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Siglo XX > 1900-1909 > 1901

Artículo 749. El asunto de El Hijo del Ahuizote
Regeneración, t. II, núm. 57, 7 de octubre de 1901

 

Vuelve a ocupar la atención pública el asunto de nuestro querido y valiente colega El Hijo del Ahuizote, en el que tan desairado papel hizo la oficiosidad del juez Pérez al condenar a los procesados a no leer y escribir, pena que solamente podría brotar del estrecho intelecto del joven Pérez.

Recordarán nuestros lectores que dos individuos, Antonio Mercenario, entonces gobernador de Guerrero, y Arturo Paz, se querellaron de calumnia extrajudicial e injurias contra el personal de nuestro colega, encarcelándose, entre otras personas, a don Remigio Mateos, director del semanario, y a don Alfonso Cabrera, administrador del mismo, a quienes hicieron compañía don Félix Delvaille, regente de la imprenta, y el jovencillo Luis Mata, encargado de la tipografía literaria.

Pérez descargó principalmente sus iras sobre los señores Mateos y Cabrera, a quienes condenó a más de tres años de prisión y a no leer y escribir. Apelada la sentencia, los magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior, deseando quedar bien con el público, que simpatiza con los escritores que lo defienden, y con el gobierno, que sostiene a esos magistrados en un puesto que no merecen, hizo una composición que en su oportunidad fue merecidamente silbada, pues si bien es cierto que se disminuyó la pena, también lo es que no beneficia al señor Mateos, pues casi correspondía al tiempo en que este señor podía obtener su libertad preparatoria si se hubiese ejecutado la famosa sentencia del joven Pérez.

Contra la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior ha promovido el sesudo valiente señor licenciado don Francisco A. Serralde, defensor del señor Cabrera, el recurso de amparo ante el juez segundo de distrito. Tenemos a la vista el ocurso respectivo, y no sabemos qué admirar más, si la energía de su autor, o las más profundas y sagaces observaciones de que se halla pletórico.

A la rica forma literaria se hermanan perfectamente la talentosa exposición jurídica y la oportunidad de las doctrinas que se citan. Sentimos mucho que por su extensión no podamos dar a conocer íntegra a nuestros lectores tan interesante pieza jurídica. Nos conformamos, ya que en otra ocasión hemos hablado extensamente de este asunto, con reproducir algunas fracciones que contienen doctrinas de reputados autores sobre la libertad de imprenta.

Dice en su importante escrito el señor licenciado Serralde:

Cuando se discutió el artículo 7° Constitucional, los constituyentes explicaron ampliamente el significado, extensión y consecuencias del precepto que reglamenta la libre emisión del pensamiento.

En aquella discusión, dos oradores se distinguieron, el eminente patriota Sr. Zarco y el liberal sin tacha Sr. Mata.

El primero, hablando de las restricciones que entraña el artículo constitucional, del respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, decía... "Deseo defender la libertad de la prensa como la más preciosa de las garantías del ciudadano y sin la que son mentira cualesquiera otras libertades y derechos". (1) -Un célebre escritor inglés -agregaba Zarco-, ha dicho: "Quitadme toda clase de libertad, pero dejadme la de hablar y escribir conforme a mi conciencia". "Estas palabras demuestran lo que de la prensa tiene que esperar un pueblo libre, pues ella, señores, no sólo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más atractivo del progreso y de la civilización."

"Veamos cuáles son -agregaba aquel célebre constituyente- las restricciones que impone el artículo. Después de descender a pormenores reglamentarios y que tocan a las leyes orgánicas o secundarias, establece como límites de la libertad de imprenta, el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

"¡La vida privada! Todos deben respetar este santuario. Cuando el escritor acusa a un ministro de haberse robado un millón de pesos al celebrar un contrato, cuando denuncia a un Presidente de derrochar los fondos públicos. Los Fiscales y los jueces sostienen que como se trata de robo, se ataca a la vida privada y el escritor sucumbe a la arbitrariedad.

"¡La moral! ¿Quién no respeta la moral? ¿Qué hombre no la lleva escrita en el fondo del corazón? La calificación de actos o escritos inmorales la hace la conciencia sin errar jamás; pero cuando hay un gobierno perseguidor, cuando hay Jueces corrompidos y cuando el odio de partido quiere no sólo callar sino ultrajar a un escritor independiente, una máxima política, una alusión festiva, un pasaje jocoso de los que se llaman colorados, una burla inocente, una chanza sin consecuencias, la califican, de escritores inmorales para echar sobre un hombre la mancha de libertino.

"¡La paz pública! Esto es lo mismo que el orden público; el orden público, señores, es una frase que inspira horror! El orden público, señores, reinaba en este país cuando lo oprimían Santa Anna y los conservadores, cuando el orden consistía en destierros y en proscripciones! El orden público se restituyó en México cuando el Ministro Alamán (2) empapaba sus manos en la sangre del ilustre y esforzado Guerrero!; el orden público como hace poco recordaba el Sr. Díaz González, reinaba en Varsovia cuando la Polonia generosa y heroica, sucumbía maniatada, desangrada, exánime al bárbaro yugo de la opresión de la Rusia; el orden público es a menudo la muerte y la degradación de los pueblos, es el reinado tranquilo de todas las tiranías, el orden público de Varsovia es el principio conservador en que se funda la perniciosa teoría de la autoridad ilimitada... Este orden público es deleznable y quebradizo y llega a destruir la libertad de la prensa y con ella todas las libertades."

Contestando el Sr. Mata como miembro de la comisión de constitución dijo: "La vida privada se refiere a la vida íntima, al sagrado del hogar doméstico y no es posible que con ésta se confundan los actos públicos de los funcionarios". En cuanto a la moral, los impugnadores convienen en que se siente en el corazón más bien que se define.

La comisión para evitar abusos establece como suficiente garantía el Jurado para que falle la conciencia pública para que el pueblo ejerza las funciones de legislador y juez.

Si a pesar de todo esto hay arbitrariedad, la arbitrariedad será del pueblo y al fallo del pueblo deben resignarse los verdaderos liberales.

Tal es la interpretación genuina del artículo 7° Constitucional y por ella se ve, con toda claridad, que la libre emisión de las ideas, por medio de la prensa, no tiene más restricciones que la vida privada, la moral y la paz pública y aun esas restricciones deben entenderse en sus límites preciosos sin que, por vida privada, por moral o por paz u orden público, se entiendan circunstancias que no entran en la clasificación que entrañan esas definiciones.

El derecho del escritor público, según los constituyentes, se extiende hasta poder confirmar que un ministro se robó un millón de pesos al celebrar un contrato, sin que en esta imputación pueda encontrarse un acto delictuoso o sea una calumnia, porque como lo indicó el ilustre Sr. Mata, la vida privada se refiere a la vida íntima, al sagrado del hogar doméstico, y no es posible que con ésta se confundan los actos públicos de los funcionarios.

Enseguida demuestra el señor licenciado Serralde que no se atacó en El Hijo del Ahuizote a la vida privada de Mercenario y de Paz y dice:

Si no se quiere que la prensa censure los actos de los funcionarios públicos, ya sean éstos gobernadores o ya sean diputados, que se derogue el precepto constitucional y que francamente se diga que las teorías de los constituyentes, especialmente las expendidas por los ilustres Zarco y Mata, han quedado totalmente borradas y no es ilícito ejecutar lo que aquéllos defendieron con tanto patriotismo.

Respecto a la aplicabilidad del Código Penal a los juicios de imprenta, dice sesudamente el señor Serralde:

Los delitos de injurias de difamación y de calumnia extrajudicial, invocados por los funcionarios públicos, pugnan abiertamente con el artículo 7° constitucional porque la idea de que existe delito donde hay una censura o una imputación a un funcionario, no cabe en cerebros formados por los principios constitucionales; de manera que, el invocar el Código Penal, por parte de un funcionario, para aplastar al que ejerce la garantía consignada en dicho artículo, equivale a tanto como a pretender, que las leyes secundarias sean derogatorias de la Constitución Federal, absurdo condenado de modo absoluto, en el axioma del insigne constitucionalista José María Iglesias:

"Sobre la Constitución nada. Sobre la Constitución nadie".

Estos mismos principios -dice mi erudito maestro el notable jurisconsulto Lic. José Blas Gutiérrez Flores Alatorre en el tomo segundo, parte segunda, página cuatrocientos sesenta y seis del Código de la Reforma- estos mismos principios fueron textualmente acogidos en los artículos 6° y 7° de los reglamentos de catorce de noviembre de mil ochocientos cuarenta y seis y veintiocho de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y cinco; y si conforme a las mismas disposiciones retrógradas la censura de actos oficiales es permitida, la ley de treinta y uno de Enero de mil ochocientos sesenta ocho no puede repugnarla, porque, si en su artículo 3° declara punible la atribución de vacío o delito, no estando éste declarado por los Tribunales, no habla de vicio o delito oficial, sino de la vida privada, cuya justa interpretación le dio el Congreso en la sesión de veinte de Noviembre de mil ochocientos sesenta y nueve, en la que, tratándose de la acusación hecha por Don José García Poblaciones contra el ciudadano Diputado Juan Carbó, por haber éste dicho en El Espíritu Público, de Campeche, que aquel empleado había sido traidor y desertor en campaña, se dijo en el debate que tales delitos, así como los oficiales, son de dominio público, y, por lo mismo, no puede decirse que su publicación afecte a la vida privada: razón por la cual en la historia del Congreso Constitutivo, escrita por Don Francisco Zarco, consta que, al debatirse el artículo 7° Constitucional, quedó plenamente demostrado que no incurre en responsabilidad denunciando la prensa las faltas o delitos de funcionarios públicos... en vista de tales fundamentos, el Congreso declaró no haber lugar a la formación de la causa contra el acusado...

..................................................................................................................

"Ni los Estados, ni la Federación -dice a su vez el notable jurisconsulto Vallarta, cuyas doctrinas son bien conocidas y reputadas en el foro (Cuestiones Constitucionales tomo 44, páginas 337 y 338) ni los Estados ni la Federación, puede expedir ley alguna que ponga al Gobierno, su política, la conducta oficial de los funcionarios, la discusión de los negocios públicos fuera del alcance, de las apreciaciones, de las censuras, de los ataques de la prensa so pretexto de que su injuria difama o calumnia a esos funcionarios: porque cualquiera ley que en ese sentido se expidiera, sería inconstitucional y nula, tan atentatoria como la que desconociera el régimen representativo, la que impusiera la pena de confiscación, la que infringiera, en fin, cualquier precepto de la Suprema.

Si el art. 7° de que hablo no pone más límites a la libertad de la prensa que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, y si de evidencia no son actos de la vida privada, ni de la política del Gobierno, ni la conducta pública de los funcionarios, sólo atentando, sin embargo, contra este artículo, puede haber ley alguna que califique como delito de injuria, de difamación o calumnia al dicho del escritor que acuse al Congreso de no cumplir con sus deberes, a un Tribunal de vender la justicia, a un Ministro de dilapidar los fondos públicos; que repute como criminal a la redacción de un periódico porque asegura que en una elección ha intervenido cohecho, fraude o violencia, porque combata una candidatura, porque haga oposición a la política del Gobierno: que prohiba al órgano de cualquier partido, aun atacar las instituciones, la Constitución misma."

La jurisprudencia también ha emitido una idea bien clara sobre la libertad de la prensa, sobre la interpretación que debe darse al artículo 7° Constitucional y sobre la inaplicabilidad del Código Penal a los delitos de prensa, tratándose de funcionarios públicos.

En efecto la Suprema Corte de Justicia ha pronunciado con fecha diez de Febrero de mil ochocientos noventa y seis, un notable fallo que se encuentra publicado en la Ciencia Jurídica, sección federal, año de mil ochocientos noventa y siete, tomo primero, página 24. En esa ejecutoria se encuentra un considerando que dice así:

"Que si hubiera de interpretarse el artículo Constitucional citado en el sentido de considerar la censura de los actos oficiales como ataque a la persona o a la vida privada, por el descrédito que accidentalmente puedan acarrear el funcionario o empleado público, vendría por tierra la libertad que ese artículo garantiza y crearía la inviolabilidad de los funcionarios públicos ante la prensa; pero destruyendo la inviolabilidad de la prensa dentro de los límites legales que es cabalmente lo que ha querido asegurar la Constitución en su artículo relativo, que es explícito y debe dominar en esta materia, cuando establece que en las publicaciones impresas no hay delito siempre que no se afecte la vida privada, la moral ni la paz pública".

Este fallo fue pronunciado en caso idéntico al de que se trata.

En efecto, un escritorio público en Puebla atacó por medio de un periódico al Jefe Político Sr. Mirus, a quien atribuyó algunas faltas y delitos. Esto es, se trataba de un caso igual al presente puesto que el cargo se hacía a un funcionario y lo mismo es, para el efecto de la libertad del pensamiento que se trate de un Jefe Político, que se trate de un Gobernador, siempre que no haya cambiado ni en los medios ni en las censuras a los funcionarios públicos, o de otra manera, siempre que no se ataque la vida privada, la moral o la paz pública.

En consecuencia la jurisprudencia que estableció aquella ejecutoria, debe adoptarse en el caso actual, supuesto que existen el mismo precepto Constitucional las mismas doctrinas y las mismas leyes secundarias.

Enseguida, el señor Serralde demuestra que el defenso no es culpable de los delitos por los que se le ha sentenciado y hace un análisis completo de los fundamentos de los fallos que se han pronunciado en ese asunto, desmenuzando las torpes apreciaciones del juez Pérez y de los magistrados de la Segunda Sala.

Felicitamos cordialmente al inteligente señor licenciado Serralde por su labor y le deseamos el triunfo de los principios sanos que expone, en beneficio de la clase periodística tan vejada por la actual administración.

 

(1)   Ésta y las siguientes citas provienen de Francisco Zarco, op.cit, pp. 291-304; 306-319.

(2)   Lucas Alamán y Escalada (1792-1853). Empresario minero, político, periodista e historiador. Diputado a las Cortes en 1812. Ministro de Relaciones Exteriores en 1823 y 1830. Fue enjuiciado por el asesinato de Vicente Guerrero. Se le exoneró en 1834. Escribió en El Sol, El Tiempo y El Universal. Se le considera el fundador del pensamiento conservador y empresarial mexicano. Creó el Banco de Avío. Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente (1852).

 

Nota Bene: Véase la nota del editor de las Obras Completas de Ricardo Flores Magón aquí.

 

Fuente:

Obras Completas de Ricardo Flores Magón. REGENERACIÓN (1900-1901) Segunda Parte.
Artículos escritos por Ricardo Flores Magón en colaboración con Jesús y Enrique Flores Magón.
Jacinto Barrera Bassols INTRODUCCIóN, COMPILACIÓN Y NOTAS. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, 2004. pp.1154-1160.