el artículo 127 de la misma Constitución, se remitirán al Senado y a las legislaturas de los Estados para su aprobación, con recomendación y súplica de que se convoque a sesiones extraordinarias, si fuere necesario, para considerar este asunto, dada su excepcional importancia.

En apoyo de su proyecto el señor Sarabia subió a la tribuna y dijo:

No creo decir ninguna novedad cuando afirmo que la revolución de 1910 se quedó a medias en sus resultados, primero por los tratados de Ciudad Juárez, y después por el Gobierno interino.

El concepto que yo tenía de la obra revolucionaria, era que no se hubiera detenido para llenar sus unes, hondos, profundos, útiles para las clases humildes, en formulismos legales, como lo hizo, sino que previamente a sus formulismos, como sucede siempre en esta clase de movimientos, la revolución hubiera satisfecho las necesidades que la produjeron, y en seguida, ya normalizada la situación, se hubiera dado legitimidad a lo que la revolución hubiera hecho; pero ya que desgraciadamente no sucedió así; ya que por una serie de circunstancias, que no me toca en este momento analizar, la revolución casi apenas comenzada en lo material, tuvo que detenerse y tuvo que entregarse en manos que yo considero que fueron verdaderamente las manos de sus enemigos -porque no puedo conceptuar el interinato del señor De la Barra como el Gobierno revolucionario que correspondía a la labor revolucionaria previa a él-, ahora, lo que cabe, es remediar esos males en la forma más adecuada a nuestras condiciones.

El problema fundamental que la revolución de 1910 tiene todavía por resolver, es indudablemente el de la cuestión agraria. No se necesita haber profundizado mucho esta materia para comprender que la cuestión agraria fue la que produjo, más que ninguna otra de las dificultades del Gobierno porfirista, la revolución; y me permitirán ustedes que brevemente explique cuál es, a mi modo de ver, el modo de ver de la Comisión Agraria de que formo parte con los señores Fuentes y Díaz Soto, de ese grupo humilde al que ya otra vez hice referencia y que se ha preocupado desde hace mucho tiempo por los problemas nacionales, ese grupo que se llama la «Extrema Izquierda» del Partido Liberal, y que no es precisamente el Partido Liberal de Iglesias Calderón, como generalmente se le llama: voy a exponer cuál es la manera de ver de esta Comisión, respecto a las causas que produjeron el problema agrario, y el remedio que debe aplicarse.

Tres causas son, a mi entender, las que produjeron ese problema, que a su vez fue el originario de la revolución que produjo la caída del general Díaz: algo que son defectos de legislación en materia de baldíos; algo que es también un defecto de las Leyes de Reforma, aun cuando parezca extraño que lo diga un liberal tan amante de la Reforma como lo soy yo, y por último, el despojo de hecho verificado al amparo de la dictadura porfirista por aquellos que eran favoritos del general Díaz, y que se aprovecharon del poder de este gobernante y de la influencia que con él tenían, para cometer atrocidades sin fin.

Todos los abogados especialmente, y quizá que no lo sean, deben recordar el artículo sobre la ley de baldíos que se promulgó en tiempo del señor Juárez, la ley del 22 de julio de 1863, y que fue verdaderamente la base para lo que después hizo el general Díaz.

Pero hay que hacer esta observación: esta ley dictada por Juárez, fue ley de circunstancias, fue ley excepcional, fue ley expedida en momentos graves para el país, en los momentos de la Intervención y en que las necesidades del Gobierno, que también eran excepcionales por la anormalidad de las circunstancias, requerían esa clase de leyes excepcionales, de las que se quiso aprovechar el gobierno de Juárez; pero pasado ese tiempo, ya ese Gobierno no volvió a tomar como base esta ley para hacer lo que después hizo el general Díaz con ella.

El general Díaz, después, promulgó otra ley, la Ley de 26 de marzo de 94, que en su artículo 44 viene a repetir casi textualmente lo que dice el articulo de la ley de 63, únicamente agregando que se puede prescribir por la posesión de diez años hasta cinco mil hectáreas, y no dos mil quinientas, como dice el artículo de la ley anterior. Aquí está el mal, señores.

Este artículo viene a significar que para mantenerse una persona en la propiedad de su tierra sin que un particular, valiéndose de esta ley de baldíos, tuviera el derecho de denunciar su propiedad y quedarse con ella, el primitivo poseedor tenía que presentar lo que se llamaba título primordial, es decir, expedido desde los tiempos del Virreinato, o un título expedido por el Gobierno de la República posteriormente al Virreinato, y cuando un poseedor no presentaba ninguno de estos títulos, aprovechándose de aquel artículo, podía cualquiera denunciar esa propiedad como terreno baldío y apoderarse de ella.

Eso fue lo que prácticamente se hizo durante el tiempo del general Díaz, y precisamente, señores, ése es el gran error... no diré el gran error, el gran crimen del porfirismo; ese acaparamiento, ese despojo, ese robo brutal de tierras a muchos que las poseían legítimamente, pero a quienes se les arrebataban únicamente con el pretexto de ese malhadado artículo de baldíos. Había muchas comunidades, sobre todo de indígenas o personas particulares, que venían poseyendo de tiempo atrás de una manera pacífica, reconocida por todo el público, esos terrenos, y a nadie se le había ocurrido poner en duda la legitimidad de esa propiedad en el pueblo donde ella se tenía; todos los vecinos reconocían que Fulano de tal era propietario de tal o cual parcela de terreno, porque desde tiempo inmemorial habían venido viendo que esa familia poseía dicho terreno y que se pasaba de padre a hijo en herencia perfectamente natural y legítima; y sin embargo, con este articulo de ley de baldíos, se presentaba un favorito del general Díaz y decía: «Denuncio el terreno de Fulano»; se le exigían a aquel desventurado los títulos primordiales, no los tenía, y no bastaba la fama pública, no bastaba la posesión -no digo de decenas de años que marca la ley, sino de centenares de años-, para que se le respetara a aquel desgraciado su propiedad, sino que se le arrojaba de ella, y el favorito venía y se quedaba con la propiedad que era del pobre ciudadano independiente que carecía de amparo en el Gobierno.

De manera, señores, que en esta forma, y sobre todo por medio de unas compañías formadas expresamente con ese objeto, compañías que ejercían un verdadero bandolerismo oficial y que se llamaban compañías deslindadoras de terrenos, formadas por el Gobierno del general Díaz para regalar a sus favoritos con inmensidad de terrenos robados vilmente a los propietarios; de esta manera fue como se formó el primer grado, digamos así, del problema agrario y de la revolución, que tenía que ser su consecuencia.

Todos los despojados, que jamás podían olvidar aquel despojo de que fueron víctimas, iban quedando con el rencor y con la desventura que constantemente estaban sintiendo sobre ellos. Y bien; ellos o sus descendientes estaban en continuas reclamaciones, y por ello fue que hubo durante la época del general Díaz, aunque poco conocidos, porque la censura oficial no permitía que se dieran a conocer al público ciertas noticias, una infinidad de levantamientos de indígenas en las serranías y en los pueblos, pero que eran sofocados por la fuerza de las armas.

Y todo ese descontento tuvo que ir acumulándose y tuvo que encontrar su cristalización en el momento en que, aprovechando la circunstancia de la última reelección del general Díaz, el señor don Francisco I. Madero se puso al frente de un movimiento contra ese Gobierno, que terminó por una revolución.

Era indudable que todos aquellos descontentos, que todos aquellos despojados, que todos aquellos robados durante muchos años y de una manera sistemática, tendrían que ponerse del lado de los que venían a distribuir a un Gobierno arbitrario y rapaz, indudablemente que no por gusto de que el señor Madero viniera a ocupar la Presidencia, sino por la esperanza muy justificada y muy honda de que el señor Madero o el Gobierno que surgiera en lugar del que se iba a derrocar, viniera a hacer justicia en todos los casos en que aquellos desventurados habían sido despojados de sus terrenos. De manera que hay una cuestión fundamental, la agraria, como causa de la revolución de 1910.

He dicho que una de las causas de la revolución fue ese defecto de legislación de baldíos, que dio lugar a tantos despojos y a tantas iniquidades. Otro defecto de legislación que yo señalaba como existente en las Leyes de Reforma, es éste: las Leyes de Reforma, sumamente sabias en lo que se refiere a su legislación sobre comunidades de carácter religiosas, incurren en el error de extenderse hasta las comunidades de carácter civil en sus prohibiciones de posesión.

De allí resulta que muchos pueblos de indígenas de la República que habían estado acostumbrados a la posesión, en comunidad, de los ejidos de su pueblo, por virtud de las Leyes de Reforma tuvieron que verlos fraccionados, y entonces la propiedad que era común y que había producido buenos efectos para el cultivo de la tierra en esa forma, pasó a ser propiedad privada y dio resultados malísimos, porque el estado de cultura, el cambio repentino de una forma de propiedad a otra forma, o lo que ustedes quieran, no permitió a aquellos indígenas, no permitió a aquellas comunidades administrar sus bienes cuando la propiedad estaba fraccionada lo mismo que cuando la propiedad estaba en común, y resultó que por especiales defectos, por incultura para esa clase de administración o por facilidad para vender rápidamente y tener en sus manos una cantidad de dinero que nunca habían tenido, se vieron tentados a ir vendiendo sus terrenos a agentes más hábiles que trataban de apoderarse de ellos, o simplemente no siendo más fuerte el individuo que la comunidad, los individuos aislados estaban expuestos a ser víctimas de los atropellos de la comunidad misma; de donde resulta que así fue como muchos de esos propietarios, una vez fraccionada la propiedad que antes se tenía en común, o bien vendieron por engaños, con ciertas apariencias de legalidad de que se aprovechaban los más hábiles que ellos, o bien sencillamente fueron brutalmente despojados por vecinos poderosos que se apoderaban de sus terrenos.

De esta manera hubo muchos descontentos que, habiendo perdido su propiedad, habiendo sido despojados en una forma más o menos hábil, más o menos legal, también se unieron al movimiento revolucionario de 1910 con esa general esperanza de recuperar lo que habían perdido, de que se les hiciera justicia en la cuestión de sus tierras robadas.

El otro punto, que no es ya defecto de legislación, sino sencillamente el hecho material y brutal del robo y del despojo, es éste: bajo el amparo del Gobierno del general Díaz, es sabido que los ricos, los grandes propietarios, los hacendados poderosos, gozaban de todo género de franquicias, llegando hasta al mayor abuso, sin que hubiera contra ellos ninguna ley ni ninguna justicia, y aprovechándose de esa circunstancia los grandes hacendados, se fueron apoderando de una inmensa cantidad de pequeños terrenos que estaban a sus alrededores, y fueron aumentando sus posesiones a costa de los pequeños propietarios que los rodeaban; en algunos casos hubo apariencias legales en el hecho; en otros muchos el hecho fue consumado de una manera enteramente brutal, como lo he dicho antes, en una forma que era un verdadero bandidaje oficial.

Y a propósito de esto, yo tendré que presentar ante esta Asamblea una interpelación respecto de uno de esos privilegiados latifundistas, respecto del señor don Iñigo Noriega -que me tiene a mí acusado-, porque he tenido noticias de uno de sus atentados brutales de atropello a la propiedad, cometido por este señor, apoyado por los batallones de la Federación en tiempos del general Díaz, atropello que hasta ahora no se ha remediado, como otros muchos de que se acusa a ese señor y muchos de que se acusa a cien mil hacendados de toda la República, que siguen tan tranquilos gozando de los despojos que cometieron, mientras los desventurados, los desamparados, los que fueron las víctimas, hace más de un año que están esperando que la redentora revolución de 1910 les venga a hacer la justicia que con tanto anhelo solicitan.

Por todas estas circunstancias, señores, que brevemente he expresado, salta a la vista, resulta con perfecta claridad, que hay en toda la República una infinidad de gentes que, por una razón o por otra, por una razón justa, o no digamos justa, no puedo considerar que haya habido la más mínima justicia aun en los casos de apariencia legal-, o por un atropello descarado y brutal, han sido despojadas de sus tierras y están esperando se les haga justicia en ese sentido.

Por ese anhelo de justicia con respecto a esa cuestión que a ellos les interesa profundamente, y no porque don Francisco I. Madero viniera a la Presidencia, fue por lo que ayudaron a la revolución de 1910 y por lo que todavía siguen esperando de este Gobierno, que en esto tiene el punto de toque para su consolidación o para su ruina. Si este Gobierno, tomando al fin la situación como es, como debe tomarla, poniéndose a la altura de ella, reconociendo dónde están los verdaderos intereses y dónde está la verdadera y justa política, hace justicia a toda esa infinidad de pequeños intereses que fueron heridos por el atropello bajo el Gobierno del general Díaz, y si este Gobierno les restituye lo que les robaron y establece reformas a la legislación, establece el precedente para que no vuelvan a suceder esas infamias, este Gobierno se consolidará; pero si este Gobierno se olvida de llenar esa necesidad, que es la más profunda, la más poderosa de nuestro pueblo y sigue contemporizando con los despojadores y sigue sonriendo a los que ayer abusaron y no hace la justicia que se le pide, este Gobierno no se podrá sostener.

Presentada de esta manera general la cuestión agraria, resulta que hay necesidad ineludible de restituir tierras a aquellos que fueron de ellas despojados de una manera injusta; que hay necesidad también, en el caso de que haya habido apariencia legal en los despojos, y que, en consecuencia, no se pueden ya reclamar y no tenga uno más remedio que atenerse a los hechos consumados, que hay, sin embargo, necesidad de darles también tierras de esos despojados; porque si, por ejemplo, en un pueblo cuya propiedad comunal fue fraccionada, y por incultura o por afán de lucro de los habitantes, éstos vendieron sus terrenos y hay ciertas apariencias de legalidad en esas ventas, el hecho es que ese pueblo no tiene tierras, que actualmente ese pueblo está sufriendo hambre porque no tiene tierras y que puede ser un foco de rebeliones contra el actual Gobierno, si no se le satisfacen sus necesidades de una manera que venga a poner a salvo a ese pueblo. De manera que debemos dejar aparte si fue legal o si fue aparentemente legal la venta de esos terrenos; la verdad es que el hecho existe, que el problema existe y la necesidad de resolverlo existe también, y que hay que atenderlos; y aun suponiendo que tengamos el caso de que haya habido apariencias legales para los despojos de un pueblo, siempre es necesario que ahora nos preocupemos de que se le vuelvan a dar sus derechos, para que ese pueblo pueda seguir existiendo pacíficamente, viviendo de su trabajo, como lo había hecho hasta antes del movimiento de la revolución.

Hay, pues, que dar terrenos a aquellos que han sido despojados, o que sin haberlo sido, sin embargo, los necesitan, y esto no solamente debe hacerse, sino que debe hacerse con urgencia, porque si lo vamos a dejar allí para dentro de muchos años, el movimiento rebelde que ahora está agitando al país continuaría, quién sabe hasta dónde pudiera llegar y quién sabe si este Gobierno tampoco pudiera existir, porque yo tengo la profunda convicción de que si no se soluciona de una manera satisfactoria y rápida el problema agrario de la República, no podremos llegar a consolidar nuestra situación y llegar a un estado normal de verdadera paz y de verdadera prosperidad.

En consecuencia, señores, urge la resolución de este problema; pero que se resuelva rápidamente. Si cada uno de los despojados se presenta con sus respectivas demandas ante los tribunales de la Federación y de los Estados, se entablarán juicios que no acabarán nunca; y lo estamos viendo ya, soy testigo, tengo experiencia de estas cuestiones, pues yo conozco muchos revolucionarios de los de los viejos tiempos, y éstos han venido a mí y yo con ellos he acudido a algunas altas personalidades del Gobierno en demanda de justicia, sobre esa cuestión de devolución de terrenos, y se les dice: «¡Pero si el Gobierno no tiene facultad, si aparece que Fulano de tal ha comprado a Mengano, y no es posible que el Gobierno de la revolución, nada más por ser el Gobierno de la revolución, vaya a declarar la arbitrariedad de que Fulano ya no posee y que si posee Mengano! Actos así, rápidos, de autoridad, no previstos por la ley, no los puede ejecutar el Gobierno»; y resulta que esos reclamantes, que en el fondo tienen absoluta justicia, que yo no dudo que la tienen, y que los mismos altos funcionarios del Gobierno a quienes se han presentado, tampoco dudan; esos reclamantes, sin embargo, se van llenos de decepción y tristeza, porque no arreglan sus asuntos, y quizá con el ánimo de apelar a la violencia, ya que en el terreno pacífico no pueden resolver sus dificultades.

De manera que se necesita buscar el medio que de un modo rápido y eficaz pueda prestar resolución a este problema. El modo que nosotros hemos encontrado, después de mucho estudio, nos parece que se encuentra en la fundación de lo que nosotros llamamos tribunales de Equidad, que funcionan como jurados civiles. Aquí lo dice el primer artículo de nuestro proyecto: «Se establecen tribunales... (Leyó)

Esta reforma constitucional se impone y, entre paréntesis, haré observar a mi estimado amigo el licenciado Cabrera, que nos decía el otro día que nadie había estudiado este asunto, y que todos lo habían visto desde cualquier otro punto de vista, menos desde el punto de vista constitucional; le haré notar que la «Extrema Izquierda» ha estado preocupándose de este asunto desde el punto de vista constitucional, y precisamente, antes de entrar a la cuestión de detalle, antes de entrar a averiguar si las contribuciones son de este o del otro género, si los jardines son japoneses o chinos, presentamos primero el proyecto en forma de reformas constitucionales, y si estas reformas se aprueban, entonces entrará la ley reglamentaria de detalles, y si estas reformas constitucionales se desechan, entonces saldrá sobrando que nos preocupemos de lo demás.

Así, pues, se presenta este caso: hay necesidad de formar tribunales federales para que resuelvan este asunto, porque de otra manera no se llegará a una solución. Conforme a la legislación actual, los litigios sobre propiedad tienen que resolverse por los tribunales de cada Estado, y resultaría que esos tribunales, estando supeditados a la influencia de los gobiernos de los Estados, que siempre es más malévola que la del Gobierno federal, o estando supeditados, como puede suceder en muchos casos, al jefe político de la localidad, como lo está cada Juzgado de Primera Instancia, resultaría verdaderamente ficticia e irrisoria la justicia que se pudiera hacer en este caso, resultaría completamente disímbolo el resultado que se obtuviera, y resultaría en suma, que el problema agrario de la República se eternizaría sin que llegara jamás una solución.

Urge, por tanto, que se establezcan tribunales con competencia para este asunto, y que sean federales, y que tengan que ocuparse únicamente de la cuestión agraria, y que se atengan, no a la serie de formalidades que la ley establece para los tribunales comunes, sino, como decimos, que juzguen como Jurados Civiles, conforme a las pruebas que cada uno de los interesados traiga ante ellos, y conforme a ellas resuelva.

De esa manera se obtiene un fallo que indudablemente es de conciencia, como lo son los fallos de los Jurados Populares, y que es rendido de una manera rápida, solucionando de este modo y de un golpe todas las dificultades pendientes en materia agraria.

Esa es la base de nuestro proyecto de ley. Como cuestiones complementarias, vienen los demás artículos que me voy a permitir leer a ustedes, para que se sirvan tenerlos presentes, a fin de reforzarlos, sin embargo, cuando se dé la segunda lectura a este proyecto:

«Artículo 2° de adiciones a la Constitución...»

Aquí entra el caso de que yo hablaba, de que no solamente sea legal la apariencia de una venta sino que la legalidad sea efectiva. Supongamos el caso de que un individuo que fue despojado, y su despojador haya vendido a otro; el tercer poseedor ya es un poseedor de buena fe, contra el cual no tenemos derecho de atentar, y en este caso, el Tribunal de Equidad resuelve que hubo despojo, pero que al poseedor de buena fe corresponde se le indemnice. De esa manera hay justicia para todos.

«Artículo 3° ...»

Este artículo hace entrar a los tribunales de que hablo en el conjunto de los tribunales que funcionan legalmente; no se puede ya decir que se trate de ciertos tribunales especiales y que los individuos que se sometan a sus fallos están expuestos a ser víctimas de la injusticia; porque también se nos podrá objetar: «El Tribunal de Equidad, en un pueblo pequeño, que naturalmente tiene que estar a favor de los más interesados ahí, de los vecinos, y quizá esté apasionadamente en contra de los hacendados, puede dar muchas veces un fallo contrario a un gran terrateniente, a un hacendado, por el simple hecho de que sea un enemigo de ellos, y no porque haya verdadera justificación en ese fallo»; si los fallos del Tribunal de Equidad fueran irrevocables, el argumento tendría peso; pero desde el momento en que estas sentencias tienen que ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desaparece ese peligro de arbitrariedad, porque la Suprema Corte de Justicia puede corregirlos cuando los tribunales de Equidad apartándose de la misión que les está encomendada, incurran en una iniquidad y se aparten de la justicia que debe normar sus actos.

«Artículo 4° ...» (incisos I, II y III.) Aquí tendría que venir una ley reglamentaria que diga cuál es el máximum de los latifundios.

«Inciso IV...»

También aquí tendría que venir la ley reglamentaria. Lo que significa este artículo que tal vez en su redacción esté un poco vago, es el siguiente: supongamos que se expide una ley en que se dice que solamente las tierras cultivadas y hasta cierta extensión pueden poseerse, y que las demás, o bien causan contribuciones muy fuertes, o bien se le tienen que quitar al propietario por una indemnización o por la forma que la ley acuerde; pero un propietario puede decir: «Yo tengo tantas hectáreas de terreno, y no se puede declarar que no cultivo éstas, porque no lo hago a la vez; yo cultivo un año cinco hectáreas, y las dejo descansar dos años, y así sucesivamente voy cultivando cada año una parte de mi propiedad».

De tal manera que hay que precisar esa alternativilidad de cultivo, expresando por ejemplo, que sólo puede dejarse sin cultivo una parte de terreno únicamente seis meses como mínimum. Esto, repito, es una cuestión de detalle, y aquí sólo he tratado de la generalización del asunto.

«Artículo 5°...»

También la ley reglamentaria nos vendría a decir la obligación de la generalidad de los propietarios del país, de manifestar dentro de un breve plazo el valor de sus propiedades. Es perfectamente sabido que también fue uno de los más:> grandes abusos durante el Gobierno del general Díaz, el que los grandes propietarios casi pagaban una cantidad insignificante de contribuciones, mientras que las contribuciones, en relación, pesaban de una manera formidable, de una manera exagerada sobre los pequeños propietarios, y ahora se les da la posibilidad a todos ellos para rectificar el valor de sus predios.

Como todo propietario, conforme a esta ley de expropiación, está expuesto a ser expropiado de su propiedad, si le pone un valor mínimo, un valor pequeño, corre el peligro de ser expropiado y que se le pague muy poco por ella.

Si pone un valor muy grande para verse en el caso de que se le pueda comprar y recibir una fuerte cantidad de dinero por su posesión, entonces, si la manifestación es notoriamente exagerada, solamente así se apelará al juicio parcial; pero si, como es de esperarse, dadas estas circunstancias, la manifestación es justa y acusa el verdadero precio, y a que cada propietario no va a saber si se le va a expropiar, indudablemente que tiende a manifestar...

Decía, pues, que dados estos antecedentes de la ley de expropiación, es indudable, es seguro, que los propietarios manifestarán el precio justo de sus propiedades, y así quedará una base justa, tanto para la expropiación en el caso de que ésta se verifique, como para la imposición de contribuciones por el Gobierno, en caso de que la expropiación no se verifique. Por este procedimiento, dejando a un lado que este proyecto m, o se apruebe o deseche esta cuestión sí creo que deberá aceptarse, porque producirá beneficios efectivos al país. «Artículo 6°...»

Este es un punto importante, señores. Ante muchos espíritus se presenta la cuestión agraria indudablemente como muy importante; pero, se dice: «¿Cómo se va a resolver? Para resolverla, se necesita dinero; para expropiar a los poseedores de determinado terreno y dar éste a los pobres y darlo a la colonización, a los pueblos para que tengan sus ejidos, etcétera, etcétera, se necesita pagar a esos dueños de tierras, y para eso se necesitan cantidades enormes de dinero.»

En mi concepto, resultaría oneroso para la nación, y no resolvería prácticamente el problema agrario, el hecho de que se contrataran empréstitos y se tuvieran a disposición del Gobierno doscientos o trescientos millones de pesos para comprar con ellos grandes propiedades y luego repartirlas, porque resultaría, en primer lugar, que la cuestión se prestaría a explotaciones, que podía muy bien resultar que los beneficiados por este procedimiento no fueran los pobres, sino los ricos a quienes se les compraran a precios magníficos sus haciendas, sus propiedades; luego vendrían la división, el fraccionamiento, la preparación de las tierras para su cultivo, para su colonización, etcétera, etcétera, y en esto se pasaría mucho tiempo y el problema no se resolvería, y en cambio, sí gastaría mucho dinero el Gobierno y el país contraería grandes compromisos.

En esta forma que proponemos aquí, me parece que se soluciona la cuestión más propiamente. No se deja de pagar, sino que se paga a grandes plazos, y como lo normal es que la expropiación de terrenos se verifique respecto de personas que tienen fuerte capital y a quienes, en consecuencia, no se les produce un inmenso daño con obligarlos a ceder a un plazo largo, en lugar de pagarles al contado, resulta que el Gobierno no tiene que hacer un gran desembolso, y como luego el Gobierno federal, al darles esos ejidos a los pueblos, o sus propiedades a los particulares, lo hace también como en una especie de venta, obligándose a recoger de ellos, por vía de contribuciones, la cantidad con que han de amortizar el valor de las propiedades que se les entregaron, resulta que el Gobierno aparece, viene a ser en efecto, un simple mediador; en este caso el Gobierno expropia a un hacendado, a un gran terrateniente, de una cantidad determinada de terreno, para cederla a un pueblo que no tiene ejidos; el pueblo se pone a cultivar esos terrenos, y como la operación se haría dentro de condiciones lógicas y justas, es natural que esos terrenos cultivados por el pueblo produzcan lo que se calcula que deben producir de renta y lo que el Gobierno les cobre de contribución; luego el Gobierno va entregando al poseedor primitivo a quien expropia, lo que colecte por concepto de contribuciones de esos terrenos dados a los pueblos, y de esa manera se va pagando poco a poco el valor de la expropiación verificada.

«Artículo 7°...»

Esto me parece importante para que se tenga en consideración, porque, como he dicho al principio, conceptúo un defecto de nuestras leyes el haber impedido la comunidad de bienes, la posesión de comunidad de bienes de ciertos pueblos, sobre todo de pueblos indígenas que están acostumbrados a esa forma de propiedad y que se adaptan mucho mejor a ella que a la forma de la propiedad privada.

Sobre el particular tengo actualmente entre manos un caso: el de un pueblo del Distrito Federal que se llama Topilejo, en el cual se hizo el fraccionamiento conforme a las disposiciones legales; pero en ese pueblo, tan luego como se hizo el fraccionamiento, inmediatamente se constituyeron los vecinos, fueron ante notario y formaron una sociedad agrícola para continuar cultivando sus terrenos en comunidad; lo que la ley les impedía por un lado, ellos fueron inmediatamente a hacerlo por otro, buscando la manera legal de verificarlo.

Por un lado la ley les prohíbe tener terrenos en comunidad y los obliga al fraccionamiento. Inmediatamente ellos, por otro lado, forman su sociedad agrícola, nombran sus representantes o manejadores del asunto, y se ponen a trabajar, y siguen en comunidad como antes lo habían hecho, porque es la forma que se adapta a sus necesidades y a su modo de ser.

De manera que, para evitarles esa dificultad a los pueblos y para demostrar que aquí se conocen sus necesidades y se ven con amplitud de espíritu esas mismas necesidades, lo más lógico y natural es que se les permita desde luego, por las mismas disposiciones de la ley, la opción para que, una vez que el pueblo tenga su ejido, pueda cultivarlo en comunidad, si así lo desea, o fraccionarlo en propiedad privada, si así le parece más conveniente.

Estos son los artículos adicionales a la Constitución general de la República que proponemos, a efecto de que se pueda llevar a cabo la resolución del problema agrario.

Vienen ahora reformas a artículos ya existentes en la Constitución, es decir, adiciones a estos artículos que son necesarias, que son el corolario de los anteriores.

«Artículo 2° del proyecto de ley...»

Esta, señores, es un conjunto y de una manera general la idea que tiene la «Extrema izquierda» del Partido Liberal para resolver la cuestión agraria, y como dije al principio, ante todo es preciso dar forma constitucional al asunto, es preciso que pueda resolverse con unidad, de una manera general y al mismo tiempo en toda la República, porque de otra manera se tardaría indefinidamente y continuaríamos en la situación desastrosa en que se encuentra el país.

A reserva de ampliar estas ideas o de expresar algunas nuevas que puedan ocurrírseme en el curso de la segunda lectura, yo suplico a ustedes, señores diputados, atentamente, se sirvan meditar en lo que aquí he expresado, teniendo en cuenta que este proyecto de ley que presento es hijo de antiguos estudios y, sobre todo, del afán inmenso, del afán profundo, verdadero y patriótico que tengo de poder servir a los intereses del pueblo mexicano en el puesto que me ha hecho el honor de darme entre vosotros.

Fuentes: En Historia de la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura federal. La Revolución tiene la palabra. Actas del "Diario de los Debates" de la Cámara de Diputados, del 14 de septiembre de 1912 al 19 de febrero de 1913, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, t. III, 1963, pp. 247-254.

La Revolución Mexicana. Textos de su Historia. Investigación y compilación: Graziella Altamirano y Guadalupe Villa. Secretaría de Educación Pública. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. México. Primera edición 1985. Cuatro tomos. Tomo III. p. 213.