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Siglo XIX > 1850-1859 > 1856

Documento 29. Tratado Continental entre los Gobiernos de Perú, Chile y Ecuador.
Santiago, 15 de septiembre de 1856.

En nombre de la Santísima Trinidad.

La República del Perú, la República de Chile y la República del Ecuador, deseando cimentar, sobre bases sólidas, la unión que entre ellas existe, como miembros de la gran familia americana, ligados por intereses comunes, por un común origen, por la analogía de sus institu­ciones, y por muchos otros vínculos de fraternidad, y estrechar las relaciones entre los pueblos y los ciudadanos de cada una de ellas, quitando las trabas y restricciones que puedan embarazarlos, y con la mira de dar, por medio de esa unión, desarrollo y fomento al progreso moral y material de cada una y de todas las Repúblicas y mayor impulso a su prosperidad y engrandecimiento, así como nuevas garantías a su independencia y nacionalidad ya la integridad de sus territorios, han considerado conducente a estos fines celebrar un tratado de unión entre sí y con los demás Estados americanos que convengan en adherirse a él, y al efecto han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:

Su Excelencia el Presidente de la República del Perú, al señor don Cipriano C. Zegarra, Encargado de Negocios de dicha República cerca del Gobierno de Chile; Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, al señor don Antonio Varas, Ministro de Relaciones Exteriores de dicha República; Su Excelencia el Presidente de la República del Ecuador, al señor don Francisco Javier Aguirre, Ministro Plenipoten­ciario de dicha República cerca del Gobierno de Chile.

Los cuales, habiéndose comunicado sus respectivos plenos poderes, y hallándolos en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1. Los ciudadanos o naturales de cualquiera de las Altas Partes Contratantes, gozarán en los territorios de cualquiera de las otras, del tratamiento de nacionales, con toda la latitud que permitan las leyes constitucionales de cada Estado. Sus propiedades o bienes gozarán igualmente en los territorios de cualquiera de las Altas Partes Contratantes, y en todas circunstancias, de la misma protec­ción y garantías de que gocen las propiedades o bienes de los nacionales, y no estarán sujetos a otras cargas, ex acciones o restric­ciones, que las que pesaren sobre los bienes y propiedades de los ciudadanos o naturales del Estado en que existan.

Artículo 2. Las naves de cualquiera de los Estados, en los mares, ríos, costas o puertos de los otros Estados gozarán de las mismas exencio­nes, franquicias y concesiones que las naves nacionales, y no serán gravadas con otros impuestos, restricciones o prohibiciones que los que gravaren alas naves nacionales. Lo estipulado en este artículo, no se aplicará al comercio de cabotaje, que cada Estado sujetará a las reglas que estimare conveniente.

Artículo 3. La importación o exportación de frutos o mercaderías de lícito comercio en naves de cualquiera de las Altas Partes Contra­tantes, será tratada en los territorios de las otras como la importación o exportación hecha en naves nacionales.

Artículo 4. La correspondencia pública o particular procedente de cualquiera de los Estados que hubiese sido franqueada previamente en las oficinas respectivas, dirigida a cualquiera de los otros, o destinada a pasar en tránsito por su territorio, girará libremente y con seguridad por los correos y postas de dichos Estados, y no se cobrará por ella ningún derecho o impuesto. La misma regla se aplicará a los diarios, periódicos o folletos, aun cuando no hubiesen sido previa­mente franqueados en las oficinas o lugar de su procedencia.

Artículo 5. Los documentos otorgados en el territorio de cualquiera de las Altas Partes Contratantes, las sentencias pronunciadas por sus Tribunales, y las pruebas rendidas en la forma que sus leyes tengan establecidas, surtirán, en los territorios de cualquiera de las otras, los mismos efectos que los documentos otorgados en su propio territorio, que las sentencias pronunciadas por sus Tribunales, y las pruebas rendidas conforme a sus propias leyes.

Artículo 6. Las Altas Partes Contratantes convienen en concederse mutuamente la extradición de los reos de crímenes graves, con ex­cepción de los de delitos políticos que se asilaren o se hallaren en sus territorios y que hubieran cometido esos crímenes en el territorio del Estado que los reclamare. Una convención especial determinará los crímenes y las formalidades a que deberá sujetarse la extradición.

Artículo 7. Las Altas Partes Contratantes se comprometen y obligan a unir sus fuerzas para la difusión de la enseñanza primaria y de los conocimientos útiles en los territorios de cada una de ellas, ya ponerse oportunamente de acuerdo acerca de las medidas que con ese fin deberán adoptar.

Artículo 8. Los médicos, abogados, ingenieros, y demás individuos que tuvieren una profesión científica o literaria, cuyo ejercicio requiere un título, y que fueren ciudadanos o naturales de cualquiera de las Altas Partes Contratantes y hubieren obtenido en los territorios de ésta el correspondiente título, serán reconocidos en los territorios de cual­quiera de las otras, como tales abogados, médicos o ingenieros, tan luego como los Estados Contratantes adopten un sistema de estudios y de pruebas literarias que guarden analogía y correspondencia y que se consideren bastantes para habilitar al ejercicio de dichas profesio­nes. Se sujetarán, sin embargo, a las formalidades y pruebas de incorporación o recepción en los colegios o cuerpos literarios o cien­tíficos del respectivo Estado, según estuviere establecido para los nacionales.

Artículo 9. Con la mira de dar facilidades al comercio y estrechar las relaciones que las ligan, las Altas Partes Contratantes convienen en adoptar un sistema uniforme de monedas, tanto en su ley como en las subdivisiones monetarias, y un sistema uniforme de pesos y medi­das. Convienen, igualmente, en unir sus esfuerzos para uniformar, en cuanto sea posible, las leyes y tarifas de Aduanas. Para el cumplimiento de lo estipulado en este artículo, las Partes Contratan­tes celebrarán oportunamente los acuerdos necesarios.

Artículo 10. Las Altas Partes Contratantes adoptan, en sus relaciones mutuas, los siguientes principios:

1. La bandera neutral cubre la mercadería enemiga, con excepción del contrabando de guerra.

2. La mercadería neutral es libre a bordo del buque enemigo, y no estará sujeta a confiscación, amenos que sea contrabando de guerra. También convienen en renunciar al empleo del corso, como medio de hostilidad contra cualquiera de las Partes Contratantes, y en considerar y tratar como piratas a los que lo hicieran en el caso a que se refiere este artículo. Igualmente considerarán y tratarán como piratas a sus ciudadanos o naturales que aceptaren letras de marca o comisión para ayudar a cooperar hostilmente con el enemigo de cualquiera de ellas.

Artículo 11. Los Agentes Diplomáticos y funcionarios consulares de cada una de las Altas Partes Contratantes, prestarán a los ciudada­nos o neutrales de las otras, en los puertos o lugares en que no hubiere Agente Diplomático o Cónsul de su propio país, la misma protección que a sus nacionales.

Artículo 12. Se comprometen igualmente a fijar de una manera precisa y determinada, y en conformidad a los principios del Derecho inter­nacional, los privilegios, exenciones y atribuciones de sus funcionarios diplomáticos y consulares y adoptar las reglas en sus relaciones con los demás Estados.

Artículo 13. Cada una de las Partes Contratantes se obliga a no ceder ni enajenar, bajo ninguna forma, a otro Estado o Gobierno, parte alguna de su territorio, ni a permitir que dentro de él se establezca una nacionalidad extraña a la que al presente domina, y se compro­mete a o reconocer con ese carácter a la que por cualquiera circunstancia de establezca. Esta estipulación no obstará a las cesiones que los mismos Estados comprometidos se hicieren unos a otros para regularizar sus demar­caciones geográficas o fijar límites naturales a sus territorios, o determinar con ventaja mutua sus fronteras.

Artículo 14. Cada uno de los Estados Contratantes se obliga y com­promete a respetar la independencia de los demás y, en consecuencia, a impedir, por todos los medios que estén a su alance, que en su territorio se reúnan o preparen elementos de guerra, se enganche o reclute gente, se acopien armas, o se apresten buques para obrar hostilmente contra cualquiera de los otros, o que los emigrados políticos abusen del asilo, maquinando o conspirando contra el orden establecido en dicho Estado, o contra su Gobierno. En caso que dichos emigrados o asilados dieren justo motivo de alarma a un Estado, y éste solicitare su internación, deberán ser alejados de la frontera o de la costa hasta una distancia suficiente, para disipar todo recelo o impedir que continúen siendo justo motivo de inquietud o alarma.

Artículo 15. Cuando contra cualquiera de los Estados Contratantes se dirigiesen expediciones o agresiones con fuerzas terrestres o marítimas procedentes del extranjero, sea que se compongan de naturales del Estado contra quien se dirige, o de extranjeros y que no obren como fuerzas pertenecientes a un Estado o Gobierno reconocido de hecho o de derecho, o que no tuvieren comisión para actos de guerra, conferida también por un Gobierno también reconocido, serán repu­tados y tratados por todos los Estados Contratantes, como expediciones piráticas, y sujetos en sus respectivos territorios, los que en ellas figurasen, a las leyes contra piratas, si hubieren cometido actos de hostilidad contra cualquiera de dichos Estados o contra sus buques, o que en el acto de ser atacados por fuerzas de cualquiera de los Estados Contratantes no se rindiesen ala segunda intimación.

Artículo 16. En el caso que expediciones o agresiones de la clase de que habla el artículo anterior, se dirigieren contra cualquiera de los Estados, y éste reclamare el apoyo o auxilio de los demás, se comprometen y obligan a prestar ese auxilio para impedir la expedi­ción o agresión, para capturarla o destruirla, y para capturar o destruir todo buque que formase parte de ella o que anduviere armado en guerra con el mismo fin, sin pertenecer como buque armado en guerra a ningún Gobierno reconocido. Si el auxilio de que habla este artículo fuere prestado por alguno o algunos de los Estados solamente, como deberán hacerlo según las facilidades que les dieren su proximidad al Estado amenazado o sus elementos, los demás concurrirán a los gastos que se hicieren en la proporción que de común acuerdo se fijare.

Artículo 17. Se obligan también a no conceder el tratamiento nacional ni conferir empleo, sueldo o distinción alguna, a los que figuraren como jefes en esas expediciones piráticas ya negarles el asilo, si el Estado contra quien se dirige o se haya dirigido la expedición lo exigiere.

Artículo 18. En caso de infringirse, por uno o más ciudadanos de uno de los Estados, alguna o algunas de las estipulaciones de este tratado o de los demás que se celebren en consecuencia de él, o de los que ligaren a los demás Estados particularmente entre sí, la responsabilidad de la infracción pesará sobre dichos ciudadanos sin que por tal motivo se interrumpa la buena armonía y amistad entre los Estados ligados por el tratado infringido, obligándose cada uno a no proteger al infractor o infractores, y a contribuir a que se haga efectiva la responsabilidad de ellos.

Artículo 19. Para el caso desgraciado de violar alguna de las Altas Partes Contratantes este tratado, o los que se celebren en consecuen­cia de él o cualquier tratado que liga particularmente entre sí a algunas de ellas, se estipula que la parte que se creyere ofendida, no ordenará ni autorizará actos de hostilidad o represalias, ni declarará la guerra sin presentar antes al Estado ofensor una exposición de los motivos de queja comprobada, con testimonios justificativos bastantes, exigiendo justicia o satisfacción, y sin que ésta haya sido negada o dilatada; igual procedimiento se obligan a observar en el caso de cualquiera otra ofensa, injuria o daño inferido o hecho por uno de los Estados al otro, de manera que no se ejecutarán actos de represalia, ni se cometerán hostilidades, ni se declarará la guerra, sin la previa exposición de motivos para que se dé satisfacción o se haga justicia, y sin agotar antes todos los medios pacíficos de arreglar sus diferencias.

Se comprometen, igualmente, para alejar todo motivo que perjudique a la buena inteligencia y armonía que deben mantenerse entre sí, que cualquiera que sean los motivos que alguno de ellos tuviere para variar el orden de sus relaciones con otros de los Estados, constituidos por actos internacionales, cualquiera que sea el carácter de éstos, no procederá a variarlos sin haber comunidado su resolución al otro Estado, y propuesto o indicado las bases bajo las cuales deberán arreglar esas mismas relaciones en adelante.

Artículo 20. Con la mira de consolidar y robustecer la unión, de desarrollar los principios en que se establece y de adoptar las medidas que exige la ejecución de algunas de las estipulaciones de este tratado, que requiere disposiciones ulteriores, las Altas Partes Contratantes convienen en nombrar cada una de ellas un plenipotenciario, y en que estos Plenipotenciarios reunidos en Congreso representen a todos los Estados de la Unión para los objetos de este tratado. La primera reunión del Congreso de Plenipotenciarios se verificará a los tres meses de canjeadas las ratificaciones de este tratado, o antes si fuere posible, y seguirá reuniéndose en adelante a lo menos cada tres años. Se reunirá en las capitales de los Estados Contratantes, por turno, según el orden que se fijare en la primera reunión.

Artículo 21. El Congreso de Plenipotenciarios tendrá derecho y representación bastante para ofrecer su mediación, por medio del individuo o individuos de su seno que designe, en caso de diferencias entre los Estados Contratantes, y ninguno de ellos podrá dejar de aceptar dicha mediación. Si cuando ocurrieren las diferencias, no estuviere reunido el Congreso, procederá a convocarlo el Gobierno cuyo Ministro Plenipotenciario hubiese sido último Presidente, para que el Congreso hasta esta designación. Del mismo modo se procederá cuando otro motivo exigiere que el Congreso de Plenipotenciarios sea convocado y reunido.

Artículo 22. El Congreso, en ningún caso y por ningún motivo, puede tomar como materia de sus deliberaciones los disturbios intestinos, movimientos o agitaciones interiores de los diversos Estados de la Unión, ni acordar para influir en esos movimientos ningún género de medidas, de modo que la independencia de cada Estado, para organizarse y gobernarse como mejor conciba, sea respetada en toda su latitud y no pueda ser contrariada ni directa, ni indirectamente por actos, acuerdos o manifestaciones del Congreso.

Artículo 23. El presente tratado será comunicado inmediatamente después del canje de sus ratificaciones, por los Gobiernos de las Repúblicas Contratantes, a los demás Estados hispanoamericanos y al Brasil, y éstos podrán incorporarse en la unión que se establece y quedar obligados a todas sus estipulaciones, celebrando un tratado para su aceptación, con cualquiera de los signatarios del presente.

Artículo 24. Las concesiones, exenciones y favores que se estipulan en este tratado, respecto de los Estados Contratantes y de los que más adelante se adhieran a él, y los que se estipularen en los tratados que posteriormente se celebren a consecuencia de él y con el mismo fin se entienden otorgados, todos y cada uno de los que concede cada Estado en reciprocidad de todos y cada uno de los que otros Estados le otorguen, sin que una reciprocidad parcial pueda dar derecho al goce de ninguno de ellos.

Artículo 25. El presente tratado se estipula por el término de diez años, contados desde la fecha del canje de las ratificaciones; pero conti­nuará en vigor aun después de transcurrido este término, si ninguna de las Partes Contratantes anuncia a las otras su intención de hacerlo cesar con doce meses de anticipación. El mismo término deberá mediar entre el anuncio y la cesación del tratado en cualquiera época en que se hiciera la notificación, transcurridos los diez años que el tratado debe durar en vigor.

Artículo 26. El presente tratado será ratificado y las ratificaciones canjeadas en Santiago, dentro de doce meses, o antes si fuere posible.

En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo han firmado y puesto en él su sello.

Hecho en Santiago, a los quince días del mes de septiembre del año de Nuestro Señor, mil ochocientos cincuenta y seis.

Cipriano C. Zegarra.

Antonio Varas.

Francisco X. Aguirre.

Fuente:

Germán A. de la Reza. El Congreso de Panamá de 1826 y otros ensayos de integración latinoamericana del Siglo XIX. Estudio y fuentes documentales anotadas. Ediciones y Gráficos Eón. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. México, Primera edición: 2006, 287 pp. Documento tomado de: José María Yépes. Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas 1826-1954. Tomo I. Caracas, 1955, Pág. 241-250.