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Siglo XIX > 1840-1849 > 1840

Voto particular del diputado José Fernando Ramírez, al proyecto de reformas de las leyes constitucionales.
30 de junio de 1840


Cuando al cerrarse el primer periodo de sesiones se presentó el proyecto sobre reformas, no pude, por la premura del tiempo, extender mi voto particular de la manera que deseaba, y me contenté con leer unos ligeros apuntes, que más bien eran unas indicaciones de mi modo de pensar en los puntos en que me desvío de la opinión de mis compañeros de comisión, que una exposición circunstanciada de ellos, como corresponde a un voto particular.

Estos en cierto modo deben presentarse aún más fundados que los dictámenes de las comisiones; pues si bien basta a los segundos para apoyarse en las razones que dicen relación a la materia en general; los primeros necesitan además que se manifiesten las causas que muevan al autor del voto a disentir de la mayoría.

Estoy muy lejos de creerme capaz de desempeñar dignamente un trabajo semejante, y menos en un asunto tan arduo como el presente; pero me esforzará a cumplir con mi deber hasta donde alcancen mis fuerzas, lo que si no correspondiere a su digno objeto y a mis deseos, ciertamente que no será mía la culpa.

Recordará la Cámara que cuando me honró nombrándome para uno de los que habían de trabajar sobre el proyecto de reformas a la Constitución actual, hice cuanto estuvo de mi parte, a fin de que se me exonerara de tan importante y delicado encargo, manifestando con toda ingenuidad que carecía aún de los conocimientos más precisos con que cooperar a una obra de tanto interés para mi patria, como que mi profesión no tiene puntos de contacto ni con el foro, ni con la política, ni con la diplomacia.

Expuse, además, que en dejar de nombrarme se interesaba el decoro de la Cámara; porque de hacerlo, se daría tal vez pretexto a la murmuración, pues siendo yo un hombre insignificante y desconocido, se haría muy chocante que se me prefiriese a un gran número de Señores Diputados, que por su acreditada literatura, por sus íntimas relaciones con las personas más instruidas de la Capital, por su práctica en asuntos de esta especie, y lo que es más, por haber desempeñado en otra vez esta comisión, eran mucho más aptos que yo para verificarlo en la época presente.

Más la Cámara no tuvo a bien acceder a mi justa solicitud, y me fue preciso obedecer, confiado en que mis compañeros tendrían la bondad de tolerar que alguna vez hiciese a sus sabios dictámenes las reflexiones que me dictaran la luz natural, la recta intención que siempre he tenido por norte de mis operaciones, y sobre todo, las lecciones que nos ha dado una dolorosa experiencia a lo largo del periodo que llevamos sin poder constituirnos de una manera sólida y estable.

No me engañó mi confianza: mucho tengo que agradecer a mis compañeros de comisión, y jamás olvidaré las consideraciones que me han dispensado y la prudencia con que han sufrido que con frecuencia haya interrumpido sus discusiones, para prestar oídos a mis reparos y a tantas objeciones, acaso impertinentes, que me ocurrían.

Semejante conducta, aseguro de buena fe que por mucho tiempo me ha hecho vacilar, luchando conmigo mismo para conformarme en todo con su opinión; pero mi razón y mi conciencia me estrecharon, a pesar mío, a separarme de su modo de pensar en algunos puntos, que a mi juicio han servido de pretextos principales a las reñidas y sangrientas revoluciones que han precipitado a la Nación en la profunda y oscura fosa en que se encuentra, y de la que, en mi concepto, no es fácil que la saquemos.

Varias veces he hecho estas indicaciones a mis compañeros, pues habría creído hacer traición a la bondad con que me han tratado, si no les hubiera abierto mi corazón con franqueza. Jamás he reservado mi modo de pensar en asuntos de interés común.

Así es que desde la primera conferencia a que concurrí para formar un proyecto de reformas que debía ser el iris de paz que transara las diferencias de opiniones e intereses y salvar a la Nación, uniendo hasta done fuera posible a los partidos que sin piedad la despedazan, manifesté en globo mi plan.

Con tal objeto indiqué, como uno de los medios más eficaces para conseguirlo, que por nuestra parte mostráramos un desprendimiento generoso, dejando en libertad a los pueblos para que resolverían la cuestión pendiente y fundamental, de nuestra misión legal, lo que fácilmente podía hacerse por el órgano de las Juntas Departamentales, que oyendo a las autoridades municipales, y estas a los vecinos ilustrados de sus respectivos territorios, formarían una opinión la más aproximada a la voluntad general en la idea en que conviniera la mayoría de las Juntas.

Que caso que se decidiesen porque el actual Congreso hiciera las reformas, nos autorizasen expresamente para hacerlas, y que esta se verificara reunidas ambas Cámaras, con la cual medida se conseguiría desempeñar, a la mayor brevedad posible, un asunto tan grave y urgente, como que de él depende la curación radical de nuestros males políticos, si se tiene la fortuna de acertar, haciendo unas reformas que se identifiquen o por lo menos se desvíen muy poco de la voluntad de la Nación.

Que en caso contrario, es decir, cuando esta se pronunciara por la elección de nuevos representantes, nos comprometiéramos a obedecer lo que dispusieran los dos tercios de las juntas Departamentales.

Mi pensamiento pareció peligroso y alarmante: sin embargo, yo no encuentro otro modo de legalizar para lo venidero los procedimientos de las Cámaras, que ocurrir a la renovación de nuestros poderes, y de consiguiente a nuestros pueblos poderdantes.

Es verdad que el sistema representativo fue el gran descubrimiento que realizó la idea que reputaron por quimérica los antiguos políticos, a saber: que pudiera subsistir una República con una extensión de terreno muy dilatada; pero sacar ese arbitrio de sus límites es convertirlo en piedra de escándalo y de contradicción que sea un nuevo pretexto de conmociones populares.

Así que la representación debe tener lugar en todo aquello en que lo pueda tener la presunción de la voluntad nacional, mas no en aquellos casos en que esta exista claramente de hecho, pues entonces podría suceder que estuviesen en oposición manifiesta la voluntad real y efectiva con la presunta, de lo que resultaría un choque, en que los funcionarios que fueran el órgano de esta, trataran de oprimir a aquella, o que la Nación acabara con los referidos funcionarios.

Las circunstancias en que nos hallamos pueden servir de ejemplo de la oposición indicada, y ¡ojalá no lo sean de sus consecuencias! El Supremo Poder Conservador declaró que presumió ser la voluntad nacional; más vemos que su declaración no ha calmado las revoluciones.

Esto, en mi concepto, no proviene de otra cosa sino de que esa voluntad presunta no es realmente la de la mayoría, por no decir la de toda la Nación. No nos alucinemos atribuyendo los acontecimientos a orígenes diversos de los que tiene.

Los hombres no pelean por palabras insignificantes aunque alguna vez parezca que así lo hacen: si se reflexiona en lo que quieren dar a entender con una sola palabra, no obstante que no aciertan a explicarlo con toda claridad y exactitud, se verá que contienden por la sustancia de las cosas.

Yo creo que esta lucha sostenida, y que se califica de terca y caprichosa, en favor del sistema federal, no es precisamente porque este nombre tenga un encanto mágico, ni porque la Carta del año de 24 sea más antigua o tenga más o menos hojas que la de 36, sino porque en aquel sistema y en su correspondiente Carta ven consignados ciertos derechos, que al mismo tiempo que les agradan los consideran indispensables para su prosperidad, aunque no puedan explicar con la precisión de ideas propias de un político cuáles son esos derechos. Ciertamente no nos equivocaremos si los reducimos a cuatro:

lo. Organización de su gobierno interior:

2o. De sus tribunales y juzgados:

3o. De su Hacienda:

4o. Invertir su tesoro en lo que les parezca después de contribuir a los gastos generales.

Si se les conceden estos objetos disfrutarán de hecho una federación en la realidad, y quedarán contentos, aunque a ese sistema se dé el nombre de monarquía absoluta; pero si les quitan o se les disminuyen considerablemente, jamás quedarán satisfechos, sin embargo de que al nuevo sistema de gobierno se le bautice con los nombres más brillantes y halagüeños a la libertad.

Aquí entra la gran cuestión que debe resolverse en razón, en justicia y con la mayor imparcialidad, si se quiere que las reformas surtan el efecto de una verdadera transacción, y no sirvan de una nueva causa de disgustos, reclamos y revoluciones. Veamos cuál es esa cuestión.

Dar a los Departamentos una extensión ilimitada respecto de los cuatro objetos indicados, es dejar sin corregir los abusos que se notaron en el tiempo de la federación: restringir demasiado esos objetos, es dejar subsistentes las revoluciones: ¿qué deberá hacerse? No es difícil la respuesta para el que de buena fe quiera contribuir a la tranquilidad, aumento y buen nombre de la patria.

Dos caminos se presentan para conciliar aquellos dos extremos: el uno reformar la Constitución del año de 24, restringiendo, hasta donde lo permita la prudencia, las facultades de los Estados; el otro reformarla Constitución del año de 36, aumentando las facultades de los Departamentos, también hasta donde la prudencia lo sufra.

No se adoptó el primer camino y sí el segundo. Pues bien, una vez adoptado, es preciso, repito, que las reformas no se conviertan en una mera ceremonia para acallar por lo pronto a los pueblos y para salir del paso, como vulgarmente se dice, sino que sean unos remedios efectivos y específicos del mal, y lo serán con más eficacia, cuanto más se aproximen a proteger los objetos indicados.

No debemos olvidar que la Nación adquirió en once años hábitos conformes a esos objetos, que ha visto con pesar que se los arrebataron, que la experiencia les acreditó, que sólo ellos, desempeñados dentro de sus límites con cordura, son capaces de hacer su felicidad local, de la que debe resultar la general, que una entera sumisión al Gobierno central, o una influencia de éste en su gobierno interior, en sus Tribunales y juzgados, en su Hacienda y en la inversión de su tesoro público, que casi se confunda con una absoluta dependencia, no ha de agradarle, y que si bien la fuerza puede contener por algún tiempo sus conatos, ellos al fin llegarán a ser efectivos, aprovechando cualquiera oportunidad; así que en lugar de remediar los males que actualmente sufre, la dejaremos expuesta a otros peores.

Bajo estas consideraciones paso a proponer los puntos en que me he desviado del dictamen de mis compañeros.

SUPREMO PODER CONSERVADOR

Ya acerca de este manifesté mi concepto en público, y corre impreso en un periódico en la memorable discusión que provocó el dictamen de la comisión de peticiones contra las proposiciones presentadas por nueve señores diputados, relativas al decreto de 9 de noviembre último del mencionado Supremo Poder Conservador.

Entonces le negué no solamente la facultad de sancionar las reformas que se hicieron antes del tiempo que prefija la Constitución, sino aun la de declarar que era voluntad de la Nación que se anticiparan por las razones que expuse.

Además, desde la primera conferencia, manifesté paladinamente mi opinión en contra de la existencia de un Poder tan privilegiado como el Conservador: monstruoso y exótico en un sistema representativo popular, en que toda la garantía que tienen los ciudadanos respecto de sus funcionarios, es la responsabilidad que contraen estos con sus desaciertos, y que esa responsabilidad sea efectiva y no nominal: por lo que siempre he juzgado que un funcionario sin esa responsabilidad que pueda realizarse de algún modo, es un funcionario peligroso y que no presta ninguna garantía.

La comisión se inclinaba á la continuación del referido Poder, y yo entonces propuse que caso que hubiera un Poder Conservador, fuera eventual y no permanente respecto de las personas que habían de componerlo en cada caso particular que se presentase, ofreciendo que á su vez indicaría el modo en que debía organizarse; pero concluyendo con que mi dictamen era que no figurase en el proyecto de reformas ni un solo artículo de la segunda ley constitucional.

La mayoría de la Comisión reservó este punto para meditarlo con más detención, y ahora propone que lo resuelvan las Juntas Departamentales. Y tanto por las razones que varías veces he manifestado, cuanto por la que he asentado antes, de que ese Poder puede dar motivo á que se pongan en contradicción la voluntad presunta de la Nación con la verdadera y realmente manifestada, sería un inconsecuente si no expusiera que mi voto es que no haya Supremo Poder Conservador.

LIBERTAD DE IMPRENTA

Siempre he estado y estaré por ella, pues acaso por la ninguna perspicacia de mi talento, estoy convencido hasta la evidencia de que cualquiera traba anterior á la publicación de un impreso, es atacar por la raíz, ó más claro, destruir la libertad de escribir y quebrantar sustancialmente el artículo constitucional que la garantiza.

Entre la libertad de imprenta y su supresión no han encontrado los políticos un medio prudente que pueda contener los abusos que se comentan en uno ú otro extremo. Pero sí convienen en que todo obstáculo para la publicación es necesariamente su destructor.

En tal conflicto aconsejan que pesándose los bienes que pueda ocasionar su libre ejercicio, con los males de su supresión, debe inclinarse la balanza al mayor peso, y en consecuencia permitirla o prohibirla del todo. Es difícil que haya país en que no sean mayores las ventajas que trae al público la libertad de imprenta, que la supresión de ella.

Yo haría un agravio á mi país si lo incluyera en el número de los que no merecen disfrutarla. Se puede en mi concepto demostrar hasta la evidencia, que aún en medio de los abusos exagerados que se le atribuyen, ha producido aquí grandes bienes. Basta para demostrar esta verdad una sola reflexión.

Un pueblo no se hace feliz sino por el convencimiento de que lo es, y esto solo se consigue por la libertad de la prensa. Es un error creer que puede hacerse felices á las Naciones por la fuerza; la felicidad que no se conoce no lo es, y si se obliga á recibirla á fuerza se convierte en tormento y desesperación.

Con que si hemos de convencer á la República Mexicana de que tal forma de gobierno le conviene, si le hemos de inspirar amor á tales ó cuales instituciones, no hay más camino que la libertad de imprenta.

No se diga por esto que pretendo que sea absoluta en cuanto á la extensión de sus objetos; y así no estoy porque se permita escribir contra la santa religión que profesamos, ni contra la vida privada de cualquiera persona, por miserable que sea.

Este es el único freno que, en mi concepto, debe ponerse á la libertad de imprenta: freno que la experiencia nos ha enseñado que sufre la Nación sin repugnancia.

No tengo noticia de que en la República se haya impreso algún libro contra la religión, y será muy raro que se señale, aún hablando de papeles sueltos ó periódicos, que contenga alguna proposición herética.

En cuanto á hablar de la vida privada, basta para que un periódico se desacredite hoy día, que toque esa materia; y si hay un grito de ciertas personas quejándose de ese abuso, reflexionando con imparcialidad, se ve que la queja no recae sobre faltas privadas, sino por las que comenten los funcionarios en el desempeño de sus respectivos empleos, lo cual, en lugar de ser un abuso, es puntualmente uno de los dignos objetos de la libertad de imprenta.

En fin, es también un correctivo de los abusos de esa libertad castigarlos cuando sean efectivos; más la calificación del crimen debe estar á cargo de una junta de censura sabiamente organizada, mientras que acabándose los partidos y difundiéndose la ilustración con el auxilio de la misma imprenta, puede establecerse con utilidad el Jurado.

DERECHO DE PETICION E INICIATIVA

Todo ciudadano mexicano, en mi dictamen, puede dirigir sus proyectos y peticiones en derechura á la Secretaría de la Cámara de Diputados, para que esta los pase a la comisión que establece la segunda parte del artículo 29 de la tercera ley constitucional, que deberá quedar para sólo este fin.

Las iniciativas hechas por los Diputados, Gobierno, Corte de Justicia en su caso y Juntas Departamentales, deberán quedar expeditas y libres de aquel trámite, y solo estarán sujetas al de que se oiga á la mencionada Corte de justicia, cuando se hagan por los otros Poderes en asuntos pertenecientes á este ramo, y á las Juntas Departamentales sobre contribuciones e impuestos. Esto último deberá entenderse, sin perjuicio de que aquellas se decreten provisionalmente cuando lo exija así el interés común.

FACULTADES DEL CONGRESO

Una de las principales debe ser, en mi concepto, la de fijar el número de tropa permanente de mar y tierra que debe haber en la República, como también la de señalar anualmente el de la milicia activa que ha de hacer el servicio en el siguiente año, para aumentarla ó disminuirla según las circunstancias y estado de la Hacienda pública.

Igualmente debe reservarse al Congreso la facultad de resolver si en todos los Departamentos ha de haber Comandancias generales, ó si estas deben quedar reducidas a algunos solamente, y designar el número de tropa que debe haber en estas Comandancias, situando las demás en los puertos y puntos fronterizos donde sea necesario, y conveniente que se halle, y en lo que se pueda mantener con menor gasto.

Esta idea no es nueva en mí, ya alguna vez la manifesté a la Cámara, cuando me empeñé en patentizarle la urgente necesidad que había de sistemar radicalmente la Hacienda Pública.

Uno de los Sres. Secretarios de Hacienda en tiempos pasado me ahorra de difundirme en probar la justicia y conveniencia de esa medida, pues sostuvo y demostró que el arreglo de la Hacienda pública era el arreglo del ejército. En efecto, la tropa en las grandes capitales solo sirve de corromperse y corromper á los pueblos; este es un principio en que convienen todos los políticos, que no solo reprueben que la tropa esté situada como permanente en las grandes poblaciones, sino aun que haga en ellas estaciones por largo tiempo.

Estoy persuadido de que nuestras revoluciones hubieran sido menos frecuentes y menos desastrosas, si la tropa hubiera estado siempre en los confines de la República.

Debe también, en mi juicio, como una consecuencia de los principios asentados, ser de la atribución del Congreso establecer una Comandancia accidental en los puntos que amenace algún peligro de revolución, durante este, sin perjuicio de que pueda hacerlo el Gobierno en tiempo de receso, cuando hubiese suma urgencia, con la calidad de dar cuenta al Congreso y obtener su aprobación.

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE

Estoy de acuerdo en el modo de nombrar al Poder Ejecutivo y en el modo de que deben cubrirse sus faltas temporales, pero no en la persona que debe cubrirlas, pues opinando en contra de la existencia del Consejo de Gobierno, como después diré, no puede, bajo este supuesto, verificarse lo que propone la Comisión.

Como esta falta temporal debe ser por muy poco tiempo, una vez que el cuerpo Legislativo se reserva la facultad de nombrar sustituto o interino con las mismas calidades que el propietario, muy bien podrá cubrir la falta del momento del Gobernador del Departamento de la Capital.

Esta consideración surtirá también el feliz resultado de que este empleo se dé a personas calificadas, capaces de ponerse al frente de la Nación en un caso imprevisto o desgraciado, en que falte el Presidente, sin que haya habido tiempo para nombrarle sustituto ó interino.

DIVISIÓN DE PODERES

Uno de los grandes descubrimientos de los políticos en contra de los avances del despotismo y en favor de las garantías de los pueblos, es la división de Poderes. No es menos apreciables la garantía de que cada uno de estos se sujete á lo que le permiten las leyes fundamentales de su Estado.

De aquí es que yo jamás estaré porque el Congreso pueda conceder ni el Ejecutivo recibir facultades extra-constitucionales, sino en el único caso de que la Nación peligre por una invasión extranjera, y sea preciso obrar con tal prontitud y energía que no dé lugar á providencias pausadas.

En este caso las concederán las dos Cámaras reunidas, después de una detenida discusión, y sin que se dispensen los trámites de estilo, para evitar de esta manera sorpresas y precipitaciones.

Obsequiando este principio de la división de Poderes, creo que son incompatibles con él ciertas facultades que la Comisión concede al Ejecutivo, reducidas á que cuide de la administración de justicia, á que pueda nombrar un Procurador para este objeto y á que pueda suspender á los Magistrados y Jueves.

Esta conducta ha llamado fuertemente mi atención. Me acuerdo que cuando se formaron las actuales leyes constitucionales, parecía que no se tenía presente otro fin principal que poner trabas al Ejecutivo; hoy parece que no se trata de otra cosa que de ampliar sus facultades aún más allá de los límites que permiten los principios de la forma adoptada.

¿Por qué tanta variedad? Yo creo que no puede asignarse otra causa sino aquella tan acreditada por la experiencia en todos tiempos, a saber: que aún las personas más sensatas y que obran con la mejor buena fé, se afectan, sin echarlo de ver, de ocurrencias puramente accidentales, y pasan de un extremo á otro sin saber contenerse en los medios.

Yo he procurado no incurrir en esta falta, y por lo mismo he hecho cuanto ha estado de mi parte para conocer la voluntad efectiva de la Nación, sus exigencias y los remedios que una razón imparcial aconseja, prescindiendo siempre de que consideraciones personales influyan en las reformas que á mi juicio deben hacerse á la Constitución. Desconfío de haber acertado; pero no de haber omitido cuanto pude hacer para no errar. Expondré mis fundamentos.

En la Constitución federal se concedió al Ejecutivo la facultad de cuidar de la administración de justicia y también la de suspender á los empleados públicos, sin restringirse á clase alguna. Estas atribuciones parecieron exorbitantes á los hombres pensadores, y tanto, que abolirlas eran puntualmente una de las reformas que en su concepto debían haberse hecho á aquella Constitución.

En efecto, esas atribuciones pueden reducir á nulidad al Poder Judicial. Dando toda la extensión de que es susceptible á la palabra cuidar, puede convertirse el Ejecutivo de hecho en un Tribunal Superior, aun á los Supremos de aquel ramo, y más hallándose revestido de la facultad de suspender á los Jueces y Magistrados.

Cierta ocurrencia, que no es del caso referir, llevó las cosas al extremo de que toda la Suprema Corte de justicia hubiera estado á punto de ser suspensa por el Gobierno. Esto hizo conocer que el Gobierno entonces podía hacerlo favorecido por la letra de la Constitución; pero igualmente se conoció que esta era una monstruosidad constitucional.

La ocurrencia indicada hizo examinar, con detenida reflexión, los artículos de aquella Constitución, y se vió que en manos del Gobierno estaba inutilizará los Jueces y Tribunales, pues con solo suspenderá los que debía juzgará algún Ministro suyo favorito, o á otra persona respecto de la cual tuviera empeño en que no fuera juzgada, conseguiría su impunidad. Aún cuando esto no fuera, podía, á pretexto de cuidar que la justicia se administrara, entrometerse en el juicio y enervar su secuela de mil maneras.

De aquí resultó que en la Constitución actual se concedió a la Suprema Corte de justicia facultad de cuidar de su administración, y se restringieron las del Gobierno en los términos que se ve en las partes XXII y XXIII, Art. 17 de la cuarta ley constitucional.

Por la XXII se redujo el cuidado del Gobierno á excitar á los Ministros de justicia para su pronta administración y á prestarles al efecto todos los auxilios necesarios.

Por la XXXIII se le dejó la facultad de suspender no á todo empleado indistintamente, sino sólo á los de su nombramiento, con lo que quedaron excluidos todos los del ramo judicial, como que con arreglo á las leyes constitucionales no debe nombrarlos el Gobierno.

El Congreso ha sido consecuente á estos principios hasta estos últimos días; pues vemos que aunque por las leyes federales el Gobierno nombraba á los jueces de Hacienda, respetando la Suprema Corte de justicia, y el Supremo Gobierno el principio de no mezclar los Poderes, ni aquella se atrevió a proponer jueces, ni este á nombrarlos, y se tuvieron mucho tiempo vacantes los Distritos y Circuitos, sufriendo más bien el Congreso los perjuicios que originaba esta falta, que el que el Gobierno interviniera en su nombramiento, el que por fin se dejó a la Corte de Justicia.

Si puesta hasta hoy se ha respetado tanto el indicado principio, ¿por qué se echa á tierra en las reformas? Estas deben tener por objeto aclarar los puntos dudosos, rectificar los mal concebidos, añadir á los diminutos, restringir su exceso y desarrollar los puramente iniciados; pero no destruirlos.

¿Y no es esto lo que se va á verificar, no solo concediendo al Gobierno el nombramiento de Magistrados, jueces y aun empleados subalternos, sino dándole la facultad de suspenderlos, y además creando un funcionario destinado á perseguirlos y mortificarlos cuando le convenga?

¿Qué no hará ese Procurador, siempre que conozca que el modo de mercar es lisonjear al Gobierno, sacrificando á los Jueces y Magistrados? Yo creo que es difícil responder sólidamente á los fundamentos indicados; por lo mismo mi voto es que ni haya ese Procurador, ni se varíen en nada las partes XXII y XXIII citadas, no teniendo en el ramo judicial otra atribución el Gobierno que la comprendida en la primera, á saber: excitar y auxiliar á los Jueces y Magistrados para la pronta administración de justicia.

CONSEJO DE GOBIERNO

Expuse antes que en la presente Constitución parecía que no había otro objeto que llamara más fuertemente la atención del Congreso, que poner trabas al Ejecutivo. Una de ellas fué la creación del Consejo de Gobierno y la del Supremo Poder Conservador. Yo, siguiendo mis principios de observar un justo medio, ni estoy por la continuación del segundo, como lo he manifestado, ni por la del primero, por los fundamentos que paso á exponer.

Esta corporación es en mi dictamen del todo inútil. El Presidente de la República tiene lo bastante con cinco Ministros, es decir, cuatro que existen y otros más que se propone por la Comisión. El Consejo es cuando menos un arbitrio con que el Ejecutivo puede demorar el despacho de los negocios aún más sencillos, siempre que quiera.

Si ese Consejo ha de convertirse en asesor y se le ha de consultar en todo asunto, además de que se demorará inútilmente el curso de los expedientes, hará casi innecesarios á los Secretarios del despacho. Si solo se le ha de consultar en asuntos muy graves, entonces hay otro medio más eficaz de acertar.

El Ejecutivo podrá nombrar, por ejemplo, quince individuos, que no podrán excusarse de ocurrir á su llamado, para formar una junta consultiva accidental que proponga lo que le parezca conveniente sobre la materia que se sujete a su examen; más sin que el Ejecutivo quede obligado á conformarse con su dictamen.

Con esta medida creo que puede proporcionarse al Gobierno un aumento de luces en casos arduos apurados, y tanto más apreciables, cuanto la corporación de que dimanan es menos susceptible de parcialidad y de afectarse del espíritu del cuerpo. Como que dado su dictamen se disuelve, no hay temor de que se encapriche en sostenerlo, ni en convertirse en un nuevo instrumento de choque y desavenencia entre los Poderes Supremos ó entre estos y la Nación.

MINISTERIOS

No me opongo á que haya un quinto Ministro que desempeñe las atribuciones que se señalan en el proyecto; pero sí á que se alteren respecto del ramo judicial las que hoy tiene el de lo Interior, porque siendo mi voto que la Suprema Corte de Justicia no pierda ninguna de las atribuciones que tiene en ese ramo por la Constitución actual, no hay necesidad de variar las que ejerce, según la misma, el mencionado Secretario.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Nadie podrá negar, sin que lo desmienta la experiencia, que se han palpado considerables ventajas de que la Suprema Corte de Justicia tenga el derecho de iniciar leyes y decretos relativos á su ramo, y de que sea oída en las iniciativas que por los otros Poderes se presentan sobre mismo.

En hora buena que no se mezcle en los negocios ajenos de su instituto, ni en tener parte en los nombramientos de individuos que no pertenezcan a la Administración de justicia; pero déjensele los nombramientos de los Magistrados de los Tribunales Superiores de los Departamentos y la de los Secretarios y demás subalternos de la misma Corte.

Es innegable cuanto influye en la independencia de este Poder el que ningún otro intervenga en el nombramiento de sus subalternos, y como en mi concepto esa independencia es de la mayor importancia, creo que debe protegerla la Constitución de todas maneras posibles.

Ese Poder es por naturaleza el más aislado y el que menos contacto tiene con la fuerza física: hemos visto en las revoluciones que esta se ha dividido entre los otros dos

Poderes, ó que ambos cuentas siempre con adictos en los individuos que componen aquella fuerza; más nunca en favor de la Corte de Justicia. De aquí es que toda su independencia pende exclusivamente de la ley, y por consiguiente esta debe no dejar flanco alguno por donde puedan atacarla.

Mi voto es, por tanto, que no se altere la Constitución en nada respecto de las atribuciones de esa corporación, en lo que hace relación á la administración de justicia y nombramiento de sus empleados.

Más yo pretendo añadirle otra facultad dentro de su órbita: la idea parecerá á primera vista extraña; pero ni es enteramente nueva, ni carece de sólidos fundamentos, antes se encontrará apoyada en la razón y en la experiencia.

Una obra moderna, que hizo mucho ruido en Francia, casi se ocupa toda en demostrar que la paz y la tranquilidad de la República del Norte no se debe á otra cosa que á la influencia que ejerce en ella su Corte de Justicia.

Además de que esta experiencia es una prueba de bulto, sobran razones en que apoyarla. Esas corporaciones, como he dicho, están por naturaleza aisladas, y como excéntricas respecto de los negocios públicos: este aislamiento le da necesariamente un carácter de imparcialidad muy importante, ó mejor decir, indispensable para resolver en la calma de las pasiones, escuchando solamente la voz de la justicia, las grandes cuestiones cuya resolución muchas veces, equívoca ó desarreglada, es la causa de grandes trastornos políticos.

Los Diputados, los Senadores, los Secretarios del Despacho, el mismo Presidente de la República, pueden afectarse de sus propios intereses, del de sus parientes y amigos, ó de pasiones y caprichos. Es necesaria mucha firmeza de alma, y una virtud no solo filosófica sino verdaderamente evangélica, para que uno de esos funcionarios no haga, ó por lo menos no apoye, una iniciativa de ley que favorezca sus miras, aún cuando se oponga á algún artículo constitucional.

¡Ojalá y no fuera tan cierto lo que acabo de decir! De aquí proceden las interpretaciones violentas á la Constitución, las soluciones especiosas á argumentos indestructibles, las intrigas para las votaciones, en una palabra, se procura ganar á toda costa. En efecto, se triunfa en la votación; pero este triunfo refluye en daño del prestigio de la Asamblea Legislativa.

El público, que no se engaña, y conoce bien los artificios con que se dictó la ley, está persuadido de su injusticia y jamás la aprobará en su interior. ¿Qué remedio más á propósito que ocurrirá una corporación, que puede llamarse esencialmente imparcial, para que pronuncie su fallo sobre la inconstitucionalidad de una ley?

Es verdad que los individuos que componen ó deben componer la cabeza del Poder judicial, pueden afectarse alguna ocasión de aquellos mismos defectos; pero esto sucederá tan rara vez, que en nada perjudicará á esa absoluta imparcialidad que en la mayor parte de ellos existe de hecho, y en los demás racionalmente se presume.

Los cortos límites á que debe reducirse un voto particular no me permite extenderme sobre este asunto, digno de una disertación académica, perfectamente acabada; pero lo expuesto basta para fundar mi opinión sobre este punto.

Lo que he expuesto acerca de las leyes, es por mayoría de razón aplicable á los actos del Ejecutivo. Yo, como he dicho antes, no estoy por la existencia del Supremo Poder Conservador: ninguna otra medida podía, en mi concepto, reemplazar su falta, que conceder á la Suprema Corte de justicia una nueva atribución por la que cuando cierto número de Diputados de Senadores, de juntas Departamentales reclaman alguna ley ó acto del Ejecutivo, como opuesto á la Constitución, se diese a ese reclamo el carácter de contencioso y se sometiese al fallo de la Corte de Justicia.

DEPARTAMENTOS

Consecuentemente con lo que insinué al principio acerca de los cuatro objetos cuyo ejercicio desean y necesitan los Departamentos para promover su felicidad, he procurado aproximarme á ellos en mi presente voto. Así que ya que no se deje á su arbitrio la elección de sus Gobernadores y Magistrados, he tratado de que ninguna intervención tenga en el nombramiento de los segundos el Gobierno Supremo, y sí la Suprema Corte de justicia; porque esta no necesita de encontrar en esos funcionarios unas personas que le sean especialmente adictas, sino que sepan jurisprudencia, tengan probidad y buen concepto público.

No así el Ejecutivo, que alguna vez atenderá más bien que á estas consideraciones, á otras puramente accidentales, pero muy sustanciales á sus miras. Es también muy conforme á los principios que indiqué arriba, que el Congreso no repruebe o reforme las disposiciones de las Juntas Departamentales sino cuando se opongan á las leyes fundamentales ó secundarias.

Lo contrario es atar las manos á esas corporaciones par que no puedan hacer el bien, reduciéndolas á unas autoridades municipales, puramente ejecutoras de lo que se determine en la capital, tal vez sin conocimiento de las localidades y exigencias propias de cada Departamento.

Consecuente con los principios que establecí al principio, no me cansaré de repetir que estoy persuadido de que se debe dejar á los Departamentos todo cuanto necesitan para proporcionará los pueblos su prosperidad.

De aquí es que deben quedar, en mi concepto, facultados para disponer de su administración interior, y para que pagados de preferencia sus gastos ordinarios de las contribuciones y rentas generales, puedan invertir las pensiones moderadas que impongan, en el fomento de establecimientos de educación pública y obras de utilidad y ornato de los mismos pueblos.

Este objeto comprende dos partes: una respecto de empleados, otra respecto de inversión de su tesoro. En cuanto á la primera, parece muy justo que si el Gobierno Supremo debe tener confianza de los empleados de Hacienda, no deben tenerla menos los Departamentos; y esto queda perfectamente conciliado con que los Gobernadores sean en ellos los jefes superiores de este ramo.

Vemos por una desgraciada experiencia los efectos tristes del despotismo de algunos militares contra las rentas de los Departamentos. Es pues preciso que haya sujetos que en cierta manera se consideren hechura de estos para que defiendan sus intereses con toda la energía y esfuerzo posibles.

Así es que, en mi opinión, nombrados los Gobernadores por el Supremo Gobierno, deben serlo también los jefes de oficinas de Hacienda ó empleados de alto rango, pero á propuesta en terna de las Juntas Departamentales, unidas con sus Gobernadores; y los empleados subalternos nombrados por estos, á propuesta también en terna de los Jefes.

Déjese la administración y el arreglo de las recaudaciones de los Departamentos, y muy pronto se verá florecer un ramo, el más vital, como que sin él no puede haber orden, sociedad ni gobierno.

Ellos reducirán las oficinas y las manos á las muy precisas, como tan interesados en hacer sus gastos, y lo demás quedará a disposición del Supremo Gobierno, para cuyo recibo bastará un solo empleado, quedando de este modo el Ejecutivo desahogado de muchos gastos, y desembarazado de tantos reclamos justos o impertinentes que recibe ahora porque no alcanza para cubrir los sueldos de los empleados civiles de los Departamentos.

DIVISIÓN DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA

Me parece muy conveniente que reduzca ámenos los Departamentos, reuniéndose dos o más para que todos se igualen en población cuanto sea posible, y se evite el celo que causa á los poco poblados el exceso de representación que respecto de ellos tienen los que abundan en habitantes.

De esta suerte los elementos de riqueza de unos desarrollarían más fácilmente con la ayuda de otros, y participarían con más comodidad y feliz resultado, de sus mutuas ventajas. Habría un ahorro considerable de gastos públicos y de otras utilidades que con el tiempo se irían experimentando. Un convenio amistoso entre los mismo Departamentos haría realizable este proyecto, que no desagradó á mis compañeros, que quedaron de indicarlo en la parte expositiva, para que los inicien las Juntas Departamentales si les parece oportuno.

He expuesto mi modo de pensar. Lejos de mí la vanidad de haber enmendado la obra de mis compañeros de comisión. Respeto sus luces, su práctica y sus buenas intenciones, y no me cansaré de repetir que con el mayor consentimiento me he desviado de su dictamen en los puntos indicados en este voto particular.

Quisiera que mi conciencia fuera menos delicada para hacer á mis compañeros el sacrificio de mi opinión propia; pero esta no es mía, la debo á los pueblos. Ellos tienen derecho para que sus apoderados les manifiesten lo que crean que les conviene para su felicidad. Así lo he hecho; pero no con espíritu de capricho, de partido, ni de amor propio.

Estoy pronto á ceder á lo que la mayoría de la Nación determine. Si mis indicaciones de parecieren erróneas, nada quiero sostener con terquedad: cederé gustoso á lo que aquella disponga, y no solo gustoso, sino humilde, todavía más, no solo humilde, sino plenamente satisfecho de que haya habido otro camino, otras ideas, otras reformas mejores que las mías para la Nación consiga su paz, su prosperidad y felicidad bajo todos aspectos.

Estos son mis deseos, estas mis instancias, estas mis súplicas al Dios eterno, Autor de las sociedades, y repitiéndolas á cada momento y protestándolas ante Dios y los hombres, paso á reducir á artículos las indicaciones de mi parte expositiva.

LIBERTAD DE IMPRENTA

Poder imprimir y publica sus ideas políticas sin necesidad de licencia ni censura previa, con sujeción a las leyes.

Se exceptúan del artículo anterior los escritos en materia de religión, que se sujetarán á obtener la licencia del ordinario según está mandado actualmente.

Tampoco se podrá escribir sobre la vida privada de alguna persona, y el que lo hiciere será responsable según las leyes, aunque pruebe la verdad de lo que diga.

La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente á la Junta de censura que organizará una ley secundaria, mientras que pueda establecerse con utilidad el Jurado.

DIVISIÓN DE PODERES

Ni el Congreso podrá dar, ni el Ejecutivo ejercer facultades extraconstitucionales sino en el único caso de que peligre la independencia de la Nación, por una invasión ó guerra extranjera y sea preciso obrar con más prontitud y energía.

En este caso se reunirán ambas Cámaras y después de una detenida discusión, le concederán por el tiempo que sea necesario las facultades que basten para llenar el objeto.

CONSEJO DE GOBIERNO

Cuando parezca al Presidente conveniente consultar, sea por la gravedad de los negocios, ó por asegurar más su juicio aun en los ordinarios, mandará citar oficialmente quince individuos que merezcan su confianza, para que con presencia del Ministerio se discuta é ilustre el negocio, quedando el Ejecutivo en libertad de conformarse ó no con la opinión de la mayoría.

Ningún individuo se podrá excusar de esta honrosa confianza que le dispense el Gobierno, sin causa legal, calificada por este mismo.

MINISTERIOS

Se establecerá un quinto Ministerio para que desempeñe las funciones que se le designan en el proyecto.

El de lo Interior no tendrá otras atribuciones en el ramo de justicia, que las que tiene en el día.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Le corresponde:

lo. Iniciar leyes y decretos pertenecientes á su ramo:

2o. Ser oído en las iniciativas que hagan los otros Poderes ó las Juntas Departamentales sobre administración de Justicia:

3o. Nombrar los magistrados de los tribunales superiores de los Departamentos á propuesta en terna de los Gobernadores y juntas Departamentales á los que remitirán listas de todos los pretendientes y postulados los tribunales respectivos.

Cuando el Supremo Gobierno ó la cuarta parte de los diputados, la tercera parte de los senadores presentes que compongan actualmente sus respectivas Cámaras, ó la tercera parte de las juntas Departamentales reclamen alguna ley como anticonstitucional, decidirá la cuestión la Suprema Corte de justicia en juicio contencioso.

Lo mismo sucederá cuando en los diputados, senadores ó Juntas Departamentales reclamen algún acto del Ejecutivo.

Una ley fijará las instancias y el modo en que ha de verificarse este juicio.

DEPARTAMENTOS

Las Juntas Departamentales serán popularmente como lo son ahora.

Los Gobernadores serán nombrados de la manera siguiente: cada ayuntamiento postulará tres individuos á las juntas Departamentales: estas formarán una tema sacada de todos los postulados y la remitirán al Supremo Gobierno, el que nombrará á uno de los individuos de la referida terna, pudiendo devolverla por una sola vez á las Juntas, para que propongan otra diversa, y de esta segunda nombrará precisamente un individuo.

Los prefectos serán nombrados por los Gobernadores á propuesta en terna de las Juntas Departamentales, sin necesidad de la confirmación del Supremo Gobierno.

Los ayuntamientos serán nombrados popularmente y los demás empleados de policía serán por los prefectos, á propuesta de los ayuntamientos y confirmados por el Gobernador.

Los primeros jefes de las oficinas de Hacienda de los Departamentos, serán nombrados por el Gobierno Supremo, á propuesta en terna de los Gobernadores en unión de las Juntas Departamentales.

Los demás empleados de Hacienda subalternos serán nombrados por los Gobernadores, á propuesta en terna de sus jefes respectivos.

Los empleados del ramo judicial serán nombrados por sus tribunales superiores.

México, junio 30 de 1840.

Ramírez

DERECHO DE PETICIÓN E INICIATIVA DE LAS LEYES

Todo mexicano tiene derecho de dirigir sus proyectos y peticiones á la Secretaría de la Cámara de diputados, y esta luego que los reciba los pasará a la Comisión de peticiones que como hasta aquí se seguirá nombrando para sólo este objeto, la que consultará a la Cámara, si son ó no de tomarse en consideración.

Corresponde la iniciativa de las leyes: primero, á los diputados: segundo, al Supremo Poder Ejecutivo, y las juntas Departamentales sin excepción de materias: tercero, á la Suprema Corte de justicia en todo lo relativo a la administración de su ramo.

No podrán dejarse de tomar en consideración las iniciativas de los Poderes Ejecutivo y Judicial, ni las que se presenten firmadas por cinco diputados, ni aquellas en que convenga un tercio de las Juntas Departamentales.

En las iniciativas sobre administración de justicia se oirá á la Suprema Corte y en cuanto á las de contribuciones, arbitrios ó impuestos á las Juntas Departamentales, sin perjuicio de que aquellas y estos se decretan provisionalmente ni la urgencia ó interés común lo exigieren.

FACULTADES DEL CONGRESO

El Congreso resolverá si conviene que continúen las comandancias generales en todos los Departamentos ó solamente en algunos, y si la mayor parte de la fuerza permanente deberá situarse en los puertos y puntos fronterizos en que sea más útil, y pueda mantenerse á menos costo.

Establecer una Comandancia accidental en los puntos en que amenace alguna revolución, durante el peligro de ella; sin perjuicio de que pueda hacerlo el Ejecutivo en tiempo de receso ó cuando hubiere suma urgencia, con la calidad de dar cuenta al Congreso y obtener su aprobación.

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE

El lugar de las palabras: gobernará el Presidente del Consejo, y á falta de este el consejero que nombren las Cámaras, sustituyo estas: el Gobernador del Departamento de la capital, por el poco tiempo que dilate el Congreso en nombrar al que deba sustituir.

Fuente:

De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal. Gloria Villegas Moreno y Miguel Angel Porrúa Venero (Coordinadores) Margarita Moreno Bonett. Enciclopedia Parlamentaria de México, del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura. México. Primera edición, 1997. Serie III. Documentos. Volumen I. Leyes y documentos constitutivos de la Nación mexicana. Tomo II. p. 260.