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Siglo XIX > 1800-1809 > 1809

Pedimento del fiscal del Consejo de Indias en la causa de Iturrigaray.
Sevilla, 15 de agosto de 1809.

NÚMERO 267 - Tomo I

El fiscal ha visto esta sumaria remitida de real orden al consejo, para que la continúe y determine consultando la sentencia, y dice: Que la primera actuación judicial que se encuentra en ella, es la declaración recibida al virrey que fue de México don José Iturrigaray, reduciéndose todo lo que se ha practicado, a informes cuya sola circunstancia basta para que se conozca la imposibilidad de poderla continuar legalmente en el estado de informidad en que se halla.

Esta causa de las más graves que pueden presentarse en las circunstancias actuales, debió haber tenido la instrucción que correspondía, por cuyo medio se evitarían los perjuicios que han de seguirse para darla el orden que la falta, y excusarían reclamaciones del que ha sido objeto de su formación.

Al fiscal le parece indispensable manifestar aunque ligeramente lo que se ha hecho, para que el consejo pueda con este antecedente resolver acerca de lo que se expondrá, y que se puede y debe ejecutar.

El virrey don José Iturrigaray había perdido su opinión en la capital, y los mexicanos le tenían notado de poco imparcial y puro.

Las noticias de los sucesos de España, y la conducta que observó después que se hicieron públicos, contribuyeron a degradarle más y más; tanto, que las providencias que tomó en circunstancias tan críticas, lejos de reputarlas dictadas por un celo justo, se creyeron adoptadas para atender a sus intereses particulares.

Esto dio motivo en concepto fiscal, a que algunas gentes, seguras de que ni el pueblo había de llevar a mal que se detuviese la persona del primer representante del soberano, ni la fuerza militar que tenía para su custodia impedirlo, determinasen arrestarlo en su palacio y su familia, la noche del 15 de septiembre del año pasado.

Verificóse así, sacando a todos de sus camas, y conduciéndolos a paraje seguro con la debida separación.

Dado este primer paso, se avisó a los ministros del acuerdo, al arzobispo y otras personas, obligándolas a que concurriesen al tribunal, a donde congregados todos, fueron instruidos de lo que se había hecho, y se determinó nombrar por su sucesor interino al mariscal de campo don Pedro Garibay, con arreglo a una real orden expedida para semejantes casos, suspendiendo abrir el pliego de mortaja o providencia como había resuelto el acuerdo, porque el pueblo solicitó y lo apoyaron algunos militares y otros sujetos, que se omitiese esta diligencia, de la cual podría resultar un grave perjuicio; atendiendo a que el sucesor que se le nombraría sería adicto a don Manuel Godoy, de quien se creía hechura el virrey, y otras consideraciones que al fiscal no le parecen de poco momento en el estado en que se encontraba la capital.

Posteriormente se le condujo al castillo de Ulúa en Veracruz, después de haberle embargado sus bienes y recogido todos los papeles, de que parece se apoderaron las gentes que lo prendieron, aunque de estos extremos nada resulta en las diligencias.

Este suceso tan importante debió excitar la atención del Real Acuerdo, no para proceder directamente contra sus autores, sino para averiguar su origen, y las causas que habían tenido para tomar una determinación, que mirada aisladamente parecía escandalosa.

A este paso debieron excitarle unas consideraciones muy poderosas: primera, la del mismo suceso en los términos quietos y pacíficos en que se verificó; segunda, la de la conducta observada por el virrey en las providencias que adaptó para mantener el sosiego, tranquilidad y dependencia de la Nueva España, providencias que el mismo tribunal graduó de impolíticas e ilegales cuando se las consultó; tercera, la de que el virrey había manifestado su resolución de dejar el mando, continuando en él a pesar de que el acuerdo le inclinó a que lo verificase; cuarta y última, la importantísima de que este era un deber, de cuyo exacto y pronto cumplimiento no podía desentenderse el tribunal, que ya en cierto modo tenía procesado al virrey.

En 6 de octubre del mismo año, mandó que el regente, y los oidores Aguirre, Calderón y Bataller, se encargasen de la instrucción de los hechos más notables, con el objeto de informar con justificación a su majestad.

A su consecuencia pasaron oficios a veinticuatro o veintiséis sujetos, para que informasen sobre la conducta del virrey, sucesos posteriores a las noticias de los acontecimientos de España, celebración de juntas, y otros particulares; pero nada se les preguntó sobre el importantísimo de la prisión de Iturrigaray; y con estos informes y la unión de varios testimonios, certificaciones, y algunos papeles públicos, creyó el acuerdo desempeñaba sus obligaciones en , una materia tan delicada y de tanta trascendencia.

En aquellos hay citas que no se han evacuado, y en relaciones rubricadas por el acuerdo mismo, donde se refiere la historia de todos los sucesos, como igualmente en otros papeles, se enuncia que en la misma noche que se prendió al virrey, fueron también retenidos el procurador síndico Verdad, el regidor Azcarate, el auditor de guerra Cristo, un canónigo, el abad de Guadalupe, y el padre mercedario fray Melchor Talamantes, sin que se sepa si estos eran correos de la misma causa de Iturrigaray, o se les seguía con separación, a excepción de este último a quien sin duda se le ha procesado como aparece del testimonio que ha remitido la audiencia, en el que se halla el extracto de lo actuado, y papeles que se le aprehendieron, que forma la pieza segunda.

Por esta breve exposición conocerá el consejo, que la audiencia debió proceder inmediatamente a la formación de la sumaria en términos legales, recibiendo declaraciones, evacuando citas, y reuniendo a ella cuantos documentos juzgase podrían ser conducentes a acreditar la conducta del pueblo y la del virrey en el punto de infidencia, comprendiendo a los sujetos que aquel prendió, o que a solicitud suya se detuvieron, o siguiéndole a cada uno la suya con separación, si se creían que no tenían conexión entre sí; evacuado el sumario, parece regular que se hubiese recibido declaración a Iturrigaray, para que su majestad noticioso de estos pasos, hubiese podido resolver la continuación de la causa en la Real Audiencia, o su remisión con los reos a este supremo tribunal.

Por esta omisión se toca la imposibilidad de continuarla legalmente, y ya que el señor comisionado le ha recibido la declaración y confesión con cargos, en cumplimiento de la soberana resolución que así lo ordenó, le parece al fiscal que se debe ordenar se libre real provisión cometida a la Real Audiencia de México, para que los ministros que nombró en el auto de 6 de octubre de 1808, para la práctica de diligencias, hagan ratificar en forma legal a todos los sujetos que dieron sus informes, a excepción de los que gocen de la prerrogativa de poder declarar por este medio, evacuando las citas que resultan de ellas, y las que ha hecho el virrey, buscando y agregando a las diligencias los expedientes, reales órdenes, y demás papeles de que hace mérito, y a que se refiere en su declaración y confesión, de las cuales se deberá remitir una copia certificada con la misma real provisión, pues hallándose la causa en sumario, éste y no otro es el periodo legal para evacuar diligencias, que dejadas al arbitrio del reo,
pueden perjudicar a su inocencia o al interés de la vindicta pública, si se reserva para el término de prueba

Aunque hay algunas indicaciones de que a los sujetos que fueron presos con el virrey se les ha formado causa, el fiscal con arreglo a lo que tiene manifestado, no puede menos de pedir, que se mande a la audiencia las continúe, o separadamente, o en unión con la de aquél, según la conexión que entre sí tengan, dejando a su prudente arbitrio el concluirlas, o el decretar su remisión con los reos que existan, pues algunos han muerto.

Parece ocioso hacer una solicitud formal para que las diligencias de embargo de bienes y recogimiento de papeles del virrey, se remitan con las demás, y se contenta el que responde con insinuarlo, a fin de que este extremo sea uno de los que comprenda la determinación de su majestad.

El fiscal hubiera deseado que en esta causa sólo se hubiera tratado del punto de infidencia, sin mezclar otros que deban servir para el juicio de residencia del virrey.

La ley mira con tanto respeto este asunto, que sólo quiere reservar al soberano el nombramiento del sujeto que haya de verificar el examen de las quejas contra un lugarteniente suyo, conminando a los que contravengan a esta disposición con multas, y otras demostraciones.

Por esta razón, por lo que tiene representado aquel a su majestad con fecha 13 de mayo próximo, y por evitar que llegado el caso de hacer su defensa, pueda valerse de reclamaciones que debiliten el mérito de las pruebas que contra él resulten; le ocurre al fiscal el pensamiento, de que supuesto que el tratarse en esta causa de algunos extremos que deben ser el objeto de la residencia de Iturrigaray, no puede impedir el que ésta se verifique con arreglo a la ley, sería muy conveniente el que al sujeto a quien se nombre para tomarla, se le encargue igualmente la práctica de todas las diligencias que deja pedidas; el consejo lo resolverá así, o acordará lo más justo.

Sevilla, 15 de agosto de 1809.—

Sigue la rúbrica del fiscal, y luego señores del consejo pleno de este día, y después—

Dese cuenta por el relator—

Al relator.

Fuente:

J. E. Hernández y Dávalos. Historia de la Guerra de Independencia de México. Seis tomos. Primera edición 1877, José M. Sandoval, impresor. Edición facsimilar 1985. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana. Edición 2007. Universidad Nacional Autónoma de México.

Versión digitalizada por la UNAM: http://www.pim.unam.mx/catalogos/juanhdzc.html