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Siglo XIX > 1860-1869 > 1865

Manifiesto de González Ortega contra la prórroga.
San Antonio de Béjar, diciembre 26 de 1865.

El ciudadano Jesús González Ortega, presidente constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la República Mexicana, a la nación.

Mexicanos:

Don Benito Juárez ha expedido, el día 8 del mes de noviembre próximo pasado, en el Paso del Norte, por conducto de don Sebastián Lerdo de Tejada que funcionaba como ministro de Relaciones y Gobernación, dos decretos; prorrogando en uno de ellos el ejercicio de sus funciones y destituyendo por medio del otro al presidente de la Suprema Corte de Justicia; aunque con distintos pretextos alegados en ese decreto, por la única y exclusiva razón de ser el que por la voluntad nacional expresada así al hacer en su persona la elección de vicepresidente de la república y por un precepto constitucional bien terminante, debía de encargarse del Poder Ejecutivo de la unión, desde el día 1º del presente mes de diciembre.

No era extraño este paso del Sr. Lerdo de Tejada si se recuerda su carrera política, si se recuerda que fue una de las personas que cooperaron al golpe de estado de Comonfort; golpe que dio un escándalo al mundo y escribió una página de sangre en la historia de México.

Al tocar de nuevo el suelo patrio, a donde me han traído el honor y el deber, a donde he venido a cumplir con la consigna que recibir no de don Benito Juárez, sino del voto espontáneo del pueblo mexicano, lo primero que se presentó a mis ojos fue su risueño horizonte, su suelo empapado en sangre y la destrucción de su edificio político, a tanta costa levantado.

Lo primero que vi fue los decretos que presentaban oscuro y nebuloso su porvenir.

Tras de esos decretos vi la anarquía y el desorden, tras ellos vi un ultraje al pueblo mexicano; tras ellos vi las consecuencias todas de un acto reprobado por la moral y la experiencia y un escándalo más en la historia de nuestros gobernantes que han hecho de la ley lo que más se acomodaba a su ambición e intereses personales y no a la voluntad de los pueblos.

Un pensamiento fecundo en bienes al sistema republicano había pasado por la frente de los mexicanos, el pensamiento de que aquellos escándalos habían desaparecido para siempre de nuestra esfera política, no quedándonos de ellos sino la huella dolorosa de los males que han causado.

La primera idea que me vino fue posponerlo todo a la salvación de mi patria.

¡Mi patria por cuyo bienestar, glorias y honor, ni he economizado ni economizaré sacrificio alguno, sea de la magnitud que fuere!

Mi carrera pública, si no dilatada, al menos sin mancha, es el testimonio más claro de la verdad de mis sentimientos.

Dos caminos se presentaban para la realización de mi idea.

Uno, enmudecer, no decir una palabra respecto de la ilegalidad de los decretos de que me ocupo, sacrificando aun mi propio honor en aras de la patria y retirarme al extranjero, para que los amigos de la legalidad, los partidarios de los derechos del pueblo y de las formas constitucionales, no tuvieran otra bandera que seguir que la que acababa de alzar la arbitrariedad.

El otro, protestar contra esos decretos y dejar a la nación incólumes sus derechos; no levantar una nueva bandera; porque esto sería agregar a un acto escandaloso, un acto imprudente, pero no presentar tampoco un desertor en mi persona, destruyendo así la encarnación de un principio.

Seguir por el primero, era disponer a mi arbitrio de derechos que no me pertenecen y que corresponden a la nación que me los trasmitió con sus votos; era conculcar el juramento que he prestado ante la representación nacional; era no cumplir con la consigna que recibí de los pueblos, anteponiendo a ella una modestia punible; era abandonar el camino recto y seguro para seguir otro, bueno o malo, pero que no es el que el honor y el deber han marcado.

Por otra parte, era dejar a la nación sin la posibilidad de establecer un gobierno legal, único con que ha podido hacer frente a su colosal enemigo y sostener con honor sus derechos y era autorizar un nuevo atentado contra la ley, de esos atentados que harán siempre que sea del todo imposible la existencia de una república y la paz de una nación.

Adoptar el segundo, era cumplir con un deber, era decirle a la nación que no he cooperado ni tácita ni expresamente al golpe que sus instituciones y su forma constitucional acaban de recibir; era dejarle expedito el camino para demostrar al mundo que la obra de dos hombres no es la obra de un pueblo, que el extravío de dos hombres no es ni puede atribuirse a un extravío nacional, cuyos intereses son de un origen más elevado; que México defiende y ha defendido principios y que, en este punto, debido a sangrientos y supremos esfuerzos, se ha colocado en los últimos diez años al nivel de los pueblos más cultos de la tierra; era, por último, decirle a la nación, cuál ha sido mi conducta.

El sacrificio de mi silencio no creo que influya, bajo ningún aspecto, en mejorar por nuestra parte la condición de la guerra.

Seguí, pues, este último y dirigí a don Sebastián Lerdo de Tejada la protesta respectiva contra los decretos anticonstitucionales de que he hecho mención.

Artículos Constitucionales

Art. 78. El presidente entrará a ejercer sus funciones el primero de diciembre y durará en su encargo cuatro años.

Art. 79. En las faltas temporales del Presidente de la República y en la absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 80. Si la falta del presidente fuere absoluta, se procederá a nueva elección con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 y el nuevamente electo ejercerá sus funciones hasta el día último de noviembre del cuarto año siguiente al de su elección.

Art. 82. Si por cualquier motivo la elección de presidente no estuviere hecha y publicada para el 1º de diciembre en que debe verificarse el reemplazo, o el electo no estuviere pronto a entrar en el ejercicio de sus funciones, cesará sin embargo el antiguo y el supremo Poder Ejecutivo se depositará interinamente en el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 94. Los individuos de la suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, prestarán juramento ante el Congreso y en sus recesos ante la diputación permanente, en la forma siguiente: «¿Juráis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la Suprema Corte de Justicia que os ha conferido el pueblo conforme a la constitución y mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?».

Art. 95. El cargo de individuo de la Suprema Corte de Justicia sólo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia.

En los recesos de éste, la calificación se hará por la diputación permanente,

Título IV

De la responsabilidad de los funcionarios públicos

Art. 103. Los diputados al Congreso de la unión, los individuos de la Suprema Corte de Justicia y los secretarios del despacho, son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo encargo. Los gobernadores de los estados lo son igualmente por infracción de la constitución y leyes federales.

Lo es también el Presidente de la República; pero durante el tiempo de su encargo sólo podrá ser acusado por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común.

Art. 104. Si el delito fuese común, el Congreso erigido en gran jurado declarará, a mayoría absoluta de votos, si ha o no lugar a proceder contra el acusado.

En caso negativo no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior.

En el afirmativo, el acusado queda, por el mismo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.

Art. 105. De los delitos oficiales conocerán: el Congreso como jurado de acusación y la Suprema Corte de Justicia como jurado de sentencia.

El jurado de acusación tendrá por objeto declarar, a mayoría absoluta de votos, si el acusado es o no culpado.

Si la declaración fuere absolutoria, el funcionario continuará en el ejercicio de su encargo.

Si fuere condenatoria, quedará inmediatamente separado de dicho encargo y será puesto a disposición de la Suprema Corte de Justicia.

Ésta, en tribunal pleno y erigida en jurado de sentencia, con audiencia del reo, del fiscal y del acusador, si lo hubiere, procederá a aplicar, a mayoría absoluta de votos, la pena que la ley designe.

Art. 106. Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, no puede concederse al reo la gracia de indulto.

Art. 107. La responsabilidad por delitos y faltas oficiales sólo podrá exigirse durante el período en que el funcionario ejerza su encargo y un año después.

Art. 108. En demandas del orden civil no hay fuero, ni inmunidad para ningún funcionario público.

Al conceder el Congreso facultades extraordinarias al Ejecutivo, a consecuencia de la guerra, le puso, por medio del decreto de 27 de octubre de 1862, la expresa y terminante restricción de que no podía contrariar las prevenciones del título IV de la constitución; sin que pueda inferirse que haya tenido otra razón el Congreso que la de salvar el orden constitucional poniendo a cubierto a los altos dignatarios de la República de los tiros del Ejecutivo, temiendo que éste abusara del poder y declarara que había lugar a proceder contra éste o aquel funcionario, y destruyera así el orden político existente, como acaba de hacer contra lo prevenido por la constitución, contra las facultades que le concedió el Congreso y contra toda razón notoria de conveniencia pública.

Según el artículo 95 de aquel código -la Constitución-, el cargo de individuo de la Suprema Corte de Justicia sólo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia.

En los recesos de éste, la calificación se hará por la diputación permanente.

Baste decir sobre esto que no he hecho renuncia alguna del cargo de presidente de la Corte, ni ha habido causa grave que la motive y, en consecuencia, que ni la ha calificado el Congreso ni la diputación permanente.

He insertado los artículos constitucionales que preceden para que se vea de su simple lectura su notoria infracción, no para refutar con su texto los fundamentos en que se apoyan los decretos de 8 de noviembre.

Esto último sería hacer un insulto a la conciencia pública y al buen sentido.

En los decretos mencionados y circular que los acompaña, se ha querido dar a la nación una cátedra de lógica y una explicación de nuestro derecho constitucional.

A estos medios, débiles en verdad, tiene que recurrirse siempre que faltan principios legales y razones sólidas en qué apoyarse.

Ni como magistrado ni como mexicano quiero tocar esto.

La nación juzgará.

A mí sólo me toca, por ahora, narrar lo que está colocado en la esfera de los hechos.

¡Ojalá y pudiera revelarlo todo!

¡Esto pondría de manifiesto mi conducta y explicaría la de los Sres. Juárez y Lerdo de Tejada!

No muy patriótica se presentará la de los últimos.

A los intereses nacionales corresponde por ahora callar.

El golpe de estado dado por Comonfort el año de 1857, hizo que don Benito Juárez, como presidente constitucional de la Suprema Corte de Justicia, entrara a ejercer el Poder Ejecutivo de la Unión.

Restablecido el orden legal después de una guerra de más de tres años, que fue la consecuencia de aquel golpe, se reunió el Congreso en 1861 y no habiendo persona que con un título más o menos legal sustituyera al Presidente interino de la República, en caso de falta, por estar desempeñando este encargo el presidente constitucional de la Corte, se nombró un presidente de la misma Corte, con el carácter de interino, mientras se hacía la elección en los términos señalados por la constitución.

Aquel nombramiento recayó en mi persona.

Había sido nombrado en esos mismos días, por el voto popular, gobernador del estado de Zacatecas.

Presté el juramento respectivo ante la representación nacional como presidente interino de la Corte, tomé posesión de este encargo y marché pocos días después para la ciudad de Zacatecas, a encargarme, como me encargué, del gobierno constitucional de aquel estado.

Esto pasaba el año de 1861: y tanto los últimos meses de ese año, como todos los primeros del de 1862, estuve alternativamente desempeñando el gobierno constitucional de Zacatecas, el gobierno y comandancia militar del estado de San Luis Potosí y las comandancias militares de los estados de Aguascalientes y Tamaulipas; lo último por disposición del gobierno y a consecuencia de la guerra.

En todo este período no vieron la nación, la diputación permanente, o el Congreso a su vez cuando se encontró reunido, el abandono por mi parte del cargo de presidente interino de la Corte, o la incompatibilidad que ahora encuentran los Sres. Juárez y Lerdo de Tejada y para lo que han tenido que recurrir a la autoridad de constituciones no vigentes, a fin de encontrar lo que no hallaron en la que es actualmente el pacto político de la nación.

El Congreso quiso sólo que hubiera una persona con un título cierto y reconocido que sustituyera, si llegaba el caso, al Presidente de la República y no un individuo que estuviera presidiendo los actos de las funciones ordinarias de la Corte.

Las exigencias políticas de aquella época y más en tiempos de guerra, quedaban satisfechas con el nombramiento, importando poco que la persona nombrada fuera o no gobernador de Zacatecas.

Puede haber algún inconveniente, en tiempos normales, para el desempeño de ambos cargos; pero de esto no se ha ocupado la constitución, ni yo he pretendido desempeñar ambos a la vez.

La guerra y la situación de mi patria me han llevado, no al puesto que halaga mi conveniencia particular, sino al punto que mi conciencia, mi honor y mi deber me han señalado para ser más útil al suelo en que nací.

He creído también con esto, dejar satisfecho lo que de mí reclamaría la nación como soldado del pueblo.

He referido todo lo anterior, sin querer sacar de ello un argumento.

Sólo cito hechos que ha presenciado todo el mundo y autorizándolos tácitamente el soberano.

Durante mi permanencia en Zacatecas y San Luis (Potosí) y separado de la capital de la República, el pueblo hizo la elección de presidente constitucional de la Suprema Corte de Justicia, cuyo nombramiento, previa la declaración de la Cámara, recayó en mi persona no obstante la oposición que le hizo el gobierno de don Benito Juárez con su influencia y su poder.

En esta época tenía también yo el carácter de gobernador constitucional de Zacatecas.

Esto no obstante, presté, a mi tránsito por la capital de la República en 1862, el juramento como presidente constitucional de la Corte, tomé posesión de este encargo el mismo día y marché al siguiente a incorporarme, con la división que mandaba, al ejército de oriente.

Poco después me encargué con el carácter de general en jefe del mando de dicho ejército y un poco más tarde del gobierno y comandancia militar del estado de Puebla, que desempeñé hasta la mitad del año de 1863, teniendo al mismo tiempo el doble carácter, como he dicho, de gobernador constitucional de Zacatecas.

Tampoco en todo este tiempo vio la nación, la diputación permanente o el Congreso el abandono de mi parte de la presidencia de la Corte, o la incompatibilidad de que se ha hecho mérito.

He estado donde debía estar como soldado.

Al haber caído prisionero en la plaza de Puebla, aparecieron algunas proposiciones en la Cámara, las que tenían por objeto hacer el nombramiento de una persona que me remplazara.

Ellas no fueron atendidas, porque hecho el nombramiento en mi persona de presidente de la Corte, con arreglo a los preceptos constitucionales, cualquiera otro nombramiento en este sentido sería anticonstitucional.

Así consta de las actas de las sesiones que se publicaron en esos días.

Libre de nuevo por la fuga de mi prisión, de la ciudad de Orizaba, regresé a la de San Luis (Potosí) donde se hallaba el gobierno general, instalé la Corte y me dirigí en seguida al estado de Zacatecas, no abandonando la presidencia de la Corte, como malamente se ha dicho, sino previos los requisitos que exige el reglamento interior de aquel cuerpo.

Antes de mi marcha y de mi separación de la Corte, manifesté a los magistrados que el escaparme de la prisión y no haber querido comprometer en lo más mínimo mi palabra de honor, fue con el objeto de quedar expedito para seguir luchando por la independencia de México y que estando su salvación en la guerra y no en las cuestiones de la esfera judicial, me dirigía al estado de donde era hijo y gobernador para presentar con las armas nuevos obstáculos a los invasores.

Mis compañeros aprobaron esa resolución.

Un poco más tarde me concedió la Corte la licencia que solicité.

Ocupaba ya entonces el gobierno de Zacatecas.

Yo había organizado distintas veces y conducido con fortuna en campañas anteriores a las tropas de Zacatecas; yo había sido uno de los caudillos de aquel estado en la revolución reformista y establecimiento del orden legal; yo era hijo de ese mismo estado y había recibido de él los empleos y distinciones más honoríficas; yo había sido su gobernador durante cinco años y lo era entonces por elección popular.

Esto, como era natural, me daba una no pequeña influencia en la cosa pública de aquel pueblo.

Mi conciencia y, sin temor de equivocarme, puedo asegurar que la conciencia de mis conciudadanos, sólo reclamaban mis atenciones en la organización y al frente de tropas en los momentos solemnes de la patria.

Así es de suponerse que juzgará también el gobierno de la unión.

La escena no había cambiado; las exigencias de la guerra, si no eran las mismas, es porque habían subido algunos grados en el termómetro de la desgracia por la pérdida de México y Puebla; pero intereses personales cubiertos con distinto ropaje se sobreponían al bien público.

No se había creído necesaria mi permanencia en la Corte en los años anteriores; tampoco se creyó antes de encerrarme en las murallas de Puebla.

Entonces se hallaban en pie los órganos del pueblo, velando sólo por los intereses y honor de éste.

El gobierno sólo trataba de nulificarme; sólo trataba de que no adquiriera nueva influencia en los destinos públicos por servicios prestados a la patria.

Así convenía a proyectos ulteriores.

Mi colocación al frente de tropas y de un estado demócrata y respetable, si era uno de los muchos obstáculos que México presentara a la invasión, era también un centinela que velaría por los fueros e inmunidades de la ley y un inconveniente para disponer del poder público como de propiedad particular.

El gobierno del Sr. Juárez, en vez de utilizar en pro de México mi poca o mucha influencia en Zacatecas, dio principio a intrigas privadas para colocar las cosas y las personas en otra esfera, para nulificar aquélla.

El mismo Sr. Juárez escribió particularmente a don Severo Cosío, persona que funcionaba de gobernador de Zacatecas.

Lo halagaba con la continuación en el poder.

El patriota Sr. Cosío, como era un asunto particular donde sólo se trataba de las opiniones del presidente, contestó al Sr. Juárez también con un carácter particular: que mi vasta influencia en aquel estado con la investidura que tenía de gobernador, era conveniente y hasta cierto punto necesaria, si se atendía a que en esos momento se trataba de la defensa del mismo estado.

Continuaron las intrigas.

Vinieron después comisionados por agentes del gobierno a hablar y a hacerle proposiciones de mando al Gral. don Victoriano Zamora.

El Sr. Zamora había sido gobernador constitucional del mismo estado en años anteriores.

La guerra civil podía estallar en Zacatecas por los manejos privados del gobierno y esto en los momentos mismos en que el ejército francés penetraba al interior de la República y en que Zacatecas estaba próximo a ser invadido.

El gobierno sabía que si declaraba en estado de sitio a aquel estado para nombrarle un gobernador a su arbitrio, su orden sería por mí acatada y cumplida; pero también sabía que este acto sería reprobado por el estado, que es uno de los más celosos por sus instituciones y uno de los que más podía ayudar en la defensa de la independencia bajo su régimen constitucional.

Sabía también que en esta medida no vería otra cosa la nación, que un acto dictado con solo el objeto de nulificar mi persona por miras puramente personales.

Todas estas intrigas se estrellaron en el patriotismo y buen sentido de los habitantes de aquella parte de la República.

La patria lo reclamaba todo.

Era necesario hacer a un lado lo personal y colocar al frente sólo los intereses públicos.

Mandé con este objeto una comisión a la ciudad de San Luis (Potosí), compuesta de los Sres. diputados licenciado don José María Castro y coronel don Jesús Loera, a fin de que expusieran al gobierno de una manera respetuosa la resolución firme que tenía Zacatecas de organizar fuerzas y defenderse en su calidad de Estado y cual correspondía a su buen nombre y dignidad, teniendo siempre sus fuerzas a disposición del supremo gobierno.

Llevaba también la comisión el encargo de suplicarle que no le presentara tantos tropiezos y dificultades al gobierno particular de Zacatecas, para llenar su patriótica misión.

El estado se comprometía por mi conducto a dar mensualmente las cantidades que se le señalaran.

El gobierno general había apelado al medio de colocar agentes en el estado con el pretexto de agenciar recursos ostensiblemente; pero con el objeto real de presentar dificultades para impedirme la organización de tropas.

Si recursos quería el gobierno general, recursos le ofrecía la comisión, pidiéndole sólo que señalara las cantidades.

Tuvieron algunas conferencias el Sr. Juárez, algunos de sus ministros y la comisión.

Ésta no pudo obtener una resolución satisfactoria.

Nada había más natural; tenían al frente y en tenaz oposición a dos ministros agentes secretos del enemigo como lo demostraron ellos mismos, llegando pocos días después a su punto de vista, a la traición.

Esos ministros, en su alto empleo, era natural que causaran todos los males que pudieran a la república, complicando más su difícil y violenta situación y más si se atiende a que estaban apoyados decididamente por el mismo Sr. Juárez; porque ellos a su vez lo supieron halagar con su permanencia en el poder.

La respuesta definitiva que obtuvo la comisión, fue que me manifestara que el gobierno no podía retirar sus agentes y que además no necesitaba ya fuerzas porque le eran suficientes las que mandaban los Grales. Doblado y (López) Uraga.

La comisión me dio cuenta del resultado de su encargo y de su informe inferí:

Que la mano hipócrita de la traición se hallaba en el gabinete.

¿Cómo no necesitar fuerzas para la defensa de la independencia cuando un ejército extranjero invadía el territorio nacional?

¿Cómo no necesitarlas cuando se había destruido en Puebla el ejército de oriente?

Aún me quedaba para obrar mi conciencia de mexicano y mi deber como gobernador de Zacatecas.

El Sr. Juárez salió pocos días después del estado de San Luis (Potosí) dirigiéndose al de Coahuila, a consecuencia de la pérdida de la división que le servía de escolta y que mandaba el Gral. Negrete.

El diputado don Trinidad García de la Cadena fue en esos días al Saltillo a desempeñar una comisión del gobierno de Zacatecas cerca del Sr. Juárez. Concluida su misión oficial, fue invitado por el ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación Sr. Lerdo de Tejada para una conferencia privada; se prestó a ella el Sr. Cadena y oyó del ministro proposiciones que halagaban su ambición de mando.

Se le propuso que a mi primera salida de la ciudad de Zacatecas se apoderara del gobierno de aquel estado, apoyándose en las fuerzas que mandaba como coronel; se le dijo que el gobierno aprobaría esta medida y le daría después el despacho de gobernador.

El Sr. García de la Cadena, hijo de Zacatecas, a quien ha prestado con las armas y en la esfera política importantes servicios, rehusó aceptar aquellas proposiciones, objetando que hacer lo que se le proponía era llevar la guerra civil a su estado, en vísperas de ser invadido por un ejército enemigo.

Las intrigas aún no habían concluido.

El mismo Sr. Cadena me dijo al darme cuenta de su comisión oficial:

"Noté en todas las conferencias que tuve en el Saltillo con el Sr. Lerdo de Tejada y sus agentes, que hay gran empeño porque se destruyan las fuerzas que usted ha organizado y continúa organizando.

Se les teme, porque se teme también la llegada del término del período ordinario del Sr. Juárez.

El Sr. Lerdo desea afirmar su empleo de ministro".

Mis relaciones con el gobierno general continuaron ostensiblemente en la mejor inteligencia y buena armonía.

Los sucesos de la guerra lo arrojaron a más de 150 leguas de Zacatecas y los hechos le vinieron a testificar que tenía necesidad de las fuerzas que me ocupaba en organizar.

En uno o dos meses levanté, equipé y armé una fuerte división de las tres armas.

Esa misma fuerza, levantada en medio de tantas intrigas y contra la voluntad del Sr. Juárez, no sirvió sino para cooperar dos distintas veces y de una manera bien eficaz, a la salvación de su persona y en consecuencia a la del gobierno legítimo y para obedecer ciegamente las órdenes que recibí del mismo.

He aquí las consecuencias del abandono que, se dice, hice de la presidencia de la Corte en San Luis (Potosí).

Me hallaba aún en el estado de Zacatecas al frente de la división que había organizado, cuando llegó a mi conocimiento, por conductos fidedignos, la traición que preparaba en el sur de Jalisco don José López Uraga, que mandaba como general en jefe las fuerzas más respetables con que contaba la República.

Puse esto repetidas veces en conocimiento del Sr. Juárez para que se dictaran medidas eficaces respecto de aquel general y se evitara así la destrucción de nuestro ejército.

El Sr. Gral. Corona había militado a las inmediatas órdenes de (López) Uraga; cuando se impuso de la traición de éste, pidió su pasaporte, y se retiró; tocó al estado de Zacatecas y tuvo conmigo una conferencia relativa a aquella traición.

Dio sobre esto al gobierno una relación minuciosa y oficial, poniendo los pliegos en mis manos para que por mi conducto le fueran remitidos.

Así lo hice, mandándolos con un comisionado especial.

Este comisionado fue el capitán don Marcelino E. Cavero, oficial que también acababa de separarse de las fuerzas de (López) Uraga. Cavero debía dar al gobierno informes verbales.

Se me presentaron sucesivamente otros jefes procedentes del mismo sur de Jalisco; contestes me aseguraron todos que los datos de la traición de (López) Uraga los había remitido el ilustre y patriota Gral. Arteaga al gobierno.

Últimamente he visto corroborado esto en una carta firmada por aquel malogrado general.

El Gral. don Felipe B. Berriozábal pasaba de tránsito en esos días por el estado de Zacatecas.

Me invitó para una conferencia a fin de

ponerme al corriente de la traición que se proyectaba en Jalisco.

Graves atenciones militares me impidieron presentarme a esa invitación.

El Sr. Berriozábal sin pérdida de tiempo se dirigió a los estados de Coahuila y Nuevo León, que ocupaba entonces el gobierno.

Hizo presente a éste la traición referida y exhibió las pruebas más concluyentes de ella como era la invitación que con aquel objeto se le dirigió.

Hizo más; acusó ante el gobierno, en toda forma, a (López) Uraga, por el delito de traición.

A nada se atendió.

El Sr. Juárez dio por única respuesta la siguiente: que si se había invitado al Sr. Berriozábal para traicionar, fue sin duda con el objeto de poner a prueba su constancia y firmeza.

Este general, en vista de lo anterior y del apoyo con que contaba (López) Uraga en los Sres. Juárez y Lerdo, retiró la acusación y remitió al gobierno una comunicación oficial, si bien respetuosa, concebida en términos enérgicos, pidiendo en ella que o se le vindicaba de los cargos que contra él hacía (López) Uraga, o hacía publicar documentos bien deshonrosos para el mismo (López) Uraga y para el gobierno.

Éste concedió lo que se pretendía.

El Sr. Berriozábal entonces sólo dio a luz la comunicación de que he hecho mérito y la contestación en que se le vindicaba, guardando silencio respecto de los documentos a que aludía.

Nada quiso oirse, nada quiso escucharse tenazmente por los Sres. Lerdo y Juárez.

Nada valía el dicho y datos exhibidos por personas caracterizadas; nada valían lo que reclamaba el honor de México, la moralidad de nuestro ejército y la salvación de elementos necesarios para la defensa decorosa de la independencia nacional.

Era conveniente que se destruyeran esos elementos creados, como todo el mundo sabe y lo ha visto, por los estados de la confederación con sus recursos y esfuerzos particulares; era necesario destruir el sostén del orden constitucional, para crear otros agentes y otros elementos, a fin de perpetuar, cuando fuera oportuno, el mando en manos del Sr. Juárez.

Digo esto porque no tengo otra explicación que dar a los hechos anteriores.

Además me autorizan para decirlo los hechos mismos y lo que he oído de los labios del Sr. Lerdo.

"Nada importa la destrucción de lo existente; las grandes causas se salvan por sí mismas; nuestra cuestión por hoy es vivir".

A nadie se ocultan los muchísimos medios de que puede disponer un ministro para complicar una situación y hacer que se destruyan por sí mismos los elementos en que descansa un orden político. A nadie se oculta que esto pueda hacerse sin responsabilidad ostensible ante las masas, aunque no de la misma manera ante el juicio severo de la historia.

A nadie se oculta la facilidad con que pueden ponerse en práctica maquinaciones de esta naturaleza, cuando hay un ministro que gobierna a su arbitrio, una vez que sabe halagar la pasión dominante de un presidente.

Se hallaban en la ciudad de Zacatecas dos fuertes divisiones de las tres armas con un gran tren de artillería.

Mandaba una de éstas el Gral. Doblado; la otra estaba a mis órdenes.

De ambas podía disponer el gobierno, como lo hizo cuando lo estimó por conveniente.

Ambas se hallaban a unas cuantas jornadas de la plaza de San Luis.

Esto no obstante, se dio orden terminante al Gral. Negrete para que atacara aquella plaza con sólo la división que se hallaba a sus órdenes.

Quedó ésta destruida completamente en el ataque.

Después fue derrotada también aisladamente en Matehuala la división del Gral. Doblado.

Más tarde concluyó la mía en Majoma.

En una conferencia que tuve con el Sr. Juárez en Monterrey, en presencia del ministro de la Guerra, le hice notar que no era remoto que la nación juzgara de una manera desfavorable al gobierno y a los que teníamos en nuestras manos los elementos de su defensa, por la pérdida en fracciones de esos mismos elementos, porque aunque no hubiera estas intenciones, los hechos parece que las demostraban.

En agosto del año pasado se acordó la retirada del gobierno y de nuestras fuerzas de los estados de Nuevo León y Coahuila.

El Sr. Gral. Negrete, estando entonces encargado de la cartera de Guerra, fue revestido con el doble carácter de general en jefe de nuestras fuerzas.

Se componían éstas de dos divisiones.

Mandaba una el Gral. Alcalde; la otra estaba a mis órdenes, siendo la misma que organicé en Zacatecas.

En la ciudad de Saltillo recibí orden del general en jefe para marchar al punto de la Angostura, ponerme al frente de las dos divisiones y dar una batalla ese día si el enemigo se prestaba a librarla; y en caso contrario retirarme con las fuerzas la noche de ese mismo día rumbo a la villa de Monclova.

Así lo hice habiendo puesto en práctica lo segundo por no haber tenido lugar lo primero.

Poco después de mi retirada me uní con el Gral. Negrete que tenía su cuartel general en el Saltillo. A la mañana del día siguiente las fuerzas y el gobierno quedaron reunidos.

De esta manera se caminó hasta la hacienda del Anhelo.

De este punto resolvió el gobierno marchar por la vía de Parras para Chihuahua.

Arrastró consigo al Gral. Negrete, que era el ministro de la Guerra.

La responsabilidad de salvar a nuestro ejército se confió a mi cuidado, aunque de una manera tácita porque no recibí nombramiento alguno de general en jefe, sino la orden de seguir a retaguardia por la vía que el gobierno llevaba.

Son de notarse las circunstancias en que se me dejó esta responsabilidad.

El ejército no tenía en lo absoluto víveres de alguna clase; no contaba con un solo peso en sus cajas, se encontraba en los puntos más despoblados del territorio nacional y tenía que pasar por una gran parte del penosísimo desierto que carecía aún de grano y pastura para el ganado.

En ese mismo desierto estaba expuesto a ser cortado por el ejército francés y en momentos en que tocara casi a su aniquilamiento físico por falta de los elementos que he mencionado.

Es también de notar, que si el ejército no contaba con un solo peso para cubrir sus más imperiosas necesidades, no era por falta de medios que pudieron haberse puesto en práctica anticipadamente y más cuando su retirada había estado proyectándose hacía más de dos meses.

El gobierno acababa de abandonar una plaza que había ocupado por algunos meses, de grandes recursos, como era la de Monterrey y podía disponer y disponía de los productos de las aduanas fronterizas de Matamoros y Piedras Negras.

Emprendí la marcha de conformidad con las órdenes que había recibido.

En el camino di aviso al gobierno que el ejército francés se hallaba de nuestras fuerzas a cuatro leguas de distancia.

En contestación recibí una carta-orden firmada por don Sebastián Lerdo de Tejada.

Me decía en ella que abandonara y perdiera toda nuestra artillería y trenes, limitándome a salvar el personal de nuestro ejército, a cuyo efecto podía tomar un camino excusado y a propósito.

Rápida y violentamente contesté al Sr. Lerdo de Tejada que el cumplimiento de la orden que acababa de recibir, daría por resultado no salvar el personal de nuestro ejército, porque abandonábamos voluntariamente los elementos que teníamos para hacerlo, dejando al mismo tiempo comprometido el honor de nuestras armas.

Le dije también que si no obstante mis observaciones, el gobierno insistía en aquella orden, se sirviera comunicármela oficialmente para eximirme de toda responsabilidad.

Mis razones fueron atendidas entonces y el ministro me contestó que el gobierno aprobaba mi determinación de no perder anticipadamente nuestros elementos, sino encomendarlos a la suerte de una batalla.

El ejército francés esquivó ésta por entonces.

Seguí mi marcha sin interrupción, si bien perdiendo en el desierto una tercera o cuarta parte de nuestro ejército, centenares de acémilas y la mayor parte de nuestras municiones de guerra.

Di aviso al gobierno, que se hallaba en la villa del Álamo de Parras, que notaba síntomas de disolución en nuestras fuerzas, por causa de la escasez y a consecuencia de los sufrimientos físicos que había experimentado por ella.

Recibí una orden firmada por el señor ministro de Relaciones, en que se me prevenía no separarme del lado de nuestras tropas para evitar la primera.

En la hacienda de Santa Rosa citó el gobierno una junta de generales, oyó el parecer de éstos y me confirió, después de oír también la opinión de sus Ministros, el mando en jefe de nuestro ejército.

Se me dieron además facultades extraordinarias para proporcionarme recursos metálicos, de que carecía en lo absoluto el ejército, pero con la restricción de obrar en este punto de acuerdo con el Gral. Patoni.

El Sr. Patoni es el gobernador constitucional de Durango y ha ilustrado su nombre por servicios prestados a su patria.

El gobierno y el ejército se hallaban entonces en el estado del que era gobernador aquel general.

Me dirigí al mismo, ordenándole oficialmente, que por vía de préstamo agenciara, con la mayor prontitud de las haciendas y rancherías inmediatas, algunos miles de pesos, para subvenir de pronto a las más imperiosas necesidades de nuestros soldados.

Patoni me contestó el mismo día, haciéndome presente la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden, por la miseria en que la guerra había dejado a los habitantes de aquellas comarcas.

Si esto era una verdad, no lo era menos que la situación en que yo y las tropas nos encontrábamos, era casi desesperada por la intencional imprevisión del gobierno.

En estas circunstancias era cuando se me encargaba el mando del ejército, para que su disolución, que era casi inevitable, tuviera lugar en mis manos.

El partidario más firme que tenía en el gabinete al tratarse del nombramiento de general en jefe, era precisamente don Sebastián Lerdo de Tejada.

Este informe lo he recibido del ministro de la Guerra.

Hay que notar, que si era mala la condición de nuestro ejército al retirarse de Anhelo, había empeorado notablemente, como era natural, por las causas que he reseñado.

Hay también que notar, que al encargárseme el mando en jefe, el gobierno contaba en sus arcas con algunos millares de pesos, para sus atenciones y las de sus empleados.

Se prefería todo esto a la salvación de nuestro ejército, de ese ejército cuyos sufrimientos tocaban al heroísmo y que tantos esfuerzos costara a los estados de Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Tuve conocimiento de esto, así como muchos de nuestros generales, por el informe que en presencia del mismo gobierno dio el ministro de la Guerra.

El hecho es que ni un solo peso se ministró a nuestras tropas.

Quiero ser justo y verídico.

Parte de esas mismas tropas se habían organizado a la sombra del gobierno en Nuevo León, si bien debido al empeño, para con el mismo gobierno, del Gral. Negrete y a su notoria actividad.

En la junta de generales que he citado, presenté mi opinión en estos términos, que oyó el gobierno perfectamente: que aunque opinaba en general porque no se destruyeran aisladamente los elementos con que contábamos, valiéndonos de la extensión de nuestro terreno para sólo combatir cuando fuera oportuno y con ventaja contra un enemigo poderoso, creía por entonces que era absolutamente indispensable librar, con cuanta prontitud fuera posible, una batalla, fuera cual fuese el punto en que se encontrara el enemigo, su número y los auxilios que pudiera recibir, porque de esta manera, si la fortuna nos era propicia, nos apoderaríamos de alguna ciudad o estado de importancia o, en caso contrario, sería destruido nuestro ejército, lo que era preferible a que se destruyera por la miseria con deshonra del gobierno y de nuestras armas.

Emprendí mi movimiento de Santa Rosa y me coloqué entre los estados de Durango y Zacatecas. Ambos estaban ocupados por el ejército invasor.

Pocos días después tuvo lugar la jornada de Majoma.

Los azares de la guerra nos hicieron perder uno de los puntos que ocupaba nuestra tropa y parte de nuestra artillería.

Volvió a recuperarse todo.

Volvió a perderse de nuevo.

La muerte de los bravos coroneles Fernández y Villagrana que mandaban batallones de Zacatecas, así como la muerte de otros jefes y oficiales de distintos cuerpos, pero muy especialmente las heridas que recibiera el Gral. don Eugenio Castro, a quien encargué en esos momentos una carga de caballería, introdujo algún desorden en nuestras fuerzas.

El desorden desapareció bien pronto, debido a nuestra oficialidad.

A la vista del enemigo y entre el fuego quedaron poco después compactos y arreglados nuestros cuerpos de guardia nacional.

Eran en esos momentos las últimas horas de la tarde.

Esto, el cansancio producido por el combate, la postración física que trae consigo la escasez de todo género, las penosas fatigas del desierto, todo, todo me hizo ver que nuestros nacionales nada más podían ya.

Dispuse su retirada; se efectuó en el mayor orden al frente y a la vista de las fuerzas francesas.

Éstas no se atrevieron a dar un paso sobre nosotros.

Quedaron sólo dueños de una parte de nuestra artillería y de los cadáveres de nuestros bravos y patriotas milicianos, que se hallaban regados sobre el campo.

No he tenido intención de narrar aquí pormenorizadamente las circunstancias de aquella jornada desgraciada.

Cumplí este deber en el parte oficial que rendí al gobierno.

Para mi objeto, que ha sido enlazar los sucesos, baste lo dicho.

Baste también decir por conclusión sobre esto:

Nuestras fuerzas caminaron en el mayor orden hasta la villa de San Miguel del Mezquital y en la noche del mismo día que tuvieron lugar los sucesos de Majoma se disolvieron.

Ninguna orden fue posible a evitar este mal.

Cada cual creyó que había cumplido con su deber, cada cual creyó más conveniente hacer la guerra en fracciones y por su cuenta.

La expectativa, por otra parte, eran la escasez y el desierto.

El Sr. Juárez se hallaba en la villa de Nazas esperando el resultado de mi expedición.

Más de un centenar de jefes y oficiales corrieron para aquella villa a pedir órdenes, instrucciones o facultades al gobierno para continuar la guerra bajo otros auspicios.

Aquél no esperó a persona alguna.

Supo el descalabro de nuestras fuerzas y se retiró a Chihuahua, ciento cuarenta leguas distante del punto que ocupaba.

Los restos insignificantes de nuestro ejército de nacionales, los dejé a las órdenes de los Grales. Quezada y Carbajal, mientras el gobierno disponía lo conveniente.

Di el parte oficial de que he hecho mención y, al acusárseme el correspondiente recibo, se me ordenó que entregara las fuerzas que quedaban de nuestro ejército al Gral. Patoni.

Así lo hice.

En la conferencia verbal que tuve con el gobierno le hice presente que se conservaba también una pequeña escolta de caballería que me acompañaba y que aun de ella podía disponer.

Este era mi deber.

A los dos o tres días, recibí una orden oficial para que entregara la escolta.

La orden quedó cumplida.

Tácitamente quedaba a disposición del gobierno con mi carácter de general, pero no conforme con esto, oficial y verbalmente, le hice presente que estaba a sus órdenes y que podía disponer de mi persona como lo estimara por conveniente.

Ya no mandaba, pues, ni ejército, ni división, ni brigada, ni compañía.

Ya no tenía comisión alguna militar que desempeñar; ya no tenía ni aun escolta.

Agréguense a estos hechos otros de más importancia respecto de lo que dice el gobierno en uno de sus decretos: que "teniendo el carácter de general del ejército, he ido a permanecer voluntariamente en el extranjero durante la guerra sin licencia del gobierno y con abandono del ejército, de sus banderas y de la causa de la república" y lo que dice también "del delito oficial de abandono voluntario de la Corte de Justicia".

Parte de los hechos que voy a referir los han presenciado personas bien caracterizadas, algunos del estado de Chihuahua y los otros los sabe el mundo todo.

Hay otros sancionados con la firma del gobierno.

Si hago algunas observaciones, serán las que se desprendan naturalmente de los hechos.

Llegué al estado de Chihuahua, después de los sucesos de Majoma, en los últimos días del mes de septiembre de 1864.

Permanecí en el mismo estado hasta fines de febrero de 1865 en que salí para el extranjero.

En todo este tiempo, Chihuahua ha sido la residencia del gobierno general.

Cerca de tres meses, del tiempo que he señalado arriba, viví en la misma ciudad, donde residía el gobierno.

En todo este tiempo no he recibido tropas que mandar para defender las banderas y causa de la República.

No he recibido comisión grande o pequeña para su desempeño con carácter militar.

No he recibido la más ligera indicación de que se utilizarían mis servicios y buena voluntad en pro de la patria; de que se deseaba, aunque fuera en las apariencias, ocuparme.

El gobierno deseaba verme sin tropas, sin la posibilidad de adquirir nueva influencia a la sombra de las armas.

Deseaba verme sin un apoyo positivo; el que me daba la ley era entonces débil a los ojos del gobierno.

En esos días debía de bajar del poder por exigirlo así un precepto constitucional, o en esos días tenía que dar una interpretación a la ley para ensanchar un año más su periodo constitucional.

Llegó el 30 de noviembre de 1864, cuarto año de la elección del Sr. Juárez.

Ese día le dirigí una comunicación a aquel alto funcionario, por conducto de don Sebastián Lerdo de Tejada con su carácter de ministro de Gobernación, preguntándole si me entregaba el poder supremo al día siguiente, por haber cesado su período legal; o en caso contrario, le dije, que diera a la ley constitucional la interpretación que juzgara por conveniente, para evitar la anarquía, robustecer el legal ejercicio de las funciones del Presidente de la República y dejar incólume nuestra ley fundamental, ley que ha sostenido el pueblo mexicano con su sangre durante el período de ocho años.

En el concepto, agregué, que yo sería el primero en acatar aquella resolución.

Ésta se me dio el mismo día 30 de noviembre con la nota de haber sido acordada en junta de Ministros. Traía la firma del Sr. Lerdo de Tejada.

Se decía que el período constitucional del presidente Juárez no concluía ese año (1864), sino el 30 de noviembre de 1865, según lo prevenido en la constitución.

Ahora se dice también que según la misma constitución continúa ejerciendo el poder supremo.

Insertaré aquí las mismas palabras que usó el ministro en su nota oficial, al sacar la consecuencia de las razones que dejaba asentadas.

En tal virtud, decía, la fecha del término del período del C. Presidente de la República, no es sino el 30 de noviembre del próximo año de 1865, conforme al evidente tenor literal del artículo 80 de la constitución.

En la misma comunicación se me declaraba presidente de la Corte.

Esa declaración ni la pretendía yo, ni la exigía la época; ni la necesitaba por mi parte, ni la reclamaban los intereses políticos de México.

Yo fui nombrado, por la nación, presidente constitucional de la Corte en 1862 y la Cámara lo declaró así de una manera solemne.

El decreto en que se hizo esta declaración, lo sancionó el Ejecutivo y se publicó en toda la República.

Ni la prensa o la opinión pública, ni los ayuntamientos o autoridades municipales, ni los gobernadores o legislaturas de los estados, pusieron en duda mi elección, o que hubiera dejado de ser el presidente de la Corte.

La nación tenía hecho el nombramiento de sus autoridades supremas conforme a su ley fundamental, único origen y fuente de autoridad entre nosotros.

No necesitaba, pues, algún otro nombramiento o declaración.

Ésta sólo convenía a los proyectos posteriores de los Sres. Lerdo de Tejada y Juárez.

Proyectos que tenían otras tendencias y no las de conservar inmaculada la ley, cuyo depósito encargara la nación a la lealtad del segundo.

Se quería que desapareciera el presidente constitucional de la Corte, el elegido del pueblo y sustituirlo con otro nombrado por don Benito Juárez, para destituirlo a su vez cuando así le conviniera.

Éstas han sido las tendencias del gobierno desde la ciudad de San Luis.

Posteriormente no ha perdido oportunidad alguna para ponerlas en juego, aun cuando esa oportunidad no lleve el sello del patriotismo.

Así lo hizo a su llegada a los estados de Nuevo León y Coahuila, expidiendo un decreto para la reunión de los magistrados de que se compone la Corte.

Me hallaba entonces mandando una división que operaba contra el ejército francés en el interior de la República.

No se miraba otro objeto en aquel decreto que el de nombrar un presidente de la Corte que debiera su creación y su nombramiento al Presidente de la República y que no tuviera el prestigio que da el pueblo con su voto al que elige para sustituir al magistrado supremo de la nación.

El decreto no tuvo efecto alguno.

Por decoro del puesto que he ocupado y también por decoro y dignidad de la nación, única que tiene derecho para nombrar a sus autoridades supremas, darles poderes y retirárselos conforme a la ley, he conservado intacto el depósito que me encomendara el pueblo.

En mi correspondencia oficial, para con el mismo gobierno, seguí usando el título que recibí de mis conciudadanos de presidente constitucional de la Suprema Corte de Justicia.

La resolución dada por el gobierno de continuar un año más en el poder fue acatada por mí y así lo protesté anticipadamente, deseando sólo que se diera una inteligencia a la ley constitucional; que se le fijara un sentido determinado.

Ni entonces ni ahora he pretendido el poder por sólo el halago que puede ofrecerme en lo personal; en épocas más bonancibles y menos luctuosas, en que me ha sonreído la fortuna y el aura popular, pude haberlo obtenido por vías que no marca la ley; pero que a veces santifican en un jefe afortunado, las transiciones, las exigencias tempestuosas de una revolución; pero entonces y ahora mi único programa ha sido la voluntad del pueblo expresada en su ley fundamental.

Entonces y ahora sólo he deseado que el respeto a esa misma ley sea la base en que descanse la columna que sostenga nuestras instituciones y el que nos abra la ancha vía del progreso y del adelanto, como ha acontecido en la gran República en cuyas fronteras escribo estas líneas.

Entonces y ahora sólo he pretendido que la ley quede con toda su majestad, con todo el prestigio que le da siempre un pueblo culto, a fin de que no esté expuesta a ser juguete de malas pasiones.

Entonces y ahora he ambicionado mucho, mucho; pero por esto mismo no se han limitado mis aspiraciones a sólo el poder.

Estas por desgracia han sido algo vulgares en nuestro país y yo he ambicionado algo más original, más noble y más elevado.

He ambicionado de toda preferencia ver a mi patria con gloria, grande y feliz bajo los auspicios de la libertad, a la sombra de la ley, bajo la égida del verdadero gobierno del pueblo.

He ambicionado si se quiere el poder, pero por esos medios honrosos, legales y permitidos, que han dejado siempre tranquila mi conciencia y que no pueden avergonzarme ni ante mis conciudadanos, ni ante el mundo, ni ante la historia.

Regístrese mi vida pública y un solo hecho no desmentirá mis palabras.

Quien no ha llevado siempre otra bandera que la de la ley que le diera el pueblo, quien ha sacrificado a su amor propio y a sus ambiciones, a sus amigos y a sus partidarios en aras de la ley y del deber, quien con fortuna ha cooperado a crear una situación nueva en su país y colocado al frente de ella, pone esa situación a los pies del que llama la ley, quien ha combatido lealmente por ésta y no ha oído ni querido oír proposición alguna que esté colocada fuera de ella, tiene un derecho, además del deber que le impone su juramento, de exigir del infractor, llámese como se llamare, que vuelva a la ley sus prerrogativas y privilegios, si esas prerrogativas y privilegios han sido conculcados.

Permítaseme la precedente digresión.

Mi comunicación oficial y la contestación del gobierno de que me he ocupado, se publicaron en el Periódico Oficial.

En la ciudad de Chihuahua no había siquiera la posibilidad de establecer la Corte.

Todos los magistrados se hallaban a inmensas distancias, a excepción del Sr. licenciado don Manuel Ruiz.

No se me había encargado tampoco, como he dicho, comisión alguna militar.

Para quitar aun el pretexto de que se dijera que trataba por mi parte de desprestigiar al gobierno, mezclándome en las reuniones para dar el nombre de mi posición política como una bandera a los descontentos, que nunca faltan y más en las situaciones violentas y agitadas, me retiré voluntariamente de lo que llamamos buena sociedad.

Me privé aun de esos momentos de inocente solaz, no obstante la benévola y cordial acogida que tuve en lo particular de los caballerosos habitantes de aquel demócrata e ilustre estado.

Mi permanencia, pues, en Chihuahua, además de ser sin objeto alguno de utilidad pública, me era altamente penosa y mortificante.

En atención sólo a lo primero, dirigí una carta al presidente C. Benito Juárez, el 28 de diciembre de 1864.

Del contenido de aquella pieza no se ocuparon los decretos de 8 de noviembre.

En ella le decía que, habiendo terminado el negocio que me llevara a aquella ciudad -el de saber si había terminado o no su período legal-, me hallaba en ella sin objeto alguno desde principios de octubre de ese año, fecha en que por orden suya había entregado el mando de las fuerzas al Gral. Patoni; que no estaba instalada la Corte, ni había siquiera la posibilidad de instalarla; que, además, el estado a que habían llegado las cosas hacía posible una crisis y que, estando reunidos el Presidente de la República y el presidente de la Corte, no sería remoto que ambos cayeran en una celada con grave perjuicio de la nación, por no quedarle a ésta medios para establecer un gobierno legítimo; que por estas razones le pedía que me concediera una licencia como presidente de la Corte y mandara que se me extendiera un pasaporte como soldado para dirigirme al interior de la República, o a cualquiera de las poblaciones situadas en sus costas, aun atravesando por mares o territorios extranjeros, según yo mismo lo estimara por conveniente, a fin de continuar seguir sirviendo a mi patria.

Remití también oficialmente esta solicitud, sólo omitiendo en ella el contenido de lo que va de letra bastardilla (Ver Nota 1) por no creer conveniente colocarlo en un documento oficial.

Era no obstante una de las más fuertes razones en que apoyaba mi solicitud.

Mi carta y comunicación fueron leídas en junta de ministros y atendidas como era natural mis razones.

El día 29 me contestó el Sr. Juárez de absoluta conformidad, diciéndome:

"Ya queda acordado que se le conceda a usted la licencia y pasaporte que solicita y oportunamente entregarán a usted los respectivos ministerios los documentos indicados".

El 30 recibí la licencia que se me concedía como presidente de la Corte por el ministerio de Justicia y el pasaporte, como soldado, por el ministerio de Guerra.

Inserto aquí íntegro este último documento, porque en los decretos y circular a que me he referido, intencionalmente se ha hecho omisión de si saqué o no pasaporte como soldado al salir del país, para decir, que "he ido a permanecer voluntariamente en el extranjero, durante la guerra, sin licencia del gobierno y con abandono del ejército, de sus banderas y de la causa de la República":

Secretaría de Estado y del despacho de Guerra y Marina.

Sección 1ª

Con esta fecha me dice el ciudadano ministro de Justicia, Fomento e Instrucción Pública lo que sigue:

'Con esta fecha digo al C. presidente de la Suprema Corte de Justicia lo que copio:

«En vista de la solicitud de usted, relativa a que se le conceda licencia como presidente de la Suprema Corte de Justicia, para pasar a puntos no ocupados por el enemigo, a fin de continuar defendiendo con las armas la independencia de México, el C. presidente se ha servido acordar, en junta de ministros, que se conceda a usted licencia por tiempo indefinido, hasta que vuelva a presentarse en la residencia del gobierno, o hasta que el mismo gobierno llame a usted o le dé alguna comisión, pudiendo usted, entretanto, dirigirse, bien sea directamente, o bien atravesando de tránsito el mar o algún territorio extranjero, a puntos de la República Mexicana no ocupados por el enemigo, para continuar defendiendo la independencia nacional con las fuerzas que pueda usted levantar; bajo el concepto de que, en las operaciones militares que emprenda, obrará usted de acuerdo con el gobernador y comandante militar del estado respectivo, o con los demás jefes de fuerzas republicanas, para que, en combinación con las levantadas por usted, hostilicen a las contrarias, dejando siempre expedita la acción de las autoridades que ejerzan mando político o militar, con nombramiento del gobierno supremo, o de sus delegados competentemente facultados para expedirlo».

«Dígolo a usted de orden suprema, en contestación a su oficio relativo de 28 del que acaba.»

Y tengo el honor de comunicarlo a usted para los fines correspondientes.

Y lo traslado a usted por lo relativo al ramo de Guerra.

Independencia y Libertad, Chihuahua, diciembre 30 de 1864.

M. Negrete.

C. general de división, Jesús G. Ortega.

Presente.

Del tenor literal del documento inserto se deduce:

1.- Que he tenido licencia como presidente de la Corte y pasaporte como soldado para salir del país y atravesar por territorio extranjero.

Ya se verán las causas que motivaron mi permanencia fuera del país.

2.- Que no he llevado orden determinada para organizar esta o aquella fuerza, para crear estos o aquellos elementos en tal o cual fecha, para salir en tiempo señalado a esta o aquella parte del territorio nacional después de mi travesía por territorio o mar extranjero; sino que sólo se me ha dicho, que en defensa de la independencia haga lo que pueda, en territorio nacional no ocupado por el enemigo, pudiendo dirigirme por el punto que estime por conveniente.

3.- Que la licencia que se me diera acordada en junta de ministros fue por tiempo indefinido, hasta que yo volviera a presentarme en la residencia del gobierno, o hasta que el mismo gobierno me llamara o me diera alguna comisión, manifestando con esto que ni como presidente de la Corte, ni como general me necesitaba por entonces y que con uno y otro carácter era conveniente que estuviera lejos de la residencia del gobierno, hasta nueva orden.

4.- Que el gobierno en vez de darme una autorización para organizar fuerzas en tal o cual parte; facultades para proporcionarme recursos en tales o cuales puntos, lo que se ha hecho con centenares de personas, facultando a algunas de ellas para que a su vez autoricen a otras y lo que se ha hecho aun con simples guerrilleros destituidos algunos hasta de moralidad; en vez de extenderme, aunque fuera un simple pasaporte para caminar como lo pretendía, se me dijo y previno que, con las fuerzas que levantara, obrara en combinación con los gobernadores, comandantes militares y con los demás jefes de fuerzas republicanas, dejando siempre expedita la acción de las autoridades que ejerciesen mando político o militar con nombramiento del gobierno supremo, o de sus delegados.

Esto es, que el gobierno me prevenía que no hiciera cosa alguna en defensa de la nación; porque perdido como temamos al estado de Zacatecas, ¿qué fuerzas iba a levantar?

¿En qué puntos podía hacerlo?

¿De qué recursos iba a disponer?

¿Con qué facultades podía proporcionármelos?

Un gobernador o comandante militar, perdida la capital de su estado, sin recursos y con necesidad de proporcionárselos para hacer frente a una situación extraordinaria, ¿podría facilitármelos o concederme la facultad de agenciarlos, cuando esa facultad me la negaba el gobierno de la unión?

¿Podría hacer esto un delegado del gobierno o un agente de ese mismo delegado, cuando su círculo de acción debería ser más reducido y limitado?

¿Podría ponerse a mis órdenes un simple capitán de guerrilla, a fin de que, sirviendo de centro su fuerza, pudiera yo levantar, moralizar y disciplinar mayor número de soldados, cuando el gobierno le prevenía en mi pasaporte que sólo obrará en combinación conmigo?

Queda, pues, demostrado, por ahora con hechos, que tenía licencia y pasaporte para salir y atravesar de tránsito por el extranjero.

Queda también demostrado que tenía por la nación el título de presidente de la Corte, cuyo cargo ni aun podía ejercer entonces en la esfera judicial, por la imposibilidad de que se reuniera aquel cuerpo y que conservaba sólo el nombramiento para sustituir al Presidente de la República, conforme a las prevenciones de la ley.

Queda por último demostrado que me hallaba sin comisión alguna militar, sin ejército, sin fuerzas aunque fueran en pequeño número, sin elementos para hacer la guerra y con todas las trabas y estorbos oficiales puestos por el gobierno.

No me desalenté por aquella disposición del Ejecutivo.

No me era extraña; la esperaba ya.

Mis servicios a la patria me darían influencia en ella y mi influencia se oponía a otros engrandecimientos personales.

Recordaba hechos recientes, hechos en que se me había presentado toda clase de dificultades y en que, sobreponiéndome a ellas, le había ofrecido de nuevo mi espada y mi persona al hermoso México, a mi desgraciada patria.

¿Qué importaba una dificultad más?

En vista de las noticias que tenía del interior y de la resolución del gobierno, determiné colocarme a una gran distancia de éste.

Desconfiaba de mí mismo.

Desconfiaba hacer lo que fuera más conveniente a México.

Deseaba el acierto y buscaba la luz.

Me aconsejé de dos ciudadanos que por su ilustración y notorio patriotismo daban toda clase de garantías.

Esos dos ciudadanos formaban una parte del círculo del gobierno del Sr. Juárez, eran de sus más celosos partidarios y le servían de apoyo y sostén; los suponía, como era natural, con la ciencia de los hechos y al corriente de las exigencias de la época; estaban además revestidos de un carácter público como diputados al Congreso general; eran los Sres. don Guillermo Prieto y don Francisco Urquidi.

Ambos opinaron porque tomara la vía de los Estados Unidos, tanto porque era la única que quedaba para dirigirme por el atlántico, atravesar el continente por Panamá y entrar por Acapulco a los estados del sur de la República, como para hacer algo o examinar lo que pudiera hacerse en la gran República americana, en favor de México.

Acepté este consejo y emprendí mi marcha.

Es de advertir que nada de lo relativo a mi viaje ignoraba el gobierno y que al llegar a El Paso del Norte me encontré con una orden que diera el mismo gobierno al administrador de aquella aduana, para que se permitiera el paso de mi equipaje para los Estados Unidos.

Esta orden había sido solicitada por mis amigos.

Pasaba por la ciudad de Santa Fe, capital del territorio de Nuevo México.

Las supremas autoridades de aquel territorio me manifestaron que se encontraba en la misma ciudad un extranjero de origen húngaro y que se decía comisionado especial por el gobierno de México para enganchar voluntarios, agenciar un empréstito de algunos millones e hipotecar los productos de las aduanas marítimas del pacífico.

Me dijeron también que había exhibido los documentos que acreditaban su comisión, pero que entendían que aquellas piezas eran apócrifas o supuestas, porque la falta de representación de aquel individuo, la circunstancia de ser desconocido su nombre y su persona de todos los mexicanos residentes en aquella ciudad y su carácter de extranjero en México, les hacía creer que no podía habérsele encargado una comisión de tal importancia, una comisión que las naciones no encomiendan, según las prácticas establecidas, sino a sus propios hijos; que por tales circunstancias me pedían sobre esto algunos informes, para que en el supuesto que aquel personaje fuera un impostor, aprehenderlo y remitirlo a las autoridades mexicanas.

Yo no tenía más antecedentes de aquel extranjero apellidado Jaymes, que los de habérseme presentado una vez con una carta de introducción y con el carácter de coronel, solicitando un empleo militar en las fuerzas de mi mando, empleo que no le concedí por falta de informes.

Los que adquirí después, fueron que aquel personaje era uno de tantos que viajan por el mundo, en pos de gloria, de fortuna y de aventuras.

Volví a verlo tres o cuatro veces.

Me impuse después de los documentos que acreditaban su comisión.

Esteban en toda forma firmados por don Sebastián Lerdo de Tejada.

Se le autorizaba para que enganchara una fuerza hasta de 2,000 hombres en el extranjero, para que agenciara una suma de algunos millones y pudiera subvenir a las atenciones de aquélla y en fin, para que hipotecara, como garantía de esta suma, los productos de algunas de las aduanas marítimas del pacífico.

Siendo bien notorios los talentos del Sr. Lerdo de Tejada, es de suponerse que sólo quiso cubrir las apariencias, autorizando a un extranjero para que hiciera tal o cual cosa, con el convencimiento pleno que nada haría.

Dije a las autoridades de Santa Fe, la clase de comisión legal que llevaba el personaje húngaro y les di las gracias por su celo en favor de México.

Mi llegada al centro de los Estados Unidos tenía lugar en los momentos mismos en que concluía la guerra de esta gran nación.

La prensa toda se ocupó de mi llegada, como una muestra de profunda simpatía de este país para el pueblo mexicano.

Otro tanto hizo la prensa del continente y no menos la prensa europea.

En los Estados Unidos se creyó que traía alguna comisión de mi gobierno y se creyó también que eran los momentos más oportunos, como efectivamente lo eran, de realizar cualquiera proyecto en favor de México, en pro de su independencia.

El entusiasmo de los americanos por nuestra causa y por su doctrina de Monroe, no tenía límite entonces.

A mi tránsito de Nuevo México a Nueva York, se me presentaron millares de personas, entre ellas muchas de una elevada posición social y política, ofreciéndome su persona y su influencia en favor de México.

Generales con una nota honrosa en sus servicios y que mandaban brigadas, cuyas fuerzas habían concluido el tiempo de su enganche, se ponían a mis órdenes para servir a nuestra causa.

Fácil habría sido pasar el río del Norte, por la posición en que se hallaban, sin haber barrenado el carácter neutral que conservaba el gobierno de Washington en la cuestión franco-mexicana.

Hablaron conmigo algunos banqueros de la mejor nota y vi la posibilidad de agenciar una fuerte suma para subvenir por nuestra parte a las atenciones de la guerra.

Personas hubo que diciéndose autorizadas por mí, sin estarlo, engancharon en unos cuantos días en Nueva York millares de hombres para ir a México; si bien esto, como he dicho, no era con mi aprobación ni estaba en mis proyectos, porque no quería llevar a mi país una expedición filibustera.

Sin pérdida de tiempo dirigí una carta con fecha 8 de mayo a don Benito Juárez, manifestándole mi llegada a los Estados Unidos, la manera con que había sido recibido en ellos y lo que podía hacerse en favor de México.

De todo esto estaba impuesto el Sr. Juárez por los periódicos.

Le decía, también, que me comprometía a organizar o enganchar, por mi parte, el número de voluntarios que quisiera, a reunir los elementos de guerra que me indicara y a agenciar la fuerte suma de pesos que creyera por conveniente, para hacer la guerra en una escala más elevada y que nos diera más felices resultados; y que para todo esto sólo necesitaba una autorización, porque ni había querido ni quería celebrar contrata, contraerme compromiso, o dar paso alguno que fuera sin la autorización de la persona que por la ley tenía los poderes de la nación.

Le ofrecía de nuevo mis servicios a favor de México.

No olvidé decirle, que caso de que no me mandara la autorización correspondiente, se sirviera contestarme avisándomelo, para normar a esto mis ulteriores disposiciones.

Traté este negocio en carta particular y no en una nota oficial, porque acerca del mismo no tenía carácter oficial alguno y además porque de una u otra manera daba el mismo resultado, importando poco o nada la forma.

Nombré una comisión para que entregara mi carta al Sr. Juárez, después de haberse impuesto de su contenido.

Formaba aquélla don Guillermo Prieto, administrador general de correos y diputado al Congreso de la Unión.

Recuérdese que salí en fines de febrero del estado de Chihuahua.

Nótese que mi viaje por los desiertos de Nuevo México, lo hice en más de dos meses, por haber tenido que emprenderlo en el invierno.

Téngase conocimiento también que para recibirse la contestación de una carta, dirigida de la ciudad de Nueva York a la de Chihuahua, son necesarios de dos meses veinte días a tres meses y esto siempre que no ocurra algún incidente extraordinario en el correo y que sea durante la estación del verano, en que caminan con más rapidez los coches de la posta.

En vista de esto, recibí la contestación de don Guillermo Prieto hasta principios de agosto último.

En ella decía que había cumplido mi comisión; que el Sr. Juárez había recibido mi carta y oído con atención e interés las observaciones que sobre su contenido le hiciera el mismo Sr. Prieto; que entendía por lo mismo que en el correo próximo se me remitiría la autorización que solicitaba.

La conclusión de su carta era una felicitación que me dirigía, propia de sus patrióticos sentimientos.

Me decía que el gobierno aceptaría o no mis servicios, los utilizaría o no en bien de la patria, pero que por mi parte dejaba cumplido el más noble y elevado deber de un mexicano, haciendo a un lado todo lo que tenía un carácter personal, para robustecer la acción del gobierno, para no levantar una nueva entidad, sino hacer que México luchara como un solo hombre por la causa del derecho, dirigido por una sola inteligencia, que era su gobierno legítimo.

En el correo inmediato, a fines de agosto, recibí otra carta del Sr. Prieto y en ella me decía que, no obstante lo que me manifestara en su anterior, parecía que el gobierno no se había resuelto a darme la autorización, pero que de una u otra manera me contestaría el Sr. Juárez.

Esperé inútilmente el próximo correo y el siguiente.

Estábamos en septiembre.

Ningún extravío habían sufrido las correspondencias anteriores.

Pregunté al ministro de México cerca del gobierno de los Estados Unidos, licenciado don Matías Romero, si por su conducto se me había remitido algún pliego procedente del gobierno de la República Mexicana y me contestó negativamente.

Entendí por todo esto que el Sr. Juárez ni me había contestado ni me contestaría.

Creyó que de su respuesta haría yo el uso conveniente y que desmentiría con ella los fundamentos de los decretos de 8 de noviembre, que ya desde aquella época deben haber estado preparados en la papelera del ministro.

A mi vez entendí, por entonces, que sólo se trataba de detenerme en los Estados Unidos, poniendo en juego intrigas de mala ley, para que no pudiera regresar a México antes del día primero de diciembre.

Creo hasta inútil la explicación de mi conducta a mis conciudadanos por los cargos que contra mí formula el gobierno; sus decretos, vistos por el vehículo imparcial de la razón y la filosofía, me eximen de ese trabajo.

En esos decretos donde se dice ilegalmente que ha lugar a proceder contra mí, donde se agrega, faltando a la verdad, que abandoné voluntariamente el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia y que teniendo el carácter de general del ejército, he ido a permanecer voluntariamente en el extranjero durante la guerra, sin licencia del gobierno y con abandono del ejército, de sus banderas y de la causa de la República, en esos mismos decretos, repito, se declara presidente don Benito Juárez y declara que ni al presidente constitucional de la Corte ni al presidente que él nombre, entregará el mando.

He aquí el único objeto que se ve en esos decretos.

Si se trataba, como han tratado los Sres. Lerdo y Juárez, de pisotear un principio republicano, de destruir nuestro orden constitucional, de faltar al compromiso que con juramento se contrajeron para con los pueblos, más franco habría sido dar un golpe de estado como el de Comonfort, alegándose como siempre se alega, la salvación de México; porque el escándalo es el mismo; la falta de lealtad al pueblo la misma; los resultados los mismos.

La diferencia es una sola; que en el golpe de estado de Comonfort hubo a lo menos franqueza y valor civil, y en el de 8 de noviembre, faltó todo esto y se sustituyó con palabras y sofismas; palabras y sofismas que no sirven sino para insultar a las naciones, no para engañarlas.

Que abandoné las banderas del ejército y la causa de la República, dicen los Sres. Lerdo y Juárez, esto es, que falté a mi deber.

Dicen esto en el documento mismo en que ellos faltan al suyo, al más grande y solemne que puede tener un hombre.

Para atenuar su falta necesitaban mancomunarse con otra persona y con otra persona, que por un precepto de la ley, debía encargarse del poder supremo.

Que abandoné las banderas del ejército y la causa de la República.

Quien sale del pueblo y de simple ciudadano ocupa por voluntad de ese mismo pueblo y sin una sola intriga, una posición política en su país no es porque sepa abandonar la causa del honor y del deber.

Quien de simple ciudadano y sin ser su profesión la de soldado, abandona voluntariamente los salones, las dulzuras del hogar doméstico y los halagos que ofrecen el poder y los palacios para combatir constantemente y sin tregua por la libertad, por los derechos del pueblo y por el orden legal, no es el que abandona la causa del honor y del deber.

Quien deja el bastón de gobernador constitucional de un estado, quien deja también el alto puesto en que lo colocara la voluntad de sus conciudadanos como presidente de uno de los poderes supremos de los Estados Unidos Mexicanos, para ir a combatir contra los invasores de su patria, para ir a defender los muros de una ciudad donde cayó prisionero sosteniendo su bandera, no es el que abandona la causa del honor y del deber.

Quien prisionero burla a sus carceleros y libre, por medios lícitos y honrosos, vuelve a ofrecer a su patria su espada y cuánto vale y, luchando con las intrigas y las dificultades, levanta fuerzas y sigue combatiendo contra los invasores de México; quien hace esto, no es quien voluntariamente abandona al ejército, a sus banderas y a la causa de la república.

Quien sabe lo que es honor y a quien ni su conciencia ni su país le han dicho alguna vez que haya faltado a su deber, no es quien abandona al ejército, a sus banderas y a la causa de la República.

¿Quién puede cometer esta falta?, me he preguntado a mí mismo, en las horas más serenas y tranquilas de mi espíritu.

He encontrado esta única respuesta: quien está destituido no sólo de patriotismo y de ambiciones nobles, sino aun de amor propio y de dignidad personal.

Hasta hoy ni mi conciencia ni mis conciudadanos me han colocado, gracias al cielo, en ese asqueroso banquillo.

Estaba reservado a la ambición, para cubrir sus formas, revestirme con este ropaje.

Estaba reservado al poder, echar mano de la calumnia para cohonestar su falta, al romper la constitución y rasgar su juramento.

¿Cómo decir que abandoné la presidencia de la Corte, que supone una fuga, cuando he salido del país con licencia y pasaporte del gobierno?

Si llevaba, pues, esa licencia y ese pasaporte y ninguna orden determinada que cumplir y por lo mismo ninguna orden determinada a qué faltar, ¿no sería un crimen dejar de decirle al gobierno, en la posición en que yo me hallaba, aquí puede hacerse mucho, mucho para la salvación del país en que yo y tú nacimos?

¿No sería un crimen dejar de repetirle: mi persona está a tus órdenes, utiliza mis servicios en bien de la patria, o de que menos contéstame para normar a tus letras mi conducta?

Si por mi parte cumplía este deber como buen mexicano; si llenaba otro que me imponían las circunstancias del país en que me hallaba, sin faltar a orden alguna del gobierno y dejando por lo mismo honrosamente satisfechos mis compromisos; si el gobierno recibió mi carta; si pudo y debió haberme contestado diciéndome, que no necesitaba mis servicios y que volviera al país por tal o cual vía, ¿no es faltar en el fondo y en la forma a la verdad, al decirle a la nación que no sólo he estado permaneciendo fuera de la república sino que ni antes ni ahora me he dirigido al gobierno, para manifestarle cuándo pensaba regresar al territorio mexicano?

¿No es esto calumniar?

¿Se acomoda tal proceder a la majestad de un gobierno?

¿Tan débiles chicanas, cuyos misterios están a la vista de los más legos en política, satisfacen acaso a un pueblo que ha visto hecha pedazos su ley fundamental?

¿Habrá algún cándido que no vea en la circular y decretos expedidos por el gobierno, en que sin facultades me exige la responsabilidad, nombra otro presidente de la Corte y declara que ni a mí ni a él entrega el poder supremo, aunque esté así prevenido por la constitución; habrá, repito, quien no vea en esos documentos otra mira, otro objeto, que el de perpetuar en sus manos el poder?

Si era necesaria mi persona y así lo entendían los Sres. Lerdo y Juárez para cubrir una acefalía del gobierno, como ahora lo dicen, ¿para qué conceder entonces una licencia por tiempo indefinido, cuando ni en esta forma la pretendía para atravesar por mares y territorios extranjeros?

Si la necesidad era nacida de causas que no se conocían al otorgarme la licencia, ¿por qué no llamarme entonces?

Con hechos francos y verídicos es con lo que un gobierno leal le habla a un pueblo que lo ha elegido y nombrado el custodio de su voluntad y de su ley.

Si se ha pretendido hacer por la independencia de México cuanto humanamente fuese posible dentro y fuera del país; si a esta causa se han subalternado todos los demás intereses, ¿por qué entonces no se me dio la autorización que solicitaba para trabajar en el extranjero y tal vez con provecho, a favor de México?

Porque esto era darme un medio de adquirir influencia y esto no convenía a otros intereses, mal encubiertos por cierto.

¿A qué otra causa puedo atribuir esto?

¿A la de que el gobierno me necesitaba cerca de sí para cubrir una acefalía que ocurriera, o para desempeñar funciones judiciales de la Corte?

Se ha visto que ni la Corte estaba reunida, ni era posible que se reuniese y se ha visto también que se me dio una licencia y pasaporte para que pudiera retirarme del punto en que se hallaba el gobierno, atravesando territorios y mares extranjeros, sin la obligación de volver a su residencia sino cuando él me llamara, o yo quisiese volver.

¿A la de que el gobierno me necesitaba para encargarme alguna otra comisión de utilidad nacional?

Se ha visto que ni me la encargó en Chihuahua, ni al retirarme de Chihuahua, ni al hallarme después fuera de aquella ciudad.

¿A la de que no había recibido mi carta?

Se ha demostrado que la recibió y esto no sólo lo testifica el dicho autorizado del Sr. Prieto, sino el de muchas personas caracterizadas de Chihuahua.

¿A la de que me faltaba aptitud, representación y confianza nacional?

Puede haber, o de hecho hay lo primero y lo confieso ingenuamente y sin modestia; pero esto no se ha tenido presente cuando los estados, los gobiernos y la nación me han honrado con la segunda y con la última.

No creo que falte representación ni confianza pública a quien ha sido electo diputado a los Congresos constituyentes de Zacatecas y de la unión; a quien, como ministro, ha desempeñado la cartera de Guerra; a quien ha sido electo, por el sufragio popular, gobernador de uno de los primeros estados de la república; a quien se le han dado facultades amplísimas y el mando militar de los estados de San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes y Zacatecas por el general don Santos Degollado; a quien poco después se le ha nombrado, por el gobierno de la unión, general en jefe del ejército federal de la República y dándole en toda ella amplísimas facultades en los ramos de Hacienda y Guerra, a lo que se debió el triunfo definitivo de la reforma y del orden legal; a quien ha recibido en la presente lucha el mando militar de los estados de San Luis, Aguascalientes, Zacatecas y Tamaulipas con facultades extraordinarias en Hacienda y Guerra en los tres últimos y en todos los ramos de la administración en el primero para que lo gobernara; a quien se ha confiado poco después el mando en jefe del ejército de oriente y revestídolo de omnímodas facultades para gobernar los estados de Puebla, Veracruz y Tlaxcala; a quien la nación ha honrado con su voto para presidente de la Corte Suprema de Justicia; y a quien ha colocado el pueblo entre sus candidatos para Presidente de la República, no creo que le falte representación o la confianza nacional y más si se atiende a que no le faltaba a un extranjero, que no tenía en el país posición alguna, ni bienes, ni familia y a quien por lo mismo no mucho debía importarle la suerte de México.

Era el mes de septiembre, preparaba mi vuelta a México.

Una orden judicial me imponía entonces arraigo en Nueva York.

De esto se ocuparon también los periódicos de aquella ciudad.

Creí que esta orden sería revocada poco después por lo injusto del reclamo que la motivara, aunque fue dictada conforme a la legislación de este país.

Me equivoqué de pronto; el negocio se demoraba, sin más razón en el fondo que la de demorarse.

La mano de la intriga ponía en juego todos sus resortes y entiendo que la de la traición hacía a su vez otro tanto.

Todo esto al fin se estrelló ante la integridad de jueces y magistrados probos.

El negocio quedó concluido el 8 del pasado noviembre.

La orden fue revocada.

Las últimas cartas que se habían recibido de El Paso del Norte en Nueva York, decían que el gobierno saldría para la población fronteriza de Piedras Negras.

Me dirigí entonces a este punto y al tocarlo tuve noticia que el Sr. Juárez había retrocedido y ocupado a Chihuahua, por haber evacuado aquella ciudad las tropas francesas.

Tuve también noticia, aunque vaga, de los decretos y circular de 8 de noviembre.

Dirigí una carta fechada en Piedras Negras a don Andrés S. Viesca, invitándolo para una conferencia y lo esperé de este lado del Río, en el Paso del Águila.

El Sr. Viesca es un hombre de maneras finas, decentes y caballerosas y creo inútil decir que está nombrado gobernador y comandante militar del estado de Coahuila por don Benito Juárez, en uso de las facultades de que se halla investido.

El Sr. Viesca se prestó a la conferencia y en ella le manifesté, después de imponerme de la circular y decretos mencionados, que deseaba saber, con el carácter oficial que tenía y que me diera la nación, bajo qué aspecto veía la circular y decretos de 8 de noviembre; que por mi parte no venía a trastornar el orden público y que para ello viajaba de incógnito y solo, rehusando fuerzas que para apoyarme me habían ofrecido mis amigos y aun rehusando también hacer uso de órdenes y recomendaciones de autoridades y personas distinguidas de los Estados Unidos, para disponer de fuerzas en seguridad de mi persona en el territorio americano; porque quería que México diera este espectáculo, como un testimonio de sus adelantos políticos en el sistema republicano, presentarme sin más fuerzas, sin más apoyo, sin más títulos que los que me daba la ley y que el gobierno del Sr. Juárez entregara el mando supremo, sin atender a otras razones que a los preceptos fríos e imponentes de esa misma ley.

Es necesario decir, en honor de México y sólo en honor de México, que este espectáculo lo hemos presenciado ya, al llamar un ejército vencedor, con todo el poder de la victoria, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Benito Juárez, para colocarlo en la silla presidencial, quien no tenía otros títulos para esto que los que le daba la ley, únicos que da una República a sus ciudadanos.

El Sr. Viesca me contestó que no podía entrar conmigo en conferencia alguna oficial; que tampoco quería tocar la cuestión de legalidad y que sólo podía decirme que había recibido también una orden, decreto o circular, para aprehenderme y como dicha orden había sido expedida por el gobierno de don Benito Juárez en tiempo hábil, esto es, en el mes de noviembre, estaba dispuesto a cumplirla, estaba dispuesto a aprehenderme.

Su secretario agregó que no sólo a aprehenderme, sino aun a fusilarme.

Repliqué al Sr. Viesca, que era necesario terminar prudentemente y de una manera decorosa y digna, una cuestión que tanto afectaba los intereses de México, que era necesario que me permitiera pasar por el estado que mandaba, para dirigirme a Chihuahua, a fin de verme con don Benito Juárez y hacerle presente, en lo verbal, los males que iba a causar a la nación con el paso que acababa de dar, para que si era posible se enmendara el error.

Le dije, por último, que si creía comprometer su responsabilidad haciéndome aquella concesión, pasaría el Río y una vez hallándome en el estado de Coahuila y no en territorio extranjero, podría mandarme aprehender, disponer dé mi persona, o remitirme preso a Chihuahua, porque quería demostrarle a la nación que comprendía mi deber y sabía cumplirlo.

El Sr. Viesca rehusó aceptar mis proposiciones, indicándome sólo que podía dirigirme a Chihuahua por los desiertos de Texas.

Efectivamente se expidió una orden, decreto o circular, por el gobierno, cuya forma no recuerdo aunque sí su contenido, para que fueran aprehendidos todos los que hubieran salido al extranjero sin comisión u orden especial del gobierno y todos los que hubieran salido con licencia del mismo gobierno, para atravesar por mares o territorios extranjeros.

Esta orden, decreto o circular, no tenía más objeto que mi persona y, aunque injusta, la legaliza hasta cierto punto la conveniencia de un gobierno de hecho; no así si ella fuera general.

Multitud de jefes y oficiales han sido abandonados por el gobierno en Chihuahua después de dilatados servicios y sin recursos, pero con el corazón lleno de fe, al avanzar el ejército francés sobre aquella ciudad, la han abandonado, tomado el desierto y atravesado una parte de territorio extranjero, para entrar por otras vías a su patria y seguir combatiendo por su independencia.

Otros han sufrido un descalabro en las fronteras de México, después de haber peleado como bravos y han tenido que salir involuntariamente al extranjero, unos a curarse de sus heridas y otros a prepararse para seguir luchando por su patria.

Con pleno y absoluto conocimiento del gobierno han salido para el extranjero muchos de los hombres más influyentes del país.

Con pleno y absoluto conocimiento del gobierno salió el general don Plácido Vega y aun creo que con comisión; con pleno y absoluto conocimiento del gobierno salió el general don Pedro Ogazón; con pleno y absoluto conocimiento del gobierno salió el general don Manuel Doblado; con pleno y absoluto conocimiento del gobierno salió el general don Felipe B. Berriozábal, exigiendo hasta que se le firmara un pasaporte para retirarse al extranjero, supuesto que no se necesitaban sus servicios; con pleno y absoluto conocimiento del gobierno han salido otras personas de la misma o menos influencia militar, unas con pasaportes y otras arrojadas e impelidas por el gobierno.

A un general, luego que ha perdido la fuerza que por sí ha levantado y más si hace alguna sombra al gobierno, no se le dice expresamente que vaya a engrosar las filas de la traición, ni que salga tampoco al extranjero, pero se le obliga a hacerlo por otros medios más eficaces.

En vez de darles, no fuerzas, porque no las tiene el gobierno, sino los medios de levantarlas y organizarlas, se les relega a hacer un papel humillante e indigno, a que concurran todos los días al palacio, a que anden siguiendo al gobierno de ciudad en ciudad.

Esto ha dado el resultado que hombres débiles, a quienes dominan sus pasiones, hayan ido a aumentar el catálogo de la traición, ya como políticos y ya como militares y que otros más esforzados, más convencidos de su propia dignidad y de lo que corresponde al honor del suelo en que se nace, hayan salido al extranjero, protestando con esto ante la gente pensadora y ante el mundo, contra los invasores de su patria y contra el gobierno, único responsable de todo lo que no se haga pudiendo hacerse.

Yo mismo he hablado al Sr. Juárez sobre la mala impresión que causaba la salida al extranjero de personas influyentes y que convendría que se impidiera esto de una manera expresa y terminante.

Salían entonces de Monterrey el Gral. Doblado y el coronel Rincón Gallardo, ambos gobernadores que habían sido del estado de Guanajuato.

La medida no llegó a dictarse, ni quiso dictarse, sino cuando tenía por objeto a mi persona.

He puesto la mano sobre mi corazón al escribir este manifiesto y me he preguntado una y muchas veces: ¿a los intereses de México, del suelo que meció mi cuna, que deposita las cenizas de mis padres, que conserva los objetos que me son más queridos y que abraza mi pasado y mi porvenir, son convenientes los términos en que va redactado?

Mi conciencia ha respondido afirmativamente.

Yo he defendido al gobierno del Sr. Juárez, con la lealtad de un caballero, con mi espada y con mi voz durante seis o siete años; yo le he honrado con mi firma, dentro y fuera de mi país, mientras ha llevado lealmente la bandera de la ley que le encomendara el pueblo; pero yo ni honro, ni he honrado a quien burla a sus conciudadanos, a quien falta a sus compromisos y a sus juramentos, a quien traiciona la ley, llámese Comonfort, o llámese Juárez.

Yo ni honro, ni he honrado a quien deshonra a mi país; a quien con un hecho oficial le grita al mundo que México no tiene leyes, porque ellas sólo sirven para romperse cuando así conviene a la voluntad de un mandarín; aun cuando esto se haga al mismo tiempo que México demuestra al mundo con su sangre, que no rasga la ley que le sirve de bandera, aunque tenga que pasar por un mar de sangre y de destrucción.

Yo he sido uno de los caudillos del pueblo; yo he arrastrado a millares de hombres a la pelea en defensa del principio de la legalidad, aun con una de las naciones más poderosas de la tierra; yo he presenciado más de una vez correr la sangre de mis conciudadanos; yo he visto destruidas nuestras sementeras e incendiadas nuestras poblaciones y ciudades en defensa de ese principio.

Yo, pues, tengo un doble deber de conciencia, de hacer que no sean inútiles tantos esfuerzos y tantos sacrificios.

No he amontonado cargos sobre el gobierno, inútiles e innecesarios, dictados por un sentimiento innoble.

El público tenía que juzgarme; el público tenía que ver mis letras ahora y cuando ya hayan dejado de rugir las pasiones, de hablar los intereses y no me sería muy propicio.

He defendido el orden legal, porque este era mi deber.

Si otro falta al suyo, esto no me exime ni puede eximirme de llenar el mío.

He defendido mi persona, no simplemente como mi persona, sino cuando ella ha importado, por voluntad de la ley, la salvación de un principio.

He reseñado, a muy grandes trazos, errores cometidos por el gobierno y motivados por intereses particulares; pero esto no lo he hecho sino cuando ese mismo gobierno ha autorizado lo que digo, con un acto oficial, cuando ha roto todos sus títulos y cuando ya no es el gobierno que creara la ley, sino el que la destruye para conservarse sobre ella.

En este punto protesto que sólo he deseado que aproveche la nación los errores de sus gobiernos pasados y los errores de sus gobiernos presentes, para dar por concluido su bien pronto, aunque doloroso aprendizaje como nación soberana.

Tampoco he querido amenguar las glorias de mi patria.

Demasiadas glorias tiene una nación que luchando con un enemigo poderoso, que cuenta con todos los medios posibles para atacarla y dividir a sus hijos, se conserva aún sobre la arena y en la lucha, después de un combate de cuatro años.

Demasiadas glorias tiene una nación que ni uno solo de sus estados, que ni uno solo de sus pueblos se ha unido a la intervención, teniendo sólo que ceder al ser ocupados por bayonetas extranjeras.

Demasiadas glorias tiene una nación que conserva su gobierno, que lo recibe en sus ciudades, que le abre sus arcas y le ofrece sus respetos, cuando se presenta, no ya con el poder de los cañones, sino con el que le da la ley que lleva en la mano.

Demasiadas glorias tiene una nación que perdidos sus ejércitos, sin dinero, sin armas y sin municiones de guerra, improvisa en todo su territorio fuerzas más o menos numerosas para defender su independencia y que, destruidas éstas, improvisa otras nuevas colocando a su frente hombres ya conocidos en la escena, o héroes salidos de la nada, brotados del patriotismo de los pueblos.

Demasiadas glorias tiene una nación que diariamente está honrando con las cabezas de sus hijos los cadalsos de México.

No soy tampoco quien ha amenguado las glorias del Sr. Juárez.

Él es quien las ha destruido, él es quien ha roto sus títulos, él es quien ha pisoteado sus antecedentes.

Sus glorias no han sido las de un gobierno que se pone al frente de sus legiones para enseñar a sus conciudadanos, con su propio ejemplo, a defender la independencia de la patria, o a morir por ella si es necesario.

No las del diplomático que aúna, que mancomuna la causa de una nación con la causa de todo un continente y más cuando la causa de esa nación es la causa del continente.

No tampoco las del acierto en la elección de las personas y por esto vemos en el extranjero, sin que se hayan utilizado sus servicios, generales que han peleado por la República con lealtad y con honor, personas que han desempeñado con acierto las carteras del despacho, gobernadores que han administrado con acierto en nombre del pueblo y que han sido sustituidos por otros; y vemos por otra parte gobernadores, ministros y generales, nombrados por don Benito Juárez, levantando ya la bandera de la traición.

Las glorias del Sr. Juárez han sido las del demócrata que se ha encontrado siempre entre las filas del progreso y de la libertad, las del gobernante del pueblo cuyas virtudes republicanas se suponía que eran la garantía más plena de la ley.

Si, pues, el Sr. Juárez es quien ha amenguado su gloria recorriendo el mismo camino que han transitado los hombres que deja tras de sí, yo no he sido sino el mexicano que ha narrado involuntariamente lo que le impone su deber y lo que el gobierno ha dicho elocuentemente con sus hechos; pero aun en este caso las glorias de México quedan inmarcesibles, sin que puedan oscurecerlas los errores de un hombre; sin que puedan empañarlas los escritos de otro.

Mexicanos:

He creído haber llenado los compromisos que me contraje para con vosotros.

He creído haberlos llenado en los momentos más solemnes de la patria; en los momentos mismos en que ha sido necesario conciliar la prudencia que exige nuestra actual situación, con las medidas que reclama la violación de la ley.

Conciudadanos, creedme, os hablo con el corazón: si a la salvación de mi patria conviene el sacrificio por mi parte, de no pisar ya sus feraces bosques, de no aspirar sus balsámicas auras, de no defender entre vosotros su hermosa bandera, hago con gusto ese sacrificio y con gusto haré también el de buscar una tumba extranjera, si a este precio veo a mi patria dichosa.

Por el contrario, si creéis que por la ley os sirva de centro y de bandera, si creéis que mi vuelta a México os aproveche en vez de perjudicaros después de los pasos desacertados que ha dado el gobierno, entonces os pertenezco por deber y por convicción.

Obrad con prudencia; pero obrad también cual lo reclama el honor de México y os salvaréis.

San Antonio de Béjar, diciembre 26 de 1865.

Nota:

1. Hemos suprimido en esta reproducción, el señalamiento de los párrafos que González Ortega hizo en la edición de su protesta.

Fuente:

Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Selección y notas de Jorge L. Tamayo. Edición digital coordinada por Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Versión electrónica para su consulta: Aurelio López López. CD editado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Primera edición electrónica. México, 2006.