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Siglo XIX > 1840-1849 > 1842

Controversia de compra-venta de inmueble. Herederos de Juan Francisco de Abaroa contra Guadalupe Victoria y los Torres.
México, 14 de marzo de 1842.

En la ciudad de Méjico a catorce de marzo de mil ochocientos cuarenta y dos.

Ante mí el escribano nacional y público y testigos que se expresarán parecieron de la una parte el excelentísimo señor general de división benemérito de la patria Don Guadalupe Victoria y de la otra Don Agustín de la Torre como heredero de Don José Lorenzo de la Torre á la mitad del valor de la hacienda de San Joaquín del Jobo ubicada en el partido de Jalapa departamento de Veracruz y como apoderado de los dueños de la otra mitad que lo son los herederos de la señora Doña María Rita García Nieto de quien es albacea el teniente coronel Don José Manuel de la Torre, como consta del poder que le dio al comparente [sic] en esta ciudad á veinte y seis de febrero de mil ochocientos cuarenta y dos ante el escribano Don Fermín Villa que doy fe tener a la vista especial para que represente á la testamentaria en las diferencias que tenga con el excelentísimo señor Victoria á consecuencia de la venta de la expresada hacienda y cuyas diferencias podrá transigir: igualmente apoderado de Don Francisco de la Madrid y Doña Antonia de la Torre y caso su esposa, de Don José Ybáñez y la suya Doña María Guerra y la Torre, de Don Francisco Guerra y la Torre, de Doña Josefa de la Torre y Don Juan del Escandón herederos de Don Juan Bautista de la Torre que se hallan en España en el Valle de Peña Mellera provincia de Santander, desde donde le otorgaron poder general que también doy fé haber visto, para que haga y practique con relación á la hacienda de que se trata cuanto ellos mismos harían si presentes fueran, siendo la fecha de este poder la de veinte y tres de noviembre de mil ochocientos veinte y seis ante el escribano Don José Antonio de Mier, y últimamente este como encargado de Don Pablo José Leonin otro de los herederos residente en Tesontepeque según se acredita de la carta que le dirigió en veinte y cuatro de febrero próximo pasado que entre otras cosas dice lo siguiente.

“Son muchas las atenciones que me prohíben acompañarte como efectivamente quisiera, pero ya que no puedo, desempeña mi lugar, defiende mis derechos para lo cual te habilita la ley y yo te faculto, ten presente que con menos formalidades representé los de tu padre y tíos.”

Vecinos de esta capital á quienes doy fe conocer dijeron: que habiendo comprado el excelentísimo señor Victoria á los Torres la hacienda del Jobo en catorce de diciembre de mil ochocientos veinte y cinco le fueron reclamadas algunas tierras por los herederos de Don Juan Francisco de Abaróa, por lo que y por los perjuicios que de los reclamos resentía compró dichas tierras hace año y medio en ocho mil y tantos pesos de que tiene á su favor la correspondiente escritura: que en virtud de ello se han suscitado algunas diferencias que desean terminar por jueces árbitros amigables componedores quienes en el término que este instrumento fijará, determinaran los puntos siguientes.

Primero: si los herederos de los señores Torres son responsables al excelentísimo señor Don Guadalupe Victoria de la cantidad que escribió á los de Avaroa y de los perjuicios que se le siguieron por no haber tenido el uso libre de las tierras mencionadas.

Segundo: sobre la obligación ejecutiva que se reclama al mismo excelentísimo señor por parte de los vendedores de pagar la cantidad de veinte y siete mil pesos resto del precio de la hacienda del Jobo.

Tercero: sobre el reclamo que á dicho excelentísimo señor se hace del pago de réditos de dicho capital desde la fecha en que ha dejado de darlos hasta la en [sic] que los cubra totalmente.

Cuarto: sobre los perjuicios que los Torres han resentido por no haberles pagado á su debido tiempo.

Quinto: sobre si los Torres están obligados á pagar al excelentísimo señor Victoria el precio en que dice compró las tierras que le reclamaban los herederos de Avaroa, no obstante que no estén comprendidas en los títulos primordiales de la venta que se le entregaron y no obstante que el excelentísimo señor Victoria nunca les ha exigido oportunamente y en debida forma la eviccion y saneamiento.

Sexto: que atendidos los méritos de cada parte condenen en las costas todas á la que lo merezca.

Qué en tal virtud solo falta extender la correspondiente escritura, y reduciéndolo á efecto por el tenor de la presente en la mejor vía y forma que haya lugar en derecho otorgan: que comprometen las diferencias suscitadas sobre los puntos referidos en los señores licenciados Don Cayetano Ybarra y Don Francisco Molinos del Campo á quienes eligen y nombran jueces árbitros, arbitradores y amigables componedores, confiriéndoles tan amplio poder y facultad como necesiten y plena jurisdicción para que en el término de tres meses que comenzaran á correr y contarse desde el día de su aceptación, con vista de las exposiciones y documentos que se les presenten y hagan, y con estación de los otorgantes ó sin ella, ni otro requisito aunque legalmente sea necesario, determinen definitivamente y sentencien lo que les parezca sobre dichas diferencias, aunque sea en días feriados sin observar el orden judicial: procediendo atendida la verdad y buena fé sin sutileza del derecho, según el mérito de dichos papeles, justificantes y exposiciones que reciban, para lo que oirán á las partes por escrito ó de palabra según les pareciese conveniente promover: y en lo que verdaderamente sea dudoso, quiten al uno y den al otro á su arbitrio, conociendo de todo lo que hiciere relación á las susodichas diferencias, hasta que todo quede enteramente concluido y si no se conformaren en la decisión, nombraran un tercero (y esto ha de ser á lo primero á que procedan) para que dirima la discordia, el cual con las mismas amplitudes y facultades que los árbitros, dará y pronunciará su fallo dentro de cuarenta días contados desde el que dieren el suyo los árbitros adhiriéndose al que de estos considere mas justa y por dicha sentencia se obligan los otorgantes á estar y pasar y por ninguna razón aunque sea admisible en juicio, pedirán reducción o albedrio de buen varón, ni dirán de nulidad, ni se excepcionarán, ni apelarán, ni se darán por agraviados de ella; y últimamente no la reclamarán total ni parcialmente, pues a este fin la consienten y aprueban desde ahora en todas sus partes: renuncian el auxilio de las leyes veinte y tres y final, título cuarto partida tercera, y la cuarta, título diez y siete, libro once de la Novísima Recopilación que tratan de ello y quieren que se ejecute incontinenti sin remisión; y así mismo que si alguno apelare de ella, ó pidiere reducción, ó nulidad, ó la reclamare, no sea admitido judicial ni extrajudicialmente, y antes bien se le condene en las costas y daños que al colitigante se ocasionen, deferido su importe en la relación jurada de este sin otra prueba de que le releva, y además que incurra en pena de cinco mil pesos de plata corriente, y en que se dan por condenados, para que se exija al infractor por la vía más breve y sumaria que haya lugar, tantas cuantas veces la contraviniere, sin más declaración, cuya cantidad que se exigirá irremisiblemente por el solo hecho de ver la oposición de alguna de las partes al laudo, se le entregará á la otra incontinenti; y que pagada ó no la pena, ó graciosamente remitida sea compelida la misma parte que diere lugar á la observancia de dicha sentencia y se lleve á debido efecto, pues para que le tenga cumplido, según queda estipulado, renunciando la ley treinta y cinco, título cuarto de la partida tercera que dice: “que el que pagare la pena no esté obligado á obedecer la sentencia de los avenidores, y que no siendo impuesta pena, tampoco lo esté, si dice luego que no se conforma con la sentencia” y las demás que le favorecen con los términos que prefinen para apelar y pedir reducción o nulidad; bien entendido que aunque afiaroze [sic] no há de poder usar de estos remedios ni admitírsele, sin que deposite primeramente en dinero efectivo el importe de la pena, costas y daños, y sin embargo ha de ser visto por el mismo caso haber consentido y aprobado la sentencia.

A cuya observancia, guarda y cumplimiento se obligan los otorgantes con sus bienes presentes y futuros, y con ellos se someten á la jurisdicción de los señores jueces que de sus causas puedan y deban conforme á derecho conocer, para que á lo dicho los compelan y estrechen como si fuera por sentencia consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada renuncian las leyes de su favor y defensa con la general del derecho.

Así lo otorgaron y firmaron siendo testigos Don José María Guerrero, Don Pablo Sánchez y Don Luis Rodríguez de esta vecindad:

Doy fe y de que sin embargo de que el poder de Don José Manuel de la Torre confiere la facultad de transigir y este compromiso lo han hecho por vía de transacción, firma no obstante la presente.

Guadalupe Victoria

[Rúbrica]

Agustín de la Torre

[Rúbrica]

José Manuel de la Torre

[Rúbrica]

Ramón de la Cueva, escribano nacional y público

[Rúbrica]

Fuente original:

AGNOt (Archivo General de Notarías). Ramón de la Cueva. Notaría 169. Volumen 997. Acta. 17 396.

Fuente:

Carlos Herrejón Peredo y Carmen Saucedo Zarco. Guadalupe Victoria. Documentos. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Secretaría de Educación Pública. México, 2012. Primera edición. 557 pp.