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Siglo XIX > 1890-1899 > 1893

Decreto del Congreso. Autoriza al Ejecutivo para reformar la legislación vigente sobre terrenos baldíos.
18 de diciembre de 1893


El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Porfirio Díaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Artículo 1o. Se autoriza al Ejecutivo Federal para reformar la legislación vigente en la República, sobre terrenos baldíos, conforme a las bases siguientes:

I. Cesará la prohibición de que cada habitante de la República pueda denunciar y adquirir más de dos mil quinientas hectáreas de terrenos baldíos.

II. Cesará igualmente la obligación hasta ahora dispuesta a los propietarios y poseedores de terrenos baldíos, de tenerlos poblados y acotados; y los individuos que no hubieren cumplido las obligaciones que a este respecto imponían las leyes antiguas o las que imponen las vigentes, quedarán exentos de toda pena, sin necesidad de declaración especial en cada caso y sin que la Nación pueda en lo futuro sujetar a inquisición, revisión o composición los títulos ya expedidos, ni mucho menos reivindicar los terrenos que éstos amparen, por la simple falta de población o acotación.

III. Cesará también la prohibición impuesta a las compañías deslindadoras de terrenos, de enajenar los que les hayan correspondido por compensación de gastos del deslinde, en lotes o fracciones que excedan de dos mil quinientas hectáreas; y si alguna enajenación se hubiere hecho en lotes o fracciones de mayor extensión, no podrá ser invalida por este solo motivo, ni la Nación podrá en ningún tiempo reivindicar los terrenos así enajenados, por solo esta circunstancia.

IV. Subsistirán las prohibiciones y limitaciones que establecen las leyes vigentes, respecto a la adquisición de baldíos en los Estados fronterizos, en las costas de la República, en la zona marítima y en las riberas de los ríos navegables y flotables; determinándose con entera claridad la anchura que en éstas y en la expresada zona marítima quedará siempre del dominio de la Federación y en calidad de inalienable.

V. Se clasificarán los terrenos de propiedad de la Nación, definiendo con entera claridad cuáles son los baldíos, cuáles son nacionales, y los que deben considerarse como excedencias y como demasías; otorgándose a los poseedores de estas últimas, rebajas en el precio, relacionadas con la naturaleza del título que tengan y con el tiempo de su posesión.

VI. Los terrenos baldíos, así como las excedencias y demasías, se enajenarán a los precios que determine el Ejecutivo en la tarifa correspondiente que se sancionará y publicará cada año.

VII. Se derogará de una manera expresa y terminante para lo futuro, cualquiera ley o disposición que prohíba la prescripción de los terrenos baldíos, estableciendo las reglas conforme a las cuales dicha prescripción deba reconocerse y declararse en lo futuro, en relación con el tiempo de posesión y con la naturaleza del título que la ampare.

Sin embargo, por simple prescripción no se podrán, en ningún caso, declarar adquiridas más de cinco mil hectáreas de los terrenos baldíos.

VIII. Para la enajenación de las excedencias y demasías, y para la de los terrenos baldíos, simplemente ocupados por particulares, aun sin título de ninguna clase, serán preferidos y favorecidos los poseedores, en los términos que establezca la ley.

IX. Del precio de los terrenos baldíos, excedencias y demasías que se enajenen conforme a la ley, se aplicarán dos tercios al Erario federal y un tercio al del Estado, en donde el terreno estuviere ubicado; pero sin que ni la Federación ni los Estados puedan rehusar el pago que se les haga, en los títulos o créditos legítimos que constituyan respectivamente su deuda pública, cuando el adquirente del terreno quisiera- pagar en esa especie.

El precio de los baldíos, excedencias y demasías, ubicados en el Distrito y Territorios federales, pertenecerá íntegramente a la Federación.

X. Los terrenos que se clasifiquen como nacionales, serán enajenados por acuerdo de la Secretaría de Fomento, al precio y con las condiciones que ésta fije, en atención a la calidad y ubicación de los terrenos. Dicho precio pertenecerá íntegramente al Erario federal, y no podrá ser inferior al señalado por los terrenos baldíos en la tarifa vigente al acordarse la enajenación.

XI. Se declaran exentos de toda revisión y composición los títulos expedidos por autoridad competente, conforme a las leyes, y especialmente los que la Secretaría de Fomento hubiere otorgado desde la fecha en que comenzó a regir la ley de 20 de julio de 1863, los cuales expresamente se confirmarán y ratificarán, sin que en lo sucesivo puedan ser nulificados ni modificados, sino por causa de error o dolo, declarados por los tribunales competentes de la Federación, en sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

Sin embargo, los títulos expresados, sólo ampararán los terrenos comprendidos dentro de la extensión superficial a que se refieran, y de los linderos que en ellos se fijen, sin que puedan extenderse a mayor superficie o a otros linderos.

XII. La Secretaría de Fomento quedará autorizada para celebrar arreglos y composiciones, directamente y en lo que se refiere a los intereses de la Nación, con los poseedores de tierras que así lo soliciten, ya para que se declare que no poseen baldíos, excedencias ni demasías, dentro de los límites de sus propiedades, o ya para que se les adjudiquen las demasías o excedencias que poseyeren.

Para la celebración de dichos arreglos o composiciones, serán requisitos indispensables:

A. Que por perito titulado y a satisfacción de la Secretaría de Fomento, se levante y presente el plano del terreno a la escala y con los demás requisitos y detalles que fijen la ley o los reglamentos administrativos.

B. Que se haga constar de una manera auténtica y fehaciente, la conformidad de todos y cada uno de los actuales colindantes con los linderos que en el plano se señalen al terreno cuya composición se solicite, o que si alguna diferencia se hubiere suscitado sobre dichos linderos, se haya decidido por sentencia definitiva y pasada en autoridad de cosa juzgada.

C. Que se presenten en forma legal los títulos translativos de dominio, que amparen la propiedad debidamente inscritos en el Registro Público del distrito, partido o cantón, en que esté ubicado el terreno de que se trate.

XIII. Las diligencias de denuncio, medición y amojonamiento de terrenos baldíos, podrán confiarse a agentes administrativos de la Secretaría de Fomento, mientras no hubiere oposición de terceras personas interesadas; en cuyo caso y desde que surja la oposición, corresponderá el conocimiento del negocio al juez de Distrito del Estado, Distrito o Territorio, en donde esté situado el terreno.

XIV. Se establecerá en la ciudad de México y bajo la dependencia de la Secretaría de Fomento, una oficina que se denominará "Gran Registro de la Propiedad de la República", cuyo objeto será inscribir de la manera y con las formalidades y requisitos que determinen la ley y los reglamentos correspondientes, los títulos primordiales de terrenos baldíos, así como las ventas o enajenaciones de terrenos nacionales, y los arreglos o composiciones que sobre unos y otros hubiere hecho o hiciere en lo futuro la Secretaría de Fomento.

Dicho registro será público, pudiendo examinar y pedir certificación y copia de las inscripciones y planos que en él se conserven toda autoridad o persona que lo solicite.

XV. La inscripción de títulos, ventas y composiciones en el "Gran Registro de la Propiedad de la República", será enteramente voluntaria para los dueños y poseedores de tierras, y por lo mismo, la falta de dicha inscripción, no les privará de ninguno de los derechos que les correspondan conforme a las leyes vigentes.

XVI. Para el establecimiento del "Gran Registro de la Propiedad de la República", se observarán las siguientes prevenciones:

A. Ninguna inscripción primitiva de un terreno o propiedad se verificará, sino por acuerdo expreso de la Secretaría de Fomento, que se archivará en unión del plano de la finca o terreno de que se trata.

B. No se podrá variar el nombre del propietario en cuyo favor se haya hecho una inscripción, sino mediante la presentación de un documento público, debidamente inscripto en el Registro público de la propiedad del Distrito, cantón o partido en donde la propiedad o terreno estuviese ubicado.

C. En caso de que un terreno o propiedad ya inscrita, se fraccione o divida, se hará la anotación correspondiente en la primitiva inscripción, y se abrirá una nueva, respecto de la fracción o parte que hubiere pasado a otro propietario; pero sin que al abrirse la nueva inscripción, puedan omitirse la presentación y archivo del plano de la fracción o parte de propiedad a que aquella se refiera, ni las anotaciones que corresponda hacer en el plano primitivo de la propiedad fraccionada.

D. La Secretaría de Fomento no podrá acordar la inscripción primitiva de una propiedad o terreno, sin que preceda la declaración de estar satisfecho todo interés de la Nación en dicha propiedad o terreno, y sin que consten, en la forma en que se expresa en la anterior fracción XII, la propiedad del que solicite la inscripción, la exactitud de los planos que se presenten y la conformidad de todos los colindantes actuales, o el hecho de haber sido vencidos en juicio, los que no la presentaren.

E. Fuera de los casos de transacción, división o fraccionamiento de una propiedad ya inscripta, a que se refieren los anteriores incisos B y C, sólo podrá alterarse, modificarse o cancelarse una inscripción, por virtud de sentencia definitiva y pasada en autoridad de cosa juzgada, dictada por el juez o tribunal federal que fuere competente, por razón de ubicación del terreno o finca de que se trate, y en la cual se declare que la inscripción fue nula o que debe alterarse o modificarse.

Sólo será causa legal para declarar la nulidad o modificación de una inscripción la comprobación de haberse ésta acordado por error, dolo o fraude; o sin haberse llenado los requisitos previos que la ley establezca.

F. Ninguna inscripción podrá comprender fincas o terrenos que no estuvieren unidos, constituyendo una sola propiedad, aunque pertenezcan a un solo dueño.

G. El efecto que surtirá la inscripción de una propiedad en el "Gran Registro de la Propiedad de la República", con relación al Gobierno y autoridades de la Nación, será el de que ninguna de éstas, sea cual fuere su categoría, ni sus agentes de cualquiera especie, podrán exigir en ningún tiempo, la presentación de títulos o documentos primordiales, ni mucho menos sujetarlos a inquisición o revisión de ninguna clase; pues el simple certificado de una inscripción en nombre de quien lo presente, surtirá el efecto de un título perfecto e irrevisable.

H. Con relación a los denunciantes de terrenos baldíos, excedencias, huecos o demasías, comprendidos dentro de los límites de una propiedad inscripta en el "Gran Registro de la Propiedad de la República", la inscripción surtirá el efecto de que tal denuncio se considere infundado e improcedente y así se declare de plano, tan luego como se presente el certificado correspondiente a la inscripción hecha en favor de quien lo exhibe.

I. Con relación a los colindantes de una propiedad o terreno inscripto en el "Gran Registro de la Propiedad de la República", la inscripción surtirá los mismos efectos que las leyes atribuyan a un título válido y perfecto, mientras no se obtenga una sentencia judicial que haya causado ejecutoria y en la cual se declare que es nula la inscripción o que ésta debe modificarse en la parte que concierna al colindante opositor.

J. Los efectos atribuidos a la inscripción de una propiedad, en los incisos anteriores, no librarán a los poseedores de tierras, de la obligación de permitir que se identifiquen por el gobierno y sus agentes o por particulares en ello interesados, los límites o linderos de la propiedad inscripta, en los casos en que tal identificación proceda con arreglo a derecho.

K. Podrá establecerse un moderado derecho de inscripción, por las que se hagan en el "Gran Registro de la Propiedad de la República", en compensación de los beneficios que del establecimiento de éste resultaran a los propietarios de tierras.

XVII. Subsistirá la prohibición e incapacidad jurídica que tienen las comunidades y corporaciones civiles para poseer bienes raíces procurándose por las autoridades federales y locales, que se lleve a efecto cuanto antes la división de los ejidos, terrenos y montes de los pueblos entre los ciudadanos que a ello tuvieren derecho conforme a las leyes.

La ley determinará qué autoridad o persona tendrá personalidad jurídica para el solo efecto de defender esos ejidos, terrenos y montes de los denuncios que ilegalmente se hicieren de ellos; y para gestionar su repartición o fraccionamiento entre los ciudadanos que a ello tuvieren derecho, solicitando de quien corresponda, la expedición de los títulos respectivos.

XVIII. El Ejecutivo federal podrá celebrar contratos de arrendamientos para la explotación de terrenos baldíos y nacionales, mientras no haya quien pida su adjudicación; pero esos contratos se celebrarán siempre en tales términos, que no impidan la enajenación de los terrenos, los cuales se entregarán al que los hubiere adquirido, a más tardar, seis meses después de expedido el título correspondiente.

A los arrendatarios de terrenos baldíos, podrá concederse por el Ejecutivo el derecho de solicitar su adjudicación por el tanto, en los términos que fije la ley o se estipule en los contratos respectivos.

XIX. El Ejecutivo podrá reservar para la colonización, para la plantación y conservación de bosques y para la reducción de tribus nómadas de indios, la extensión de terrenos baldíos que estime conveniente.

Artículo 2o. El Ejecutivo dará cuenta al Congreso de la Unión, al comenzar el próximo periodo de sesiones, del uso que hubiere hecho de la autorización contenida en la presente ley.

Justino Fernández, diputado presidente.

Francisco O. Arce, senador presidente.

E. Pimentel, diputado secretario. Alberto García, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, a dieciocho de diciembre de mil ochocientos noventa y tres.

Porfirio Díaz.

Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.

Libertad y Constitución.

México, diciembre 18 de 1893.

Fernández Leal.

Fuente:

De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal. Gloria Villegas Moreno y Miguel Angel Porrúa Venero (Coordinadores) Margarita Moreno Bonett. Enciclopedia Parlamentaria de México, del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura. México. Primera edición, 1997. Serie III. Documentos. Volumen I. Leyes y documentos constitutivos de la Nación mexicana. Tomo III. p. 84.