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Siglo XX > 1910-1919 > 1912

Iniciativa del Ejecutivo para proteger a los trabajadores, presentada a la XXVI Legislatura por el Secretario de Hacienda, Ernesto Madero.
Septiembre 25, 1912

Hace más de setenta años que la cuestión obrera preocupa hondamente a las sociedades y a los gobiernos extranjeros y se impone a la consideración de todos los pueblos cultos. Ya de un modo pacífico, ya ruidosamente y aun con la mayor violencia, ha tratado el gremio obrero de resolver los conflictos con sus patrones, y esta cuestión, de solución definitiva, difícil y remota aún, es de palpitante actualidad en todo el mundo, y ha sido y continúa siendo materia de estudio de todos los sociólogos, pues encierra, en efecto, un problema de orden social, si bien pudiera decirse, igualmente, que es la manifestación ostensible de múltiples problemas de orden económico.

Los gobiernos se han apresurado a prevenir y a conjurar por los medios que han tenido a su alcance, así esos conflictos como sus gravísimas consecuencias, dictando leyes y disposiciones administrativas a ese fin encaminadas, de tal suerte, que en un corto período de tiempo se han sucedido leyes sobre las huelgas, las horas de trabajo y los salarios, los accidentes de trabajo, las condiciones higiénicas de las fábricas y de los talleres, el trabajo en las minas, las condiciones del trabajo de las mujeres y de los niños, las sociedades de auxilios mutuos y otras que sería largo enumerar, las cuales, dictadas con la oportunidad debida, si bien han dejado el problema en pie, han producido el benéfico resultado de conjurar por el momento la gravedad de la situación que la iniciación de tales asuntos produjera.

Hace algunos años que en México se advierten iguales tendencias y propensiones, y la gravedad de la situación ha ido acentuándose cada vez más, pues, como en los países extranjeros, no han escaseado los medios de violencia para decidirse las diferencias entre los obreros y los patrones.

Nadie puede ignorar en la República que se han producido has huelgas, que se ha tratado de corregirlas y que ellas han ocasionado, en un largo espacio de tiempo, una desazón constante y una alarma profunda en la sociedad; habiéndose tenido que acudir en determinados casos aun a medidas violentas para reprimir los disturbios por ellas ocasionados; y como no cabe dudar que el interés público ha estado siempre en juego, y que las reclamaciones de la clase menesterosa debían ser justamente atendidas, y más cuando para hacerlas se apelaba a medios pacíficos, hubo de procurarse acudir en busca del remedio, y con tal fin el Congreso de la Unión instituyó acertadamente el Departamento del Trabajo. Nadie ignora igualmente la diligencia con que esta oficina ha procedido, ya moderando los ímpetus de la clase obrera, ya procurando su beneficio en conferencias con los dueños de fábricas, ya en asambleas presididas por el secretario de Fomento y el jefe del Departamento del Trabajo, celebradas por los capitalistas y los obreros, a fin de oír a unos y otros, obtener recíprocas concesiones y transigir, una vez por todas, las dificultades suscitadas, sin haberse llegado, por desgracia, a un avenimiento absoluto, ni haberse realizado de una manera completa las promesas dadas por una y otra parte. Se pensó también que si la dificultad más seria para llegar a ese avenimiento tan deseado era la de las tarifas, podrían ajustarse éstas sin violencia para el capitalista ni para el obrero y adoptarse sin perjuicio del uno y con algún beneficio para el otro; pero si bien los dueños de fábricas aceptaron, muchos explícitamente y otros con reticencias, las tarifas de que se trata, la verdad es que no han podido llevarse a la práctica, a pesar de que la buena voluntad de la mayoría, no sólo por falta de sanción, sino porque muchos de los reticentes se han manifestado, si no de todo punto hostiles a las tarifas mencionadas, sí rehuyendo ostensiblemente implantarlas en sus talleres; y como el conflicto puede hacerse todavía más grave si la tensión de relaciones entre patrones y operarios continúa, no cesando, por ende, el desasosiego y alarma consiguientes, sin poderse alcanzar el beneficio de la paz pública, por este solo capítulo expuesta a no lograrse de una manera positiva, cuanto tanto la demandan el bien común y los intereses generales, el Ejecutivo ha creído conveniente acudir por su parte a auxiliar al elemento obrero en sus pretensiones, y a dar garantías a las resoluciones adoptadas en las asambleas a que han concurrí, do con los dueños de fábricas, sin causar perjuicio a nuestra simpática industria fabril, y contando de antemano con la buena disposición de muchos industriales; a ese fin tiene la iniciativa de ley que, por acuerdo del señor Presidente de la República, me es honroso presentar a la honorable Cámara de Diputados.

La ley de 17 de noviembre de 1893 estableció un impuesto federal sobre los hilados y todo género de tejidos de algodón de producción nacional, elaborados en aparatos no movidos a mano, prescribiendo que la cantidad anual que como mínimum debía producir en la República el impuesto, sería de $800,000.00, y el importe de las estampillas que deberían cancelarse en cada operación sería de 5 por ciento sobre el valor de cada venta; la iniciativa propone que se reforme el artículo 10 de esa ley, en el sentido de que el impuesto de que se trata se causará a razón del 8 por ciento sobre el valor real de cada venta; y desde luego se advierte que si es cierto que se aumentan tres puntos al tanto por ciento que señala el artículo 10 de la ley citada, lo cual a primera vista parece ser gravoso y aun perjudicial para los dueños de las fábricas, también es cierto que en el artículo 2o. se establece que los fabricantes que comprueben haber pagado a los operarios con sujeción a la tarifa aprobada por el Departamento del Trabajo, se les reintegrará, en efectivo, al fin de cada bimestre, el 50 por ciento del importe de las estampillas que hubieren cancelado en sus facturas de ventas.

La iniciativa de que se trata ofrece, además otros beneficios a los industriales. La ley en vigor dispone expresamente que el impuesto ha de ser cubierto por los compradores de primera mano al verificar la adquisición de los efectos; pero en el concepto de que los fabricantes responderán subsidiariamente en la proporción necesaria para completar la suma de ochocientos mil pesos anuales, como mínimum del rendimiento del propio impuesto. A fin de hacer efectiva, en su caso la responsabilidad subsidiaria a que se alude, la Junta Calificadora creada por la misma ley, debe derramar cada seis meses, en los términos del Reglamento respectivo, la cantidad de cuatrocientos mil pesos entre todas las fábricas.

No obstante el precepto legal citado, que circunscribe la responsabilidad subsidiaria de los fabricantes a la expresada suma de ochocientos mil pesos anuales, ha sido práctica constante que la Junta no se limite a hacer la derrama semestral de cuatrocientos mil pesos, sino que, calificando el monto de las ventas probables en el semestre, según las realizadas en el inmediato anterior, y atendiendo a los demás factores que detalla el Reglamento, fija a cada fábrica la cantidad de estampillas que forzosamente ha de comprar, sea cual fuere el monto efectivo de las ventas que verifique.

Esa práctica se ha fundado en que la cantidad de ochocientos mil pesos anuales es el mínimum que, conforme a la ley, debe rendir el impuesto limite que se fijó cuando la industria no había llegado al grado de prosperidad que después ha tenido, y que, por consiguiente, tiene que ampliarse en proporción al crecimiento de la misma industria y al mayor volumen de las transacciones, ya que por cada venta debe cubrirse la cuota respectiva. También se ha apoyado en la consideración de que, si cubierto aquel mínimum, se dejara a los fabricantes únicamente con la obligación de comprar las estampillas que necesiten, fácilmente podrían defraudar el impuesto los de mala fe, con perjuicio de los que lo cubren con exactitud y en la proporción debida.

En contra de las razones indicadas, algunos fabricantes alegan que la ley no les impone responsabilidad subsidiaria más que por la suma de ochocientos mil pesos anuales, la cual es susceptible de aumento a cargo de los compradores, a medida que sean mayores las ventas; mas no constituye un mínimum que a su vez sea susceptible de crecer, en lo que atañe a la responsabilidad subsidiaria de los fabricantes, y en tal virtud, no debe hacerse en cada semestre más que la derrama de cuatrocientos mil pesos en todas las fábricas, y no una cotización mayor que imponga la obligación de comprar determinada cantidad de estampillas, aunque no lleguen a consumirse dentro del período legal.

Por otra parte, agregan los fabricantes que si bien la cotización en la forma que se ha acostumbrado, puede ser un control para que no se defraude el impuesto, hay otros medios legales para reprimir los fraudes, sin necesidad de acudir a un procedimiento que, en muchos casos, entraña una pérdida positiva, cuando la cuota asignada excede al importe de las estampillas que las operaciones demandan, pues en tal caso vienen a pagar más del 5 por ciento, erogando un gasto enteramente perdido, que se acumula a los generales de producción, o que en último resultado, tiene que recargarse al valor de la mercancía, la cual no queda en igualdad de condición respecto a los productos similares de otras fábricas que no hayan tenido que soportar la pérdida de estampillas compradas y no utilizadas en sus operaciones.

Todas estas dificultades las subsana, como antes se ha dicho, la iniciativa a que se alude, una vez que en su artículo 3° se dispone que queda derogado el artículo 5° y las demás disposiciones de la supradicha ley, referentes a la derrama de la cantidad de que subsidiariamente deben responder al Fisco los fabricantes como mínimum del producto de dicho impuesto, y como en realidad de verdad los industriales no son propiamente los que tienen que hacer el desembolso o pago del impuesto de que se trata, sino el consumidor, resultan, como antes se ha dicho, de todo punto beneficiados. En resumen, los industriales que aceptan pagar a los operarios de sus fábricas la tarifa aprobada por el Departamento del Trabajo, en vez del 5 por ciento que actualmente pagan conforme a la ley de 17 de noviembre de 93, pagarán solamente el 4 por ciento sobre el valor real de cada venta, resultando disminuido, en este respecto, en un punto, el tantas veces repetido impuesto, y sólo por este particular mejorados los industriales, así como resultan beneficiados también con la derogación del artículo 5.°, que previene la derrama de la cantidad de que subsidiariamente debían de responder al Fisco.

No cree esta Secretaría necesario entrar en otro género de disposiciones, que acaso diesen más sólido fundamento, más amplio aún y más firme a las disposiciones cuya aprobación se consulta; bastará, pues, su simple lectura para estimar la importancia y trascendencia de las mismas y el decidido propósito del Ejecutivo de coadyuvar con un medio eficaz, positivo y práctico no a dar solución definitiva al problema planteado, pues éste quedará, como en todos los países a que antes he hecho alusión, por mucho tiempo en pie, sino a poner por lo pronto, y en vista de las circunstancias, un remedio que considera eficaz para disminuir la tensión de relaciones ente los dueños de fábricas y los obreros, contribuyendo así al bien de todos sin perjuicio del Erario, y con la idea bien arraigada de que se llegue a alcanzar en breve tiempo la tranquilidad de la sociedad y la paz en la República.

Suplico a ustedes, señores secretarios, que se sirvan dar cuenta de la iniciativa de ley a que me refiero, y que por acuerdo del señor Presidente de la República remito adjunta a esa honorable Cámara de Diputados, de la que son ustedes dignos miembros, esperando que se sirvan aceptar, asimismo, las seguridades de mi respetuosa consideración.

México, septiembre 25 de 1912.-Ernesto Madero.

A los señores secretarios de la honorable Cámara de Diputados.-
Presente.

La iniciativa de ley a que se refiere, es la que sigue:

INICIATIVA DE LEY

Artículo 1 º El impuesto especial del timbre sobre la hilaza y tejidos de algodón, de producción nacional, creado por la ley de 17 de noviembre de 1893, se causará, desde la publicación de este decreto, a razón del 8 por ciento sobre el valor real de cada venta, quedando reformado en este sentido el artículo 10 de la ley citada.

Artículo 2º A los fabricantes que comprueben, mediante la declaración respectiva de la oficina denominada «Departamento del Trabajo», haber pagado a sus operarios con sujeción a la tarifa aprobada por dicho Departamento, se les reintegrará en efectivo, al fin de cada bimestre, el 50 por ciento del importe de las estampillas que hubieren cancelado en sus facturas de venta, haciéndose el cargo a la cuenta de la emisión correspondiente.

Artículo 3º se derogan el artículo 5° y las demás disposiciones de la ley de 17 de noviembre de 1893, referentes a la derrama de la cantidad de que subsidiariamente debían responder al Fisco los fabricantes, como mínimum del producto de dicho impuesto.

México, 25 de septiembre de 1912.-Ernesto Madero.

**[ ...] Quedó aprobada la ley en los términos siguientes: Artículo l ° El impuesto especial de Timbre sobre la hilaza y los tejidos de algodón, de producción nacional, creado por la ley de 17 de noviembre de 1893 se causará, desde la publicación de este decreto, a razón del 18 por ciento sobre el valor real de cada venta, quedando reformado en este sentido el artículo 10 de la citada ley.

Artículo 2° A los fabricantes que comprueben, mediante la declaración respectiva de la oficina denominada "Departamento del Trabajo" haber pagado a sus operarios con sujeción a la tarifa aprobada por dicho Departamento, se les reintegrará en efectivo, al fin de cada bimestre, el 50 por ciento del importe de las estampillas que hubieren cancelado en sus facturas de venta, haciéndose el cargo a la cuenta de la emisión correspondiente.

Artículo 3º El impuesto de 8 por ciento será pagado a razón de 4 por ciento por el comprador y 4 por ciento por el fabricante, al verificarse la adquisición de los efectos que grava esta ley; pero los fabricantes responderán subsidiariamente del impuesto, en la parte que corresponda al comprador, en la forma que previenen los artículos siguientes y la parte que pueda ser necesaria para el completo de la cantidad de $ 1.280,000.00 que como mínimum debe producir el impuesto en toda la República.

Artículo 4º Se reforma el artículo 10 de la ley de 17 de noviembre de 1893 en los términos siguientes: la cantidad anual que como mínimum debe producir en toda la República el impuesto del 8% y la cual servirá de base a la derrama de que habla el articulo 3º, será de $1.280,000.00, y el importe de las estampillas que deberá cancelarse en cada operación, será de 8% sobre el valor real de cada venta.

Al pasar al Senado, la Cámara revisora modificó el artículo 1° señalando que el impuesto se causaría hasta el 30 de junio de 1914. En realidad no tuvo aplicación la primera Ley Obrera que expidiera la XXVI Legislatura. No la tuvo porque la contrarrevolución se levantaba impetuosa. Fue indispensable que así sucediera para que la Revolución adquiriese una conciencia más elaborada de si misma.

Fuentes: En Historia de la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura federal. La Revolución tiene la palabra. Actas del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, del 14 de septiembre de ?012 al 19 de febrero de 1913, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, t. 111, 1963, pp. 11-14.

En Manifiestos políticos (1892-1912), prol., ordenación y notas de Manuel González Ramírez, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, pp. 664 y 665. (Fuentes para la Historia de la Revolución Mexicana, 4.)

La Revolución Mexicana. Textos de su Historia. Investigación y compilación: Graziella Altamirano y Guadalupe Villa. Secretaría de Educación Pública. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. México. Primera edición 1985. Cuatro tomos. Tomo III. p. 193.