1859
Buchanan insiste en su programa de invadir.
México, Diciembre 19 de 1859.


Siento informaros que ningún adelanto ha habido en los negocios de México desde mi último mensaje anual y me veo de nuevo obligado a llamar la interesante atención del Congreso a la desgraciada condición de aquella república.

El Congreso Constituyente de México, que cerró sus sesiones el 17 de febrero de 1857, expidió una Constitución y decretó una elección popular.

Esta tuvo lugar en el siguiente julio –1857- y el Gral. Comonfort fue elegido Presidente, casi sin oposición.

En la misma elección se eligió un nuevo Congreso, cuya primera sesión se verificó el 16 de septiembre - 1857-.

Con arreglo a la Constitución de 1857, el término presidencial debía empezar el 1º. de diciembre –1857- y continuar por cuatro años.

En aquel día el Gral. Comonfort se presentó ante el Congreso reunido en la ciudad de México, prestó el juramento de cumplir la nueva Constitución y fue debidamente inaugurado como presidente.

Un mes después había sido arrojado de la capital y una rebelión militar había conferido el poder supremo de la república al Gral. Zuloaga.

La Constitución disponía que, en ausencia del Presidente, sus funciones serían desempeñadas por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y, habiendo salido del país el Gral.

Comonfort, aquel funcionario, Juárez, procedió a formar en Guanajuato un gobierno constitucional.

Antes de que esto fuese sabido oficialmente en la capital, el gobierno de Zuloaga había sido reconocido por todo el cuerpo diplomático, incluso el ministro de los Estados Unidos, como gobierno de facto de México.

El Presidente Constitucional, sin embargo, mantuvo su posición con firmeza y se estableció pronto en Veracruz con su gabinete.

Entretanto, el gobierno de Zuloaga fue vivamente resistido en muchas partes de la república y aun en la capital una parte del ejército se pronunció contra él, declarando que habían terminado sus funciones y convocó a una asamblea de ciudadanos para la elección de un nuevo Presidente.

Esta asamblea eligió al Gral. Miramón; pero este jefe desconoció el plan bajo el cual había sido elegido y Zuloaga fue entonces restaurado a su primitiva posición.

La asumió sin embargo solamente para dejarla y, habiendo llegado a ser Miramón, por su nombramiento, "Presidente sustituto", continúa con este título a la cabeza del partido insurgente.

En mi último mensaje anual comuniqué al Congreso las circunstancias bajo las cuales el último ministro de los Estados Unidos suspendió sus relaciones oficiales con el gobierno central y salió del país.

Era imposible mantener relaciones amistosas con un gobierno como el de la capital, bajo cuya usurpada autoridad se cometían injusticias constantemente, sin repararlas nunca.

Si éste hubiera sido un gobierno establecido, que extendiera su poder por el consentimiento del pueblo, sobre todo México, habría sido, no sólo justificable, sino necesario recurrir a las hostilidades contra él.

Pero el país era presa de la guerra civil y se esperaba que el triunfo del Presidente constitucional pudiese conducir a un estado de cosas menos injuriosos para los Estados Unidos.

Este triunfo llegó a ser tan probable que, en enero último, envié a un agente fidedigno a visitar a México, para que me informase de la condición anual y aspecto futuro de los partidos contendientes.

En consecuencia de su informe y por otros que me llegaron de distintas fuentes, favorables a la condición de la causa constitucional, creí de mí deber nombrar un nuevo ministro para México que pudiese aprovechar la primera oportunidad conveniente para reanudar nuestras relaciones diplomáticas con aquella república.

Para este objeto fue elegido un distinguido ciudadano de Maryland, que comenzó a desempeñar su misión el 8 de marzo, para reconocer al gobierno del Presidente Juárez, si a su llegada a México lo encontraba digno de tal reconocimiento.

Según la práctica establecida de los Estados Unidos, el 7 de abril siguiente presentó Mr.

McLane sus credenciales al Presidente Juárez y, no vacilando “en llamar al gobierno de Juárez el único gobierno existente en la república”, fue cordialmente reconocido por las autoridades en Veracruz, quienes han manifestado desde entonces la más amistosa disposición hacia los Estados Unidos.

Desgraciadamente, sin embargo, el gobierno constitucional no ha podido establecer su poder sobre toda la república.

Está sostenido por una gran mayoría del pueblo y de los estados; pero hay importantes partes del país en que no puede conseguir ser obedecido.

El Gral. Miramón se mantiene en la capital y en algunas de las provincias distante, hay gobernadores militares que respetan poco los decretos de cualquiera de los dos gobiernos.

Al mismo tiempo, los excesos que trae consigo la guerra civil, especialmente en México, están ocurriendo constantemente.

Ultrajes de la peor condición se han cometido, tanto contra las personas como contra las propiedades.

Apenas hay una clase de agravio que no haya sido sufrido por nuestros ciudadanos en México durante los últimos años.

Hemos estado nominalmente en paz con aquella república; pero tanto cuanto afecta a los intereses de nuestro comercio o de nuestros ciudadanos que han visitado el país como comerciantes, capitanes de buques o con otro carácter, ha sido lo que si hubiésemos estado en guerra.

Las vidas han estado inseguras, la propiedad sin protección y el comercio no ha sido posible, sino con riesgo de pérdidas que los hombres prudentes no quieren exponerse a sufrir.

Contratos importantes, hechos con el gobierno central, que importan grandes desembolsos, han sido despreciados por los gobiernos locales.

Americanos pacíficos, ocupados en sus legítimas posiciones, han sido expedidos súbitamente del país con violación de los tratados y por la mera fuerza del poder arbitrario.

Ni aun el curso de la justicia ha estado libre de la arbitrariedad y un decreto reciente de Miramón, permite la intervención del gobierno en todos los litigios en que una de las partes sea extranjero.

Los buques de los Estados Unidos han sido secuestrados sin derecho y un agente consular que protestó contra tal secuestro ha sido multado y aprisionado por irrespetuoso a las autoridades.

Se han impuesto contribuciones militares en violación de todo principio de derecho y, los americanos que resistieron la demanda ilegal, han sido privados de sus bienes por la fuerza y aun desterrados.

Por un conflicto de autoridad en diferentes partes del país, los derechos aduanales que habían sido pagados en un lugar, han sido exigidos de nuevo en otro.

Gran número de nuestros ciudadanos han sido arrestados y reducidos a prisión sin ninguna forma de justicia y aun sin oportunidad de ser oídos y, cuando se han visto ya en libertad, únicamente han obtenido después muchos sufrimientos y perjuicios y sin ninguna esperanza de reparación.

Los asesinatos por mayor de Crable y de sus compañeros, sin juicio, en Sonora, lo mismo que la prisión y asesinato de cuatro americanos enfermos que se habían refugiado en la casa de un americano, sobre el suelo de los Estados Unidos, fueron comunicados al Congreso en su última sesión.

Asesinatos de un carácter todavía más atroz se han cometido en el mero corazón de México, bajo la autoridad del gobierno de Miramón durante el presente año.

Algunos de estos fueron dignos solamente de una edad de barbarie y, si no estuvieran claramente probados, habrían parecido imposibles en un país que pretende ser civilizado.

De esta clase fue el brutal asesinato cometido en abril último por orden del Gral. Márquez:

tres médicos americanos que fueron cogidos en el hospital de Tacubaya, mientras que atendían a enfermos y moribundos de ambas partes y, sin juicio, como sin crimen, fueron arrastrados a una violenta ejecución, Poco menos fue el reciente hecho de Osmond Chase, que fue muerto en Tepic el 7 de agosto por orden del mismo general mexicano, no solamente sin juicio, sino sin conjetura ninguna de sus amigos sobre la causa de su arresto.

Se le representa como un joven de buen carácter e inteligencia, que se había granjeado numerosos amigos por el valor y humanidad que había manifestado en varias ocasiones difíciles y su muerte fue tan inesperada como tan horrorosa para todos.

Otros ultrajes pudieran enumerarse; pero estos son suficientes para conocer el calamitoso estado del país y la falta de protección de las personas y propiedades de nuestros ciudadanos en México.

En todos estos casos nuestros ministros han sido constantes y fieles en sus demandas de reparación; pero tanto ellos como este gobierno, al que sucesivamente han representado, no han podido hacer efectivas sus relaciones.

Su testimonio en este respecto y con referencia al único remedio que a su juicio podría encontrarse para esta exigencia ha sido tan uniforme como enfático.

Únicamente una manifestación del poder del gobierno de los Estados Unidos -escribía nuestro último ministro en 1856-, y de su propósito de castigar estos ultrajes, seria eficaz.

Aseguro a usted que la creencia universal es aquí, que nada se debe temer del gobierno de los Estados Unidos y que los oficiales locales mexicanos pueden cometer estos ultrajes contra los ciudadanos americanos con absoluta impunidad.

Espero que el Presidente -escribía nuestro ministro actual en agosto último- se consideraría autorizado para pedir al Congreso el poder de entrar a México con fuerzas militares de los Estados Unidos por el llamado de las autoridades constitucionales, con el objetó de proteger los ciudadanos y los derechos de los Estados Unidos adquiridos por tratados.

Si no le concede tal poder, ni los unos ni los otros serán respetados en el presente estado de anarquía y desorden y los ultrajes ya cometidos nunca serán castigados y, como aseguré a usted en mi número 23, todos estos perjuicios deben crecer hasta que todo vestigio de orden y gobierno desaparezca en el país.

A mi pesar me veo obligado a adoptar la misma opinión y, por justicia a mis compatriotas que han sufrido perjuicios de México y a los que pueden todavía sufrirlos, juzgo de mi deber anunciar esta conclusión al Congreso.

El presente caso, sin embargo, no es uno simplemente; reclamaciones individuales, aunque nuestras justas quejas contra México ascienden a una gran suma.

Ni es tampoco simplemente el caso de protección a las vidas y propiedades de los pocos americanos que puedan todavía permanecer en México, aunque la vida y propiedad de cada ciudadano americano deba ser eficazmente protegida en cualquiera parte del mundo.

Esta es una cuestión que afecta a lo futuro, lo mismo que al presente y al pasado y que envuelve indirectamente por lo menos el conjunto de nuestros deberes hacia México, como un Estado vecino.

El ejercicio del poder de los Estados Unidos en aquel país para reparar los perjuicios sufridos y proteger los derechos de nuestros propios ciudadanos, no es lo menos que debe desearse, porque un auxilio suficiente y necesario se puede dar al propio tiempo para establecer la paz y el orden en México mismo.

En la consecución de este objeto el pueblo de los Estados Unidos debe tener necesariamente un profundo y grande interés.

México debe ser una república rica, próspera y poderosa.

Posee un territorio extenso, un suelo fértil y una riqueza mineral incalculable.

Ocupa una importante posición entre el Golfo y el Océano para vía de tránsito y para el comercio, ¿Es posible que un país como éste pueda ser abandonado a la anarquía y a la ruina sin que nadie haga un esfuerzo por su recobro y seguridad?

¿Permanecerán las naciones comerciales del mundo que tienen tantos intereses enlazados con él del todo indiferentes a tal resultado?

¿Pueden los Estados Unidos, especialmente, que deben participar más ampliamente de sus relaciones comerciales, permitir a su vecino inmediato que se destruya a si mismo y que los perjudique a ellos?

Pues bien sin auxilio extraño no es posible comprender cómo pueda México reasumir su posición entre las naciones y entrar en una senda que prometa buenos resultados.

El auxilio que se requiere y que el interés de todas las naciones comerciales exige que tenga, le corresponde darlo a este gobierno, no sólo en virtud de nuestra vecindad con México, a lo largo de cuyo territorio tenemos una frontera de cerca de mil millas, sino en virtud también de nuestra política establecida que no consiente la intervención de ninguna potencia europea en los negocios domésticos de aquella república.

Los agravios que hemos sufrido de México están patentes al mundo y deben causar profunda impresión a todo ciudadano americano.

Un gobierno que, o no quiere o no puede satisfacer tales agravios, falta a sus más altos deberes.

La dificultad consiste en elegir y aplicar el remedio.

En vano acudimos al gobierno constitucional en Veracruz pidiendo la debida reparación a que está bien dispuesto a hacer justicia.

Mientras que su autoridad está reconocida en todos los puertos importantes y en las costas de la república, su poder no se extiende a la ciudad de México ni a los estados que le son vecinos, en donde han sido cometidos los ultrajes recientes contra los ciudadanos americanos.

Debemos penetrar en el interior para poder llegar a donde están los que nos han ofendido y esto sólo puede hacerse pasando al través del territorio que ocupa el gobierno constitucional.

El modo más aceptable y menos difícil de llenar tal objeto, seria obrar de concierto con aquel gobierno.

Creo que su consentimiento y ayuda se podría obtener; pero, si no fuese así, nuestra obligación de proteger a nuestros propios ciudadanos en sus derechos, asegurados por tratados, no sería menos imperiosa.

Por estas razones recomiendo al Congreso que expida una ley que autorice al Presidente, bajo las condiciones que parezcan convenientes, para emplear la fuerza militar suficiente para entrar en México, con objeto de obtener una indemnización para lo pasado y seguridad para lo futuro.

Me abstengo de hacer cualquiera indicación sobre si estas fuerzas deben consistir en tropas regulares, en voluntarios o en ambas a la vez; esta cuestión debe dejarse más propiamente a la resolución del Congreso.

Quisiera solamente hacer notar que, si se eligen los voluntarios, tal fuerza podría levantarse fácilmente en este país entre los que simpatizan con los sufrimientos de nuestros infortunados conciudadanos en México y con la desgraciada condición de aquella república.

Tal auxilio a las fuerzas constitucionales las pondría en aptitud de llegar pronto a la ciudad de México y de extender su poder sobre toda la república.

No hay motivo para dudar que en ese caso serían satisfechas las justas quejas de nuestros ciudadanos y se obtendría completa reparación por los agravios que se les han inferido.

El gobierno constitucional ha manifestado siempre un grande deseo de hacernos justicia y esto puede asegurarse por un tratado preliminar.

Puede decirse que estas medidas serán, cuando menos indirectamente, contrarias a nuestra sabia y establecida política de no intervenir en los asuntos domésticos de las naciones extranjeras.

Pero ¿no constituye el caso presente una excepción? La república vecina está en un estado de anarquía y confusión, del que ha probado que es enteramente impotente para salir por sí misma.

Está enteramente destituida de poder para mantener la paz en sus fronteras o para prevenir las incursiones de los bandidos en nuestro territorio.

En su suerte y en su fortuna, en su poder para establecer y mantiene un gobierno constituido, tenemos mayor interés social, comercial y político, que ninguna otra nación.

Es ahora un náufrago en el océano, sumergido al impulso de las diferentes facciones.

¿No le extenderemos como buenos vecinos una mano amiga para salvarlo? Si nosotros no lo hacemos, no será sorprendente que alguna otra nación acometiese la empresa y entonces se nos obligaría a intervenir al fin bajo circunstancias de crecientes dificultades, para mantener nuestra política establecida.

Repito la recomendación hecha en mi último mensaje anual para que se dé al Presidente facultad de establecer uno o más puestos militares temporales a lo largo de la línea americana de Sonora y Chihuahua, en donde puedan ser necesarios para proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos americanos y mexicanos contra las incursiones y depredaciones de los indios y de los ladrones de aquella remota región.

El establecimiento de tal puesto en un punto llamado Arizpe, en Sonora, en un país casi despoblado ahora por las incursiones de los indios de nuestro lado de la línea, se cree que habría evitado muchos daños y muchas crueldades durante la estación pasada.

Un estado de desorden y de violencia prevalece en aquella distante frontera.

La vida y la propiedad están enteramente inseguras.

La población de Arizona, que ahora tiene más de 10 mil habitantes, está de hecho destituida de gobierno, de leyes y de una regular administración de justicia.

El asesinato, la rapiña y otros crímenes se cometen con impunidad.

Por lo mismo, llamo la atención del Congreso sobre la necesidad de establecer un gobierno territorial en Arizona.

Fuente:

Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Selección y notas de Jorge L. Tamayo. Edición digital coordinada por Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Versión electrónica para su consulta: Aurelio López López. CD editado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Primera edición electrónica. México, 2006.