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Siglo XIX > 1830-1839 > 1835

Voto particular de Guadalupe Victoria, sobre variación de forma de gobierno.
México, agosto 26 de 1835.

[Portada:]

Voto particular del Senador Guadalupe Victoria,

Sobre el proyecto de ley en que se declara que las actuales Cámaras tienen facultad para variar la forma de gobierno.

México:

Imprenta del Águila,

Dirigida por José Ximeno, calle de Medinas núm. 6.

1835

Voy a exponer, en un sencillo resumen a la consideración del senado, las razones principales que he tenido para disentir del dictamen de la mayoría de la comisión, en cuanto consulta la aprobación del acuerdo de la Cámara de Diputados, sobre las facultades del actual congreso aun para dar una nueva constitución a la República.

También indicará lo que a mi juicio debe modificarse en el voto particular, no en cuanto a los fundamentos con que impugna la opinión de la mayoría, pues ellos me parecen de una solidez y evidencia incontrastables, sino en cuanto a algunas de sus aplicaciones prácticas al estado presente de las cosas.

Sin convenir con los antagonistas de la federación en atribuir a este sistema de gobierno todos los males que se han experimentado, aun antes de que su establecimiento, no debo desconocer que algunas disposiciones poco meditadas de la constitución, han dado ocasión a disturbios repetidos que es urgente precaver, haciendo los reparos y mejoras que sin una destrucción total, siempre aventurada y peligrosa, conserven al edificio sus mismos cimientos, preservándolo de los inconvenientes que la experiencia los ha hecho palpar hasta ahora.

Es fácil observar, en el curso de esta discusión, el carácter particular de las opiniones que como en toda disputa de grande interés e importancia, han declinado a los extremos queriendo unos que todos se renueve, y pretendiendo otros que no se toque en un ápice a los puntos fundamentales de la Constitución.

Yo me atrevo a prometer el acierto de la adopción de un medio que conciliando cuanto sea posible los extremos opuestos, aleje los males inherentes a cada uno de ellos, sin dejar de aprovechar las ventajas que puedan presentar los diversos proyectos que tenemos a la vista.

Pero este resultado sería inasequible, si no nos conviniésemos en mirar como errores destructivos de todo orden social las máximas en que se intenta apoyar la legalidad, justicia y conveniencia de un cambio total en la forma actual de gobierno, porque es inútil hablar de orden, de leyes, de estabilidad y reformas, cuando todo se hace depender de resortes que puestos en práctica, pueden repetirse a cada paso para echar abajo el sistema más sabiamente establecido.

La verdadera voluntad nacional queda expuesta a ser suplantada por el querer tiránico de las facciones, si nos aventuramos a reconocer como órganos legítimos de ella los conductos tal vez facticios que se hayan abierto para hacer llegar hasta nosotros, como expresión de los deseos nacionales, lo que si hoy se quiere que tenga ese carácter, mañana puede no ser otra cosa que la explosión de los intereses de un partido.

No niego que la opinión pública no deja tener influjo en los gobiernos especialmente republicanos, pero jamás concederé que este influjo pueda tener más extensión que la precisa para dirigir las operaciones de los legítimos mandatarios del pueblo, no para que este por sí intime su voluntad a los que deben dirigirla y no dejarse arrastrar de su impulso, porque entonces se destruyen las ventajas del gobierno representativo, y se sustituye en su lugar la pura democracia que es el peor de todos los sistemas imaginables.

En materia de gobierno no hay otra opinión, no hay otra voluntad nacional que la emitida por los órganos creados por la ley fundamental con sujeción a las fórmulas y solemnidades que ella ha establecido.

De aquí es que cuando un congreso que debe su existencia a la Constitución reconocida, se cree autorizado por las equívocas manifestaciones de la voluntad general para destruir la misma constitución, y subrogar en su lugar la que juzga mas conforme a las exigencias de esa voluntad general, obra sin poderes suficientes; rompe los títulos de legitimidad y deja en el pueblo el derecho de resistir a la nueva ley, o la obligación de someterse a ella por el solo poder de la fuerza; es decir, que se sanciona la anarquía, o se proclama el imperio del despotismo en contradicción abierta con los principios que han conducido a este resultado, pues se ha reconocido que el pueblo en masa tiene la facultad de intimar su voluntad como regla que forzosamente deben seguir sus mandatarios sin consideración a los pactos anteriores.

¿Qué es lo que queda (pregunta Mr. Benjamín Constant, en el cap. 31 de su Curso de política constitucional), después de haber violado una constitución?

La seguridad y la confianza quedan destruidas, los que gobiernan tienen el sentimiento de la usurpación, y los gobernados la convicción de que están a discreción de un poder que ha traspasado todas las leyes.

En vano aquellos que en medio de su celo poco prudente y sin previsión han concurrido a este movimiento desordenado, quieren detenerlo en sus deplorables consecuencias, porque no encuentran ya puntos de apoyo, estando el remedio fuera de las manos de los hombres, rotos los diques y desencadenada la arbitrariedad.

Aun teniendo las intenciones más puras, todos los esfuerzos serán infructuosos, y los depositarios de la autoridad saben que han preparado una espada que no aguarda sino un brazo bastante fuerte para dirigirla contra ellos.

El pueblo olvidará quizá que el gobierno se había establecido sobre la violación de las reglas que le hacían legítimo, pero este no lo olvida, pues que continuamente está pensando que se halla siempre en peligro por haberse hecho culpable; y así es que sigue ciegamente el camino que una vez ha tomado, aunque abierto por la injusticia, sin que dependa de él tomar otro mejor; en fin, sigue el destino de toda autoridad que ha salido de sus límites.”

Y encargándose este mismo autor de la dificultad que pudiera oponérsele sobre la necesidad de revestir al gobierno de una energía superior, más fuerte que las leyes, contesta:

“Un despotismo como el de Constantinopla, puede ganar en la violación de las fórmulas, y su existencia misma consiste en esta violación permanente, porque se ve precisado continuamente a hacer caer sus golpes sobre el inocente como sobre el culpable, condenándose al mismo tiempo a temblar delante de sus cómplices que regimenta, lisonjea y enriquece, y vive adoptando a cada paso medidas extraordinarias para salvarse, hasta que una de éstas le hace perecer a manos de sus fautores y partidarios.

“Pero todo gobierno moderado, todo gobierno que se apoya sobre la regularidad y la justicia, se pierde interrumpiéndose de cualquier modo ésta y desviándose de aquella; y como es conforme a su naturaleza el suavizarse más tarde o más temprano, sus enemigos esperan que llegue una época semejante para valerse de los recursos que obran contra él”.

En el mismo sentido se explica el célebre publicista Watel en su tratado del derecho de gentes o principios de la ley natural, parágrafo 35, por estas formales palabras: “Debemos observar en general que siendo muy delicadas, muy peligrosas las grandes mudanzas, un pueblo debe ser muy circunspecto en esta materia y no dejarse jamás llevar de novedades sin necesidad.

El carácter versátil de los Atenienses, fue siempre contrario a la felicidad de la república, y fatal, en fin, a una libertad que tanto defendían sin saber gozar de ella.”

Esta es la opinión uniforme de cuantos han pensado algo sobre estas materias: no sé por qué fatalidad se nos quiere hacer inaccesibles a los avisos de la experiencia para obligarnos a emprender un cambio nuevo lleno de escollos, donde cada paso está señalado por una caída.

La previsión de un ángel no bastaría para asegurarnos de las ventajas de un cambio, cuya consecución incierta y destituida aun de aquellas probabilidades que se buscan en asuntos menos importantes, es el único título que puede justificar nuestro procedimiento; pero no estando en nuestra mano asegurar el éxito, dicta la prudencia abstenernos de obrar, no pudiendo volver atrás sin nuevas y más peligrosas dificultades.

Excusado me parece el empeño de querer hacernos ilusión sobre la gravedad de estas dificultades, nacidas de la falibilidad de los medios que se nos presentan para caracterizar la verdadera opinión del pueblo en las complicadas materias que son el objeto de la presente discusión.

Aun suponiendo que la generalidad del pueblo esté conforme en atribuir a la constitución los males que ha sufrido, no puede decirse que no quiera buscar otro remedio a ellos que el de una destrucción absoluta, sin ensayar antes el arbitrio de las reformas a que la razón aconseja recurrir más bien que arrojarse a los extremos de una renovación total.

Supongamos todavía que tal fuese la mayoría de la opinión del pueblo: si éste, como se nos ha repetido, no se conduce por raciocinios sino por sensaciones, si no es capaz de entrar en las profundas investigaciones que piden estos asuntos, sería una especie de infidelidad en sus mandatarios dejarle correr desbocado el precipicio, y no dirigir su marcha por el sendero que demarca la prudencia.

¿No sería ligereza y aun especie de crueldad de un médico que porque al enfermo no le agradan las medicinas, lo abandonara lisa y llanamente a sus deseos aplicándole la más aventurada?

Y hasta qué punto llegaría esa crueldad, si este facultativo conociese que con solo alterar o corregir los específicos, de cuya alteración, corrección o modificación no había hablado el enfermo, le pudiese dar la salud y no lo quisiese hacer?

Del apotegma tan preconizado de que el pueblo no tiene idea sino sensaciones: apotegma de cuyo examen ideológico me es preciso prescindir en este momento, infiero lo contrario de lo que se ha deducido para dar a estas sensaciones vagas el carácter respetable con que se han presentado a nuestra vista.

En suma, se ha querido decir que el pueblo no es capaz de atinar en materias que piden serias discusiones: luego deben reservarse estas a los que sean capaces de emprenderlas.

En mi plan de reformas se ocurre a todas las dificultades que ofrece el estado actual de las cosas, pues no desconozco la necesidad de dar más fuerza a los poderes generales, dejando intacto el fondo del sistema y conciliando así todos los intereses y todas las pretensiones en las cuales hay algo de justicia, que es preciso atender para quitar a nuestra conducta el aspecto odioso con que se presentaría el triunfo tal vez de un partido expuesto siempre a oscilaciones.

Creo que falta en nuestra constitución un cuerpo intermediario, moderador o como quiera llamarse, que mantenga el equilibrio entre los altos poderes legislativo y ejecutivo, evitando sus mutuas usurpaciones y pronunciando definitivamente sobre las disputas que se susciten entre ellos, sin poder obrar por sí en caso alguno, sino excitado por uno solo de los poderes o por los dos a un tiempo.

El senado, tal como se halla constituido, no puede llenar las condiciones del cuerpo que propongo, porque se compone de los mismos elementos que la cámara de diputados y tiene por lo común los mismos intereses.

La organización de este poder moderador deberá ser obra de una ley particular en que ahora no debemos ocuparnos.

Considero también necesarias ciertas restricciones a la soberanía de los estados, en punto a contribuciones, fuerza armada y garantías individuales.

Debe en mi opinión reservarse al congreso general la facultad de determinar el máximun de la fuerza armada y de las contribuciones, con presencia de la estadística de cada estado.

En la elección del jefe supremo de la república, en la duración de su autoridad y prerrogativas de que deba estar investido, juzgo igualmente indispensables algunas reformas, de las que solo indicaré las más esenciales.

Debe durar seis años por lo menos con derecho de reelección, gozar de una inviolabilidad absoluta, menos en delitos de traición, y hacer recaer sobre los ministros toda la responsabilidad bien determinada por una ley especial.

Desde luego debe suprimirse la dignidad de vicepresidente, como la más ocasionada a usurpaciones y disturbios.

El veto merece también algunos correctivos para la mayor extensión de sus efectos saludables, y sería conveniente establecer que devuelto un proyecto de ley por el gobierno, no pudiese tomarse en consideración por la misma legislatura en que tuvo origen, sino por la que inmediatamente le suceda.

La materia de elecciones, es la que más imperiosamente está clamando por un arreglo bien meditado, de donde resulte la absoluta libertad de ellas, para que ni se prive de este derecho a ninguno de los que deben tenerlo, ni se admita a su ejército a los que carezcan de las condiciones que la ley debe fijar y discernir con la mayor exactitud y precisión.

No debe omitirse que los diputados y senadores desempeñarían mejor sus encargos durando ellos cuatro y seis años respectivamente, y renovándose por mitad cada dos y tres.

Las bases generales de la administración de justicia sería conveniente que dependiesen del congreso general, de modo que los estados en la formación de sus códigos particulares, no pudiesen apartarse de la norma que les diera, en cuanto a los puntos más generales en esta materia.

Por último, soy de sentir que nuestras tareas, sin tomar las apariencias alarmantes de una innovación total, deben limitarse a resolver el problema de fortalecer y dar más robustez y energía al supremo poder, sin perjuicio de las garantías individuales: operación menos aventurada en sus resultados, si se ejecuta respetando el fondo de la constitución actual, que si empezamos destruyéndolo todo y obligando a los ciudadanos por la fuerza a que se sometan a cuanto determinemos, sin más título que esta misma fuerza, pues no pueden alegar otro los que mandan, rompiendo las condiciones de su existencia legal.

La comisión que especialmente se ha nombrado para entender en todo lo concerniente a reformas, debe encargarse de examinar si son legalmente admisibles los proyectos que propongo, si conviene su adopción en las circunstancias presentes y cómo deban concebirse los acuerdos que han de pasar a la otra cámara: puntos susceptibles de extensos desenvolvimientos, que me reservo hacer verbalmente en la discusión, en la cual descenderé a las particularidades y pormenores que ahora me hace omitir el temor de molestar por más tiempo la atención de la cámara.

Por todo lo cual someto a su deliberación las proposiciones siguientes.

Primera. No se aprueba el acuerdo de la cámara de diputados que dice.

-Primera. El congreso general se declara investido por la nación de amplias facultades para variar la forma de gobierno y constituirlo nuevamente.

-Segunda. Usará de dichas facultades, continuando dividido en dos cámaras.

-Tercera. Si llegare el caso de discordia de algunos puntos, para solo ellos y solo para decidirla, se reunirá en una las dos cámaras, se abrirá segunda vez la discusión, y el punto de la discordia quedará aprobado por la mayoría de sufragios de los individuos presentes.”

Segunda. Pasarán a la comisión especial de reformas las actas de pronunciamientos, manifestaciones y cuantos documentos digan relación a la materia presente, para que en vista de estos datos consulte todas las reformas que crea convenientes.

México, agosto 26 de 1835.

Victoria.

Fuente original:

BN (Biblioteca Nacional de México), Colección Lafragua, vol. 764, impreso.

Fuente:

Carlos Herrejón Peredo y Carmen Saucedo Zarco. Guadalupe Victoria. Documentos. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Secretaría de Educación Pública. México, 2012. Primera edición. 557 pp.