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Siglo XIX > 1840-1849 > 1848

Exposición de Benito Juárez al soberano congreso de Oaxaca al abrir sus sesiones.
Oaxaca, julio 2 de 1848.

Señores diputados y senadores:

Como gobernante de un pueblo libre bajo el sistema republicano representativo, popular, federal, no debo ocultar mis operaciones oficiales.

Debo dar cuenta a los representantes del pueblo de los actos de mi gobierno, para que conociéndose hasta qué punto he correspondido bien o mal a la confianza ilimitada que en mí depositó el Cuerpo Legislativo, pueda aprobarse o reprobarse mi conducta, y también para que poniéndose a la vista los obstáculos que han impedido o retardado los progresos de los distintos ramos de la administración, puedan los legisladores removerlos por medio de leyes sabias y justas, que hagan la felicidad de sus comitentes.

Con tal objeto nuestra Carta Constitucional me impone la obligación de haceros una sencilla exposición sobre mi administración pública.

Voy a verificarlo con el sentimiento de no poder indicar con la precisión y claridad que deseara todas las causas que han influido en el atraso de nuestra marcha administrativa, ni desarrollar los medios a propósito para removerlas.

Será, pues, incompleta y defectuosa esta exposición; pero espero que los representantes del pueblo oaxaqueño disimularán esta falta, teniendo en consideración mi limitada capacidad mental, el corto tiempo en que he ejercido el poder, y sobre todo, los constantes amagos del invasor para destruir nuestro ser político y los incesantes conatos de los enemigos de la paz pública para envolver al Estado en los horrores de la anarquía.

Estas causas han distraído mi atención, que he dedicado casi exclusivamente a librar a la sociedad de los estragos de la guerra civil y extranjera, y me han robado la calma que necesitaba para reunir todos los datos que den a conocer el estado que guardan todos los ramos de la administración, y para meditar los proyectos que puedan mejorar nuestra condición social.

GOBERNACIÓN

Tranquilidad pública

Cuando nuestras continuas revueltas políticas habían creado ya en los pueblos un hábito de no estar contentos con nada que no fuese un trastorno, un cambio de personas y de sistemas en la administración pública; cuando era ya un punto de honor hacer una oposición injusta a las autoridades legítimas y a las leyes; cuando por una fatal debilidad, dimanada las más veces de la falta de títulos legales de los gobiernos, éstos se han visto en el caso degradante de mendigar el apoyo de las facciones para sostenerse o de transigir con los revolucionarios, tolerando la escandalosa infracción de las leyes o cediendo a las exageradas pretensiones de aquéllos, en vez de reprimirlos con severidad y con energía; cuando después de ocho meses de anarquía los malhechores se burlaban impunemente de las leyes amagando la vida, el honor y los intereses de los ciudadanos; cuando por haberse restablecido el orden constitucional, los amigos del desorden meditaban de nuevo una reacción para reconquistar el poder, que el patriotismo acababa de arrancar de sus manos; cuando, en fin, el conquistador marchaba a invadir nuestro territorio, a la vez que nuestros elementos de guerra eran nulos y nuestro erario estaba agotado, no era posible augurar, en octubre del año anterior, un porvenir tranquilo y halagüeño para el Estado.

Era tal la convicción que reinaba de la inestabilidad de nuestros gobiernos y de la no interrumpida sucesión de los motines y revueltas, que aquellos que más larga vida concedían a la presente administración, fijaban seis meses por todo término de su existencia.

Sin embargo, gracias a la Providencia, ese término ha pasado, y en vez de anunciaros, señores, un próximo trastorno, en vez de relataros sucesos que tengan al Estado en una espantosa conflagración que amenace con la muerte de la sociedad, me cabe el placer de deciros que el Estado [de Oaxaca] goza de la más completa tranquilidad.

Para conseguir este bien inestimable ha sido preciso luchar con toda clase de obstáculos, que sólo el patriotismo de los ciudadanos, la actividad y celo de los funcionarios públicos y otras causas, que más adelante indicaré, han podido superar.

Luego que me recibí de las riendas del gobierno, fue mi primer cuidado reorganizar la administración pública, nombrando a los funcionarios legítimos que se encargasen de cumplir y hacer cumplir las leyes, único medio eficaz de restablecer la moralidad en todas las clases de la sociedad.

Con motivo del motín del 15 de febrero que derrocó a las autoridades legítimas del Estado, el departamento de Tehuantepec se mantuvo independiente, y aunque lejos de cooperar a aquel desorden, lo contrarió constantemente, no pudo tener funcionarios legítimamente nombrados, porque no hubo autoridades superiores que les expidiesen sus títulos conforme a las leyes.

De aquí es que, restablecido el orden constitucional en el Estado, era forzoso reorganizar la administración en aquel punto.

Al efecto nombró gobernador interino a don Máximo Ortiz, y coronel de la guardia nacional de Juchitán y Tehuantepec a don Gregorio Meléndez, con el objeto de que se dedicase exclusivamente a la organización de la fuerza y a su disciplina, en momentos en que era preciso improvisarlo todo para repeler al invasor, que amenazaba introducirse por Coatzacoalcos.

Pero estas disposiciones fueron mal interpretadas.

Meléndez creyó, o más bien, le hicieron creer los enemigos de la paz pública, que el gobierno, con la mira de postergarlo y cediendo a los malos informes de los que aspiraban al de aquel departamento, lo había separado del mando que ejercía sin título legal.

Dejóse llevar Meléndez de estas primeras impresiones, llamó a su derredor a aquellos hombres que más se habían distinguido en la destrucción del orden constitucional y pretextando que las demás autoridades y la guarnición intentaban hostilizarlo, se situó en el barrio de San Blas con una pequeña fuerza en actitud hostil.

El ayuntamiento y la guarnición tomaron la prudente medida de retirarse para esta capital, a fin de evitar el derramamiento de sangre.

El Gobierno, que no podía tolerar que sus disposiciones fuesen burladas, mandó, de acuerdo con la comandancia general, que marchase una sección a las órdenes del teniente coronel don José María Muñoz a restablecer la tranquilidad pública.

Con la llegada de este jefe todo volvió al orden sin efusión de sangre.

Encargado del mando político el señor Muñoz, por renuncia que hizo el citado Ortiz, la paz quedó restablecida, y aunque los enemigos del reposo público intentaron una conspiración, la vigilancia de aquellas autoridades descubrió oportunamente sus maniobras, y con la prisión del principal agente de los revoltosos quedó sofocada esta intentona y afianzado el orden legal, que no ha vuelto a alterarse hasta la fecha.

A la vez que en Tehuantepec se alteraba la paz por los motivos indicados, en esta capital había una efervescencia que tenía en alarma la población.

Los señores generales don Manuel Rodríguez de Cela y don José María Malo, que a su vez desempeñaban la comandancia general, no inspiraban toda la confianza necesaria a la guarnición ni a las autoridades, porque habiendo sido los principales sostenedores de la administración de hecho que acababa de ser derrocada, los descontentos los consideraban como su apoyo y su esperanza para efectuar una reacción.

Aunque el gobierno no juzgaba a aquellos jefes capaces de una defección, no podía evitar el descontento ni la desconfianza que causaba su permanencia en la comandancia.

El gobierno había previsto este mal, que desde luego se propuso remediar pidiendo al Supremo de la Nación que confiriese el mando de las armas al teniente coronel don José María Castellanos, que por haber acaudillado las tropas fieles que sostuvieron a las autoridades legítimas, restableciendo el orden legal, reunía las simpatías de la guarnición, del pueblo, y por su valor, lealtad y honradez notoria inspiraba confianza a todas las clases y a todas las autoridades del Estado.

El Gobierno Supremo dio una resolución favorable a este negocio, disponiendo con fecha 6 de noviembre que el señor Castellanos continuase con el mando de las armas.

Los señores generales Malo y Cela no creyeron conveniente hacer la entrega del mando, y esta circunstancia aumentó el disgusto público, que por fin obligó al primero a dar a reconocer al señor Castellanos como comandante general, nombrado por el Supremo Gobierno de la Nación.

Con esta medida calmó de pronto la inquietud pública, y los enemigos del orden quedaron sin el auxilio que creían tener en la comandancia general para efectuar un trastorno.

Sin embargo, no cesaron de trabajar, y sólo aguardaban una oportunidad para realizar sus designios.

Así fue que, habiendo llegado a los quince días de la orden suprema en que se participaba el nombramiento del señor general don Manuel Micheltorena y la remoción del señor Castellanos, se reanimaron las esperanzas de los descontentos, que daban por segura la reacción con la llegada del nuevo comandante general.

Este incidente produjo nueva alarma.

Las honorables cámaras y el excelentísimo ayuntamiento, previendo las funestas consecuencias que iba a causar la variación del personal de la comandancia general, excitaron al gobierno del Estado, para que en obsequio de la tranquilidad pública y en uso de sus facultades, evitase el trastorno del orden, que indudablemente tendría efecto si se realizaba la remoción del actual comandante general.

Obligado por las críticas circunstancias en que se hallaba esta capital, me dirigí al Gobierno Supremo pidiéndole se sirviese revocar la orden que había ocasionado estos sucesos.

Afortunadamente cuando llegó a Querétaro esta solicitud, ya el Supremo Gobierno había dispuesto que no viniese el señor Micheltorena, porque siendo diputado al Congreso General, era absolutamente necesaria su permanencia en Querétaro.

No hubo ya obstáculo por este motivo para que el Supremo Gobierno acordase la continuación del señor Castellanos con el mando interino de las armas, y así lo dispuso en comunicación de fecha 21 de noviembre.

Desde entonces la administración pública pudo marchar sin tropiezo, porque el señor Castellanos ha guardado la más perfecta armonía con las autoridades, y esta circunstancia accidental ha sido la causa principal de la conservación de la paz en el Estado; pero un bien que sólo es debido al carácter personal del actual comandante general no debe adormecernos para dejar por eso de promover o cooperar a la realización de una idea, que aunque ya está iniciada en la representación nacional, siempre será conveniente que pidamos su sanción para dar a conocer el estado de la opinión pública sobre este negocio, y para que los representantes de la nación no vacilen en la resolución que deban adoptar.

Esa idea es la de la extinción de las comandancias generales.

La razón y la experiencia nos han demostrado que esa institución, tal cual hoy existe, es un obstáculo para la consolidación de las instituciones federativas y una constante amenaza a la tranquilidad de la Nación.

Los comandantes generales gozan de una absoluta independencia de las autoridades de los estados y, además, tienen a su disposición la fuerza física, que por falta de espíritu público y por la poca ilustración de las masas, ha regulado hasta ahora los destinos de la nación.

Con tales elementos, los comandantes generales han formado un cuarto poder, y el más eficaz, que ha nulificado enteramente los de los estados; y si alguna vez los funcionarios de éstos, obrando dentro del círculo de sus atribuciones, han reclamado la superioridad que justamente tienen por la naturaleza del sistema federativo, o intentado crear una fuerza nacional que los haga respetables, se ha establecido desde luego una pugna entre la autoridad militar y la política que ha paralizado la marcha de los negocios con perjuicio de la administración pública por la falta de armonía entre las autoridades, o los comandantes generales han terminado la cuestión con un pronunciamiento, dejándose impulsar de un celo mal entendido.

Confieso que entre los comandantes generales ha habido y hay excepciones muy honrosas; pero son tan pocas que no bastan [para] garantizar la incolumidad de las instituciones democráticas.

Es ésta una circunstancia puramente accidental, que no puede servir de regla general.

Por una parte, la institución por su propia naturaleza convida (1) con el poder, con la preponderancia que el corazón humano difícilmente puede resistir; y por otra, la falta de virtudes republicanas y de una ilustración sólida en lo general de nuestra sociedad, precipitan a los hombres a ensanchar la esfera de su autoridad y a reprimir a los otros si no tienen la fuerza suficiente para hacerse respetar.

Veinticuatro años antes esta indicación habría pasado por una teoría peligrosa, irrealizable, inventada por el excesivo celo a favor de la soberanía de los estados, o por un odio injusto y sistemático contra la clase militar; pero después de muchos años de ensayo, que presentan una larga y no interrumpida serie de hechos, que demuestran la incompatibilidad de las comandancias generales con las instituciones federativas, no puede ya negarse la necesidad de que aquéllas se extingan, si es que de buena fe se quiere la consolidación del sistema republicano federal y el establecimiento de una paz sólida entre los mexicanos.

Yo espero del patriotismo y de la ilustración de los representantes del pueblo oaxaqueño, que tomarán en su alta consideración este importante negocio, dirigiendo a la representación nacional la iniciativa correspondiente con la preferencia que demanda un asunto de tan vital importancia.

Volviendo ahora la relación de los sucesos que han amagado o turbado la tranquilidad pública en el Estado, debo manifestar, que con la pacificación de la villa de Tehuantepec y con la resolución definitiva del Gobierno Supremo para que no se variase el personal de la comandancia general, el Estado comenzó a gozar de tranquilidad a principios del presente año.

Sin embargo, la noticia que se recibió el día 24 de enero de haber entrado los invasores en Tehuacán y de la llegada del general [Antonio López de] Santa Anna a Teotitlán del Camino, produjo una alarma general y justa, porque el Estado, a la vez que iba a sufrir los estragos de la guerra extranjera, se veía próxima a ser destrozado por la guerra civil.

Los enemigos del actual orden de cosas, de acuerdo con los agentes del general Santa Anna, creyeron llegada la oportunidad de efectuar una revolución, que debía estallar y triunfar con la presencia de aquel general en esta capital.

La violenta internación de este jefe en el Estado, sin dar aviso al gobierno o a la comandancia general, si no del motivo de su venida, a lo menos de la invasión del extranjero, para que el Estado se aprestase al combate, y la audacia con que los enemigos se presentaban en público manifestando una alegría insultante y criminal por el conflicto en que se hallaban las autoridades con motivo de la invasión extranjera, todo indicaba que había un plan en cuyos artículos entraba la venida del general Santa Anna para llevarlo al cabo.

En tan críticas circunstancias, las autoridades se esforzaron a salvar la sociedad de la ruina que le amenazaba.

El cuerpo legislativo y el excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad excitaron al gobierno para que evitase a todo trance la entrada del general Santa Anna en esta ciudad, que indudablemente iba a causar un motín que hubiera distraído la atención del gobierno en los momentos angustiados en que debía dedicarla toda a la defensa del Estado.

El gobierno conocía el tamaño del peligro; pero persuadido de que sostenía una causa justa, la independencia nacional y la conservación de la paz interior apoyada en la exacta observancia de las leyes, no vaciló en afrontarlo, poniendo en juego todos sus recursos y todos sus elementos para reprimir con mano fuerte a los perturbadores del orden, y para resistir al injusto invasor que ya pisaba las fronteras del Estado.

Estaba resuelto a no permitir al general Santa Anna que entrase en esta capital, en el evento de que lo hubiese intentado, como se temía, porque era su primer deber conservar la paz y el orden constitucional; pero nunca llegó aquel caso desagradable, porque a los pocos días se supo que el invasor había contramarchado de la ciudad de Tehuacán y que el general Santa Anna se había retirado del territorio del Estado.

Cesó entonces la alarma en que estaba la población y el gobierno pudo, con alguna calma, continuar los preparativos de defensa.

Los descontentos, por su parte, continuaron también, y acaso con más empeño, trabajando por una revolución.

La seducción de la tropa fue el medio que tentaron con más actividad.

El gobierno y la comandancia general estaban al tanto de sus maniobras, limitándose a dictar medidas de precaución y a reunir los datos suficientes para proceder con la debida justificación contra los culpables.

El día 9 de marzo se recibieron partes [constantes] y repetidos de que los revoltosos habían resuelto realizar sus designios y entonces fue ya necesario proceder, y proceder conforme a las leyes, remitiéndose los datos a los respectivos jueces, que dictaron luego el auto de formal prisión contra los acusados.

El día en que se verificaron las prisiones hubo un incidente desagradable, que alarmó por algunos momentos a la población.

Habiendo permitido el juez de distrito que uno de los encausados volviese a su casa, sin embargo de estar declarado preso formalmente, fue éste perseguido por unos oficiales, resultando herido en la refriega que tuvo con ellos.

En el acto que se me dio aviso de esta ocurrencia, pasé con el señor comandante general al local en que se había refugiado el herido, que lo era don Salvador Marcucci.

Con nuestra llegada se disipó la multitud que lo perseguía, y a mi presencia el juez de distrito procedió a practicar las diligencias conducentes, consignándolas al juez competente, que juzgó a los que resultaron culpables.

Desde entonces no ha vuelto la capital a ser amagada por una revolución; menos lo han sido los demás departamentos, ya por la suma vigilancia de los gobernadores, y ya también por el buen sentido de los pueblos, que han rechazado toda idea que tienda a turbar el reposo público.

Seguridad Pública

Otra de las causas que han contribuido eficazmente para afianzar el orden es la confianza que se ha procurado inspirar a los ciudadanos, con hechos más que con promesas, de que sus personas y sus intereses están al abrigo de las leyes y vigilados y defendidos por las autoridades.

Al efecto, mi primer cuidado ha sido crear y organizar una fuerza pública, que por su moralidad, por su disciplina y por su equipo pueda ocurrir prontamente a prestar el auxilio conveniente en cualquier punto del Estado, sin extorsionar a los pueblos.

De aquí es que cuando algunos vecinos del pueblo de Ixtepeji, alentados con la impunidad con que cometieron otro delito semejante a principios del año anterior, asaltaron al ciudadano Manuel Martínez, jefe de los guardamontes que cuidan el camino que conduce de esta ciudad a la sierra de Villa Alta, despojándolo de su destino, fueron inmediatamente aprehendidos y consignados al juez competente por la fuerza que marchó a reprimir el desorden, en el acto en que el gobierno tuvo noticia de este atentado.

Cuando en 15 de febrero, en el pueblo de Petapa, algunos vecinos atentaron en tumulto contra el subprefecto intimándolo a prisión, marchó luego una fuerza que los redujo al orden, consignándose a los amotinados a la autoridad judicial para su castigo.

Cuantas veces el comercio ha necesitado de auxilio para el transporte de sus caudales y demás efectos, otras tantas ha tenido a su disposición una fuerza competente y de confianza que los ha custodiado aun fuera del Estado.

Además, los gobernadores de los departamentos han desplegado una actividad extraordinaria para la persecución de los salteadores, y a todo esto es debido el que tanto en nuestros caminos como en las poblaciones del Estado se disfruta de seguridad, y puedo afirmar que durante la actual administración no se han experimentado los grandes robos y asesinatos que son tan frecuentes en otros estados de la República.

Sin embargo, para que esta seguridad pueda afianzarse más, sería muy conveniente que en todos los pueblos situados en las inmediaciones de los principales caminos hubiese organizada, para custodiarlos, una fuerza de policía rural armada, municionada y pagada por el tesoro público.

De esta manera se ahuyentarán los malhechores, o serán aprehendidos luego que cometan algún crimen.

En el pueblo de Copala ha habido, hace algunos años, una constante inclinación a sustraerse de la obediencia de las autoridades, a la ejecución de robos y asesinatos, que los sublevados cometían en los pueblos inmediatos, y no se había logrado la reducción de este pueblo al orden, sin embargo de las medidas de rigor que se habían empleado contra los criminales.

La fuerza que se destinaba a aquel punto era casi siempre burlada, porque huían luego los sublevados a los montes y ranchos, de donde regresaban a perseguir sin piedad a aquellos que sumisos a las autoridades habían prestado algún auxilio a la fuerza que los perseguía.

El gobierno adoptó medios de prudencia y de lenidad para restablecer la paz y el orden entre los habitantes de Copala.

El subprefecto don Hermenegildo Figueroa ha correspondido perfectamente a los deseos del gobierno, pues con su prudencia y su política ha logrado restablecer la confianza y la subordinación entre aquellos habitantes, que hoy reconocen a las autoridades y viven quietos y pacíficos, cumpliendo con sus obligaciones.

La Capital, como todas las poblaciones grandes, ha abrigado constantemente multitud de vagos y malhechores, que no teniendo un medio decente de que subsistir, se han lanzado al robo y a toda clase de maldades.

Por este motivo, luego que me encargué del gobierno, dispuse el establecimiento de una ronda, compuesta de las personas a propósito para la persecución de aquéllos.

Esa ronda, que sucesivamente se ha ido aumentando, ha producido los mejores resultados, de manera que ni hay los frecuentes robos que antes se advertían, y cuando se comete alguno dentro de la población o en las inmediaciones, son luego descubiertos los reos y aprehendidos por la policía.

Igual celo se ha procurado tener en los demás departamentos, por lo que podemos tener la satisfacción de decir, que entre nosotros hay seguridad y que se puede vivir y viajar en el Estado con la confianza de que ni nuestra vida ni nuestros intereses serán atacados impunemente.

Gobiernos de los departamentos La experiencia ha demostrado que centralizada la administración pública no puede cumplirse con uno de los fines principales de la sociedad, que es conocer de cerca las necesidades de los pueblos y procurar el remedio de ellos, bien haciendo observar y cumplir las leyes que se han expedido al efecto, o bien iniciando medidas análogas a las circunstancias y costumbres peculiares de cada lugar.

De aquí es que en todos los estados regularmente organizados, se ha procurado siempre dividir el territorio en distritos, cantones o departamentos, para su mejor administración, nombrándose funcionarios en quienes se ha depositado una parte del poder público para que los asociados no sufran vejaciones en sus personas y propiedades por falta de inspección inmediata de las autoridades, y para que las leyes y órdenes supremas sean cumplidas tan exacta y brevemente, como lo son en el centro de donde emanan.

Por esto el decreto de 6 de mayo de 1826 dividió nuestro territorio en ocho departamentos, cuya división continúa hasta la fecha sin que haya motivo para variarla, porque está proporcionada a la población y a la extensión del territorio.

Esto debe entenderse respecto del número de los departamentos, pues la formación de cada uno necesita algunas reformas que exigen las distancias de los pueblos a la cabecera.

El gobierno ha cuidado de colocar en los departamentos aquellas personas que, por ser naturales o por haber residido largo tiempo en ellos, tienen un conocimiento exacto de la índole y de las necesidades de los pueblos, y a esto es debido el que los actuales gobernadores se hayan conquistado el aprecio de sus subordinados, circunstancia muy esencial para la conservación de la paz y para la marcha de la administración pública.

Siendo los gobernadores los que llevan todo el peso de la administración, los principales agentes del gobierno y los inmediatos responsables de la tranquilidad pública, justo es que tengan una decente compensación, que baste a indemnizarlos del trabajo que impenden y de la dedicación exclusiva que tienen en el desempeño de sus importantes funciones.

En la primera época del sistema federal disfrutaban de mil pesos anuales y tenían el tanto por ciento de la contribución personal, por manera que, aunque el sueldo era corto, les servía de auxilio el honorario que les producía la recaudación de la contribución; pero restablecido felizmente el sistema federal, el cobro de la capitación ha continuado a cargo de los subprefectos y recaudadores, y los gobernadores quedaron sujetos a percibir [nada más] el corto sueldo que se ha expresado, que es una mezquina cantidad, que no podía bastar para las atenciones de los funcionarios de esta clase.

Por esta grave consideración fue preciso determinar que continuasen con los sueldos que como prefectos gozaban en la época del centralismo, hasta tanto el Cuerpo Legislativo designase definitivamente la dotación que daban percibir, y que en concepto del gobierno es la que expresa la iniciativa que presento al honorable Congreso.

Subprefectos

Hay también otros funcionarios subalternos que con el nombre de subprefectos están encargados de la administración gubernativa y de policía de los distritos y de la recaudación de la capitación.

Por ahora parece que no hay necesidad de aumentar su número; pero será conveniente que el gobierno continúe autorizado para establecerlos, cuando las circunstancias de los pueblos así lo exijan.

Ayuntamientos y repúblicas

Desde antes del establecimiento del sistema federal, los pueblos del Estado han tenido la costumbre democrática de elegir por sí mismos a los funcionarios, que con el nombre de alcaldes y regidores cuidaban de la policía, de la conservación de la paz y de la administración de los fondos comunales.

Esta costumbre benéfica fue robustecida por el sistema federativo, otorgándose a los pueblos la facultad de elegir a los miembros de sus ayuntamientos y repúblicas, y reglamentándose las obligaciones y derechos de estas corporaciones.

Por este motivo el sistema republicano, representativo, popular, federal, fue bien recibido por los pueblos del Estado, y el sistema central, que abolió aquellas corporaciones, causó un disgusto universal, que contribuyó a la caída de ese sistema que nos fue tan fatal.

Restablecida la federación, los pueblos han recobrado no sólo sus ayuntamientos y repúblicas, sino el derecho de elegir conforme a sus antiguas costumbres, quedando así organizada la administración local de las municipalidades, de una manera que lejos de obstruir, expedita la marcha de la administración general del Estado.

Al ayuntamiento de esta capital, sin embargo de las urgentes atenciones de la Tesorería del Estado, y antes de amortizarse su deuda con vales, se le hicieron algunos abonos por cuenta de lo que se le adeudaba del valor de sus antiguas casas consistoriales.

Con este auxilio ha podido atender a los distintos ramos que son de su inspección.

Ha recompuesto la atarjea que surte de agua a las fuentes de la ciudad; ha activado el empedrado y limpieza de las calles, ha continuado la obra del panteón y ha organizado la policía de seguridad de una manera que se ha conseguido felizmente disminuir el número de vagos y malhechores que infestaban la ciudad.

Los demás cuerpos municipales cumplen exactamente con sus deberes.

Sería de desear que para la mejor seguridad de sus fondos, sus respectivos tesoreros caucionasen su manejo, abonándose a éstos alguna gratificación por el trabajo que impendan en la recaudación y distribución de los caudales, que con preferencia a cualquier otro objeto, que no fuese de una necesidad absoluta, se invirtiesen en el fomento de las escuelas.

Hospitales

Los de San Juan de Dios y San Cosme, que antes de la destrucción del sistema federal se hallaban en un estado lamentable de decadencia por las escaseces de fondos, se ven hoy reducidos a completa nulidad, pues por el estado de deterioro en que se hallan sus fincas, sus productos se han disminuido.

El primero sólo mantenía últimamente cuatro lazarinos, que habitando exclusivamente las piezas de este hospital lo hacían inaccesible para otros enfermos.

Además, hallándose este hospital en el centro de la población y contiguo a la plaza del mercado, no era el más a propósito para abrigar enfermos de la clase de los que últimamente lo habitaban.

La buena política exigía situar a estos desgraciados en un local retirado del centro, y escoger el de San Juan de Dios para hospital militar, con lo que se economizaban los grandes gastos que se hubieran erogado en un local nuevo para este establecimiento.

El Gobierno se propuso realizar este pensamiento, y poniéndose de acuerdo con el ilustrísimo diocesano, obtuvo los más favorables resultados.

El excelentísimo ayuntamiento de esta capital proporcionó un local distante del centro de la ciudad, adonde se trasladaron los lazarinos, cuyos alimentos se costean de las pequeñas rentas de San Juan de Dios, por disposición del Illmo. señor obispo.

Con algunos materiales y trabajadores que ha proporcionado el Excmo. ayuntamiento, y con la suma de 76 pesos que ha ministrado la Tesorería del Estado, se han estado haciendo las mejoras indispensables en este local, que más adelante prestará todas las comodidades necesarias a los infelices lazarinos.

Desocupado ya el convento de San Juan de Dios, lo tomó el gobierno, previa anuencia del prelado diocesano, para hospital militar de Guardia Nacional del Estado en actual servicio, y al efecto se han hecho por la Tesorería los gastos indispensables para su recomposición y limpieza, y hoy nuestros soldados cuentan con un establecimiento donde pueden recibir todos los auxilios que necesiten para la curación de sus enfermedades.

Hace muchos años que este local carecía de agua tan necesaria para un hospital.

El Gobierno está haciendo los gastos indispensables para que la antigua fuente que existía en este local se surta de agua suficiente, que será muy útil no sólo al establecimiento sino [también] al vecindario.

Sería de desear que este hospital militar tuviese también el carácter de hospital civil, lo que podrá conseguirse si las rentas del de San Cosme se uniesen a las del de San Juan de Dios para este objeto, bajo la doble inspección de la autoridad civil y eclesiástica.

Yo me atrevo a recomendar al Cuerpo Legislativo este importante negocio para que dicte la medida que Su Soberanía juzgue convenirte.

El convento de Belén, merced al celo infatigable del señor cura don Nicolás Vasconcelos, tiene un hospital que se sostiene regularmente con las rentas de aquel establecimiento.

Si, como es de esperar, nuestras rentas reciben alguna mejora con el nuevo arreglo de las contribuciones públicas, ya podrá destinarse alguna suma para el fomento de esa casa de beneficencia, que el Gobierno siente la pena de no poder auxiliar por las notorias escaseces del erario.

Epidemias

La del sarampión es la que más se ha generalizado; pero afortunadamente no ha causado muchos estragos por el carácter benigno con que se ha presentado.

El Gobierno ha cuidado de remitir a los pueblos atacados el método curativo que los facultativos han formado.

En algunos lugares se han desarrollado algunas fiebres, pero en ningún punto causaban más estragos, ni se habían estacionado tanto, como en el partido de Zimatlán, de manera que fue necesario que el gobierno mandase un facultativo pagado por la Tesorería para que auxiliase a los epidemiados.

Vacuna

Se ha procurado conservar ese benéfico fluido, remitiéndose a los departamentos el suficiente para que se siga ministrando.

El gobierno, aceptando la oferta que ha hecho el facultativo don Domingo Cházari de conservar la vacuna y administrarla gratis, le ha encomendado este trabajo, abonándosele únicamente el costo de los cristales.

AGRICULTURA Y COMERCIO

Estas dos fuentes de la riqueza pública se ven casi cegadas entre nosotros porque se ha descuidado su fomento o porque se han equivocado los medios con que se ha querido protegerlas.

Sabido es que nuestros agricultores no pueden exportar sus frutos para expenderlos fuera del Estado porque nuestros caminos son muy difíciles y muy excesivos, por lo mismo, los fletes; de tal modo, que no bastan las utilidades para compensar los gastos de cultivo y transporte y para proporcionar al vendedor una módica ganancia con que pueda aumentar su fortuna.

A más de este inconveniente, que es grave, tiene el comercio otro de no menos consideración, y son los impuestos con que están gravados sus efectos y las trabas que para evitar el contrabando se han puesto al comerciante para la introducción de sus mercancías.

Todos palpamos estos inconvenientes y es necesario trabajar con empeño para removerlos si queremos que nuestro Estado progrese.

Habilitar uno de nuestros puertos del sur para el comercio extranjero, abrir nuestros caminos y suprimir la renta de alcabalas, he aquí, señores, los medios más eficaces de dar vida y animación a nuestra agricultura, a nuestra industria y a nuestro comercio.

Yo suplico a los representantes del pueblo oaxaqueño den preferencia a estos tres puntos importantes de que depende la futura prosperidad de nuestro país.

Minería

El gobierno se ocupa de reunir una junta de mineros que le proponga las medidas que deban adoptarse para remover los obstáculos que impiden el progreso de este ramo de riqueza que posee nuestro Estado.

Pronto presentaré el proyecto que comprenda esas medidas para que las tome en consideración el Cuerpo Legislativo.

Caminos

Aunque se ha cuidado de componer los que conducen a esta capital y a los distintos puntos del Estado, no puede decirse que sobre este ramo haya habido alguna mejora que refluya visiblemente en beneficio público.

La apertura de caminos de ruedas de la ciudad de Tehuacán y del puerto de Huatulco para esta capital es de absoluta necesidad, como dije en el artículo anterior, para el adelanto del comercio, de la industria, de las artes y de la agricultura, no menos que para el progreso de la ilustración de los oaxaqueños.

El gobierno conoce esta necesidad y cree que su atención y la del Cuerpo Legislativo deben dedicarse preferentemente a este importantísimo objeto.

Con la esperanza de que el Gobierno Supremo o la representación nacional acordará pronto la habilitación del puerto de Huatulco para el comercio extranjero, de que depende en gran parte la futura prosperidad del Estado, dispuse la reunión de una junta compuesta de las personas más notables del departamento de Ejutla, para que propusiesen al gobierno un proyecto que pudiera dar por resultado la pronta apertura del camino que de esta ciudad conduce al citado puerto.

Ese proyecto, formado por personas que tienen conocimientos prácticos de los lugares por donde deba abrirse el camino, es el más adecuado para conseguir el fin indicado.

El gobierno lo habría puesto en práctica desde luego, como era su deseo hacerlo, pero se encontró con el inconveniente de no tener facultades para dictar las medidas que en él se consultan, tales como establecer un presidio, disponer en parte de los productos de capitación, etc.

Es necesario que el Cuerpo Legislativo resuelva sobre estos particulares.

El gobierno cumple con encarecerle la importancia de este negocio, que es tanto más necesario realizarlo cuanto que a la solicitud que hice al Supremo Gobierno para la apertura del puerto de Huatulco se ha dado una contestación satisfactoria, que hace concebir la esperanza lisonjera de que muy pronto veremos habilitado ese puerto para el comercio extranjero.

Respecto del camino que de Tehuacán conduce a esta ciudad, el gobierno se encuentra con el mismo inconveniente para emprender su apertura, pues siendo indispensable erogar gastos, conceder exenciones y franquicias a los pueblos que por su inmediación al camino preste sus servicios; establecer un presidio y arbitrar recursos, no puede, sin traspasar la línea de sus atribuciones, determinar cosa alguna sobre este particular.

Es verdad que en los años de 1825, 33, 44 y 47 se expidieron algunos decretos sobre la apertura de los caminos expresados, pero se nota en esas disposiciones dos cosas que debían necesariamente hacer ilusoria la mira del legislador: primera, que se cometía (2) la obra a particulares, lo que equivale a no hacer cosa alguna por la absoluta falta de espíritu de empresa entre nosotros; y segunda, que aunque se dejaba al gobierno la facultad de emprender por su cuenta la obra, no habiéndosele autorizado para disponer de todo lo conducente para comenzarla y llevarla al cabo, no podía hacerlo aunque estuviera animado de los mejores deseos.

Conocidas pues, las causas que han retardado esta obra de tanta importancia, la prudencia y la urgente necesidad que hay de llevarla a efecto, exigen su remoción.

Yo os suplico, señores, toméis en consideración este punto, que, como dije antes, es ya de una necesidad absoluta para sacara a nuestro país del estado de aislamiento, de miseria y de atraso en que se encuentra.

Si, como yo espero, logramos establecer otra contribución que sustituya a la renta de alcabalas y abrir los caminos expresados, dentro de dos años, a más tardar, veremos florecer nuestro comercio, nuestra industria, nuestra agricultura y todos los demás ramos que forman la riqueza de los pueblos.

Señores, la obra no es difícil si tenemos una voluntad firme de realizarla.

Emprendámosla, y tendremos la gloria de haber hecho un bien positivo a los pueblos, y dejaremos a nuestros hijos una memoria grata y perdurable.

Para el logro de este objeto, recomiendo al Cuerpo Legislativo la iniciativa que presento.

Plano Topográfico

Conociendo el gobierno la grande utilidad que resulta al Estado de tener un plano en que se vean descritos sus terrenos, sus pueblos, haciendas, ranchos, con sus lindes respectivos, sus montes, ríos, lagos, mares y monumentos especiales, no ha vacilado en aprovecharse de los conocimientos de un hábil extranjero que ha ofrecido emprender esta obra, recibiendo por ahora una módica indemnización mensual, sin perjuicio de que concluidos sus trabajos, la honorable Legislatura decrete alguna otra suma para recompensarle este servicio.

Concluido el plano de la ciudad, ha continuado sus trabajos en los demás pueblos, siguiendo el orden con que están distribuidos en la ley de división del territorio expedida por la antigua Asamblea Departamental.

Comenzada esta obra, cuya utilidad es notoria, se hace indispensable la formación de la estadística, que no sólo es útil, sino necesaria para tener un exacto conocimiento de nuestra población, de nuestra riqueza y de nuestra fuerza.

El nombramiento de una comisión de personas inteligentes, auxiliada por las autoridades civil, eclesiástica y militar, para el efecto de ministrarle los datos que necesite, es, en concepto del gobierno, el medio más a propósito que puede adoptarse para obtener un resultado pronto y exacto sobre este negocio, tanto más interesante, cuanto que hasta ahora no tenemos sino noticias aisladas e inexactas sobre nuestra población y nuestra riqueza.

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Las difíciles y complicadas circunstancias que nos han rodeado, no han permitido al gobierno dar a este importante ramo toda la protección que merece y que es necesario dispensarle, si se quiere que nuestra sociedad se ilustre y se morigere. (3)

Sin embargo, se ha hecho cuanto ha sido posible, y si no puedo presentaros un cuadro en que se vea el estado brillante y progresivo de la instrucción de nuestra juventud, a lo menos pueblo aseguraros que ella no ha sido descuidada ni empeorada durante mi administración.

El Instituto de Ciencias y Artes, establecido por el decreto de 26 de agosto de 1826, ha ocupado constantemente mi atención.

Las cátedras están servidas por profesores de notoria instrucción y de honradez, y a su constante dedicación se debe el que haya en el establecimiento una concurrencia de jóvenes que en año anteriores no se había observado.

El joven don José Sáenz de Enciso y el señor cura don José María Bolaños ofrecieron enseñar gratis, el primero el idioma inglés y el segundo la historia eclesiástica.

Yo no debía despreciar esta generosa oferta, accedí desde luego a la solicitud que me dirigieron y les expedí sus respectivos nombramientos.

Como que en la ley reformadora del Instituto no se mandaron establecer dichas cátedras, se hace de desear que la actual Legislatura lo verifique, asignando una dotación con que deben ser recompensados los señores catedráticos que las sirvan.

La biblioteca ha sido aumentada con algunas obras que se han comprado, a la vez que lo ha solicitado la junta directora del establecimiento.

Se ha remitido al Museo el autómata que hizo y obsequió al gobierno el artista oaxaqueño, ciudadano José María Cabero.

La habilidad de este joven es digna de recomendación, pues a su constancia y a sus propios esfuerzos debe el haber presentado una obra que en nada cede a las de los artistas de la Europa.

Se han erogado algunos gastos para la recomposición de algunas piezas, para situar la biblioteca y la escuela lancasteriana en el lugar conveniente.

La Memoria que he pedido a la junta directora y que presentaré oportunamente, instruirá al honorable Congreso más extensamente sobre el estado que guarda el establecimiento.

Habiéndose declarado por el decreto de 26 de octubre de 1846, que pertenecían a los fondos del Estado los creados por los artículos 65, 66 y 67 de la ley de 18 de agosto de 1843, arreglé su cobro, dando el respectivo reglamento.

Si desde la creación de estos fondos se hubiera tenido el cuidado de recaudarlos con puntualidad, la instrucción pública contaría hoy con alguna suma regular para su fomento y para auxiliar a la Tesorería del Estado, que hace muchos años ha estado reportando los gastos de este ramo; pero desgraciadamente no ha sucedido así, pues la mayor parte de sus existencias consisten en deudas, cuyo cobro se ha estado activando por el tesorero del Estado y por el promotor fiscal, que he nombrado últimamente.

En cuanto a la instrucción primaria, los gobernadores y subprefectos han procurado con empeño su fomento.

Por las noticias que últimamente han remitido aquellos funcionarios, se ve que hay en el Estado abiertas las escuelas siguientes: Departamentos Escuelas Centro Villa-Alta Teotitlán Teposcolula Huajuapan .

68 115 15 112 73 Jamiltepec Ejutla Tehuantepec

15 29 49 En Santa Ana Zegache debe haber una escuela, costeada de los productos de un capital que dejó para ese fin el finado bachiller don Domingo Morales.

En Tehuantepec debe haber otra sostenida con los réditos del capital de 3,000 pesos que dejó el finado don Luis Pérez Lazárraga.

Como la primera se cerró hace tiempo, y la segunda no se ha abierto nunca, me he dirigido al ilustrísimo señor obispo de estas diócesis, que es el patrono, excitándolo para que en obsequio de la instrucción de la juventud dicte sus providencias para que se realicen los benéficos fines que se propusieron los fundadores.

Su señoría ilustrísima ha manifestado la más buena disposición y ofrecido dictar las medidas conducentes, lo que me hace esperar que muy pronto veremos abiertas las escuelas referidas.

Por las escaseces de la comisaría no se pagaba al ayuntamiento de esta ciudad el rédito de un capital que le debe la hacienda federal y que estaba destinado para el sostenimiento de una escuela.

Conociendo cuán conveniente era para el fomento de la instrucción pública que se facilitase el pago de dicho rédito, convine con el señor comisario general en que se proporcionase su importe con puntualidad por cuenta del contingente.

Con todo, aún no existe en el Estado el número de escuelas que demanda nuestra población, y en las existentes se nota en su mayoría la falta de preceptores que tengan la instrucción y la dedicación que se requiere para que los niños reciban una educación sólida y filosófica.

Esta falta proviene de la escasez de fondos de los pueblos.

Se nota también, tanto en la instrucción primaria como en la secundaria, que aunque los maestros tengan una decente compensación, y no obstante que la instrucción es gratuita, hay menos concurrencia de niños que la que era de esperarse, atendida la población; de manera que, aunque se multiplique el número de escuelas y cátedras a un grado excesivo, dotadas competentemente, habrá siempre escasez de alumnos, mientras no se remueva la causa que, especialmente en nuestro Estado, impide la concurrencia de los niños a la enseñanza.

Esa causa es la miseria pública.

El hombre que carece de lo preciso para alimentar a su familia ve la instrucción de sus hijos como un bien muy remoto, o como un obstáculo para conseguir el sustento diario.

En vez de destinarlos a la escuela se sirve de ellos para el cuidado de la casa o para alquilar su débil trabajo personal, [y así] poder aliviar un tanto el peso de la miseria que lo agobia.

Si ese hombre tuviera algunas comodidades; si su trabajo diario le produjera alguna utilidad, él cuidaría de que sus hijos se educasen y recibiesen una instrucción sólida en cualquiera de los ramos del saber humano.

El deseo de saber y de ilustrarse es innato en el corazón del hombre.

Quítensele las trabas que la miseria y el despotismo le oponen, y él se ilustrará naturalmente, aun cuando no se le dé una protección directa.

Muy conocidas son las causas que producen esa miseria entre nosotros.

Casi todos los oaxaqueños se dedican a la agricultura y al comercio para buscar los medios de subsistencia; pero por mucho que se afanen en el trabajo nunca pueden aumentar sus fortunas, porque sus ganancias son tan cortas que apenas bastan para satisfacer sus primeras necesidades.

Los agricultores, por el mal estado que guardan nuestros caminos, no pueden exportar sus productos fuera del Estado, donde podrían expenderlos ventajosamente, porque el excesivo costo de los fletes consume las utilidades que pudieran tener.

De aquí es que, mientras son más abundantes sus cosechas, es mayor la baratura de sus productos, nula la ganancia que consiguen y ningún alivio tienen en sus necesidades.

Los comerciantes, por el derecho que pagan sus efectos y por no poder introducirlos en carruajes, que harían más violenta y menos costosa su conducción, no pueden hacer las grandes ganancias que debieran, atendidos sus afanes y sacrificios, y para indemnizarse de algún modo se ven en la necesidad de vender demasiado caros sus efectos; y en tal caso los consumidores son los que realmente sufren el perjuicio de la carestía.

Resulta de aquí, que el comercio sólo queda reducido a los que teniendo un capital considerable pueden reportar los grandes gastos de fletes y derechos que se pagan en la introducción, y de este modo el comercio no puede activase, generalizarse, ni ser benéfico.

Yo veo que es fácil destruir las causas de esa miseria.

Facilitemos nuestra comunicación con el extranjero y con los demás estados de la República, abriendo nuestros puertos y nuestros caminos; dejemos que los efectos y frutos de primera necesidad, de utilidad, y aún los de lujo se introduzcan sin gravámenes ni trabas, y entonces lo habremos logrado todo.

Nuestro pueblo vestirá a poca costa.

Los frutos de nuestra agricultura y de nuestra industria se exportarán fácilmente y se expenderán a un precio que indemnizará suficientemente al vendedor.

El comercio florecerá, y teniendo entonces los padres de familia lo necesario para subsistir, ellos mismos, sin excitación ni prevención de la autoridad pública, dotarán escuelas, fundarán establecimientos literarios, y los llenarán de sus hijos, cooperando de una manera eficaz al desarrollo de la inteligencia, sin la que los pueblos serán siempre miserables y degradados.

HACIENDA

Antes de tratar del estado que hoy guarda y de las reformas que necesita para su perfecta organización y utilidad de los ciudadanos, será conveniente dar alguna idea de lo ocurrido en este ramo importante de la administración pública desde que se derrocó el sistema federal.

Desde esa época luctuosa, que aduna las desgracias de la Patria con las inconsecuencias de un partido que atrevidamente se llamaba del orden y que no vaciló en subvertirlo de la manera más escandalosa, la hacienda pública, que si no se hallaba en la opulencia en que debía estar por los elementos de riqueza de que abunda el Estado, al menos alcanzaba a cubrir sus principales erogaciones, comenzó a decaer, no sólo por el desconcierto que causaban en las rentas las disposiciones generales y los golpes frecuentes que con particularidad se asestaron a las del Estado, recabando órdenes perjudiciales del gobierno central, que a largas distancias y con pretextos aparentemente plausibles, no era difícil sorprender; sino por la esencia del nuevo orden, que alejaba de las localidades la influencia benéfica de la autoridad y las hacía perder todo el interés que les diera el palpar de cerca la buena y fiel inversión de sus sacrificios.

La baja de las rentas, por el cambio del sistema, se hizo tan perceptible, cuanto que, desde 1825, se les había visto ocurrir con puntualidad a sus atenciones; y aunque en fines de 1833 se encontraban con un recargo extraordinario a consecuencia de la paralización que habían sufrido el comercio y todos los giros, en cerca de seis meses que esta capital había estado en continua alarma por la tropa que acaudillada por el general Canalizo proclamaba religión y fueros, restablecida la paz muy en breve, se logró cubrir la deuda atrasada y hacer gastos cuantiosos en armar y equiparar a la milicia cívica.

Pero luego que el famoso Plan de Cuernavaca desarrolló su maléfica influencia, la miseria del erario crecía con tanta rapidez que bien fuera por las causas expresadas o porque los caudales se remitieran a México, lo cierto es que el pago de la lista civil se desatendía, y por más preferencia que se diera a la militar, su situación era también muy lamentable.

El entorpecimiento que se advertía en todos los resortes de la máquina social, porque los enemigos de la federación, que habían asaltado el poder, ni querían que rigieran las disposiciones de aquel sistema ni se atrevían francamente a contrariarlas, se hacía sentir con mayor fuerza en la hacienda pública, que tanto necesita para sus adelantos de un orden estable en que reciba constantemente el aliento, que sólo sabe darle el celo por la observancia estricta de un plan fijo.

En efecto, ya cuando del todo se privó al Estado del manejo de sus rentas, la deuda que éstas reportaban era considerable, no sólo porque los productos, que no se remitían a México, se dedicaban a los pagos que desde allá se ordenaban o se invertían en socorro de la guarnición, sino porque el espantoso desaliento que se había difundido entre exactores y contribuyentes agotaba absolutamente las fuentes del erario.

No me ha sido posible reunir algunos datos que quería presentar en este lugar sobre la historia de las rentas, desde que se centralizaron completamente hasta que las recobró el Estado, pero es notorio que en ese largo período empeoraron notablemente, y los empleados y pensionistas tuvieron que mendigar su subsistencia, aun los militares que gozaban grande preferencia, regularmente no percibían ni una mitad de sus haberes; y a pesar de lo que se multiplicaban las contribuciones y los préstamos, era raro el día en que no había apuros para proporcionar el mezquino rancho a que estaba reducida la tropa.

La suerte de los empleados se alivió en parte desde mediados de 1844 en que, degenerando un tanto el sistema central, se logró que la Tesorería creada por decreto de 3 de mayo del mismo año, comenzara a recibir los productos de la capitación, que a costa de mil esfuerzos y mil contradicciones se habían consignado para los gastos del Estado, entonces departamento.

La administración nunca olvidada del señor Herrera, que en medio de grandes embarazos procuraba con laudable empeño mejorar la situación de los estados, dio otro paso importante señalándoles rentas por decreto de 6 de agosto de 1845.

Pero ya se sabe que esa administración patriótica desapareció brevemente por la infame asonada de San Luis regenteada por don Mariano Paredes, y que todas las concesiones que se habían hecho a la nación, y que ciertamente demandaba su felicidad, se fueron nulificando por cuantos medios podían ocurrirle a un gabinete, que no perdonaba ninguno con el fin de debilitar a los pueblos y preparar las cosas para la venida de un monarca extranjero por quien deliraba.

Afortunadamente esas pretensiones avanzadas, tan contrarias a los intereses como a las convicciones de los mexicanos, exaltaron los ánimos y en breve contuvieron los males que nos amenazaban, dando por tierra con ese partido antinacional que tan mal uso hacía del poder.

En seguida se restableció la federación y se hizo la clasificación de rentas, cuyo decreto rige hasta hoy, pues aunque por el de 27 de abril de 1847 se quitaban al Estado las contribuciones directas, por el de 17 de junio se le devolvieron, gravándolo con una contribución extraordinaria de 46,295 pesos.

Ésta pudo ser bien recibida en las circunstancias en que se decretó, por el destino sagrado que se le daba, que era el de los gastos de la guerra; pero desgraciadamente no fue así, pues bien porque el reparto no se ejecutara con la equidad debida, o porque se hiciera gravitar sobre determinadas personas, lo cierto es que dio lugar a infinidad de quejas, y que deseando atenderlas este gobierno representó al de la nación como convenía y logró se le autorizara para conceder rebajas en las cuotas que se habían señalado.

Así se ha estado haciendo aligerando en cuanto ha sido posible el gravamen de los cotizados; pero hasta hoy sólo se han cobrado 32,816 pesos, 4 reales, resultando que aún deben exigirse 13,478 pesos, 4 reales, que en una parte es menester aplicar a los particulares a virtud de la disminución hecha en las cuotas, pero que me he abstenido de verificarlo por lo odioso que es este paso, y más después de haberse celebrado la paz con los Estados Unidos.

Yo me atrevería a proponer que se iniciase a la representación nacional pidiendo que se exonere al Estado del pago del remanente; mas el honorable Congreso resolverá lo que convenga en este negocio, que en mi concepto desde su origen debió someterse a su deliberación.

Abatido el poder central por el movimiento nacional de mediados de 1846, que aquí tuvo lugar el glorioso 9 de agosto, la administración pública recobraba nuevo vigor, contando con la cooperación franca y activa de todos los ciudadanos; y si a poco no se hubieran puesto en juego intereses mezquinos, que apoyados todavía en las reliquias funestas del poder central lograron sobreponerse a la opinión general, las cosas habrían marchado en Oaxaca del modo más conveniente a su prosperidad y no se habrían dispuesto los ánimos al escándalo del 15 de febrero, que tan directamente ha influido en las desgracias posteriores de la patria.

El gobierno que duró desde esa fecha hasta el 22 del último octubre, persuadido de su ilegitimidad, se ocupaba exclusivamente en sostenerse y no dio un solo paso que mejorara la situación de las rentas.

Así es que, al recibirme del puesto que sin mérito ocupo, las encontré con un recargo espantoso, como puede inferirse de la noticia de deudas que mandé formar por fin del año anterior.

La injusticia que resultaba en que unos empleados recibieran con puntualidad sus sueldos, mientras otros los percibían con mucho atraso; los males que en esto resentía el servicio público; evitar el gravamen que de día en día se aumentaba con los réditos de los capitales que se reconocían; expeditar el pago de algunos impuestos que no están ya bien recibidos, y, en fin, poner en movimiento cantidades considerables que, con perjuicio de sus dueños, estaban perdidas para la circulación; tales son los motivos que tuve para tomar la resolución que se ve por el decreto constante bajo el número 11, y no dudo merecerá la aprobación de los dignos representantes del pueblo.

Los vales a que se contrae se expidieron en cantidad de 99,065 pesos, 5 reales, 7 granos, para cubrir la deuda vencida hasta fin de diciembre, constante en el documento ya citado.

También están expedidos y reservados 8,589 pesos, que importan los sueldos que se quedaron debiendo a los funcionarios de la administración de hecho, para que se les cubran en el caso de que así se resuelva.

La religiosidad con que se aplican en la amortización de los vales los fondos consignados al efecto, hace probable que mantengan su valor, y será muy satisfactorio para el gobierno que una medida que, tan eficazmente ha contribuido al arreglo de los pagos, haya proporcionado al mismo tiempo recursos a los interesados sin el quebranto que podía temerse.

Respecto del decreto de 28 de diciembre del año anterior, el gobierno se vio precisado a hacer las aclaraciones que constan el decreto, que igualmente pido se aprueben.

Esta contribución que se graduaba en 20,000 pesos, ha producido poco más de 10,000 por los cuatro meses que se estableció, y a pesar de que todavía se está debiendo por varios pueblos, nunca creo que lleguen sus rendimientos a lo que se había calculado: creada expresamente para los gastos de la guerra, se había mandado continuar reducida a la mitad para que auxiliara de alguna manera las escaseces del erario y su cobro se hiciera más fácil; pero habiéndose decretado la paz, ha sido indispensable suspenderlo.

El decreto que se acompaña bajo el número 14 contiene varias disposiciones relativas al ramo de capitación, que ha sido necesario anticipar, porque expirando ya el período que deben durar los padrones que rigen actualmente, no podría aguardarse a la reunión de la Legislatura para que tomara en consideración el arreglo que ejecutivamente demandaba ese importante recurso del erario.

Otras muchas medidas se han dictado con objeto de moralizar a los empleados, metodizando el manejo de las rentas, procurando economías y aumentar los ingresos; pero siendo todos del resorte del Ejecutivo, se omite enumerarlas para no hacer más difusa esta exposición, debiendo únicamente mencionar dos, porque más adelante serán objeto de resoluciones legislativas.

Primera: que se ha representado al Gobierno de la Unión para que la renta del tabaco se consigne al Estado mediante un aumento proporcional del contingente, lo cual es muy conforme con el espíritu del sistema federal, y de ese modo, conviniendo la permanencia de ese establecimiento, podrá ponerse en consonancia con los intereses locales y aprovecharse las ventajas de que es susceptible en compensación de los males que causa.

Una de las primeras será la de permitir el cultivo del tabaco en el territorio del Estado, en que espontáneamente y sin el beneficio debido se produce de excelente calidad.

En esto encontrarían ocupación y recursos multitud de familias, que hoy yacen en la indigencia por la decadencia lamentable en que se encuentra el comercio de la grana y del algodón.

Segunda: también se ha solicitado que el actual poseedor de las salinas de Tehuantepec las venda al Estado para que éste cuente con una renta pingüe y segura, que por otra parte es poco gravosa a los ciudadanos, y lo sería menos sacándose del poder de particulares, que siempre prefieren sus intereses a los de la comunidad.

Por último, el gobierno ha querido llevar adelante el establecimiento de una Casa de Moneda en esta ciudad, o cuando menos de ensaye, porque sabe bien cuánto impulso recibiría la minería de uno o de otro modo, y con cuánta utilidad del erario; pero hasta hoy desgraciadamente no ha podido contar con los fondos suficientes.

¡Ojalá y la VIII Legislatura logre realizar estos grandes bienes!

Los documentos números 15, 16, 17 y 18 son los estados generales que formó la Tesorería por los años de 1844, 45, 46 y 47.

Sería inútil tratar de los primeros, a no ser para formar comparaciones u observar en cada ramo sus progresos o bajas y explicar su procedencia; pero la estrechez destiempo no me permite entrar en estos pormenores, y sin necesidad de ellos, los dignos representantes del pueblo sabrán hacer las inducciones que convengan.

Mas respecto del último, sí debo decir, que importando el cargo 270,229 pesos, 3 reales, 11 granos, y la data 255,005 pesos, 3 granos, resultaba una existencia de 15,224 pesos, 3 reales, 8 granos; y como era imaginaria, porque consistía, casi en su totalidad, en documentos por datar de pagos que en su mayor parte se hicieron en el gobierno de hecho, no pude convenir en que así se dejaran pendientes los asientos de las partidas del numerario que sale de las cajas públicas, y por lo mismo dispuse se practicaran; con lo cual, y con haber dado más claridad y orden a los ramos de cargo y data, se logró que los cortes de caja estuvieran ya en disposición de publicarse por la prensa, como se ha estado verificando.

El estado número 19 demuestra los productos y gastos que ha tenido la Tesorería en los seis meses corridos de este año, y aunque comparados los primeros con los del anterior, podrían sacarse resultados muy honrosos a la administración actual; se me permitirá no decir más en este punto, siendo de advertir que ya en este Estado no figuran las multas ni los ramos que corresponden a la junta de fomento, porque no era justo que siguiera disponiendo de esos fondos, como se había estado haciendo antes de mi ingreso al gobierno, estando destinados por las leyes a objetos de notaria utilidad.

Así he ido logrando establecer el orden en las rentas y la escrupulosidad con que se hace su distribución, por la honradez conocida de su jefe, cada día les da mayor crédito y anuncia un porvenir halagüeño, pudiendo graduarse por lo que hoy pasa, pues a pesar de las tristes circunstancias en que nos hemos visto, y de las erogaciones cuantiosas que han tenido que hacerse en procurar la defensa santa de la independencia nacional y en la conservación del orden, los funcionarios y empleados públicos hacía mucho tiempo que no estaban atendidos con la puntualidad que lo están ahora, y el contingente que se paga a las rentas generales se está dando con anticipación de dos y más meses; porque no habiendo podido ocurrir el Gobierno de la Unión a las necesidades de esta comisaría, ha sido indispensable proporcionarle este auxilio, para que no falte a sus principales compromisos.

Es verdad que todavía quedan por hacerse algunas reformas que aseguren mejor el buen manejo de los que administren caudales, que simplifiquen cuanto sea posible las labores de las oficinas para economizar empleos, y que no se pierda el tiempo en prácticas estériles o de pura rutina; y, en fin, que satisfagan más cumplidamente a los ciudadanos de la escrupulosa inversión de sus contribuciones; pero éstas, y otras muy importantes, como es la de expeditar a cada oficina, y principalmente a la contaduría de glosa, sus facultades, pues por esta falta hoy se paralizan los negocios del más alto interés, no pueden emprenderse mientras no se fijen definitivamente los ramos que han de componer la hacienda pública, y esa circunstancia me hace limitarme a proponer puramente aquellas medidas que, cualesquiera que sean las rentas en lo sucesivo, favorezcan sus adelantos, reprimiendo la mala conducta de algunos empleados, y estimulándolos eficazmente a que observen la que corresponde.

En fin, hecha la paz con los Estados Unidos, ha sido de necesidad tomar las medidas contenidas en el decreto que se acompaña y sobre las que el honorable Congreso resolverá lo que tenga a bien, así como en cuanto a algunos derechos impuestos para los gastos de la guerra, que no se mencionaron en dicho decreto, porque se necesitaban antecedentes, que ya se han mandado reunir y que oportunamente se pasarán a las Cámaras con el informe que convenga.

Si con imparcialidad y buena fe se examina el estado que guarda la hacienda pública, a pesar de tantas circunstancias desfavorables que han mediado, se conocerá que no deja de ser satisfactorio, y que a fuerza de economías bien calculadas y de cuidados incesantes, es muy capaz de admirables progresos.

Y aunque, como expondré después, no es posible que continúe bajo este pie, por halagüeño que se le suponga, el cálculo de productos y presupuesto de gastos para el año entrante, que la ley manda formar, ha sido necesario arreglarlo, sin tomar en consideración los cambios importantes que hayan de realizarse en el sistema de hacienda, porque de lo contrario se aventuraría su exactitud.

Pido, pues, se examinen estas constancias con la escrupulosidad debida y se aprueben, a reserva de lo que el honorable Congreso disponga más adelante en el particular; en el concepto de que importando los productos 284,769 pesos, y los gastos 286,101 pesos, el insignificante deficiente que resulta de 1,332, sólo debe aumentarse con la cantidad que se disponga emplear en compra de armas, que no se ha creído prudente incluir en ese documento.

[Supresión de alcabalas]

Réstame sólo tratar del proyecto, que por una junta que nombré de ciudadanos ilustrados y muy interesados en el bien público, se está formando para la supresión de aduanas y, si es posible, de las otras contribuciones, convirtiéndose todas en una sola, que reemplace los productos de las existentes.

Al resolverme a dar este paso no se me ocultó su grave trascendencia, ni la circunspección con que debe procederse en este punto, que es tal, que economistas célebres aconsejan mejor la conservación de los impuestos antiguos, por onerosos que sean, que la adopción de otros nuevos por más ventajosos que parezcan.

¡Tan peligrosas así consideran las innovaciones en materias de hacienda!

Sabía también que la posición del gobierno iba a ser muy comprometida, pues indudablemente sería atacada por principios contradictorios, como en efecto ha sucedido, pues por una parte los partidarios de la renta de alcabalas se quejan de que se piense en quitarlas, exagerando mucho la dificultad de sustituirlas con otro impuesto, que preste tanta facilidad en el cobro y que rinda tanto como ellas; y, por otra, los que proclaman la libertad del comercio sienten el retardo que está sufriendo.

Hay todavía otra clase que, sin profesar de buena fe ideas por ninguno de esos extremos, se aprovechan a su vez de ellas para hacer a la administración una oposición sistemática.

Pero el gobierno, que obra con la conciencia de hacer el bien, no ha vacilado un momento en la conducta que se propuso y que está apoyada en la opinión de todos los hombres sensatos.

Esto le bastaría para o descender a explicaciones que pudieran reputarse como una vindicación.

Pero se trata de poner a los legisladores al alcance de lo que pasa para que puedan deliberar con acierto y, constituido en este deber, no omitiré cosa alguna que sea conducente; hablaré con toda franqueza.

Sería un delirio imperdonable poner en duda que las alcabalas tienen a su favor las ventajas que son inseparables de las contribuciones indirectas.

Tales son las de hacerse insensibles para la generalidad de los ciudadanos; la de cobrarse cuando el inmediato contribuyente cuenta con recursos para pagar, lo cual facilita la recaudación; la de no señalarse a determinadas personas; la de no hacer públicos sus bienes por medio de investigaciones que no dejan de ser odiosas; y aún puede añadirse, que también han servido para proteger la industria del país, contribuyendo a hacer efectivos los gravámenes impuestos a algunos géneros y efectos extranjeros a fin de que no puedan competir en el mercado con los nacionales.

Al meditar sobre estos bienes innegables y sobre los cuantiosos rendimientos que ha tenido la renta de alcabalas, la pluma se resiste a combatirla y más bien se siente inclinada a consultar medios para evitar los males de que se le acusa.

¿Pero sería esto posible?

No nos alucinemos; la libertad que el comercio saborea ya en los estados limítrofes, lo hace impracticable; porque nulificando las combinaciones que se requieren desde el momento en que los efectos se mueven de un punto, facilitan el fraude que, aliado íntimamente con el interés individual es muy difícil contener, y debe convenirse en que sólo a fuerza de crecidos gastos podría mantenerse una sobre vigilancia capaz de moderarlo un tanto; pero ésta reduciría extraordinariamente los productos y hostigaría a los ciudadanos por las pesquisas y providencias que demandara, y de que frecuentemente serían víctimas.

Un estado tan violento no es el que conviene a un pueblo pacífico y laborioso, ni menos está en consonancia con las instituciones liberales que nos rigen.

Yo creo más: que las aduanas interiores son incompatibles con la forma federal, no sólo por la dificultad de establecerse esas combinaciones indispensables en lugares que se gobiernan con independencia, sino porque la facultad que tiene cada Estado, inherente a su soberanía para arreglar este ramo, como todos los de su régimen interior, es muy perjudicial al comercio, porque no pudiendo estar al tanto de las leyes que rigen en los otros estados, ni de las frecuentes alteraciones que sufren, muchas veces tiene que paralizar sus negociaciones por no exponerse a pérdidas incalculables.

No creo que la renta de alcabalas deba despreciarse, como alguna vez se ha pretendido, porque sólo ofrezca un valor variable e incierto, necesitándose para los gastos públicos fondos seguros y bastantes, pues la experiencia responde bien a esa objeción enseñándonos que si bien hay esa eventualidad, las bajas de algunos ramos regularmente se reemplazan con las creces de otros, y lo cierto es que en distintas épocas esa sola renta ha sabido afrontar los más grandes compromisos del tesoro.

Pero tampoco veo cómo se pudiera hacerla subsistir con los inconvenientes que he mencionado y cuando el desprestigio en que ha caído no es obra exclusiva de sus enemigos, que acaso pudiera sofocarse, es del convencimiento que poco a poco ha ido difundiéndose en las más, y a lo cual han contribuido escritores respetables.

Diré de paso que o debe verse en esto un gran peligro, porque la resistencia que se hace a las aduanas no se dirige a negarse a contribuir para los gastos públicos y sólo se quiere que sea de un modo que los contribuyentes sean menos extorsionados.

Repito que escritores respetables son los que han cooperado al descrédito de las aduanas interiores, y en comprobación de esta verdad copiaré lo que se lee en una Memoria del ministro de Hacienda.

Dice así:

Relativamente a los medios de hacer la recaudación de los ramos comprendidos en esta clase, como ellos dependen esencialmente de la existencia de las aduanas interiores, al gobierno le bastará recordar al legislador cuanto han dicho mis predecesores en sus respectivas Memorias contra el sistema de alcabalas; mas para fijar aquí algunas ideas con qué presenta bajo un solo punto de vista los graves inconvenientes a que está sujeto ese sistema, no se necesita más que observar los efectos inmediatos de él, que pueden reducirse a seis: la anticipación de un capital a la venta de los artículos que causa el impuesto; las vejaciones que sufre el comerciante, mayores muchas veces que el valor de los derechos, aun prescindiendo de la parte moral de dichos, que nunca han querido considerar los simples rentistas, sin embargo de ser lo más digno de considerarse; la falta de proporción en las penas con que se castiga el contrabando; el número exorbitante de empleados que exige la recaudación; lo costoso de ésta, y la inmoralidad que produce la lucha continua del interés particular con el del fisco.

Todos estos inconvenientes conspiran de consuno contra la producción y la riqueza, supuesto que la contribución recaiga sobre los capitales y no sobre el remanente de la utilidad, y supuesto también que los retrayentes para el comercio son mayores que los estímulos, como que éstos diminuyen a proporción que se alejan los dos únicos objetos a que el hombre dirige todas sus especulaciones, la utilidad pecuniaria y su comodidad personal.

El comerciante que por sí mismo quiere hacer el transporte de sus efectos antes de saber si ganará o perderá en ellos, y cuándo tiene que exhibir una cantidad para el erario, la cual en el primer caso deja de darle frutos por no haber entrado en el empleo.

El frecuente choque con los resguardos, compuestos en lo general de gente grosera y codiciosa, le origina humillaciones degradantes o sinsabores muy amargos, y así esos encuentros como las ritualidades de oficinas le ocasionan por lo menos unas pérdidas de tiempo, que las más veces no pueden valorizarse; pero que casi siempre son más costosas para el transeúnte, que el sacrificio que se le exige o que las diferencias que se disputan.

La parte moral de todas esas vejaciones es ciertamente muy digna de la consideración del legislador, siquiera porque el hombre se ha reunido en sociedad únicamente para vivir tranquilo, y supuesto que las leyes todas nos deben tener otro objeto final que asegurar el bienestar de cada individuo.

La falta de proporción en las penas parece evidente, porque si la de comiso se reputa inseparable de las alcabalas es ciertamente considerándola como el medio menos ineficaz para retraer el contrabando; pero jamás podrá apoyarse en los principios de aquella sabia filosófica jurisprudencia que en toda legislación humana gradúa las penas por la calidad y las circunstancias de los delitos.

El contrabando es un crimen ficticio, como creado por la ley; pero se castiga con pena muchas veces mayor que la designada para acciones esencialmente criminales, por importar en algunos casos la pérdida de la fortuna entera de una familia, cuando por otra parte está proscrita en las doctrinas liberales la confiscación de bienes; resultando también desproporcionada esa pena en la injusta igualad con que se aplica, sin más indagación que la de hechos en un juicio en donde el derecho no gradúa la fuerza atenuante o agravante de las excepciones o de las circunstancias.

De ninguna manera pretende el Gobierno que subsistiendo las alcabalas se proscriba la pena de comiso, sin la cual no podría acaso existir aquélla; pero hace estas indicaciones con el fin de hacer más sensibles los inconvenientes de las alcabalas, que son las que debieron abolirse, sustituyendo en su lugar otro sistema de rentas.

Ni podría tampoco condenar absolutamente la pena de comiso, sin examinar previamente su justicia y su necesidad, relativamente a los fraudes del comercio exterior, aunque respecto de esto habría sin duda que consultar principios inaplicables al comercio del interior.

El número exorbitante de empleados ofrece el inconveniente de aumentar la clase consumidora, poniendo estímulos a la holganza con notable perjuicio de la producción.

El costo de la recaudación se puede graduar en un 19%, que ninguna nación civilizada eroga en la colectación de sus rentas, cuando entre nosotros mismos se observa que los ramos de la primera clase, dependientes de las aduanas marítimas organizadas sin duda con poca economía, sólo han absorbido en su recaudación cosa de un 10%.

El legislador no debe olvidar nunca que los gastos de recaudación hacen una parte de los sacrificios del ciudadano, sin que de ella resulta beneficio ninguno directo a la sociedad, observación que con motivos más fuertes puede dirigirse a las vejaciones accesorias, incluso la pérdida de los efectos en el caso del comiso, que originando graves daños al individuo, son pérdidas efectivas para la riqueza pública, cuyos adelantos directa e indirectamente debiera proteger la legislación.

Aun cuando no se considerara la especie de la necesidad que las más veces impulsa al contrabando, nacida de la imposibilidad misma de evitarlo en todos casos, supuesta la desnivelación de valores entre los efectos que satisfacen puntualmente los derechos, y los que pasan burlando la vigilancia de las aduanas, siempre existiría un resorte más poderoso que todas las leyes, cual es el interés individual alentado por la codicia, que recurre casi siempre al medio corruptor del soborno para neutralizar la oposición de los resguardos y aun el celo muchas veces de empleaos puros, que en otras circunstancias permanecerían fieles a la nación y a su misma conciencia.

La necesidad sola de cometer el fraude es una fuente inagotable de inmoralidad que, ramificándose en todas direcciones, vicia a todas las clases y pone obstáculos insuperables a los ramos de la pública administración.

Agréguese a todo esto lo que recientemente ha dicho el ministerio de Relaciones en circular de 4 del pasado, que no puede ser más terminante ni decisivo por la supresión de las aduanas interiores; y, por último, véase el decreto de 14 del mismo, que reduce a la práctica esa idea en el Distrito y territorios de la Federación, librando de derechos en su introducción a los efectos nacionales y extranjeros, y se convendrá que ya no es posible sostener esa renta, y abolida en algunos estados, como lo está, se haría doblemente odiosa en el que se conservase.

Demostrada la urgencia imprescindible de suprimir las alcabalas, sólo debe pensase en el modo de reemplazar sus productos con un impuesto que no ofrezca los inconvenientes que aquéllas.

La junta, de que dejo hecha mención, trabaja al efecto con la mayor asiduidad y, muy en breve, con vista de todos los datos estadísticos, que auxiliada por las autoridades y oficinas ha estado reuniendo, presentará el proyecto que se confió a su ilustración.

Si bien no puede decirse hoy que corresponderá a las esperanzas que se han formado, que ciertamente son muy lisonjeras, sí puede asegurarse, por lo menos, que al logro de un fin tan importante se han empleado con la más buena fe cuantos medios se han creído conducentes, y que no se perderá de vista que los impuestos deben graduarse, no por la suma que recibe el gobierno, sino por los sacrificios que se exigen a los contribuyentes, para que así se consiga que sólo sean los absolutamente precisos.

GUERRA

Cuando me encargué del gobierno, la total fuerza de la Guardia Nacional del Estado no llegaba a 300 hombres mal disciplinados.

El armamento y municiones apenas bastaban para el servicio de esta corta fuerza, pues con motivo del desorden de 15 de febrero y del movimiento político que restableció el orden constitucional en el mes de octubre, los útiles de guerra se perdieron en su mayor parte.

Grande fue mi sentimiento al ver este estado decadente de nuestras fuerzas a la vez que estábamos amagados de la invasión extranjera.

Era necesario hacer grandes esfuerzos, era necesario improvisarlo todo, si no para hacer una defensa que nos asegurase el triunfo de nuestras armas, a lo menos la suficiente para no sucumbir impunemente, para salvar el honor de la República.

Aunque en esta capital había varios cuerpos de Guardia Nacional, eran inútiles porque no tenían armamento, porque no estaban disciplinados y porque la mayor parte de sus oficiales y tropa se habían separado o dispersado, avergonzados del crimen que habían cometido, sublevándose contra las autoridades constitucionales.

Dicté entonces la medida que comprende el decreto, que en copia aparece, refundiéndolos en el Batallón Guerrero, con el objeto de que, entresacándose la gente útil para la campaña, se formase un cuerpo que, al mando de jefes y oficiales valientes y honrados, recibiese la instrucción competente y fuese capaz de batirse con el enemigo.

Tengo el gusto de manifestar que mis deseos no han sido frustrados, pues hoy cuenta el Estado con un batallón, que por su moralidad, por su disciplina y por su equipo puede competir con cualquiera fuerza de las más bien disciplinadas que haya en la República.

En Tehuantepec, Pochutla, Tlaxiaco, Huajuapan, Teotitlán, Tuxtepec, en cada uno de estos pueblos se ha organizado y armado, en su mayor parte, una compañía dispuesta a marchar al punto que se le ordene.

Se ha formado además un piquete de caballería en Huajuapan y otro de infantería de seguridad pública en esta ciudad, armados y municionados competentemente.

El Estado hubiera podido levantar un ejército respetable, si hubiera tenido armas suficientes; pero por desgracia las medidas que se dictaron para conseguirlas no surtieron el efecto que se deseaba.

Mandé comisionados al extranjero a comprar armamento y, sin embargo de los esfuerzos que hicieron para conseguirlo en una de las repúblicas vecinas, no lo lograron.

No me quedó más recurso que dictar medidas fuertes para la requisición de armas en el Estado, y sólo así pudo recogerse una gran parte de las que hoy tienen nuestras tropas.

Careciendo el Estado de una de las armas más esenciales para su defensa, la artillería, dispuse el establecimiento de una maestranza que ha producido los mejores resultados.

Es obra de ella la batería con que hoy se solemniza la instalación del VIII Congreso Constitucional de Oaxaca.

Para proveer a la tropa del parque suficiente se ha comprado cuanta pólvora, plomo y cobre ha sido necesario.

El venerable clero ha hecho de este último efecto generosos donativos.

Debo manifestar, en obsequio de la justicia, que antes de que se estableciera la maestranza, los ciudadanos Joaquín Benavides y Nicolás Pantoja construyeron el primero un cañón de a dos y el segundo uno de a cuatro, cuyas piezas están ya en servicio.

Otros muchos ciudadanos, unos con dinero y otros con su personal trabajo, cooperaron a preparar los elementos de guerra, cuando el enemigo amenazaba invadir nuestro territorio.

Gracias a los esfuerzos de esos verdaderos patriotas y a la buena voluntad con que los pueblos han contribuido para los gastos públicos, hoy tiene el Estado una fuerza suficiente para conservar la paz interior, para defender las instituciones federales, para sostener la unidad nacional y para cooperar a la defensa de la independencia de la República.

Los estados que se hallan bajo los números 25, 26 y 27 demuestran la fuerza, armamento y demás útiles de guerra que existen en esa capital.

También se acompañan los estados de la fuerza y armamento del ejército permanente y activo que hay en el Estado.

Contingente de Sangre

Por decreto de 16 de diciembre del año anterior, se señaló al Estado el número de 1,144 reemplazos para el ejército permanente, con la prevención de que se habían de entregar en una partida y no parcialmente.

No podía cumplirse con esta disposición, sin exponer al Estado a una revolución, porque entonces los enemigos del orden, que, como manifesté hablando de la tranquilidad pública, trabajaban por un trastorno, se hubieran aprovechado de estas circunstancias para alarmar a los pueblos contra el gobierno, lo que les hubiera sido fácil, por la natural aversión que tienen los oaxaqueños al servicio militar en el ejército permanente.

Por esta consideración pedí que se exonerase al Estado de esta carga o que, por lo menos, permitiese que se fuesen entregando los reemplazos en partidas parciales.

El Gobierno Supremo no creyó conveniente acceder a esta solicitud; pero, por fin, expidió el decreto de 3 de mayo último, en que previene que puedan entregarse parcialmente, con tal de que ninguna partida baje de 200 hombres.

El gobierno ha procurado y está haciendo los esfuerzos posibles para cumplir con esta ley, pero se encuentra con obstáculos muy poderosos para llevarla al cabo.

Casi todos los pueblos del Estado se componen de indígenas, que en su mayor parte no entienden el idioma castellano, y sea por los malos tratamientos que reciben luego que son aprehendidos y destinados al servicio de las armas, o sea por su ignorancia, lo cierto es que tienen tal aversión a la carrera militar en clase de soldados permanentes que más bien se prestan a pagar cualquiera contribución, si ella los puede libertar de aquella carga.

De aquí resulta que, o se les toma por la fuerza y entonces será preciso tenerlos siempre presos y no se logra el objeto que se propone el Supremo Gobierno, que es reponer el ejército con gente útil para la campaña, o que para evitar este mal sólo se sacan los reemplazos de aquellos pocos pueblos que pueden tener hombres capaces de servir con provecho, lo que sería una injusticia, porque se haría pesar esta contribución sobre pocos.

Sería, pues, conveniente que se disminuyera el número de reemplazos que deba dar el Estado, contribuyendo con dinero los pueblos que no puedan dar aquéllos, y sólo así se conseguiría dar gente útil al ejército sin perjudicarse a los pueblos.

Yo espero que el soberano Congreso dicte la medida que crea más conveniente sobre este particular en bien de los habitantes del Estado.

JUSTICIA

Por el decreto de 2 de febrero de 1847 se organizó la Corte de Justicia y, en consecuencia, fueron nombrados los magistrados que debían desempeñar en propiedad las respectivas plazas de regente, ministros y fiscal.

El movimiento revolucionario de febrero impidió el nombramiento de los jueces de primera instancia, pero restablecido el orden constitucional se procuró cumplir con aquel decreto proveyéndose en propiedad todas las judicaturas que hoy están servidas casi en su totalidad por jueces activos y de honradez.

Se nombraron, asimismo, dos asesores conforme al decreto de 7 de enero próximo pasado.

Restablecida la ley de 15 de marzo de 1825, que previene que los jueces ordinarios conozcan de los negocios de minería y de comercio, dispuse que cesasen los tribunales especiales que estaban establecidos para conocer de ellos.

Constituido en el deber de hacer cumplir las leyes no estaba en mi arbitrio dejar de dictar esta medida.

Algunas personas excesivamente celosas de las prerrogativas del comercio, recibieron mal esta providencia del gobierno, creyendo que sus negocios iban a sufrir la paralización que ocasionan los multiplicados trámites de los juicios comunes, sin reflexionar que en esto no había habido una variación sustancial, pues los jueces de primera instancia deben conocer y terminar los asuntos de minería y de comercio, breve y sumariamente y con arreglo a los códigos especiales de estos ramos.

Sólo se nota que no nombrándose los colegas por un tiempo fijo, se excusan frecuentemente los que son nombrados para cada negocio que se va ofreciendo, y esto no deja de paralizar la administración de justicia; pero este inconveniente, y otros que excuso relatar, se remueven ya en el proyecto decreto que está pendiente en el honorable Senado, y es de esperar que se sancione prontamente en obsequio de la buena administración de justicia.

La creación de un agente fiscal en la Corte de Justicia es de absoluta necesidad.

La experiencia ha demostrado que un solo fiscal difícilmente puede despachar con puntualidad las numerosas causas que entran diariamente en la fiscalía.

La distinguida Asamblea Departamental conoció este inconveniente, que intentó remover estableciendo dos fiscales, que, no obstante la asiduidad con que trabajaban, nunca llegaron a poner el despacho con el día.

Suprimida una de esas plazas por el decreto de 12 de septiembre de 1846, hubo un recargo tal en la fiscalía, que cuando la recibió el actual señor fiscal, licenciado don Tiburcio Cañas, llegaban a 400 las causas que había pendientes de despacho.

Establecidos hoy los asesores y nombrados en propiedad los jueces de primera instancia, hay más empeño y actividad en el despacho.

Por consiguiente, se aumenta cada día más el número de las causas que pasan diariamente al ministerio fiscal y que necesariamente deben sufrir algún retraso, por grande que sea la actividad del letrado que sirva la fiscalía.

Recargado el despacho de la secretaría de la Corte de Justicia, por la obligación que se ha impuesto al secretario de hacer la relación de las causas criminales y autos civiles, y siendo corta la dotación que se le ha señalado, es necesario, o que se le aumente esa dotación para que pueda valerse de manos auxiliares para el pronto despacho de los negocios, o que se establezca un relato dotado competentemente, y esto parece más conveniente, para expeditar la administración de justicia en segunda y tercera instancia.

Si se llegan a establecer esos nuevos funcionarios, si se pagan con la posible puntualidad los sueldos del poder judicial, como ya se ha comenzado a hacer, y si hay la rectitud y energía suficientes, para hacer efectiva la responsabilidad de los magistrados y jueces que falten al cumplimiento de sus deberes, indudablemente mejorará nuestra administración de justicia.

Cárceles

Muchas se hallan en muy mal estado por la falta de fondos con qué poder costear su reedificación, pues aunque el decreto de 14 de mayo de 1844, que está vigente, destinó el fondo de multas para atender a este objeto, no se ha podido lograr la reunión de una suma bastante para emprender la construcción o reedificación de las que más necesitan de este cuidado.

Dos causas han contribuido a esta falta: primera, haberse echado mano de las existencias de la Tesorería del ramo en principios del año de 1847; y, segunda, estar encargadas de la recaudación de las multas, en los partidos foráneos, personas sin arraigo y sin fianzas, de lo que ha resultado la malversación de muchas y el abandono con que se ha visto la recaudación.

Es por tanto indispensable reformar el citado decreto, encomendándose la recaudación a sujetos que tengan caucionado su manejo, y de este modo podrá aumentar sus ingresos la tesorería respectiva, que hoy sólo cuenta con 1,637 pesos, 9 granos, de existencia, que se irán invirtiendo en los gastos de recomposición de algunas cárceles.

Código Civil

En la primera época del sistema federal el Congreso del Estado trabajó y sancionó esta parte de la legislación, que estuvo rigiendo entre nosotros hasta el año de 1837.

Aunque ese código contenía disposiciones que por su bondad intrínseca y relativa fueron adoptadas sin contradicción, había otras que por no conformarse con nuestras costumbres peculiares causaron graves perjuicios a los ciudadanos y complicaron más la administración de justicia.

El gobierno, conociendo la necesidad que hay de que ese código se restablezca, pero sin aquellas disposiciones que la experiencia ha demostrado ser impracticables, comisionó al señor regente de la Corte de Justicia, licenciado don Lope Sangermán, para que trabajase un proyecto de reforma del repetido código.

Ese apreciable jurisconsulto, que aceptó gustoso esta comisión, ha concluido sus trabajos, presentando el proyecto que hoy tengo el honor de someter a al deliberación del Cuerpo Legislativo.

Respecto de las demás leyes que se expidieron en la citada época, hay varias que no se observan, porque tienen los mismos inconvenientes que se notan en el Código Civil.

Por esto es que muchas de las que se dieron durante el régimen central han continuado observándose, porque no pugnando con la Constitución carecen de los defectos de aquéllas.

Pero esa observancia sólo ha dependido de la tolerancia de las autoridades, pues hasta ahora no se ha dado una disposición general que declare qué leyes del régimen central deben observarse y cuáles del régimen federal están vigentes.

Esta falta pone en continua perplejidad a las autoridades y produce una grande confusión en nuestra actual legislación, por lo que suplico al Cuerpo Legislativo tome en consideración este negocio, que el gobierno sabe está ya iniciado en la honorable Cámara de Diputados.

FACULTADES EXTRAORDINARIAS

El desprestigio en que habían caído las autoridades a consecuencia de las continuas revueltas políticas, la indolencia o el abandono de los funcionarios públicos en cumplir exactamente con sus obligaciones y la falta de espíritu público en momentos en que era necesario hacer grandes esfuerzos y grandes sacrificios para salvar la independencia nacional, hacían débil e ineficaz la acción del gobierno para reprimir la audacia de los perturbadores de la paz y para llevar al cabo la guerra contra el enemigo exterior.

Por esto ha sido necesario robustecer aquella acción por medio de facultades amplias que la Carta Constitucional desconoce.

Ellas han sido obra de la necesidad y de la época.

El Cuerpo Legislativo me las concedió para conservar el orden público y para preparar la defensa del Estado.

De ambas cosas me he ocupado, y para ello he dictado las medidas siguientes.

Como dije antes, mandé comisionados fuera del Estado para comprar armamento y, por no haberse logrado el objeto que se deseaba, las cantidades que destiné para la compra volvieron a ingresar en la Tesorería del Estado.

Comisioné al señor tesorero don Francisco Durán para que contratase artesanos que vinieran a trabajar en la maestranza de artillería que establecí.

Aclaré, como he indicado antes, las dudas que se ofrecieron para el cobro de la contribución extraordinaria que el Congreso del Estado decretó en 27 de diciembre próximo pasado.

Mandé establecer, por decreto, un hospital militar para que nuestros soldados tuviesen un asilo seguro donde curarse de sus enfermedades y de las heridas que recibiesen en la campaña.

No habiendo nombrado la honorable Legislatura los fiscales de imprenta y habiendo cesado los que en el año próximo pasado ejercían este encargo, nombré provisionalmente a estos funcionarios, entretanto el Cuerpo Legislativo se reunía para llenar este hueco que se notaba en la administración pública.

El Gobierno Supremo, por las aflictivas circunstancias de su erario, no podía auxiliar a la viuda e hijos de los soldados de guardia Nacional del Estado, que al mando del ilustre general don Antonio de León, murieron en el Molino del Rey, defendiendo la independencia de la Patria.

Era justo y conveniente que el Estado les tendiese una mano protectora.

La justicia y la gratitud exigían esta medida; yo la dicté, haciendo extensiva a los que se inutilizaron y a las viudas e hijos de los que murieron en el Molino del Rey, la gracia que concedió a los de otra clase el decreto de 7 de diciembre del año anterior, entretanto el Gobierno Supremo puede pagarles las pensiones que la ley les ha señalado.

Para que no quedasen impunes, por falta de disposiciones legales, los ciudadanos que olvidando el respeto que deben a la sociedad y a las leyes insultan a los funcionarios públicos y provocan el desorden, declaré vigente por decreto de 27 de marzo, la ley penal que expidió el II Congreso Constitucional del Estado en el año de 1828.

Deseando, como he indicado ya, al hablar del ramo de Hacienda, que los pagos de los créditos que tenía contra sí el erario se hiciesen con la posible igualdad y fuese con la prontitud debida, dispuse que se practicase una liquidación definitiva de las deudas atrasadas y [que se debían] pagar hasta fines del año anterior, y que se cubriesen con vales, que deberán amortizarse con parte de los productos de alcabalas y con las contribuciones directas.

En fin, habiéndose terminado la guerra, mandé cesar cobro de la contribución que por decreto de 28 de abril había dispuesto se continuase pagando y, para que el erario pudiese atender a los gastos precisos que tiene que erogar, suspendí el reintegro de la octava parte de sueldos que se había rebajado a los empleados con motivo de la guerra y ordené que el derecho impuesto al vino mezcal y a otros efectos continuase ingresando en la Tesorería.

Tales son las principales medidas que he dictado, en uso de las facultades extraordinarias que se me concedieron.

No se ha hecho verter una lágrima, no se ha dictado una sola orden de detención, a nadie se ha molestado en el pleno goce de su libertad, en virtud de esas facultades.

Y no es porque faltaran motivos para proceder de otra manera.

He manifestado antes que el espíritu revolucionario ha estado amagando incesantemente con un trastorno.

Los descontentos han puesto en juego todos sus elementos para envolvernos en una anarquía espantosa; y, sin embargo, yo me he abstenido de dictar medidas fuertes contra ellos, porque he creído que redoblando mi vigilancia y actividad, y usando sólo de la acción de las leyes, podría salvar al Estado.

Lo he conseguido hasta ahora, sin desprestigiar el sistema federativo, sin hollar los principios en que descansan los sagrados derechos del hombre y del ciudadano.

Reunido hoy el Soberano Congreso, que puede dictar cuantas medidas caben en sus atribuciones para la conservación del orden público, afianzada la tranquilidad del Estado y terminada la guerra extranjera, han cesado los motivos poderosos que obligaron al Cuerpo Legislativo a revestir al gobierno de facultades omnímodas.

Yo las depongo ante los representantes del pueblo oaxaqueño.

Toca a vosotros, señores, hacerlas cesar por medio de una ley, si lo juzgáis conveniente al bien público y al buen nombre de nuestras instituciones federativas.

CONCLUSIÓN

Sabéis ya, señores, cuáles han sido los actos de mi gobierno, cuál el estado que guardan los principales ramos de la administración pública, y cuáles los medios que en mi concepto deben adoptarse para satisfacer las exigencias de nuestra sociedad y curarla de los graves males de que adolece.

En las primeras encontraréis acaso yerros perjudiciales en vez de disposiciones benéficas, y en los últimos no habré acertado en las medidas que propongo para el remedio de aquellos males; pero me cabe el consuelo de que mis yerros serán prontamente enmendados por vuestra sabiduría, y de que vosotros que, en tanto habéis merecido los sufragios de los pueblos para ocupar esos asientos, en cuanto tenéis conocimiento de sus necesidades, meditaréis y sancionaréis los proyectos más adecuados y eficaces que conduzcan a la sociedad oaxaqueña al grado de prosperidad y de grandeza de que es digna por sus elementos.

Muy grave y delicada es vuestra misión, porque a males inveterados váis a aplicar remedios de jerarquía.

Váis a luchar con vicios profundamente arraigados y con añejas preocupaciones, pero en cambio contáis con el apoyo de la opinión pública y comenzáis vuestras importantes tareas bajo los auspicios de la paz.

Quiera la Providencia Divina proteger vuestros trabajos, para que acertando a mejorar la suerte de vuestros comitentes hagáis grata y duradera la memoria del VIII Congreso Constitucional del Estado.

Oaxaca, julio 2 de 1848.

Benito Juárez

Fuente:

Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Selección y notas de Jorge L. Tamayo. Edición digital coordinada por Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Versión electrónica para su consulta: Aurelio López López. CD editado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Primera edición electrónica. México, 2006.

Notas:

(1) Ofrecerse voluntariamente para alguna cosa.

(2) Antiguamente se usaba esa palabra: “arriesgarse, exponerse; entregarse a uno o fiarse de él”.

(3) Moderar, templar las acciones y costumbres.