1829
Providencia de la Comandancia general de México. Sobre el modo de declarar como testigos los jefes del ejército en los juzgados ordinarios.
Noviembre 12 de 1829.


Hoy digo al Sr. juez de las letras Lic. D. Mariano Ruiz de Castañeda, lo que sigue:

Habiendo pasado al Dr. Puchet los insidentes de la competencia que se ha formado entre el teniente coronel D. José Ignacio Yañez y vd., sobre que este jefe se presentase en ese juzgado de su cargo, me consulta con fecha 9 del actual lo que sigue:

El Sr. juez de letras D. José Ruiz de Castañeda, en oficio de 20 del pasado Octubre, que recuerda en otra, fecha 4 del corriente, expone que habiendo citado á su juzgado al Sr. coronel D. José Ignacio Yañez para la práctica de una diligencia judicial, le ha contestado, que sin el prévio permiso de esta comandancia general no puede obsequiar su pedido, y que siendo semejante respuesta contraria á lo determinado en la ley de 19 de Enero de 1823, expedida por la junta instituyente, V. S. le prevenga que se presente al tribunal á donde ha sido citado, y á cualquiera otro que se le llame, sin necesidad de prévio permiso ni otros requisitos que solo sirven para ocasionar contestaciones y trámites opuestos á la pronta administracion de justicia. La citada ley dice expresamente:

"Que toda persona de cualquiera clase ó condicion que sea, cuando tenga que declarar como testigo en alguna causa, criminal, está obligado á comparecer para este efecto ante el juez que conoce de ella, luego que sea citado por el mismo, sin necesidad de prévio permiso de jefe ó superior respectivo."

Pero nadie ignora que esta resolucion no puede en eldia tener fuerza de ley, porque el artículo 2 del decreto de 8 de Abril de 1823 la declara ilegal, como á todos los actos del gobierno del general Iturbide, ocurridos desde 19 de Mayo de 1822 hasta 29 de Marzo siguiente, los cuales dejó sujetos á revision para que se observaran ó nó, segun fuesen confirmados ó revocados.

Es menester, pues, una ley posterior confirmativa. para que la mencionada pudiera alegarse, y como no la hay en el particular, y ántes por el contrario, existe el artículo 154 de la constitucion, que continúa el fuero militar conforme á las leves vigentes entónces, la cuestion debe reducirse á si por éstas se encuentra fundada la intencion del juez.

Su pedido tiene dos partes: la una es que se prevenga al coronel Yañez que no hay necesidad de permiso para que se le cite, á declarar, y la otra que debe declarar en el juzgado ordinario.

En cuanto á la primera, es expresamente contraria al artículo 10, título 1°, tratado octavo de la ordenanza, que dice:

"Que todo individuo de fuero militar deberá declarar siempre que sea citado paraello por las justicias ordinarias, precediendo el aviso de éstas al comandante de que dependa" cuya prevencion se ve confirmada por la órden de 29 de Febrero de 1760, en que se manda que aun en loscasos de infraganti en que el aviso no se pueda dar ántes de recibir la declaracion al aforado, se dé inmediatamente después á su jefe, y en lo misino coinciden la multitud de cédulas y órdenes que cita Colondesde los párrafos 676 hasta el 689, tomo 3°, en todas las cuales se advierte que los comandantes generales ó jefes militares que fueren requeridos para conceder el permiso, lo negaron y la determinacion recae sobre si lo hicieron con razon ó sin ella.

Tratándose del segundo extremo, reducido á que el Sr. Yañez haya de comparecer ante el juez de letras, se ofrecen aún mayores dificultades, atendida la legislacion militar, en la que se hacen distinciones bien marcadas entre las personas de los testigos aforados y de los jueces que los citan, respecto del modo con que éstos deben recibir y aquellos evacuar sus declaraciones.

Los generales deben siempre declarar por informe ó certificado, por órden de 11 de Junio de 1794, cualquiera que sea el juez que lo solicite: los oficiales de capitan inclusive abajo deben testificar, prévio el permiso de sus jefes, compareciendo al juzgado ordinario á que sean llamados conforme á las órdenes de 14 de Octubre de 1774 y 7 de Julio de 1775, cuando hayan de examinarlos los jueces, que es lo que ahora siempre sucede, por la prohibicion general de cometer semejantes diligencias, á los escribanos; y por fin, los individuos de la clase media entre las dos referidas, que son propiamente los jefes del ejercito que sin ser generales se encuentran desde sargentos mayores inclusive arriba, ya sean propietarios ya graduados, cuando se les cite por jueces ordinarios inferiores, nunca y por ningun motivo deben comparecer ante ellos sino en casa del comandante general, y no habiéndolo, en el tribunal de la audiencia, y no existiendo ésta, en las casas consistoriales, como expresamente lo previene la órden de 12 de Octubre de 805 en sus últimas palabras, las cuales segun el Colon al párrafo 680 de su citado tomo III, derogaron la órden de 28 de Julio de 1800 en que se habia declarado que el privilegio de los mencionados jefes de comparecer á declarar en la posada del comandante general, era limitado á solas las causas que se instruyan militarmente ante los auditores por el juzgado militar, detallado en la ordenanza.

Si contra la doctrina de Colon, de que estas dos órdenes de Julio de 800 y Octubre de 805 son contrarias y aun derogadas por la otra, pueden alegarse razones en oposicion de ellas, es innegable que hay otras, y en este contraste por lo ménos resultaria una duda, que ni es V. S. quien se halla autorizado para decidirla, ni tampoco le toca promover su decision, ya porque para sostener el privilegio de los jefes del ejercito de no declarar en los juzgados, inferiores, le basta la opinion de este autor célebre, cuyos principios, como seguros, están recomendados á las autoridades militares, ya porque en favor de ellas está en el caso reciente el ejemplar que el Sr. Yañez cita del Juez de Hacienda que examinó en la comandancia general á los coroneles Cacho, Basconcelos y Espejo, de cuya certeza se ha informado el asesor, y es una prueba irrefragable de la posesion legal de que no se puede despojar á los jefes en cuyo rango está el Sr. Yánez y mucho menos por una declaracion que se diera por punto general, como parece indicar á V. S. el Sr. Juez de Letras en su oficio de recuerdo.

Contra todo lo expuesto pudiera oponerse el decreto de las Cortes españolas de 11 de Setiembre de 1826 que contiene la misma resolucion y en las propias palabras que reprodujo la junta Constituyente, el cual, como expedido ántes de nuestra independencia, y aun del grito de Iguala, es menester convenir en que fué dado en tiempo hábil sin embargo, como no se publicó aquí, habiéndolo hecho los virreyes con otros de su propia fecha, y por otra parte, aun cuando se hubiera publicado, está mandada suspender su observancia por otro decreto de nuestros congresos que es el de 23 de Agosto de 1822, no es ley entro tanto, ni puede en cosa alguna derogar las antiguas.

Por ellas, y porque la posesion de conceder el permiso aun á los oficiales subalternos y á cualesquiera otro individuo del fuero de guerra, está no ménos constante y comprobada en la multitud de oficiales que al efecto diversos jueces extraños, incluso el exhortante, han pasado á V. S., le parece al asesor que se sirva prevenir al. Sr. coronel Don José Ignacio Yañez que comparezca en esta Comandancia para practicar la diligencia judicial para que se le cita) el dia que lo verifique el Sr. Lic. Ruiz de Castañeda, y que así se contesten á éste sus dos notas relativas, insertándole la presente consulta, por no estar otra cosa en las facultades de V. S., mientras no se le presento ley ó decreto vigente que derogue las que por ordenanza y posteriores resoluciones le competen para conservar la disciplina militar y el decoro de la benemérita clase de los jefes del ejército mexicano.

Noviembre 9 de 1829.-

Dr. Puchet.-

Avísolo á V. como resultado de su oficio relativo de 24 de Octubre próximo pasado, esperando que tan luego como quede fijado el dia en que debe practicarse la diligencia que ha dado orígen á esta competencia, se presente con toda puntualidad.

Fuente:

Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República. Ordenada por los licenciados Manuel Dublán y José María Lozano.

http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/dublanylozano/