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Siglo XVIII > 1760-1769 > 1767

Real cédula de Carlos III, Nicolás Mollinedo, relativa a la expulsión de los Jesuitas.
5 de abril de 1767

Por cuanto con real decreto de 27 de marzo próximo pasado remití a mi Consejo de las Indias copia del que con la misma fecha he mandado expedir a mi Consejo Real, relativo a los religiosos de la Compañía de Jesús, el, cual es del tenor siguiente:

Habiéndome conformado con el parecer de los de mi Consejo Real en el extraordinario que se celebra con motivo de las resultas de las ocurrencias pasadas en consulta de 29 de enero próximo, y de lo que sobre ello, conviniendo con el mismo dictamen, me han expuesto personas del más elevado carácter y acreditada experiencia; estimulado de gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia mis pueblos y otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo, usando de la suprema autoridad económica que el Todopoderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos y respecto de mi Corona: he venido en mandar extrañar de todos mis dominios de España e Indias, Islas Filipinas y demás adyacentes, a los regulares de la Compañía, así sacerdotes como coadjutores o legos que hayan hecho la primera profesión, y a los novicios que quisieren seguirles, y que se ocupen de todas las temporalidades de la Compañía de mis dominios, y para su ejecución uniforme en todos ellos he dado plena y privativa comisión y autoridad, por otro mi real decreto de 27 de febrero, al Conde de Aranda, Presidente del Consejo, con facultad de proceder desde luego a tomar las providencias correspondientes. Al tiempo que el Consejero haga notoria en todos estos Reinos la citada mi real determinación, manifestará a las demás Ordenes religiosas la confianza, satisfacción y aprecio que merecen por su fidelidad y doctrina, observancia de vida monástica ejemplar, servicio de la Iglesia y acreditada instrucción de sus estudios y suficiente número de individuos para ayudar a los Obispos y párrocos en el pasto espiritual de las almas, y por su abstracción de negocios de gobierno como ajenos y distantes de la vida ascética y monacal. Igualmente dará a entender a los reverendos Prelados diocesanos, Ayuntamientos, Cabildos diocesanos y demás estamentos o cuerpos políticos del Reino, que en mi real persona quedan reservados los justos y graves motivos, que a pesar mío han obligado mi real ánimo a esta necesaria providencia, valiéndome únicamente de la económica potestad, sin proceder por otros medios, siguiendo en ello el impulso de mi real benignidad, como padre y protector de mis pueblos. Declaro que en la ocupación de temporalidades de la Compañía se comprenden sus bienes y efectos, así muebles como raíces o rentas eclesiásticas que legítimamente posean en el Reino sin perjuicio de sus cargas, mente de los fundadores y alimentos vitalicios de los individuos, que serán de cien pesos durante su vida a los sacerdotes y noventa a los legos, pagaderos de la masa general, que se forme de los bienes de la Compañía. En estos alimentos vitalicios no serán comprendidos los jesuítas extranjeros que indebidamente existen en mis dominios, dentro de sus colegios o fuera de ellos, o en casas particulares vistiendo la sotana, o en traje de abates, y en cualquier destino en que se hallaren empleados, debiendo todos salir de mis Reinos sin distinción alguna.

Tampoco serán comprendidos en los alimentos los novicios que quisieren voluntariamente seguir a los demás por no estar aún empeñados en la profesión y hallarse en libertad de separarse.

Declaro que si algún jesuita saliere del Estado eclesiástico (adonde se remiten todos) o diere justo motivo de resentimiento a la Corte con sus operaciones y escritos, le cesará desde luego la pensión que va asignada, y aunque no debo presumir que el cuerpo de la Compañía, faltando a las más estrechas y superiores obligaciones, intente o permita que alguno de sus individuos escriba contra el respeto y sumisión debida a mi resolución, con título o pretexto de apologías, o defensorios dirigidos a perturbar la paz de mis Reinos o por medio de comisarios secretos, conspire al mismo fin, en tal caso (no esperado) cesará la pensión a todos ellos.

De seis en seis meses entregará la mitad de la pensión anual a los jesuítas por el blanco de giro, con intervención de mi Ministro en Roma, que tendrá particular cuidado de saber los que fallecen o decaen por su culpa de la pensión para rebatir su importe.

Sobre la administración y aplicaciones equivalentes de los bienes de la Compañía en obras pías, como es dotación de parroquias pobres, Seminarios Conciliares, casas de misericordia y otros fines piadosos, oídos los Ordinarios eclesiásticos en lo que sea necesario y conveniente, reservo tomar separadamente providencia sin que en nada se defraude la verdadera piedad, ni perjudique la causa pública, o derecho de tercero.

Prohibo, por vía de ley y regla general, que jamás pueda volver a admitirse en todos mis Reinos en particular a ningún individuo de la Compañía ni en cuerpo de comunidad, con ningún pretexto ni colorido que sea, ni sobre ello admitirá el Consejo ni otro tribunal instancia alguna, antes bien tomarán a prevención las justicias las más severas providencias contra los infractores, auxiliadores y cooperantes de semejante intento, castigándolos como perturbadores del sosiego público.

Ninguno de los actuales jesuítas profesos, aunque salga de la Orden con licencia formal del Papa, y quede de secular o clérigo o pase a otra Orden, no podrá volver a estos Reinos sin obtener especial permiso mío. En caso de lograrlo, que se concederá tomadas las noticias convenientes, deberá hacer juramento de fidelidad en manos del Presidente de mi Consejo, prometiendo de buena fe, que no tratará en público, ni en secreto con los individuos de la Compañía o con su General, ni hará diligencias, pasos, ni insinuaciones directa o indirectamente a favor de la Compañía, pena de ser tratado como reo de Estado y valdrán contra él las pruebas privilegiadas.

Tampoco podrá enseñar, predicar, ni confesar en estos Reinos aunque haya salido como va dicho, de la Orden, y sacudido la obediencia del General; pero podrá gozar rentas eclesiásticas que no requieran estos cargos.

Ningún vasallo mío aunque sea eclesiástico, secular o regular, podrá pedir carta de hermandad al General de la Compañía ni a otro en su nombre, pena de que se le trate como a reo de Estado y valdrán contra él igualmente las pruebas privilegiadas.

Todos aquellos que las tuvieren al presente deberán entregarlas al Presidente del Consejo, o a los Corregidores y justicias del Reino, para que se las remitan y archiven y no se use en adelante de ellas, sin que le sirva de óbice el haberlas tenido en lo pasado; con tal que puntualmente cumplan con dicha entrega, y las justicias mantendrán en reserva los nombres de las personas que las entreguen para que de ese modo no les cause nota.

Todo el que mantuviere correspondencia con los jesuítas, por prohibirse general y absolutamente, será castigado a proporción de su culpa.

Prohibo expresamente que nadie pueda escribir, declamar, o conmover, con pretexto de estas providencias en pro ni en contra de ellas, antes impongo silencio en esta materia a todos mis vasallos, y mando que los contraventores se les castigue como reos de lesa Majestad.

Para apartar altercaciones, o malas inteligencias entre los particulares, a quienes no incumbe juzgar ni interpretar las órdenes del Soberano, mando expresamente que nadie escriba, imprima, ni expenda papeles u obras concernientes a la expulsión de los jesuítas de mis dominios, no teniendo especial licencia del gobierno, e inhibo al Juez de imprenta, a sus sub-delegados y a todas las justicias de mis Reinos, de conceder tales permisos o licencias por deber correr todo esto bajo las órdenes del Presidente y Ministros del Consejo con noticia de mi Fiscal.

Encargo muy estrechamente a los reverendos Prelados diocesanos, y a los Superiores de las Ordenes regulares, no permitan que sus súbditos escriban, impriman, ni declamen sobre este asunto, pues se les haría responsable de la no esperada infracción de parte de cualesquiera de ellos, la cual declaro comprendida en la ley del señor don Juan el I y real cédula expedida circularmente por mi Consejo en 18 de septiembre del año pasado para su más puntual ejecución a que todos deben conspirar por lo que interesa al orden público, y la reputación de los mismos individuos para no atraerse los efectos de mi real desagrado.

Ordeno a mi Consejo que con arreglo a lo que va expresado haga expedir y publicar la real pragmática más estrecha y conveniente para que llegue a noticia de todos mis vasallos, y se observe inviolablemente, publique y ejecuten por las justicias y tribunales territoriales las penas que van declaradas contra los que quebrantaren estas disposiciones,

Tendráse entendido en el Consejo para su puntual, pronto e inviolable cumplimiento y dará a este fin todas las órdenes necesarias con preferencia a otro cualesquiera negocio, por lo que interesa mi real servicio, en inteligencia de que, a los Consejos de Inquisición de Indias, órdenes y hacienda, he mandado remitir copias de este decreto para su respectiva inteligencia y cumplimiento.

Rubricado de la real mano de Su Majestad en El Pardo, a 27 de marzo de 1767.

El Conde de Aranda, Presidente del Consejo

Cuya real disposición comuniqué al enunciado tribunal de Indias para que en su inteligencia y conforme a ellos expidiese sin pérdida de tiempo las cédulas convenientes a mis Indias Occidentales, islas adyacentes y Filipinas, para su más puntual y exacto cumplimiento; bien entendido que la ejecución del extrañamiento y ocupación de temporalidades corre privativamente por el Conde de Aranda, Presidente de mi Consejo, y bajo de su mano por los Virreyes, Presidentes y Gobernadores de aquellos dominios debiendo remitir las diligencias de resultas de su comisión y recibir para su mano las órdenes sucesivas.

Por tanto, por la presente mi real cédula mando a los Virreyes del Perú, Nueva España y Nuevo Reino de Granada, a los Presidentes, Oidores y Fiscales de la Real Audiencia de aquellos distritos y del de Filipinas; a los Gobernadores y justicias de ellos, e islas adyacentes, y ruego y encargo a los muy reverendos Arzobispos, reverendos Obispos y Cabildos, de las citadas iglesias metropolitanas, y Catedrales de las Diócesis comprendidas en la demarcación de los expresados Virreinatos y Audiencias, cumplan y ejecuten, hagan cumplir y ejecutar puntual y literalmente todo el contenido del preinserto mi real decreto, sin ir ni venir contra él, en manera alguna, ni permitir que con ningún pretexto se dilate, suspenda o dificulte su puntual y efectivo cumplimiento; en inteligencia de que ya tengo anticipadas las órdenes conveniente, a los mismos Virreyes, Presidentes y Gobernadores, con cartas escritas y firmadas de mi real mano para la ejecución de las primeras providencias e instrucciones remitidas por el Conde de Aranda: que así es mi voluntad y que se obedezcan sin réplica ni contradicción, las órdenes dadas o que diere el mismo Conde relativas a los puntos que quedan expresados, a cuyo fin lo haréis publicar en la forma acostumbrada para que llegue a noticia de todos.

Fecha en El Pardo, a 5 de abril de 1767.-Yo el Rey.-Por mando del Rey nuestro señor.-Nicolás Mollinedo.-(Hay tres rúbricas).

Es copia de su original que para en esta Secretaría de Cámara, a que me remito.-Santafé, 5 de noviembre de 1767. Francisco Silvestre.

Fuente: José Manuel Groot. Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada. Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, 1957, tomo II, pp. 543-548.