1859
Al fin se firma el tratado de tránsito y la convenció anexa.
Veracruz, diciembre 14 de 1859.


Sr. Lewis Cass
Ministro de Estado de los Estados Unidos

Señor:

Tengo la satisfacción de enviar adjunto un tratado concluido con el gobierno de México, por el cual se hace patente que mis gestiones para obtener los derechos de tránsito y vía a través del Istmo de Tehuantepec y del Río Grande y Arizona al Golfo de California, han sido llevadas a su feliz término y que este gobierno da su anuencia a todas aquellas condiciones consideradas por el Presidente como importantes para garantizar la seguridad del mismo.

Adjunto también un convenio llevado a cabo con el gobierno de México para poner en vigor las condiciones del Tratado, así como para mantener el orden en el territorio de las republicas de México y Estados Unidos de Norteamérica y en el cual se hace notorio que, en tanto la independencia de México no se vea comprometida en lo más mínimo, Estados Unidos adquiere el derecho de intervenir, con el objeto de mantener los derechos involucrados en el tratado, así como para salvaguardar la seguridad de sus propios ciudadanos, siempre y cuando México se muestre incapacitado para garantizarla, esto sin incurrir en la obligación o necesidad de una intervención en los asuntos internos de este país.

El Tratado de Tránsito y Comercio está basado en los acuerdos o proyectos del señor Ocampo que me fueron presentados junto con su carta del 9 de julio de 1859, copia de la cual fue enviada oportunamente a usted como anexo A de mi despacho número 23.

Los artículos de este proyecto han sido modificados cumpliendo las instrucciones comunicadas en su número 16.

Estas modificaciones fueron rechazadas por el señor de la Fuente en su nota de agosto 30, copia de la cual fue remitida a usted corno anexo A de mi despacho número 33 y nuevamente con fecha 24 de noviembre en ocasión de una conferencia personal mantenida conmigo después de la cual se retiró del gobierno del Presidente Juárez, habiendo decidido que antes de hacer esto último, era su deber ultimar las negociaciones tomando corno base las instrucciones ya mencionadas anteriormente.

Habiendo sido nombrado el señor Ocampo nuevamente ministro de Relaciones Exteriores, sostuve varias pláticas con él en el curso de las cuales le notifiqué que no tenía la menor intención de imponer los puntos de vista de mi gobierno ni de continuar con las negociaciones a menos de que las proposiciones del Presidente relacionadas con la protección del tránsito fueran inmediata y totalmente concedidas, en respuesta de lo cual me informó que había recibido instrucciones de aceptar la proposición hecha por mí al señor de la Fuente en agosto, a saber, que el artículo del tratado con la República de Nicaragua referente a impartir la protección necesaria y adecuada al efecto de asegurar el tránsito, debería ser adoptado como una solución satisfactoria en este asunto.

Habiendo aceptado hacer esta concesión, proseguimos con el estudio de los otros artículos de su proyecto, todos los cuales fueron modificados para satisfacer las demandas del gobierno de Estados Unidos, excepto en una proposición que hice relacionada con la limitación en los dividendos y que podría efectuarse por las compañías que usufructúan los privilegios del tránsito.

En ejercicio de la facultad discrecional que me fue concedida, no quise seguir adelante con esta proposición ya que el señor Ocampo se mostró muy sensible en relación con este tema y abundó en la opinión de que tal limitación no debería imponerse sobre las compañías que habían invertido capital en México, donde el valor del dinero era mucho mayor que en Estados Unidos o en Europa; sin embargo, consideré oportuno ampliar y aumentar la demanda hecha por mí y relacionada con los privilegios comerciales a disfrutar al término de los tránsitos.

Con este propósito sugerí que de común acuerdo elaborásemos una lista de artículos y productos o manufacturas de ambas repúblicas para ser presentada al Congreso de Estados Unidos para que de ella fueran seleccionados a su arbitrio los artículos que podrían importarse hacia ambos países usando estas vías de tránsito, ya sea libre de derechos o sujetos al pago de derechos aduanales fijos, todo ello bajo términos de perfecta reciprocidad.

En esta lista se abarcan todos los artículos que fueron incluidos en el proyecto de tratado de reciprocidad negociado anteriormente entre México y Estados Unidos.

A esta lista se agregaron nuevos artículos de suma importancia, especialmente en la referente a cereales, materias primas para la elaboración del pan y manufacturas de algodón y piel.

Considero este último arreglo de suma importancia, sobre todo si se le toma en cuenta en conexión con la reglamentación del almacenaje, previsto ya en el proyecto original.

Es de suma importancia, repito, no sólo para la población de la frontera entre México y los Estados Unidos, sino también para los intereses comerciales generales de ambas repúblicas, siéndolo en mayor grado para los intereses agrícolas del oeste y para las manufacturas de piel y algodón ya sea del oeste o del este, tal como se hizo ya notar al hacer la amplia descripción de este capitulo en el anterior Tratado de Tránsito y Comercio, cuyo proyecto original ya ha sido sancionado par el presidente.

Espero, no sin razón, que encuentre en estas últimas modificaciones mayor abundancia de motivos para que los resultados de mis negociaciones sean recibidos con satisfacción.

Este Tratado de vías de Tránsito y Comercio, tal como ha quedado concluido, cede a Estados Unidos, a perpetuidad, el derecho de vía a través del Istmo de Tehuantepec y desde el Río Grande y Arizona hasta el Golfo de California, con derechos de libre paso de alimentos, mercancía y correos, tropas y municiones de guerra.

Se construirán almacenes al final de las vías de tránsito, procediéndose a regular el almacenaje de las mercancías, ya sea que se vendan en México o que se reembarquen y cuyo movimiento y circulación queda exento de todo gravamen aduanal.

Se procederá a hacer un catálogo que enumere y describa los artículos susceptibles de importación hacia cualesquiera de ambas repúblicas sobre las bases de una perfecta reciprocidad.

Asimismo se concede al gobierno de Estados Unidos poder hacer uso de su fuerza militar con el objeto de garantizar la estabilidad del aprovisionamiento, con la aclaración de que quedan exentas de cualquier tipo de empréstito; su presencia servirá para garantizar la libertad de religión y culto, ya sea en templos públicos o casas particulares, lo que dará a los ciudadanos estadounidenses múltiples ventajas, tanto en la línea de las vías de tránsito como en la frontera del interior, contribuyendo a la prosperidad y bienestar general de ambas repúblicas.

Se ha estipulado en 4’000,000 la suma a pagarse a México en compensación por el menoscabo que sufrirá en sus ingresos por concepto de derechos aduanales, provocado por el libre tránsito a través de su territorio, de mercancías que pasarán de nuestros estados del Atlántico a los del Pacífico y viceversa, o de las destinadas para consumo en Arizona.

En esta cantidad se incluye también el pago de las concesiones comprendidas en otras estipulaciones del Tratado.

De esta suma de 4’000,000, dos se mantendrán como reserva constante con el fin de satisfacer posibles demandas de los ciudadanos estadounidenses contra el gobierno de México.

En despachos anteriores ya he formulado los comentarios pertinentes sobre estas estipulaciones y en ellos he expresado ampliamente la opinión que su mérito y valor me merece; esto me ahorra el extenderme en el presente despacho en nuevas apreciaciones al respecto, siendo mi propósito actual el de recapitular las estipulaciones comprendidas en el tratado tal y como lo he concluido.

Por lo que hace al convenio relativo al cumplimiento de las estipulaciones del tratado y al mantenimiento del orden en el territorio de ambas repúblicas, tengo muy poco que agregar a lo que tan repetidamente he propuesto a vuestra atención sobre la incapacidad de todo gobierno existente en México como gobierno central para desempeñar adecuadamente sus funciones como gobierno supremo y al analizar y discutir el proyecto del señor Ocampo sobre un Tratado de Alianza entre México y Estados Unidos, nunca he dudado y mucho menos ahora, respecto a la capacidad del Gobierno Constitucional para mantenerse contra la Iglesia y el gobierno militar que ha tomado posesión de la capital, pero no podría predecir cuándo o cómo terminará la lucha entablada entre ella y, hasta que llegue ese momento, todos los ciudadanos de Estados Unidos estarán expuestos a peligros y las estipulaciones del tratado, en riesgo constante de ser violadas.

En estas circunstancias y aunque en todas las ocasiones he hecho patente al Gobierno Constitucional que tenía instrucciones específicas para adherirme por completo a la política determinada por Estados Unidos y de manera firme y constante he insistido en que el deber manifiesto del gobierno de Estados Unidos es el de intervenir e impedir todo acto tendiente a perturbar su propia seguridad, a lo que le es debido en abstracto, o en virtud de las estipulaciones del tratado, o cuando alguna otra causa demande tal intervención, como también para proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos de los Estados Unidos que residen en territorio mexicano.

Con este principio general a la vista y acorde al espíritu de vuestras instrucciones al respecto, he puesto todo mi empeño para llegar a un entendimiento con el Gobierno Constitucional y en él he ido tan lejos como lo permitía intervenir ocasionando la menor cantidad posible de trastornos en las relaciones amistosas que deberán ser siempre mantenidas entre ambas repúblicas, y sin alejarme demasiado de la política que Estados Unidos ha seguido hasta ahora.

Después de muchas dificultades he persuadido al Gobierno Constitucional para que reconozca su obligación de buscar apoyo en Estados Unidos cuando se vea manifiestamente incapacitado para desempeñar con la eficacia debida sus funciones como tal y esto sólo lo he logrado cuando les he hecho presente que tarde o temprano el gobierno de Estados Unidos actuaría en defensa de sus derechos y para proteger a sus ciudadanos, sin tomar en cuenta a éste o cualquier otro gobierno a autoridad; sólo entonces, repito, estuve en posibilidad de llegar a una conclusión que fuera de mi entera satisfacción.

El principio de reciprocidad, que es la característica preponderante en el convenio que he concluido y que ahora someto a la consideración del Presidente, parece emanar de la dignidad inherente al gobierno de México; tal actitud ha sido prácticamente justificada por los recientes sucesos de la frontera de Río Grande y en vista de ello la he aceptado de buen grado y en la confianza de que la debilidad del gobierno mexicano haga necesaria dicha intervención.

Reconozco que al concluir este convenio he actuado usando mi discreción y apoyado en mi responsabilidad, aunque toda mi actividad ha estado regida par el empeño de seguir el espíritu de vuestras instrucciones, estando convencido que si el gobierno de Estados Unidos rehúsa tomar la responsabilidad impuesta sobre él, adoptando y ratificando este convenio, la anarquía prevalecerá en México y sólo se le pondría fin mediante una intervención directa originada en algún otro distrito situado en algún lugar del mapa de la política federal de México, o por una intervención nuestra motivada por alguna provocación imprevista y repentina, lo que nos expondría a las responsabilidades de una guerra general y a una conquista que pocos desearían emprender o terminar.

Hago un solícito llamado a vuestra atención sobre mi despacho número 5, el cual pone de manifiesto la importancia del tránsito de Guaymas a Arizona y a mis despachos números 8, 10, 17 y 22 que hacen referencia a los asesinatos de Tacubaya y a la demanda relacionada con el asesinato de Ormond Chase y, a este respecto, vuelvo a hacer un llamado muy especial a vuestra atención para resaltar la necesidad de adoptar alguna medida, ya sea de acuerdo con el Gobierno Constitucional o independientemente de este último y que tenga como finalidad imponer tales reclamaciones.

Todos los hechos relacionados con estas gestiones recomiendan definitivamente la aceptación del convenio que remito adjunto.

Muy respetuosamente, etc...

Robert M. McLane

(TEXTO INGLES ORIGINAL DEL DOCUMENTO ANTERIOR).

Hon. Lewis Cass
Secretary of State,
Washington City

Sir:

I have the satisfaction to forward herewith a treaty concluded with the government of Mexico, by which it will be perceived that my negotiation for transits and rights of way across the Isthmus of Tehuantepec, and from the Rio Grande and Arizona to the Gulf of California, is successfully closed, and that this government consents to all the stipulations deemed important by the President to insure the safety of the same.

I have also concluded and forward herewith a convention with the government of Mexico to enforce treaty stipulations, and to maintain order in the territory of the republics of Mexico and the United States, by which it will be perceived that, while the independence of México is in no degree compromised, the United States acquires the right to intervene support of its own treaty rights and the security of its own citizens whenever Mexico may be unable to guaranty the same, without incurring the obligation or necessity of a general intervention in the domestic affairs of that country.

The treaty of transits: and commerce is based upon the resolutions or project of Mr. Ocampo, submitted to me with his letter of the 9th July, 1859, a copy of which was transmitted to you as exhibit A of my despatch N° 23.

The articles of this project have been modified in pursuance of your instructions communicated in your N° 10, which modifications ‘were refused by Mr. Fuente in his note of August 30, a copy of which was transmitted to you as exhibit A of my despatch N° 33, and again on the 24th November, in a personal conference with me, after which he retired from the government, President Juarez having decided that it was his duty to conclude the negotiation on the basis of your instructions already noted.

Mr. Ocampo then having resumed the post of Minister of Foreign Affairs, I held several conferences with him, in which I advised him that I had no desire to press the views of my government further, and that I should not resume the negotiation unless the views of the President in relation to the protection of the transits were promptly and fully conceded.

In reply to which he informed me that he had received instructions to accept the proposition I made to Mr. Fuente in August, to wit: that the article in the treaty with the republic of Nicaragua relating to the protection necessary and proper to insure the safety of the transits should be adopted as a satisfactory solution of the question.

I accepted this concession, and proceeded with the examination of the other articles of his projects, all of which were modified to meet the views of the government of the United States, except in relation to the limitation proposed by me on the dividends that might I be made by companies possessing the privileges of transit.

In the exercise of the discretion confided to me I did not press this proposition, as Mr. Ocampo manifested unusual sensibility in reference to it, and persisted in his opinion that such a limitation ought not to be enforced upon companies that invested capital in Mexico, where the value of money was so much greater than in the United States or in Europe, but I deemed it expedient to extend and enlarge the demand I had made concerning the commercial privileges to be enjoyed at the termination of the transits.

With this view I proposed that a list of articles should be agreed upon, being the growth, product or manufacture of the two republics, and that the Congress of the United States should select from the list at its discretion which articles could be imported into either republic at these transits on terms of perfect reciprocity, whether free or at a fixed rate of duty.

In this list I embraced everything that was included in the project of a reciprocity treaty formerly negotiated between México and the United States, with some additional articles of considerable importance, specially all grains and breadstuffs, and manufactures of cotton and leather.

I consider this arrangement, when taken in connection with the warehousing regulations provided for in the original project, to be of great importance, not only to the frontier population between México and the United States, but to the general commercial interests of both republics, more particularly to the agricultural interest of the west, and the manufacturers of cotton and leather, whether in the west or east, and as it embodied in the treaty of transits and commerce, the original project of which has already received the sanction of the President, I indulge the hope that he will find in it an additional reason for receiving with satisfaction the result of my negotiation.

This treaty of transits and commerce, as concluded, cedes to the United States in perpetuity the right of way across the Isthmus of Tehuantepec and from the Rio Grande and Arizona to the Gulf of California, with free passage of goods, merchandise, and mails, troops and munitions of war Warehouses are to be erected at the terminus of the transits, and regulations established for storage of goods for sale in Mexico or for reshipment, and transit free of duty, with a schedule of articles to be imported into either republic on terms of a perfect reciprocity.

Power is conceded to the government of the United States to use its military force to insure the safety of these transits and that of its citizens who may enjoy the same.

These provisions, with the stipulation exempting them from forced loans and guaranteeing religious freedom and worship in chapels or private houses, will to give to the citizens of the United States in Mexico great advantages, and on the line of the transits as well as on the inland frontier contribute to the welfare and general prosperity of both republics.

The amount of four millions is stipulated as the sum to be paid to Mexico in compensation for its loss of revenue for the free passage of goods through its territory between our Atlantic and Pacific or destined for consumption in Arizona, and in consideration of the concessions embraced in the other stipulations of the treaty.

Two millions of the amount are reserved for the satisfaction of claims of citizens of the United States against the government of Mexico.

I have commented upon all these stipulations in former despatches, and expressed to you the opinion I entertain of their value; it is not necessary, therefore, that I should extend my observations in this despatch, my purpose being simply to recapitulate the stipulations embraced in the treaty as it has been concluded by me.

In reference to the convention to enforce treaty stipulations and to maintain order in the territory of either republic, I have little to add to what I have repeatedly brought to your attention in connection with the inability of any government that may exist in Mexico as a central government to perform properly its functions as a supreme government, and in discussing Mr. Ocampo’s project of a treaty of alliance between Mexico and the United States.

I do not doubt now, and I have never doubted, the ability of the constitutional government to sustain itself against the church and military government that has possession of the capital, but I cannot foresee when or how the struggle between them will terminate; and until such a termination is reached citizens of the United States in Mexico will be exposed to danger, and treaty stipulations will be violated.

Under these circumstances, although I have on all occasions represented to the constitutional government that I was instructed to adhere to the fixed policy of the United States and avoid all intervention with the domestic administration of Mexico, yet I have steadily insisted that it was the recognized duty of the government of the United States to intervene and interfere whenever its own security, or what was due to itself in the abstract, or in virtue of treaty stipulations, required such intervention, as also to protect and defend the lives and property of citizens of the United States within the territory of Mexico.

Keeping this general principle in view, and pursuing the spirit of your instructions on this point, I have endeavored come to such an understanding with the constitutional government as would permit such and intervention with the least possible disturbance of the friendly relations that ought to be maintained between the two republics, and without any real departure from the policy of the United States in this connection.

It has been with much difficulty that I induced the constitutional government to recognize its obligation to seek the aid of the government of the United States when it was unable to perform with effect its proper functions as a government; and it was only when I represented that sooner or later the government of the United States would act without reference to it or any other government or authority, in defense of its treaty rights and to protect its citizens that I was able to come to any conclusion satisfactory to myself on this point.

The principle of mutuality or reciprocity that prevails in the convention I have concluded and now submit for the consideration of the President seems due to the self-respect of the government of Mexico, and was justified practically by recent events on the Rio Grande frontier; and I adopted it willingly, and with confidence that it gave greater strength to the convention than if I had only contemplated the contingency that the weakness of the Mexican government rendered such intervention necessary.

I am aware that I have acted very much on my own discretion and responsibility in concluding this convention, though I have endeavored to follow the spirit of your instructions; and I am persuaded that if the government of the United States declines the responsibility imposed upon it by the adoption and ratification of this convention, further anarchy will prevail in Mexico, until it will be terminated by direct intervention from some other quarter in the federal politics of Mexico, or by an intervention of our own, caused by some sudden and unforeseen provocation that will expose us to the responsibilities of a general war, and a conquest that few would desire to undertake or consummate.

I beg to call your attention to my despatch, N° 5, in connection with the value of the transit from Guaymas to Arizona, and to in; dispatches Nos. 8, 10, 17, and 22, in reference to the Tacubaya assassination, and the demand addressed to the Miramon government for redress, and also to my N° 54, referring to the assassination o Ormond Chase; and in this connection I invite your particular attention to the necessity of adopting some measure in concert with the constitutional government, or independent thereof, to enforce these demand.

All the facts connected with these transactions urge strongly the adoption of the convention herewith transmitted.

Very respectfully, your obedient servant,

Robert M. McLane

Fuente:

Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Selección y notas de Jorge L. Tamayo. Edición digital coordinada por Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Versión electrónica para su consulta: Aurelio López López. CD editado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Primera edición electrónica. México, 2006.