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Siglo XIX > 1850-1859 > 1851

Reclama contra la intervención del gobierno federal en un asunto de jurisdicción local.
Oaxaca, marzo 2 de 1851.

(Presidente del Soberano Congreso del Estado)
Oaxaca

Señor:

Al saber que se ha presentado a esa augusta Cámara (una) iniciativa en que se pide amnistía para los cabecillas de la escandalosa sedición de Juchitán, he creído de mi deber dirigirme a V. S. para manifestarle la realidad de los hechos, a fin de que al resolverse tan importante como delicada cuestión, no se exponga al Departamento de Tehuantepec a continuar siendo presa de la devastación de los criminales de Juchitán, ni se vulneren los derechos y prerrogativas de los poderes del Estado que tengo la honra de gobernar.

Si como hombre público pudiera hacer lo mismo que como particular, yo callaría resignándome a lamentar en lo privado las desgracias de mi Patria.

Pero no es así: los crímenes cometidos en el Estado, los atentados contra la moral reclaman del gobierno las medidas que caben en sus atribuciones, para que los primeros no queden impunes y para que el poder de la segunda se restablezca y consolide.

En tal concepto, y para deducir con orden los derechos que al Estado corresponden, para no distraer demasiado la atención de esa augusta Cámara, y teniendo a la vista los hechos criminales de los cabecillas de los desórdenes de Juchitán y la iniciativa que para su perdón ha dirigido el ministerio de la Guerra, comenzaré fijando las cuestiones, que procuraré tratar con toda la brevedad que me sea posible.

Primera.

No corresponde al poder federal, el castigo o condonación de los crímenes cometidos por Meléndez y su gavilla.

Segunda.

Éste y los demás cabecillas no están en el caso de ser amnistiados, conforme a los principios del derecho constitucional y público, en razón de que la moral, la paz y la naturaleza de sus crímenes, exigen que la justicia los juzgue y castigue con arreglo a las leyes.

Pero antes de demostrar la verdad de estas proposiciones, creo conveniente hacer una explicación importante para que nunca se presuma que el gobierno del Estado ha pretendido más de lo necesario, olvidando las circunstancias atenuantes de algunos innodados en el crimen.

Cuando se ha hablado de Meléndez y demás cabecillas, sus cómplices, he querido indicar que, si bien respecto de éstos debe ser invariable la resolución de castigarlos, respecto de todos los demás que lo han seguido no con el carácter de caudillos sino seducidos o amagados por ellos, he estado y estoy dispuesto a guardarles toda consideración, reservándome solicitar su amnistía tan pronto como se logre la aprehensión del principal cabecilla; pues aunque el número de culpables será una quinta parte de la población, ni es posible castigarlos a todos con igualdad, ni que deje de haber distintos grados en su culpa y distintas circunstancias que los hagan dignos de consideración.

Esta ha sido mi opinión y así lo acreditan las copias de las órdenes que en 2 y 20 de enero libré para la aprehensión de Meléndez y sus principales cómplices, mandando que a los demás no se les persiguiera y sí se les considerara.

Hecha esta aclaración y siendo necesaria a la demostración de las proposiciones sentadas la relación de los sucesos de Juchitán, comenzaré por ella, procurando la posible precisión.

En marzo del año próximo pasado comenzó aquélla, porque los vecinos de Juchitán atentaron contra la propiedad particular de don Francisco Javier de Echeverría, robando sal de las salinas que a éste le pertenecen.

Reprendidos por la autoridad competente, tuvieron la audacia de rehusase a la obediencia y de manifestar que los vecinos del pueblo estaban dispuestos a tomar la sal porque Dios la había puesto en sus terrenos.

Este exceso que marca claramente el estado de insolencia de algunos vecinos de Juchitán, fue seguido de otro no menos grave, en el que haciéndose justicia por sí mismos y usurpando al juez de primera instancia del partido sus legítimas atribuciones, embargaron los bienes de don Manuel Miño López y lo redujeron a prisión, estrechándolo al pago de 800 pesos, que le cobraban de arrendamiento de unos terrenos que decían ser suyos.

No bastando para contenerlos las órdenes de las autoridades libradas desde el lugar de su residencia, se trasladaron éstas a Juchitán para restablecer el orden; pero este paso fue inútil, las autoridades quedaron burladas con más escándalo y los inquietos llenos de orgullo.

En tal conflicto, el gobierno del departamento reunió las fuerzas de la villa y, unido al juez del partido, pasó a Juchitán para obrar como era debido, haciendo respetar sus órdenes; logró en efecto la aprehensión de algunos cabecillas que consignó al juez, y cuando éstos se trasladaron a la cárcel de la villa, sus cómplices pretendieron libertarlos atacando las fuerzas que los custodiaban; pero felizmente fueron rechazados.

La necesidad de dictar otras medidas y la de continuar la causa en el lugar del crimen, hizo que las autoridades que menciono volvieran a Juchitán con las fuerzas que tenían a sus órdenes; pero ya los criminales se hallaban organizados para resistir y, a su cabeza, como principal director, José Gregorio Meléndez, que con insolencia y audacia dirigió el combate, logrando envolver a las tropas del gobierno.

Después de este suceso desgraciado subió de punto el atrevimiento de los criminales, y cuando el gobierno de Tehuantepec con una sección de fuerzas respetables se dirigió a reprimirlos, le presentaron formal acción, de que pudo triunfar desorganizándolos y poniéndolos en precipitada fuga.

Meléndez reunió los restos dispersos de su fuerza y con ella se internó al Estado de Chiapas para unirse a los sublevados de Pichucalco; pero perseguido por las fuerzas de este gobierno y por las del referido Estado, no logró su intento y regresó a éste burlando la persecución.

En su tránsito saqueó los pueblos de Tapana y Niltepec y asesinó con frialdad a un soldado del gobierno que quedó enfermo en el primero de los referidos.

Se dirigió a la hacienda de la Venta, y solicitando al dueño se le presentó el joven español don Miguel Solana, a quien asesinó robando cuanto pudo e incendiando la finca hasta el extremo de reducirla a cenizas.

Creyendo que la plaza de Tehuantepec estaba indefensa y que la sección de Echavarría no podría auxiliarla por estar a considerable distancia, se dirigió sobre aquélla y, antes de asaltarla, asesinó a don Luis Arias y a otros infelices.

Emprendió por fin el asalto y fue rechazado por las fuerzas que guarnecían la plaza.

Con este golpe inesperado que lo desconcertó, huyó a los bosques de Juchitán en donde, a pesar de las dificultades del terreno, se le continuó persiguiendo.

En tales circunstancias y sin que hasta este suceso tuviera Meléndez y sus cómplices otro plan que el que se ha referido, iniciado por la resistencia a mano armada a las autoridades del departamento y seguido de los robos, asesinatos e incendios que quedan expresados, algunos hombres que pensaron sacar partido de esta sedición y dirigirla a un fin político, le remitieron el plan que proclamó el 20 de octubre de 1850, es decir, a los ocho meses de comenzada la carrera de sus crímenes.

Otro hombre que hubiera proclamado semejantes principios, que hubiera levantado la enseña de un partido por íntima convicción, se habría abstenido de cometer los mismos crímenes hubiera cambiado de conducta y se hubiera limitado a hacer respetar los principios que proclamaba.

Pero Meléndez, para quien ese plan nada valía, porque no era hijo de sus sentimientos, lejos de moderar su conducta, lejos de defender la causa que se le confió, continuó su marcha de depredaciones horrorosas.

El cólera había invadido el territorio de Tehuantepec, las poblaciones atacadas estaban llenas de consternación por sus estragos y las fuerzas del gobierno disminuidas; en tales circunstancias la persecución contra Meléndez era difícil.

Éste comprendió su situación, y aprovechando las circunstancias, atacó el destacamento de Ixtaltepec, compuesto de una pequeña fuerza que logró dispersar.

Después del combate y orgulloso con el triunfo, volvió a mancharse con sangre.

Allí asesinó al teniente don Fidencio Rodríguez y al subprefecto de Juchitán, don Pedro Portillo, que se hallaba oculto en una casa, cometiendo con el cadáver de este último excesos horribles que el pudor impide referir.

Próxima estaba a Tehuantepec la sección que condujo el señor comandante general don José María Castellanos, y próxima también la hora en que Meléndez y sus cómplices principales hubiera expiado sus crímenes; pero, por desgracia, no fue así, la muerte arrebató del gobierno del departamento a don Marcelino Echavarría, del mando de las fuerzas al señor comandante general don José María Castellanos, de ocupar el lugar de éste a su segundo don José Vicente Magro.

El cólera hizo otros mayores estragos, la confusión subió al extremo en los habitantes de la villa y en las tropas del gobierno.

Éstas se desorganizaron completamente y Meléndez de nuevo quiso aprovechar las circunstancias.

Se dirigió, en efecto, sobre la plaza de Tehuantepec, que estaba débil y angustiada; pero no indefensa como creyó.

Emprendió el asalto y por una, dos y tres veces fue rechazado; durante el combate y en la exaltación de su rabia incendió algunos barrios de aquella villa, asesinando algunos enfermos del cólera y dejando perecer sin piedad, por la acción destructora del fuego a otros, que convalecientes o en agonía no podían moverse.

Derrotado en esta acción se retiró a los bosques de Juchitán en completo cuadro, porque perdió algunos de sus más atrevidos cómplices y quedó sin esperanzas de reorganizarse, porque a esta falta, que no podía reparar, se unía la de municiones y escasez de recursos para reponerlas.

Reducido a la nada y sin más elementos de defensa que lo áspero y escabroso del terreno que le servía de asilo, marchó sobre él la nueva sección de tropas que el Gobierno Supremo puso a las órdenes del teniente coronel don José María Muñoz, y previendo Meléndez que el momento de su castigo estaba cerca, quiso eludirlo o dilatarlo entrando en pláticas de paz después de haber proclamado poco antes, el 10 de enero de 1851, un nuevo plan que su cómplice, el licenciado Peralta, le consultó; plan ridículo que descubre su apurada situación y justifica sus ningunas convicciones respecto del primero, puesto que no sólo está contrariado, sino expresamente derogado por el tenor claro y terminante del artículo 5º del segundo.

Concluidos los convenios, faltó luego a sus promesas, como tiene de costumbre hacerlo, fugándose de Juchitán, donde se tuvo la imprudencia de dejarlo en absoluta libertad y hoy se halla en los bosques de aquel pueblo con algunos criminales armados, burlándose de las disposiciones del gobierno.

Esta es, señor, aunque muy diminuta la historia triste pero verídica de los sucesos, como lo acreditan en parte los documentos insertos en la Memoria que acompaño.

La simple relación de ellos presenta a los cabecillas de Juchitán en su verdadero punto de vista, los coloca en la línea de los malhechores y no les da lugar en el número de los reos de una revolución política.

Los hombres de un corazón corrompido, avezados al crimen, que atentan contra la vida y la propiedad de sus semejantes, en nada pueden compararse al que por error de opinión, por equivocación o por ambición demando, proclama un principio y respeta la vida y los bienes de los hombres.

Los primeros son criminales famosos, dignos siempre de castigo; el segundo merece algunas consideraciones.

Meléndez y sus cómplices no han cometido un yerro político: son criminales que han conculcado las leyes en el territorio del Estado, sin tocar directamente al Poder Supremo de la Nación, por cuyo motivo creo que están sujetos a los tribunales del Estado, y su condonación o castigo de ningún modo puede ser del resorte de las autoridades de la Federación, que es el primer punto que me propongo esclarecer.

El pacto fundamental de la Nación que ha normado la conducta del Poder Supremo general y de los poderes particulares de los Estados, prohibiendo al primero mezclarse en la administración interior de los segundos y dando a éstos las facultades necesarias para organizarse, con independencia de aquél, según sus circunstancias, cuidó también de expresar los casos en que pueda competir a los poderes generales el conocimiento de los crímenes cometidos en los Estados.

Siempre que éstos no estén comprendidos en alguno de aquéllos, el conocimiento no es de sus atribuciones.

Sentados estos principios, es preciso convenir, limitándonos a los hechos de Meléndez: que no afectando sus crímenes a la Nación de una manera directa, ni siendo ellos la infracción abierta de la Constitución o leyes generales, su perdón o castigo no pueden competirle.

Los asesinatos, los robos, los incendios y la resistencia a las autoridades a mano armada no hieren directa y esencialmente a la Nación, ni pueden llamarse infracciones de la Constitución y leyes generales.

No lo primero, porque en nada perturban el reposo general; ni tampoco lo segundo, porque en nada alteran los principios constitutivos.

Los ciudadanos inermes que sucumbieron a su saña y algunos pueblos del departamento de Tehuantepec, son los que directamente han sentido los efectos de su criminal conducta.

Ni se diga que Meléndez, al proclamar el plan de 20 de octubre, atentó contra el Poder Supremo e infringió la Constitución y leyes generales; porque a más de ser este plan un refugio miserable al que ocurrió después de ocho meses de continuos crímenes, él mismo lo derogó por el plan que proclamó el 10 de enero de 1851 y, si hay razón para hacer mérito del primero y apoyarse en él, la debe haber para considerar el segundo y hacerlo valer.

Pudiera decirse entonces que el ataque a la Constitución General y Poderes Supremos de la Nación está manifiesto en el artículo 3º del segundo plan, porque en él se proclama la escisión del departamento de Tehuantepec del Estado de Oaxaca, con lo que se ataca el principio de unidad que la misma Constitución consagra; pero a más de que semejante separación no es para unirse a otra Nación, atentando contra la integridad del territorio nacional, al proclamarla se sujeta el éxito del asunto al Soberano Congreso; es decir, se respeta el principio constitucional y se confía el arreglo al Poder que tiene facultad de hacerlo.

No hay por consiguiente agravio, aun considerado el caso bajo este aspecto.

Por otra parte, si la circunstancia de proclamar un plan revolucionario de cualquier especie pudiera ser motivo para embarazar el castigo del criminal o para hacerlo digno de consideraciones, se debería convenir en la existencia de un nuevo y eficaz recurso para burlar la acción pronto y saludable de la ley.

Los asesinos, los salteadores, los incendiarios y todo género de criminales, después de haber perpetrado hechos atroces, ocurrirían al remedio indicado, si no para arrancar por sorpresa el perdón de sus crímenes, a lo menos para diferir el castigo, dejando burlada la justicia del Estado que los persiguiera.

Semejante arbitrio sobre ser nocivo al bien de la comunidad, sería un atentado contra la moral pública, porque dejaba expuesta la vida y la propiedad de los hombres sin la pronta y debida reparación.

Meléndez, con el horrible carácter que lo demarcan sus acciones anteriores a la existencia del plan y las posteriores a su proclamación, se presenta a toda luz como un criminal faccioso y astuto, que llegada la hora de su expiación apela al recurso de cubrir sus crímenes con la bandera de un partido en que nunca estuvo filiado.

Por esta razón no debe tenerse en consideración el plan que proclamó, aunque después de su proclamación lo hubiera sostenido y cambiado de conducta, porque su ánimo deliberado no fue cambiar la paz de la Nación sino eludir por este medio el pronto castigo de sus crímenes.

En los fundamentos expresados descansa este gobierno para creer que el conocimiento de los crímenes cometidos por Meléndez y sus cómplices, y el derecho de condonarlos, no es del resorte de los Poderes Supremos de la Nación.

Tal vez me equivocaré, acaso no alcanzaré la razón concluyente para persuadirme de lo contrario y, si así fuere, si en el seno de la representación nacional la convicción de este gobierno y sus razones no tienen valor y se cree, no obstante lo expuesto, que el Poder Supremo está en su derecho para obrar del modo que lo estime conveniente, en este caso me extiendo a decir que Meléndez y sus cómplices principales no deben ser amnistiados, conforme a los principios del derecho constitucional y público, que es la segunda cuestión que me propuse tocar.

Nuestro pacto fundamental exige para la amnistía y el indulto, ciertos requisitos y ciertas formalidades que las leyes tienen demarcadas, y todos los publicistas convienen en que los requisitos que determinan la voluntad del Soberano para conceder la amnistía han de ser tan grandes y de tanta fuerza como lo elevado y peligros del acto que ejerce, haciendo callar la voz de la ley, que él mismo debe robustecer.

Los principios del derecho constitucional, como emanación de los del derecho público, están de acuerdo en este punto delicado, y cuanto se diga con relación al uno se dice también con relación al otro.

Generalmente, los publicistas de mejor nota convienen en que la amnistía sólo se debe otorgar a los delitos políticos y no a los crímenes: primero, cuando los delincuentes por sus méritos personales, por su talento, por sus buenos servicios anteriores, dan lisonjera esperanza de que serán útiles a la Patria; cuando en su delito, hijo de un error, de una equivocación y no de una perversidad arraigada en el corazón, han manifestado más bien el ímpetu de una pasión que la perversidad de una alma acostumbrada al crimen; cuando los jueces que los juzgan y el pueblo que tiene presentes sus virtudes y servicios reclaman su perdón, y, finalmente, cuando éste puede servirles de un estímulo poderoso para la virtud; y segundo, cuando el número de delincuentes es infinito; cuando un pueblo entero es seducido y obligado a la sedición; cuando muchos brazos que pueden ser útiles, hacen falta a la agricultura y al comercio, dejando a la sociedad un vacío difícil de llenarse; entonces será conveniente la amnistía que es, por su misma naturaleza, un olvido completo del delito, que deja al delincuente tan puro a los ojos de la ley como si jamás lo hubiera cometido.

Si para el ejercicio de tan difícil y peligrosa atribución se requieren las circunstancias que acabo de indicar, y esto sólo con relación a los delitos políticos, ¿qué deberá decirse cuando se trata de crímenes civiles y de un carácter horroroso? Meléndez y sus cómplices, sin plan político, no por error de opinión, sino por perversidad de corazón, han cometido crímenes dignos siempre de castigo.

Después de tener un plan que no era suyo, siguen la misma carrera del crimen, y en el día, a pesar de los convenios con el teniente coronel Muñoz, existen armados y abrigados en los bosques de Juchitán.

Por ora parte, Meléndez y sus cómplices carecen de antecedentes honrosos, de virtudes cívicas; ninguna esperanza prometen a la Patria de servirla bien; ninguna probabilidad existe de su enmienda, y en vez de ser para ellos el perdón un estímulo para el bien obrar, lo es para la repetición del crimen, como la experiencia lo ha probado, por no ser ésta la primera vez que delinquen.

La consideración poderosa que podría haber para decretar la amnistía a favor de los sediciosos de Juchitán, sería la dificultad de castigar el excesivo número de personas que hubieran tomado parte en esta sublevación; pero ningún departamento del Estado, ningún partido, ningún pueblo, ninguna corporación, ningún individuo del ejército mexicano, ningún propietario honrado, ningún empleado público, ningún guardia nacional, se ha manchado con esa sedición, ni el mismo pueblo de Juchitán, sino cuando más un quinto de su población ha sido arrastrado por los cabecillas de quienes se trata; luego, la razón del infinito número de los sediciosos, que es lo principal que inclina al Soberano a conceder la amnistía, no existe en el presente caso.

Tampoco existe la de servicios importantes hechos a la Patria, ni la de actitud imponente del cabecilla de Juchitán.

¿Qué motivo, pues, puede haber para que no se le mida con el mismo compás que a los otros de su clase?

¿Puede haber comparación entre él y el general Paredes?

Claro es que no.

El general Paredes había prestado servicios distinguidos a la independencia nacional, estaba cubierto de honrosas heridas recibidas en defensa de la Patria, había ocupado puestos eminentes en la Nación; vuelto al orden hubiera prestado todavía servicios importantes, guardaba una actitud imponente por sus elementos de guerra, había proclamado un plan político y, aunque con equivocación de los medios, manifestaba el designio de mejorar la situación del país y, sin embargo, no sólo no se imploró su perdón, sino que se prohibió al general don Anastasio Bustamante, de un modo enérgico y digno del decoro del gobierno, que entrase en pláticas de paz que aquel desgraciado general había solicitado, como se ve en la orden que se adjunta y que corre inserta en nuestros códigos, sin duda para que sirva de norma a las autoridades y a los jefes militares, a la vez que tengan necesidad de sostener la paz pública contra sus perturbadores.

Esa disposición fue justa y conveniente, porque era justo y conveniente sostener la paz, la dignidad del gobierno y la incoluminidad de las leyes.

No pide otra cosa el gobierno de Oaxaca en la presente exposición, y si hay alguna razón que haga variar la calidad de los hechos, será la muy agravante de que en la revolución de Guanajuato sólo hubo un delito político, y en la sedición de Juchitán ha habido incendios, robos y asesinatos, que la justicia y el buen nombre del gobierno no deben dejar impunes.

Además, la amnistía pedida por el Gobierno Supremo en su iniciativa, envuelve una circunstancia que la desvirtúa porque le es contraria: tal es la de que los amnistiados se sujeten a residir en el lugar que designe el Gobierno Supremo.

¿Cómo se puede conciliar el perdón absoluto del crimen sujetando a los criminales a una de sus consecuencias?

¿Cómo se podrá definir esta amnistía que produce un destierro, por lo menos, en vez del olvido completo del crimen?

Perdonar e imponer una pena por el perdón, es lo mismo que destruir los efectos necesarios de una causa que precisamente se mueve para producirlos, obligándola a dar otros resultados extraños a su naturaleza.

Por esto dije y de nuevo repito, que la iniciativa en sí misma abraza un principio que la destruye.

Sobre este vicio se descubre otro de muy grave importancia, y es que la imposición de la pena que abraza la iniciativa se haría por el Poder Legislativo que carece de esta misión y sólo la tiene para decretarlas.

La residencia forzada de uno o muchos individuos en un lugar designado por la autoridad y no elegido por su voluntad, es lo que en términos más precisos se llama destierro.

Esta es una pena y su aplicación, previos los requisitos de un juicio, no puede ser más que del Poder Judicial.

¿A qué se reduciría la misión de éste, si el poder que da la ley debiera también aplicarla?

A nada; y supuesto que era inútil, igualmente sería gravoso a la sociedad: atributos deshonrosos que no pueden convenir al Poder Judicial, tan debidamente considerado en todos los pueblos del mundo.

Por lo tanto, y sentada la verdad incuestionable de que Meléndez y sus cómplices no son dignos de la amnistía por la naturaleza misma de sus crímenes y la falta de circunstancias que son indispensables para merecerla, es preciso convenir en que lo más que pudiera tener lugar respecto a ellos, y eso salvo el derecho de tercero, es el recurso de indulto, funesto las más veces, pero muy menos que la amnistía en el caso presente; pero para esto se necesitan ciertos requisitos previos que las leyes exigen y que no existen hasta ahora.

Además, la iniciativa dice de una manera absoluta y general que se conceda amnistía a Meléndez y a sus cómplices, pero son sus cómplices que han figurado como cabecillas, los que fueron aprehendidos mucho tiempo antes de que proclamara su primer plan y que están ya juzgándose por los tribunales del Estado.

¿También estos reos deberán ser amnistiados?

La iniciativa no hace distinción alguna y fácil es prever las dificultades que presentará en su aplicación, si con motivo del plan referido esa augusta Cámara juzgara de sus atribuciones conceder la amnistía que ha iniciado el ministerio.

He sido difuso y acaso habré molestado la alta atención de esa augusta Cámara, pero al elevar a ella esta sencilla y respetuosa exposición, manifestándole que en mi humilde juicio el castigo o condonación de Meléndez y sus cómplices no corresponde al Poder Federal, y que aun en el caso de que corresponda a V. S. el ejercicio de esta facultad en el presente negocio, no deben ser amnistiados, porque la moral, la paz pública y la naturaleza de sus crímenes exigen que la justicia los juzgue y castigue, no he tenido por fin principal oponerme a sus sabias y acertadas resoluciones, ni he querido censurar la conducta del jefe Supremo de la Nación.

Mi deseo es cumplir un deber para mi tan sagrado como imprescindible y, para llenarlo, he referido los hechos como son en sí y he deducido las consecuencias que en mi concepto pueden producir.

Yo espero que convencida de esta verdad y penetrada, no sólo por todo lo expuesto sino por su juicio recto e imparcial, de los efectos nocivos que debe causar la iniciativa del gobierno sobre amnistía, se sirva acordar que los cabecillas de la sedición de Juchitán sean consignados al Poder Judicial del Estado para que los juzgue con arreglo a las leyes.

Oaxaca, marzo 2 de 1851.

Benito Juárez

Fuente:

Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Selección y notas de Jorge L. Tamayo. Edición digital coordinada por Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Versión electrónica para su consulta: Aurelio López López. CD editado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Primera edición electrónica. México, 2006.