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Siglo XIX > 1850-1859 > 1850

El departamento de Estado envía el texto del Tratado modificado.
Washington, agosto 24 de 1850.

Sr. Robert P. Letcher, etc., etc.

Señor:

Conforme a la insinuación hecha a usted por este ministerio, en su despacho del 17 del corriente, transmito a usted ahora un proyecto de Tratado sobre el asunto de la empresa de Tehuantepec.

Las bases principales de este proyecto son las del Tratado concluido por usted sobre el mismo asunto.

Las diferencias más notables se hallan anotadas al margen del Tratado de usted, que también transmito.

Conviene que las modificaciones deseadas se anoten en el orden con que se presentan.

Primero.— El objeto de modificación al preámbulo, es el de obtener un reconocimiento claro de que el fin del Tratado es el de proteger la continuación de la empresa por una compañía compuesta de ciudadanos de los Estados Unidos, para distinguirlos de los ciudadanos o súbditos de cualquiera otra nación.

Si en el preámbulo se expresa la palabra "Compañía" únicamente, podría inducir a creer que a las partes contratantes les era indiferente el gobierno a que pertenecieran los socios de la compañía.

No puede dudarse que el gobierno de México relevará al de los Estados Unidos de toda obligación a consentir en semejante interpretación y que, por consiguiente, aceptará la propuesta modificación.

Segundo.— Es necesario que la protección estipulada se extienda a todas las personas dentro de los límites mencionados en el privilegio.

Si debiera limitarse únicamente a los concesionarios y a las personas empleadas materialmente en el trabajo, equivaldría a una restricción del mismo privilegio en contradicción con sus mismas condiciones y, por consiguiente, podría hacerlo nugatorio.

Sin entrar en pormenores, es claro que muchas personas pueden ser empleadas por la compañía en otras cosas que el trabajo material de la obra.

Si la protección no se extendiese a ellos y tuvieran que someterse a las molestias de que hay tantos ejemplos en la historia de nuestras relaciones con México, no podría continuarse la obra y, si se concluía, no sería de utilidad para el objeto destinado.

Se espera, por consiguiente, que el gobierno de México convendrá en una modificación tan necesaria para la justa inteligencia de la obligación que se intenta imponer por el artículo.

Tercero.— El 2º artículo, tal cual está redactado, protegería únicamente la obra.

En la modificación se propone que la protección se extienda a los intereses relativos a la empresa y a todas las personas que se hallen dentro de los límites del territorio definido por el privilegio.

Por lo que se ha dicho, queda demostrado que esto es absolutamente necesario para la claridad.

Cuarto.— Si la fuerza que se ha estipulado que debe emplearse, debiera ocupar únicamente la línea del trabajo, claro está que su servicio no sería de ninguna utilidad para proteger los derechos de los concesionarios.

Estos estarían expuestos a violación en muchas otras partes del territorio concedidos que no fueran los de la mera línea de los trabajos.

Es necesario, por consiguiente, que la fuerza protectora pueda obrar con libertad en cualquiera parte de ese territorio.

Quinto.- Es claro que si el artículo 4° se sancionara sin la propuesta modificación, él facultaría a las personas a quienes se autoriza para recabar el auxilio de los Estados Unidos, a pedirlo discrecionalmente; lo cual, además de conferir un poder indebido a una persona que podría ser hostil a la empresa, haría inútil todo el Tratado.

Por consiguiente, al proponer que se limite ese poder discrecional y que se requiera a los Estados Unidos que retiren su auxilio cuando ya no sea necesario, nada pedimos que no sea razonable.

También es claro que, en caso que dichas personas e intereses necesitasen de protección, el Gobierno mexicano no podría dispensarla.

Por consiguiente, si éste no debía de dar la que se le pidiera, ni tampoco era permitido invitar a los Estados Unidos para que la diesen, los concesionarios quedarían absolutamente desamparados.

La modificación contiene una estipulación para este caso, que me parece muy necesaria y que sería bastante para su objeto, sin vulnerar ninguno de los derechos esenciales que México se reserva.

Sexto.— El objeto de la modificación del artículo 6° es fijar la regla de que los casos se decidan por las leyes vigentes de su acaecimiento, para impedir, por este medio, el ejercicio del poder arbitrario en el gobierno, de expedir, las que podrían llamarse leyes expost facto, que convertirían en confiscación cada caso particular.

No puede dudarse que el gobierno de la República Mexicana conocerá la conveniencia de esta modificación.

Séptimo.— La modificación indicada en el artículo 7° ha sido inspirada por la deficiencia de la lengua castellana, que carece de una palabra cuya significación corresponda a la inglesa "corporation", pues la palabra española "corporación" puede traducirse por las palabras inglesas "Body politic".

Octavo.— Si la neutralidad, en tiempo de guerra, sólo debiera alcanzar a la distancia de una legua marítima de los términos de la comunicación o de las líneas de la costa del territorio comprendido en el privilegio, los buques que se dirigiesen o saliesen de dichos términos, podrían ser perseguidos y capturados y la comunicación interrumpida.

Por lo mismo, sería prudente extender a 60 millas la distancia, dentro de la cual dichas presas no fuesen legales.

Si se omitiera la adición que se propone después de la palabra territorio, esta omisión podría ministrar pretextos para molestar a los buques y a las personas contra los términos de la concesión.

Estas palabras adicionales son, por consiguiente, necesarias para la protección de los concesionarios.

También sería prudente estipular que a los que transiten por el Istmo, no se les obligue a pasaportes, como lo exigen las leyes mexicanas a las personas procedentes del extranjero.

Entiéndase que las leyes de la Nueva Granada son, respecto a pasaportes, tan rígidas como las de México y nuestro último Tratado con esta República se ha interpretado de manera que, por él, los ciudadanos de los Estados Unidos que atraviesan por el Istmo de Panamá, no están exentos de dicha ley.

Esto les causa muchos trastornos.

Sin embargo, habiendo representado el encargado de negocios de los Estados Unidos en Bogotá, su gobierno suspendió desde luego el impuesto.

Se espera, por consiguiente, que el gobierno de México convendrá en una estipulación que no deje pretexto para que se exija semejante impuesto a los ciudadanos de los Estados Unidos que atraviesen por el Istmo de Tehuantepec.

Noveno.— Concediendo este gobierno su protección a los ciudadanos de los Estados Unidos que emprendan la obra de la comunicación entre los dos océanos por el Istmo de Tehuantepec, tiene derecho de esperar que dichos ciudadanos cumplirán con su obligación para con el público, no exigiendo de las personas que transiten, ni a las mercancías que se transporten por dicha vía, más que un peaje razonable.

Parece, pues, justo, que un Tratado que impone a este gobierno obligaciones tan onerosas, le conceda también un voto igual al del Gobierno de México, con respecto a la determinación del precio de transporte.

También observará usted que se ha sustituido la palabra "privilegios" por la de "privilegio", donde quiera que ésta se halla en el Tratado original.

Este cambio se hace necesario porque los decretos del gobierno de México, conceden realmente varios privilegios.

Por consiguiente, si se usara el singular, podría dar pretexto para que ese Gobierno restringiese a los concesionarios al goce de un solo privilegio.

Si bien las modificaciones expresadas se consideran indispensables para el objeto del convenio, que es el de proteger los intereses de nuestros conciudadanos contra toda violencia doméstica o agresión exterior, sin embargo, creo que ninguna de ellas cercena los derechos de soberanía que México tiene en su territorio más allá de lo que ella ha querido voluntariamente hacerlo por sus propios decretos.

Los derechos de esa República se hallan explícitamente reconocidos por la convención y este gobierno no tiene deseo ni de violarlos ni de perturbarlos.

Cierto es que el persuadir de nuestra sinceridad, en este punto, a algunos de los hombres influyentes de México, puede ser difícil.

Sin embargo, la tarea de convencerlos puede no ser insuperable, si se les presenta el asunto en su verdadero punto de vista.

Se recomienda, pues, que ponga usted en ello el mayor esmero y discreción.

Se cree que la parte del territorio a que se refieren dichos decretos, aunque se encuentra claramente dentro de los límites de la República de México, reconoce muy poco o nada la autoridad del gobierno de esa República, Esto puede explicarse por el hecho de que ella no ha tenido ocasión de hacerla sentir.

Los habitantes son casi todos indios, naturalmente pacíficos a lo menos comparados con los salvajes de la frontera del Norte de México.

No obstante, hay gran peligro de que cuando se presenten allí extranjeros con sus bienes, se opere un cambio en el carácter de esa gente y que, estimulados por la envidia o la avaricia, traten de molestarlos y robarlos donde quiera que los encuentren indefensos.

No puede esperarse que el gobierno de México mantenga en el Istmo un cuerpo de tropas suficiente para proteger las personas y los intereses; así como tampoco el que haya extranjeros que se dirijan allí con sus capitales, sin estar seguros de que se les protegerá en todo tiempo y lugar, como si se hallasen en su propio país.

La distancia que separa a Tehuantepec de la capital de México y de cualquiera otra parte de la República, de donde pudiese enviarse alguna fuerza efectiva, a la vez que lo difícil de las comunicaciones, harían imposible que México prestase auxilio en una emergencia y, en cualquier otro caso, el poco interés que el gobierno tendría en dar la protección estipulada, debilitaría la eficacia de la que al fin se determinara a enviar.

Sin embargo, si se concediese a este gobierno el derecho de protección, bajo las condiciones que ahora lo pide, podría confiarse en la seguridad del camino; el territorio por donde pasa, pronto se hallaría habitado por una población laboriosa y floreciente y México gozaría de todos los verdaderos y efectivos beneficios de su soberanía en este territorio, a la vez que se descargaría de una de sus más onerosas obligaciones.

Si éstas y las demás indicaciones que a usted ocurran, no bastaren para que ese gobierno acepte las bases del Tratado que le acompaño, manifestará usted al ministro de Relaciones Exteriores, que el gobierno de los Estados Unidos, descansando en el honor de México, respecto de lo estipulado en dichos decretos, da por sentado que su gobierno no necesita de las estipulaciones de un Tratado, para cumplir lo compromisos contenidos en los decretos mencionados.

Pero, si contra toda previsión, México violase o permitiera que se violasen dichos compromisos, este gobierno, según las circunstancias del caso, se verá obligado a considerarlo como un agravio nacional que lo autorizaría y aún obligaría a pedir una reparación por tal violación y a tomar por su cuenta, para lo futuro, la protección de los ciudadanos tenedores de la concesión.

El gobierno de México recordaré que, en cierta ocasión memorable, este gobierno indicó deseos de obtener para sí el derecho de comunicación por el Istmo de Tehuantepec y que se le contestó que los privilegios relativos al Istmo se habían concedido hacía algunos años, a un individuo que los había traspasado en seguida a súbditos británicos.

Los actuales poseedores son los cesionarios de esos súbditos británicos y de aquí es que la validez de sus títulos está escudada con una sanción especial que el honor de gobierno exige que se mantenga incólume.

Esta obligación no deriva su fuerza principal tan sólo de los derechos ni del interés que algunos individuos hayan adquirido o tengan en la empresa, sino del evidente interés que todo el público americano tiene en la comunicación de Tehuantepec.

Cuando entienda que su gobierno ha sido burlado en el honroso esfuerzo que hizo para proporcionarle los beneficios de ese tránsito, salvando las concesiones anteriores y que, esto no obstante, sus compatriotas que habían adquirido los privilegios comprendidos en dichas concesiones, eran perturbados o molestados en su posesión por actos u omisiones del gobierno de México, esperará que su gobierno los tome bajo su protección y su esperanza será cumplida.

Deseamos que los medios y la extensión de la protección que se les debe por ambos gobiernos, se determine y defina por medio de las solemnes estipulaciones de un Tratado.

Si México desechase nuestras proposiciones relativas a este asunto, los protegeremos solos, conforme a lo que estimaremos justo y legal y según lo requieran los acontecimientos posteriores.

Si cuando se toque este punto llegara a presentársele a usted una ocasión para insinuar indirectamente que, no estando pagada todavía la totalidad de la suma que se debe a México por la extensión de los límites de nuestro territorio según el Tratado de Guadalupe Hidalgo, tales acontecimientos podrían autorizar a este gobierno para retener el pago; tal vez produciría una impresión favorable para llegar al resultado de la negociación de usted.

Soy de usted, señor, con el mayor respeto, adicto servidor.

Daniel Webster
Secretario de Estado

Fuente:

Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Selección y notas de Jorge L. Tamayo. Edición digital coordinada por Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Versión electrónica para su consulta: Aurelio López López. CD editado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Primera edición electrónica. México, 2006.