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Siglo XIX > 1850-1859 > 1855

Los ministros de la antigua Suprema Corte de Justicia impugnan el Artículo 1 del Plan de Ayutla.
México, diciembre 13 de 1855.

Excelentísimo señor ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública

Excelentísimo señor:

Los que suscribimos, magistrados de la antigua Suprema Corte de Justicia, heridos vivamente en la fibra más delicada del hombre de bien, que es el honor, por el decreto que el Excmo. señor ministro antecesor de V. E., de acuerdo, según se dice, con el Excmo. Sr. Presidente interino, puso a la Exposición que el tribunal que formábamos dirigió a S. E. con fecha 24 del próximo pasado noviembre, pidiéndole la suspensión de la Ley de Administración de Justicia publicada el día 23, hemos devorado en silencio la amargura que nos causó la declaración que en ella se hizo, de estar comprendidos en el artículo 1º del Plan de Ayutla, no por la privación de las magistraturas que obteníamos por nombramiento de la nación, o del que fungía de jefe supremo de ella, sino por la nota con que se nos marcaba, por el deshonor que se nos infería, y por la injusticia con que se nos trataba.

Nos habríamos dirigido por medio de un manifiesto a la nación para rechazar aquélla, impugnando el decreto que nos la hacía, con la sencilla exposición de lo que habíamos hecho y de los inocentes y sanos principios porque lo hicimos; pero nos abstuvimos de hacerlo, para que no se creyese que resentidos y despechados queríamos subvertir el orden y excitar a la sedición; y aunque pensamos dirigirnos al mismo señor ministro nos abstuvimos también porque no era cordura hacerlo.

Desempeñando hoy V. E. el ministerio que ocupaba el señor don Benito Juárez, la confianza con que nos honró la nación, el honor de la magistratura que depositó en nosotros, y la conservación de nuestro buen nombre, nos obligan a suplicar a V. E., tenga a bien dar cuenta al Excmo. Señor Presidente interino con esta Exposición, para que tomando en su alta consideración las razones en que se apoya, se sirva declarar que no hemos merecido ser comprendidos en el citado artículo 1º del Plan de Ayutla, ni reportar la excomunión política a que se nos ha querido condenar.

El tribunal que formábamos, y que contra lo que esperaba a virtud de la contestación que el Excmo. señor Presidente interino dio a la comisión que dos días antes le habíamos mandado, para que le hablase sobre la ley que se anunciaba, la vio impresa ya y notó que ella no se contraía únicamente a establecer las reglas a que hubiera de ajustarse la administración de Justicia en el nuevo orden de cosas, sino que principalmente tendía a cambiar en un todo el Poder Judicial que existía, e inducía reformas de suma gravedad y trascendencia, que podrían engendrar el descontento, causar desprestigio de la nueva administración y producir algún trastorno, creyó que siendo el primer tribunal de la nación, por el bien de la causa pública y por la consolidación del gobierno, debía representarle, suplicándole suspendiera los efectos de la ley, para que revisada con más examen y consulta produjera los bienes que se deseaban y se evitaran los males que desde luego hacía temer; y si el tribunal hubiera obtenido lo que pedía, no habría ocurrido el conflicto en que hoy se ven las autoridades civil y eclesiástica, ni se resentirán las consecuencias que ya se asienten, y las que son aún de temer; y al dirigir al Excmo. señor Presidente interino su Exposición de 24 del mes próximo pasado, habrá podido incurrir en un error, muy disculpable si lo hay, por la sana intención que la impulsaba y por el laudable objeto que se propuso, pero de ninguna manera puede verse en ella la mira de contrariar el Plan de Ayutla, ni el desconocimiento de las facultades del Supremo Gobierno, ni el desobedecimiento de sus disposiciones, ni el sedicioso escándalo de disolverse sin esperar contestación, para ser comprendidos por estos motivos los magistrados que votaron la Exposición, en el artículo 1º del Plan de Ayutla, como expresa el decreto.

Este artículo literalmente dice: "Cesan en el ejercicio del poder público don Antonio López de Santa Anna y los demás funcionarios como él hayan desmerecido la confianza de los pueblos, o se opusieren al presente Plan”.

Y por su tenor se ve, que para poder ser comprendidos en él era necesario, o haber desmerecido la confianza de los pueblos antes de la proclamación del Plan, o haber contrariado después de ella su realización y efecto, que era la destrucción del gobierno dictatorial y establecimiento del liberal que debía sustituirle.

¿Y cuáles son los testimonios que acreditan haber desmerecido el tribunal, o los ministros que lo formábamos, la confianza de los pueblos, con anterioridad a la proclamación del Plan?

¿Cuáles los actos con que auxiliaron al dictador, para que se sostuviera en la lucha y con que se opusieron a la realización del Plan?

Lejos de eso, el tribunal y los ministros que lo formaban, se creen no haber desmerecido la confianza de la nación, porque aun vilipendiados y ajados por la administración del dictador, tuvieron la firmeza de fallar contra los intereses del mismo, contra los de sus allegados y parientes, y contra los de sus recomendados y opiniones de sus ministros, en cuantos negocios se ofrecieron con alguna de esas circunstancias, porque, afortunadamente, en ninguno de ellos encontró la justicia de parte del dictador, pues si la hubiera encontrado se la habría declarado, aunque la maledicencia lo hubiera atribuido a un principio bastardo, y esta es sin duda la razón, porque en el extremado desencadenamiento en que entró la prensa pública desde 13 del último agosto, ningún periódico hasta la fecha de la Ley, había hecho la más ligera indicación en contra del tribunal o de los ministros que lo formaban, y algunos habían hecho la de la necesidad legal de conservar en las magistraturas a los que las habían obtenido por el nombramiento de la nación hecho constitucionalmente, y después de la Exposición de 24 de noviembre, los más se han limitado a referir lo sucedido; algunos han impugnado la conducta que se ha tenido con nosotros, y sólo dos que sepamos, han querido acriminarnos; pero de ellos, el uno ya cesó, impugnó hasta la Divinidad, y el otro que con notable inconsecuencia, bien que en ésta incurre con frecuencia, después de haber reprobado la remoción que se hizo de algunos de nosotros, se ha encargado de formarnos el proceso; y en cuanto a los hechos en oposición del Plan de Ayutla, o en apoyo al dictador, estamos seguros de que no puede inculpársenos de ninguno, porque siguiendo las huellas de los que nos han precedido en la magistratura, y teniendo bien presentes las sabias máximas que el republicano del norte, Alejandro Hamilton, estampó en su periódico El Federalista, asentando: "que el Poder Judicial no debe mezclarse en los negocios públicos, que su marcha no debe tener alteración por las ocurrencias políticas, y que la firmeza de sus resoluciones debe ser del todo independiente de la permanencia o variación que figuran en los cuerpos representativos y el Poder Ejecutivo", la Corte de Justicia siguió impasible la marcha en el despacho de los negocios de su resorte, esperando que la nación por su aquiescencia manifestara cuál era su voluntad, para acatarla como siempre lo ha hecho, sin mezclarse jamás en los negocios públicos, sino cuando se ha pretendido que coopere y sancione con su consentimiento actos que no eran de la nación y que lastimaban sus derechos, cuales fueron el del general don Valentín Canalizo, que disolvía la representación nacional y cuya observancia se le exigió que jurara, a lo que resistió, y el del general don Mariano Arista, que suprimía la libertad de imprenta y cuya guarda se le encomendaba, a la que resistió prestarse.

Si, pues, antes de la Exposición de 24 de noviembre no hay indicios de que el tribunal o los ministros que lo formaban hubieran desmerecido la confianza de los pueblos, ni hecho alguno la oposición del Plan de Ayutla, preciso es buscarlos en la oposición misma [a la Ley de Administración de Justicia], y en ella es donde cree encontrarlos el señor ministro diciendo: que el hecho de votar aquella [Exposición] envuelve el desconocimiento de las facultades del Supremo Gobierno, mas en esto S. E. padece una gravísima equivocación, quizá involuntaria y efecto del acaloramiento que aquella Exposición le causó, o quizás necesaria por los fuertes compromisos en que se hallaba.

Si en la Exposición se pide al Excmo. señor Presidente interino, que suspenda los efectos de la Ley para que vuelva a expedirse con mayor examen y meditación, ¿no envuelve el más explícito reconocimiento de la facultad de expedirla? Si en ella se le indicó la inconveniencia de la adopción de un principio que debe ser de fatales consecuencias, esto no es, ni puede en manera alguna refutarse desconocimiento de las facultades, sino la manifestación del peligro que había en la adopción del principio.

Si por ejemplo, el Excmo. señor Presidente interino en ejercicio de las amplias facultades que le concede el artículo 3º del Plan, para reformar todos los ramos de la administración pública, diera un decreto llamando un príncipe extranjero, para que en calidad de Presidente rigiera la República, o sujetando a ésta a la protección o amparo de la vecina del Norte, o cometiera el nombramiento de su sucesor al señor ministro de España o al de los Estados Unidos, porque creyera que conducía a la prosperidad, engrandecimiento y progreso de la nación, y el Consejo de Estado, cuya misión son los negocios políticos, le representara su disposición para con mayor detenimiento examinar la conveniencia del principio que adoptaba, ¿podría decirse que el Consejo desconocía las facultades del Supremo Gobierno?

¿Pues por qué se ha de decir que el primer tribunal de la nación, cuya misión son los negocios judiciales, basados sobre la independencia del poder que debe decidirlos, desconoce esas facultades porque le pidió que suspendiera hasta mejor examen los efectos de una Ley en que parece adoptarse un principio que destruiría esa independencia?

¿Y el hecho sólo de haber representado esto, en una comunicación atenta, comedida y respetuosa, puede destruir de un golpe los multiplicados actos de reconocimiento por parte del tribunal de las facultades del Excmo. señor Presidente interino, a quien tan luego como supo su elección, le envió a Cuernavaca una comisión que lo felicitara y le expusiera las dificultades y embarazos en que se encontraba la administración de justicia; que le dirigió diversas consultas sobre varios puntos, y que tan luego como llegó a esta ciudad, el señor don Juan Bautista Ceballos le dirigió una comunicación pidiéndole que declarase nula la arbitraría destitución que se le había hecho por el gobierno dictatorial de la magistratura que obtenía y lo restituyese a ella?

¿Actos tan positivos de reconocimiento pueden ser anulados por otro que no sólo no le es contrario, sino que él mismo envuelve el reconocimiento?

Es falso, pues, y gratuitamente inventado, el primer fundamento en que el señor ministro ha querido apoyar la declaración que ha hecho contra nosotros, reducido a que la Exposición de 24 de noviembre envuelve el hecho de desconocer las facultades del Supremo Gobierno, y no lo es menos el segundo, de que el tribunal se declaró disuelto sin aguardar la resolución de que vamos a encargarnos.

Para patentizar la inexactitud o falsedad de este otro fundamento, bastaría recordar que habiendo dirigido el tribunal su Exposición en la tarde del sábado 24 del próximo pasado, recibió después una comunicación del mismo señor ministro, en que pedía copia de los acuerdos del mismo tribunal, con motivo de la destitución del señor don Juan Bautista Ceballos, y para satisfacer esa petición se reunió el tribunal extraordinariamente en su mismo local la noche del domingo 25, día siguiente al en que había remitido su Exposición, lo que prueba con la mayor evidencia que el tribunal no se disolvió sin esperar la resolución, la que si se le hubiera dado, la habría recibido reunido, y en vista de la que fuera habría acordado lo que le hubiera parecido conveniente; pero no se le dio, como lo manifiesta el decreto, ni quería dársele, porque reunido habría contestado y de esto se huía.

No se disolvió, pues, de hecho el tribunal, ni tampoco dijo en su Exposición que se disolvía, pues lo que dijo fueron estas precisas palabras: “en el concepto de que el mismo tribunal que por la Ley debe entenderse, queda disuelto, no se volverá a reunir sino en el caso de una resolución afirmativa sobre este punto”, es decir, que no volvería a despachar mientras no se le dijera que se habían suspendido los efectos de la Ley, de los que el primero, y causado ya por sólo la publicación de ella, era enervar la acción del tribunal, dejarlo como si no existiera y hacer inútil su reunión.

Porque ¿a qué se reuniría? ¿A despachar los negocios de que estaba conociendo, como audiencia del Distrito? No, porque estaba publicada una Ley que le quitaba ese conocimiento y lo cometía a otro tribunal que ella establece.

¿A despachar los negocios cuyo conocimiento le daba la nueva Ley? Tampoco, porque ese conocimiento se lo da, pero organizado bajo distinta forma, a saber: dividido en tres salas, una de un sólo ministro, otra de tres y otra de cinco, que se habían de formar de los nueve ministros que la ley señala y por el orden de números que la misma fija, ¿quién designaba de los once ministros que en la actualidad tenía, cuáles eran los nueve que debían formar las tres salas? ¿Cómo se les daba los números bajo los cuales son designados para la primera, segunda y tercera sala?

Este ligero análisis patentiza que la Ley disolvía el tribunal, y no él quien se disolvía, porque tal cual existía era enteramente diverso y aun contrario al que la Ley establece, y de ahí es que podría volverse a reunir en el caso de que se suspendiesen los efectos de aquella, y esto y sólo esto, fue lo que dijo en su Exposición, y sólo violentando su obvio y natural sentido puede decirse que el tribunal acordó disolverse sin esperar resolución.

La esperaba y la esperó, aunque en vano, pero anticipó la idea de que si no era en el sentido de suspender los efectos de la Ley que lo había disuelto, no se volvería a reunir a hacer despacho que ya no podía hacer.

Si en la Ley se hubiera puesto algún artículo que dijese que entre tanto se organizaban los tribunales que ella establece, continuase el antiguo en el ejercicio de la jurisdicción y el despacho de los negocios que ante él se seguían, o que no se hiciera novedad hasta que se instalaran los nuevos, claro es que entonces el tribunal no debía suspender el despacho, y no lo habría suspendido.

Pero no habiendo en la Ley prevención alguna sobre esto, es igualmente claro que el tribunal no podía continuar en el despacho porque no podía hacerlo bajo su antigua forma, porque ésta había desaparecido por la Ley y no debía exponer sus actos a nulidad por falta de jurisdicción y a aclamaciones de los litigantes que no habría dejado de hacer aquel a quien perjudicara el auto o la providencia que se dictara o tuviera interés en que el negocio no anduviera.

Tampoco podía hacer el despacho bajo la nueva forma, porque al que existía no se le había dado, pues de los once ministros que lo formaban no se sabía cuáles eran los nueve que quedaran, menos se sabía cuál era el número que tuvieran para saber en qué sala debían funcionar, y mucho menos existía la circunstancia de haber prestado el juramento previo que previene la Ley.

¿Qué hacer, pues, en tal caso? Lo que se hizo, decir al gobierno que debiendo entenderse que el tribunal quedaba disuelto por la Ley, no se volvería a reunir, si no se suspendían los efectos de ésta; pero esto no fue ni pudo ser disolverse sin esperar resolución.

Cuando don Antonio López de Santa Anua dio su ley de 16 de diciembre de 1853, no hizo lo que ahora el tribunal, porque el caso fue enteramente diverso.

Para convencerse de ello, bastará recordar que esa administración dio dos leyes sobre esta materia.

La primera fue la de 30 de mayo de aquel año, y la segunda, la del 16 de diciembre del mismo.

Por la primera, no varió el personal ni alteró la dotación de las salas, sino sólo su organización, creando por el artículo 1º, sobre los once ministros de que se debía componer el tribunal, cuatro supernumerarios en lugar de los suplentes que entonces existían, y en consecuencia, sin poner en duda la existencia de los demás, procedió a nombrar dos ministros de número para llenar las dos vacantes que habían dejado las jubilaciones de los señores don Juan Bautista Morales, que la había solicitado espontáneamente y obtenido del gobierno del Sr. Gral. don Manuel Lombardini, y del Sr. don José María Migueroa, a quien se le ofreció por su avanzada edad y notorias y graves enfermedades de que a poco falleció, y los cuatro supernumerarios que entonces se crearon, y con sólo esto, los de número o propietarios que existían, vieron reconocida de una manera explícita la legalidad de su nombramiento y pudieron continuar sin tropiezo ni dificultad en el despacho, a diferencia de la Ley de 23 de noviembre, que sobre variar la organización y atribuciones del tribunal con sólo reducir el número de ministros de once a nueve, a ninguno dejó la seguridad de que lo era.

Se expidió después la de 16 de diciembre, que le varió el nombre a la Suprema Corte; pero como ni alteró el número de los ministros de que debía componerse, ni varió la dotación de las salas, ni su organización, los ministros que existían, ni dudaron de su continuación, ni encontraron dificultad para seguir en el ejercicio de sus funciones, y menos cuando juntos con tantos ejemplares de la ley cuantos eran los ministros, recibieron de mano de un oficial del ministerio de Justicia, en el acto de salir el segundo día a la visita dé cárceles, la comunicación en que se avisaba ser los ministros y por el mismo orden de antigüedad que tenían, los mismos que lo eran, menos uno que lo era el señor don Fernando Ramírez, cuyo nombre estaba simplemente omitido en el oficio y de palabra se dijo haber sido jubilado.

Así es que, aunque por el artículo 37 se declaraba el gobierno la facultad de nombrar a los magistrados y jueces, como había precedido el reiterado reconocimiento de los que existían sin exigirles acto ninguno previo, aquel articulo se entendió que hablaba para lo de adelante, y ninguno de los ministros pudo dudar de su continuación; y de aquí fue, que no haciéndose variaciones en el número de ministros, ni en la dotación y organización de las salas, ni en el personal del tribunal, no hubo motivo para que éste se creyera disuelto, como lo hubo ahora, ni para representarlo así al gobierno.

Si ahora no se hubiera visto desde luego, que en el personal de necesidad debía haber variación, porque siendo once los que había debían quedar nueve, y no se podía saber si quedaban los nueve de los once y quiénes eran.

Si no se hubiera visto que estos nueve debían distribuirse en tres salas, de las que una sería de uno y que éste debe ser el sexto, así como las de las otras dos deben ser los de los otros números y no por su orden, y ninguno de los once tenía ni podía creerse con ninguno de estos números para ir a tal o cual sala.

Si no se hubiera visto que ese tribunal, compuesto de nueve ministros distribuidos en tres salas, una de uno, otra de tres y otra de cinco, ya no debía conocer de los negocios de que estaba conociendo como tribunal de segunda instancia del Distrito, sino que esto correspondía al que en la Ley se establece, y que a aquel otro le corresponden el conocimiento de otros negocios, pero reducido a nueve ministros distribuidos de otro modo.

O si hubiera visto alguna prevención que lo habilitara para continuar obrando del mismo modo y sobre los mismos negocios que lo estaba haciendo, no se habría creído disuelto desde luego por la Ley, como lo creyó y lo dijo al gobierno al asentar que por la ley debía entenderse que quedaba disuelta.

Pero él no acordó disolverse, ni pensó ni quiso excitar con esto un trastorno, pues ninguno de los concurrentes ha figurado jamás en la lista de los revoltosos.

Creyó que palpando por la práctica y experiencia que le ha dado el despacho de los negocios, por el conocimiento de las circunstancias y la calidad de las cuestiones resueltas en la Ley los inconvenientes de ésta, era de su deber por la conservación misma del orden público, por el prestigio del gobierno y por la tranquilidad del país, indicarlo con la moderación y respeto debidos al Excmo. señor Presidente, para que si S. E. tenía a bien mandar suspender la Ley, exponérselos más detallada y fundadamente, porque el querer de algunos, no es el querer de todos, ni aun quizás el del mayor número, ni es la voluntad nacional, ni produce el bien que se quiere.

Pero se observa que el tribunal no habló en la administración de don Antonio López de Santa Anna y habla ahora.

Las razones de diferencia son incontrastables.

Aquella administración era tiránica, ésta no lo es: aquélla por serlo, había impuesto silencio a todo el mundo y sellado los labios de los oprimidos con el terror; ésta por no serlo quitó el silencio, quiso oír la opinión de todos y manifestó que gustaba de la discusión pública.

En aquélla, la voluntad de un hombre y sus intereses eran la regla; en ésta lo son la voluntad de todos, o del mayor número, y los intereses de la comunidad; en aquélla había una ley, aunque injusta, que lo prohibía; en esta hay una proclamación de libertad que lo autoriza; aquélla era la dictadura opresora, y ésta es la dictadura libertadora; por eso aquélla no quería que se le expusiera la razón, y por eso ésta creyó el tribunal que se agradaría de oírla, siempre que se le expusiera en el tono de templanza, consideración y respeto que le son debidos, y de que no está destituida su Exposición del día 24 de noviembre último.

Así es que el tribunal que vio que por primera vez después de tantos planes y pronunciamientos como ha sufrido el país, se quería extender la acción de la revolución hasta la remoción de todos los agentes del Poder Judicial, sin consideración a su origen, antigüedad y servicios, cosa que ni el dictador había hecho, y que previo las consecuencias de algunas de las disposiciones que en la Ley se adoptaban, creyó que debía representar los inconvenientes de ella al Excmo. señor Presidente interino, y muy distante de pensar que en eso cometía una falta, y falta tan grave que por ella se le podía declarar comprendido en el artículo 1º del Plan de Ayutla, no sólo a los ministros que lo acordaban, sino también a todos los empleados de sus secretarías, que ninguna parte tenían en el acuerdo y que todos han sido removidos, entendía que prestaba en ello al Excmo. señor Presidente la cooperación que S. E. deseaba, y obsequiaba la invitación que para ello había hecho a todos los mexicanos en su Manifiesto hecho en Cuernavaca a 7 de octubre, en el que les dirigió estas palabras: “Advertid a la nueva administración las faltas en que incurra, y hacedle las indicaciones convenientes para el mejor servicio publico: esta es la cooperación que deseo”, y como no pudo creer que se tendía un lazo en esta invitación, que no se hizo en la administración dictatorial, ahora habló y entonces no.

Pero este cargo de que el tribunal no habló en la administración dictatorial, no tiene en la realidad la fuerza que aparenta.

En el primer ataque fuerte que el Poder Judicial recibió de aquella administración, que fue la violenta destitución de los señores magistrados don Marcelino Castañeda y don Juan Bautista Ceballos, se ocupó desde luego y en el acto de recibir la comunicación en que se le participaba, de formalizar la reclamación correspondiente de la independencia del Poder Judicial, cuyo respeto era la única taxativa que ponían los convenios del 6 de febrero de 1853, a la amplísima facultad que le daban hasta para reformarlo, y el tribunal acordó unánimemente que se reclamara; pero algunos de los ministros creyeron que hacerlo en aquellos momentos en que se manifestaba en su mayor grado el enardecimiento de don Antonio López de Santa Anna, que se creía personalmente ofendido y desairado por los señores destituidos, era asegurar el mal éxito de la reclamación, aunque otros cuatro, de los que tres han opinado ahora como entonces, fueron de voto contrario para que inmediatamente se reclamara; y por esto se ve, que el tribunal no ha pensado ahora, como se pensó entonces, sino que entonces pensó lo mismo que ahora.

Pero él no llegó a hablar, es verdad; pero sobre esto debe tenerse presente lo que entonces ocurrió.

Ese acuerdo se tuvo el día 2 de diciembre, y como por aquellos días se había presentado en el tribunal el ministro de Justicia, con un proyecto de Ley de Administración de Justicia, en el que se establecía la inamovilidad de los funcionarios del Poder Judicial, si no eran previamente juzgados y sentenciados, y por entonces se creyó que la oportunidad para reclamar con buen éxito la reposición de los señores destituidos sería la publicación de la ley en que se reconocía ese principio, que se inculcó por alguno de los señores ministros que concurrieron a las conferencias tenidas en presencia del mismo Presidente de la República, y se quedó en espera de la publicación de la ley, que se verificó en los últimos días de diciembre.

Con avidez la acogió el tribunal, porque creía llegado el caso que esperaba; pero con sorpresa encontró que en el artículo 69 se reconocía el principio; pero con esta fatal taxativa: “Sin perjuicio de las facultades del actual gobierno”.

¿Qué hacer entonces? lo que hizo el Excmo. señor Presidente Interino, y lo que no era dado hacer a los ministros del Tribunal Supremo: empuñar las armas para derrocar la tiranía.

Suplicamos a V. E., dar cuenta al Excmo. señor Presidente con esta comunicación, para que en su vista tenga a bien dictar las providencias que reclame la justicia.

Dios y Libertad.

José L. Pavón

José Urbano Fonseca

Antonio Fernández Jardín

Ignacio Sepúlveda

Mariano Domínguez

Ramón Adame

Marcelino Castañeda

José M. Lebrija

José M. Jiménez

José M. Casasola

Fuente:

Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Selección y notas de Jorge L. Tamayo. Edición digital coordinada por Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Versión electrónica para su consulta: Aurelio López López. CD editado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Primera edición electrónica. México, 2006.