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Siglo XIX > 1850-1859 > 1859

Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos.
Julio 12, 1859

Secretaría de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública.

El excelentísimo señor presidente interino constitucional de la República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El C. Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a todos sus habitantes sabed: que con acuerdo unánime del consejo de ministros, y Considerando:

Que el motivo principal de la actual guerra promovida por el clero, es conseguir el sustraerse de la dependencia a la autoridad civil:

Que cuando ésta ha querido, favoreciendo al mismo clero, mejorar sus rentas el clero, por sólo desconocer la autoridad que en ello tenía el soberano, ha rehusado aun el propio beneficio:

Que, cuando quiso el soberano, poniendo en vigor los mandatos mismos del clero sobre obvenciones parroquiales, quitar a éste la odiosidad que le ocasionaba el modo de recaudar parte de sus emolumentos, el clero prefirió aparentar que se dejaría perecer antes que sujetarse a ninguna ley:

Que como la resolución mostrada sobre esto por el Metropolitano, prueba que el clero puede mantenerse en México, como en otros países, sin que la ley civil arregle sus cobros y convenios con los fieles:

Que si en otras veces podía dudarse por alguno que el clero ha sido una de las rémoras constantes para establecer la paz pública, hoy todos reconocen que está en abierta rebelión contra el soberano:

Que dilapidando el clero los caudales que los fieles le habían confiado para objetos piadosos, los invierte en la destrucción general, sosteniendo y ensangrentando cada día más la lucha fratricida que promovió un desconocimiento de la autoridad legítima y negando que la República pueda constituirse como mejor crea que a ella convenga:

Que habiendo sido inútiles hasta ahora los esfuerzos de toda especie por terminar una guerra que va arruinando la República al dejar por más tiempo en manos de sus jurados enemigos los recursos de que tan gravemente abusan, sería volverse su cómplice, y

Que es un imprescindible deber poner en ejecución todas las medidas que salven la situación y la sociedad;

He tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1. Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios derechos y acciones en que consistan, el nombre y aplicación que haya tenido.

Artículo 2. Una ley especial determinará la manera y forma de hacer ingresar al tesoro de la nación todos los bienes de que trata el artículo anterior.

Artículo 3. Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquiera otra.

Artículo 4. Los ministros del culto, por la administración de los Sacramentos y demás funciones de su ministerio, podrán recibir las ofrendas que se les ministren, y acordar libremente con las personas que los ocupen, la indemnización que deban darles por el servicio que les pidan. Ni las ofrendas ni las indemnizaciones podrán hacerse en bienes raíces.

Artículo 5. Se suprimen en toda la República las órdenes de los religiosos regulares que existen, cualquiera que sea la denominación o advocación con que se hayan erigido, así como también todas las archicofradías, cofradías, congregaciones o hermandades anexas a las comunidades religiosas, a las catedrales, parroquias o cualesquiera otras iglesias.

Artículo 6. Queda prohibida la fundación o erección de nuevos conventos de regulares; de archicofradías, cofradías, congregaciones o hermandades religiosas, sea cual fuere la forma o denominación que quiera dárseles. Igualmente queda prohibido el uso de los hábitos o trajes de las órdenes suprimidas.

Artículo 7. Quedando por esta ley los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas reducidos al clero secular, quedarán sujetos, como éste al ordinario eclesiástico respectivo, en lo concerniente al ejercicio de su ministerio.

Artículo 8. A cada uno de los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas que no se opongan a lo dispuesto en esta ley, se le ministrará por el gobierno la suma de quinientos pesos por una sola vez. A los mismos eclesiásticos regulares que por enfermedad o avanzada edad estén físicamente impedidos para el ejercicio de su ministerio, a más de los quinientos pesos, recibirán un capital fincado ya, de tres mil pesos, para que atiendan a su congrua sustentación. De ambas sumas podrán disponer libremente como de cosa de su propiedad.

Artículo 9. Los religiosos de las órdenes suprimidas podrán llevarse a sus casas los muebles y útiles que para su uso personal tenían en el convento.

Artículo 10. las imágenes paramentos y vasos sagrados de las iglesias de los regulares suprimidos, se entregarán por formal inventario a los obispos diocesanos.

Artículo 11. El gobernador del Distrito y los gobernadores de los Estados, a pedimento del muy reverendo arzobispo y de los reverendos obispos diocesanos designarán los templos de los regulares suprimidos que deban quedar expeditos para los oficios divinos, calificando previa y escrupulosamente la necesidad y utilidad del caso.

Artículo 12. Los libros impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas, se aplicarán a los museos, liceos, bibliotecas y otros establecimientos públicos.

Artículo 13. Los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas, que después de quince días de publicada esta ley en cada lugar, continúen usando el hábito o viviendo en comunidad, no tendrán derecho a percibir la cuota que se les señala en el artículo 8o.; y si pasado el término de quince días que fija este artículo, se reunieren en cualquier lugar para aparentar que siguen la vida común, se les expulsará inmediatamente fuera de la República.

Artículo 14. Los conventos de religiosas que actualmente existen, continuarán existiendo y observando el reglamento económico de sus claustros. Los conventos de estas religiosas que estaban sujetos a la jurisdicción espiritual de algunos de los regulares suprimidos, quedan bajo la de sus obispos diocesanos.

Artículo 15. Toda religiosa que se exclaustre recibirá en el acto de su salida la suma que haya ingresado al convento en calidad de dote, ya sea que proceda de bienes parafernales, ya que la haya adquirido de donaciones particulares, o ya en fin, que la haya obtenido de alguna fundación piadosa. Las religiosas de órdenes mendicantes que nada hayan ingresado a sus monasterios recibirán, sin embargo, la suma de quinientos pesos en el acto de su exclaustración. Tanto del dote como de la pensión, podrán disponer libremente como de cosa propia.

Artículo 16. Las autoridades políticas y judiciales del lugar, impartirán, a prevención, toda clase de auxilios a las religiosas exclaustradas para hacer efectivo el reintegro de la dote, o el pago de la cantidad que se les designa en el artículo anterior.

Artículo 17. Cada religiosa conservará el capital que en calidad de dote haya ingresado al convento. Este capital se le afianzará en fincas rústicas o urbanas, por medio de formal escritura que se otorgará individualmente a su favor.

Artículo 18. A cada uno de estos conventos de religiosas, se dejará un capital suficiente para que con sus réditos se atienda a la reparación de fábricas y gastos de las festividades de sus respectivos patronos. Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, Semana Santa, Corpus, Resurrección y Todos Santos, y otros gastos de comunidad. Los superiores y capellanes de los conventos respectivos, formarán los presupuestos de esos gastos que serán presentados dentro de quince días de publicada esta ley, al gobernador del Distrito, o a los gobernadores de los estados respectivos para su revisión y aprobación.

Artículo 19. Todos los bienes sobrantes de dichos conventos ingresarán al tesoro general de la nación, conforme a lo prevenido en el artículo 1o. de esta ley.

Artículo 20. Las religiosas que se conserven en el claustro pueden disponer de sus respectivos dotes, testando libremente en la forma que a toda persona le prescriben las leyes. En caso de que no hagan testamento o de que no tengan ningún pariente capaz de recibir la herencia ab intestato, el dote ingresará al tesoro público.

Artículo 21. Quedan cerrados perpetuamente todos los noviciados en los conventos de señoras religiosas. Las actuales novicias no podrán profesar, y al separarse del noviciado se les devolverá lo que hayan ingresado al convento.

Artículo 22. Es nula y de ningún valor toda enajenación que se haga de los bienes que se mencionan en esta ley, ya sea que se verifique por algún individuo del clero, o por cualquiera persona que no haya recibido expresa autorización del gobierno constitucional. El comprador, sea nacional o extranjero, queda obligado a reingresar la cosa comprada o su valor, y satisfará además una multa de cinco por ciento, regulada sobre el valor de aquélla. El escribano que autorice el contrato, será depuesto e inhabilitado perpetuamente en su ejercicio público, y los testigos, tanto de asistencia como instrumentales, sufrirán la pena de uno a cuatro años de presidio.

Artículo 23. Todos los que directa o indirectamente se opongan o de cualquiera manera enerven el cumplimiento de lo mandado en esta ley, serán, según que el gobierno califique la gravedad de su culpa, expulsados fuera de la República o consignados a la autoridad judicial. En este caso serán juzgados y castigados como conspiradores. De la sentencia que contra estos reos pronuncien los tribunales competentes, no habrá lugar al recurso de indulto.

Artículo 24. Todas las penas que impone esta ley, se harán efectivas por las autoridades judiciales de la nación, o por las políticas de los Estados, dando éstas cuenta inmediatamente al gobierno general.

Artículo 25. El gobernador del Distrito y los gobernadores de los Estados, a su vez, consultarán al gobierno las providencias que estimen convenientes al puntual cumplimiento de esta ley.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

Dado en el palacio del gobierno general en Veracruz, a 12 de julio de 1859.

Benito Juárez.

Melchor Ocampo, presidente del gabinete, ministro de Gobernación, encargado del despacho de Relaciones y del de Guerra y Marina.

Lic. Manuel Ruiz ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública.

Miguel Lerdo de Tejada, ministro de Hacienda y encargado del ramo de Fomento.

Y lo comunico a vuestra excelencia para su inteligencia y cumplimiento.

Palacio de gobierno general en Veracruz, a 12 de julio de 1859.

Ruiz.

Fuente:

De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal. Gloria Villegas Moreno y Miguel Angel Porrúa Venero (Coordinadores) Margarita Moreno Bonett. Enciclopedia Parlamentaria de México, del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura. México. Primera edición, 1997. Serie III. Documentos. Volumen I. Leyes y documentos constitutivos de la Nación mexicana. Tomo II. p. 927.