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Siglo XIX > 1820-1829 > 1825

El Poder Ejecutivo de Querétaro da a conocer que el Congreso Constituyente del Estado ha decretado y sancionado la Constitución Política del propio Estado.
Querétaro, agosto 12 de 1825.

EL PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE DE QUERÉTARO.

Acatando la Ley electoral expedida por el 2º Congreso Nacional, el 16 de agosto de 1824, se citaron en el Estado de Querétaro elecciones para formar su primer Congreso Constituyente.

El Congreso se instaló el día 1º de diciembre de 1824, compuesto por los siguientes señores Diputados:

Don Ignacio de la Fuente

Don Ramón Covarrubias

Don Diego Septién

Don José María Blasco

Don Sabás Antonio Domínguez

Don Juan José García Rebollo

Don José Ignacio Yáñez

Don Juan Nepomuceno Acosta

Al iniciar sus labores, como sucede en todo cuerpo colegiado, se eligió Mesa Directiva, que se formó así:

Presidente:
Don Ignacio de la Fuente

Vice:
Don José Ignacio Yañez

Secretario:
Don José Mariano Blasco

Secretario:
Don Sabás Antonio Domínguez

Fue su primera preocupación del Congreso, el elegir la que llamó Comisión de Constitución, encargada de elaborar un Proyecto de Constitución que sirviera de base para las discusiones y las encausara.

Esta comisión se formó con los diputados:

José Mariano Blasco, José Diego Septién e Ignacio de la Fuente, habiendo sido su presidente el primero de los nombrados.

Entre tanto la Comisión nombrada podía cumplir su cometido, el Congreso Constituyente, nombró el Poder Ejecutivo Provisional del Estado compuesto por los señores:

Don José María Diez Marina (quien el año siguiente sería el primer gobernador del Estado).

Don Andrés Quintanar

Don Juan José Pastor

Estos funcionarios sustituyeron al coronel José Joaquín del Calvo, quien tenía el mando político de Querétaro desde la época del señor Iturbide.

Por fin, el día 26 de diciembre de 1824, la Comisión de Constitución entregaba su Proyecto de Constitución, mismo que inmediatamente se hizo del conocimiento de todos los señores Diputados:

Este proyecto de Constitución, es el primer documento constitucional del Estado y tiene capital importancia para su historia.

Durante siete meses y medio la Asamblea debatió el proyecto, que mucho reformó y el día 12 de agosto de 1825 era expedida la primera Constitución Política del Estado de Querétaro, que ese mismo día se apresuró a promulgar y publicar el Poder Ejecutivo Provisional.

Algunas características de la Constitución de 1825.

Un muy adelantado sistema de garantías individuales, colocado en la Sección Novena referente a la administración de la justicia, en sus artículos 195 al 225.

Se insiste, reiteradamente, en la libertad de pensamiento y en la libertad de prensa.

Como una prueba de la preocupación intelectualista de la época, y de la creencia de que fomentando la cultura y la educación, podían conjurarse muchos males, encontramos que dedica todo el Título XIII a la educación pública ordenando: que en todos los pueblos del Estado se establezcan escuelas de primeras letras:

Que también se establezcan en las haciendas y rancherías en la obligación de sus propietarios o de los fondos municipales, si fuere necesario, y esto que es muy interesante:

Que se enseñe un catecismo político de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad y cuya formación dispondrá el Congreso.

Su adhesión al sistema federal más puro, estableciendo la división clásica de los tres poderes y creando la figura política del Gobernador del Estado, desconocida hasta entonces, mandatario que es responsable de la vida de su pueblo.

Crea el Vicegobernador del Estado para mantener sin solución el Poder Ejecutivo que así, siempre tendrá representante.

Sin asomos de nacionalismo regional, todos los mexicanos pueden aspirar a cargos públicos del Estado, con sólo el requisito necesario de vecindad, indispensable, desde luego, para poder conocer las necesidades y las aspiraciones de la sociedad queretana.

Adelantado el siglo y medio de su época, fija la mayoría de edad en los 18 años (artículo 18), dando toda clase de oportunidades políticas a la juventud.

Considerando que si la Legislatura del Estado se integra con un número pequeño de diputados, sería fácil presa del Gobernador, establece que sean trece el mínimo legal para que quede integrada.

Divide el territorio del Estado en seis distritos: Querétaro, San Juan del Río, Amealco, Cadereyta, Tolimán y Jalpan, ordenando que sufraguen un diputado cada 15,000 habitantes evitando, con esta medida, la indebida preponderancia del Distrito de Querétaro y la injusta posterga de la Sierra Gorda.

El gobernador dura cuatro años en su mandato, pero los diputados únicamente la mitad, para permitir una renovación de ideas políticas dentro del mandato.

Forma el Poder Judicial con tres Ministros y un Fiscal (Procurador de Justicia) y le señala los cuatro años de duración constitucional, mira la inamovilidad del Poder Judicial, no se atreve a decretarla, pero impide al Gobernador y a la Legislatura tocar las personas de los Ministros o los asuntos judiciales, cuando dice en su artículo 147:

«Ni el gobernador ni la legislatura, podrán avocarse al conocimiento de los negocios pendientes en los tribunales, ni mandar reabrir los juicios fenecidos».

Crea el jurado como base de la justicia penal, considerando ser la única forma de obtener verdadera justicia; el hombre debe ser juzgado por sus pares, es decir, por sus iguales, quienes mirando el hecho imputado y sus circunstancias decidan si hay o no culpabilidad.

Hermoso desideratum que se perdió en nuestra Nación.

Finalmente, da al Estado la manera de defenderse de cualquier agresión o injusticia, creando la Milicia Cívica que es una realidad y que juega un papel muy importante en los destinos de México.

Mucho hizo, aun cuando también, mucho olvidó nuestra primera Constitución, pero no es culpa del legislador queretano, hubiera ido más allá, pero se sintió detenido por la Constitución Federal de 1824 que dejara en el olvido todas las aspiraciones de reivindicación social y económica realizadas por el gran caudillo don José María Morelos en Apatzingán.

EL PODER EJECUTIVO nombrado provisionalmente por el Congreso Constituyente del Estado de Querétaro a todos sus habitantes, sabed: que el mismo Congreso ha decretado y sancionado la siguiente Constitución Política para la administración y gobierno interior del propio Estado.

En el nombre de Dios todopoderoso, autor de la sociedad, y por quien los legisladores decretan lo justo.

El Congreso constituyente del Estado de Querétaro, deseando corresponder a la confianza de los pueblos sus comitentes, asegurarles en el goce de sus derechos naturales y civiles, y promover su engrandecimiento y prosperidad por medio de leyes fundamentales, decreta la siguiente Constitución política para al gobierno y administración del Estado.

TÍTULO I.
Del Estado de Querétaro, de su soberanía y del modo de ejercerla

Sección Primera

Art. 1º El Estado de Querétaro es la reunión de todos los queretanos avecindados, conforme a las leyes, en el territorio del mismo.

Sección segunda

2. El estado de Querétaro, parte integrante de la Federación mexicana, es libre independiente y soberano en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior.

Sección tercera

3. El Estado se arreglará en el ejercicio de su soberanía a la Acta Constitutiva, a la Constitución Federal y a la presente.

TÍTULO II
Del territorio del Estado y de su división

Sección Primera

4. El territorio del Estado se compone por ahora del que han comprendido los partidos de la capital, San Juan del Río y Cadereyta.

Sección Segunda

5. El territorio del Estado se dividirá para lo sucesivo en seis distritos que serán:

Amealco, que comprenderá las municipalidades de su capital y de Huimilpan.

Cadereyta, que comprenderá las municipalidades de su capital y Real del Doctor.

San Juan del Río, que comprenderá la municipalidad de su capital y Tequisquiapan.

San Pedro Tolimán, que comprenderá las municipalidades de su nombre, San Francisco Tolimanejo, Santa María Peñamillera y San Miguel Tolimán Querétaro, que comprenderá las municipalidades de su capital, San Francisco Galileo, San Pedro de la Cañada y Santa Rosa.

Jalpan, que comprenderá las municipalidades de su capital, San José de los Amoles, San Pedro Escanela, Landa, Arroyo Seco y nuestra señora de Guadalupe Ahuacatlán. Pacula y Jiliapan pertenecerán a este distrito, cuando se declare que corresponden al Estado.

El Congreso podrá alterar esta división siempre que lo exija la conveniencia de los pueblos.

TITULOIII
De los habitantes del Estado, de sus derechos y obligaciones

Sección Primera

7. El Estado prohíbe para siempre la esclavitud en cualquiera de los individuos que lo compongan.

Una ley determinará el modo de hacer efectiva esta disposición, respecto de los esclavos que haya en el Estado cuando se publique esta Constitución.

Sección Segunda

8. Todos los hombres que habiten en el Territorio del Estado aun en clase de transeúntes, están bajo el amparo y protección de las leyes, y el Estado les garantiza sus naturales e imprescriptibles derechos de libertad, seguridad, propiedad e igualdad.

9. También les garantiza el derecho de publicar sus ideas con sujeción a las leyes.

10. Garantiza igualmente a los ciudadanos queretanos el derecho de petición, cuyo uso se arreglará por una ley.

11. La enumeración de algunos derechos de los queretanos en esta Constitución no podrá alegarse como exclusión a los demás que por la Constitución Federal y leyes generales les competan.

Sección Tercera

12. Todos los habitantes en territorio del Estado, aun en clase de transeúntes, están obligados a obedecer las leyes que rijan en él, y a respetar las autoridades establecidas.

TITULOIV
De los queretanos y ciudadanos queretanos.

Sección Primera

13.Son queretanos:

Primero, todos los hombres nacidos en el territorio del Estado.

Segundo, los que habiendo nacido en cualquiera otro lugar de la federación se avecinden en el Estado.

Tercero, Los extranjeros que hayan obtenido del Congreso carta de naturaleza, y los que sin ella tengan el tiempo de vecindad que determinará una ley.

Sección segunda

14. Son ciudadanos queretanos:

Primero, todos los hombres nacidos de padres mexicanos en el territorio del Estado, y avecindados en él.

Segundo, Los ciudadanos de los demás estados luego que se avecinden en éste.

Tercero, los nacidos de padres mexicanos en país extranjero, si la residencia de éstos en él hubiere sido por causa de la República o con licencia del supremo Gobierno de ella o del de algún Estado y se avecindaren en éste.

Cuarto, los extranjeros que estén avecindados en el Estado, cuando se publique en su capital esta Constitución.

Quinto, Los extranjeros naturalizados en el Estado que tengan un año de vecindad después de su naturalización.

Sexto, los extranjeros que en lo sucesivo obtengan carta de ciudadanía.

15. Esta carta se concederá por el Congreso a los extranjeros naturalizados en el Estado:

Primero, porque contraigan matrimonio con mexicana, o porque se naturalicen siendo casados.

Segundo, porque después de naturalizados hayan hecho algún servicio distinguido en favor de la Nación o del Estado.

16. Lo que se dispone en el párrafo 30 del artículo 13 y en los párrafos 3º y 4º del artículo 14 queda subordinado a lo que determine el Congreso General conforme a la atribución 26 del artículo 50 de la Constitución Federal.

17. No se concederá por el Congreso carta de ciudadanía ni de naturaleza a los extranjeros a quienes se les haya negado el de la Federación; pero si la negativa hubiere sido por falta de méritos, podrán gozar de una u otra conforme a los artículos anteriores a este título.

18. Al cumplir la edad de 18 años entrarán los queretanos en el ejercicio de los derechos de ciudadanía para los efectos que se expresan en los artículos 10 y 23, a menos que deban perderlos o quedar suspensos de ellos conforme a los artículos siguientes.

19. Los derechos de ciudadanía se pierden para los efectos que se expresan en los artículos 10, 23 y 24 solamente:

Primero, por adquirir naturaleza en país extranjero.

Segundo, por admitir empleo o condecoración del gobierno extranjero, sin consentimiento del Congreso del Estado.

Tercero, por sentencia ejecutoria en que se impongan penas aflictivas o infamantes.

Cuarto, por haber residido cinco años consecutivos fuera de la República sin comisión del gobierno general o del Estado, o sin licencia de éste.

20. El que haya perdido los derechos de ciudadanía, no puede recobrarlos, sino por rehabilitación del Congreso.

21. El ejercicio de los mismos derechos se suspende para los efectos de que habla el artículo 19 solamente:

Primero, por incapacidad física o moral, notoria o declarada por autoridad competente, previos los requisitos y solemnidades que dispongan las leyes.

Segundo, por la profesión religiosa en cualquiera orden de regulares.

Tercero, por el estado de deudor a los caudales públicos con plazo cumplido y habiendo procedido requerimiento para el pago.

Cuarto, por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido.

Quinto, por hallarse procesado criminalmente.

22. El ejercicio de los mismos derechos se suspende para la voz pasiva, solamente:

Primero, por el Estado de sirviente doméstico;

Segundo, por no saber leer ni escribir; pero esta disposición no tendrá efecto sino hasta el año de 1845.

23. Solamente los queretanos que estén en ejercicio de sus derechos de ciudadanía conforme a los artículos anteriores pueden sufragar en las juntas populares.

24. Solo los queretanos que estén en pleno goce de los derechos de ciudadanía pueden entrar en ejercicio de los empleos populares, y de cualquiera otro del Estado.

25. Exceptuándose de la disposición del artículo anterior los empleos facultativos que podrán conferirse a individuos que no sean vecinos del Estado.

TITULO V
De la religión del Estado, forma de su gobierno y división de poderes.

Sección Primera

26. La religión del Estado es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquiera otra. El Estado la protege con leyes justas.

Sección Segunda

27. El gobierno del Estado es republicano, representativo, popular, federado.

28. Ningún empleo, cargo o condecoración del Estado será hereditario. Los privilegiados que se conceden serán por tiempo limitado.

Sección Tercera

29. El Supremo poder del Estado se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.

30. En ningún caso se podrán reunir estos poderes, ni dos de ellos en una persona o corporación.

31. El poder legislativo jamás podrá depositarse en una sola persona.

TITULO VI
Del poder legislativo

Sección Primera
Del Congreso

32. El poder legislativo del Estado se deposita en un Congreso compuesto de diputados electos según ésta Constitución.

33. No podrá el Congreso abrir sus sesiones sin la concurrencia de la mayoría absoluta del número total de sus miembros.

34. Las formalidades para la instalación del Congreso y la solemnidad con que deba abrir y cerrar sus sesiones, se prescribirán en el reglamento de su gobierno interior.

Sección segunda
De las atribuciones del Congreso

35. Las atribuciones del Congreso:

Primera, decretar leyes para la administración y el gobierno interior del Estado en todos sus ramos e interpretar, aclarar, reformar o derogar las establecidas.

Segunda, calificar las elecciones y calidades de los diputados, para admitirlos o no en su seno.

Tercera, elegir senadores para el Congreso general; sufragar para la elección del Presidente y vicepresidente de la República, y para los individuos de la Suprema Corte de Justicia, con arreglo a lo prevenido en la Constitución Federal.

Cuarta, conceder cartas de naturaleza y ciudadanía a los extranjeros arreglándose en las primeras a la ley general que se dicte en virtud de la atribución 26 del artículo 50 de la Constitución Federal.

Quinta, autorizar por tiempo limitado al gobierno con facultades extraordinarias, siempre que se le exija el bien general del Estado.

Sexta, declarar en los casos que ocurran si ha o no lugar a la formación de causa de los diputados, al gobernador y vice-gobernador; y en las de responsabilidad al secretario del despacho de gobierno, a los individuos de la junta consultiva y a los del supremo tribunal de justicia, por el ejercicio de sus respectivas funciones.

Séptima, hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios expresados en la atribución anterior. Una ley arreglará cómo haya de tener efecto esta atribución.

Octava, conceder indultos generales o particulares por delitos cuyo conocimiento corresponda exclusivamente a los tribunales del Estado.

Novena, crear tribunales inferiores al supremo de justicia, con arreglo a esta Constitución.

Décima, decretar la creación o supresión de plazas, en las oficinas de los tribunales, el número de los subalternos de ellos y el de oficios públicos.

Undécima, aprobar las ordenanzas municipales de los pueblos y los reglamentos generales para la policía y salubridad del Estado.

Duodécima, fijar anualmente los gastos de la administración pública en todos sus ramos.

Décimatercia, decretar contribuciones para cubrirlos, y el método de recaudarlas.

Décimocuarta, aprobar el repartimiento de ellas entre los distritos.

Décimoquinta, examinar y aprobar las cuentas de recaudación e inversión de todos los caudales del Estado en los diversos ramos de su administración.

Décimosexta, sistemar la administración de las rentas del Estado.

Decimaséptima, conceder premios o recompensas a los que a favor de él, hayan hecho distinguidos servicios.

Décimoctava, aprobar la distribución en los distritos del cupo de hombres que corresponda al Estado para el servicio en la milicia activa, y reemplazos del ejército permanente.

Décimonona, aprobar los arbitrios para obras públicas de beneficencia, utilidad común o recreo.

Vigésima, decretar el plan de enseñanza pública para todo el Estado.

Vigésimaprima, proteger la libertad política de la imprenta.

Vigésimasegunda, recibir juramento a los individuos que previene la Constitución y en adelante dispusieren las leyes.

Vigésimatercia, ejercer todas las funciones legislativas en lo que no contraríen a la Acta constitutiva, Constitución federal o leyes generales.

Sección tercera
De los diputados

36. Ningún vecino del Estado podrá excusarse de admitir el nombramiento de diputado.

37. Los diputados serán inviolables por sus opiniones, manifestaciones en el ejercicio de su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

38. Los diputados durante su misión no podrán ser demandados civilmente sino por deudas, para cuya satisfacción podrán ser en su caso ejecutados.

39. Para declarar si ha o no lugar a la formación de causa de los criminales que se intenten contra los diputados, se constituirá el Congreso en gran jurado, compuesto a lo menos de las tres cuartas partes del total de ellos.

40. No habrá lugar a la formación de causa, cuando no voten por la afirmación dos tercias partes del número de diputados presentes; y en tal caso jamás podrá tocarse el asunto en consideración por ningún tribunal.

41. Si se declarase por el Congreso haber lugar a la formación de causa a algún diputado, quedará éste suspenso de su encargo y a disposición del tribunal competente.

42. Los diputados durante su misión y cuatro meses después no podrán obtener empleo alguno de nombramiento del gobierno, a menos que les corresponda por escala.

43. Para indemnizar a los diputados, se les asistirá con dietas que se señalarán por ley, y serán pagadas por la tesorería general del Estado.

Sección cuarta
De la base para la elección de diputados

44. La base para la elección de diputados será la población.

45. En ningún caso será el número de estos menos de trece, ni más de veinte y uno.

46. Por cada quince mil personas de cualquier sexo y edad, se nombrará un diputado.

47. Esta base subsistirá mientras la población no baje de ciento noventa y cinco mil personas, ni exceda de trescientos quince mil. En el primer caso se reducirá de modo que resulten trece diputados; y en el segundo, se aumentará hasta que produzca veintiuno.

48. Si de la población total del Estado dividida por la base señalada en el art. 45, resultare una fracción que exceda o llegue a la mitad de dicha base, se nombrará otro diputado.

49. Cada seis años se hará un censo general del Estado, al que se arreglarán las elecciones siguientes.

Sección quinta
De la elección de diputados

50. Los diputados serán nombrados por los distritos

51. La elección será popular e indirecta por medio de juntas primarias y secundarias que se celebrarán en los términos que prevenga una ley particular que también prescribirá las calidades de los electores.

52. La elección se verificará cada dos años, en el segundo domingo del mes de julio.

53. Cada distrito nombrará los diputados que le correspondan por su población según la base prefijada. Si resultare una fracción que exceda o llegue a la mitad de dicha base, nombrará otro diputado.

54. Los distritos alternarán en el uso de la facultad que se les concede en la segunda parte del artículo anterior, siempre que por las fracciones resulte mayor número de diputados que el que señala el art. 45 después de aumentada la base como proviene el art. 47. También alternarán los distritos en el nombramiento de los diputados, si por las fracciones resultare mayor el número de éstos, del que corresponda a la población total.

55. Cada distrito nombrará también el número de diputados suplentes que le corresponda a razón de uno por cada tres propietarios, o por una fracción que llegue a dos. Los distritos que tuviesen menos de tres diputados, elegirán sin embargo un suplente.

56. El nombramiento de diputado propietario preferirá al del suplente.

57. Si un mismo ciudadano fuere nombrado diputado por varios distritos, subsistirá el nombramiento:

Primero, por el distrito de su residencia.

Segundo, por el de su naturaleza

Tercero, por el en que haya reunido mayor número de votos; y en el caso de empate por el que decida la suerte.

58. Para ser diputado se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, y con tres de vecindad en el Estado, no interrumpida conforme a las leyes al tiempo de la elección. A los nacidos en el Estado les basta un año de vecindad en los términos que expresa este artículo.

59. La vecindad de los extranjeros para ser diputados será la de ocho años, y tendrán la circunstancia de estar casados con mexicana.

60. Exceptuándose de la disposición anterior los extranjeros nacidos en cualquiera otra parte de la América, que en el año de 1810 dependía de España, y no se haya unido a otra nación, ni permanezca en dependencia de aquella, a quienes bastará tener los requisitos prevenidos en el artículo 58.

61. Están impedidos para ser electos diputados:

Primero, los empleados de nombramiento del gobierno federal, y los del Estado.

Segundo, los individuos del ejército permanente y de la milicia activa, no comprendiéndose los retirados aunque gocen fuero.

Tercero, el gobernador y vice-gobernador del Estado.

Cuarto, el secretario del despacho de gobierno.

Quinto, los que ejerzan jurisdicción eclesiástica que se extienda a todo el Estado.

Sexto, los vicarios foráneos y jueces eclesiásticos en el distrito en que ejerzan jurisdicción, si ésta se entendiere a todo él.

Séptimo, los extranjeros en el tiempo en que haya declarada guerra entre la nación de su origen y la mexicana.

62. Para ser diputado suplente se requieren las mismas circunstancias que para propietario.

63. Respecto de los diputados suplentes se observará lo prevenido en el artículo 57.

64. respecto de los diputados suplentes serán llamados para desempeñar las funciones de los propietarios:

Primero, por insubsistencia de los nombramientos de éstos.

Segundo, por su destitución y muerte.

Tercero, por impedimento físico o moral calificado por el Congreso.

Sección sexta
De la reunión ordinaria del Congreso y de su duración.

65. El Congreso reunirá todos los años los días 17 de febrero y 17 de agosto, en la capital o en el lugar que anticipadamente se señale por una ley.

66. No podrá el Congreso trasladarse de la capital a otra parte del territorio del Estado, sin que previamente lo acuerde por el voto unánime de las dos terceras partes del número total de diputados.

67. Las sesiones del Congreso que comienzan el día 17 de febrero se cerrarán el día 16 de mayo. Las sesiones que comienzan el día 17 de agosto terminarán el día 16 de septiembre; y en otra época podrá el Congreso prorrogarlas por quince días útiles.

68. Ocho días antes de cerrar el Congreso sus sesiones ordinarias, nombrará una diputación compuesta de cinco individuos de su seno, que se denominará diputación permanente del Congreso. En el mismo elegirá también suplentes para esta diputación.

Sección séptima
De la diputación permanente del Congreso

69. Al día siguiente de haber cerrado el Congreso sus sesiones ordinarias, se reunirán los individuos nombrados para la diputación permanente, y elegirán de entre ellos mismos un presidente y dos secretarios que durarán todo el tiempo de la diputación.

70. La diputación permanente del Congreso durará hasta la siguiente reunión ordinaria de este.

71. Las facultades de la diputación serán:

Primera, velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, y dar cuenta al Congreso en su próxima reunión ordinaria de las infracciones que haya notado.

Segunda, convocar al Congreso señalando lugar y día para su reunión extraordinaria en los casos siguientes:

1º Si se verifica la invasión enemiga en cualquiera parte de la República.

2º Si se perturbare notablemente la tranquilidad pública del Estado, de modo que a juicio de la diputación exija la reunión del Congreso.

3º Si en virtud de diferencias entre algunos estados se hiciere uso de la fuerza.

4º Si lo exigiere el cumplimiento de alguna ley o decreto del Congreso General.

5º Si el gobernador invitare al efecto de la misma diputación.

Tercera, circular la convocatoria por medio del presidente, si después del tercer día de comunicada al gobernador para el efecto, no lo hubiere verificado.

Cuarta, llamar a los diputados suplentes para la misma diputación en caso de fallecimiento o imposibilidad de alguno de sus individuos.

Quinta, llamar a los diputados suplentes para el congreso; y si también estos hubieren fallecido o estuvieren imposibilitados para cubrir su falta, expedir las órdenes convenientes para que proceda a nueva elección el respectivo distrito.

Sexta, las demás funciones que le señala esta Constitución, y las que le designe el reglamento interior del Congreso

Sección Octava
De la reunión extraordinaria del congreso

72. El Congreso extraordinariamente reunido no deliberará sobre otro objeto que aquél para que fuere convocado.

73. La reunión extraordinaria del Congreso no impedirá las elecciones para la renovación periódica de sus individuos.

74. Si llegado el tiempo de las sesiones ordinarias, el Congreso se hallare reunido en extraordinarias, cesarán éstas, y el asunto que las motivó se continuará tratando en aquellas.

Sección novena
De la formación de las leyes y de su sanción

75. Se tendrá como iniciativa de ley o decreto:

Primero, las proposiciones que haga al Congreso el gobernador, recomendándolas expresamente con aquella calidad.

Segundo, las proposiciones que en los mismos términos hagan los ayuntamientos.

Tercero, las proposiciones que se presentaren al Congreso firmadas por tres o más diputados.

76. El modo, forma o intervalos para las discusiones y votaciones se prescribirán en el reglamento del gobierno interior del Congreso.

77. Ningún proyecto de ley se votará si no se hallaren presentes las dos terceras partes del número total de diputados.

78. La derogación, reforma o interpretación de las leyes o decretos se hará con los mismos requisitos que se prescriban para su formación.

79. Las leyes y decretos se comunicarán al gobernador firmadas por el presidente y secretarios del Congreso.

Sección décima
De la publicación de las leyes

80. El gobernador publicará los decretos dentro de diez días incluso el de su recibo.

81. El gobernador podrá suspender por una sola vez la publicación de los decretos de las leyes que no sean constitucionales o relativos al gobierno interior del Congreso, exponiéndole dentro del término expresado en el artículo anterior, y escuchado el dictamen de la junta consultiva, las observaciones que le ocurran.

82. El gobernador publicará sin recurso las leyes o decretos, si dentro término expresado no hubiere remitido sus observaciones al Congreso.

83. Si el Congreso cerrare sus sesiones antes de que se cumpla el término expresado, tendrá efecto lo prevenido en el artículo antecedente, si al tercero día de la inmediata reunión ordinaria de aquel no hubiere el gobernador diríjole sus reflexiones.

84. Presentadas las reflexiones, volverá el Congreso a discutir el proyecto, pudiendo asistir a la discusión y hablar en ella el secretario del despacho.

85. Si las reflexiones del gobernador consistieren en que la ley se opone a otra general, o a algún artículo de la constitución federal, y examinarlas por el Congreso las calificare infundadas, consultará al de la federación la inteligencia de la ley a que se refiere el gobernador, y con presencia de lo que resuelva, se tratará de nuevo el asunto.

86. Aprobado por segunda vez el proyecto, se devolverá la ley o decreto al gobernador, y éste dispondrá sin recurso que se publique y circule.

87. El gobernador para publicar las leyes y decretos usará de la fórmula siguiente: el gobernador del Estado de Querétaro a todos sus habitantes, sabed: Que el Congreso del mismo estado ha decretado lo que sigue. (Aquí el texto literal) Por tanto mando se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

88. El gobernador circulará las leyes o decretos autorizados por el secretario del despacho, sin cuyo requisito no se publicarán.

89. Las leyes obligarán en cualquiera lugar del territorio del Estado, desde el día en que se publiquen en la respectiva municipalidad.

Apéndice a este título
De la elección de los diputados para el Congreso General

90. La elección de diputados para el Congreso general se verificará con arreglo a la ley del Estado de 16 de agosto de 1824, reformada en la parte que se oponga a esta constitución.

Titulo VII
Del poder ejecutivo

Sección Primera

91. El poder ejecutivo se depositará en un individuo que se denominará gobernador del Estado, y será electo según esta Constitución.

92. Habrá también un vicegobernador electo en la misma forma, en quien recaerán todas las facultades y prerrogativas del gobernador en casos en que cubra su falta.

Sección segunda
De las cualidades que se requieren para ser gobernador o vice-gobernador.

93. Para ser gobernador o vicegobernador se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, nacido en la República, de edad de treinta años cumplidos, y con cinco de vecindad en el Estado, interrumpida según las leyes al tiempo de la elección.

94. Ni el gobernador ni el vicegobernador podrán ser reelectos sino hasta el año cuarto de haber cesado en sus funciones.

95. Ni los eclesiásticos, ni los empleados de la federación pueden ser gobernadores ni vicegobernadores.

96. El desempeño de estos empleos es preferente a cualquiera otro del Estado.

Sección tercera
De la elección de gobernador y vicegobernador.

97. La elección de gobernador y vicegobernador se hará por las juntas electorales de distrito, acto continuo al nombramiento de diputados.

98. Cada junta nombrará dos individuos de cada uno en uno y a pluralidad absoluta de votos de los electores presentes; y el presidente de ella remitirá a la diputación permanente del Congreso copia autorizada de la acta de la elección.

99.Al segundo día de la reunión ordinaria del Congreso, el presidente que haya sido de la diputación permanente presentará las copias de las actas, y después de haberse leído se pasarán a la comisión compuesta de un diputado de cada distrito, la que revisará aquellos documentos, informando dentro de tercero día lo que ocurriere sobre su legalidad, su contenido y circunstancias de los postulados.

100. En la sesión inmediata procederá el Congreso a calificar las elecciones y la enumeración de los sufragios.

101. El que reuniese la mayoría absoluta de los votos computada por el número de distritos, y no por el de electores de ellos será gobernador.

102. Si dos tuviesen dicha mayoría, será el gobernador el que haya reunido mas votos, y el otro quedará de vicegobernador. En caso de empate en la misma mayoría, elegirá el Congreso uno de los dos para gobernador; y el otro quedará de vicegobernador.

103. Si ninguno reuniere la pluralidad absoluta de votos elegirá el Congreso de entre los dos que tuvieren la mayoría respectiva. Si más de dos individuos la tuvieran en igualdad de votos, elegirá de entre ellos los dos que deban competir en la elección principal. Lo mismo sucederá si todos tuvieren igual número de votos, entrará a competir aquel con el que de entre estos elija el Congreso.

Lo mismo se observará cuando uno tenga la mayoría respectiva, y los demás igual número de votos. Lo prevenido en este artículo respecto del gobernador, se entenderá igualmente en la elección del vicegobernador.

104. Si el que tuviere la mayoría respectiva reuniere la tercera parte o más del número total de los votos, y los que le compitan no excediesen de la cuarta, no podrá dejar de ser electo aquel para uno de los encargos de gobernador o vicegobernador.

105. En las elecciones de gobernador o vicegobernador que haga el Congreso, sufragarán los diputados por distritos, teniendo la representación de cada uno un solo voto. Lo mismo se hará para calificar las elecciones de los distritos.

106. No procederá el Congreso a deliberar sobre las elecciones hechas por los distritos, ni a declarar el individuo que fuere electo, sin la concurrencia de las dos terceras partes del número total de los individuos que lo compongan, y sin que estén presentes por lo menos diputados de las tres cuartas partes de los distritos.

107. El Congreso observará la ley de su gobierno interior en todo lo que no previenen los artículos precedentes.

Sección cuarta
De la duración del gobernador y vicegobernador, y del modo de llenar sus faltas

108. El gobernador y vicegobernador tomarán posesión de sus respectivos empleos el día 25 de agosto, y serán relevados en igual día cada cuatro años.

109. Si por cualquier motivo el gobernador electo no estuviere pronto a entrar en el ejercicio de sus funciones el día señalado en el artículo anterior, entrará a ejercerlas el vicegobernador nuevamente electo.

110. Si tampoco este se hallare pronto al efecto, cesarán sin embargo el gobernador y vicegobernador, y se depositará entre tanto el poder ejecutivo en un individuo que elegirá el Congreso a pluralidad absoluta de votos de entre los vocales de la junta consultiva de gobierno que se hallen en el ejercicio, y de los que hubieren sido nuevamente electos.

111. Lo prevenido en el artículo anterior se observará también cuando el gobernador y vicegobernador estuvieren impedidos temporalmente para ejercer sus funciones. Si el impedimento acaeciere durante el receso del Congreso, ejercerá las facultades de este la diputación permanente.

112. En caso de impedimento perpetuo o muerte del gobernador y vicegobernador; se cubrirá provisionalmente la falta del primero en los términos prevenidos en los dos artículos anteriores, y el Congreso o la diputación permanente dispondrá que los electores de distrito que nombraron los diputados que estén en ejercicio, procedan a elegir gobernador y vicegobernador para el tiempo que falte. Si solo el encargo de vicegobernador resultare vacante, se proveerá también por nuestra elección.

113. respecto de los individuos que fueren nombrados para gobernador o vicegobernador en los casos del artículo anterior, se observará lo prevenido en el artículo 94.

114. Las elecciones hechas en virtud del artículo 112 no embarazarán las periódicas que deben hacerse cada cuatro años.

Sección Quinta
Del juramento que deben otorgar

115. El gobernador y vicegobernador al tomar posesión prestarán juramento ante el Congreso, y en su recelo ante la diputación permanente, bajo la fórmula que sigue: - Yo N. electo gobernador o vicegobernador del Estado de Querétaro, juro por Dios, que ejerceré fielmente el encargo que me ha confiado, y que guardaré y haré guardar su Constitución Política y leyes, como también la Acta constitutiva, la Constitución Federal y leyes generales.

Sección sexta
De las atribuciones del gobernador

119. Las atribuciones del gobernador son:

Primera, cuidar de la observancia de la Acta constitutiva, de la Constitución Federal y de la del estado; publicar, circular y hacer guardar las leyes generales y las de ésta, expidiendo cuando sea necesario, reglamentos o decretos para su mejor ejecución.

Segunda, proteger la libertad individual de los habitantes del Estado.

Tercera, remitir al congreso y a la diputación permanente copia de las leyes y decretos del Congreso general, y de los decretos u ordenes del Presidente de la República que se le comuniquen.

Cuarta, cuidar del orden y tranquilidad pública del Estado.

Quinta, nombrar y remover libremente al secretario del despacho.

Sexta, cuidar de que se administre pronta, cumplida e imparcialmente justicia.

Séptima, nombrar a propuesta en terna de la junta consultiva los funcionarios y empleados del Estado que no sean de nombramiento popular, ni de alguna otra persona o corporación según las leyes.

Octava, devolver por segunda vez a la junta consultiva las ternas que se propongan, si lo estimare conveniente.

Nona, suspender hasta por tres meses la junta consultiva, y aun con rebaja de la mitad del sueldo, a los empleados de nombramiento del mismo gobernador; pero si estimare necesario que se les forme causa, pasará los antecedentes al tribunal a que corresponda.

Décima, ejercer el patronato en los términos que designen las leyes.

Undécima, presentar anualmente al Congreso para su aprobación el presupuesto de los gastos del Estado.

Duodécima, cuidar de la recaudación de las rentas de él, sin alterar el método establecido o que establezca el Congreso.

Décima tercia, decretar la inversión de los caudales públicos del Estado con arreglo a los presupuestos aprobados por el Congreso.

Décimo cuarta, disponer de la milicia nacional conforme convenga a la tranquilidad y conservación del orden público.

Décima quinta, pedir la prorrogación de las sesiones del Congreso, con arreglo al artículo 67.

Décima sexta, invitar a la diputación permanente para que acuerde convocar al Congreso a reunión extraordinaria.

Sección octava
De las restricciones del gobernador

120. No podrá el gobernador:

Primero, mandar en persona la milicia nacional sin consentimiento del Congreso, o de la diputación permanente.

Segundo, decretar la prisión de ninguna persona, ni privarla de su libertad; más cuando lo exija el bien y seguridad del Estado, podrá mandar arrestar con obligación de poner arrestado dentro de cuarenta y ocho horas a disposición del tribunal o juez competente, exponiendo el motivo del arresto.

Tercero, ocupar la propiedad de alguna persona y corporación, ni turbarla en la posesión, uso o aprovechamiento de ella; pero si en algún caso por conocida utilidad pública fuese necesario tomarla, podrá hacerlo con dictamen expresamente afirmativo de la junta consultiva, previa la indemnización que se hará a la parte interesada a juicio de hombres buenos, elegidos uno por ella y otro por el gobierno, y en caso de discordia por un tercero nombrado por las partes.

Cuarto, impedir las elecciones populares ni sus efectos.

121. No podrán el gobernador y vicegobernador salir del territorio del Estado, durante su encargo, ni en el término expresado en el artículo 118 sin licencia del Congreso.

122. Las ordenes que expidiere el gobierno contra lo dispuesto en el artículo (no se entiende).

123. No se obedecerán aunque estén autorizadas por el secretario del despacho.

124. Si fuere tanta la arduidad de algún asunto que después de oído el dictamen de la junta consultiva, todavía durare el gobernador lo que deba disponer, podrá consultar al Congreso la resolución.

Sección décima
De la junta consultiva

125. Habrá una junta con la que podrá consultar el gobernador sus resoluciones, cuando lo estime conveniente.

126. Esta junta que se denominará junta consultiva de gobierno, se compondrá de cinco individuos nombrados según esta Constitución.

127. El vicegobernador será presidente de ella y sólo tendrá voto en caso de empate.

128. En el reglamento interior de la junta se designará el individuo que haya de sustituir en las faltas de su presidente.

129. La elección de los individuos de la junta consultiva se hará por las elecciones de distrito al día siguiente al de verificarse la de diputados, y se observará respecto de aquello todo lo prevenido para la de gobernador en la sección 3ª de este título.

130. Para ser individuo de la junta consultiva, se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, de notoria adhesión al sistema de gobierno, mayor de treinta años, y con cinco de vecindad en el Estado, interrumpida según las leyes al tiempo de la elección. A los nacidos en el Estado les basta un año de vecindad en los términos que expresa este artículo.

131. No podrá haber más de un eclesiástico en la junta.

132. No pueden ser miembros de la junta consultiva los empleados de nombramiento del gobierno general, ni los del Estado; los individuos del ejército permanente; los de la milicia activa, y los comprendidos en la parte 7ª del artículo 61.

133. Los individuos de la junta, servirán cuatro años, saliendo dos al fin de un bienio y tres al fin de otro; pero el de 1827 saldrán los dos que la suerte designare.

134. Las vacantes que ocurran se llenarán por las juntas electorales que hayan nombrado los diputados que estén en ejercicio, y el subrogante durará el tiempo del subrogado.

135. Ningún individuo de la junta podrá ser reelecto, sino hasta el año cuarto de haber cesado en sus funciones.

136. La junta nombrará un secretario entre sus individuos.

137. Las atribuciones de la junta consultiva serán:

Primera, dar dictamen motivado y por escrito al gobernador en todos los negocios en que se lo pida.

Segunda, proponer en terna conforme a las leyes, sujetos aptos y beneméritos para los empleos públicos del Estado de nombramiento del gobierno, según la atribución 7ª del art. 119.

Tercera, usar las facultades que en materia de patronato le concedan las leyes.

Cuarta, presentar al gobernador proyectos de reforma o variación sobre cualquiera de los ramos de la administración pública del Estado.

138. La junta será responsable de todos los actos relativos al ejercicio de sus atribuciones.

139. La junta presentará a la aprobación del Congreso el reglamento para el gobierno interior de ella.

Sección undécima.
Del secretario del despacho de gobierno

140. Para el despacho de los negocios de gobierno habrá un secretario.

141.Para ser secretario del despacho se requieren las mismas circunstancias que para ser individuo de la junta consultiva y a más de ser nacido en la República.

142. Todos los decretos, reglamentos y órdenes de gobernador deberán ir firmados por el secretario del despacho, sin cuyo requisito no serán obedecidos.

143. El secretario del despacho será responsable de las providencias del gobernador que autorice con su firma:

Primero, cuando se opongan a la Constitución o leyes del Estado, a la Acta constitutiva, Constitución Federal o leyes generales.

Segundo, cuando la providencia del gobernador emane de instrucción o informe del mismo secretario.

144. El secretario de despacho dará cuenta al Congreso al tercero día de la reunión ordinaria de éste, del estado en que se hallen todos los ramos de la administración pública, presentando al efecto una memoria, en la que se comprenderá también la opinión del gobierno sobre las reformas o variaciones que estime convenientes en cada uno de aquellos ramos.

145. El secretario del despacho formará un reglamento para la mejor distribución y giro de los negocios de su cargo, y giro de los negocios de su cargo, y el gobernador lo pasará al Congreso para su aprobación.

Titulo VIII
Del poder judicial

Sección primera

146. El poder judicial del Estado reside exclusivamente en los tribunales y juzgados que establece esta Constitución.

147. Ni el Congreso ni el gobernador podrán avocarse el conocimiento de los negocios pendientes en los tribunales, ni mandar abrir los juicios fenecidos.

Sección segunda.
De los tribunales y juzgados

148. Para la administración de justicia en el Estado, habrá un tribunal que se denominará «supremo de justicia», tribunales de tercera y segunda instancia; juzgados de letras para la primera; jurados para las causas criminales, y jueces de paz. Una ley designará el número de tribunales de tercera y segunda instancia que debe haber, y el territorio de su respectiva jurisdicción.

149. Los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

150. Tampoco podrán suspender la ejecución de leyes, ni hacer reglamentos para la administración de justicia.

151. Los individuos del supremo tribunal de justicia y los magistrados y demás funcionarios de nombramiento del gobierno serán perpetuos; más según las leyes podrán ser separados de sus empleos o promovidos a otros.

Sección tercera
Del supremo tribunal de justicia.

152. El supremo tribunal de justicia se compondrá de tres ministros y su fiscal nombrados conforme a esta Constitución.

153. Para cubrir la falta temporal de cualquiera individuo de los expresados en el artículo anterior, se nombrará del mismo modo un suplente.

154. Para ser individuo del supremo tribunal de justicia, se requiere ser letrado, ciudadano en el ejercicio de sus derechos, nacido en la República, de edad de treinta años cumplidos, y desde el 1º de enero de 1835 con cinco de vecindad en el Estado, no interrumpida según las leyes al tiempo de la elección.

155. No podrán ser individuos del supremo tribunal de justicia los eclesiásticos ni los empleados de nombramiento del gobierno general.

156. La elección se hará en un mismo día por las juntas electorales de distrito en los términos prevenidos para la de los individuos de la consultiva de gobierno, con distinción del que elijan para fiscal, y se observará además respectivamente lo dispuesto en los artículos desde 98 hasta el 107.

157. Cuando el Congreso haya de elegir uno o varios ministros y el fiscal, y alguno de los postulados por los distritos reuniere la mayoría respectiva de votos para cada uno y otro destino, entrará a competir primero para ministro, y no resultando electo, competirá después para fiscal.

158. El nombramiento de ministro será preferente al de fiscal, y ambos a cualquiera otro, menos los designados en el artículo 96.

159. La designación que haga el Congreso de fiscal se verificará de entre los individuos que hayan obtenido votos para este destino; pero si ha virtud de lo prevenido en el artículo 157 quedare para la elección de fiscal más que un individuo de los que obtuvieron votos en ella, entrará a competir con el que haya quedado con mayor número para ministro.

160. Las vacantes que se verifiquen serán provistas por las juntas electorales de distrito, conforme a lo dispuesto en esta sección.

161. Las atribuciones del supremo tribunal de justicia son, conocer:

Primero, de las demandas civiles y criminales contra los diputados, conforme a los artículos 38 y 39.

Segundo, de las causas que se intenten contra el gobernador, o vicegobernador, secretario del despacho, e individuos de la junta consultiva de gobierno, bien sea por la responsabilidad anexa a sus respectivos destinos por delitos comunes, o por demandas civiles; pero en el primer caso precederá la declaración de que trata el artículo 35, atribución sexta, y también en el segundo respecto del gobernador y vicegobernador.

Tercero, de las demandas civiles y criminales contra los magistrados de los tribunales de tercera y segunda instancia y en los juicios sobre responsabilidad de estos por el ejercicio de sus funciones.

Cuarto, en tercera instancia de los negocios que tengan principio en el tribunal de segunda y admitan aquel grado.

Quinto, de los recursos de nulidad que se interpongan de las sentencias ejecutorias de los tribunales de tercera y segunda instancia para el sólo efecto demandar reponer el proceso; y haya o no lugar a la reposición de éste, lo devolverá. En el primer caso hará efectiva la responsabilidad del tribunal contra quien se entabló el ocurso.

Sexto, de los recursos de protección y de fuerza que se interpongan contra los tribunales o autoridades
eclesiásticas.

Séptimo, de los asuntos contenciosos relativos al patronato del Estado.

Octavo, de las diferencias que se susciten sobre pactos o negociaciones que se celebren por el gobierno y sus agentes, con individuos o corporaciones del Estado.

Noveno, de los negocios que en lo sucesivo le señalen las leyes.

162. Cuando el supremo tribunal de justicia haya de ejercer las facultades 1ª, 2ª, 3ª y 8ª., expresadas en el artículo anterior, se formará en tres salas compuestas cada una de un ministro designado por suerte, y de conjueces nombrados por las partes; y el fiscal actuará en todas las salas que se denominarán respectivamente de 1ª, 2ª y 3ª instancia. Una ley determinará el número de conjueces para cada una de ellas, y cuando sea ejecutoria la sentencia.

163. Las leyes prescribirán también al modo, forma y grados en que deba conocer el supremo tribunal de justicia en los demás casos indicados en esta sección.

164. Las leyes prescribirán también el modo, forma y grados en que deba conocer el supremo tribunal de justicia en los demás casos indicados en esta sección.

Para juzgar a los ministros y fiscal del supremo tribunal de justicia en los negocios civiles y criminales que contra ellos se promuevan, nombrará el Congreso dentro de los ocho primeros días de la renovación periódica de sus individuos, doce ciudadanos queretanos, de treinta y cinco años cumplidos y que no sean eclesiásticos o empleados.

165. De estos doce individuos nombrará el Congreso uno para fiscal, y de los restantes se formarán tres salas conforme disponga una ley asimismo determinará cuando sea ejecutoria la sentencia de cada sala.

Sección cuarta
Del tribunal de tercera instancia

166. El tribunal de tercera instancia se compondrá de un magistrado nombrado por el gobierno, y de conjueces, cuyo número determinará una ley, nombrados por las partes.

167. Habrá también un fiscal.

168. Para ser magistrado del tribunal de tercera instancia se requieren las mismas circunstancias que para los ministros del supremo tribunal de justicia, observándose también lo prevenido respecto de estos en los artículos 154 y 155.

169. Las atribuciones de dicho tribunal son:

Primera, conocer en tercera instancia de los negocios civiles en que el tribunal de esta denominación conozca en primera.

Segunda, conocer en segunda instancia de los negocios civiles en que el tribunal de esta denominación conozca en primera.

Tercera, usar de las facultades que por la Constitución, y las leyes se conceden las causas criminales al tribunal de segunda instancia, cuando conozca este en primera.

170. Una ley determinará cuando sea ejecutoria la sentencia de este tribunal.

Sección quinta
Del tribunal de segunda instancia

171. El tribunal de segunda instancia se compondrá de tres magistrados y un fiscal nombrados por el gobierno.

172. El fiscal actuará también en el tribunal de tercera instancia.

173. Respecto de los magistrados, fiscal del tribunal de segunda instancia, se observará lo prevenido en el art. 168.

174. Las atribuciones de este tribunal son conocer:

Primero, en segunda instancia con arreglo a las leyes de los negocios civiles y criminales de que conozcan en primera los jueces de letras.

Segundo, en primera instancia de las demandas civiles y criminales que se promuevan contra los jueces de letras, y en los de responsabilidad de éstos, por el ejercicio de sus funciones.

Tercero, de los recursos de nulidad de las sentencias ejecutorias de los jueces de letras; más para solo el efecto de mandar reponer el proceso, si hubiere lugar a la reposición, devolviéndole en todos casos.

Cuarto, de los demás negocios que en lo sucesivo le señalen las leyes.

175. Una ley determinará cuando sean ejecutorias las sentencias de este tribunal.

Sección sexta
De los juzgados de letras

176. En todos los distritos en que se divide el territorio del Estado habrá jueces de letras nombrados por el gobernador. Una ley designará el número de los que correspondan a cada distrito según su población.

177. Para ser juez de letras se requiere ser abogado, ciudadano en el ejercicio de sus derechos, de edad de treinta años cumplidos, y con tres de vecindad en el Estado; pero esta última circunstancia solo será indispensable en la época que expresa el art. 154.

178. Las facultades de los jueces de letras son:

Primero, sin apelación en negocios civiles en que excediendo el interés de la demanda de la cantidad de cien pesos no pase de quinientos.

Segundo, en primera instancia en todos los negocios civiles que por la Constitución o las leyes no se cometan a otros tribunales o jueces.

Tercero, en las causas criminales con arreglo a las leyes.

Cuarto, de los demás negocios que en lo sucesivo les señalen las leyes.

Sección séptima
De los jurados

179. En todos los pueblos en donde haya establecidos o se establezcan ayuntamientos habrá jurados.

180. Las leyes determinarán el número de jurados que deba haber en cada pueblo, y el modo y épocas de celebrar los juris.

181. Los jurados serán nombrados anualmente por los ayuntamientos al tercero día de la renovación periódica de sus individuos; pero si el congreso estimare conveniente que los haya en las cabeceras de los distritos para los segundos juris, no serán unos mismos los jurados de la municipalidad y los del distrito. Éstos últimos serán nombrados cada dos años por las juntas secundarias en el mismo día que nombren los individuos de la consultiva.

182. El empleo del jurado será carga concejil de que nadie podrá excusarse.

183. Para ser jurado se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, de edad de treinta años cumplidos y con dos de vecindad en la municipalidad en que sea electo.

184. No podrán jurados los eclesiásticos, los empleados de nombramiento del gobierno general, ni los del Estado.

185. Las atribuciones de los jurados son:

Primera, declarar si es o no fundada la acusación.

Segunda, declarar si el acusado es o no autor del hecho.

Tercera, calificar la naturaleza del delito o crimen y de la complicidad si la hubiere.

186. El Congreso, cuando lo estime conveniente, extenderá el juicio por juramento a los negocios civiles, declarando las calidades y atribuciones de ellos.

Sección octava
De los jueces de paz

187. En todos los pueblos del Estado habrá jueces de paz.

188. Serán nombrados por los electores de los ayuntamientos en el día de la elección de individuos para la renovación de aquellos. En los pueblos en que no haya ayuntamiento, serán nombrados los jueces de paz directamente de los vecinos.

189. Las leyes designarán el número de jueces de paz que deba haber en cada pueblo con arreglo a su población.

190. Para ser juez de paz se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, de edad de treinta años cumplidos y con cuatro de vecindad en el pueblo en que fuere elegido.

191. Respecto de los jueces de paz se observará lo prevenido en los artículos 182 y 181.

192. Las atribuciones de los jueces de paz son conocer:

Primero, exclusivamente en los juicios de conciliación.

Segundo, del mismo y sin apelación ni otro recurso en negocios civiles en el que el interés de la demanda no pase de la cantidad de cien pesos.

Tercero, en la propia forma en asuntos criminales sobre injurias y delitos leves.

Cuarto, a prevención con los jueces de letras en causas criminales hasta el Estado que dispongan las leyes.

Quinto, a prevención con cualquiera tribunal o juzgado sobre desistimientos, transacciones o convenios que celebren las partes litigantes, bien sean en negocios civiles o sobre injurias graves.

Sexto, de los demás negocios que en lo sucesivo les señalen las leyes.

193. Una ley determinará las formalidades con que han de proceder los jueces de paz en el ejercicio de sus atribuciones.

194. Los jueces de paz desempeñarán sus funciones bajo responsabilidad, mediante un juicio de residencia en la forma que dispongan las leyes.

Sección novena
De la administración de justicia en general

195. La justicia se administrará en nombre del Estado.

196. A los actos, registros y procedimientos de los jueces y demás autoridades de los otros estados, territorios y distrito federal, se les dará entera fe y créditos en el Estado, si estuvieren conformes a las leyes generales.

197. Ninguno podrá ser juzgado por comisión (no se entiende).

198. Ninguno será sentenciado sino a virtud de leyes preexistentes al hecho que motive la acusación o demanda y después de haber sido oído o legalmente citado.

199. El orden y formalidades de los procesos civil y criminal serán uniformes en todos los tribunales y determinados por las leyes, y ni el Congreso podrá jamás dispensarlas.

200. Cualquiera inobservancia de las leyes de que se trata el artículo anterior, hace responsables personalmente a los magistrados y jueces que la cometan.

201. El cohecho, el soborno y la prevaricación de unos y otros funcionarios, produce acción popular contra ellos.

202. ningún magistrado o juez podrá conocer en distintas instancias sobre un mismo negocio, ni en el recurso de nulidad que sobre él se interponga.

203. Los eclesiásticos y militares residentes en el Estado continuarán sujetos a las autoridades a que lo están actualmente conforme a lo dispuesto en el art. 154 de la constitución federal.

204. No se podrá entablar pleito alguno en lo civil, ni en lo criminal sobre las injurias graves, sin que haga constar el actor haber intentado legalmente la conciliación.

205. No se podrá entablar pleito alguno en lo civil, ni en lo criminal sobre injurias graves, sin que haga constar el actor haber intentado legalmente la conciliación.

(no se entiende) en todo negocio y en cualquier estado del juicio podrán las partes terminar sus diferencias por jueces árbitros que nombren al efecto.

206. En ningún juicio podrá decretarse embargo de bienes, sino que por responsabilidad pecuniaria y de los que basten a cubrirla.

207. A ninguno se tomará juramento sobre hecho propio.

Sección décima
De la administración de justicia en lo criminal.

209. Ninguno podrá ser preso sin que se verifiquen estos requisitos:

Primero, mandamiento de prisión firmado por autoridad competente.

Segundo, que el mandamiento exprese los motivos de la prisión.

Tercero, que se notifique y se le dé copia si la pidiere.

Cuarto, que igual copia se entregue al alcaide firmada por la autoridad que decretó la prisión.

210. Al mandamiento de que trata el artículo anterior deberá proceder información sumaria del hecho.

211. En fragante todo delincuente puede ser arrestado, y cualquiera puede prenderle y conducirle a la presencia de un juez, para que se proceda a lo prevenido en los artículos anteriores.

212. Nadie podrá ser detenido sin que haya semiplena prueba o indicio de que es delincuente.

213. Ninguno podrá ser detenido sin orden firmada por autoridad competente.

214. El detenido será puesto en libertad por el encargado de su custodia, si no se hubiere decretado su prisión a las cuarenta y ocho horas de arresto.

215. No se podrán allanar las casas de los ciudadanos sino con arreglo a las leyes, por autoridad competente que manifestará en la casa el objeto determinado de la pesquisa antes de ejecutarla, o expresándolo en su mandamiento, si en virtud de él se allanaren.

216. Todos los habitantes del Estado están obligados a obedecer los mandamientos de que tratan los artículos 209, 213 y 215, y podrán reservar a salvo sus derechos. Cualquiera resistencia será delito grave.

217. En ningún caso podrá imponerse la pena de confiscación de bienes.

218. Las penas tendrán todo su efecto en solo el delincuente.

219. Queda prohibido para siempre el uso de toda clase de tormento.

220. Todo tratamiento que agrave la pena determinada por la ley es un delito.

221. Ningún alcaide podrá recibir en clase de preso o detenido a persona alguna, sin que se le entregue la orden respectiva firmada por autoridad competente, ni mantenerla incomunicada, sin orden en igual forma, ni por más tiempo que el de setenta y dos horas.

222. Dentro de los dos días naturales primeros del arresto, se tomará declaración al tratado como reo, y se le instruirá de quien sea su acusador si lo hubiere, y de los testigos que depusieron contra él en la información sumaria.

223. Sólo en los casos de resistencia a los mandamientos de que tratan los artículos 209, 213 y 215, o cuando fundamente se tema la fuga del reo, podrá usarse la fuerza necesaria, para hacer efectiva la disposición que aquellos contengan.

224. Son reos de atentado contra la libertad individual:

Primero, los que sin autoridad legal arresten o manden arrestar a cualquier persona.

Segundo, los que teniendo dicha autoridad abusen de ella en alguno de estos modos: arrestando, o mandando arrestar o continuando en arresto a cualquier persona fuera de los casos determinados por las leyes o contra las formas establecidas, o en lugares que no estén designados por ellas.

Tercero, los alcaides que contravengan a los artículos 214 y 221.

225. Todas las autoridades en su caso están obligadas a expedir órdenes, compulsorios o escitatorios para que comparezcan a deponer los que como testigos citen los reos en su favor.

Titulo IX
Del gobierno político de los distritos.

Sección única

226. El gobierno político de los distritos, residirá en un individuo que se denominará prefecto.

227. En cada distrito habrá un prefecto nombrado por el gobernador.

228. Habrá un sub-prefecto nombrado por el gobernador en los pueblos donde a juicio de él sea necesario.

229. Los prefectos serán independientes entre sí, y todos estarán sujetos al gobernador. Los subprefectos lo estarán al prefecto del respectivo distrito en los términos que dispongan las leyes.

230. Para ser prefecto o sub-prefecto, se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, con la instrucción necesaria a juicio del gobierno, de edad de treinta y cinco años de vecindad en el Estado; mas esta última circunstancia podrá dispensarse hasta el año de 1830 si lo exigiese la utilidad y conveniencia pública.

231. El nombramiento de prefectos o sub-prefectos, subsistirá por cinco años; pero podrán ser reelegidos.

232. Las atribuciones de los prefectos en sus distritos serán:

Primera, publicar y circular a las municipalidades las leyes y decretos que al efecto les comunique el gobernador.

Segunda, cuidar de la observancia y cumplimiento de la Acta Constitutiva, de la Constitución federal, de la del Estado, de las leyes de este y de las generales.

Tercera, hacer que se celebren las junta populares indicadas en la Constitución.

Cuarta, conservar el orden y tranquilidad pública.

Quinta, cuidar de que se establezcan ayuntamientos, donde deba haberlos según esta Constitución, y de que en las épocas señaladas en ella renueven los individuos que los compongan.

Sexta, velar sobre que se recauden e inviertan fielmente las rentas del Estado y las municipales; y proceder en caso de negligencia o mala versación con arreglo a lo que dispongan las leyes.

Séptima, cuidar de que se establezcan escuelas de primeras letras con arreglo a esta Constitución.

Octava, las demás que les designen las leyes.

233. Los prefectos están sujetos a responsabilidad en el ejercicio de sus atribuciones.

234. Los sub-prefectos tendrán respectivamente las mismas facultades y responsabilidad que los prefectos

235. Los prefectos y sub-prefectos cesarán en el ejercicio de sus funciones, cuando reciban mando militar.

Título X
Del gobierno económico político de los pueblos

Sección única

236. Para el gobierno económico-político de los pueblos, habrá ayuntamientos compuestos de jueces de paz, de regidores y procuradores síndicos. Una ley designará el número de individuos de cada clase que deban componerlos.

237. No podrá dejar de haber ayuntamientos en los pueblos que por sí o con su comarca lleguen a dos mil personas.

238. Los pueblos que no se hallen en el caso del artículo anterior, pero que puedan unirse con ventaja a otro u otros y formar una municipalidad, la formarán y se establecerá en ella ayuntamiento.

239. Los pueblos en que no puedan tener lugar las disposiciones que preceden continuarán unidos a las municipalidades a que lo estén actualmente.

240. Las leyes señalarán el territorio de cada municipalidad.

241. Los individuos que compongan los ayuntamientos se renovarán en el tiempo y forma que prescriban las leyes.

242. Respecto de los regidores y procuradores síndicos se observará lo prevenido en los artículos 190 y 191.

243. Habrá un secretario en cada ayuntamiento elegido por este a pluralidad absoluta de votos y dotado de los fondos municipales.

244. Las atribuciones y deberes de los ayuntamientos serán determinadas por las leyes.

245. Los ayuntamientos desempeñarán sus atribuciones bajo la inspección de los prefectos o subprefectos respectivamente.

246.Los individuos de los de los ayuntamientos estarán sujetos a responsabilidad en el ejercicio de sus respectivas funciones.

Título XI
De la hacienda pública del Estado

Sección primera
De las contribuciones

247. La hacienda pública del Estado se formará de las contribuciones directas o indirectas que decrete el congreso.

248. Las contribuciones no sólo serán en lo posible proporcionadas a los bienes o riqueza personal, sino equitativas.

249. Las contribuciones que se establezcan serán necesarias para cubrir los gastos particulares del Estado y el contingente para los de la federación.

Sección segunda.
De la contaduría general del Estado.

250. En la capital del Estado habrá una tesorería para el ingreso y distribución de los caudales.

251. Ningún pago hará el tesorero, sino en virtud de orden del gobernador, refrendada por el secretario del despacho.

252. El tesorero no solo es responsable de los caudales que reciba, sino de todos los actos de su manejo. Una ley arreglará la organización de la tesorería y su gobierno interior.

Sección tercera.
De la contaduría general del Estado.

253. Habrá una contaduría general para el examen y glosa de las cuentas de los caudales públicos del Estado en todos sus ramos.

254. Por una ley se metodizarán los trabajos de esta oficina.

Título XII
De la milicia del Estado

Sección única

257. En todos los pueblos se establecerán las suficientes escuelas de primeras letras dotadas de los fondos municipales si fuere necesario.

258. También se establecerán en las haciendas y rancherías costeadas de los fondos o arbitrios que dispongan las leyes.

259. En las escuelas de primeras letras, se enseñará a leer, escribir, contar y el catecismo de nuestra religión.

260. Se enseñará igualmente un catecismo político de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad, y cuya formación dispondrá el Congreso.

Título XIV
De la observación de la Constitución, de su interpretación, adición y reforma.

Sección primera

261. Todos los habitantes del Estado están obligados, bajo la responsabilidad que determinen las leyes, a observar la Constitución en todas sus partes, y ni aun sobre algún artículo podrá el Congreso dispensar esta obligación.

262. Ningún funcionario o empleado del Estado podrá entrar en posesión de su destino sin haber prestado juramento de observar esta institución.

Sección segunda

263. Solo el Congreso, podrá resolver las dudas que se susciten sobre la inteligencia de esta Constitución.

264. El congreso no podrá tomar en consideración antes del año de 1830 las proposiciones que contengan adición o reforma de alguno o algunos artículos de la Constitución.

265. Para que se pueda presentar una proposición de tal naturaleza, deberá estar suscrita por tres diputados, o por algún ayuntamiento.

266. Para admitirse será indispensable el voto de la mayoría absoluta de los diputados presentes.

267. El Congreso siguiente en su primera reunión ordinaria deberá deliberar sobre las adiciones o reformas propuestas; si fueren aprobadas, se publicarán como artículos constitucionales.

268. El Congreso no deliberará sobre las proposiciones de adición o reforma de alguno o algunos artículos de la Constitución, sin que estén presentes por lo menos las tres cuartas partes del número total de diputados y que pertenezcan a las tres cuartas partes de los distritos.

269. Para que se entienda aprobada alguna proposición de las que habla el artículo anterior, deberá haber votado por la afirmativa la mayoría absoluta del número total de diputados.

270. Las adiciones o reformas que fuesen desechadas por el Congreso, no podrán proponerse sino pasados cuatro años.

271. Las proposiciones de adición o reforma que no fueren admitidas por el Congreso, no se podrán reponer en la misma legislatura.

272. Para reformar o adicionar alguno o algunos artículos de la Constitución, se observará lo dispuesto en esta sección y lo demás que se previene para formación de las leyes.

Apéndice a este título
De la observancia de la Acta constitutiva, Constitución federal y Leyes generales.

273. Ningún funcionario o empleado público del Estado podrá entrar en posesión de su destino sin haber prestado juramento de observar la Acta constitutiva, la constitución Federal y las leyes generales.

Dada en Querétaro a 12 de agosto del año del Señor de 1825, 5º de la independencia, 4º de la libertad y 3º de la federación.

Ignacio de la Fuente,
presidente.

José Ignacio Yáñez,
vicepresidente.

Ramón Covarrubias.

Diego Septién.

Juan Nepomuceno de Acosta.

Sabás Antonio Domínguez,
diputado secretario.

José Mariano Blasco,
diputado secretario.

Por tanto mandamos que se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento en todas sus partes.

Querétaro, agosto 12 de 1825.

José María Diez Marina,
presidente.

Juan José Pastor.

Andrés Quintanar.

Fuente:

Ángela Moyano Pahissa, recopilación e introducción. Antología documental para la historia de la conformación política del Estado de Querétaro, 1824-1845. Universidad Autónoma de Querétaro. Primera edición, enero de 2005. México, 83pp. Incluye un CD con los documentos. Documentos obtenidos del Fondo Fernando Díaz Ramírez, que se encuentra en la Capilla Alfonsina de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Nuevo León.