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Siglo XIX > 1850-1859 > 1857

Ley Orgánica del Registro Civil.
Enero 27, 1857

Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.

El excelentísimo señor presidente sustituto de la República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la República mexicana, a los habitantes de ella, sabed: Que en uso de las facultades que me concede el artículo 3o. del plan de Ayutla reformado en Acapulco, he tenido a bien decretar la siguiente

Ley Orgánica del Registro del Estado civil

Capítulo I
Organización del registro

Artículo 1. Se establece en toda la República el registro del estado civil.

2. Todos los habitantes de la República están obligados a inscribirse en el registro, a excepción de los ministros de las naciones extranjeras, sus secretarios y oficiales.

3. El que no estuviere inscrito en el registro, no podrá ejercer los derechos civiles, y además sufrirá una multa desde uno hasta quince pesos. Se exceptúan los hijos que se hallen bajo la patria potestad, y todos los que según las leyes estén sujetos a tutela o curatela, quienes sólo serán responsables cuando no se inscriban después de haber entrado en el goce de sus derechos.

4. Al entablarse y contestarse una demanda, al otorgarse cualquiera escritura pública, así como para hacer valer el derecho hereditario y cualquiera contrato, se hará constar en la inscripción con el certificado que de ella debe dar el oficial del estado civil.

5. Para la primera inscripción, los gobernadores de los Estados y Distritos y los jefes políticos de los Territorios, abrirán padrones en un término que no pase de tres meses, en los cuales se asentarán con toda escrupulosidad de origen, la vecindad, el sexo, la edad, el estado y la profesión de los individuos. Estos padrones se formarán por orden alfabético, e impresos se conservarán en todas las oficinas públicas, para identificar las personas.

6. Este primer registro servirá de comprobante en las inscripciones que deben hacerse en caso de muerte o por cambio de estado. Si la segunda inscripción resulta contradictoria con la primera, el que hubiere cometido la falsedad, será castigado con una multa desde un peso hasta quince, salvas las acciones a que hubiere lugar por matrimonio doble, amancebamiento y otras que designen las leyes. En estos casos la policía dará parte a la autoridad judicial, para que obre conforme a sus atribuciones.

7. Las multas que en estos casos imponga la autoridad judicial, y las que imponga la policía por cualquiera in

fracción de esta ley, se depositarán en las tesorerías de los ayuntamientos a que corresponda la población, y formarán parte del fondo del estado civil, que servirá para cubrir los gastos del registro. Las cuentas de estos ramos se llevarán con total separación de los demás municipales y de policía, y se publicarán cada mes, siendo caso de imprescindible responsabilidad cualquiera falta por pequeña que sea.

8. Los registros del estado civil estarán a cargo de los prefectos y subprefectos, con sujeción a los gobernadores.

9. No habrá registro sino en los pueblos donde haya parroquia; donde hubiere más de una, se llevarán tantos registros como parroquias haya. Los registros de las poblaciones donde no hubiere parroquia se llevarán en los pueblos donde ésta se halle establecida. En la ciudad de México se establecerán por cuarteles mayores.

10. El registro se desempeñará por una sección compuesta del número de empleados que designen los gobernadores, según las circunstancias peculiares de cada pueblo: el oficial que la presida, será el que desempeñe todas las labores, con sujeción al prefecto o subprefecto, y deberá ser hombre de conocida probidad e inteligencia.

11. Ni el prefecto, ni el oficial en su caso, pueden autorizar acto alguno en que deban declarar como testigos, o para el cual se requiera su consentimiento. Para estos casos habrá un suplente.

12. Los actos del estado civil son: I. El nacimiento.

II. El matrimonio.

III. La adopción y arrogación.

IV. El sacerdocio y la profesión de algún voto religioso, temporal o perpetuo.

V. La muerte.

13. Para registrar estos actos se llevarán cinco libros en que se asienten las partidas con toda claridad y especificación, y otros cinco en que se extracten aquéllas, a fin de prevenir así cualquier extravío en materias de tanta importancia. Se formarán también los expedientes relativos a los actos registrados, que se archivarán con la correspondiente referencia al libro respectivo. Habrá además otro libro que contenga el padrón general y otro para la población flotante.

14. Los registros se asentarán marcados al margen de la derecha con el número que les corresponda en la inscripción, y al de la izquierda con el folio del extracto relativo. Los expedientes se marcarán con el número del registro.

15. Cada mes se remitirán dos copias en extracto a la prefectura: una quedará en ésta y otra pasará a la secretaría del Estado, Distrito o Territorio. Ésta remitirá cada tres meses un extracto general al Ministerio de Gobernación.

16. Cada libro servirá exclusivamente a su objeto y sólo por un año. La primera y última foja serán firmadas por los prefectos; y si al terminar el año hubiere fojas blancas, se inutilizarán con rayas transversales, certificándose en la última escrita, el número de actos ejecutados y el de las fojas que se inutilizan. Los libros terminarán por un índice alfabético formado por apellidos: cuando haya dos o más individuos del mismo nombre y apellido, se agregará el segundo de éstos.

17. Se prohíbe expresamente, y es caso de responsabilidad de los empleados y autoridades de quienes aquellos dependan, llevar los registros en hojas sueltas o no foliadas, y no coser los expedientes según se vayan formando.

18. Los certificados y demás documentos que deban figurar en los registros del estado civil, para hacer fe, deberán estar extendidos en papel del sello quinto, salvo en los casos en que no hubiere papel sellado; pero entonces deberá certificarse la falta por la autoridad respectiva, reponiéndose los pliegos cuanto más pronto fuere posible. Los libros y expedientes se llevarán en papel de oficina.

19. Los actos deben registrarse unos después de otros sin abreviaturas, enmiendas, raspaduras ni entrerrenglonaduras: los errores de pluma, o equivocaciones de redacción o sustanciales, se expresarán al fin del acto, salvándose con toda claridad, y antes de las firmas del funcionario público y de los comparente: las fechas no se pondrán con números.

20. Si un acto comenzado se entorpeciese porque las partes se nieguen a continuarlo, o por cualquier otro motivo, se borrará marcándolo con dos líneas transversales, y expresándose el motivo porque se suspendió; razón que deberán firmar la autoridad, los interesados y los testigos.

21. Desde que se firma un acto no es permitido anularlo, ni modificarlo en manera alguna, sino previa declaración de la autoridad judicial y audiencia de las partes.

22. Los certificados que se expidan, se darán a expensas de las partes, cobrándose el valor del papel y cuatro reales si no pasa de un pliego. Sí excediese, se cobrará a razón de dos reales por cada pliego de exceso. La inscripción en los registros se hará gratis en todos los casos; pero si se hiciere en la casa de los interesados, se cobrarán cuatro reales por pliego si fuere de día, y un peso si fuere de noche. Nada se cobrará a los insolventes.

23. Los libros, expedientes y extractos no se extraerán por ningún motivo de la oficina: los libros y expedientes se archivarán en ella al fin de cada año, con toda la seguridad y precauciones conducentes para su conservación; y los extractos se depositarán en el oficio de hipotecas del partido, para que en caso de pérdida de una constancia, se conserve la otra. Sobre este particular se recomienda muy escrupulosamente la mayor exactitud a las autoridades: los gobernadores dictarán las medidas que estimen oportunas y eficaces.

24. Los oficiales del estado civil formarán a continuación de esta ley una compilación de todos los decretos, órdenes, bandos, y demás disposiciones que se dictaren, concernientes al estado civil, a fin de que el registro de actos tan importantes se haga con toda la legalidad y exactitud debidas.

25. Los subprefectos vigilarán e inspeccionarán a los jueces de paz o autoridad a quien corresponda, en los pueblos a los subprefectos los prefectos, y a éstos los gobernadores, en los términos que los reglamentos particulares prevengan, para el mejor cumplimiento de la ley: los prefectos harán una visita por lo menos al año.

26. Los actos del estado civil contendrán el año, el día y la hora en que se registran; los nombres, apellidos, origen, vecindad, habitación, edad, estado y profesión de los interesados y de los testigos.

27. Los oficiales del estado civil no pueden insertar en el registro más que lo expresamente declarado por las partes: cuando alguna de éstas no sepa leer, uno de los testigos, designado por la parte, leerá el registro y firmará cuando aquélla no sepa hacerlo.

28. Cuando los interesados no puedan ocurrir personalmente al registro, podrán hacerlo por apoderado con poder especial, bastanteado en forma.

29. Para el registro de cualquier acto del estado civil, se requieren dos testigos, varones, mayores de veintiún años, que sepan leer y escribir, y que estén en el goce de los derechos de ciudadano; pueden serlo los parientes a falta de otros, y las mujeres en caso de absoluta necesidad.

30. Los actos del estado civil serán firmados por el oficial del registro, los interesados y los testigos, dándose previa lectura al acto, cuya circunstancia se hará constar antes de la firma, y expresando si algunos no firman, la causa porque dejan de hacerlo.

31. La prueba del estado civil se hará con el certificado del registro, y en el caso de que el acto no conste en el registro respectivo, se formará con las partidas de la parroquia y testigos mayores de toda excepción, aplicándose las penas que impone esta ley, si la falta de inscripción ha sido por culpa de los interesados, y asentándose el acto con la anotación correspondiente y la debida referencia en el folio en que según su fecha debió inscribirse.

32. En el caso de pérdida o extravío del registro, se hará la prueba de la manera prevenida en el artículo anterior, reponiéndose inmediatamente los libros y extractos por medio de padrones a costa de quien haya sido culpable de la pérdida, y cuando ésta haya sido casual, por cuenta del fondo del estado civil. Esto se entiende en el caso de que dicha prueba no pueda hacerse plenamente con los extractos de que hablan los artículos 13 y 15.

33. Tanto para la inserción de un acto omitido como para la justificación de un error no salvado en el momento de la inscripción, y para la reposición del registro, haya sido parcial o total la pérdida, se requiere la resolución de la autoridad judicial. Ésta, en los primeros casos, no podrá proceder sino a instancias de parte, y en ninguno fallará sin audiencia de los interesados y del síndico del ayuntamiento respectivo, y previo informe del prefecto.

34. Todo acto del estado civil registrado en país extranjero, hará fe si se ha hecho constar conforme a las leyes de la nación en que se ha celebrado.

35. Los actos del estado civil de los mexicanos, celebrados en país extranjero, harán fe si se han registrado conforme a esta ley ante los agentes diplomáticos o consulares de la República, donde los hubiere. Tanto en este caso como en el previsto en el artículo anterior, se observará lo dispuesto en el artículo 9o. del Estatuto orgánico. Los actos serán legalizados por los agentes de la República conforme a las leyes.

36. Los oficiales del estado civil por los errores, omisiones y otras faltas de este género, sufrirán una multa desde diez hasta cincuenta pesos. Si inscriben un acto en hoja suelta o fuera del lugar que le corresponda, la multa será doble.

37. En los casos de falsedad, cohecho y otros que se califiquen como delitos, sufrirán, previo el juicio correspondiente, la pena de cinco a diez años de presidio, debiendo ser degradados solemnemente del empleo, e inhabilitados para obtener otro.

38. En todo caso, serán responsables pecuniariamente de los perjuicios que su impericia o criminalidad haya causado, y lo serán asimismo los prefectos y demás autoridades que toleren o no remedien los abusos luego que lleguen a su conocimiento.

39. A este fin, en la visita de que habla el artículo 25, que por lo mismo convendrá que se haga dos o tres veces al año, la autoridad competente verificara los registros con toda escrupulosidad: si los errores se pueden subsanar gubernativamente, lo hará desde luego, aplicando las multas correspondientes; si los vicios del registro fuesen de gravedad, suspenderá al empleado culpable, y con todos los datos lo pondrá a disposición del juez competente.

40. De las resoluciones gubernativas podrán quejarse las partes ante el gobernador, y de las judiciales podrán apelar conforme a las leyes.

Capítulo II
De los nacimientos

41. Todo individuo nacido en el territorio de la República, será inscrito en el registro del estado civil dentro de las setenta y dos horas siguientes a su nacimiento. Los padres, parientes o personas en cuya casa se haya efectuado el nacimiento, están obligados a hacer la declaración en el término señalado ante el oficial encargado del registro, bajo la pena de diez a cincuenta pesos de multa. Los curas darán parte diariamente de los bautismos que administren, bajo la multa de diez a cincuenta pesos: en caso de reincidencia se dará parte a la autoridad eclesiástica, para que obre como sea justo.

42. El recién nacido será presentado al oficial, quien podrá pasar a la casa cuando hubiere peligro de la vida del niño. Cuando por otras causas se haga la inscripción en la casa, se pagarán los derechos de que habla el artículo 22.

43. Si la inscripción se pretendiere pasados los tres días, el oficial del estado civil no podrá hacerla sino por mandato judicial, a fin de evitar los males que podrían resultar de las inscripciones voluntarias o indefinidas.

44. La inscripción se hará en la oficina a que corresponda la habitación de la madre. Si el parto tuvo lugar en la calle o en casa extraña, la inscripción se hará en la oficina a que la calle o casa corresponda.

45. Los mexicanos que nazcan en país extranjero, serán inscritos de la manera dispuesta en la presente ley, ante los agentes diplomáticos de la República, donde los hubiere: donde no haya agentes mexicanos, se hará la inscripción ante la autoridad del lugar de la residencia, del modo que las leyes de aquel país determinen. En ambos casos se remitirá copia certificada por duplicado del registro, para que sea anotado el acto en el lugar que sirvió últimamente de domicilio al padre del niño, o a la madre en caso de ser desconocido aquél.

46. El padre natural no está obligado a hacer la declaración. Cuando se registre el nacimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio, no se asentará el nombre del padre sino en el caso de que éste consienta expresamente; mas si fuere casado, no se hará constar su nombre aunque él mismo lo pida.

47. Cuando se presente el cadáver de un niño cuyo nacimiento no haya sido registrado, sólo se hará constar que el niño ha sido presentado sin vida a la policía. En el registro correspondiente se inscribirá el acto de muerte.

48. El acta de un nacimiento contendrá el año, el mes, el día y la hora del nacimiento: el sexo del niño y los nombres que se le hayan de dar, o se le hayan dado en el bautismo: el nombre, apellido, profesión y domicilio de sus padres, de sus abuelos y de sus padrinos, y si es primero, segundo o tercer hijo. Si en la familia hubiere otro del mismo nombre, se le agregará algún otro para evitar equivocaciones.

49. Respecto de los hijos naturales, se asentará sólo el nombre de la madre y padrinos; y cuando ni esto se consienta por los interesados, sólo se registrará el nacimiento con esta fórmula: "Hijos de padres no conocidos".

50. Los gemelos deben ser registrados en distintas actas, expresándose con toda claridad la hora en que cada uno nació: si tuvieren alguna señal en el cuerpo, se anotará, y en cada acta se hará referencia a la del otro gemelo.

51. El reconocimiento de un hijo será registrado de la misma manera que el nacimiento, haciéndose constar no sólo los nombres y circunstancias prevenidas en los artículos anteriores, sino también la declaración de ser hijo natural, y la referencia a la acta de nacimiento, en la cual se anotará asimismo la de reconocimiento. Se llevará un libro reservado donde se registre el reconocimiento de los hijos espurios.

52. Lo dispuesto en el artículo precedente no impide los otros modos legales de reconocimiento, y en caso de que éste se haya hecho de otra manera legal, se anotará el acto en el registro con las referencias prevenidas.

53. Toda persona que encontrare un niño recién nacido expuesto, lo presentará inmediatamente al oficial de la sección a que corresponda el lugar donde hubiere sido encontrado, con todos los objetos que con él se hallaren, declarándose específicamente las circunstancias de la invención, a cuyo fin se llevará un registro de expósitos, con las mismas formalidades que los demás.

54. El registro se hará ante dos testigos, expresándose la edad aparente del niño y los nombres que se le den en el bautismo. Si como suele suceder en estos casos, se indica estar ya bautizado el niño, se buscará la partida en la parroquia o parroquias de la población; y si no se encontrare, se dará parte a la autoridad eclesiástica, para la resolución conveniente.

55. Si el inventor quiere adoptar al expósito, se practicará lo prevenido para los casos de adopción. Si no, el niño será entregado a alguno de los establecimientos de beneficencia, en donde no haya casa de expósitos, y cuando aquéllos también falten, al párroco respectivo, para que le conserve ínterin la autoridad política le envía a la ciudad donde haya casa de expósitos.

56. En ésta, así como en las demás de beneficencia, se llevará un registro que contenga todos los pormenores conducentes a reconocer al niño. En él se hará referencia al de la policía, y en el de ésta se anotará el día en que el niño entró al establecimiento, y el folio en que en el libro de éste se haga asentar la entrada.

57. Cuando el niño fuere reclamado por sus padres o parientes, no se hará la entrega sino con formal declaración de la autoridad judicial, y previas las pruebas que justifiquen plenamente la verdad del hecho y el derecho que tenga el reclamante. Éste, siendo acomodado, deberá pagar todos los gastos que haya causado el expósito, a cuyo fin en los establecimientos respectivos se llevará una cuenta exacta de los gastos particulares de cada niño para que unidos a los que le correspondan en los generales, pueda hacerse efectivo el reembolso.

58. Los padres, parientes o tutores que expongan niños menores de siete años, serán castigados conforme a las leyes vigentes.

59. Los que abandonen niños de siete a diez años, sufrirán la pena de diez a trescientos pesos de multa, o de un mes a un año de prisión. En estos casos el niño será puesto en algún establecimiento de beneficencia, asentándose en los registros de éste y de la policía todas las circunstancias conducentes, y anotándose el hecho en el registro del nacimiento del niño.

60. En todo caso la autoridad política hará las averiguaciones necesarias para encontrar la familia del niño.

61. Si un niño nace en alta mar, el nacimiento se registrará dentro de las veinticuatro horas siguientes, ante el oficial de cuenta y razón, si fuere buque de la marina nacional, o ante el capitán o patrón, si fuere mercante. El acta se redactará al pie del rol de los pasajeros, en presencia del padre, si lo hubiere, y de dos testigos, y contendrá todas las condiciones prescritas en esta ley. En el primer puerto a que llegue el buque, se sacarán dos copias del acta, autorizadas por el oficial o capitán y dos testigos: una se depositará en el consulado de la República, y si no lo hubiere, en el más cercano, y la otra se remitirá a la secretaría del gobierno del Estado o territorio que últimamente sirvió de domicilio al padre del niño, para que se anote en el registro respectivo. Si el padre fuera desconocido, se practicará lo mismo en el domicilio de la madre.

62. Los nacimientos efectuados en los hospitales, cárceles, casas de corrección y demás establecimientos, de beneficencia, serán registrados en la oficina a que la casa corresponda. Los superiores están obligados a dar parte en el acto al oficial del estado civil, quien hará el registro con total sujeción a lo prevenido en la presente ley. En los registros del establecimiento se anotará el hecho con referencia al folio del registro civil. Los nacimientos que se efectúen en un campamento militar, se registrarán por las oficinas del detall correspondientes, y en los términos prevenidos en esta ley, remitiéndose copia autorizada a la oficina del estado civil a que esté sujeto el domicilio de la madre, para que se hagan las anotaciones legales luego que sea posible.

Capítulo III
De la adopción y arrogación

63. Hecha la adopción y arrogación en la forma legal y aprobada por la autoridad judicial competente, el adoptante y el adoptado se presentarán al oficial del estado civil, quien ante los testigos hará el registro, que contendrá el año, mes, día y hora; los nombres de los interesados y la acta de adopción íntegra, la cual, además, quedará archivada como los demás expedientes.

64. En el registro de nacimiento o de reconocimiento del adoptado se anotará la adopción con la referencia correspondiente de páginas de una y otra.

Capítulo IV
Del matrimonio

65. Celebrado el sacramento ante el párroco y previas las solemnidades canónicas, los consortes se presentarán ante el oficial del estado civil a registrar el contrato de matrimonio.

66. El registro contendrá el año, mes, día y hora en que se efectúa; los nombres, apellidos, origen, domicilio y edad de los contrayentes, de sus padres, abuelos o curadores y de los padrinos: el consentimiento de los padres o curadores, o la constancia de haberse suplido por la autoridad competente en caso de disenso: la partida de la parroquia; el consentimiento de los consortes; la declaración de dote, arras donación proternupcias, y cualquiera otra relativa a los derechos que mutuamente adquieran los consortes: los nombres, etcétera, de los testigos, que deben ser dos por el marido y dos por la mujer, expresándose si son parientes y en qué grado: la solemne declaración que hará el oficial del estado civil, de estar registrado legalmente el contrato.

67. Los matrimonios que se registren en país extranjero ante los agentes diplomáticos de la República, se sujetarán a esta misma ley, remitiéndose copia autorizada al registro del último domicilio del marido y de la mujer, la cual será anotada en el lugar respectivo.

68. Lo mismo se hará con las copias que acrediten la celebración de un matrimonio en país extranjero, ante las autoridades del referido país. Tanto éstas como las de que habla el artículo anterior, vendrán competentemente autorizadas y legalizadas.

69. Los matrimonios que se celebren en el mar, se registrarán como está prevenido en el artículo 66; y la acta se extenderá de la manera dispuesta para la de nacimientos por el artículo 61.

70. Si fuere necesario celebrar un matrimonio en los hospitales, prisiones y demás casas de beneficencia, el oficial del registro correspondiente asentará el acto en los términos prevenidos en esta ley, haciéndolo constar también en los libros del establecimiento, con la debida referencia al folio del registro. Los matrimonios que se celebren en un campamento militar, se registrarán por la oficina del detall correspondiente, remitiéndose copia autorizada del acta al oficial del estado civil a que esté sujeto el último domicilio del marido y de la mujer, para las anotaciones legales.

71. El matrimonio será registrado dentro de cuarenta y ocho horas después de celebrado el sacramento.

72. El matrimonio que no esté registrado, no producirá efectos civiles.

73. Son efectos civiles para el caso: la legitimidad de los hijos, la patria potestad, el derecho hereditario, las ganancias, la dote, las arras y demás acciones que competen a la mujer; la administración de la sociedad conyugal que corresponde al marido, y la obligación de vivir en uno.

74. Cuando se pretenda registrar un matrimonio, pasado el término señalado en esta ley, será necesaria la declaración de la autoridad judicial, imponiéndose a los consortes una multa de diez a cincuenta pesos, o de un mes a seis de prisión.

75. Los extranjeros que contraigan matrimonio entre sí conforme a las leyes de su patria, ocurrirán en el término señalado a anotarlo en el registro ante el oficial del estado civil: los que lo contraigan según las leyes nacionales, cumplirán exactamente con lo prevenido en ellas.

76. Los prefectos y subprefectos suplirán el consentimiento, ya sea en caso de disenso, ya en falta de los padres, madres, abuelos y tutores a quienes corresponda según las leyes y en los términos que éstas previenen. En el Distrito suplirá el consentimiento el gobernador, y en los territorios los jefes políticos.

77. Las declaraciones de divorcios y nulidades de matrimonio, se anotarán también en el registro de la misma manera que los matrimonios, y con referencia al registro de éstos, anotándose el nuevo acto al margen del primero. Este registro será un apéndice al libro de matrimonios, y formará parte de él al cerrarse el volumen de cada año.

78. Los curas darán parte a la autoridad civil de todos los matrimonios que se celebren dentro de las veinticuatro horas siguientes, con expresión de los nombres de los consortes y de su domicilio, así como de si precedieron las publicaciones o fueron dispensadas bajo la pena de 20 a 100 pesos de multa. En caso de reincidencia se dará parte a la autoridad eclesiástica para que obre como sea justo.

Capítulo V
De los votos religiosos

79. Las personas que quieran dedicarse al sacerdocio, o consagrarse al estado religioso, no podrán hacerlo antes de la edad señalada por las leyes, que para que las mujeres entren al noviciado, será la de veinticinco años cumplidos. Antes de recibirse el subdiaconado y antes de hacerse la profesión privada, comparecerán los interesados en la oficina del estado civil, y en ella, en presencia del oficial respectivo y de dos testigos, declararán sus nombres, apellidos, patria, vecindad, profesión y edad; manifestarán su explícita voluntad para adoptar el estado en que van a entrar, el consentimiento de sus padres o tutores, quienes firmarán también el acta; y expondrán asimismo si obtienen algún beneficio eclesiástico, cuál sea éste, y si es de sangre o concedido, y por quién.

80. Los registros de las profesiones de las religiosas se harán en su mismo convento, debiendo declarar la interesada solamente en presencia del oficial y de los testigos, a fin de que quede garantizada la libertad de su declaración.

81. Las personas que por haber terminado el tiempo de sus votos, o por no querer ya cumplirlos, se separasen de los monasterios o comunidades de que dependía, harán asimismo la correspondiente declaración ante el oficial del estado civil, la cual se anotará además al margen del acto primitivo. Lo mismo se hará en los casos de exclaustración por nulidad de los votos y por buleto de secularización. En estos registros se asentarán minuciosamente todas las circunstancias que conduzcan a la justificación del acto.

Capítulo VI
De los fallecimientos

82. Ninguna inhumación se hará sin autorización del oficial del estado civil; quien para darla deberá cerciorarse por sí mismo de la realidad de la muerte y de la identidad de la persona. Cuando el oficial no pueda ir personalmente a la casa del finado, el hecho será certificado por el juez de la manzana, que firmará el acta.

83. Ésta será formada por el oficial ante dos testigos, que podrán ser dos parientes del difunto u otras personas; y en caso de que la muerte se haya efectuado fuera de la habitación propia, lo será precisamente el dueño de la casa y otra persona, bien sea pariente o extraño.

84. El registro contendrá los nombres, apellidos, edad, patria, domicilio y profesión del difunto y de los testigos, expresándose si éstos son parientes y en qué grado: el nombre, apellido, edad, patria y vecindad del cónyuge supérstite: si el difunto era viudo, se expresará de quién; los nombres, etcétera, de los hijos y de los padres. Si la edad no pudiere ser fijada de un modo positivo, se hará aproximadamente, y si se ignora el lugar del nacimiento, se designará al menos el Estado o nación.

85. Para extender el acta, el pariente más próximo, el jefe de la familia o el dueño de la casa, ocurrirán a la oficina respectiva y presentarán el certificado del médico que asistió al difunto, el cual contendrá la fe de muerte, la noticia de la enfermedad, la de si quedan viuda e hijos, si se otorgó testamento y la hora del fallecimiento. A falta del médico de cabecera, extenderá el certificado un médico de policía. Este certificado se insertará en el acta y se archivará con los demás expedientes. En las casas de vecindad, los caseros o caseras darán el aviso a la oficina correspondiente.

86. Ninguna inhumación se hará antes de las veinticuatro horas después de la muerte, a excepción de los casos urgentes, en los cuales el oficial de policía dictará las medidas que crea convenientes, para que no quede la menor duda de ser cierta la muerte: en el registro se harán constar estas circunstancias.

87. En caso de muerte en los hospitales civiles o militares, u otros establecimientos públicos, los directores o superiores avisarán inmediatamente al oficial del estado civil, quien hará el registro en el tiempo, forma y términos prevenidos en los artículos anteriores. En los registros de los establecimientos se asentará también el acto. El oficial remitirá también copia del registro al último domicilio del difunto, para que la muerte sea anotada al margen de los actos anteriores.

88. Esto mismo se hará siempre que un individuo fallezca fuera del lugar de su domicilio.

89. En los casos de muerte en las prisiones o casas de corrección o reclusión, así como en los presidios, se observarán los artículos anteriores; pero en el registro civil no se hará mención alguna de esa circunstancia, como tampoco de los de la muerte violenta en caso de suicidio; y sólo en las dichas casas se conservará memoria del hecho, del que únicamente se dará certificado, previo mandato judicial o de la policía, bien de oficio o a petición de parte legítima.

90. En caso de muerte en el mar, el acta se formará de la manera prescrita en los artículos anteriores: en los buques de la marina nacional por el oficial del ministerio político, y en la mercante por el capitán o el patrón, asentándose el acta a continuación del rol de los pasajeros, y con cuanta escrupulosidad fuese posible.

91. En el primer puerto a que llegue el buque, se sacarán dos copias del registro autorizadas por testigos, practicándose todo lo prevenido en el artículo 61.

92. Cuando un militar muera en el ejército, sea en marcha, campamento o combate, el registro se hará por las oficinas del detall correspondientes, en los términos prevenidos en esta ley. Si la persona no tuviere en el ejército carácter militar, el registro se hará por el jefe del ministerio político del ejército; y si la muerte tiene lugar en los hospitales militares sedentarios o ambulantes, por el director. En todos estos casos se remitirá copia autorizada del registro a la prefectura a que corresponda el último domicilio del difunto, a fin de que se hagan las anotaciones correspondientes.

93. Cuando en el cadáver o modo de fallecer de alguna persona, se presenten indicios o señales de muerte violenta o preparada, o se anoten algunas circunstancias que den motivo para sospechar que se ha cometido algún crimen, la inhumación no podrá hacerse sino después que un agente de policía, asociado de dos médicos, haya formado una acta en que consten el estado del cadáver y todas las circunstancias que produzcan sospechas. Si se descubriere algún indicio de crimen, se dará inmediatamente cuenta a la autoridad.

94. En dicha acta se procurará hacer constar en cuanto fuese posible, el nombre y demás generales del difunto, y cumplirse hasta donde lo permitan las circunstancias, con lo prevenido en esta ley.

95. El agente de policía remitirá copia autorizada del acta al oficial del estado civil del lugar, quien haciendo las indagaciones que fueren posibles, formará el registro y lo remitirá en copia autorizada a la oficina del último domicilio del difunto, para los efectos legales. En el caso de que no se pueda reconocer a la persona, se hará constar las señas y se conservarán los objetos que con el cadáver se encuentren, anotándose en el registro cuantas circunstancias sean conducentes para las averiguaciones ulteriores.

96. Los alcaldes de las cárceles deberán remitir dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución de una sentencia de muerte, al oficial del registro del lugar donde se haya hecho la ejecución, todas las noticias prevenidas en el artículo 84. Con ellas se formará el acta, que en copia se remitirá al último domicilio del difunto; pero en el registro no se hará mención alguna de haber sido aquél ajusticiado: este hecho constará solamente en los libros de la cárcel y en los archivos de los tribunales.

97. El acto de muerte se anotará en los registros de nacimiento y matrimonio, con la debida referencia al folio del registro de fallecimientos.

Capítulo VII
Disposiciones generales

98. Los gobernadores y jefes políticos formarán los reglamentos que sean más adoptables en sus respectivos territorios, para la mejor ejecución de esta ley.

99. Las oficinas del registro civil, quedarán establecidas al mes de publicada esta ley, y dentro de los dos siguientes estarán formados los padrones de que habla el artículo 5o.

100. El primer día del cuarto mes comenzará la obligación de inscribirse; pero las penas impuestas en esta ley no se aplicarán a los que la hayan infringido, sino después de seis meses contados desde la publicación.

Por tanto mando se imprima, publique, y circule a quienes corresponda para su cumplimiento.

Dado en México, a 27 de enero de 1857.

Ignacio Comonfort.

Al C. José Ma. Lafragua.

Y lo comunico a vuestra excelencia para su inteligencia y cumplimiento.

Dios y libertad. México, enero 27 de 1857.

Lafragua.

Fuente:

De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal. Gloria Villegas Moreno y Miguel Angel Porrúa Venero (Coordinadores) Margarita Moreno Bonett. Enciclopedia Parlamentaria de México, del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura. México. Primera edición, 1997. Serie III. Documentos. Volumen I. Leyes y documentos constitutivos de la Nación mexicana. Tomo II. p. 512.