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Siglo XIX > 1860-1869 > 1869

El ministro de Justicia refuta al procurador General de la Nación.
México, noviembre 13 de 1869.

Ciudadano procurador General de la Nación

Presente

 

En la comunicación que se ha servido usted dirigirme, con fecha 20 de octubre próximo pasado, manifiesta las razones en que se funda para considerar que los oficiales mayores de la secretaría del despacho no pueden autorizar los actos del Presidente de la República, en las faltas accidentales de los ministros.

 

De tal consideración parte usted, para opinar que se trata de un punto constitucional, cuya aclaración corresponde al Congreso de la Unión, al que conviene dirigir una iniciativa en ese sentido.

 

Impuesto del oficio de usted, el ciudadano Presidente ha acordado se expresen en respuesta los motivos que tiene el Ejecutivo para disentir de la respetable opinión de usted.

 

Verdad es que el artículo 88 de la Constitución federal previene terminantemente que todos los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente, deben ir firmados por el secretario del despacho encargado del ramo a que el asunto corresponda, siendo necesario este requisito para que sean obedecidos; verdad también que disposición tan terminante no admite interpretación en contrario; y verdad, por último, que de admitirse que los oficiales mayores autoricen los actos del Presidente, se sigue que han de disfrutar del fuero constitucional de que habla el artículo 103 de la Constitución de 1857; pero no es menos cierto, a juicio del Ejecutivo, que las dificultades mencionadas se allanan y desaparecen con la sencilla observación de que los oficiales mayores, cuando suplen las faltas de los ministros, funcionan con el carácter de secretarios interinos del ramo a que corresponda el asunto que despachen.

 

Notoria e innegable es la facultad del Presidente de la República, para nombrar un ministro interino siempre que hubiese necesidad de hacerlo. Pues bien; en vez de estar repitiendo con frecuencia tal nombramiento para cada caso en que ocurra una falta accidental de un secretario del despacho, se ha creído más conveniente nombrar oficiales mayores con ejercicio de decretos, a fin de que, con el carácter de ministros interinos, puedan autorizar los actos del primer magistrado de la nación.

 

La ventaja de semejante sistema salta desde luego a la vista. La sustitución en determinados casos de los secretarios del despacho por sus oficiales mayores, a más de expeditar la marcha de los negocios administrativos, por el conocimiento anticipado que esos funcionarios tienen de ellos, impide la acefalía de uno o más ministerios, cada vez que se deja de integrar el gabinete.

 

En cuanto al punto de legalidad, ya queda explicado cómo se salva. Sentado el principio de que los oficiales mayores no son en realidad otra cosa que ministros interinos, aplicables son los artículos constitucionales que usted ha citado.

 

El requisito del artículo 88 se llena satisfactoriamente, en razón de que los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente, van firmados por el respectivo secretario del despacho. Y el fuero constitucional, de que habla el artículo 103, queda restringido a sólo los funcionarios a quienes debe comprender.

 

Sin duda por estas circunstancias, se ha observado por una práctica casi no interrumpida, como dice usted en la nota que contesto, que los oficiales mayores de los ministerios tengan lo que se ha llamado ejercicio de decretos.

 

Esa práctica ha existido efectivamente, lo mismo antes que después de la Constitución de 1857, sin que hasta ahora haya habido quien ponga en duda la legalidad de los actos refrendados por los oficiales mayores. Este asentimiento tan general, denota que la práctica observada se ha estimado conforme a las prescripciones de nuestro código político.

 

Por los fundamentos expresados, no cree el ciudadano Presidente que haya una duda constitucional, para cuya aclaración se tenga que ocurrir al Congreso.

 

Lo que tengo el honor de comunicar a usted, como resultado de su oficio relativo al asunto.

 

Independencia y Libertad. México, noviembre 13 de 1869.

 

[José María] Iglesias

 

Fuente:

 

Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Selección y notas de Jorge L. Tamayo. Edición digital coordinada por Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Versión electrónica para su consulta: Aurelio López López. CD editado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Primera edición electrónica. México, 2006.