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Representación sobre la inmunidad personal del clero, reducida por las leyes, por el señor Abad y Queipo.
Valladolid de Michoacán, 11 de diciembre de 1799.

NÚMERO 261 - Tomo II

Colección de los escritos más importantes que en diferentes épocas dirigió al gobierno don Manuel Abad Queipo, obispo electo de Michoacán, movido de un celo ardiente por el bien general de la Nueva España y felicidad de sus habitantes, especialmente de los indios y las castas; y los da a luz en contraposición de las calumnias atroces que han publicado los cabecillas insurgentes, a fin de hacerle odioso con el pueblo, y destruir por este medio la
fuerza de los escritos con que los ha combatido desde el principio de la insurrección

Representación sobre la inmunidad personal del clero, reducida por las leyes del nuevo código, en la cual se propuso al rey el asunto de diferentes leyes, que establecidas, harían la base principal de un gobierno liberal y benéfico para las Américas y para su metrópoli

SEÑOR.

Si los siglos de ignorancia produjeron desorden y abuso en el ejercicio y goce de la jurisdicción e inmunidades eclesiásticas, el siglo pretendido de las luces disputando hasta lo más sagrado, y arrollando como un torrente precipitado la verdad con el error, la piedad con el fanatismo, y la autoridad con la superstición; ha destruido en él todo estos sagrados derechos, o los ha reducido a una sombra de lo que deben ser. (1)

Desde el siglo XIII no ha cesado la disputa sobre el origen, extensión, utilidad y justicia de la potestad eclesiástica, y de las inmunidades de los ministros de la Iglesia y de sus templos.

En el norte de la Europa se incendió más la controversia, desde que Lutero, desencadenado contra la santa sede, comenzó a establecer su cisma, y separó del gremio de la Iglesia una gran parte del mundo católico, bajo el espacioso título de reforma.

En el medio día se trataron estas materias con más circunspección.

Pero en Francia se excedió la línea de lo justo: y ya veremos luego la poderosa influencia de este exceso en los recientes sucesos de aquel reino.

En España, en nuestra católica España, que podemos llamar con San Pedro (2) porción escogida, nación santa, pueblo adquirido; se arreglaron los derechos del sacerdocio y del imperio con dignidad y justicia.

La innata piedad de nuestros soberanos, y la religiosidad de sus ministros, en uso de la autoridad regia y con intervención de la pontificia en lo necesario, disiparon los abusos y conciliaron los intereses de ambas majestades; y no se habían intentado más reformas que las que había exigido el verdadero interés de la monarquía.

Pero en este tiempo, sin interés alguno del Estado, un golpe fatal aniquiló la inmunidad personal del clero americano.

Hablamos, señor, de la real cédula de 25 de octubre de 95, y ley 71 lib. I tít. 15 del nuevo código que se acompañó con ella; y las leyes 12 tít. 9 y 13 tít. 12 que se refiere en la citada ley 71, y de las cuales no tenemos más noticia; y parece que por la 12 tít. 9 se establece la asociación de la jurisdicción real y eclesiástica en los delitos enormes de los eclesiásticos, y que por la 13 se establece conozca sólo el juez real del crimen de lesa majestad perpetrado por eclesiásticos.

Hablamos también, Señor, de la abusiva y escandalosa aplicación que la Real Sala del Crimen de México hace de esta nueva jurisprudencia en los casos ocurrentes.

Por ésta y por aquélla, haciéndose ilusorio y vano el fuero personal del clero, se le degrada de la consideración que le es debida, y degradado y deprimido queda inhábil para el desempeño de su alto ministerio en orden al pueblo, y sin existencia civil en la clase en que lo coloca nuestra constitución monárquica para apoyo de la soberanía de vuestra majestad.

Una novedad tan inopinada y de consecuencias tan terribles causó su efecto.

El clero entero secular y regular de la Nueva España, y aun el común de sus habitantes, entró en desolación y amargura, que crecen y se aumentan con la experiencia repetida del abuso.

El clero ama cordialmente la persona sagrada de vuestra majestad.

Obedece y venera profundamente sus resoluciones soberanas.

Pero desea existir.

En este conflicto, el obispo y cabildo de la santa iglesia de Valladolid de Michoacán, acordándose que vuestra majestad con la excelencia de justo y de benigno reúne los títulos consolatorios de nuestro protector y padre, recobrados con tan dulce idea de aquel doloroso transporte; imploramos la real clemencia de vuestra majestad.

Y asegurados en lo absoluto que la bondad de su corazón no puede dejar de interesarse en nuestra desgracia, ni de atender nuestra justicia; expondremos con confianza y exactitud los fundamentos en que estriba, esperando, como esperamos de su real clemencia, se digne mantener a esta su Iglesia de América en el goce de sus inmunidades, y sobre todo de la personal del clero mencionado, según el tenor de los sagrados cánones, de las leyes municipales de estos reinos, y soberanas resoluciones de vuestra majestad y de sus predecesores, antecedentes a la publicación de las citadas leyes del nuevo código y real cédula de 25 de octubre de 95.

Los fundamentos de nuestra solicitud se pueden reducir a tres.

Primero: que las inmunidades eclesiásticas son debidas a la Iglesia y sus ministros.

Segundo: que además de esto, las inmunidades del clero español hacen parte de nuestra constitución monárquica, y no pueden reducirse con exceso sin peligro de alterarla.

Tercero y último: que hallándose ya reducidas todo lo que permite su naturaleza y exige el bien público las referidas leyes, y especialmente la aplicación que de ellas hace la Real Sala del Crimen de México, la reducen de hecho con exceso, degradando al clero de la consideración necesaria sin motivo y con perjuicio del bien público, y de los verdaderos intereses de vuestra majestad.

La idea de la divinidad inspirada o innata en el corazón del hombre, produce necesariamente el más vivo sentimiento de veneración, de confianza y de respeto hacia ella.

Este sentimiento excita los actos de adoración y culto el más digno y más respetuoso.

Y por una consecuencia inmediata y naturalísima, resulta en el mismo corazón humano el aprecio de aquellos hombres que están únicamente dedicados al arreglo y a la oblación de los votos y homenajes debidos a la divinidad.

En esto consiste la religión y su ministerio considerados en general.

Es, pues, naturalísimo en el hombre el aprecio y el respeto de la religión y de sus ministros.

En efecto, la historia de todas las naciones y de todos los siglos nos enseñan, que todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, constituidos en sociedad o errantes por las selvas, han honrado la religión y distinguido mucho a sus ministros.

Los siglos pasados no presentan excepción en la materia.

Parece que esto solo debiera bastar para comprender el abismo de males que ofrece al mundo, la que se ha comenzado a establecer a fines del presente siglo.

Hasta ahora el respeto de la religión y de sus ministros había entrado siempre en el plan de gobierno de toda sociedad, y en las miras de los directores de los hombres; y se había creído que sin esto los hombres no podían ser gobernados ni felices.

Y así vemos que todos los gobiernos han distinguido y privilegiado los ministros de la religión, conviniendo sólo en esto al tiempo mismo que variaron tanto en la religión misma y en todo lo demás.

Y en la ley escrita Dios mismo determinó las inmunidades y prerrogativas de los ministros de la verdadera religión.

Es verdad que en la ley de gracia el hijo de Dios no hizo ley expresa sobre estas inmunidades.

Pero también lo es, que habiendo elevado el sacerdocio a la más alta dignidad que pueden ejercer los hombres sobre la tierra, elevó también los ministros de la religión.

Antes, estos ministros, eran propiamente ministros de los hombres, sus representantes para arreglar y ofrecer a Dios el tributo de su humillación, y para pedirle el remedio de sus males.

Pero los ministros de la religión cristiana sobre aquel concepto, tienen también el verdadero título de ministros vicarios y delegados del mismo Dios, para ejercer sobre el espíritu de los hombres la potestad de ligar y absolver, para dispensar sus misterios, administrar sus sacramentos y gobernar su Iglesia.

Y así aunque no haya ordenación expresa en el Evangelio sobre las prerrogativas de los ministros de la ley de gracia, se infiere por lo menos del mismo Evangelio, que no deben ser de peor condición que los de la ley escrita.

Así es en efecto, y así lo han sentido siempre los príncipes cristianos con el común de los fieles.

“Franquezas muchas han los clérigos, (dice la ley de partida) más que otros homes tan bien en las personas, como en sus cosas... e es gran derecho que las hayan, ca también los gentiles, como los judíos, como las otras gentes de cualquiera creencia que fuesen honraban a sus clérigos, e les facian muchas mejorías... o pues que los gentiles que no tenían creencia derecha, ni conocían a Dios cumplidamente los honraban tanto; mucho más lo deben facer los cristianos que han verdadera creencia y cierta salvación.”

Es verdad también que la Iglesia está en el Estado, y que debe contribuir como los demás miembros al bien común de la sociedad civil.

Pero lo es igualmente que no todos los miembros contribuyen de un mismo modo; y que siendo recíprocas y proporcionales las obligaciones de los individuos al común, y del común a los individuos; la sociedad debe a cada uno de sus miembros la retribución que es proporcionada a sus servicios.

Las prerrogativas y distinciones de los jueces, magistrados, militares, administradores de la renta pública, nobles, eclesiásticos, en una palabra de todo miembro que ha hecho o hace importantes servicios al Estado, son pagos legítimos con que el Estado satisface sus deudas naturales.

¿Y qué otros miembros de los estados civiles han hecho mayores servicios que los ministros de la religión cristiana? Dedicados a procurar a los hombres la felicidad eterna, hace dieciocho siglos que trabajan con celo, perseverancia y caridad la más ardiente en disipar errores y enseñar el dogma y la moral más pura.

La hambre, la sed, el contagio, la distancia, los desiertos, la mar, la persecución, han servido solamente de incentivo para redoblar sus esfuerzos y acrisolar más y más la heroicidad de sus virtudes.

Inundado el medio día de la Europa con las naciones bárbaras del norte, que como olas de la mar agitado de un terremoto, se impelían las unas a las otras y hacían irresistible su choque; entonces los ministros de la religión cristiana detuvieron en parte sus estragos.

Ellos templaron la ferocidad de aquellos vencedores, morigerando sus costumbres y convirtiéndolos del arrianismo a la religión católica.

Y si no pudieron impedir que en aquellos siglos de guerras y de errores las tinieblas de la ignorancia se extendiesen sobre la tierra; conservaron a lo menos algunos restos de las ciencias; los cuales unidos después con las luces de los árabes de España, dispusieron la Europa para que pudiese llegar a ser lo que hoy es.

Ellos fueron los principales agentes en el establecimiento de los nuevos gobiernos, para que unos conquistadores bárbaros y feroces fundasen las monarquías modernas sobre las bases de equidad y justicia que tanto resplandecen en ellas para felicidad de los hombres.

A ellos se les debe el triunfo de la humanidad en el destierro de la servidumbre en Europa.

Y ellos finalmente son por razón de su oficio sacerdotal los mejores garantes de la observancia de las leyes civiles, de la obediencia y subordinación de los súbditos a las potestades superiores, del pago de las contribuciones, y de la restitución y desagravio en los daños comunes o individuales.

Y sobre estos beneficios generales, el clero como miembro de cada estado, hace en él otros particulares de mucha importancia y consideración, más o menos según las diferentes formas de gobierno y circunstancias locales en que se halla.

Resulta, pues, que por cualquiera aspecto que se miren las inmunidades eclesiásticas, ya sea por el motivo de ellas, ya por su objeto o por el sujeto, se debe concluir, que ellas han existido en todo tiempo, en todas las naciones y gobiernos; que ellas son conformes al derecho natural y de gentes, expresamente establecidas por derecho divino en la ley escrita; y que tienen igual y aun mayor motivo en la ley de gracia; que de hecho se establecieron o confirmaron por las leyes civiles de los estados católicos; y en suma, que purificadas de los abusos, como ya lo están, son debidas de justicia a la Iglesia y sus ministros.

Esta es la conclusión que deducen unánimes y contestes aun los defensores más ardientes de las regalías. (3)

Ella sola basta para apoyar nuestro intento.

Sea en hora buena.

Convenimos con ellos en que vuestra majestad es el árbitro absoluto para arreglar la extensión de estas inmunidades.

Pero convencidos de que el móvil único de su piadoso corazón es la justicia, esperamos con la mayor confianza que vuestra majestad en uso de ella, y atendiendo a las consideraciones que dejamos extendidas, conservará a la Iglesia de España y sus ministros todas las inmunidades y prerrogativas que les son debidas.

Establecido este fundamento, que es el primero de nuestra solicitud, pasamos a tratar del segundo, es a saber: que las inmunidades del clero español hacen parte esencial de nuestra constitución monárquica, y que reducidas con exceso pueden alterarla.

Entendemos por inmunidades todos los privilegios concedidos a las iglesias y a sus ministros; y se suelen dividir en inmunidad local, inmunidad real, e inmunidad personal.

De las dos primeras sólo trataremos por incidencia en la relación que tiene con el bien público, y en cuanto se refunden en la tercera, esto es, en la inmunidad personal del clero.

Por inmunidad personal del clero español se debe entender la suma de los privilegios y favores concedidos a la profesión y a las personas consagradas a Dios en el clero secular y regular.

Estos privilegios son negativos y positivos.

Los negativos consisten en la exención de contribuciones, servicios personales, y cargos públicos.

Y los positivos consisten en la prerrogativa del fuero clerical o de ser juzgados por jueces del propio cuerpo.

Consisten también en la autoridad que nuestros soberanos concedieron a los prelados de su Iglesia, para tratar y conocer sobre muchas cosas y causas, que no siendo rigurosamente espirituales, las sujetaron a la jurisdicción eclesiástica por respeto a la religión y por honor de sus ministros.

Y consisten finalmente en la dignidad en que se halla el clero español por beneficencia de sus soberanos, formando uno de los tres brazos, o de los tres estados que componen el cuerpo total de la monarquía; de suerte que por las leyes fundamentales de ella se halla constituido el clero al par del estado noble, en la misma dignidad, y aun con mayor representación; y de estos dos estados se forman las dos columnas sobre que descansa el trono. (4)

Esta dignidad del estado eclesiástico es relativa, y depende de los otros privilegios de exención, autoridad, honor y facultades, del mismo modo que la dignidad de la nobleza depende de los particulares privilegios que la constituyen.

La representación, pues, de la una y de la otra crecen o decrecen en razón de lo que se aumentan o disminuyen sus particulares privilegios.

Un ministro, por ejemplo, cuya sala no es capaz de recibir el número de los que los cortejan, queda solo al día inmediato de su caída, porque quedó al nivel de los otros y sin las facultades que lo distinguían y lo hacían necesario.

Pues es constantemente cierto y conforme a la naturaleza del corazón humano, que la consideración de un hombre, o de una colección particular de hombres, procede de sus facultades y de su independencia del común de los demás hombres.

Consta por la historia, que todas las monarquías modernas se fundaron sobre estas dos dignidades del clero y de la nobleza: de la nobleza, porque se componía entonces de sola la raza de los conquistadores, y de algunos pocos naturales que los habían auxiliado en la conquista; y del clero, porque la misma historia nos instruye de los importantes servicios que hizo entonces para conservar las conquistas, y gobernar en paz y en justicia los pueblos conquistados.

En todas partes militaban las mismas razones; y con corta diferencia los conquistadores tenían también las mismas costumbres.

Y en consecuencia, se establecieron los gobiernos bajo formas semejantes o poco diferentes.

Los francos en las Galias y nuestros godos en España, así establecieron sus monarquías, formando un compuesto del clero, de la nobleza y del trono; y se pasaron algunos siglos sin dar representación ni parte alguna en el gobierno al estado general, hasta que se confundieron los conquistadores con los conquistados, y se comenzó a distinguir la nobleza por familias y no por cuerpo de nación.

Este establecimiento por lo tocante a España, se acredita igualmente que por la historia por el Fuero juzgo, primer código legal de nuestra monarquía.

Resulta, pues, que las relaciones del trono, del clero y de la nobleza son contemporáneas a su fundación, y son los lazos que unen en un mismo cuerpo a estos tres seres políticos.

Sus intereses son consiguientemente recíprocos.

El clero y la nobleza existen en su dignidad y representación por el trono; pero al mismo tiempo le aseguran la subordinación y obediencia del pueblo, por el cual a su vez hacen también de mediadores.

Son, pues, miembros necesarios de la constitución monárquica.

Para conservarse tales y desempeñar sus deberes hacia el trono, es evidente que necesitan de toda aquella consideración que resalta de su exención, autoridad, facultades y privilegios particulares.

Quitad en una monarquía, dice el presidente Montesquieu, las prerrogativas de los señores, del clero y de la nobleza; y tendréis bien pronto un estado popular. (5)

Luego las prerrogativas del clero, igualmente que las de la nobleza, hacen parte esencial de nuestra constitución.

Luego podrán alterarla, si se reducen con exceso; que es el segundo fundamento de nuestra solicitud, que al parecer queda bastantemente demostrado.

El tercero y último, es a saber: que las inmunidades eclesiásticas están ya reducidas todo lo que exige el bien público y los verdaderos intereses de vuestra majestad, es el que presenta la cuestión de que se trata en el verdadero punto de vista que requiere su discusión; abraza todo su objeto y fin; y manifiesta las consecuencias que necesariamente deben seguirse en el estado actual de las cosas.

Exige, pues, un examen más detenido y dilatado.

Y entrando en materia confesamos de buena fe, que en tiempos pasados el clero y la nobleza abusaron de sus privilegios con perjuicio del bien público y de las regalías soberanas.

Pero aseguramos con la misma buena fe, que en el día ya no hay abuso ni perjuicio.

Por lo tocante a la nobleza se puede decir, que sus principales abusos se exterminaron de raíz por dos eclesiásticos, el cardenal Jiménez y el cardenal Richelieu, desde el siglo XVI en España, y desde el siglo XVII en Francia, y poco a poco se fueron reformando todos los demás.

El tít. I lib. 4 de la Recopilación de Castilla, y el mismo tít. y lib. de los Autos Acordados, no tienen otro objeto, que arrancar y prevenir todos los males que existían y podían resultar de la representación política en el estado del clero y de la nobleza; y se logró por punto general el fin y objeto que se propuso el legislador.

Si el remedio de estas leyes no fue absolutamente universal, o si el tiempo había introducido después nuevos abusos, es indubitable que en el gobierno ilustrado del glorioso padre de vuestra majestad (que santa gloria haya) se puso remedio a todo.

Sabios ministros, animados de un fogoso celo, consultaron providencias y se tomaron en efecto para todo caso.

En el supuesto cierto de que las regalías no se prescriben, se discutieron los títulos más antiguos de las prerrogativas individuales y de los cuerpos particulares, y se reintegraron la corona y el estado general en todos sus derechos.

Ningún señor, ningún noble goza ya prerrogativa que no sea legítima e incontestable.

Asturias y Galicia, cuyas tierras son casi todas dominicales, esto es, pertenecientes a señores o comunidades, bendecirán eternamente al autor de aquella sabia ley, que sin herir el sagrado derecho de la propiedad, da al colono o arrendatario una verdadera equivalencia de ella.

Otras providencias han tenido efectos varios.

Y así vemos por el censo español del año de 87, la prodigiosa rebaja que resultó de estas providencias en el estado noble en el corto periodo de 19 años, pues de 69 a 87 se rebajaron en doscientos cuarenta y dos mil doscientos cinco, es decir, en más de la mitad de los que existían en 78, y en casi la mitad de los que existían en 69.

Por otra parte, el celo tal vez excesivo de extender la jurisdicción real ordinaria, produjo también muchas providencias derogatorias de otros fueros.

El Supremo Consejo de Estado reconoció en efecto este exceso por lo respectivo al fuero militar; y vuestra majestad lo corrigió con la extensión que le dio el año pasado de 93.

Y pueden citarse como otra prueba en el asunto las reales cédulas de 16 de septiembre y 26 de octubre de 84, en que se allanan los fueros en los casos de que tratan, aun los de las más altas y distinguidas clases del Estado.

Es, pues, ciertísimo que en el estado actual de la nobleza no existe perjuicio alguno del bien público, ni el menor obstáculo a la soberana ordenación de vuestra majestad.

Lo mismo podemos decir por lo respectivo a las inmunidades eclesiásticas.

Primeramente en la inmunidad local se redujeron los asilos, y se excluyeron de su goce todos los delitos graves.

Por manera, que en los homicidios, por ejemplo, en que más interesa el asilo, sólo son inmunes los reos de homicidio inculpable, esto es, del que se comete por error o en defensa propia.

Y últimamente se disiparon las competencias, y se allanaron las dificultades todas de estos expedientes, con el rasgo sublime de sabiduría que se contiene en el artículo 13 de la real cédula de 15 de marzo de 87.

El sencillo encargo del soberano de que en duda sus ministros, se decidan siempre por la inmunidad sin empeñarse en sostener sus conceptos; interesa más al bien público y al decoro de los templos, que cuanto se había trabajado a este fin en los siglos precedentes.

Es de desear que este rasgo luminoso alcance a ilustrar otros objetos.

¡Ojalá se tome por regla en las demás controversias con la Iglesia!

En segundo lugar la inmunidad real o exención de contribuciones que gozaban los bienes de la Iglesia, se halla también en el mismo punto de reforma.

Por una parte la Iglesia de España y América contribuye con sus bienes a las cargas públicas del estado y real servicio de vuestra majestad con tercias, subsidio, excusado, millones, décimos, novales, mesadas y medias anatas eclesiásticas, vacantes mayores y menores.

Y por otra parte los bienes adquiridos después del concordato de 1737, modificado por el de 1752, están sujetos a todas las contribuciones propias de los bienes de los demás vasallos, exceptuando únicamente los bienes de primera fundación, y los que se adquieren por subrogación de otros bienes de igual naturaleza adquiridos antes del concordato.

La ley 16 tít. 4 lib. 5 de la Recopilación de Castilla, y los Autos acordados 1 y 3 lib. 15 tít. 10, con otras varias providencias anteriores, detuvieron en gran parte el progreso de las adquisiciones de las manos muertas.

Y por lo tocante a la América se estableció por la ley 10 tít. 12 lib. 4, que las tierras se dividiesen entre descubridores, pobladores antiguos y sus descendientes, con prohibición de enajenarlas a iglesia o monasterio.

Y aunque esta ley no se ha observado en la última parte, vino a lograr su fin por efecto de la primera.

Divididas las tierras entre pocos, quedaron los propietarios con grandes posesiones.

Cada uno, deseando engrandecerse, emprendió sólo el cultivo de la mejor tierra, y destinó el resto para la cría de ganados; de que resultó cada hacienda con cierta forma individual que impide su división; que los dos ramos de agricultura, labranza y cría de ganados se manejan en la Nueva España por mayor; que el pueblo sin propiedad ni cosa equivalente viva disperso en arrendamientos precarios en parajes de estas mismas haciendas, en que no perjudica a sus dueños con dificultades insuperables para su asistencia espiritual y civil.

Resultó, también que constituyendo una hacienda el patrimonio entero de un padre de familias, y exigiendo su manejo inteligencia, conducta y avío cuantioso, muerto el padre de familias, sólo uno de sus hijos se puede quedar con ella, y es lo más frecuente que no se quede ninguno, y que todos sujetándose a la dura ley de la necesidad, sufren el dolor de enajenarla para dividirse su producto.

Y resultó por último: que siendo pocos los poseedores, pocas las posesiones, y éstas indivisibles, y rarísimos los que podían disponer del todo de ellas, debieron ser también pocas sus donaciones piadosas, y no pudieron hacerlas en tierras sino en dinero, como sucedió en efecto; y así no pasaron a las manos muertas.

Y por consiguiente la inobservancia de la segunda parte de la citada ley, se corrigió por la observancia de la primera, que entre tantos malos efectos produjo este bueno.

Novísimamente vuestra majestad estableció el 15 por 100 de todos los bienes raíces y derechos reales que adquiera la iglesia en sus dominios por cualquiera título aunque sea oneroso, sin exceptuar los bienes de primera fundación, ni los subrogados. (6)

Y resolvió también la enajenación y venta de todas las fincas rústicas y urbanas pertenecientes a obras pías, capellanías, colegios, hospitales, cofradías y demás lugares piadosos. (7)

Por otro lado el clero de América no goza ni pretende gozar el derecho de refacción por los consumos, y contribuyó llanamente como los demás vasallos con todas las cargas impuestas sobre ellos.

Mas: la poca propiedad de la Iglesia y clero de América no consiste en posesiones.

Exceptuando la corta dotación que tienen en este género de propiedad las religiones de Santo Domingo, San Agustín y el Carmen descalzo; toda la demás consiste en capitales, que en calidad de depósito irregular (que es el contrato más frecuente en el país) circulan en manos de los seculares, fomentando la agricultura y el comercio con gran interés de la Real Hacienda.

De modo que en vez de ser una propiedad estancada en manos muertas, viene a ser un manantial fecundo que riega la tierra y anima la industria de la sociedad.

Dijimos que era corta la propiedad de la Iglesia y clero de América.

Y por lo respectivo a este obispado, lo acreditamos con la copia del plan adjunto núm. 1 que en el expediente de subsidio eclesiástico yo el obispo remití a vuestra majestad en 3 de agosto de 91.

Por este plan se ve que la renta de todas las capellanías eclesiásticas, memorias piadosas, y cofradías fundadas en las iglesias seculares y regulares de este obispado, es decir, en ciento veintiocho parroquias inclusas las once que después se agregaron al obispado de Guadalajara, y en cuarenta y ocho de regulares de ambos sexos, asciende esta renta a doscientos seis mil y treinta pesos, que corresponden al capital de tres millones y treinta mil pesos, apenas llega al caudal de uno de los particulares vasallos de vuestra majestad, pues el del conde de Valenciana de Guanajuato, excedió esta suma cuando se dividió entre sus herederos.

Y no siendo inconveniente que esta propiedad se halle acumulada en un vasallo particular, ¿qué influencia nociva puede producir en la sociedad, hallándose dividida entre tantos cuerpos e individuos?

Bien analizada la materia, resulta lo primero: que la inmunidad real del clero de América se halla reducida a la exención del derecho de alcabala en la venta de sus fincas, que sucede rara vez, como se supone de contrario; y aun ésta es la razón única de la nueva imposición del 15 por 100.

Lo segundo: que si se llevan adelante las referidas providencias, y exigiere el bien público que se extiendan a la propiedad de los regulares, en pocos años no quedará propiedad alguna en manos muertas que no contribuya más que la que existe en manos vivas o de legos, porque pagará como ellos las imposiciones ordinarias; y sobre éstas el 15 por 100 de la nueva adquisición.

O por mejor decir, no quedará propiedad alguna en la Iglesia, y ella pagará siempre el derecho de nueva adquisición.

Y lo tercero: que si hay motivo para eximir de las cargas públicas a los bienes destinados al culto de Dios y subsistencia de sus ministros, nada se puede intentar de nuevo contra ellos.

Sin embargo, señor, como el clero americano entiende que vuestra majestad puede conservarlo en su existencia civil, y en la clase que le corresponde en el Estado sin este privilegio, no tendrá dificultad en renunciarlo si fuere de su soberana aprobación.

Ahora contribuye más que los vasallos legos, como sería fácil demostrar por un cálculo comparativo.

Y entonces aumentando sus servicios, aumentará también su satisfacción y complacencia.

Pues honrado por vuestra majestad le será dulce el sacrificio de sus intereses, y aun de su vida.

En tercer lugar: la inmunidad personal del clero español importa, como queda dicho arriba, la suma de los privilegios y favores concedidos a la profesión y a las personas consagrados a Dios, esto es, exenciones, autoridad y facultades de subsistir con decoro.

Por este respecto resulta rebajada y disminuida la inmunidad personal del clero español y americano en toda aquella parte de consideración que le producían las otras dos inmunidades, local y real, que como hemos visto se redujeron a casi nada, pues la reducción de asilos, la ejecución de los delitos de su goce, y la nueva forma en que se sustancian estos procesos, quitan casi en lo absoluto la materia y el objeto sobre que debía ejercerse la jurisdicción eclesiástica, la cual viene a resultar por esta razón nula, o una potencia sin acto.

Y la reducción de la inmunidad real le rebaja gran parte de sus rentas, que tanto contribuyen a su decoro y distinción.

La autoridad y jurisdicción eclesiástica es otra de las principales partes integrantes de la inmunidad personal del clero.

No hablamos de la jurisdicción puramente espiritual, que es independiente de las leyes civiles.

Hablamos solamente de aquella parte de la jurisdicción eclesiástica que las leyes patrias concedían a los prelados y jueces de la Iglesia.

Esta jurisdicción, que se comenzó a combatir desde el siglo XIII en la Francia y en la Velgia, y que se había respetado en España hasta principios de este siglo, pereció por fin entre nosotros, y apenas se reconoce una sombra de lo que fue.

Potestad económica y protectiva, o cuestión de hecho aun en materias espirituales, abuso, distinción de petitorio y posesorio, anexión, y conexión de lo espiritual a las cosas físicas y reales; he aquí, Señor, los motivos y los pretextos que tomaron los jurisconsultos franceses, los magistrados y aun los tribunales superiores para invadir esta jurisdicción y acabar con ella, como lo hicieron, no obstante los edictos repetidos con que los reyes cristianísimos intentaron reprimir este furor, según refiere Van-Espen.

Y así quedó reducida la jurisdicción eclesiástica en aquella nación a lo puramente espiritual, como se ve por los 16 artículos del famoso decreto del consejo de Estado de aquella nación de 24 de mayo de 1766, que transcribe el licenciado Covarrubias sobre recursos de fuerza.

En la nuestra se ha seguido muy de cerca este ejemplo y se halla hoy esta jurisdicción eclesiástica casi en el mismo estado.

Ella se extendía antes a todas las cosas anexas por relación antecedente o consiguiente a lo que era espiritual, y por tanto conocía de todas las cosas dedicadas al culto de Dios y subsistencia de los ministros eclesiásticos, y aun de los bienes patrimoniales de estos.

Conocía de todo genero de beneficios, fideicomisos y memorias piadosas, en todas sus relaciones de establecimiento, modo de ejecución, pertenencia de su servicio o patronato, recaudación y cobro de sus réditos y principales.

Pero en el día sólo tiene conocimiento en la erección y pertenencia de los beneficios rigurosamente eclesiásticos y colativos que no son del real patronato.

Estos y todas las demás funciones de los otros se separaron de la jurisdicción eclesiástica.

Conocía de las causas matrimoniales, antes y después del matrimonio, de dotes, de filiaciones, etcétera.

Pero ya no hay caso apenas en que pueda intervenir sino cuando se trata directamente de nulidad del matrimonio o de divorcio.

Conocía de la insinuación, publicación de testamentos, facción de inventarios de testadores o herederos eclesiásticos.

Pero ya no tiene en esto intervención alguna.

Los obispos y seis vicarios, como establecidos para corregir errores y reprimir los vicios, conocían antes de adulterios, amancebamientos, embriagueces y demás desórdenes públicos que escandalizaban el común de los fieles.

Y ya están inhibidos en lo absoluto de intervenir en su corrección.

Los crímenes de usura, simonía, perjurio, sacrilegio, sodomía, blasfemia, y otros semejantes, se separaron también de su conocimiento a pretexto de la cuestión de hecho, y de la insuficiencia de las penas canónicas.

Igualmente se separó el conocimiento sobre prerrogativas de sepulturas, entierros y derechos funerales, sobre diezmos novales y diezmos secularizados; y sobre las tres gracias, subsidio, excusado y millones.

Sobre todo esto en América absorbe el real patronato casi toda esta jurisdicción eclesiástica, y conoce de la erección, unión y división de obispados y curatos, y de cuanto es anexo y dependiente a las iglesias; de la presentación de los beneficios y prebendas, y de cuanto ocurre en razón de su servicio; de las precedencias y ceremonias, y en una palabra de todo lo que se comprende bajo el nombre de disciplina eclesiástica secular y regular.

En suma, esta jurisdicción eclesiástica está reducida en América a la ejecución y visita de las disposiciones y lugares piadosos.

Ella se halla expresamente establecida en las leyes de partida, en el Santo Concilio de Trento, en las leyes recopiladas de Castilla, y en las leyes recopiladas de Indias.

Sin embargo, un autor moderno, compilado de mala fe, y de vista corta para penetrar los fines y consecuencias de las leyes, se atreve a establecer y establece de hecho, que esta no es jurisdicción, sino un cuidado de celo y diligencia extrajudicial, semejante al de los curadores de los menores. (8)

Tenemos pues, que la jurisdicción eclesiástica, que hacía una parte muy considerable de la inmunidad personal del clero, se ha reducido en América tanto o más que las otras dos inmunidades local y real, y que por este capítulo se ha rebajado mucho la consideración del clero.

No es de menor importancia la reducción que ha sufrido el fuero clerical, especialmente en las causas civiles.

Este privilegio es, propiamente hablando, el constitutivo de la inmunidad personal. Es la bula de oro o carta magna de la nobleza y libertades de cada individuo del estado eclesiástico.

Los demás privilegios se dirigen primariamente al común de este estado, esto es a los prelados, a los jueces, a las cosas, y secundariamente a los individuos: y este afecta y favorece primaria y directamente a los individuos, y secundariamente al común del estado eclesiástico.

De este privilegio depende esencialmente la consideración individual de los ministros de la Iglesia.

Él sólo los ennoblece y distingue de los demás vasallos, protegiendo su honor y su vida contra los insultos y tropelías de un juez ignorante o malévolo.

Este es el más excelente de todos los beneficios que vuestra majestad dispensa a cada uno de los individuos del clero; y este es también el que más los interesa y los empeña en procurar las glorias de vuestra majestad y el cumplimiento exacto de su real servicio.

El derecho de ser juzgado por jueces de su clase es como una propiedad la más preciosa en el concepto de cada individuo.

Y por esta razón todas las clases distinguidas han pretendido y obtienen sus fueros respectivos.

Y este es el origen y motivo de cuantos existen en el Estado.

Y es tan poderoso, que vuestra majestad mismo lo calificó suficiente para elevar el corazón abatido de un gurrumete y de un soldado raso, y fijarlo en el servicio militar con desprecio de los mayores trabajos, y aun de la muerte.

El aparato exterior, la concurrencia de obispos y prelados en la degradación de un ministro de la Iglesia, acreditan el alto aprecio que ella hace de este privilegio.

Cada acto, cada solemnidad de esta ceremonia, es un testimonio del profundo sentimiento que le causa la pérdida de esta prerrogativa en uno de sus ministros.

En efecto este es el más interesante de todos los privilegios que la Iglesia y sus ministros deben al Estado.

Y es por consiguiente, respecto a los eclesiásticos, como también a todas las demás clases distinguidas, uno de los más poderosos resortes del gobierno monárquico, y así debe conservarse en debida proporción.

Este privilegio era universal, y se extendía a todas causas civiles y criminales sin excepción alguna en las monarquías española y francesa, desde su establecimiento hasta el siglo XIII, como lo afirman los historiadores, y se convence por el Fuero-juzgo y los capitulares de los francos y por los sagrados cánones que logrando entonces el mayor respeto y deferencia, lo habían establecido con la misma universidad.

Y así vemos las primeras excepciones en el fuero real y leyes de partida, por lo tocante a España, y en el edicto de Francisco I de 1566 por lo respectivo a Francia.

Pero hay una diferencia infinita entre este edicto de Francisco I y las leyes del fuero real y de partida, porque también hubo (y ojalá aún hubiera) la misma diferencia en el modo de pensar entre los jurisconsultos y magistrados de aquel tiempo españoles y franceses.

Estos emprendiendo con furor el reparo da algunos inconvenientes que resultaban de la extensión del privilegio, y la reforma de algunos abusos que había permitido la ignorancia de aquel tiempo, excedieron la línea de lo justo, y dieron en otros inconvenientes y abusos.

Pero aquellos, esto es nuestros jurisconsultos, magistrados, y legisladores corrigieron los inconvenientes y abusos con equidad y con respecto a los verdaderos intereses de la Iglesia y del Estado.

Nuestras leyes redujeron el fuero clerical en las causas civiles en solo aquellas que tenían relación directa con el bien común del Estado, con alguna gracia inmediata, o con los empleos o encargos civiles que aceptaban los eclesiásticos; y en las criminales lo redujeron solamente en los crímenes de falsario de letras apostólicas o reales, de hereje, dogmatizante y relapso, de excomulgado indolente por un año para el efecto sólo de ocupar sus bienes, y al delito de injuriar o incidir la vida de su propio obispo.

Estas leyes que desafueran a los eclesiásticos en los referidos casos, no permiten al fuero real que toque su persona, sin que preceda la degradación solemne de la Iglesia.

En todos los demás delitos, como hurto, homicidio, perjurio y otros semejantes, no pierden el fuero clerical aun cuando por ellos los degrade la Iglesia, a cuyo juicio dejan las leyes su castigo.

Esto es lo establecido en la materia por nuestras sabias leyes de partida, como se ve por los dos títulos 5 y 6 de la primera partida.

Posteriormente por las leyes recopiladas de Castilla o Indias se redujo el fuero clerical en las causas civiles en todos los casos en que se había reducido la jurisdicción eclesiástica, que dejamos relacionados.

Mas el fuero clerical en las causas criminales se dejó en el mismo pie en que lo habían establecido las leyes de partida, pues no se halla otra excepción que la que se contiene en la ley 8 tít. 15 lib. 8 de la Recopilación de Castilla, en la cual el señor don Carlos III padre de vuestra majestad que santa gloria haya, desafuera los clérigos y otras personas privilegiadas que tengan participio en sediciones o motines, es decir, que son reos de lesa majestad como turbadores directos de la tranquilidad pública.

Fuera de este caso, en todos los demás gozan los clérigos del privilegio del fuero en las causas criminales.

Por estas leyes se estableció también una gran reforma en cuanto a los clérigos de menores órdenes y sirvientes de Iglesia, que antes gozaban el fuero clerical en causas civiles y criminales.

Desde 68 a 87 produjo esta reforma la rebaja de veintiocho mil doscientas cincuenta y siete personas eclesiásticas, como se ve por el censo español.

En una palabra, se redujo el fuero civil de los clérigos todo lo que exigían el bien público, la buena administración de Real Hacienda, y la naturaleza de las gracias que dimanaban del trono.

Estas reducciones rebajaron mucho la inmunidad personal y consideración del clero.

Pero como no tocan directamente la persona de los clérigos, y sólo recaen sobre sus beneficios, sobre sus cosas, de aquí es que sin embargo de ellas el clero se conserva todavía en estado de poder llenar sus obligaciones sacerdotales y civiles hacia el pueblo, y hacia su soberano; pues siempre conservará cierto decoro y dignidad mientras las leyes le conserven su fuero en las causas criminales, que son las que tocan a su persona y en las que se compromete su concepto, su honor y su vida.

Y esta es la razón porqué se había conservado hasta ahora ileso el fuero criminal de los clérigos por las referidas leyes recopiladas y providencias últimas del glorioso padre de vuestra majestad, las cuales aunque tan próvidas y extendidas a tantas materias y casos, no hieren como se ha dicho el fuero criminal de los clérigos sino en el caso gravísimo del crimen de lesa majestad, excepción que justifica y recomienda el interés y el bien público de la sociedad entera.

Las leyes antiguas y modernas de nuestra monarquía han tenido una vigilancia suma en defender y proteger la persona y el honor de los clérigos, estableciendo al efecto penas muy severas contra los agresores de obra o de palabra.

Nuestros religiosísimos monarcas desde inclusive vuestra majestad hasta Ataulfo, han reprimido y castigado con severidad todos los insultos particulares que han llegado a su noticia, extendiendo esta animadversión aun a los tribunales supremos, previniendo a estos y a todos los demás inferiores que no se admitan en ellos escritos injuriosos contra los prelados y personas eclesiásticas.

Y así se ve que si por una parte la necesidad los obligó a disminuir las inmunidades eclesiásticas en lo respectivo a jurisdicción, a la exención de las cosas y al fuero civil, procuraron al mismo tiempo aumentarlas en lo tocante a las personas y al decoro de los eclesiásticos, vedando sus injurias, y conservándoles su fuero criminal como la cosa más sagrada y más importante a la conservación y al respeto que es debido a este estado.

Con esta legislación se había gobernado la monarquía española hasta el año pasado de 95 en la integridad de sus costumbres, en su carácter religioso y fiel a la religión, y en su generosa firmeza para el desempeño de sus deberes públicos y particulares.

La soberana voluntad de vuestra majestad no experimentaba el menor obstáculo.

Sus ordenaciones supremas fluían, digámoslo así, desde el trono por todos los miembros del cuerpo político, como la sangre fluye por las venas desde el corazón a las extremidades del cuerpo humano.

El clero y el pueblo español eran como habían sido siempre, con corta diferencia.

Cualquiera novedad que pudiese haber habido en sus costumbres y modales, ciertamente no era efecto de la legislación, por lo menos de la legislación antigua, sino de la poderosa influencia de las novedades, vicios y costumbres de este siglo.

Y sea lo que fuere de esto, lo cierto e indubitable es que el clero y el pueblo español en 95 eran más fieles y leales a su religión y a su soberano que ninguna otra nación de Europa.

Luego se debe concluir, que la inmunidad personal del clero en cuanto al fuero criminal y civil, está reducida todo lo que conviene; y que en suma lo están todas las inmunidades eclesiásticas del mismo modo que los privilegios de la nobleza.

Luego la nueva jurisprudencia y la aplicación que de ella hace la Real Sala del Crimen de México, que en sustancia destruyen el fuero eclesiástico en las causas criminales, la reducen de hecho con exceso.

Pero todavía se dirá, ¿cómo se demuestra este exceso?

Señor, todo extremo es vicioso en lo moral, y es difícil acertar y mantenerse en el medio inmutable en que Confucio ponía la suma de la sabiduría humana.

Confesamos nuestra insuficiencia para señalar la línea de división de estos extremos, y determinar el punto fijo donde deben parar nuestras inmunidades.

El acierto es de suma importancia en un negocio común a vuestra majestad, al clero y a toda la monarquía; y para conseguirlo parece que no puede seguirse regla más segura que la experiencia en casos semejantes; continuaremos, pues, el paralelo con la Francia, examinando el proceso de su legislación en la materia, sus efectos y resultas; y ellas determinará estas líneas y harán ver que la nueva jurisprudencia induce de hecho el referido exceso.

Ya expusimos la conducta de los jurisconsultos y magistrados franceses en lo respectivo a la jurisdicción eclesiástica.

Ellos observaron la misma en lo tocante al privilegio clerical en las causas civiles y criminales.

En las primeras lo extinguieron en el todo, y en las segundas lo hicieron ilusorio y vano.

Al principio intentaron solamente conocer de los delitos de lesa majestad.

Después ya se extendieron a los atroces y enormes, con pretexto de la insuficiencia de las penas canónicas, y de que ella era incentivo para que los eclesiásticos delinquiesen. Y finalmente pretendieron conocer de todos los delitos graves de los eclesiásticos.

Conociendo el clero de Francia que esta conducta de los magistrados destruía su principal inmunidad; que la publicación de los delitos de los eclesiásticos era de gran escándalo a los ojos de los seculares, y disminuía su veneración y su obediencia, y que por otra parte el principio en que se fundaron los magistrados, no sólo era incierto sino contrario a los fines que se proponían, pues la experiencia y la razón han acreditado en todo tiempo, que el medio más eficaz de mejorar los hombres consiste en el honor y no en la infamia.

Por estas consideraciones se determinó a reprimir la audacia de los magistrados, con tanta mayor satisfacción cuanto ella no tenía fundamento alguno en las leyes civiles de aquel reino.

Y así congregados en concilios estableció las penas de excomunión y de entredicho contra los invasores de su inmunidad personal en las causas criminales, como se ve por los concilios de aquellos tiempos, es a saber, el de Rems celebrado en 1301, el de Avigñon en 1326 y el de París en 1346.

Es digna de notarse una circunstancia particular que refieren los padres del concilio de Abiñon, es a saber, que los magistrados no sólo procedían contra derecho en las prisiones de los clérigos, sino que de intento las hacían en el modo más torpe y que más pudiese servir de confusión a la Iglesia y al clero.

Por donde se ve, que desde aquellos tiempos se perseguía ya la Iglesia a la sombra del bien público, y que ahí era contagio antiguo en los magistrados encubrir la envidia, el espíritu de partido y otras pasiones con el velo especioso de la justicia.

Se pasaron más de tres siglos en esta contienda, con ventaja siempre de los que tenían en su mano la fuerza y el poder, hasta que por fin se promulgó el referido edicto de Francisco Primero, por el cual se estableció que los magistrados seculares conociesen de los delitos privilegiados de los eclesiásticos, y los sentenciasen y castigasen antes de entregarlos a sus jueces eclesiásticos para el conocimiento de los delitos comunes.

El clero comprendió luego el golpe mortal que daba este edicto a su inmunidad, y lo reclamó al instante.

Y en resultas se publicó el edicto de Enrique III de 1580, que viene a ser una modificación del primero, en cuanto establece que la instrucción de los procesos criminales contra las personas eclesiásticas en los casos privilegiados, se haga conjuntamente tanto por los jueces eclesiásticos como por los seculares, imponiendo a estos la obligación de concurrir al tribunal de la jurisdicción eclesiástica.

Tenemos ya autorizados por ley a los magistrados seculares de la Francia, para proceder contra eclesiásticos en los delitos privilegiados.

Pero ellos no se podrán contener en sus límites.

El espíritu que da impulso a sus conatos no reconoce límites.

En efecto, ellos traspasaron de luego a luego los términos de esta ley; y despreciando la concurrencia de los jueces eclesiásticos en los delitos privilegiados, conocieron de ellos sin intervención suya, y sólo se la daban en los delitos comunes; y por último se apropiaron también éstos; y sólo dieron intervención al eclesiástico en los delitos leves en materia de disciplina, y de esta suerte se extinguió en Francia el privilegio clerical en las causas criminales.

Van Espen da la historia de estos procedimientos en la tercera parte de su obra del Derecho Eclesiástico, con referencia a Guillermo Benedicto, Febrecio, Rouselio, Zipéo, Rebujo, y otros autores que cita.

Pero donde se ve con claridad todo el artificio con que los magistrados y tribunales de la Francia llegaron a destruir la jurisdicción y la inmunidad personal de la Iglesia, es en la obra intitulada Leyes eclesiásticas de Francia, escrita por Hericourt, abogado del Parlamento, en que se insertan y se glosan las leyes, y los arrestos o decretos de los consejos, parlamentos y demás tribunales superiores de aquella nación; en los cuales se descubre un verdadero sistema, sostenido desde el principio y transmitido de unos a otros, de invadir y aniquilar esta inmunidad de la Iglesia.

Ellos consumaron efectivamente sus intentos.

¿Pero qué utilidad, qué beneficio resultó a la monarquía, al clero y pueblo francés? El que hemos visto era natural, y se debía seguir de los principios que gobiernan el corazón de los hombres.

No dejando de serlo los eclesiásticos por eclesiásticos, es indispensable que entre muchos deje de haber alguno que delinca por fragilidad humana, por provocación o por malicia.

Deducido su delito en un tribunal superior ante jueces respetables y de muchas relaciones, en concurso de espectadores de toda la nación; se representaba allí con los colores más vivos y sangrientos por un orador vehemente, que ponía su gloria en la convicción de un miserable, en la exaltación del crimen, y en el triunfo de la malicia sobre la inocencia.

Engrandecido con los colores de la oratoria, se difundía y derramaba en el público, no cual era en realidad, sino cual se pretendía que fuese, y trasmitiéndose de unos en otros hasta las provincias más remotas, se aumentaba progresivamente en razón de la distancia, como sucede siempre.

En el segundo caso que ocurría, se traía a colación el primero en todas sus circunstancias.

En el tercero se recordaban los dos antecedentes.

Y así en todos los demás.

De suerte que una acusación fiscal contra un eclesiástico, venía a ser un cuerpo de historia de todos los crímenes eclesiásticos del siglo o siglos precedentes.

En las demás clases del estado ningún reo carga el delito de otro.

Pero en la del clero cada individuo sufre el peso de los crímenes de los demás individuos que componen el cuerpo; y el cuerpo sufre la infamia de los crímenes de todos sus individuos.

Por esta razón un corto número de delitos de los eclesiásticos, fue bastante para irrogar una infamia perpetua al clero de la Francia.

Sin embargo, este ha sido uno de los menores males que le resultaron de la admisión del fuero en las causas criminales.

Éste lo compensaba de algún modo con sus virtudes, sus servicios y sus luces.

Pero le resultaron otros mayores que no admitían compensación ni reparo.

Tales fueron en primer lugar el oprobio y el desprecio que resultaba al cuerpo de que sus miembros se viesen revueltos y confundidos con el común de facinerosos; y en segundo la libertad y audacia de hablar contra el clero, que con el ejemplo de los procuradores de los parlamentos se fue introduciendo en los tribunales inferiores, pasando de los juicios al trato social, y de aquí a la república de las letras; y operándose progresivamente una revolución de opiniones, se comenzó a declamar y escribir contra el clero sin miramiento ni respeto; y luego se vieron nacer, reproducirse y pulular una inmensidad de escritos en todo género contra los ministros de la religión y contra la religión misma.

La sátira, la ironía, el razonamiento todo se puso en fuego para atacar o para hacer ridículos estos objetos.

Se consiguió el fin en la mayor parte.

Los ministros de la religión cayeron poco a poco en descrédito, en desprecio y aun en odio del común, que ya no veía en ellos sino sus defectos y sus riquezas, exageradas por la envidia y por la maledicencia.

Este ha sido un efecto necesario de aquella causa, que se previó y reclamó en tiempo y sin efecto por algunos prelados celosos, y cuya existencia nos es notoria por las relaciones de nuestros viajeros, por correspondencias particulares, por las producciones literarias que llegan a nuestras manos, y finalmente por el testimonio de Jacobo Bernardin, autor de la obra intitulada Estudios de la naturaleza que escribió en el año pasado de 84, y habla precisamente en la materia; el cual después de haber declamado también contra los defectos del clero, hace su apología en los términos siguientes: “El mundo, dice, mira el día de hoy con envidia, y digámoslo de una vez, con odio a la mayor parte de los sacerdotes.

Debiéramos hacernos cargo que ellos son hijos de su siglo como los otros hombres.

Los vicios que se les atribuyen pertenecen en parte a su nación, al tiempo en que ellos viven, a la constitución política del Estado y a su educación.

Los nuestros son franceses como nosotros.

Ellos son nuestros parientes, sacrificados frecuentemente a nuestra propia fortuna por la ambición de nuestros padres.

Si estuviéramos encargados de sus deberes, los desempeñaríamos más mal que ellos.

No conozco deberes tan penosos ni tan dignos de respeto como los de un buen eclesiástico.

No hablo de los de un obispo que vela sobre su diócesis, que forma sabios seminarios, que mantiene el orden y la paz en las comunidades, que resiste a los malos y soporta a los débiles, que está siempre dispuesto a socorrer a los desgraciados, y que en este siglo de error refuta los enemigos de la fe por sus propias virtudes.

Él está recompensado por la estimación pública.

Nada digo tampoco de los de un párroco, que atraen a veces por su importancia la atención de los reyes.

Hablo solamente de los de un simple y oscuro vicario de parroquia o teniente de cura, a quien nadie hace atención.

Él sacrifica los placeres y la libertad de su juventud a los más penosos y molestos estudios.

Soporta todos los días de su vida la incontinencia en mil ocasiones propias para perderla; y rechaza sin cesar, sin testigos, sin gloria, sin elogio, la más fuerte de las pasiones, y la más dulce de las inclinaciones.

Por otra parte está obligado a exponer diariamente su vida en las enfermedades epidémicas.

Es necesario que confiese, teniendo su cabeza sobre la cara de un enfermo apestado de viruelas, de fiebre pútrida o purpúrea.

Este valor oscuro me parece muy superior al valor militar...

¿Qué fortuna se promete él de sus trabajos? Una subsistencia frecuentemente precaria.

¿Qué indemnización recibe él de los hombres? Tener que consolar frecuentemente a gentes que ya no tienen fe; ser el refugio de los pobres y no tener qué darles; ser perseguido a veces por sus virtudes mismas; ver sus combates convertidos en desprecio, sus oficios en repulsas, sus virtudes en vicios, y su religión en ridiculez.

Tales son los deberes y la recompensa que el mundo da a la mayor parte de estos hombres, cuya vida el mismo mundo envidia. (9)

Se ve, pues, por el testimonio de este autor, que la envidia, el odio y el desprecio de los eclesiásticos era general en Francia el año pasado de 84.

Las reflexiones que expende para demostrar la injusticia de este tratamiento son sólidas y convincentes.

Pero ya el pueblo francés no estaba en estado de escucharlo; y el daño pasó tan adelante en los seis años siguientes, que en el de 90 no había en Francia persona más despreciable y aborrecida que un fraile, un clérigo, un cura, o un obispo.

Pero los frailes ya habían caído en este desprecio algunos años antes.

Y siendo máxima constante acreditada por la experiencia, que despreciados los ministros de la religión, cae en desprecio la religión misma; se ha visto también, que ella ha ido caminando a su ruina en la misma proporción que sus ministros; porque éstos sin opinión y sin concepto, no son ni pueden ser instrumentos idóneos para hacerla reinar en el corazón de los fieles.

Entró, pues, la relajación en las costumbres; y el clero mismo, arrastrado de los vicios de su siglo, se manchó con ellos, y de día en día vino a quedar más inhábil para el desempeño de sus funciones sacerdotales, y aún mucho más para inspirar y sostener la obediencia y subordinación de los súbditos a su soberano.

Por estos medios la legislación francesa gastó este resorte poderoso del gobierno de la monarquía.

Y por los mismos trámites se debilitó también el de la nobleza; y aún con más motivo, porque la reservación que hicieron los francos en la conquista del tercio de tierras cultivables, y los dos tercios de tierras incultas, y su eufeudación ya de por vida y después en herencia perpetua, extendieron mucho el derecho feudal y las jurisdicciones señoriales con perjuicio del público y del buen gobierno.

Por esto luego que comenzó a formarse y tener cuerpo la magistratura, esta clase noble, ilustre y sabia, que desconocida en los principios de las monarquías, se creó después por los soberanos para la administración de justicia, comenzó a atacar en Francia este gran inconveniente del derecho feudal, y todos los demás abusos que reconocía en las dos clases privilegiadas del clero y de la nobleza; y con buen celo y sana intención entró en el combate, postró al enemigo, y sin poderse reprimir, lo exterminó sin advertir, digámoslo así, lo que hacía.

Quiso reformar solamente los abusos de las inmunidades del clero, y de los privilegios de la nobleza; y extinguió las inmunidades mismas y los privilegios.

Como en este conflicto se hacía chocar perpetuamente el perjuicio de muchos con la comodidad de pocos, y se consideraban las clases privilegiadas en la relación nociva y no en la benéfica al estado, el pueblo movido con este ejemplo, sensible a sus intereses y mal juez para discernirlos con justicia, fijó la atención en el negocio; se ocupó de lo que le interesaba de presente; tomó los argumentos contra los abusos, y batió con ellos tumultuosamente los abusos, los privilegios y los privilegiados.

Y no concibiendo en ellos sino perjuicio, convirtió en odio y desprecio la veneración y respeto que antes les tenía.

Indispuesto más y más con los escritos de que se trató arriba, desaparecieron a sus ojos los servicios de la nobleza.

La beneficencia del clero no pudo hallar ya reconocimiento ni aprecio en corazones indiferentes y aun enajenados de la religión.

Los progresos del espíritu público, el cambio de opinión del pueblo francés desde 84 a 90, se ve como en un espejo en el periódico intitulado Correo de Europa, en donde se detallan por menor todos los sucesos, que eslabonándose los unos de los otros, forman la cadena que une en esta parte de su historia a las otras antecedentes, como un efecto sucesivo de aquella causa progresiva.

En principios de 89 el pueblo francés ya no reconocía en la práctica clases, leyes, constitución ni gobierno.

Las clases eran a sus ojos fantasmas ridículas, las leyes injustas, la constitución viciosa, y el gobierno abusivo.

La impudencia llegó hasta lo sumo.

En las máscaras del carnaval en París, dirigían un facteon cocheros y lacayos vestidos de obispos y de pares.

En la fiesta de la juventud de Nantes las inscripciones de la Barca de Acaron, que introducía a Voltaire y a Rousseau en los campos Elíseos, eran un testimonio claro del desprecio de todo lo establecido; y la impunidad de estos escándalos demuestra que ya no había energía en los magistrados para reprimirlos.

Vemos a qué punto llegó la efervescencia y la audacia en la convocación de los estados generales.

El Vailiage, la Senescalia más despreciable y remota se arrogaba la potestad legislativa, y circunscribía los poderes de sus diputados a la forma de una constitución nueva y subversiva de la antigua.

En todas partes el tercer estado pidió con altivez y como de justicia la ampliación del número de sus diputados.

Con el mismo orgullo pidieron éstos después la verificación de poderes de los otros dos estados en junta común, y la votación por cabezas y no por órdenes.

El mismo espíritu animó constantemente la asamblea del tercer estado durante la discusión de estas importantes cuestiones; y la determinó al inaudito arrojo de declararse Asamblea Nacional, reconocerse independiente y estatuir como soberano.

Las condescendencias del rey en estas circunstancias que se miraron como impolíticas, no fueron sino necesarias y forzosas, cediendo a la necesidad, y dando a la confianza lo que faltaba a la obediencia.

Último recurso en aquel momento; pero inútil e incapaz de detener el incendio preparado por el sistema antecedente.

Este es el último resultado del rumbo que había tomado la legislación francesa en el tratamiento del clero y de la nobleza; y este es el mismo que predijo Montesquieu a mediados de este siglo.

“Los tribunales, dice, de un gran estado en la Europa (la Francia) baten sin cesar hace muchos siglos sobre la jurisdicción patrimonial de los señores, y sobre la eclesiástica.

No queremos censurar magistrados tan sabios; pero dejamos por decidir hasta qué punto la constitución puede mudarse en resultas.” (10)

No dudaba este político profundo que la constitución francesa debía mudarse necesariamente por el choque perpetuo de los tribunales y magistrados contra el clero y la nobleza; sólo dudaba, o por mejor decir, no se atrevió a decidir hasta qué punto se debía alterar.

Pero esta enunciación en su laconismo significativo y picante persuade muy bien que Montesquieu anunció la subversión total de la constitución de su patria; presunción que se acuerda perfectamente
con los principios sobre que establece el gobierno monárquico; y que de hecho confirmó el suceso.

Siendo, pues, estas las resultas de la reducción excesiva de las inmunidades eclesiásticas, y de las prerrogativas de la nobleza en Francia; parece que ellas determinan la línea de división de las inmunidades eclesiásticas de España en aquel punto en que la legislación francesa se separó de la legislación española.

Ésta conservó con buen suceso hasta el año pasado de 95 el fuero eclesiástico en las causas civiles en la forma relacionada; y en las causas criminales lo conservó en toda su extensión, menos en el crimen de lesa majestad; y aquella lo extinguió en las primeras y lo redujo a casi nada en las segundas con el espantoso suceso que acabamos de indicar.

Luego debemos concluir, que el punto fijo en que deben quedar las inmunidades, es el que determinan nuestras leyes hasta el año pasado de 95.

Luego la nueva jurisprudencia induce exceso y puede causar gravísimos perjuicios; y mucho más el uso o abuso que de ella hace la Real Sala del Crimen de México.

En efecto esta jurisprudencia contenida en las citadas leyes, esto es, la 71 tít. 15, la 12 tít. 9, y la 13 tít. 12 lib. 1 del nuevo código y real cédula de 25 de octubre de 95, desafueran al clero secular y regular en los delitos atroces y enormes.

Con la nueva forma que establecen para sustanciar los procesos en unión de las dos jurisdicciones eclesiástica y secular, dan ingreso a ésta antes de acreditarse si hay delito, y si es en efecto atroz o enorme, es decir, desafueran al eclesiástico sin la constancia de que haya perdido el fuero.

El primer paso en las causas criminales se dirige a comprobar el cuerpo del delito, esto es, el efecto, la obra, o el hecho del que se supone delincuente.

El segundo se dirige a inquirir su autor, la intención, el modo y circunstancias con que lo ejecutó, que son rigurosamente hablando, las que constituyen el delito y lo elevan la clase de cualificado; pues hay incendios y homicidios, por ejemplo, inculpables, y que no constituyen delito leve, grave, atroz, ni enorme.

Un indicio, la sospecha más ligera, es bastante en la materia para continuar el proceso y decretar la prisión del eclesiástico más respetable.

Son, pues, infinitos los casos en que los eclesiásticos pueden ser despojados de su fuero indebidamente en virtud de esta nueva jurisprudencia.

Mas; la cualidad de enorme y de atroz no está definida por las leyes, y los autores varían hasta lo sumo en la graduación de los delitos, que comienza desde el leve hasta el atrocísimo.

Al principio sólo se estimaron atroces los que turbaban directamente la sociedad, como el crimen de lesa majestad, falsificación de la moneda, o infracción de la salvaguardia del soberano.

Después se colocaron otros en la misma clase, como el parricidio, incendio de mieses o casas, homicidio proditorio, y otros semejantes en que se acompaña alguna circunstancia muy agravante en la especie del delito.

Los más de los autores confunden las denominaciones de graves, enormes y atroces.

Algunos quieren que sean atroces y enormes los delitos de pena capital.

La cosa es tan difícil, que hasta ahora no hemos visto código criminal que establezca una regla capaz de determinar con exactitud estas cualidades.

Enunciaciones vagas y algunos ejemplos es todo lo que vemos en ellos.

Por otra parte el concepto de los delitos es relativo a los usos y costumbres de las diversas naciones y de los diversos tiempos en cada nación; y las penas admiten todavía mayor diversidad.

En Francia o en España, dice un autor moderno, sería infamia vindicar privadamente una injuria de otro modo que en el duelo; y en Nápoles y en Mesina se celebra la astucia del que atraviesa a su enemigo por la espalda.

Las francos expiaban con penas pecuniarias los delitos que los godos castigaban con pena capital.

La ley Porcia la extinguió entre los romanos aun en los mayores crímenes.

Y el tiempo, las costumbres, y las luces de este siglo quitaron la pena del tormento, y la de muerte en una infinidad de casos en que la prescriben las leyes.

Por manera que las penas en el día casi son todas arbitrarias.

De esta diversidad inmensa en el modo de concebir los delitos y las penas, resulta un motivo poderoso a todos los jueces seculares para intentar conocer de todos los delitos de los eclesiásticos, ya solos, y ya en unión de la jurisdicción eclesiástica; y por tanto resulta un seminario de competencias y discordias entre las dos jurisdicciones con gravísimo perjuicio de la buena armonía que debe unirlas para la edificación del pueblo.

Y resulta sobre todo el mayor de todos los males, que es la difamación del clero en la publicación de sus delitos grandes o pequeños.

Este gravísimo mal, que produce todas las consecuencias que expusimos a los piadosos ojos de vuestra majestad, no se repara de modo alguno con el recurso a la Real Audiencia.

Confesamos, señor, que la sabiduría profunda de este tribunal, la justificación y piedad de sus ministros, ha sido el verdadero asilo del clero perseguido en estos últimos años.

Si el pueblo no nos insulta todavía, si conservamos parte de la consideración y el respeto que antes nos tenía, podemos decir con verdad, y lo decimos con el más vivo sentimiento de gratitud, que nos hallamos en este estado por la justicia y protección de la Real Audiencia de México.

Ella desempeña majestuosa y dignamente los altos deberes que vuestra majestad le impone.

Hace lo que está de su parte.

Repara un atentado, una violencia, una injusticia de los jueces y magistrados seculares contra el clero; pero no puede reparar el escándalo y la difamación del clero, causados en estas injusticias, violencias y atentados, que se repiten sin cesar por los jueces de provincia, fiscal y Real Sala del Crimen de México, con motivo de las referidas nuevas leyes, que su celo, modo de pensar y autores que dirigen su opinión hacen extender a todo caso.

Tal vez pasan de setenta las fuerzas que han introducido en este último trienio, y estamos informados que todas las han perdido, porque en todas eran los delitos de poco momento, o no eran en sus circunstancias comprendidos en las referidas nuevas leyes.

Pero lo que ha causado más ruido y más escándalo, ha sido la que se intentó contra el reverendo obispo de Puebla con motivo de la causa criminal que éste seguía al cura de Quimixtitlán don Manuel de Arenas por cierta diferencia con el encargado de justicia del mismo pueblo, dependiente del subdelegado de San Juan de los Llanos, de la cual se dio cuenta a vuestra majestad por el real acuerdo con el testimonio íntegro del proceso.

En ella la Real Sala del Crimen excedió abiertamente los límites de las leyes nuevas, y los excede también en todos los demás casos ocurrentes.

En primer lugar calificó por sí sola el delito del cura como atroz y enorme.

En segundo dio orden al intendente de Puebla para que procediese a la prisión del cura con mano militar y sin noticia del obispo, a quien despojó de su jurisdicción y de su reo, trasladando a éste a la cárcel pública de Puebla entre los facinerosos más infames.

Y en tercero, insensible a la humanidad, negó a este infeliz cura los socorros naturales en una enfermedad muy grave.

La Real sala y su fiscal piensan del mismo modo en todas las demás causas.

Bajo el número 2º acompañamos a vuestra majestad testimonio del pedimento fiscal de 27 de septiembre y auto de la Real sala de 21 de octubre próximo pasados en la causa del presbítero don José María Soria, cura interino que fue de Petatlán en este obispado.

El fiscal asienta que el juez eclesiástico no tiene jurisdicción en la concurrencia con el juez secular en la instrucción de los procesos de los delitos enormes de los eclesiásticos; que sólo es una intervención negativa dirigida a presenciar las declaraciones de los testigos y reos según el tenor de la citada ley 71.

Causará admiración sin duda este modo de concebir y entender las leyes de un ministro tan autorizado como un fiscal del crimen de México, pero no por eso es menos real.

La ley dice que el proceso del hecho criminal se forme por la jurisdicción real en unión de la eclesiástica; y que en estado, resultando mérito para la relajación del reo al brazo secular, pronuncie el eclesiástico su sentencia de degradación y lo entregue con el proceso al secular para que proceda ad ulteriora.

La ley no puede estar más clara.

Atribuye igual jurisdicción a los dos jueces para la instrucción de estos procesos.

Obrar uno en unión de otro es obrar unidamente los dos, esto es, cooperar igualmente en la producción de la obra.

Unir es juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ellas un compuesto, y unión es el acto de juntar una cosa con otra.

Conque, si en la formación de estos procesos ha de haber unión de la jurisdicción eclesiástica con la secular, resultará de ellas un compuesto de las dos jurisdicciones; y se sabe que todo compuesto, ya sea físico, ya moral, retiene sus principios.

Mas, la jurisdicción eclesiástica en el caso es la única que se halla reconocida por la ley, y la que está expedita por notoriedad de hecho y derecho.

Al contrario, la jurisdicción real en este estado del negocio es solamente presuntiva, y su verdadera existencia sólo puede resultar a posteriori, después que substanciado el delito aparece acreditada la cualidad de enorme y atroz, que es la que da causa al ingreso de la jurisdicción real sobre el eclesiástico y le degrada de su fuero.

La real sala a consecuencia de este pedimento fiscal declaró que el intendente de Valladolid se había separado de la letra y espíritu de la referida ley 71, y le manda recoger los autos originales, proceder en ellos con escribano público, perfeccionar la sumaria, y continuar en la causa hasta ponerla en estado de sentencia en unión del eclesiástico que deputare el obispo; que éste vaya a la posada del intendente, y que en este estado dé cuenta a la real sala para determinar lo que corresponda.

El intendente, el obispo y el provisor de Valladolid procedieron en esta causa formando un sólo proceso en unión el uno del otro y con la mejor armonía.

Y así es evidente que no faltaron al espíritu de la ley, y mucho menos a su letra que nada dice sobre las fórmulas de los decretos, que parece los deja al arbitrio de los jueces en el encargo de que se conduzcan con la mayor armonía.

La real sala parece que no tiene facultad para decidir sobre la concurrencia del eclesiástico a la posada del juez real.

Pueden ofrecerse casos en que esta práctica fuese muy irregular, como lo sería si se procediese contra un canónigo que por el concilio tiene privilegio de que conozca por sí el obispo en sus causas criminales, que pudiendo iniciarse por un alcalde ordinario o por un alcalde de barrio, sería muy indecente que el obispo fuese a sus posadas.

Y sobre todo, vuestra majestad, único dispensador de los honores y distinciones de sus vasallos, es a quien toca determinar los presentes.

Finalmente, la real sala ordena que puestos los autos en estado de sentencia, se le remitan para determinar lo que corresponda.

Esta parte de su decreto es también excesiva contra el tenor de la citada ley, y todas las demás que establecen fuero por razón de delito y que favorecen a todo vasallo para ser juzgado por su juez inmediato.

Si del proceso resulta mérito para la degradación, el eclesiástico debe proceder a ella, y a la entrega del reo y de los autos al juez real para que proceda a sentenciar, obrar y ejecutar lo que hubiere lugar en derecho; debe terminar la causa hasta definitiva inclusive.

Y así no deben remitirse los autos a la sala sino por apelación, o por consulta cuando la sentencia definitiva contiene pena corporal.

Si del proceso no resulta mérito para la degradación, en tal caso el juez eclesiástico debe continuar solo el proceso y sentenciarlo definitivamente sin dar noticia a la sala.

Si resultare discordia entre los dos jueces eclesiástico y secular sobre el mérito de la degradación, se recurrirá a la audiencia por vía de fuerza.

No hay, pues, caso alguno en que sustanciado el proceso se deba remitir a la Real Sala del Crimen.

Sus pretensiones, Señor, son inmensas, y no tienen otro objeto que la degradación del clero americano.

Pretende decidir en primero y último resorte sobre la calificación de la atrocidad y enormidad de los delitos de los eclesiásticos.

Pretende que para ello no se debe seguir otra regla que la pena que las leyes señalen a los delitos de que se trate y su comparación con la potestad eclesiástica para castigarlo según todo el rigor de la vindicta pública.

Pretende que la Iglesia no tiene facultad para imponer penas graves a los eclesiásticos, porque a sus ojos la pena de reclusión perpetua, ayunos y oración, es una pena leve para los eclesiásticos, que no pueden corregirse ni mejorarse sino con la rueda, la horca y el cuchillo.

Pretende que los eclesiásticos deben encarcelarse en todo caso con el común de los delincuentes facinerosos.

Y pretende finalmente tener facultad de consignar a presidio correctivamente sin degradación a los eclesiásticos con delitos que no merezcan la pena capital, como destina los reos en la inmunidad local.

Si como tiene presidios tuviera a su disposición galeras, es de creer que los destinaría con preferencia al remo.

Ellos no tienen escape.

Si los delitos son graves irán degradados al cadalso, y si leves, irán sin degradación al presidio.

¡Infeliz clero americano! ¿Qué fuera de nosotros si vuestra majestad no nos hubiese protegido con el escudo impenetrable de la Real Audiencia contra los rayos que un celo desmedido enciende en el foco mismo de la justicia?

Si las referidas leyes entendidas en su sentido natural producen en realidad el desafuero del clero en las causas criminales (siendo como es cierto que si no le aprovecha en las causas graves y de entidad, le será indiferente tenerlo o no tenerlo en las causas leves), ¿qué efecto no producirán en el modo en que las entiende y aplica la Real Sala del Crimen de México? ¡Qué desolación, qué dolor ocupó nuestros corazones con la noticia circunstanciada de la prisión del cura Arenas! Su fama se difundió por todo el reino instantáneamente como de un suceso grande o inaudito.

Pudo ser decisivo de la consideración del clero.

Se puede asegurar sin hipérbole que la prisión del cura Arenas decretada por la Real Sala del Crimen de México, y ejecutada con mano militar por el intendente de Puebla hubiera producido en aquella ciudad y después en todo el reino el mismo efecto que produjo en Wirtemberg, y después en todo el norte del Alemania, la combustión de la bula de León X ejecutada por Lutero, si la primera hubiera hallado en la Real Audiencia la misma protección que halló la segunda en el gran duque de Sajonia.

Basta, señor, un solo golpe para arrastrar al pueblo de un extremo a otro, de la veneración al desprecio.

El pueblo (dice un autor hablando de la acción de Lutero) que vio quemar la bula de un Papa a quien tanto respetaba, perdió maquinalmente este pavor y emoción religiosa que le inspiraban los decretos del soberano Pontífice, y la confianza que él tenía en las indulgencias que este impío atacaba en sus sermones juntamente con la autoridad del Papa. (11)

La astuta política de Pedro el Grande degradó del mismo modo en un instante al patriarca de las Rusias, colocando en esta dignidad a la persona infame de un sastre y celebrando la elección con aparatos ridículos, que excitando la risa del pueblo, lo condujeron pronto del desprecio de la persona al desprecio de la dignidad misma.

¿Qué hará, señor, el pueblo de América, si se repiten a sus ojos otras escenas como la de Puebla? ¿Si ve otra vez que un puro encargado de justicia, indio ilegítimo, advenedizo, sastre, encubridor de la incontinencia de su hija, tiene atrevimiento de prender a su párroco porque le reprehende este escandaloso crimen?

¿Y qué harán los subdelegados y sus tenientes con este ejemplo, si los autoriza la ley para fulminar causas criminales, encarcelar y sentenciar a sus párrocos? Siendo cierto que el abuso del poder y de la autoridad crece en razón compuesta de la distancia a los superiores y de la falta de contrapeso de otros poderes cualesquiera, ¿qué abusos y qué excesos no cometerán los subdelegados y sus tenientes en pueblos distantes del primer superior inmediato más de cien leguas y distantes entre sí diez, veinte, treinta y cuarenta, y en los cuales no se halla otro contrapeso ni otra persona de respeto que el párroco?

Si las disensiones entre el párroco y el justicia no tienen comúnmente otro origen que la resistencia que aquél opone en favor de sus feligreses a las extorsiones y estafas de éste, ¿no es espantoso el manantial de desgracias que abre la ley misma autorizando al justicia para sojuzgar al párroco que es la persona única del distrito que puede reprimir sus excesos? ¿Quién es capaz de concebir todas las resultas en tales circunstancias?

Puede llegar caso en que se encarcele y ponga grillos al párroco al tiempo mismo que iba a confesar a un enfermo, a administrar el viático, predicar o decir misa: que el enfermo muera sin auxilios ni sacramentos, y que el pueblo quede sin oír misa ni la predicación evangélica.

En fin, señor, el pueblo miserable será presa de la voraz codicia del juez y el juguete de su despotismo, y el clero llegará en poco tiempo a lo sumo del desprecio.

Por otra parte la nueva jurisprudencia es impracticable en estas regiones dilatadas.

El obispado de Valladolid, por ejemplo, por la parte del medio día se compone de una zona de tierra de cincuenta leguas de ancho desde la mar del sur hasta la capital, y de ciento y cuarenta leguas de largo de oriente a poniente.

Esta dilatadísima superficie atravesada por dos sierras elevadas, no tiene apenas un punto de clima templado, todos son extremos, las sierras frías y pobres, y la costa, valles y barrancas extremadamente ardientes y enfermas.

Está, pues, muy despoblada, y las poblaciones muy distantes unas de otras.

En todo este vasto distrito no hay un letrado siquiera, ni un pueblo de tres vecinos españoles acomodados.

En los más de los pueblos todos son indias o mulatos, no hay más cara blanca que la del cura y la del justicia, si no es también mulato.

Muchos de estos curatos son pobres y no pueden mantener más que un cura, que de ordinario se halla en calidad de interino, y forzado porque nadie los quiere en propiedad ni voluntarios.

No es extraño, porque ellos van a morir en seis u ocho meses, o a enfermarse de por vida.

El obispo se ve precisado a usar de medios extraordinarios de premio y de castigo para proveer de ministros esta parte de su grey.

En este conjunto de cosas, ¿cómo se podrá practicar la nueva jurisprudencia, a quién disputa el obispo, qué jueces se pueden hallar capaces de sustanciar un proceso criminal contra un cura? Por parte del norte de este obispado concurren impedimentos de la misma naturaleza, y sucede lo mismo en todos los demás, Oaxaca, Puebla, México y Guadalajara, que sólo están poblados en sus centros; y por lo respectivo a Durango y Sonora están todos ellos en la misma situación que acabamos de exponer por lo tocante a la parte del medio día de este obispado.

¿Pero qué causa ha dado el clero para que se le degrade en el tiempo mismo en que más convenía autorizarlo para detener el torrente de la impiedad e independencia que amenaza inundar toda la superficie de la tierra? La causa es, dice la Sala del Crimen, la frecuencia de sus delitos atroces y escandalosos.

¿Mas cómo se acredita esta frecuencia? Se acredita de que entre ocho o nueve mil eclesiásticos seculares y regulares que residen en el distrito de esta Real Audiencia se han hallado en un decenio tres o cuatro a quienes se imputan crímenes atroces, es a saber: el religioso lego de Guadalajara de que trata la citada real orden de 25 de octubre de 95, que en efecto cometió el de estupro circunstanciado de que allí se hace mención; el religioso mercedario Miranda que ebrio mató a su comendador; el subdiácono Soto que hirió a un niño primo suyo estando loco, el diácono y el subdiácono Frageiro y Marulanda, que en necesidad urgente cometieron un robo simple, el religioso Ruiz también mercedario y subdiácono que cometió el robo de unas alhajas de plata en la iglesia de San Francisco de esta ciudad, y el presbítero Vera que parece está iniciado del crimen de lesa majestad.

Estos seis eclesiásticos son los únicos que entre ocho mil y en un decenio se pueden llamar reos de crímenes atroces.

Pero de estos se deben rebajar los dos homicidas, el uno por ebrio y el otro por loco.

Se deben rebajar también los dos autores del hurto simple.

Se puede dudar si merece la calificación de atroz el hurto del mercedario, respecto a que por su muerte se suspendió la causa sin haberse sustanciado completamente.

Resta sólo el presbítero Vera, de cuya causa reservada al superior gobierno no tenemos más noticia que la fama pública.

Todas las demás causas que se han seguido contra eclesiásticos no tienen por objeto delito que merezca la calificación de atroz y enorme.

Es, pues, evidente, que ni el número de los eclesiásticos ni el de sus delitos permite que se pueda decir, ni aun con impropiedad, que el clero comete con frecuencia crímenes enormes y atroces.

Entre doce apóstoles escogidos por el mismo Dios se halló un proditor deicida.

No será extraño que entre ocho mil sacerdotes escogidos por los hombres se hallasen seis u ocho criminosos; ni lo sería tampoco, aún cuando se hallasen seiscientos sesenta y seis que corresponden en proporción geométrica.

De la conducta de estos pocos nada se puede concluir en buena lógica contra el clero.

Sin embargo este es el argumento de los impíos y libertinos para atacar la providencia divina, la religión y las instituciones de los hombres más respetables.

Y éste es también el que hoy se usa para combatir al clero y persuadir la frecuencia de sus delitos y el perjuicio de su privilegio.

Pero él es vicioso y no puede concluir en caso alguno.

La frecuencia de los crímenes de los eclesiásticos debe acreditarse por la comparación de estos crímenes con los de los seculares en proporcional número de unos y otros.

En el mismo hecho de sujetar al clero a las penas civiles, a los juicios y jueces seculares, se supone que su fuerza correctiva y reprimente es más eficaz que la de las penas canónicas y de los juicios y jueces eclesiásticos, y se supone por el mismo hecho y se afirma abiertamente que las penas canónicas y la corrección eclesiástica son insuficientes para reprimir al clero.

Luego se supone del mismo modo que los súbditos del fuero secular no delinquen tanto como los súbditos del fuero eclesiástico, pues si estuvieran todos en el mismo estado de costumbres, los medios correctivos de los unos serían tan eficaces como los medios correctivos de los otros, y sería impolítica una novedad inútil para el fin de su intento y nociva en todas las demás relaciones.

Luego es necesario que el estado eclesiástico delinca más que el estado secular para que se pueda decir, que delinque con frecuencia.

La consecuencia es necesaria, y quedamos sólo en puntos de hecho, capaces de demostrarse hasta la evidencia matemática.

El número de individuos del estado secular y el de sus crímenes deducidos en juicio, el número de los individuos del clero y el número de los suyos, estos son los hechos que se deben probar, y probados su comparación dará la diferencia, y ella acreditará, si el clero se abandona a crímenes enormes, atroces y escandalosos, o por el contrario que no hay más atrocidad que la de la injuria que se le irroga inconsideradamente.

La verdad en estos dos extremos es de suma importancia al clero americano, no sólo porque de ella puede depender el que vuestra majestad le conserve el fuero criminal, sino porque de ella depende únicamente la justificación de su conducta difamada públicamente en el solio de la justicia y extendida su difamación por todas las extremidades de este reino.

Por tanto suplicamos a vuestra majestad se digne mandar, que a costa del clero americano, y con su intervención se haga un padrón general de todos los habitantes de la Nueva España, y un reconocimiento exacto y fiel de todos los delitos deducidos en juicio, así en los tribunales seculares como en los eclesiásticos, en los diez años anteriores o en los veinte con distinción de sus actores eclesiásticos o seculares, y que se comparen los unos con los otros para liquidar la diferencia, y para que, resultando favorable al estado eclesiástico, como es preciso que resulte, según los datos que tenemos, vuestra majestad tome en desagravio del clero las providencias que le dicte la justicia y la piedad de su corazón.

Entre tanto expondremos nuestros conocimientos prácticos acerca de estos hechos y haremos por cálculo aproximado las inducciones que persuaden nuestra aserción.

Consideramos que la Nueva España tendrá con corta diferencia cuatro millones y medio de habitantes.

El marqués de Sonora le reguló tres millones en el informe que hizo al virrey Bucareli de resultas de su visita en el año pasado de 71.

El virrey conde Revillagigedo hizo un padrón general con bastante exactitud que no publicó ni aún se halla, según dicen en la secretaría del virreinato, pero corrió entonces la voz de que el resultado era con corta diferencia el mismo que nosotros computamos por los padrones del cumplimiento de Iglesia y otras noticias que resultan del gobierno de los obispados.

Suponiendo, pues, que sea esta la población de la Nueva España, se puede regular un millón a los tres obispados Sonora, Durango y Guadalajara, que componen el distrito de aquella Real Audiencia, y los tres millones y medio restantes a los cinco obispados México, Puebla, Oaxaca, Nuevo Reino de León y Valladolid, que componen el distrito de la Real Audiencia de México.

De estos tres millones y medio se deben rebajar la mitad que son mujeres, y quedan un millón, setecientos y cincuenta mil hombres, y de estos debemos rebajar también la mitad que comprende la infancia y la juventud hasta dieciocho años, que según el conde de Bufó importa la mitad de la generación existente.

Quedan, pues, ochocientos setenta y cinco mil varones adultos eclesiástico, y seculares.

Supongamos que todos son seculares, y que a más de ellos hay mil eclesiásticos.

Los crímenes más frecuentes son homicidios, robos, adulterios, estupros y embriagueces.

Tomemos por ejemplo los dos primeros.

Se puede asegurar que en este último decenio los seculares adultos del distrito de la Real Audiencia de México, cometieron por lo menos tres mil hurtos entre simples y cualificados deducidos todos en juicio.

Guardando proporción, correspondían a los ocho mil eclesiásticos ciento sesenta y cuatro.

No se dedujeron en juicio contra los eclesiásticos más que los tres robos que quedan referidos en el mismo periodo de tiempo; luego la diferencia es de ciento sesenta y tres, es decir, que les crímenes de los seculares en la materia han sido cincuenta y tres veces más frecuentes que los crímenes de los eclesiásticos.

También se puede asegurar que en el mismo tiempo cometieron los seculares dos mil homicidios.

Los eclesiásticos solo cometieron dos, y les correspondían ciento nueve; luego la diferencia es de ciento siete, y resulta que los homicidios de los seculares fueron cincuenta y ocho veces más frecuentes que los de los eclesiásticos.

En todos los demás se hallará igualmente una desproporción excesiva de crímenes en los seculares más que en los eclesiásticos.

Y en esto, señor, no tenemos duda y nos remitimos a la prueba de hecho.

En este supuesto, admitido el principio de la Sala del Crimen de que la frecuencia de los crímenes acredita la insuficiencia de la corrección pública y la necesidad de variarla; se sigue que la corrección canónica es preferente a la corrección civil; que los jueces eclesiásticos ejercen su jurisdicción con mejor suceso que los magistrados civiles; que en lugar de éstos se deben colocar aquéllos por suerte o sin elección, y que en vez de destruir el fuero clerical, como pretende la real sala, sería mejor destruirla a ella.

Pues es infinitamente más útil a la sociedad prevenir los crímenes que corregirlos, conservar los hombres buenos que castigar los delincuentes, y evitar una muerte, que hacer otra para castigar la primera.

Pero el principio es falso y lo son también las consecuencias.

El estado eclesiástico delinque menos que el secular, lo primero porque en el orden sobrenatural de la gracia los auxilios son proporcionados a los ministerios, como asientan los teólogos, y siendo el sacerdocio el más alto ministerio que pueden ejercer los hombres, los sacerdotes son también socorridos con mayor copia de los auxilios de la gracia que suplen los defectos de la naturaleza humana.

La santidad del ministerio, el trato con Dios, la ocupación continua en cosas santas, todo coadyuva a elevar el corazón de estos hombres sobre las pasiones humanas.

Lo segundo, prescindiendo de estos poderosos motivos sobrenaturales, y considerando al clero en el orden natural como miembro del estado civil, concurren otras poderosas causas para que se contenga en su deber.

El clero es una porción escogida por nacimiento, educación y costumbres.

La prueba de su vocación se toma de su conducta, y su conducta antes del ingreso al estado se modela por su vocación; sus ascensos ulteriores, su consideración en el clero y en el pueblo, y hasta la ambición en los corazones que se resienten de ella, todo gira sobre el plan de unas buenas costumbres y de una conducta religiosa.

Por estos motivos se sujetan el clero voluntario a las leyes y se identifica con los intereses de su soberano, a quien reconoce como creador y su conservador en el orden civil.

Si se compara la conducta del estado eclesiástico con la de aquella parte del estado secular que se distingue del común por nacimiento, profesión o facultades; resultará una diferencia mucho más pequeña que si se comparese con el total del Estado; y sería infinitamente mayor que la que se deja expresada, si la comparación recayese sobre el común solamente.

Pues es cierto en general que el hombre se adhiere a las leyes en razón de sus intereses; que es tanto mejor, cuanto más tiene que perder; y que siendo el honor la cosa más preciosa de los hombres, y la que conservan con más empeño, deben ser y son en efecto tanto mejores cuanto fueren más honrados.

Si la Real Sala del Crimen hallase un medio capaz de excitar en el corazón del pueblo americano un ligero sentimiento de ser más, arreglaría mejor sus costumbres, y evitaría más delitos que con las penas sanguinarias del Japón.

Entonces no daría lugar a que se retorciese contra ella el argumento que hoy nos hace, y podernos fundar en su principio y en la multitud de crímenes en que incurre un pueblo inerte y deshonrado de hecho y de derecho.

Este suceso le daría motivo a elevar su consideración a los verdaderos principios que gobiernan las clases distinguidas de la monarquía española, y seguramente no solicitaría la destrucción del clero americano.

Es, pues, muy incierto señor, que esta porción escogida de los vasallos de vuestra majestad que vive en el concepto de que nadie puede excederla en el amor a su real persona, ni en la obediencia y subordinación a sus leyes, órdenes e insinuaciones de su soberano, se halló abandonada a los crímenes más atroces y escandalosos, como injustamente asienta la Real Sala del Crimen de México.

La prueba de hecho que ofrecemos, disipará todas las nubes con que se pretende obscurecer la gloria y la conducta del clero americano, y hará ver que se le injuria atroz y enormemente.

Sin embargo nunca pedirá la pena del talión ni tratará de vindicar injurias.

Si sus votos mereciesen algún aprecio, los elevaríamos hasta el trono de vuestra majestad, a fin de que se dignase elevar a quien nos deprime, y hacer término de la carrera de la toga a la que hoy es escala, porque a la verdad, señor, para decidir sobre la vida y el honor de los vasallos de vuestra majestad se necesita más moderación, más ciencia y experiencia que para decidir de los intereses pecuniarios.

Pero cuando el clero americano delinquiera y tuviese contra sí algunos cargos, tiene a su favor para compensarlos, servicios de la mayor consideración.

Él desempeña sus funciones sacerdotales con igual celo y dignidad que el clero de la metrópoli, que se ha reconocido siempre y se ha numerado en la historia de la Iglesia por uno de los más religiosos y observantes.

Tampoco lo excede en sus deberes civiles.

Si las universidades, los colegios, hospitales, reservatorios, escuelas, y la mayor parte de los establecimientos públicos de España subsisten con las rentas eclesiásticas, o son productos de la economía y buen gobierno de los eclesiásticos: aquí en América ha sucedido y sucede otro tanto en proporción de las rentas y del tiempo que lleva de fundación esta Iglesia.

Si el clero español ha sido el maestro de la juventud y extendido las ciencias y aun las artes en la metrópoli, el clero de América ha hecho otro tanto en estas vastas regiones.

Si el clero español ha mantenido y mantiene en la carrera de las armas y las letras la cuarta parte de los oficiales del ejército y de la armada, y de los magistrados y jueces, el clero de América puede ser que haya mantenido y mantenga el tercio de la juventud que sigue aquí estas carreras.

Él protege del mismo modo las ramas desamparadas de su familia, y carga con la viuda y los huérfanos de toda la parentela, con cuya mira los clérigos son sacrificados a veces a la fortuna de los demás hermanos por la ambición de los padres como dice Bernardin en el lugar citado; y en una palabra ellos son el refugio de todos los miserables.

El clero americano no ha cedido tampoco al clero de la metrópoli en su esfuerzos constantes de socorrer la corona en todas las necesidades de la guerra y demás urgencias públicas, ni en los socorros del pueblo en las calamidades de hambre y pestes tan frecuentes y desoladoras en estos vastos dominios de vuestra majestad.

En los años pasados de 86 y 90, el obispo y cabildo de Valladolid agotamos todos nuestros recursos y arbitrios para socorrer el pueblo.

El primero perdió cuarenta y seis mil pesos en la compra de cincuenta mil fanegas de maíz que vendió a menos precio para detener la avaricia de los hacenderos y redimir de la muerte y de la miseria a los infelices que no podían pagar este alimento de primera necesidad a precios tan subidos.

El mismo gastó más de cien mil pesos en el acueducto de esta ciudad, que se había arruinado dejándola sin una gota de agua, en varias calzadas, y pudientes en las vías públicas de la provincia, que por su defecto eran intransitables, y en otras obras públicas; y mantiene en los colegios y reservatorios una cantidad considerable de juventud pobre de ambos sexos para su educación y enseñanza.

Por el documento adjunto número 3, se acredita entre otros varios servicios a la corona, los que el cabildo y obispo de Valladolid hicimos últimamente a vuestra majestad y a su padre el señor don Carlos III, de gloriosa memoria, que excede la suma de cuatrocientos dos mil pesos en esta forma; doscientos doce mil y pico al padre de vuestra majestad y los ciento noventa mil restantes a vuestra majestad, mismo para la guerra con la Francia y la Inglaterra; los setenta mil en calidad de mutuo gracioso, de los cuales se deben todavía cuarenta mil, y los ciento veinte mil restantes en calidad de donativo.

Por otra parte, el clero americano puede pretender el título de conquistador, no por la fuerza de la arma, sino por el atractivo de la virtud.

Son muchas las provincias que se han agregado a la corona de vuestra majestad por este medio dulce, tan glorioso a la religión como a sus ministros: En él halla Montesquieu el ejemplo de un gobierno que excede a las instituciones de Licurgo y de todos los legisladores antiguos. (12)

Y el conde de Bufón dice: “que las misiones han formado más hombres en estas naciones bárbaras que los ejércitos victoriosos que las han sojuzgado.

Ciertas provincias continúa, no se han conquistado de otra manera: la dulzura, el buen ejemplo, la caridad y el ejercicio de la virtud, constantemente practicada por los misioneros, movieron a cotos salvajes a pedir voluntariamente el conocimiento de una ley que hace a los hombres tan perfectos.

Nada hace mayor honor a la religión que haber civilizado estas naciones y echado los fundamentos de un imperio sin otras armas que las de la virtud. ” (13)

Con más razón todavía puede pretender el clero americano los títulos de conservador de las conquistas, y de institutor y maestro de los pueblos conquistados.

Él redujo los indios a poblaciones, les enseñó el idioma castellano, la doctrina de la fe y de la moral, y los civilizó en cuanto permitían las circunstancias de aquellos tiempos, como acredita la historia municipal da cada provincia y la general de estos reinos.

Trabajó incesantemente para separarlos de sus errores y de sus vicios, fue su maestro de primeras letras, y de las artes y oficios.

El reverendo Quiroga primer obispo de esta diócesis, a quien se debe la fundación de la mayor parte de los pueblos de los indios de este obispado y la de todos los hospitales, estableció en cada pueblo su particular oficio con dependencia los unos de los otros a fin de establecer entre ellos la comunicación y el comercio.

Su memoria se conserva todavía en el corazón de los indios después de cerca de tres siglos.

En los primeros tiempos los obispos y los curas doctrineros eran sus defensores contra las opresiones de los encomenderos, hacendados y alcaldes mayores, así en las Reales Audiencias como en el Supremo Consejo de Indias, y ellos motivaron muchas de las reales cédulas que los favorecen.

Después han continuado con igual celo en cuanto a su instrucción a su socorro en las epidemias y escaseces.

Y finalmente, señor, el clero americano es la única clase, que por su beneficencia en lo espiritual y civil logra algún ascendiente y aprecio en el corazón del pueblo.

Esta consideración es más importante de lo que se piensa, y para hacerla sensible convendrá dar aquí una idea del estado actual de la población de este reino y de su gobierno civil y eclesiástico.

Ya dijimos que la Nueva España se componía con corta diferencia de cuatro millones y medio de habitantes, que se puede dividir en tres clases, españoles, indios y castas.

Los españoles compondrán un décimo del total de la población, y ellos solos tienen casi toda la propiedad y riquezas del reino.

Las otras dos clases, que componen los nueve décimos, se pueden dividir en dos tercios, los dos de castas y uno de indios puros.

Indios y castas se ocupan en los servicios domésticos, en los trabajos de la agricultura, y en los ministerios ordinarios del comercio, de las artes y oficios.

Es decir, que son criados, sirvientes o jornaleros de la primera clase.

Por consiguiente resulta entre ellos y la primera clase aquella oposición de intereses y de afectos que es regular en los que nada tienen y los que lo tienen todo, entre los dependientes y los señores.

La envidia, el robo, el mal servicio de parte de los unos; el desprecio, la usura, la dureza de parte de los otros.

Estas resultas son comunes hasta cierto punto en todo el mundo.

Pero en América suben a muy alto grado, porque no hay graduaciones o medianías: son todos ricos o miserables, nobles o infames.

En efecto las dos clases de indios y castas, se hallan en el mayor abatimiento y degradación.

El color, la ignorancia y la miseria de los indios los colocan a una distancia infinita de un español.

El favor de las leyes en esta parte les aprovecha poco, y en todas las demás les daña mucho.

Circunscrito en el círculo que forma un radio de seiscientas varas, que señala la ley a sus pueblos, no tienen propiedad individual.

La de sus comunidades, que cultivan apremiados y sin interés inmediato, debe ser para ellos una carga tanto más odiosa, cuanto más ha ido creciendo de día en día la dificultad de aprovecharse de sus productos en las necesidades urgentes que vienen a ser insuperables por la nueva forma de manejo que estableció el código de intendencias, como que nada se puede disponer en la materia sin recurso a la junta superior de Real Hacienda de México.

Separados por la ley de la cohabitación y enlace con las otras castas, se hallan privados de las luces y auxilios que debían recibir por la comunicación y trato con ellas y con las demás gentes.

Aislados por su idioma y por su gobierno el más inútil y tirano, se perpetúan en sus costumbres, usos, y supersticiones groseras, que procuran mantener misteriosamente en cada pueblo ocho o diez indios viejos que viven ociosos a expensas del sudor de los otros, dominándolos con el más duro despotismo.

Inhabilitados por la ley de hacer un contrato subsistente, de empeñarse en más de cinco pesos, y en una palabra de tratar y contratar, es imposible que adelanten en su instrucción, que mejoren de fortuna, ni den un paso adelante para levantarse de su miseria.

Solórzano, Fraso, y los demás autores regnicoletas admiran la causa oculta que convierte en daño de los individuos todos los privilegios librados a su favor.

Pero es más de admirar que unos hombres como estos, no hayan percibido que la causa de aquel daño existe en los mismos privilegios.

Ellos son una arma ofensiva con que un vecino de otra clase hiere a su contrario por ministerio de los indios, sin que jamás sirva para la defensa de ellos.

Esta concurrencia de causas constituyó a los indios en un estado verdaderamente apático, inerte, e indiferente para lo futuro y para casi todo aquello que no fomenta las pasiones groseras del momento.

Las castas se hallan infamadas por derecho como descendientes de negros esclavos.

Son tributarios, y como los recuentos se ejecutan con tanta exactitud; el tributo viene a ser para ellos una marca indeleble de esclavitud que no pueden borrar con el tiempo, ni la mezcla de las razas en las generaciones sucesivas.

Hay muchos que por su color, fisonomía y conducta se elevarían a la clase de españoles, si no fuera este impedimento por el cual se quedan abatidos en la misma clase.

Ella está, pues, infamada por derecho, es pobre, y dependiente, no tiene educación conveniente, y conserva alguna tintura de la de su origen; en estas circunstancias debe estar abatida de ánimo y dejarse arrastrar de las pasiones bastante fuertes en su temperamento fogoso y robusto.

Delinque, pues, con exceso.

Pero es maravilla que no delinca mucho más, y que haya en esta clase las buenas costumbres que se reconocen en muchos de sus individuos.

Así los indios como las castas se gobiernan inmediatamente por las justicias territoriales, que no han contribuido poco para que se hallen en la situación referida.

Los alcaldes mayores, no tanto se consideraban jueces como comerciantes autorizados con un privilegio exclusivo y con fuerza de ejecutarlo por sí mismos, para comerciar exclusivamente en su provincia y sacar de ella en un quinquenio desde treinta hasta doscientos mil pesos.

Sus repartimientos usurarios y forzados causaban grandes vejaciones.

Pero en medio de esto, solían resultar dos circunstancias favorables, la una que administraban justicia con desinterés y rectitud en los casos en que ellos no eran parte, y la otra que promovían la industria y la agricultura en los ramos que les importaba.

Se trató de remediar los abusos de los alcaldes mayores por los subdelegados, a quienes se inhibió rigurosamente todo comercio.

Pero como no se les asignó dotación alguna, el remedio resultó infinitamente más dañoso que el mal mismo.

Si se atienden a los derechos arancelados, entre gentes miserables que sólo contienden sobre crímenes, perecen necesariamente de hambre.

Por necesidad deben prostituir sus empleos, estafar los pobres, y comerciar con los delitos.

Por la misma razón se dificulta hasta lo extremo a los intendentes encontrar sujetos idóneos para estos empleos.

Los pretenden, pues, solamente los fallidos o aquellos que por su conducta y su talento no hallan medio de subsistir en las demás carreras de la sociedad.

En tales circunstancias, ¿qué beneficencia, qué protección podrán dispensar estos ministros de la ley a las dos referidas clases? ¿Por qué medios podrán conciliar su benevolencia y su respeto, cuando es como necesaria en ellos la extorsión y la injusticia?

Al contrario los curas y sus tenientes, dedicados únicamente al servicio espiritual y socorro temporal de estas clases miserables, concilian por estos ministerios y oficios su afecto, su gratitud, y su respeto.

Ellos los visitan y consuelan en sus enfermedades y trabajos. Hacen de médicos, les recetan, costean y aplican a veces ellos mismos los remedios.

Hacen también de sus abogados e intercesores con los jueces y con los que piden contra ellos.

Resisten también en su favor las opresiones de los justicias y de los vecinos poderosos.

En una palabra el pueblo en nadie tiene ni puede tener confianza sino en el clero y en los magistrados superiores, cuyo recurso le es muy difícil.

En este estado de cosas, ¿qué interés pueden unir a estas dos clases con la clase primera, y a todas tres con las leyes y el gobierno? La primera clase tiene el mayor interés en la observancia de las leyes que le aseguran y protegen su vida, su honor, y su hacienda, o sus riquezas contra los insultos de la envidia y asaltos de la miseria.

Pero las otras dos clases que no tienen bienes, ni honor, ni motivo alguno de envidia, para que otro ataque su vida y su persona, ¿qué aprecio harán ellas de las leyes que sólo sirven para medir las penas de sus delitos? ¿Qué afección, qué benevolencia pueden tener a los ministros de la ley, que sólo ejerce su autoridad para destinarlos a la cárcel, a la picota, al presidio o a la horca? ¿Qué vínculos pueden estrechar estas clases con el gobierno, cuya protección benéfica no son capaces de comprender?

¿Se dirá, que para conservar el pueblo en la subordinación a las leyes y al gobierno basta el temor de las penas?

Dos clases, dice un político hacen vano este resorte; la de los poderosos que rompen la red, y la de los miserables que se deslizan entre sus mallas.

Si en Europa tiene lugar esta máxima, ella es mucho más poderosa en América, en donde el pueblo vive sin casa, sin domicilio, y casi errante.

Vengan, pues, los legisladores modernos y señalen, si lo encuentran, otro medio que pueda conservar estas clases en la subordinación a las leyes y al gobierno que el de la religión, conservada en el fondo de sus corazones por la predicación y el consejo en el púlpito y en el confesionario de los ministros de la iglesia.

Ellos son, pues, los verdaderos custodios de las leyes y los garantes de su observancia.

Ellos son también los que deben tener y tienen en efecto más influjo sobre el corazón del pueblo, y los que más trabajan en mantenerlo obediente y sumiso a la soberanía de vuestra majestad.

Y por tanto vienen a ser el móvil más poderoso para reunir al gobierno las dos clases miserables, que componen como es dicho, los nueve décimos de toda la población de este reino.

Tiene, pues, el clero a su favor servicios de gran consideración e importancia al gobierno y monarquía entera, con que se pueden contrabalancear con exceso las faltas de algún otro de sus individuos.

La necesidad de sostener su concepto, y de reparar el daño que estamos ya sufriendo, nos ha obligado a hacer una indicación de ellos.

El mal que nos amenaza es todavía mayor.

El lance es crítico, vuestra majestad se dignará dispensarnos.

Si fueran más felices seríamos también más modestos.

Ya que por incidencia de nuestro asunto tuvimos que tratar de los malos efectos de la división de tierras, de la falta de propiedad o cosa equivalente en el pueblo, de la infamia de hecho y derecho en los indios y castas, de los inconvenientes del tributo y bienes de comunidades, y de la indotación de jueces, es decir, de la influencia de las leyes establecidas sobre la situación del pueblo, al tiempo mismo en que la vigilancia paternal de vuestra majestad se haya ocupado en el gran negocio de la nueva legislación que ha de causar la felicidad de estos reinos; parece conveniente y conforme al encargo de las leyes, el que elevemos a la suprema consideración de vuestra majestad los remedios de estos males, que después de una meditación profunda sobre conocimientos prácticos del carácter, índole, usos y costumbres de estas gentes, nos parecen más propios para levantarlos de su miseria, reprimir sus vicios y estrecharlos con el gobierno, por la obediencia y subordinación de las leyes.

No intentamos prevenir los juicios soberanos de vuestra majestad, ni las consultas sabias de sus celosos ministros.

Sólo queremos exponer resultados de hechos, que tal vez no se conocen allá con la propiedad que nosotros.

Si estuviesen previstos y adoptados, tendremos la satisfacción de pensar como vuestra majestad.

Si no lo estuviesen y se adoptasen, será doble nuestro gozo en contribuir a cosa tan importante.

Y en todo caso damos, señor, un testimonio de nuestro buen deseo del éxito más feliz en esta gloriosa empresa de vuestra majestad.

Decimos, pues, que nos parece de la mayor importancia lo primero, la abolición general de tributos en las dos clases de indios y castas.

Lo segundo, la abolición de infamia de derecho que afecta las referidas castas; que se declararan honestas y honradas, capaces de obtener los empleos civiles que no requieran nobleza, si los mereciesen, por sus buenas costumbres.

Lo tercero, división gratuita de todas las tierras realengas entre los indios y las castas.

Lo cuarto, división gratuita de las tierras de comunidades de indios entre los de cada pueblo.

Lo quinto, una ley agraria semejante a la de Asturias y Galicia, en que por medio de locaciones y conducciones de veinte o treinta años, en que no se adeude el real derecho de alcabala, se permita al pueblo la apertura de tierras incultas de los grandes propietarios, a justa tasación en casos de desavenencia, con la condición de cercarlas, y las demás que parezcan convenientes para conservar ileso el derecho de propiedad.

Sobre todo lo cual conocerán los intendentes de provincia en primera instancia, con apelación a la Audiencia del distrito, como en todos los demás negocios civiles.

Lo sexto, libre permisión de avecindarse en los pueblos de indios, y construir en ellos casas y edificios pagando el suelo, a todas las clases españoles, castas e indios de otros pueblos.

Lo séptimo, dotación competente de todos los jueces territoriales, a excepción de los alcaldes ordinarios, que deben servir estos empleos gratuitamente como cargas concejiles.

Si a esto se agregase la libre permisión de fábricas ordinarias de algodón y lana, se aumentaría el impulso de las otras providencias con que el pueblo debe dar el primer paso a su felicidad.

Ellas están ya permitidas por mayor, mediante licencia especial de los virreyes o gobernadores; pero se debe quitar esta traba insuperable a los pobres, y toda otra pensión, menos el adeudo de alcabala en la importación y exportación de los efectos.

Ya vemos que causará sorpresa la proposición de abolir los tributos en las urgencias actuales de la corona.

Pero si en la aritmética de Real Hacienda hay casos en que tres y dos no son cinco; el presente es ciertamente uno de ellos.

Y por un cálculo aproximado a la verdad, se demostrará que con la abolición de tributos y las otras providencias referidas, lejos de perjudicarse la Real Hacienda se aumentará en menos de diez años en el triple o cuádruple de lo que hoy producen los tributos.

Beleña en su colección de providencias de gobierno asienta, que ellos produjeron en el quinquenio desde 1780 a 1784 inclusive, cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos veintisiete pesos, que corresponden en año común a ochocientos ochenta y siete mil novecientos setenta y cinco.

Ahora, pues, sube la población de la Nueva España a cuatro millones y medio.

Rebajado el décimo de la clase española, que es la acomodada y que hace grandes consumos, quedan las otras dos clases en cuatro millones y cincuenta mil almas: que a razón de cinco por familia hacen ochocientas diez mil familias.

Algunas de estas familias están por su industria fuera de miseria, andan calzadas y vestidas, y se alimentan mejor que las demás; y se pueden comparar en esta razón con el pueblo bajo de la península.

Podrán hallarse en este estado la quinta parte.

Pero supóngase que se halla el tercio, y quedarán quinientas cuarenta mil familias en el último estado.

Las familias más bien paradas de este último estado son las de los peones acomodados en las haciendas; de las cuales consume cada una cincuenta pesos anuales en las haciendas de tierra fría, y setenta y dos en las de tierra caliente, cuyo medio término es el de sesenta y un pesos.

Una familia de las del referido primer tercio para vestirse, calzarse y alimentarse necesita por lo menos de la cantidad de trescientos pesos, que comparada con la de sesenta y uno, que es el consumo ordinario de una familia de las más acomodadas en los dos tercios; resulta una diferencia de doscientos treinta y nueve pesos, que empleados en los artículos de consumo deben producir catorce pesos de derechos de alcabala.

En esta proporción las quinientas cuarenta mil familias de los dos tercios del último estado, si aumentaran su consumo al igual del otro tercio, aumentarían también el real derecho de alcabala en siete millones quinientos sesenta mil pesos anuales.

Es decir, se aumentaría la Real Hacienda seis veces más que lo que le producen en el día los tributos.

Es así que por los referidos medios se deben levantar necesariamente estos dos tercios de su miseria, y aumentar su consumo al nivel del otro tercio; con que es visto que aunque se hagan muchas rebajas, siempre resultará triplicado o cuadriplicado el producto de los tributos, con gran ventaja de la Real Hacienda, de las costumbres, de la agricultura, del comercio y del gobierno.

Pero para evitar todo perjuicio a la Real Hacienda en los primeros años, se suspenderá la ejecución de la ley en que se establezca la abolición del tributo en el primer quinquenio, o hasta que el aumento de alcabalas acredite su compensación.

El establecimiento solo de la ley producirá casi el mismo efecto, mayormente si fuere corto el término en que debe ejecutarse.

Sobre todo, suplicamos a vuestra majestad de nuevo se digne admitir estos sentimientos como testimonios sinceros de nuestro amor y fidelidad, y como un indicio de los ardientes deseos que nos animan de que la nueva legislación de vuestra majestad forme época feliz en los fastos de la monarquía española; y que en la historia futura de las naciones se coloque a su autor entre los Numas y Licurgos.

Y volviendo a nuestro asunto o insistiendo en el principio de que los intereses individuales producen y redoblan los vínculos de la sociedad, o lo que es lo mismo que estos son proporcionales a aquellos; hallamos en la aplicación al clero una razón que ella sola, cuando no hubiera otra, bastaría para conservar ileso el fuero criminal en el estado que lo prescriben nuestras antiguas leyes.

Los intereses del clero son más o menos grandes en cada orden o clase de que se compone el cuerpo; y ellos admiten todavía más variación en los individuos de cada orden o clase.

Todos están unidos al gobierno, pero no lo están del mismo modo.

Un cura, un sacristán mayor, ambos recibieron de vuestra majestad sus beneficios, y ambos reciben de vuestra majestad y de sus leyes las prerrogativas que disfrutan en sus oficios y beneficios.

Pero siendo mayores las prerrogativas y facultades de aquél que las de éste, también es mayor su gratitud a su bienhechor, y su interés en la observancia de las leyes que le conservan en el goce de mayores bienes.

La diferencia gradual de los beneficios produce otra diferencia gradual en los sentimientos de los beneficiados.

Hay, pues, diferente adhesión entre sacristán y sacristán, y entre cura y cura.

La de los canónigos es mayor que la de las dos clases primeras, porque también es mayor su consideración; y la de los obispos excede a todas las otras, porque exceden también en número y excelencia los beneficios que reciben de vuestra majestad.

Ellos son sus consejeros natos, gozan honores militares como los mariscales de campo, se ven frecuentemente a la cabeza de los tribunales supremos de vuestra majestad en gobiernos y comisiones de la mayor confianza, son tratados con un decoro sublime y afectuoso; sus personas y dignidades están recomendadas y defendidas por las leyes; y en fin ellos deben a vuestra majestad su promoción al obispado, y todas las prerrogativas de esta dignidad que no son de institución divina.

Este cúmulo de beneficios los estrechan y los identifican de tal suerte con vuestra majestad, que todos sus intereses los miran como propios, y jamás pueden separarse de este concepto.

Pero los demás clérigos sueltos que no tienen beneficio, y subsisten sólo de los cortos estipendios de su oficio, nada reciben del gobierno que los distinga de las otras clases, si no es el privilegio del fuero.

En este estado se hallan los ocho décimos del clero secular de América; por lo menos así sucede en este obispado.

En el mismo se debe considerar todo el clero regular.

Unos y otros son como auxiliares de los curas, los que más predican y confiesan, y los que tratan y manejan las dos últimas clases del pueblo con mayor frecuencia o inmediación.

Y por tanto ellos tienen un gran influjo sobre el corazón de estas clases.

Luego el fuero clerical es el único vínculo especial que los estrecha al gobierno.

Luego si se quita el fuero se romperá este vínculo, y se aflojará el que estrecha las dos referidas clases.

Luego exige la prudencia y la política que no se altere puesto que no causa impedimento alguno.

Señor, tratamos de las cosas en el orden natural; tratamos de causas y efectos ordinarios; de las razones y motivos que gobiernan comúnmente el corazón humano; porque en este mismo sentido se establecieron las nuevas leyes que dan materia a nuestro asunto.

Sabemos que todos los clérigos por religión y por conciencia están obligados a guardar las leyes, y a cooperar con todos sus esfuerzos a que todos los demás las obedezcan y las cumplan.

Pero no por esto se debe estimar superfluo lo que se estableció a su favor como estímulo, para que mejor desempeñen este deber.

Si todos cumplieran con los suyos, estaban de más los jueces, las leyes y las penas, los ejércitos y las escuadras.

Los clérigos son hombres, y su corazón es también sensible al interés de su conservación, de su honor y de su bienestar, que como es dicho, es el primer principio de la adhesión al gobierno.

La experiencia está también de acuerdo con el principio y con el discurso.

Y así vimos por el citado Correo de Europa, que el clero regular de la Francia, que había años que estaba en el último abatimiento y desprecio, y una parte del clero secular que por su pobreza se hallaba casi en el mismo estado, al primer movimiento de la borrasca se dejaron ir sobre las olas que batían la nave de la monarquía: pero todos los demás individuos y miembros del clero combatieron hasta la muerte por salvarla.

Se ve por la serie entera de nuestro discurso, que de intento no hemos traído en su apoyo las decisiones de los sagrados concilios, ni las autoridades de las santas escrituras, ni aun siquiera el pasaje de San Mateo, contenido en el capítulo 18 de su evangelio versículos 23, 24, 25, y 26, que se ha estimado siempre como un establecimiento divino de las inmunidades eclesiásticas en la ley de gracia; porque deseamos remover toda sospecha y apariencia de que intentamos introducir demanda, vindicar derechos o revocar en duda las facultades soberanas de vuestra majestad.

También nos desentendimos advertidamente del examen de los concordatos y obligaciones recíprocas que de ellos resultan; y aún con más cuidado pasamos en silencio las relaciones utrinque obligatorias, que enlazan y ordenan a los fines de su institución las dos potestades independientes del sacerdocio y del imperio; porque no queremos turbar con escrúpulos la tranquilidad de vuestra majestad, ni mover hacia nosotros su piadoso corazón por motivo de justicia.

Y finalmente no hemos querido recordar la serie de sucesos funestos, que las historias sagradas y profanas atribuyen a la infracción de los privilegios del sacerdocio: lo uno porque no se vuelva a decir, que promovemos por misterios nuestros intereses; y lo otro porque íntimamente convencidos de la pureza de intención y rectitud de vuestra majestad y sus ministros en el establecimiento de aquellas leyes; sabemos que sean cuales fueren sus resultas, ellas no deben ser a cargo de sus autores, pues la intención y buena fe justifican las acciones humanas delante de Dios y de los hombres.

Separados, pues, de estos motivos y respetos, y elevados en lo posible sobre nuestras pasiones mismas, nos hemos acercado al trono de vuestra majestad considerándolo solamente como nuestro padre benéfico y amoroso, y con una confianza filial y la mayor exactitud, expusimos nuestro asunto a la luz de su sabiduría en sus relaciones esenciales con el bien público y los verdaderos intereses de vuestra majestad.

Convencimos a nuestro modo de entender, la necesidad de las inmunidades eclesiásticas establecidas en todos tiempos, en todas las naciones y gobiernos, como monumentos públicos de las relaciones de los hombres con su Creador y del Creador a los hombres, como incentivos de la religión y como premio de los ministros de ella.

Hicimos ver, que habiéndose establecido en la verdadera religión y ley escrita por Dios mismo, tenían todavía mayor motivo en la ley de gracia por la sublime elevación del sacerdocio, y por la importancia de los servicios de los ministros evangélicos, tanto en el orden sobrenatural, como en el orden natural y civil.

Demostramos igualmente la íntima relación de las inmunidades eclesiásticas y prerrogativas del clero español con nuestra constitución monárquica, sus enlaces y reciprocidad de intereses en todos sus miembros y partes.

Y analizándolas una por una, demostramos hasta la evidencia, que ellas no inducen perjuicio alguno al bien común de los vasallos de vuestra majestad, ni el más ligero impedimento en el ejercicio de su soberano poder.

Pues en efecto, la inmunidad local no puede ya tener el menor influjo sobre la frecuencia de delitos; ni en América causa gravamen alguno al común, ni casi a la Real Hacienda la inmunidad real del clero.

Lo mismo se debe decir del fuero y de la jurisdicción, reducidos tal vez más de lo que conviene.

Pasaron ya aquellos tiempos, en que los obispos podían reformar los juicios de los tribunales seculares.

Estamos en el extremo opuesto.

Los tribunales seculares reforman los juicios de los obispos, y los modifican aun en materias puramente espirituales.

Se invirtieron la jurisprudencia y la opinión.

Teodorico creía que a nadie se podía encargar mejor la administración de justicia en las causas de sus súbditos que a los sacerdotes, que amando a todos con igualdad, no hacen acepción de personas, ni dejan lugar a la envidia. (14)

Pero hoy se cree, que un subdelegado, un teniente el más ignorante la administrará mejor que un obispo.

Si en otro tiempo hubo prepotencia en el clero, en el día sucede lo contrario.

El encargo interino de la real jurisdicción, basta para que un indio miserable, un sastre vil tenga la animosidad de aprehender a su párroco y a su juez eclesiástico.

Finalmente, si en otro tiempo el sistema político de nuestra monarquía se resentía con el contrapeso del clero y la nobleza; en el presente se resiente ya de la debilidad de estas partes atenuadas hasta lo sumo, y tan sensibles como la superficie del agua en reposo, que no puede tocarse sin que se produzca un movimiento undulatorio que la conmueva toda.

Hicimos ver del mismo modo, que la nueva jurisprudencia desafuera realmente al clero, por cuanto lo despoja de su privilegio en las causas graves en que más le interesa; y que siendo este fuero el constitutivo esencial de la inmunidad personal, el que ennoblece al clero, el que protege el honor y la vida de sus individuos; es también el que constituyó el vínculo más fuerte de su adhesión al gobierno.

Demostramos al mismo tiempo por razones sólidas y experiencias demasiadamente sensibles, los efectos que debe tener esta legislación, y el uso que de ella hace la Real Sala del Crimen de México en la degradación del clero: cuya consideración y respeto constituye también uno de los más poderosos resortes del gobierno monárquico de vuestra majestad, señaladamente en estos vastos dominios, en que por la situación política de sus habitantes, el clero sólo es por su ministerio y por su beneficencia el agente único que pueda obrar sobre el corazón de los nueve décimos de dichos habitantes.

A este fin entramos en detalles sumamente importantes sobre las condiciones de las personas y relaciones de sus intereses, asunto verdaderamente digno de toda la atención de vuestra majestad y de sus sabios ministros.

Él sólo, si se atiende bien, dará motivo para reponer las referidas leyes, y acaso moverá el benéfico corazón de vuestra majestad a establecerlas otras que le proponemos en favor de esta gran masa de gente miserable.

La oposición constante de intereses y de afectos de los nueve décimos contra uno, tiende fuertemente y de continuo, como la fuerza expansiva de la naturaleza a la división de las partes; que ya hubieran caído en disolución, si no se hallasen contenidas por la fuerza reprehensiva de la religión y sus ministros.

¿Qué objeto, pues, más sublime y más digno de la atención de un legislador, y de algunas páginas en un código legal, que aquel que se dirige a moderar las fuerzas desiguales de las partes, que se chocan en un compuesto que no puede existir sin equilibrio?

Creemos pues, señor, haber hecho a vuestra majestad el servicio más importante en las nociones de hecho que hemos expendido en este asunto.

Por lo demás, una confianza suma en las virtudes grandes de vuestra majestad, y señaladamente en su piísima afición por la Iglesia, por la religión y por sus ministros, nos impide en este estado otra concusión, que la de arrojarnos en el seno de su clemencia, y la de redoblar nuestras oraciones al Todopoderoso, para que ilustre el entendimiento de vuestra majestad con la formación del nuevo código de leyes, y en el gobierno de sus vastos dominios, y guarde su católica real persona en la mayor felicidad y gloria los muchos años que la Iglesia y sus reinos necesitan.

Valladolid de Michoacán y diciembre 11 de 1799.

NOTA. Formé este escrito por encargo del ilustrísimo señor don fray Antonio de San Miguel, mi predecesor de buena memoria, y del muy ilustre venerable señor deán y cabildo de esta santa iglesia, quienes se dignaron adoptarlo como propio, y elevarlo al trono en el Supremo Consejo de las Indias en la misma forma que precede, sin reforma ni mutación alguna.

En la exposición de las pruebas del asunto principal hallé motivos fuertes para proponer al gobierno por primera vez ideas liberales y benéficas en favor de las Américas y de sus habitantes, especialmente de aquellos que no tienen propiedad, y en favor de los indios y de las castas; y propuse en efecto el asunto de ocho leyes las más interesantes, a saber, la abolición general de tributos de indios y castas; la abolición de la infamia de derecho que afecta a las castas; la división gratuita de todas las tierras realengas entre los indios y las castas; la división gratuita de las tierras de comunidades de indios entre los indios de cada pueblo en propiedad y dominio pleno; una ley agraria que confiera al pueblo una equivalencia de propiedad en las tierras incultas de los grandes propietarios por medio de locaciones de veinte y treinta años, en que no se adeude la alcabala ni otra pensión alguna; libre permisión de avecindarse en los pueblos de indios a todos los de las demás clases del Estado, y edificar en ellos sus casas, pagando el suelo o la renta correspondiente; la dotación competente de los jueces territoriales; y la libre permisión de fábricas ordinarias de algodón y lana.

La ley agraria envuelve en sí el único medio que existe de reducir a sociedad la población dispersa, sin lo cual, es imposible dar costumbres, civilización ni cultura a la masa general del pueblo.

Se ve, pues, que estas leyes constituyen la base principal de un gobierno liberal y benéfico.

Desde entonces no he cesado de amplificar y extender estas ideas, promoviéndolas con celo y energía por todos los medios que me han sido posibles, como acreditan en parte los escritos que se siguen.—

Manuel Abad Queipo.

Fuente:

J. E. Hernández y Dávalos. Historia de la Guerra de Independencia de México. Seis tomos. Primera edición 1877, José M. Sandoval, impresor. Edición facsimilar 1985. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana. Edición 2007. Universidad Nacional Autónoma de México.

Versión digitalizada por la UNAM: http://www.pim.unam.mx/catalogos/juanhdzc.html

Notas de J. E. Hernández y Dávalos:

1. En la Francia ya no existen en lo absoluto. Casi sucede lo mismo en todos los dominios de la Italia, en donde sólo resta la esperanza de que revivan. Y el emperador José II los redujo en sus dominios con exceso.

2. Epíst., I. cap. 2. v 9.

3. Colegio de Abogados de Madrid sobre la thesis de Vall Campomanes Juicio imparcial, conde de la Cañada recurso de fuerza. Licenciado don José Cobarrubias idem.

4. Ley 2 y 8 lib. I del Fuero-juzgo. Ley 2 tít. 7 lib. 7 de la Recopilación de Castilla

5. Montesquieu Espirit des Loix lib. 2 cap. 4.

6. Real decreto de 19 de septiembre de 1798.

7. Real decreto idem.

8. El conde de la Cañada. Recur. de fuerza part. 1 cap. 2.

9. Bernardin Etudes de la Natura tom. 3Art. Du Clere

10. Montesquieu Espirit des Loix Lib. 2 cap. 4.

11. Dic. Des Heresies. verb. Luther.

12. Montesquieu Espirit des Loix Lib. 8 cap. 6

13. Conde Bufón Hist. Natur. Tom. 6 en pág. 299.

14. Casiodor lib. 2 Epes 8.