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Siglo XIX > 1860-1869 > 1867

La inauguración del Presidente Constitucional. Por Francisco Zarco.
Apróx. Diciembre 25 de 1867.

Sin pompa, sin aparato, y con la sencillez que cuadra a las instituciones democráticas, ha tomado posesión de la Presidencia constitucional de la República el señor don Benito Juárez, como elegido por el pueblo para el período que ha de terminar en noviembre de 1871.

Ante la representación nacional ha hecho la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución, y este acto no puede considerarse como una vana ceremonia, sino como el compromiso solemne y sincero de gobernar respetando el Código fundamental de la República y haciendo efectivas todas sus prescripciones.

El dictador de ayer investido por el pueblo del poder omnímodo, es hoy el magistrado de funciones limitadas, encargado de ejecutar las leyes y de dirigir la administración conforme a reglas fijas e invariables.

El poder de hoy, el poder de ayer se derivan igualmente del pueblo.

El pueblo lo amplía o lo restringe, según las necesidades de la República.

Para combatir, para rechazar la intervención extranjera, creyó necesario robustecer el poder, investirlo de facultades legislativas y aun sacrificar las garantías individuales.

Para consolidar la paz, para reorganizar la administración, para reparar los graves males causados por la guerra, ha juzgado indispensable que restablezca en toda su plenitud el orden constitucional y que el poder público tenga seguras y fijas limitaciones.

El mismo ciudadano ha sido llamado por el pueblo para una y para otra época.

La transformación del dictador en magistrado constitucional, no ofrece ningún inconveniente, no inspira la más leve desconfianza, porque se recuerda que el mismo ciudadano ejerció en otra época facultades omnímodas para luchar con la reacción y dejarla desarmada, y que una vez alcanzado el triunfo, se apresuró a convocar a la representación nacional y a deponer ante ella el poder omnímodo en virtud del cual había hecho dar al país grandes pasos en la senda del progreso al promulgar las Leyes de Reforma.

Juárez se sujetó entonces a la ley como el último de los ciudadanos; no alegó ningún título para sobreponerse al orden legal, no hizo valer ninguno de sus méritos de restaurador de la ley y de gran reformador, para arrogarse la dictadura, sino que sufrió resignado todos los ataques de una oposición violenta y apasionada y recogió de la prensa, cuya libertad acababa de garantizar, las saetas más envenenadas, y de la tribuna, que acababa de restablecer, las acusaciones más apasionadas.

Él siguió impasible cumpliendo con su deber, y demostró que era adicto a las instituciones, que aceptaba sus inconvenientes, que jamás su amor propio ni la pretensión de dar fuerza a la autoridad, lo inclinarían a los golpes de Estado.

Su política puede parecer en aquella época incierta y vacilante, si se recuerda hasta qué punto diferían en política los ministerios que rápidamente se sucedían.

Aquella era una triste exigencia de las circunstancias: no era el presidente, sino la opinión pública la que, como sucede siempre en la víspera de las grandes crisis y cuando se difunde el presentimiento de terribles catástrofes y de grandes calamidades, oscilaba de uno a otro extremo, buscando ansiosa medios de lograr la salvación de la patria.

Este es el carácter que presentan las manifestaciones habidas desde que asomó el peligro de la intervención.

El jefe del Ejecutivo tuvo entonces que ceder a los variables impulsos de la opinión para evitar así mayores males; pero en medio de aquellos cambios, fue siempre fiel al espíritu de las instituciones; jamás permitió que fueran conculcadas y fijó, como base invariable de su política, rechazar toda intervención y no ceder a la pretensión de que se tratara con el enemigo para apresurar el término de la guerra.

Conoció muy bien lo que significaban las declaraciones del enemigo de que traía la guerra puramente a su persona, y no a la República; y, aunque estas declaraciones engañaron a algunos y surtieron el efecto anhelado por el invasor de suscitar bastardas ambiciones, jamás alteraron la firme resolución de Juárez, de prolongar la resistencia hasta el último trance y de no aceptar la intervención.

Su renuncia de la presidencia cuando le fue pedida en el Saltillo, diciéndole que su persona era un obstáculo para que se abrieran negociaciones de paz con la Francia, no habría sido un acto de patriótica abnegación, sino de vergonzosa debilidad, mientras que su perseverancia en ejercer el poder, amenazado por el extranjero y codiciado por algunos aspirantes, no fue un rasgo de ambición, sino el más estricto cumplimiento del deber.

Gracias a aquella perseverancia, la intervención con todas sus fuerzas fue siempre impotente, y el imperio ni un día perdió la apariencia de escandalosa usurpación.

La sola existencia del gobierno constitucional invalidaba la del imperio y era una protesta viva de la República contra el gobierno extranjero.

Gracias a aquella perseverancia, no hay para qué negarlo, ha sido completa la victoria de la República, y gracias también a ella, recobró México su independencia sin ningún género de compromisos y sin disminuir en nada su soberanía.

Pasado el peligro, terminó la necesidad de la dictadura, y Juárez ahora, como en 1861, convocó al pueblo a nuevas elecciones y se apresuró a restaurar el orden constitucional.

Si en esta vez su gobierno incurrió en un error, que no cometió entonces, error cuyas trascendencias se han exagerado demasiado, esto no disminuye en nada su adhesión al orden constitucional, ni la buena fe con que ha procurado su restablecimiento.

Además, ha conocido ese error y ha vuelto sobre sus pasos, prescindiendo de las medidas extra constitucionales que había propuesto, luego que se persuadió de que no eran aprobadas por la opinión pública, y de que suscitaba, temores y desconfianzas.

La mayoría del país ha reelegido a Juárez porque tiene confianza en sus antecedentes y su patriotismo, porque sabe que no tiene más guía que el cumplimiento del deber, pero al mismo tiempo le ha advertido su deseo que por ningún motivo se prescinda de la observancia de la Constitución.

Hemos hecho ya notar la gran significación política que tiene la reelección de Juárez, tanto en la política extranjera como en la política interior del país.

El período presidencial que comienza ahora para terminar en 1871, va a abrazar una época extraordinariamente difícil, en que el principal deber del gobierno va a consistir en aclimatar, por decirlo así, el régimen constitucional, en reparar los daños causados por la guerra y en dotar a la República de una buena administración.

En este período hay que demostrar que no son incompatibles el orden y la libertad, y hay también que cuidar escrupulosamente de la dignidad y del decoro de la nación, cuando llegue el día de volver a entrar en relaciones con las potencias europeas.

El gobierno no tiene ya las dificultades ni la responsabilidad inmensa de la dictadura; tiene ahora una senda segura y bien trazada que seguir: la obediencia de la Constitución; no tiene ya que ser a un tiempo legislador y ejecutor de la ley, pero puede hacer uso de su derecho de iniciativa, puede tomar parte en la discusión de las leyes y contribuir con su experiencia al acierto del Congreso, y para todo esto debe empeñarse en mantener la armonía entre los dos poderes.

Puede también tomar como guía las manifestaciones de la opinión pública, que nunca debe ser desatendida.

Los amigos de las instituciones deben empeñarse en consolidar el orden legal, y en asegurar la duración, la respetabilidad y el prestigio del presidente en todo el período de su administración.

Esto no quiere decir que no deba haber oposición a su política, sino que esta oposición que bien puede ser patriótica, útil y saludable, debe encerrarse dentro de los límites legales, procurando dirigir la política y aun provocar crisis ministeriales sin suscitar ningún género de trastornos ni despertar bastardas ambiciones.

El orden legal no consiste sólo en la duración del presidente elegido por el pueblo, consiste en que el presidente sea el primero en sujetarse a las prescripciones de la Constitución, en que funcionen regular y libremente los otros poderes públicos y en que sean respetadas todas las autoridades de la Unión de los estados.

Igual ataque sufre el orden legal con la caída revolucionaria de un presidente, que con la disposición arbitraria de un ayuntamiento, o con el atropello de las garantías individuales.

Con ansiedad se esperaba la palabra del Presidente constitucional, al hacer la protesta de guardar la Constitución, no porque se aguardara un programa administrativo, sino porque se deseaba tener alguna promesa en el orden político, y también porque se tiene confianza en que la palabra de Juárez es siempre leal y sincera.

En el discurso del día 25 se encuentra el programa político que reclaman las circunstancias y que anhela el país, y que consiste en el fiel cumplimiento de la Carta fundamental.

"Ahora que el triunfo feliz de la República ha hecho que se pueda restablecer plenamente el régimen de la Constitución, ha dicho en su discurso el presidente, cuidaré fielmente de guardarla y hacerla guardar por los deberes que me impone la confianza del pueblo, de acuerdo con mis propias convicciones".

El país entero acogerá con júbilo esta solemne promesa y le dará el más cumplido crédito, sintiéndose seguro de que va a entrar en el goce del régimen constitucional.

"La leal observancia del pacto fundamental", añadió el presidente, "por los funcionarios federales y de los estados, será el medio más eficaz para consumar la reorganización de la República.

Se alcanzará tan importante objeto, siempre que conforme a la Constitución el poder federal respete los derechos de los estados y ellos respeten los de la Unión".

De acuerdo estamos enteramente con esta máxima de gobierno, cuya observancia es indispensable para la práctica del sistema federal para que no degenere en el despotismo del centro, ni en la anarquía de los estados, que cuando faltan a sus deberes para con la Unión, sufren ellos mismos todos los horrores del más espantoso feudalismo.

Para que se realice el programa del presidente, es preciso que se reprima toda tendencia invasora de la autoridad, y que no se disimule ninguna infracción de la Constitución por falsas consideraciones de prudencia.

Es preciso que se sepa y que se sienta que la ley es superior a todos los funcionarios públicos, y que de respetarla y acatarla no están dispensados los que gozan de popularidad, los que hayan prestado grandes servicios, los que se crean dotados de genio extraordinario, ni los que tengan el mando de unos cuantos regimientos.

Reprimir con energía toda infracción y apelar contra ella a los medios legales, será el único camino para llegar a la práctica sincera de las instituciones y a la conservación de la unidad nacional.

En el discurso presidencial no aparece un programa administrativo, y bien se comprende que esto se ha dejado al gabinete que está para organizarse.

Es de desear que el nuevo ministerio simbolice la unión del partido liberal, sea una garantía de que desde luego comienzan a tener cumplimiento las solemnes promesas del presidente, y haga concebir esperanzas de que se caminará con paso firme y seguro en la senda de la reorganización administrativa.

Francisco Zarco 

Fuente:

Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Selección y notas de Jorge L. Tamayo. Edición digital coordinada por Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Versión electrónica para su consulta: Aurelio López López. CD editado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Primera edición electrónica. México, 2006.