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Siglo XX > 1900-1909 > 1902

12. Rebeldía oficial
El Hijo del Ahuizote, núm. 828, 23 de noviembre de 1902, pp. 1512-1513

 

Hay en las dictaduras misterios que pasman.

En efecto: en una dictadura, donde sólo ordena una voluntad y todos obedecen el mandato; en un sistema político esencialmente militar donde la orden del superior es una ley que debe ser acatada sin titubear, sin reticencias, sin que le sea permitido al inferior no sólo protestar contra la orden, pero ni siquiera hacer la más ligera observación acerca de ella; en un sistema así no es posible concebir que un subalterno ose poner trabas a las órdenes del jefe y procure por cuantos medios halle a la mano oponerse a la voluntad de su superior.

Pero entre nosotros hemos visto contrariada esa ley a cuya observancia se debe la existencia de las tiranías.

Entremos en materia.

El último atentado cometido contra nuestro semanario atrajo la atención no sólo del público en general, sino de los altos círculos políticos.

En todas partes se han hecho y siguen haciéndose desfavorables comentarios contra los procedimientos ordenados por el ministro de la Guerra en contra de El Hijo del Ahuizote. El escándalo dado por el militarismo ha alarmado a todos, pues todos temen justamente que andando el tiempo, si antes no se corrige el mal, sobre la Constitución, sobre los principios y hollando todos los derechos y lastimando las prerrogativas todas del ciudadano, se yerga insoportablemente altanera la Ley Marcial.

El escándalo fue tal que tuvo que ser discutido en consejo de secretarios de Estado. Los miembros del gabinete estuvieron acordes en declarar abusivos los medios empleados por su colega el general Reyes y los servidores de éste, para sofocar el grito de indignación que se levantó cuando se conocieron las maquinaciones puestas en juego por ese ministerio para alcanzar la Presidencia de la República. El mismo Reyes declaró terminantemente en una junta de secretarios de Estado que, en efecto, había obrado con ligereza, pues comprendió que no era competente el militarismo para conocer cuestiones de imprenta.

Pero en junta posterior, Bernardo Reyes, recordando tal vez el poderío que logró alcanzar en la frontera del norte sobre los indefensos ciudadanos, se levantó, se alzó, y con autoridad de militar, con la arrogancia del soldado que se encara con su enemigo inerme, declaró que sostenía la competencia de la fuerza armada para juzgar asuntos periodísticos, aprobando los atropellos, sancionando las arbitrariedades que contra nosotros llevó a cabo el juez Telésforo Ocampo.

Aunque el medio político en que vivimos no puede ser más inmoral; aunque la dura lección que hemos estado recibiendo desde que se entronizó el militarismo ha maleado los caracteres, la justicia, la escarnecida justicia se sobrepuso y protestó contra la preponderancia del sable. El señor don Justino Fernández, (1) ministro de Justicia, declaró ante la arrogancia del machete que él, el señor Fernández, no consentiría que los tribunales militares juzgasen a los periodistas mientras fuese ministro de justicia. El señor Mariscal, (2) ministro de Relaciones Exteriores, apoyó la digna actitud del señor ministro de justicia contra las absurdas pretensiones de Bernardo Reyes.

La honrada actitud del señor Justino Fernández ha merecido la aprobación del público sensato, del que no adula, del que no solicita el favor de la claudicante administración actual para vivir y prosperar.

El general Díaz, que ha tenido siempre el empeño de hacer creer a los espíritus superficiales que su gobierno es sólido, por más que sólo cuente con la fuerza de bayonetas mercenarias, el general Díaz, decimos, viendo que en su gabinete se iniciaba pujante un cisma, medió en la controversia y declaró, que puesto que los secretarios de Estado no podían llegar a un acuerdo en nuestro asunto, se dejase en libertad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviese en el negocio.

El general Díaz, pues, ORDENÓ que el negocio lo resolviese la Suprema Corte como lo juzgase conveniente.

Esa orden, en una dictadura bien definida como la nuestra, tenía que ser acatada por Bernardo Reyes. Pero no fue así.

El aspirante a presidente comprendió que la corte obraría en justicia y contraviniendo la ORDEN puso en juego su influencia, ordenó a su hijo Rodolfo (3) que entrevistase a algunos magistrados, y él, por su parte, recomendó el asunto a todos ellos para que fallasen en contra nuestra, esto es, en contra de la justicia.

Pero la Suprema Corte obró con rectitud y mandó suspender los torpes procedimientos ordenados por Reyes.

Este acto de justicia de la corte ha merecido el aplauso de la nación entera.

Ahora bien: si en las dictaduras no hay más régimen que el militar en el que una voluntad orienta y los subalternos obedecen sin observación, sin protesta, ¿por qué desobedeció Reyes la orden del general Díaz por la que se dejaba a la Suprema Corte en libertad para fallar en nuestro asunto?

Bernardo Reyes contrarió esa orden, y en una autocracia la desobediencia del empleado inferior se castiga con la destitución. Para que pueda existir un gobierno que no cuenta con la voluntad del pueblo, como nuestro gobierno, es preciso que todos los que pasan sobre el país caminen acordes, pues no es dable imaginar que entre los opresores haya rebeldías que debiliten la autocracia.

Nosotros, como demócratas, repudiamos todo lo que no tenga asiento en la voluntad popular. Por el republicanismo luchamos, y por su causa, que es la de la nación, jugamos impasibles nuestra tranquilidad y la de nuestra familia, aunque sepamos que en el fondo de una encrucijada pueda sorprendernos fatídica como el crimen la salvaje ley fuga... Pero, como dijimos al principio, hay en las dictaduras misterios que pasman, Bernardo Reyes, a pesar de haber contrariado la orden de su jefe el presidente, no ha sido castigado.

Es preciso que el general Díaz le exija su dimisión.

 

Escorpión (Ricardo Flores Magón).

 

(1)   Justino Fernández (1828-1911). Abogado capitalino. Diputado al Congreso desde 1855. Miembro de la Junta de Notables al promulgarse la Constitución de 1857. Gobernador de Hidalgo (1873-1876) y diputado por San Luis Potosí. De 1885 a 1901 fue director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Ministro de Justicia e Instrucción Pública (1901-1905) y ministro de Justicia (1905-1911).

(2)   Ignacio Mariscal (1829-1910). Abogado oaxaqueño. Partidario del Plan de Ayutla. Diputado al Congreso Constituyente de 1856. Durante la Guerra de Tres Años se mantuvo al lado de Juárez. Ministro de la Suprema Corte de Justicia en vísperas de la Intervención francesa. Secretario de la legación mexicana en Washington (1863-1867). Secretario de Justicia e Instrucción Pública del gabinete de Juárez. Ocupó diversos cargos diplomáticos y de procuración de justicia. Ministro de Relaciones Exteriores en varias ocasiones entre 1871 y 1910. Cultivó la poesía: Don Nicolás Bravo o clemencia mexicana (1895), Episodio en la vida de Juárez (1906) y Poesías (1911).

(3)   Rodolfo Reyes Ochoa (1878-1954). Abogado tapatío, hijo del general Bernardo Reyes. Promotor político de su padre por medio del periódico La Protesta (1902). Ministro de Justicia en el gobierno de Victoriano Huerta (1913). A partir de 1914, vivió en el exilio en España. Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia de Madrid. Escribió De mi vida (1929).

 

Nota Bene: Véase la nota del editor de las Obras Completas de Ricardo Flores Magón aquí.

 

Fuente: 

Obras Completas de Ricardo Flores Magón. ARTICULOS POLITICOS SEUDONIMOS. VOLUMEN V.
Artículos escritos por Ricardo Flores Magón bajo seudónimos.
Jacinto Barrera Bassols INTRODUCCIóN, COMPILACIÓN Y NOTAS. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, 2005. pp.49-52.