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Siglo XIX > 1870-1879 > 1878

Ley del pueblo. Propuesta por los redactores del periódico La Revolución Social, Alberto Santa Fe y el licenciado Manuel Serdán.
1878

Sección I

Artículo 1. Toda familia mexicana cuyo capital no exceda de tres mil pesos, recibirá del gobierno nacional, para cada hijo varón que tenga, un lote de terreno de la capacidad de una fanega de sembradura de maíz -276 varas de largo, por 184 varas de ancho- y una yunta de bueyes y un arado también por cada hijo varón.

Artículo 2. A las personas que hayan servido a la nación bajo cualquiera de los gobiernos que ha tenido, sea en el orden militar, sea en el civil, por largo tiempo, agotando en el servicio público la savia de su vida, se les capitalizarán los empleos que obtuvieron, y se les pagarán dos terceras partes en terrenos, y una tercera parte en numerario o en billetes del Banco Agrícola de que se hablará después.

Artículo 3. Se licenciará el ejército, al menos en su mayor parte; y a los ciudadanos jefes y oficiales que no queden empleados en el servicio público, se les considerará comprendidos en el artículo segundo de esta ley: los ciudadanos que forman la clase de tropa, serán comprendidos en el artículo primero; si fueran casados, recibirán en el municipio donde quieran radicarse: los soldados, una fanega de terreno y una yunta de bueyes; dos fanegas y dos yuntas los cabos e individuos de banda; tres fanegas y dos yuntas los sargentos segundos; y cuatro fanegas y tres yuntas los sargentos primeros.

Artículo 4. Para esta distribución de terrenos, la nación compra y ocupa, haciendo uso del derecho de "expropiación por causa de utilidad pública", las haciendas que cada Municipio necesite, con las semillas, animales de labranza y útiles que las constituyen; y la paga en el precio en que están consideradas en las oficinas de rentas donde causan sus contribuciones.

Artículo 5. Para la ocupación y distribución de las haciendas a que se refiere el artículo anterior, la Nación será representada por las autoridades municipales, las cuales observarán las reglas siguientes:

I. Ocuparán las haciendas que necesiten, según el número de su población.

II. La hacienda o haciendas ocupadas deberán ser la más cercana, o las más cercanas, al pueblo, y tener, cada una ellas, una cantidad de terrenos mayor del comprendido en un "Sitio de ganado mayor", que es un cuadrado de cinco mil noventa varas de largo por cinco mil varas de ancho.

III. Cada ayuntamiento tendrá un libro que se llamará: "Libro de la Agricultura;" y nombrará una comisión de su seno, compuesta de tres individuos, que se llamará: "Comisión de Agricultura. "

IV. Decretada por el ayuntamiento la ocupación de una hacienda la "Comisión de Agricultura" entrará en posesión de ella, recibiéndola del dueño, administrador o encargado, bajo riguroso inventario; nombrará un administrador depositario de dichos bienes, y dará cuenta al Ayuntamiento.

El ayuntamiento hará asentar en el "Libro de la Agricultura", una relación pormenorizada de todo lo que haya ocurrido al ocupar la finca; una copia de inventario, el nombre de la finca, el del dueño de la misma, el valor total de la hacienda, que preguntará al administrador de rentas donde pagaba sus contribuciones, y dará al dueño un recibo general por el total valor de los terrenos y demás cosas que se le hayan ocupado.

V. Una vez dueño de la hacienda el Ayuntamiento citará a todos los arrendatarios de terrenos que tuviere la misma, para preguntarles si quieren adjudicarse los que cultivan: lo cuál podrán hacer con preferencia a todo otro vecino, cada uno por la porción que cultive, siempre que esa porción no exceda de un sitio de ganado mayor.

VI. Para la distribución de terrenos se seguirán las mismas reglas que están vigentes para la adjudicación de terrenos de comunidad.

El ciudadano denuncia el terreno que quiere poseer, ante el Ayuntamiento: éste hace valorizar el terreno por su Comisión de Agricultura, y el remate se hace en pública subasta.

Artículo 6. Verificado el remate, el Ayuntamiento extenderá al adjudicatario su título de propiedad, provisional: este título expresará con toda claridad el lugar donde el terreno está situado: su extensión: sus linderos: su valor, según el precio de adjudicación.

Una copia de este documento se asentará en el "Libro de Agricultura", y cada documento llevará un número progresivo, según se vayan extendiendo.

Artículo 7. Los ayuntamientos cuidarán con el mayor esmero de que en su municipio no quede una sola familia sin propiedad, a menos que ella manifieste claramente que no quiere poseer. Al efecto, si hubiere razón para creer que alguna familia no se aprovecha de los beneficios de esta ley por ignorancia, se llamará a esa familia y se le explicará claramente la ley.

Artículo 8. Las aguas corrientes, los grandes bosques o los pequeños, si no tuviere otros el Municipio, y sus pastos, no pueden pertenecer a ningún particular: son propiedad del municipio, y serán de uso común, constituyendo los ejidos de los pueblos. Las ordenanzas municipales establecerán la manera de hacer uso de esos bienes.

Artículo 9. Los adjudicatarios de terrenos pagarán su valor al Ayuntamiento en diez años, contados desde un año después de la fecha en que verificaron la adjudicación, la décima parte del valor de la propiedad adjudicada cada año. El pago se hará en numerario. En el valor total de la propiedad adjudicada, se comprenderá el de las bestias y herramientas que reciba el adjudicatario. Mientras la propiedad no se pague completamente, el capital que representa causará el interés de un seis por ciento anual.

Artículo 10. Pagado el capital, el Ayuntamiento recogerá del adjudicatario el título de propiedad provisional que dio al verificarse la adjudicación, y le extenderá otro de propiedad perfecta. Hasta que posea este título de perfecta propiedad, el adjudicatario no podrá vender, hipotecar, ni de otra manera enajenar la propiedad adjudicada, que se considera hipotecada al Municipio hasta su completo pago.

Seción II

Artículo 11. Para atender el pago de la propiedad territorial ocupada en cumplimento de esta ley, y al fomento de la agricultura y de la industria, se establecerá un "banco nacional", bajo la dirección del gobierno, que se llamará "Banco Agrícola e Industrial".

Artículo 12. Este banco emitirá billetes de curso forzoso, que representen el valor de los bienes ocupados por causa de utilidad pública, y garantizados por esos mismos bienes y por el tesoro nacional. No siendo posible calcular exactamente el monto total del valor de la propiedad ocupada, el banco podrá emitir desde luego hasta la suma de 50 millones de pesos, divididos en cantidades parciales, según lo exijan las operaciones de adjudicación que se practiquen. Este banco tendrá sucursales en todos los Estados.

Artículo 13. La persona a quien se hubiere ocupado una hacienda, ocurrirá al Banco Agrícola e Industrial con el recibo que dio el Ayuntamiento que la ocupó. El banco pagará el recibo en billetes al portador, y asentará su importe con cargo al Ayuntamiento que lo expidió, en un libro que se llamará "Gran libro de la deuda agrícola e industrial".

Si el dueño de la hacienda prefiere recibir su capital en numerario en el término de diez años, recibirá un bono que represente el capital, y este capital ganará un interés del seis por ciento anual, hasta que sea amortizado.

Artículo 14. Los Ayuntamientos recaudarán en numerario las anualidades que los adjudicatarios de terrenos deben pagar, y pondrán ese numerario a disposición del "Banco Agrícola Industrial". Este numerario será destinado a amortizar los billetes puestos en circulación por el mismo Banco, y los bonos que haya emitido; y no podrá dársele otra inversión.

Artículo 15. Respecto al valor de los terrenos que se dan por capitalización de empleos, la Nación los pagará de sus rentas generales.

Artículo 16. El Banco proporcionará a los Ayuntamientos las cantidades que soliciten, para prestar a los labradores pobres, fondos destinados a atender a los gastos de labranza. Estos préstamos se harán sobre hipoteca de la propiedad adjudicada, y hasta por una quinta parte de su valor, con un premio del seis por ciento anual, o menos, si es posible.

Sección III

La industria tiene por objeto manipular y transformar los productos naturales del suelo y las materias primas que producen la agricultura: el pueblo del campo vive de la propiedad territorial y el pueblo de las ciudades vive de la industria.

Nosotros somos tributarios de la industria extranjera por 30 o 40 millones de pesos anuales, que consumimos de productos que ella elabora, y que representa una inmensa cantidad de trabajo; de aquí que nuestro pueblo industrial carezca de él, y que el minero escasee entre nosotros.

Artículo 17. Se adopta en el orden fiscal el sistema económico conocido con el nombre de proteccionista, que tiene por objeto impedir que vengan del extranjero los objetos que puedan fabricarse en el país, y facilitar la exportación de los que en el país se fabriquen.

Artículo 18. En cada estado se decretarán premios considerables y en relación con la industria de que se trate, para el primero que la establezca.

Artículo 19. Los gobiernos de los estados establecerán por su propia cuenta, en caso de que fuere necesario, por falta de iniciativa particular, fábricas y talleres de artes y oficios, donde todo hombre halle trabajo seguro y bien retribuido.

Artículo 20. El Banco Agrícola e Industrial proporcionará a las Sociedades de artesanos que quieran poner fábricas o talleres, los fondos necesarios para este objeto, con la garantía de pago de la misma Sociedad, y la hipoteca del taller o fábrica. Estos capitales se darán con el interés más bajo posible, que en ningún caso podrá pasar del seis por ciento anual.

Artículo 21. Quedan abolidas las aduanas interiores, y cualquiera otra gabela que sirva de estorbo a la libre circulación de los efectos en toda la República. Ni el gobierno general, ni los de los estados, podrán decretar contribuciones semejantes en el término de diez años.

Artículo 22. La hacienda pública se constituirá con una contribución impuesta sobre el capital.

Sección IV

Artículo 23. El único medio para asegurar la independencia nacional consiste en armar al pueblo. Nuestro ejército nos cuesta muy caro, y es impotente por su número para rechazar a un ejército invasor. En consecuencia, todo hombre útil estará armado, y sometido a una organización de guardia nacional.

Artículo 24. Para armar al pueblo, la nación establecerá tantas fábrica de armas como sean necesarias, y todo estado que tenga medio millón o más de habitantes, establecerá la suya. Siendo de 9 millones de almas la población de la República, podemos calcular tener un millón de hombres útiles. Con un millón de hombres armados, la independencia estará asegurada.

Artículo 25. El ejército permanente se reducirá a 5,000 hombres, situados en la frontera y en las fortalezas, de tropa enganchada voluntariamente. Los jefes y oficiales sobrantes, cuyos servicios sean necesarios, se distribuirán en toda la nación, con el objeto de dirigir la instrucción militar de los guardias nacionales.

Sección V

Artículo 26. Todo pueblo tendrá una escuela para cada cien niños, todo distrito tendrá un colegio de educación secundaria, y todo estado un colegio de educación superior. La educación primaria, que comprenderá la lectura, escritura, aritmética, gramática, historia patria, moral y nociones de agricultura para los niños, y además economía doméstica y labores propias de su sexo, para las niñas, será gratuita y obligatoria.

Uno de los mayores crímenes que puede cometer el hombre es dejar a sus hijos en la ignorancia, y tal crimen se castigará severa e inflexiblemente. La educación secundaria y la superior serán gratuitas, pero no obligatorias.

Artículo 27. La penalidad se aplicará a los delincuentes, según el sistema penitenciario, que tiene por objeto mejorar al hombre, en vez de acabarlo de pervertir, como sucede en nuestras cárceles y presidios.

Artículo 28. Organizada así la sociedad, y salvado nuestro pueblo de la miseria al presente, y de la ignorancia en el porvenir, se darán leyes llamando la inmigración a nuestra patria, y ofreciendo las mayores ventajas posibles.

Adicional

Esta ley se publicará por bando nacional por todas las ciudades, villas y pueblos de la República, y se imprimirán tantos ejemplares de ella, cuantos sean necesarios para que cada hombre tenga el suyo.

Dado en el Palacio del Congreso de la Unión en México, el año 68 de la independencia, y primero de la libertad el pueblo.

Fuente:

De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal. Gloria Villegas Moreno y Miguel Angel Porrúa Venero (Coordinadores) Margarita Moreno Bonett. Enciclopedia Parlamentaria de México, del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura. México. Primera edición, 1997. Serie III. Documentos. Volumen I. Leyes y documentos constitutivos de la Nación mexicana. Tomo III. p. 54.