1811
Bando sobre pasaportes.
13 de febrero de 1811.


Don Francisco Javier Venegas de Saavedra, Rodríguez de Arenzana, Güemes, Mora, Pacheco, Daza y Maldonado, Caballero del Orden de Calatrava, teniente general de los reales ejércitos, virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva España, presidente de su Real Audiencia, superintendente general subdelegado de real hacienda, minas, azogues y ramo de tabaco, juez conservador de éste, presidente de su real junta, y subdelegado general de correos en el mismo reino.

Hago saber a todos los tribunales, jueces, autoridades y habitantes, que son, y en adelante fueren de este reino, y a las demás personas, a quienes lo contenido en este bando pueda tocar de cualquiera manera: que el excelentísimo señor arzobispo virrey, mi antecesor se sirvió expedir otro a 4 de mayo del año último, concebido en los términos que siguen.

“Conviniendo para el buen orden interior del reino en las presentes críticas circunstancias tener noticia exacta de las personas que transitan de unos lugares a otros, he juzgado necesario resolver, que ningún individuo, de cualquiera estado, clase y condición que sea, salga de esta capital sin pasaporte mío, ni de la jurisdicción de su residencia a otra extraña, sin llevarlo del subdelegado respectivo, o sus tenientes, expresándose en él el lugar a que dirige su portador; bajo el concepto de que llegando éste a aquel ha de presentarlo al justicia de allí, recogiendo otro del mismo, o bien para su regreso, o para pasar a otra jurisdicción, y en la firme inteligencia de que el que caminare sin él expresado pasaporte, por el cual no se llevará derecho alguno, será arrestado por la justicia que se lo exija, como deberán hacerlo todos, hasta averiguar la causa por qué no le pidió a su salida, desobedeciendo esta providencia; y siendo ella indispensable en la actualidad, mando se publique por bando en esta capital, y en las demás ciudades, villas y lugares del reino, para su más estrecha observancia.

Este bando no llegó a publicarse, y en tal estado la junta de seguridad y buen orden, habiendo oído al señor fiscal de lo criminal, me hizo presente lo que se la ofrecía, y parecía en razón del modo de ejecutarle.

En su vista, y de otros informes que he tomado, considerando que si aquella providencia pareció indispensable, cuando sólo se dirigía a descubrir los emisarios de los franceses, debe serlo con mayor razón ahora, que además de la suma vigilancia que se necesita observar con ellos, es justo y preciso distinguir a los ciudadanos fieles, de los que han sido pervertidos en la rebelión ocurrida en este reino, y que, deshechos sus ejércitos por el valor incontrastable e incesante actividad de las tropas del rey, se ha dispersado un gran número de rebeldes, muchos de los cuales vagan por los pueblos y por los caminos, empleándose en el robo y en el asesinato; he resuelto, que desde luego se ponga en ejecución.

Así que esta disposición, lejos de coincidir ni en lo más mínimo con las que se han tomado varias veces en otros países, que se precian de cultos, estableciendo con el nombre de policía una autoridad ilegal y odiosa, que interrumpe el ejercicio de todas las otras, que introduce la desconfianza, el espionaje y el despotismo, y que ataca la justa libertad que deben tener todos mientras que obran bien y se arreglan a las leyes, ha de mirarse, como una medida muy oportuna para asegurar el debido cumplimiento de ellas, y especialmente de las que imponen a todos los magistrados estrecha obligación de velar sobre la conducta de los ciudadanos, precaviendo en lo posible sus delitos y castigándolos, cuando no se hayan podido evitar.

Con este objeto pues, para que los malhechores tiemblen al ver, que no pudiendo ya ser confundidos con el resto de los ciudadanos, caerán prontamente bajo el poder de la justicia sino reforman su mala vida, y que estos últimos logren toda la protección y seguridad, que la ley misma les concede, excusándoles todo gasto, por pequeño que sea, y cualquiera detención, incomodidad, u otra molestia, he formado la instrucción siguiente.

De los viajantes.

Artículo 1. Toda persona que tenga que salir de esta capital, o de las demás ciudades, villas o lugares de este reino, sea cual fuere su clase, estado, profesión o dignidad, llevará precisamente un pasaporte.

2. Exceptúanse únicamente de esta regla general los correos, los militares que vayan de facción, con quienes no se hará novedad; y los habitantes de los pueblos de una misma cabecera, que como son, o deben ser, bien conocidos de las justicias de los mismos pueblos, podrán transitar libremente por ellos sin llevarle.

3. Todos cuantos le necesiten para salir de México, y pueblos adyacentes, acudirán a pedirle a la persona que nombraré a este efecto; y en los demás pueblos a las justicias respectivas.

4. Estas darán sin exigir, ni percibir por ello cosa alguna y sin detener a nadie, porque deben tener un conocimiento anterior exacto de todos los habitantes de sus jurisdicciones y de sus conductas, para concederle o negarle al momento.

Y si alguna vez en pueblos grandes necesitaren enterarse de las circunstancias de la persona, que le solicita, por no saberlas, harán esta calificación del modo más breve y sencillo, bastando que les presenten abono del alcalde de su barrio, o cura de su parroquia, quienes responderán de las resultas, si hubieren abonado al que no debieron.

5. La persona a quien se le hubiere negado tendrá expedito a mí su recurso, el cual se decidirá prontamente, haciendo que se le dé, y se le resarzan todos los perjuicios ocasionados, siempre que no haya habido justos motivos para dejar de concedérsele.

6. El pasaporte sólo valdrá por el tiempo que se exprese en él mismo, que ha de ser el necesario para hacer el viaje cómodamente.

7. Se exceptúan los que se dieren a los arrieros, trajineros, cocheros, litereros y demás personas conocidas y de calificada conducta, ocupadas constantemente en el tráfico y surtimiento de esta u otras ciudades, en la asistencia a fábricas y obras, o cultivo de haciendas inmediatas, porque esos contendrán la calidad de poder entrar y salir francamente en dichas ciudades los portadores, y dirigirse a los pueblos o puntos de su comercio, trafico, o ejercicio por todo el tiempo que se ocupan en él.

8. Todo viajante debe seguir el camino recto del pueblo, para donde haya obtenido el pasaporte, sin extraviarse notablemente, hacer su viaje dentro del término señalado en él, manifestarle para sólo el efecto de que se entere a cualquiera autoridad, o justicia que se le pida, presentarse a las de las capitales por donde deba transitar a fin de que se le refrenden a continuación, y entregarle a la justicia del pueblo a que se dirige dentro de las veinticuatro horas de haber llegado, presentándose a ella también. Además de esto, el que venga o deba venir por el rumbo do Cuajimalpa, San Agustín de las Cuevas, y Cuautitlán se presentará también a los administradores del Peaje de aquellos dos puntos, y al subdelegado del último para el mismo efecto que a las justicias de las capitales.

9. En México, los pasaportes se entregarán a los guardas de las Garitas de la puerta por donde entrare el que viniere, quienes pasarán todas las noches al señor juez de policía los que hayan recogido, y arrestarán a su disposición a cualquiera persona que no le trajere, o que haya contravenido al artículo antecedente.

Y la presentación del portador a la justicia, deberá ser por ahora al mismo señor juez de policía.

10. Así a estos guardas, como o los dependientes de Cuajimalpa, San Agustín y Cuauitlán se dará una gratificación correspondiente por este trabajo extraordinario; pero serán responsables y severamente castigados por cualquiera omisión en que incurran, a cuyo fin se hallare en México alguna persona con lucen no se haya observado lo prevenido en esa instrucción, se averiguará ante todas cosas rumbo que trajo y la puerta por donde entró.

11. Toda persona que no lleve pasaporte será arrestada por la justicia que se lo exija, casta calificar su conducta.

Y sin perjuicio del castigo que merezca, según lo que resulte, por el solo hecho de no llevarle sufrirá irremisiblemente, por la primera vez la pena de veinte pesos de multa, aplicados por terceras partes a penas de cámara, justicia aprehensora, y delator, si lo hubiere; o por mitad no habiéndole: si no pudiere pagarla, será condenada a veinte días de presidio en los trabajos públicos, o de cárcel en su defecto; y siendo mujer, en igual tiempo de reclusión, o cárcel: por la segunda contravención, será doble la pena; y por la tercera, me reservo tomar la providencia que corresponda.

De las justicias

12. En la misma pena incurrirán los que, llevando pasaporte faltaren a cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 8. y 9, pues el que no se arregle a ellos contraviene igualmente que si no le llevase.

13. Las justicias darán los pasaportes con la prontitud que previene el artículo 4; sin poder llevar ni recibir interés alguno a título de derechos que no hay, ni de gratificación o agasajo que no debe haber, ni yo podría tolerar. Y castigaré severamente la más leve contravención, que hubiere en cualquiera de estos puntos.

14. En los pasaportes ha de expresarse el destino, ejercicio, u oficio del portador, sus señas personales, tiempo que se le conceda con arreglo a los artículos 6. y 7. poniendo por letra y no en número el que fuere, la firma del mismo portador, si sabe escribir, o nota de que ignora, el pueblo, y objeto de su viaje, y que va enterado de esta instrucción, para que no pueda alegarse ignorancia.

15. Deseando facilitar esta operación, y que al mismo tiempo pueda conocerse fácilmente la legitimidad de los pasaportes aun cuando no se conozca la firma de quien los haya dado, como puede suceder: ordeno de que se extiendan en todo el reino en papeles impresos, como el que se pondrá al fin de esta instrucción, los cuales contienen toda la claridad y circunstancias convenientes a esta clase de documentos, y llevan mi sello, sin que las justicias tengan más que hacer que llenar los huecos; y al fin donde dice: "dado por orden del excelentísimo señor virrey, y en virtud de su jurisdicción ordinaria" añadir lo siguiente "á t. de t. mes y año, por el gobernador, corregidor, subdelegado, teniente, justicia, o lo que fuere, de este pueblo de t. " y poner después en firma.

Así será difícil la falsificación, y se comprende que son las justicias las que dan los pasaportes, y no yo, que no pretendo privarlas de sus facultades.

Y para que se exente puntualmente acudirán a recibir los ejemplares que necesiten de los intendentes respectivos, a quienes dirijo con esta fecha una cantidad competente de ellos, y todos numerados para que si se hiciere algún abuso, se averigüe fácilmente donde ha sido.

16. Los subdelegados entregarán a sus tenientes el número necesario de estos ejemplares, para que puedan darlos en sus pueblos, arreglándose en todo a la instrucción, quedando nota de los que entreguen, y su numeración, y enterándose de las localidades de las personas a quienes se los hayan distribuido, porque unos y otros han de ser responsables.

17. Todas las justicias darán razón del número de pasaportes que reciban, y expresarán los sujetos a quienes los hayan dado siempre que se les pida.

18. Serán responsables de los que dieren a personas de mala conducta o sospechosas, y lo serán igualmente de los que negaren sin justa causa, además de resarcir en ambos casos todos los perjuicios que ocasionen. Y cuando negaren algún pasaporte me lo avisarán con expresión de la persona y del motivo.

19. Asimismo me darán puntual aviso de cualquiera que hubiere salido del término de su jurisdicción sin pasaporte, acompañando una noticia exacta de todas sus señas, y avisando del mismo modo a la justicia del pueblo a donde sepan o presuman que se ha dirigido.

20. Tendrán singular cuidado en reconocer los pasaportes de todos los que transiten, pero sin sacarlos del camino, ni detenerlos más tiempo que el necesario para leerlos.

21. A este fin emplearán la mayor vigilancia y celo para ver qué personas pasan o atraviesan de día o de noche por sus pueblos y jurisdicciones, rodando y tomando las medidas oportunas al intento, así dentro de los pueblos mismos, de sus mesones, posadas y casas públicas, como fuera de ellos.

22. Si por el efecto que me prometo de su amor al bien público, aprehendieren algunos contraventores a lo mandado en los artículos 1 y 8 procederán desde luego al arresto y calificación de su conducta; pero teniendo entendido que esta deberá hacerse con la mayor brevedad por declaración de personas fidedignas que los conozcan, y si no las hubiere, por informes de las justicias de los pueblos de su última residencia.

23. Si de la calificación resultare únicamente el defecto de no traer pasaporte ejecutarán en los contraventores la pena establecida en el artículo 11, y luego los pondrá en libertad. Pero si resulta que es delincuente, sospechoso o vago, formarán inmediatamente la correspondiente causa con arreglo a derecho, y esperarán mi resolución, dándome cuenta en todos casos de cualquiera contravención, y de cuanto ocurra.

24. De los contraventores y en calificación conocerá en México especialmente el señor juez de policía sin perjuicio de que también puedan hacerlo a prevención los señores alcaldes del crimen, el señor corregidor, y los alcaldes ordinarios.

25. Las justicias de las capitales, para refrendar los pasaportes, como dice el artículo 8 no detendrán a nadie más que los cortos momentos necesarios para una operación tan breve y sencilla.

De la tropa

26. Todas las tropas que penden de mis órdenes observarán, en lo que les corresponde, esta instrucción, y auxiliarán a las justicias que traten de ejecutarla inmediatamente que lo pidan.

27. Además de esto, siempre que ellas más pudieren aprehender a cualquiera contraventor de los referidos artículos 1 y 8, lo harán desde luego, entregándole, cuanto antes sea posible, a la justicia más inmediata, si no fuere reo del privativo conocimiento de la jurisdicción militar. Y para que sepan su deber en estos puntos, les enterarán de dicha instrucción sus jefes, y de los ejemplares y forma de los pasaportes que les remito, encargándoles particularmente su observancia.

De los dependientes de la Acordada y Real Hacienda

28. Los dos artículos antecedentes se entenderán en los mismos términos con el Tribunal de la Acordada y todos sus justicias, y con los ministros y dependientes de la Real Hacienda.

De los vecinos de los pueblos

29. Todo vecino, que fuere llamado por la justicia para que la asista, o acompañe en las rondas, o en cualquiera otra cosa conducente la ejecución de cuanto queda dispuesto, la dará pronto auxilio del modo que pueda, y con arreglo a las leyes.

30. Todos los vecinos y habitantes sin distinción de clases, ni de fueros tendrán la obligación de dar cuenta inmediatamente a la justicia, y en México al señor juez de policía, de cuantas personas forasteras lleguen a sus casas.

31. Los que no dieren este aviso, los que de cualquiera manera contribuyan a que alguna persona viaje, se introduzca, o permanezca en algún pueblo, sin traer pasaporte, dándole favor, o consejo para ello, y los que no delataren a dichas justicias a los contraventores, de quienes tengan noticia, incurrirán indefectiblemente en la misma pena que ellos, sin perjuicio de las demás, de que sean dignos, según el caso y circunstancias de la persona, que así ocultaren o favorecieren.

Advertencias generales

32. Tendré muy presente el mérito que las justicias, la tropa, los ministros de la Acordada, los de la Real Hacienda, o las personas particulares contraigan en el puntual cumplimiento de esta instrucción en la parte que respectivamente les toca.

33. No permitiéndome otras atenciones urgentes ocuparme ahora en los asuntos relativos a la ejecución de ella, he tenido por conveniente fiar este cuidado al celo del juez de policía don José Juan Fagoaga, con quien se entenderán todos en México, a fin de calificar sus personas, para obtener los pasaportes, que soliciten, los cuales irán firmados por mí; pero los entregará este ministro en conformidad del artículo 3º en el concepto de que todas las justicias y personas que tuvieren que pedir, recurrir, o exponer en este ramo: deberán acudir al señor alcalde del crimen don Pedro de la Puente, vocal de la Junta de Seguridad y Buen Orden para que tome las providencias correspondientes y en lo pronto me dé cuenta de todo lo que merezca ponerse en mi noticia, o exija mi resolución: haciendo se pasen a los tribunales competentes las causas de contravención, que empezarán a formar las justicias, quienes obedecerán, y se arreglarán a sus oficios en la materia.

34. La instrucción empezará a observarse, con respecto a los vecinos, y habitantes de México, y a presentarse al señor juez de policía los que vengan de fuera, desde 1 de marzo próximo; y en todos los demás pueblos, desde 1 de abril.

A la misma fecha cualquiera persona, que viniere de las provincias internas, del reino de Guatemala, o de cualquiera otro de afuera debe tomar pasaporte en el primer pueblo de éste, y si se internare sin hacerlo, como que ya no puede ignorar la instrucción, quedará sujeto a sus penas, como se hace actualmente en Veracruz.

Y desde 1 de agosto será arrestado todo el que venga de dichos países sin pasaporte: pues para entonces ya sus habitantes estarán advertidos allá de que deben traerle para poder entrar en el reino de Nueva España y tomar otro en el primer pueblo para seguir su viaje.

Por tanto, mando a todos los vecinos estantes y habitantes que son, y en adelante fueren de este reino, observen, cumplan, y ejecuten puntualmente en la parte que respectivamente les toca todo lo contenido en esta instrucción, y cada uno de sus artículos, en el supuesto de que me sería del mayor desagrado cualquiera contravención: advierto a la Real Audiencia, Sala del Crimen, y demás tribunales; ruego y encargo al excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo, a los ilustrísimos señores obispos, jueces eclesiásticos, y prelados de todas las órdenes regulares contribuyan a su cumplimiento por todos los medios que les dicte su acreditado celo e ilustración; y lo mismo ordeno a todos los jueces reales y de rentas, jefes militares, y ministros subalternos, por ser así muy conveniente al mejor servicio de ambas majestades, a la seguridad pública, y a la recta administración de justicia.

Dado en México a 13 de febrero de 1811.

Francisco Javier Venegas.

Por mandado de su excelencia.

Fuente:

J. E. Hernández y Dávalos. Historia de la Guerra de Independencia de México. Seis tomos. Primera edición 1877, José M. Sandoval, impresor. Edición facsimilar 1985. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana. Edición 2007. Universidad Nacional Autónoma de México.

Versión digitalizada por la UNAM: http://www.pim.unam.mx/catalogos/juanhdzc.html