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Siglo XVII > 1660-1669 > 1667

Sentencia del Real Consejo de Indias sobre el Conde de Baños.
1667

Vista por los del Consejo Real de las Indias la residencia que en virtud de particular comisión de S. M. tomó el Lic. Fernando de Aguilar, oidor de la Real Audiencia de Guadalajara, al Marqués Conde de Baños del tiempo que ejerció los puestos de virrey, gobernador y capitán general del reino de la Nueva España y presidente de la real audiencia, que reside en la ciudad de México, y habiendo visto los cargos que de ella resultaron contra dicho Conde de Baños.

Fallamos que debemos pronunciar y pronunciamos en la forma y manera siguiente: en cuanto al cargo primero sobre que debiendo dicho virrey en ejecución de uno de los capítulos de las instrucciones que se le dieron para el gobierno de aquel reino hacer que se pusiesen y asentasen en los oficios de las reales cédulas y demás despachos de S. M., para que hallasen y ejecutasen fácilmente, no lo hizo dicho conde, reteniéndolas en su poder sin que en el tiempo de su gobierno se tomase razón, ni se asentasen las cédulas que dicho conde llevó y recibió después en los libros de ellas, que para este efecto hay en dichos oficios. Y siguiéndose de lo referido el hallar los ministros a quienes toca sin las noticias necesarias para su ejecución hasta que por el Virrey Marques de Mancera se mandaron asentar en dichos libros del gobierno las que se entregaron por dicho conde de Baños, hallándose casi todas sin haber asentado con ellas su obedecimiento, ni dádoles cumplimiento en grave perjuicio del servicio de S. M., de cuyo cargo dicho juez le absolvió y dio por libre.

Y en cuanto al cargo segundo, sobre que estando encargado a los vireyes por diferentes razones de S. M. que entreguen a sus sucesoseres el gobierno y las reales cédulas y demás despachos que hubieren recibido, así de S. M. en su tiempo acerca de las que hubieren entregado sus antecesores, para que con las noticias de ellas ejecuten lo más conveniente al servicio de S. M. Dicho conde, en contravención de ellas dejó de entregar a Don Diego Osorio de Escobar y Llamas, obispo de la Puebla de los Angeles, su sucesor en los cargos de virrey, las que paraban en su poder, reteniéndolas sin embargo de las diligencias que para este efecto se hicieron por dicho obispo. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia atento a su descargo.

Y en cuanto al cargo tercero, sobre que habiendo llegado dicho Conde de Baños a la ciudad de Cholula en prosecución de su viaje, cuando fue al gobierno por el año 1660, y teniendo noticia la Marquesa de Leiva y sus hijos Don Pedro de Leiva y Doña María de Alencastro, que Diego Sánchez de Coca, dueño de obraje de tejer paños en dicha ciudad de Cholula tenía cantidad de negrillas esclavas suyas, fueron a él a escoger algunas para traerlas en su servicio, y aunque dicho Diego Sánchez de Coca hizo de parte las diligencias que pudo para excusarlo, le sacaron contra su voluntad con la mano y perder superior que tenía dicha marquesa y sus hijos... [roto] esclavillas de edad de ocho años y se las llevaron a México haciendo después diligencias con el susodicho para que otorgase escritura de donación. Y aunque no la hizo él, siendo vivo, habiendo faltado fuera dicho obraje Don Juan de Galarza, criado de dichos virreyes por el año [roto] de 1662 e hizo que Doña Isabel de la Cruz, viuda de dicho Diego Sánchez de Coca otorgase dicha escritura de donación como... otorgó, compulsa y por temor de que no se le recreciesen mayores daños, a favor de dicha Doña María de Alencastro, con ánimo de... derecho (como lo hizo). Poniendo demanda a dicho conde el juicio de esta residencia sobre la restitución de dichas esclavas a que fue condenado dicho conde y sus bienes por... tenía de ella y con efecto se hizo pago a... para este cargo... con este caso referido mucho desconsuelo a los que vieron semejante principio. Por cuyo cargo el juez le puso culpa, y por ella le condenó en 500 pesos para la cámara de S. M. Y en cuanto al interés de la parte lo remitió a lo determinado en la sentencia dada en la demanda puesta por dicha Doña Isabel de la Cruz. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo cuarto, sobre que habiendo fallecido en aquella ciudad Doña María Pérez Matamoros, mujer que fue del Capitán Don Esteban Rosel y Lugo, caballero de dicho conde, por el mes de abril del año 1672, el mismo día del fallecimiento y antes de su entierro enviaron dichos virreyes recaudo a Don Esteban Rosel, diciéndole les enviase las joyas que tenía de dicha su mujer, y después fue Don Felipe Morán de la Cerda de parte de S. E. a instarle remitiese las joyas que le había pedido. Y habiéndole respondido que había litigio sobre ellas y estaban empeñadas a Francisco Anfonso, mercader, en 1.317 pesos y que no se hallaba con más cantidad para sacarlas del empeño que trescientos y tantos pesos se los pidió a dicho Don Felipe Morán y llevó juntamente con un papel para el Lic. Juan María Anfonso, albacea y heredero de dicho Francisco Anfonso, que ya era difunto. Y habiendo entregado el susodicho a dicho Don Felipe Morán los 1.300 pesos que restaba de la cantidad en que estaban empeñadas, las sacó y entregó a dicha marquesa., sin haber aprecio ni avaluación de ellas, ni haber ajustado venta ni otro contrato alguno más de lo que se ha referido en razón de dichas joyas, que fueron una gargantilla y zarcillos de diamantes, tres rosas; asimismo de diamantes, una de rubíes pequeños... [roto] restitución por haberse quitado contra su voluntad y suplicarle satisfecho su precio y valor pidió dicho Don Esteban Rosel, entre otras cosas, en la demanda que puso a dicho conde en el juicio de esta residencia a que fuese condenado S. E. en la forma que se expresa en la sentencia de ella, por lo tocante al interés de la parte, y reservó la culpa para este cargo. Por el cual dicho juez le puso culpa y por ella condenó en 500 pesos aplicados para la real cámara. Y en cuanto al interés de la parte remitió a lo determinado a la sentencia pronunciada en dicha demanda. Revocamos dicha sentencia y absolvemos de dicho cargo al conde virrey.

En cuanto al cargo quinto, sobre que estado prohibido por leyes reales los juegos públicos y encargado a los jueces y magistrados superiores el cuidado en estorbarlos y castigo de los transgresores de ellas, el conde virrey no sólo no cuidó en el tiempo de su gobierno de que los juegos públicos estorbasen y vedasen, sino que dicho conde tuvo continuamente en su palacio en el cuarto de su hijo mayor Don Pedro de Leiva, adonde acudían todo género de personas de caudal y principalmente los que tenían pleitos y negocios o pretensiones, por ser este el medio con que procuraban agradar a dicho virrey, y a su hijo Don Pedro de Leiva, para conseguir buen despacho en sus pretensiones por formar sentimientos con las personas que no asistían a dichos juegos, o se retiraban de ir a ellos, enviándoles recados con sus criadas y otras personas con insinuación de que caería en desgracia suya y y otras amenazas, y temiendo no se ejecutasen y se les recreciesen otros mayores daños, asistían a él los forzados y violentados con el poder de dicho virrey y su hijo, quien percibía del naipe que se sacaba de cada una de tres o cuatro mesas en que se jugaban diferentes juegos 500 ó 600 pesos todas las noches, retardando la paga a los que ganaban hasta que volviesen a perderla. Y cobrando lo que se perdía con demasiada puntualidad y rigor, siguiéndose a lo referido el crecido interés que se percibió de dichos juegos. Pues habiendo sido las pérdidas en tan considerables cantidades como se expresara, se reconoció que entre los que jugaron no hubo de ganancia 30.000 pesos, quedándose todo el resto de ellas en poder de dicho Don Diego de Leiva, pasando este exceso no sólo con noticia de S. E. sino con asistencia suya. Causando consternaciones no sólo el menoscabo de los caudales, daños y pérdidas considerables que refieren los testigos, sino mucha familiaridad con los súbditos en desdoro de la dignidad y puestos que ocupaba. Resulta de su continua continuación y exceso pérdidas de tan crecidas cantidades que Don Rodrigo de Mexía, alguacil mayor del tribunal de cuentas, en tres noches perdió 47.000 pesos, y para pagarlo por los aprietos que le hacía dicho Pedro de Leiva, para ello se vio obligado a cargar sobre sus haciendas y oficio 10.000 pesos a censo, y pedir prestado otros 6.000 con intereses a diez por ciento. Y por no poder pagar la restante cantidad se ajustó que hiciese escritos de obligación a favor de otras personas a quienes dicho Don Pedro de Leiva debía por ganancias de dicho juego, siéndole de tan grave perjuicio esta pérdida que de ella se le recrecieron de daños más de 80.000 pesos, así por los intereses que pagó como por haber faltado al avío de sus haciendas. Y los condes de Santiago Don Juan y Don Fernando Altamirano, su hijo, perdieron más de 40.000 pesos, y para su paga empeñaron sus haciendas y alhajas, otorgando escrituras para los restos; Don Enrique de Avila, corregidor de México, perdió más de 30.000 pesos y Don Juan Yrursum otros 30.000 pesos. Y otras muchas pérdidas que hicieron diferentes personas de cuatro, seis, y diez mil y más pesos, que expresan los testigos con circunstancias de apremios y vejaciones para su cobranza, que importaron más de 200.000 pesos. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y por ella lo condenó en 4.000 pesos, aplicados 3.000 a la cámara de S. M. y 1.000 para gastos de estrados del Consejo. Confirmamos dicha sentencia con que la condenación sea y se entienda de 2.000 pesos de a ocho reales de plata en plata.

Y en cuanto al cargo sexto, sobre que siendo una de las obligaciones de dicho virrey evitar todas las acciones y demostraciones públicas menos decentes, en algunas de ellas fue mucha la llaneza con que dicho conde se portó, como fue en las continuas asistencias en todo el tiempo de su gobierno a las comedias que públicamente se representaban en el teatro de donde se ocasionaba menos veneración a dicho conde por la gente que concurría, de cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia y en cuanto al cargo séptimo sobre que en contravención de leyes y cédula reales, la marquesa y sus hijos trataron y comerciaron con géneros de Castilla haciendo empleos en ellos, y en especial en una gran cantidad que Don Pedro de Leiva compró de la cargazón que trajo el Capitán Don Antonio Agustín en la floto del cargo de Don Nicolás Fernández de Córdoba, cuya paga hizo en grana. Y asimismo se remitió de La Habana por Don Bernardo de Leiva, su criado, otro empleo a la marquesa que trajo de su cargo Pedro de Mesa, y de orden de S. E. entregó en Veracruz al tesorero Andrés de Aramburu, su confidente; haciendo asimismo crecidos empleos en los de las islas Filipinas, para cuya seguridad se nombró por general del patache San Damián, que fue de socorro a dichas islas por el año 1672, a Don Luis Roche, su criado, y por capellán de él al mismo que lo era de los virreyes, que fue el Lic. Don Cristóbal de Luna, y por Almirante a Don Manuel de Alarcón, los cuales fue público y no llevaron de cuenta de dichos marqueses más de setenta pesos para emplearlos en géneros y mercaderías de dichas islas. Y asimismo lo fue que en la nao San José que el año 1663 hizo viaje de vuelta a dichas islas llevaron el gobernador de ellas Don Diego de Salcedo y Francisco García del Fresno otra tanta y más cantidad de cuenta de dichos virreyes, las cuales trajo empleadas dicho Don Luis Roche y Don Cristóbal de Juanes en el navío que vino de Acapulco por el año 1665, consignadas a Domingo de Cantabrana, confidente de dichos virreyes, que las recibieron con título de suyas después que se alzaron los embargos que en ellos se habían hecho por Don Cristóbal de Calancha; siendo así que los 70.000 pesos que dicho Cantabrana dijo haber remitido por fines del año 1661 a su encomendero en Acapulco por suyos, él mismo confiesa volvieron a su poder sin pasar a Filipinas, de cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo octavo, sobre que había en la ciudad de México doce compañías del batallón formadas de los vecinos de ella para las ocasiones de precisa necesidad del servicio de S. M., resguardo y defensa de aquel reino, y que sólo en casos semejantes se deben poner en arma. Dicho conde en el tiempo de su gobierno, sin que hubiese necesidad ni urgente causa de enemigos y más cuando tenía levantadas otras muchas de gente pagada de la real hacienda, mandó armar dichas compañías y con ocasión de estar cinco de ellas vacas repartió mucho número de decretos y nombramientos de capitanes de ellas a diferentes vecinos de caudal y el comercio, unos impedidos para este ejercicio por su mucha edad, otros por achaques, y otros por sus ocupaciones y embarazos, a quienes no podían faltar, causando a los que las aceptaban notables molestias y vejaciones y crecidos gastos de sus propios caudales. En especial a Don Rodrigo Mejía, al Capitán Juan de Cabueñas, a Julián Díaz de Posadas, los cuales en el largo tiempo que en dos ocasiones tuvieron enarboladas las banderas y metieron las guardias en palacio, tuvieron de gasto los dos de ellos más de 6.000 pesos cada uno, y el otro, más de 3.000 en los soldados que tenían alistados dándoles la pólvora, cuerda, armas y lo que habían menester de sustento los más de los días principalmente en los que se metía la guardia a que se seguían por sus turnos una compañía cada día con obligación precisa de entrar una escuadra de veinte y cinco infantes con pena de 300 pesos en caso que faltasen. Resultando otro daño de que por ser los soldados pobres oficiales faltaban a sus oficios y sustento de sus familias. Y por esta causa y ser voluntarios, no pudiendo llevar el número de veinte y cinco soldados para el día de la guardia que les tocaba, se veían obligados dichos capitanes a buscar personas que los supliesen, pagándoles su estipendio. Y estos mismos gastos hicieron los demás capitanes que tuvieron levantadas sus compañías. Y los demás vecinos, por los impedimentos referidos se veían obligados a exonerarse de las que se les repartían. No lo conseguían aunque hacían muchas diligencias para ello, menos que por las cantidades de dinero y plata que se daban a la marquesa, Don Pedro de Leiva su hijo, así por medio de Don José Huarte, como de otros criados. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo nueve, sobre que entre las personas que nombró dicho conde por capitanes de las compañías del batallón de que va hecha mención, fue uno el Capitán Diego Millán. El cual, habiendo recibido la noticia del decreto y hallándose enfermo trató de redimir esta vejación a dinero, como lo habían hecho otros, y valiéndose el canónigo Don Cristóbal Millán, su hermano, para que hiciese la diligencia con Don José Huarte, secretario de dicho conde por ser el susodicho la persona por cuya mano corrían semejantes negociaciones. La hizo dicho canónigo con Don José, pidiéndole hablase a la marquesa ofreciéndole 400 pesos por que exonerase a su hermano de la compañía. Y habiendo respondido dicho Don José que era poca cantidad y que no la había él sino dicho conde para vestuario de sus criadas, y que enviaba a Don Luis Roche para que lo ajustase. Lo hizo, conveniéndose con dicho canónigo en 800 pesos, de que se habían de entregar 500 a dicho Don José y 300 que se habían de repartir entre dicho Don Luis y otros criados. Y con efecto se enviaron dichos 800 pesos con Leonardo de la Cruz, mulato criado de dicho canónigo, que los entregó a Huarte, sobre que puso demanda dicho Diego Millán en el juicio de la residencia que dejó de seguir. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y por ella le condenó en 800 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo diez, sobre que asimismo nombró por capitán de una de dichas compañías del batallón a Cristóbal Jiménez, el cual para eximirse de ella le dio cien marcos de plata quintada de toda ley que ajustó por medio de Don Andrés de Salinas, confidente de los marqueses y persona por cuya mano corrían estas negociaciones por intervención de su criado Don José Martínez por la solicitud de haber reducido a cien marcos de plata, 1.500 pesos que se le pedían por admitirle la exoneración de dicha compañía, sobre que puso demanda a dicho conde en esta residencia que dejó de seguir, de cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos la sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo once, sobre que en continuación de las vejaciones que se hacían a los vecinos y personas de caudal con los nombramientos de dichas compañías del batallón, que fue dicho Don Andrés de Salinas una noche a darle noticia a Diego Martínez de Sandoval, que le había repartido una de ellas ofreciéndose que él solicitaría con dicho Don Pedro de Leiva la exoneración por la mucha amistad que le hacía haciéndole algún regalo. Y hallándose dicho Diego Muñoz impedido para semejante ocupación por muchos años y achaques y temeroso de otros mayores daños y tenido diferencias con Don Andrés de Salinas sobre la cantidad de la dádiva, se ajustó en 1.000 pesos que dio a dicho Don Pedro de Leiva para mano de dicho Don Andrés, sobre que puso demanda al conde que dejó de seguir. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y le condenó en 1.000 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo trece, sobre que habiendo tenido noticia Alonso Bueno que dicho conde trataba de encargarle una de dichas compañías del batallón por la opinión que tenía de hombre rico. Y procurando el susodicho eximirse de ella por ser viejo y ocupado, y valiéndose para ello del padre Fray Bernardino de la Concepción, confesor de la marquesa, lo consiguió mediante la dádiva que hizo de un barretón de plata que valía 519 pesos que el susodicho envió a dicho padre Fray Bernardino. Quien después le dijo a dicho Alonso Bueno que ya estaba excusado, que no tuviese cuidado porque así se lo había asegurado la marquesa. Y se hace este cargo a dicho conde sin embargo de haber sido absuelto de la demanda que por esta razón le puso dicho Alonso Bueno, por lo que resultó a la secreta. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia y le absolvemos por no probado.

Y en cuanto al cargo catorce, sobre que habiendo dado noticia Don Luis Roche, criado de dicho conde, y a Don Antonio del Rosal, alguacil mayor de la real caja, de que dicho conde le había nombrado por capitán de una de dichas compañías del batallón y hecho diligencias para exonerarse de ella representando a dicho conde las ocupaciones en que se hallaba de cobranzas de la real hacienda. Y valiéndose también de la intercesión de Don Pedro de Leiva, su hijo, y del castellano Don Diego de Ledesma, su amigo, fueron pocos días después a medianoche dicho Don Luis Roche y Don José Martínez, criado del Conde de Leiva, que ya había alcanzado el excusarse de dicha compañía y que porque tuviese este gusto no habían querido dilatar el aviso. Y dicho Don Antonio del Rosal, por la diligencia que dio a Don Pedro de Leiva un tejo de oro que pesó de 400 a 500 pesos. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y por ella y la que resultó del cargo octavo, remitida la determinación a este catorce, condenó a dicho conde en 800 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo quince, sobre que fue tanta la omisión de dicho virrey de no corregir sus hijos y criados, ni moderarlos, y tal licencia que se arrojaron Don Pedro y Don Gaspar de Leiva, sus hijos, que con sus procedimientos menos decentes, poder y mano con que se hallaban, tenían amedrantada toda aquella república. Y a sus vecinos temerosos de que con ellos no usasen algunas vejaciones, recelándose justamente por la notoriedad de las que habían ejecutado con otros, injuriándolos de obra y de palabra, inquietando y solicitando muchas mujeres de diferentes estados, siendo tales sus inquietudes que con ellas dieron motivo a que se les atribuyesen algunas muertes y casos ruidosos que sucedieron, que por referirse con especialidad por los testigos del cargo que por su calidad no se expresan en él, sin que dicho conde pusiese remedio en materias que tan eficaz le pedía ni hiciese diligencia en orden a contenerlos. Por cuyo cargo dicho juez lo puso culpa y condenó en 2.000 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado, y mandamos que se le remitan los autos de la querella de Don Cristóbal de Montoya a la Real Audiencia de México para que haga justicia y remita las apelaciones que las partes interpusieren al Consejo.

En cuanto al cargo diez y seis, sobre que continuando la licencia con que se portaban Don Pedro y Don Gaspar de Leiva, sus hijos, huían a los locutorios de monjas y en especial a los del convento de Regina Celi, llamando a ellos a una novicia para que les diese música por ser diestra. Y habiendo tenido una cuestión de cuchilladas entre los dos hermanos, originada de su asistencia, pusieron en tanto cuidado a las religiosas y al obispo de Puebla que se vio obligado con las noticias que tuvo del caso a dar la orden para que no dejasen salir a dicha novicia al paseo que se acostumbra antes de hacer profesión, sino que la hubiese sin salir del convento, temiendo no sucediese algún escándalo con la frecuencia con que dicho Don Pedro y Don Gaspar la habían asistido, y diferencia que por esta razón entre los dos había resultado. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo diez y siete, sobre que habiendo solicitado su hijo Don Pedro de Leiva por medio del Regidor Don Juan Fernández de Mansilla que los religiosos de la provincia de Santiago, de México, de la orden de Predicadores le hiciesen alguna dádiva con pretexto de que procuraría impedir la ejecución de las ordenanzas, cédulas reales y provisiones que en su conformidad se habían despachado a pedimento de los indios, para que se les quitase el servicio personal en los pueblos y doctrinas que tocaban a los religiosos y esto lo haría retirándolas al gobierno como lo habían estado tanto tiempo antes. Y recelando el padre Fray Diego de Arellano, provincial que a la sazón era de dicha religión, y Fray Luis Ortiz, procurador, que quien pedía dádivas procedería también a extorsiones para conseguirla, dicho padre procurador llevó 1.000 pesos en reales al palacio de dicho conde por fines de julio del año 1661 y los entregó a dicho Don Pedro de Leiva. Y habiéndosele dado dicha dádiva no se ejecutaron las cédulas referidas sobre que se puso demanda a dicho conde en esta residencia, por parte de dichos religiosos. Y por la sentencia de ella fue condenado a la paga de dichos 1.000 pesos reservando la culpa para este cargo. Por el cual dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo diez y ocho, sobre que debiendo dicho conde por los puestos que ocupó dar puntual ejecución y cumplimiento a los reales mandatos, dejó de darla a la real cédula del 18 de junio del año pasado de 1662 en que le mandó S. M. que por convenir a su real servicio enviase a estos reinos a Don Pedro de Leiva, su hijo mayor, y Doña María de Alencastro, su nuera, en la flota del cargo del General Don Nicolás Fernández de Córdoba, sin que para ello pusiese excusa ni dilación alguna. Siendo tan de la voluntad de S. M. el preciso cumplimiento de ella que para en caso de no hacerlo dicho conde fue servido S. M. de despachar otra de la misma fecha a Don Francisco Vallés, visitador de la real hacienda de aquel reino, ordenándole lo ejecutase. Y cuando para este efecto sola una insinuación de su real voluntad había de precisar a S. E. a su cumplimiento, no se le dio a dichas cédulas, anteponiendo a ellas el amor y conveniencia de sus hijos, pretextándola con los motivos que representó a S. M. y el Consejo. Que por no haberse tenido por bastantes y que no quedase consentido semejante ejemplar, se sirvió de ordenar por su real cédula del 2 de abril del año 1664 se hiciese este cargo a dicho conde. En el cual dicho juez remitió su determinación al Consejo. Absolvemos y damos por libre de este cargo a dicho conde.

Y en cuanto al cargo diez y nueve, sobre que en contravención de real cédula e instrucciones la marquesa solicitó y pidió al padre comisario general Fray Diego Zapata, de la orden de nuestro padre San Francisco, dispusiese con los vocales eligiesen por provincial al padre Fray Bernardino de la Concepcion en el capítulo que se celebró el año 1661. En que por no haber venido dicho padre comisario general dando por respuesta a dicha marquesa ser de su obligación dejar la elección libre a los vocales y no haberse conseguido la pretensión de dicha marquesa, se mostró quejosa de dicho padre general. Haciendo lo mismo con los religiosos graves del orden de nuestro padre Santo Domingo de México para que en el capítulo que salió electo por provincial el padre Fray Luis de Córdoba eligiesen al padre maestro Fray Francisco Muñoz, haciéndoles muchas instancias, pudiendo resultar de ellas que se intimidasen y dejasen de hacer sus elecciones libremente, ocasionándose se dijese públicamente se solicitaban muchas elecciones por dádivas que se habían ofrecido a dicha marquesa. Poniendo en tanto cuidado a dicho conde la notoriedad con que corría lo referido, que fue a uno y otro convento en las ocasiones de dichos capítulos a manifestar a los religiosos vocales, no había dicho conde pretendido la elección de los sujetos referidos, con que salieron electos los que juzgaran más convenientes. De cuyo cargo dicho juez le absolvió, confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo veinte, sobre que amparó y favoreció al padre Fray Juan de San José, religioso descalzo y prior que fue del convento del Carmen, de México, en las divisiones y discordias que por el susodicho como cabeza de ellas se introdujeron en su religión en orden a conservarse en el dicho oficio y llevar adelante la contravención del susodicho y los de su parcialidad, a las órdenes y mandatos de su general, deponiendo al padre provincial que había nombrado y haciendo la elección contra lo dispuesto por sus constituciones, que procuraron llevar adelante sin embargo de haberse dado por nula por dicho padre general. De que resultaron otros muchos daños, así en perjuicio de la quietud y buen crédito de la religión como de muchos religiosos de dicha parcialidad, que dejando el hábito se huyeron, volviendo después algunos. Siendo tanto el favor y amparo que toparon en dichos virreyes que habiéndose prendido a uno de los fugitivos, de orden de dichos superiores para volverle a su religión, llamado José de la Concepción, lo quitaron los soldados de la guardia de orden de dichos marqueses. Con cuya noticia habiendo acudido la religión a pedirlo, no se pudo conseguir se le entregase por entonces, hasta que habiéndolo remitido dichos virreyes al tribunal de la Santa Inquisición, se consiguió su entrega con el cargo que se le hizo al padre Fray Felipe de la Asunción, prior que a la sazón era de dicho convento de que no de castigase, de que resultó haber hecho segunda fuga. Y habiendo preso después de ella fue desterrado sin el hábito a las islas Filipinas por su religión. Pasando el valimiento de dicho padre Fray Juan de San José, prior, y sus parciales con los virreyes que teniendo retirado el padre provincial Fray Miguel de la Asunción por justas causas del servicio de Dios y crédito de su religión, hizo dicho conde muchas instancias para que no volviesen a dicho religioso al convento de México con comunicación de que pasaría dicho conde a la resolución que más conviniere. Y temeroso dicho padre provincial de que se ejecutase y de otros daños, volvió a dicho padre Fray Bartolomé a México; y teniendo dicha religión preso a algunos de la parcialidad de dicho padre prior por la violencia con que habían despojado a los legítimos prelados de sus puestos, fue dicho conde en persona a dicho convento y con pretexto de paz los favoreció e hizo soltar de dicha prisión de que se siguieron otros nuevos daños y escándalos.

Y en particular el que habiendo solicitado dicho virrey se diese licencia por el vicario provincial, que entonces era a dicho padre Fray Bartolomé de la Asunción, para que pasase a estos reinos con pretexto de que iba a negocios del servidor de S. M., siendo el motivo principal el pasar a fomentar los de la parcialidad de dicho padre prior Fray Juan de San José. Se vino sin que sus superiores se atreviesen a impedirlo por el amparo y fomento con que dichos virreyes asistían a dicho padre Fray Juan de San José, prior e íntima confidencia y valimiento que el susodicho tenía con dichos condes, en tanto grado que fue público y notorio que para conservarse en el agencio y negocio muchas conveniencias de cantidad e intereses considerables para dichos virreyes por diferentes negocios, con gran sentimiento de los religiosos de su orden por verle introducido en materias extrañas y ajenas de su profesión e instituto; contraviniéndose en todo lo referido por dicho conde virrey a las órdenes e instrucciones de S. M., y en especial a la cédula del 25 de febrero de 1628, en que se ordena que los virreyes remedien las inquietudes que se ofrecieren en las elecciones u otras cosas del gobierno de las órdenes. De cuyo cargo dicho juez le absolvió y dio por libre. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo veinte y uno, sobre que habiendo venido a aquella ciudad de México el padre maestro Fray Juan de Silva, religioso del convento de Santo Domingo de la Puebla y hospedado con su compañero en el convento de carmelitas descalzos de dicha ciudad, para la solicitud y ejecución de la división de las dos provincias de dicha orden de Santo Domingo, en virtud de breve apostólico, patente de su general y cédula de S. M. por haber entendido dicho padre maestro Fray Juan de Silva, que por parte de los religiosos de Santo Domingo de México se pretendía embarazar la separación de dichas provincias y cumplimiento de dichos despachos, por ofrecer a la Marquesa de Leiva cantidad considerable de dinero. Se valió del padre Fray Juan de San José, prior de dicho convento del Carmen, confidente y allegado de dicha marquesa, para que solicitase con dicho conde no diese lugar a los embarazos que se le pretendían oponer. Y habiéndose tratado la cantidad que se había de dar a dicha marquesa y que eran hasta 9.000 pesos lo que tenía dicho padre Silva en el convento del Carmen en poder del hermano Juan de Jesús María, procurador de él, y respondiéndole dicho padre prior que era poca cantidad, porque los religiosos del convento de Santo Domingo de México daban más, y que dicho padre maestro había de dar otra tanta o mayor cantidad, se llevaron después una noche dichos 9.000 pesos por el padre compañero de dicho padre maestro Silva, y se entregaron a Don Francisco García, criado y tesorero de dichos virreyes para conseguir por medio de esta dádiva no se les embarazase su pretensión, siendo tan de justicia el dar ejecución a dichos despachos sin gravar a dicha provincia de la Puebla con semejante contribución. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia y absolvemos del cargo por no probado.

En cuanto al cargo veinte y dos, sobre que contravinieron reales cédulas, órdenes e instrucciones que lo prohiben, dio licencia dicho conde para que los religiosos descalzos de la provincia de San Diego de la ciudad de México fundasen en la villa de Santa Fe real de minas un convento nuevo de dicha orden. Y por haber sido en contravención de dichas órdenes reales fue multado por el Consejo el Lic. Don Alonso de Alavés, su asesor, sucesor general (con cuyo parecer la concedió), en 300 pesos y se mandó suspender la fábrica de dicho convento por cédula del 13 de octubre de 1664 sin que excuse a dicho conde de este cargo haber dado dicha licencia con parecer de su asesor. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió la determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cango.

Y en cuanto al veinte y tres, sobre que en contravención de reales cédulas, órdenes e instrucciones, dicho virrey en muchos casos se gobernó de manera que se ocasionaron muchos encuentros y diferencias con el obispo de la Puebla, siendo gobernador de aquel arzobispado, motivadas del desafecto que dicho conde y la marquesa tuvieron a dicho obispo, prorrumpiendo en muchas acciones y demostraciones públicas que le ocasionó las quejas y sentimientos que refiere en su disposición, y el haberse retirado de la ciudad de México al colegio de Santo Angel, extramuros de ella, para obviar mayores rompimientos que se temieron. A que no fue bastante prevención la referida, pues habiéndose despachado por dicho conde dos provisiones reales para que dicho obispo propusiese sujetos para la provisión de los curatos que estaban vacos, pasó dicho conde a despachar la tercera con conminación de las temporalidades y embargo de los frutos de la cuarta episcopal, dejando de usar de los medios jurídicos que el fiscal representó por ser de los que se debía usar en tal caso, y que con ellos se conseguía el efecto a que se encaminaban dichas provisiones y se excusaban las inquietudes que se recelaban de su ejecución. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo veinte y cuatro, que habiendo en ejecución de cédulas y órdenes reales, honras y tratar a los ministros con estimación dicho virrey, lo dejó de hacer con el fiscal Don Manuel de Escalante, permitiendo que el procurador mayor de la ciudad y otros regidores en nombre de ella presentasen petición ante dicho conde, pidiendo se declarase su plaza por vaca por haber casado una hija suya en dicha ciudad, no siendo como no era dicho casamiento de los comprendidos en las cédulas de S. M. Siendo el motivo malestar a dicho fiscal e intimidarlo para que no llevase adelante la contradicción que hacía para que no entrase la ciudad en el asunto de las reales alcabalas, a que estuvieron siempre afectos dichos marqueses. Recreciéndosele a dicho fiscal muchas inquietudes, llegando a tanto los sentimientos que con él tenían dichos virreyes por entender que con eficacia contradecía los negocios en que podían tener, que pasaron a mostrarlos y dar quejas a las personas que entendían le visitaban. Y también permitió dicho conde se diese otra petición contra el oidor Don Antonio de Lara por los mismos regidores para que se aclarase por vaca su plaza por un casamiento de él y otro de una hija suya, resultando todo en deservicio de S. M. Por cuyo cargo el señor juez le puso culpa y remitió la determinación al fiscal. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos.

Y en cuanto al veinte y cinco, sobre que debiendo dicho conde corregir y castigar cualquier desacato que sus criados y familiares cometiesen contra las justicias y ministros togados, lo dejó de hacer con Don Félix de Baños, su criado y sargento mayor en ocasión que ejerciendo el oficio de corregidor de México el oidor Don Juan Manuel de Sotomayor fue a visitar el baratillo y juego de bolillas que estaba en la plaza mayor en un día de fiesta para efecto de los que se hallasen en él fuesen a oir misa. Y yendo de vuelta a su casa y estando en la calle de San Agustín en la averiguación de unas heridas que habían sucedido, llegó dicho Don Félix de Baños a la carroza donde estaba, y tirando la cortina y empuñando la espada le dijo a dicho oidor muy descompuestas palabras, sólo por haber ido a reconocer a dicho juego de bolillas, que corría por su cuenta, causando tanto escándalo que se juntó mucha gente. Y dicho oidor se templó, mandando andar el coche y haciendo cuidado de despreciar dicho arrojo, y aunque de él dio cuenta a dicho conde, dicho conde no pasó a más demostración que a enviarle quince o veinte días al real de minas de Pachuca, volviéndole después al ejercicio de dicho oficio de sargento mayor, dejando consentido tan pernicioso ejemplar. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió la determinación al siguiente. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo veinte y seis, sobre que habiendo procedido Don Miguel de Agurto, alcalde del crimen, a la averiguación de un carabinazo que un fulano de Nieves, soldado de la compañía de Don Pedro de Leiva, había tirado a Andrés del Valle, y rótole una pierna, tuvo dicho Don Pedro de Leiva palabras de enfado con dicho alcalde y en su presencia trató de injurias a Juan de Cartagena, escribano de la causa. Pasando a tanto el enojo que tuvo con dicho escribano y diferencias sobre el caso con dicho Don Juan Miguel, que hubo de dar cuenta de él a dicho conde para que advirtiera a su hijo el modo con que debiera haberse portado. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y por ella y la remitida del cargo antecedente condenó a dicho conde en 1.000 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo veinte y siete, sobre que teniendo dicho conde levantadas en aquella ciudad mucho número de compañías de soldados pagados y amparados de sus capitanes, que lo eran sus hijos y criados, hacían muchas vejaciones y agravios a los vecinos pobres e indios, quitándoles los bastimentos y dinero de lo que vendían, cometiendo otros mayores excesos de que hubo innumerables quejas. Y aunque llegaron a noticia del conde y ser públicas y frecuentes, nunca se puso remedio, dejando sin castigo a los agresores y sin satisfacción a los agraviados. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo veinte y ocho, sobre que permitió dicho conde y dio orden a Don José de Huarte, su secretario, para que en las juntas y acuerdos de hacienda que se hacían sobre negocios tocantes a ella, a sus asientos y cobro, y otros del gobierno en que sólo deben entrar y tener asiento los escribanos de él ante quien pasan los autos, entrase y asistiese a dichas juntas, como en efecto lo hacía antes que fuese nombrado por escribano de gobierno, sentándose en el lugar de dichos escribanos, haciendo relación de los negocios que se trataban, asentando los votos de su propia mano y los autos y determinaciones de lo que se resolvía por los ministros de ellas. De que resultó haberse quejado algunos a S. M. y su Consejo de que por asistir dicho Don José Huarte en dichas juntas se habían recrecido muchos inconvenientes. Para cuyo remedio se despachó cuenta a dicho conde el 7 de julio de 1663, mandando guardar las que estaban despachadas en esta razón y que no concurriesen en esta otras personas más de las que por razón de sus oficios tenían obligación. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió la determinación al final. Revocamos la sentencia y le apercibimos guarde las reales cédulas y ordenanzas.

Y en cuanto al cargo veinte y nueve, sobre que estando prohibido por diferentes reales cédulas que los virreyes nombren personas que sirvan en ínterin los oficios vendibles y renunciables en su contravención, habiendo vacado el oficio de escribano mayor del gobierno, que fue de Don Felipe Morán de la Cerda, por su muerte, y renunciándole en Don José Morán de la Cerda y otros, nombró dicho conde por escribano de dicho oficio en ínterin a Don José Huarte, su secretario, el 6 de abril del año 1663, con cláusula de que hiciese el juramento ante dicho conde, debiéndole hacer en el real acuerdo. En cuya virtud le entró ejerciendo, desde luego despachando y refrendando todos los autos y despachos pertenecientes a dicho oficio, percibiendo los derechos de ellos y salarios, hasta que reconociéndose el defecto se dispuso jurase en el real acuerdo, como con efecto lo hizo. Y este cargo se le hizo a dicho conde de orden de S. M. y el Consejo. Por el cual dicho juez le puso culpa y condenó en 1.000 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo.

Y en cuanto al treinta, sobre que siendo una de las cosas que más encargadas tiene S. M. a los virreyes, por repetidas cédulas, que procuren que los renunciatorios de los oficios vendibles y renunciables se presenten dentro del término asignado en sus renunciaciones, y se proceda con toda brevedad a la avaluación de los oficios y entero de la parte que de su valor tocare a su real hacienda. En contravención de dichas cláusulas, habiéndose presentado Don José Morán de la Cerda en el gobierno, y en virtud de su poder, Pedro Caballero, el 25 de abril del año 1663, con la renunciación que en él había hecho Don Felipe Morán de la Cerda del oficio de escribano de la gobernación, y pedídose por el fiscal de S. M. a la vista que se le dio, se procediese a la avaluación de su verdadero valor. Remitidos los autos por dicho conde a su asesor general a 9 de mayo de dicho año, no dio su parecer hasta el 23 de noviembre de él, ni por dicho conde se nombraron avaluadores en todo el tiempo de su gobierno, aunque por parte de dicho Don José de la Cerda y su procurador, se hicieron diferentes diligencias para ello, impidiéndosele por este medio la entrada al ejercicio de él. Siendo la causa de esta dilación el tener nombrado por escribano mayor del gobierno en dicho oficio a dicho Don José Huarte desde que falleció dicho Don Felipe Morán, y permitirle que gozase los crecidos aprovechamientos y salarios del despacho de dicho oficio. De que no sólo se privó a dicho Don José Morán por esta causa, sino que se retardó el entero del tercio que tocaba a S. M. Y se expuso a manifiesto peligro de que se declarase haber caído en comiso y a que se recreciese el litigio que sobre ello siguió el fiscal de S. M. contra dicho Don José de la Cerda después de acabado el gobierno de dicho conde crecidas expensas y gastos que tuvo con el seguimiento de él, en que todos los autos salieron a su favor por reconocerse no haber tenido culpa. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le condenamos en cien pesos de a ocho reales de plata.

En cuanto al cargo treinta y uno, sobre que debiendo Don José Huarte, su secretario, como escribano que era del gobierno tener en el oficio de él todos los autos y recaudos que le tocaban y pertenecían, y hacer inventario de ellos cuando entró a su ejercicio para que en todo tiempo constase de los que eran de su cargo. Faltando a esta obligación no le hizo y se sacaron de él en tiempo del gobierno de dicho conde, muchos autos y recaudos originales en perjuicio de las partes, sin que se volviesen a dichos oficios de gobierno donde tocaban. Aunque por algunos de los interesados se hicieron diligencias para ello, escribiéndose papel a dicho conde por el obispo de la Puebla, teniendo a su cargo el gobierno y proveyendo decretos para que dicho Don José Huarte los entregase, excusando el hacerlo con pretexto de decir paraban en su poder por estar en el de dicho conde, imposibilitándose por este medio la prosecución del derecho de las partes y la administración de justicia. Y los que así se sacaron de dichos oficios de gobierno y retuvo dicho conde sin volverlos a ellos, son los siguientes: Los autos originales que se hicieron por dicho conde sobre los destierros y multas de los contadores Don Pedro Cabanas, Don Bartolomé de Estrada y Don Juan de Salinas, y Don Antonio de Urrutia Vergara. Los autos originales hechos por orden de dicho conde sobre la prisión de Lorenzo de Torres. Lo que se hicieron de orden de dicho conde sobre la prisión de Lorenzo de Torres. Los que se hicieron de orden de dicho conde sobre la prisión de Francisco Sánchez de Llanos. Los que se hicieron, así en la ciudad de la Nueva Veracruz por el corregidor de ella, como en gobierno de orden de dicho conde contra el Gobernador Felipe de Estrada. Los que se hicieron por Don Nicolás del Peral, como juez de obrajes, nombrado por dicho conde; sobre la visita de los de la villa de Cuioacan; los de la contradicción hecha por Don Pedro de la Cadena al nombramiento de escribano mayor de gobierno de Don José de Huarte; los de la prisión de José de Espinosa, soldado. Todos los cuales se presentaron por parte de dicho conde, así originales como testimonios de ellos en diferentes demandas que se le pusieron en esta residencia, debiendo parar en los oficios donde tocaban sin otros muchos que después de acabado su gobierno entregó dicho conde. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo treinta y dos, sobre que habiendo venido a las islas Filipinas Cristóbal de Sosa en la nao que llegó al puerto de Acapulco por el año 1663 por capitán de la artillería de ella, y subido a la ciudad de México al despacho de algunas mercaderías en virtud de la licencia y mandamiento de dicho conde y tratado de quedarse en ella sin volver al ejercicio de su plaza; después de muchas diligencias que el susodicho hizo para conseguirlo y presentado memorial con relación de estar enfermo, se le pidieron 1.000 pesos por Don José Huarte, secretario de dicho conde. Y por no haberse ajustado a darlos se decretó a dicho memorial presentase certificación de médicos de los achaques que padecía. Y habiéndose ajustado después con dicho secretario por mano de Fernando de Olivares en 500 pesos de regalo, que se entregaron por el susodicho a un criado llamado Francisco de Prado, que para este efecto envió dicho secretario en casa de Fernando de Olivares, y cuatro buches de almizcle, se tildó dicho decreto. Y estando ya rubricado de dicho conde se puso otro al pie de dicho memorial, concediendo la licencia que se pedía, y reformación en cuya virtud se quedó en dicha ciudad Cristóbal de Sosa sin volver al ejercicio de su plaza. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y condenó en dichos 500 pesos. Por la parte que toca a dicho Conde de Baños, revocamos dicha sentencia y le absolvemos del cargo por no probado. Y por lo que mira a dicho Don José Huarte, secretario del conde, revocamos su determinación para cuando se vea la residencia del susodicho y el cargo que sobre esta razón se le hace con ella.

Y en cuanto al cargo treinta y tres, sobre que en contravención de reales ordenanzas y en grave perjuicio del bien común, el conde concedió en el tiempo de su gobierno excesivo número de licencias para la matanza de cabras, ovejas y vacas, no sólo a sus criados, sino a otros que no lo eran nor ayuda de costa o de limosna, para que las vendiesen. Siendo en tan crecida cantidad que sólo las de ganado menor importaron 53.600 cabezas, resultando de lo referido el menoscabo de la crianza de los ganados. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo treinta y cuatro, sobre que dicho conde contraviniendo a tantas y tan repetidas leyes y cédulas reales, nombró y proveyó en los mejores oficios a sus hijos, criados y allegados, dejando de darlos a los descendientes de conquistadores y patrimoniales de aquel reino, causándoles mucho sentimiento, viéndose privados de las ocupaciones que S. M. tiene asignadas para premio de sus méritos y de sus antepasados, y alivio de sus necesidades y que se daban a los extraños por los medios que se expresan en los cargos subsecuentes a éste. Y los que así se proveyeron por dicho conde fueron Don Pedro de Leiva y su hijo en la alcaldía mayor de la villa Alta, en que puso por su teniente general a Don José Martínez, su criado, al cual pasados los dos años se continuó con título de alcalde mayor hasta fin del gobierno de dicho conde, de cuyas conveniencias se le hace el cargo treinta y seis. A Don Juan de Abercusa, la alcaldía mayor de la villa de Colima, y después de él a Don Baltasar de la Vega. A Don Bernardo de Leiva, la alcaldía mayor de Nejapa. A Don Tomás de Alarcón la de Tepeaca. A Don Melchor de Robles la de la villa de San Miguel y San Felipe y minas de Cichu, y después de él a Don Diego Bermeo. A Don Francisco Suazo la de Tepexe de la Seda. A Don Bartolomé de Paz Granados, por justicia mayor, en ínterin del valle de las Amilpas, y después la alcaldía mayor del real y minas de Pachuca. A Don Antonio Sáenz de Rozas, el corregimiento de Cholula. A Don Fernando de Torres y Avila la alcaldía mayor de la ciudad y real de minas de San Luis de Potosí. A Don Nicolás de Escobar por justicia mayor de la ciudad de Querétaro. A Don Juan de Gradilla la alcaldía mayor de Sayula, provincia de Guanajuato, y después de él a Don José de Castañeda, a quien antes había nombrado por contador del juzgado general de bienes de difuntos Don Agustín de Olave la alcaldía mayor de Jicayan. A Don Domingo de Pruneda, mayor de Igualapa. A Don Juan de Ubeda la de Guajocingo. A Don Francisco de las Cuentas, la provincia de Pánuco y Tampico, y después de él Don Juan Bergudo. A Don Félix de Baños la de la provincia de Chalco y Don Diego de Riofrío la de la ciudad de Antequera, valle de Oaxaca. A Don Juan de Galarza la de Metistlán. A Don Francisco Alvarez de Herrera el corregimiento de Guaspaltepec. A Don José Rubio el corregimiento de Teosaqualcola, alcaldía mayor de Teutila. A Don Luis de Bustamante y después de él Don Pedro Zorrilla. A Don Francisco García, alcalde de Chapultepec. A Don Francisco de Pinela el corregimiento de Tenango del Valle. A Don Carlos Ramírez de Bargas la alcaldía mayor de la villa de León. A Don Juan de Castañeda la alcaldía mayor de Tula. A Francisco Nieto el corregimiento de Mistla y Tlacolula. A Don Andrés Piñateli la alcaldía mayor de Guatitlan. A Diego de Cantabraña, sobrino de Domingo de Cantabraña, allegado y confidente de dicho virrey, la de Mestitlan de la Sierra. A Gabriel Godina el corregimiento de Istepec. A Don Martín de Yraeban el corregimiento de San Antonio Guatusco. A Alejandro Alvarez la alcaldía mayor de Zelaya y Salvatierra, y la del real y mina de Silacaiopa. A Don Miguel de Bico la ciudad de Valladolid, provincia de Michoacán. A Don Antonio de la Cerda la villa de León. A Don Francisco Machena Huarte, a Don Mateo Ramírez de Castro, por gobernador de la provincia de Sinaloa y valle de Sonora. A Don Juan de Miranda por gobernador de Nuevo México. Sin otras comisiones y ocupaciones militares que dicho conde dio a algunos de los referidos y a otros criados suyos de que se hace mención en estos cargos. Y por haber sido proveídos dichos corregidores y alcaldes mayores en contravención de dichas reales cédulas se declararon por vacos todos los que se hallaron sirviendo, criados de dicho conde al tiempo que dejó el gobierno por el real acuerdo. Por cuyo cargo dicho juez puso culpa y condenó en 4.000 pesos. Confirmamos dicha sentencia con que dicha condenación sea y se entienda de 3.000 pesos de a ocho reales de plata en plata.

Y en cuanto al cargo treinta y cinco, sobre que habiendo experimentado los descendientes de conquistadores y beneméritos que dicho conde proveía los oficios y administración de justicia, según se refiere en el cargo antecedente y pedidose por muchos de ellos en el día que se leen las ordenanzas en la audiencia que fue por enero del año pasado de 1662, que dicho conde como su presidente mandase leer dicha cédula que llaman la patrona, como S. M. lo ordena en ella. No permitió dicho conde se hiciese, aunque in voce se pidió por algunos de los que se hallaran presentes, haciendo con ellos S. E. algunas demostraciones de enfado, causando mucha nota por ser en día de tanto concurso y parte tan pública, motivando mayores sentimientos y menos esperanzas a dichos conquistadores y beneméritos de poder conseguir efecto con sus pretensiones. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió la determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le apercibimos guarde las reales cédulas y ordenanzas, y mandamos se despache cédula para que se lea la que expresa el cargo cuando las ordenanzas de la Real Audiencia de México acostumbran leerse.

Y en cuanto al cargo treinta y seis, sobre que debiendo dicho virrey procurar que los alcaldes mayores y corregidores de aquel reino no tuviesen tratos ni granjerías en sus distritos por las vejaciones que a los naturales de ellos se les hacen en orden a sacar mayores aprovechamientos, de que se sigue faltar a la buena administración de justicia, amparo y protección de los naturales, para cuyo efecto se les encargaron, y que S. M. tiene prevenido con tan repetidas cédulas e instrucciones. No sólo estuvo omiso dicho conde en su ejecución, sino que permitió que la Marquesa de Leiva y sus hijos tuviesen parte en los aprovechamientos, tratos y comercios que sus criados tuvieron en los corregimientos y alcaldías mayores que en el cargo treinta y cuatro se refieren con tanta publicidad, que se causó escándalo en todo el reino, y en especial en el oficio de la villa Alta que dio a dicho Don Pedro de Leiva, cuyo teniente que fue Don José Martínez, su criado, tuvo en él tan crecidos tratos y granjerías, que en los dos que le sirvió como teniente de dicho Don Pedro, importaron los géneros que de dicho oficio remitió a Domingo de Cantabraña, mercader y confidente de dichos virreyes, 117.000 pesos. Teniendo por esta razón cuenta armada al susodicho en sus libros con dicho Don Pedro de Leiva, entregándole muchas partidas de lo procedido de dichos géneros en virtud de órdenes de dicho Don José Martínez. Continuando el susodicho el tiempo que sirvió con título de alcalde mayor dicho oficio el acudir con los aprovechamientos de él a dicha marquesa, confirmándose lo referido con el caso sucedido después del gobierno de dicho conde que se expresa en el cargo siguiente. Y de la misma suerte corrió el oficio de Ticayán, que se dio a Don Agustín de Olave, su criado, quien con los frutos y aprovechamientos de él acudía a Don Gaspar de Leiva, hijo segundo de dichos virreyes, siendo público y notorio que dicha marquesa tenía las mismas inteligencias en los demás oficios dados a sus criados. Y los que no corrían con esta forma contribuían con regalos considerables por sus provisiones y prorrogaciones, de que en particular se expresan en dichos cargos. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y remitió la determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le condenamos en 3.000 pesos de a ocho reales de plata en plata.

En cuanto al cargo treinta y siete, sobre que estando retirado de la ciudad de México dicho virrey, sus hijos y criados, y demás gente de su familia, en virtud de auto proveído por el Lic. Don Cristóbal Calancha, que primero reconoció de esta residencia con expresa prohibición de que ninguna de las personas en él contenidas viniesen a ella hasta que otra cosa se determinare. Lo hicieron en contravención Don Pedro y Don Gaspar de Leiva, hijos de dicho conde y en su compañía Domingo Madera, con otros muchos criados, a 17 de julio de 1665. Y habiendo llegado como a las siete de la noche a la casa donde vivía Don José Martínez, su criado, y teniente que fue de dicho oficio de la villa Alta, entraron en ella en ocasión que, el susodicho estaba afuera. Y habiendo subido a las salas y hecho retirar a la criada, sacaron de ellas y llevaron un baúl, cuatro petacas, un escritorio con su escribanía y la plata labrada que hallaron, que fue una fuente grande, un talle, dos platillos, una palangana, un pichel y otras menudencias de plata, causando notable escándalo este exceso en la ciudad donde corrió después de haberse ejecutado lo referido. Para acabar de cobrar lo que dicho Don José Martínez le restaba debiendo de lo procedido del oficio de la villa Alta, y en continuación de las vejaciones que se pretendía hacer al susodicho, fueron en busca otro día a casa de Doña Josefa de Arzamendi, dicho Domingo Madera y Gaspar de Vera, criados de dicho Don Pedro de Leiva con carabinas en las manos, y no habiéndole hallado se volvieron, causando mucho daño. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo treinta y ocho, sobre que en contravención de real cédula dicho conde agregó y dio muchos corregimientos y alcaldías mayores a una misma persona con facultad de nombrar teniente en los agregados, con salario señalado, estando prohibido el gozar de dos a un mismo tiempo. Siendo tan excesivo el número así de los agregados a sus criados como a otros, que de él fueron mayores los inconvenientes que resultaron y quejas que tuvieron los beneméritos que por esta razón se dejaron de acomodar. Y las que se hicieron fueron las siguientes: a Don Fernando Altamirano, alcalde mayor que era de Jicayán el oficio de Justlaguaca; a Alejandro Alvarez, criado de dicho conde, la de Calaia con la agregación de Salvatierra y el corregimiento de Cuzco; a Don Francisco Guaticala, alcaldía mayor de Exipilpa con la agregación de las minas de Tetela, se le agregó el corregimiento de Guaymeo y Sirandiro; a Don Martín Pérez Romo, corregidor del partido de Jalancingo se le agregó el tenientazgo de Atzlasala. Al Capitán Don Antonio de Mendoza, la alcaldía mayor de Yanguitlan con la agregación de Tilatengo. A Don Antonio Rusco, su criado, dicha alcaldía mayor de Zalaya con la agregación de Salvatierra y Cicio (sic) de la Laguna. A Don Pedro Fernández de la Rocha la provincia de Otlan, puerto de la Natividad, con la agregación de la Yzatlan. Al Sargento Mayor Félix Candela la alcaldía mayor de Oaxaca con la agregación del corregimiento de Yrinitepec. A Don Juan de Gradilla, su cuñado, la alcaldía mayor de Sayula con la agregación del corregimiento de Amula. A Don Diego Vallés la alcaldía mayor de Atrisco con las agregaciones de Xochimilco y la alcaldía mayor de Yzúcar. A Don Agustín de Olave, su criado, la alcaldía mayor de Xicayan con la agregación de Justlaguaca. A Don Pedro Fernández Zorrilla, su criado, dicha alcaldía mayor de Teutila con las agregaciones de Chinaltla y Papcotipac. A Don Diego Madaroso, corregidor de Guaya Cocotla la agregación del corregimiento de Guexutla. A Gabriel Gadina, su criado, el corregimiento de Itepec con la agregación de Tecoquilco.

A Don Jacinto Muñoz de Moraca la alcaldía mayor de Autlan y puerto de la Navidad, con la agregación de Yzatlan. A Don Félix de Baños, su criado, la alcaldía mayor de Chalco con la agregación de Haiacapa. A Don Diego Riofrío, su criado, la de Oaxaca con la agregación del corregimiento de los peñoles. A Don Pedro de Urbina, su criado, la de Cayula con agregación del corregimiento de Amecla. A Don Diego Antonio de Bracamonte la alcaldía mayor de Teposcolula con la agregación de la alcaldía mayor de Yanquitlan. A Don Pedro Mesía Gómez Montaño la alcaldía mayor de la villa de Cadereita con la agregación de las minas de Escabela. A Don Antonio de Esquivel y Caso la alcaldía mayor de Atrisco con la agregación de Xochimilco. A Don Pablo Fajardo el corregimiento de Ytepec con la agregación de Tecocuilco; al Sargento Mayor Juan de Chavarría la alcaldía mayor de Tepeaca con la agregación del corregimiento de Santiago de Tecalle y después de él a Don Tomás de Alarcón, su criado, con la misma agregación. A Don Andrés Piñateli, su criado, el oficio de San Cristóbal y Catepeque, con agregación de la alcaldía mayor de Guatitla. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y condenó en 1.000 pesos. Confirmamos la sentencia con que dicha condenación sea y se entienda de 500 pesos de a ocho reales de plata en plata. Y le apercibimos guarde las reales cédulas y ordenanzas.

Y en cuanto al cargo treinta y nueve, sobre que en contravención de leyes y cédulas reales proveyó dicho conde los oficios de aquel reino, beneficiándose a las personas que mayores cantidades ofrecían y daban por ellos a dicha marquesa, Don Pedro y Don Gaspar de Leiva, sus hijos, así por medio del Dr. Gamino Farina, su médico, como de otros criados, allegados y confidentes con tanta notoriedad desde el principio de su gobierno y universal sentimiento de las personas de calidad y méritos. Que habiendo llegado la noticia a S. M. se sirvió de despachar su real cédula del 21 de agosto de 1662 a Don Francisco Vallés, visitador que a la sazón era de las cajas reales y juez de residencia del Duque de Alburquerque para la averiguación del modo con que se habían proveído dichos oficios por dicho conde, que con efecto ejecutó. Siguiéndose de este exceso los daños que se dejan entender, habiendo de recuperar los proveídos en esta forma, con agravio de los súbditos, las cantidades que por ellos habían dado. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió la determinación al cincuenta y tres. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por general y no probado.

Y en cuanto al cargo cuarenta, sobre que corría con tanta publicidad el beneficiar por dineros dichos oficios. Que teniendo noticia Don Alonso de Uria, de que dicho conde había hecho merced de la alcaldía mayor de Guazacalco a Doña María de Alencastro, su nuera, para alfileres, y valídose del susodicho para la pretensión del de Don Juan de Miranda, criado de dichos virreyes, para que ajustase la merced ofreciendo por él la misma cantidad que había dado Don Juan de Medrano, que actualmente lo estaba ejerciendo. Y habiendo hecho la diligencia le respondió dicho Don Juan de Miranda que dicho Don Juan de Medrano había dado 1.900 pesos de que había percibido la marquesa 1.500 y Don Alonso de Mendoza, secretario de cartas, por cuya mano habían corrido, 400 pesos, y quedando la misma cantidad se le haría la merced en cuya conformidad ofreció 2.000 pesos y los puso en depósito en Julián Díaz de Posadas. Y viendo que se dilataba la merced, acudió al Dr. Gabino mejorando de mano y refiriéndole el estado de su pretensión. Le respondió el susodicho después de hecha la diligencia que estaba de mala calidad su pretensión porque Don Fernando de Villanueva ofrecía 2.500 pesos por él, que dándoles dicho Don Alfonso de Uría, se le daría a aquel susodicho. Replicó que en dinero no había de dar más que los 2.000 pesos que se habían pactado, pero que enviaría a dicha Doña María de Alencastro una joya que valiese los 500. Y después de otras conferencias le propuso el Dr. Gabino que el Sargento Mayor Antonio de Cabrera daba 3.000 pesos por dicho oficio. Y habiendo respondido dicho Don Alonso de Uría no tratase más de la materia y hallándose presente Don Tomás de la Barrera a instancia suya, vino dicho Don Alonso de Uría en dar dichos 3.000 pesos. Y habiéndole representado después el Dr. Gabino que el sargento mayor daba mayor cantidad, desistió de la pretensión y sacó sus 2.000 pesos del depósito. Y se le hizo la merced a dicho sargento mayor que con efecto fue a servir dicho oficio, corriendo después por público haberlo conseguido por la más crecida dádiva que dio por él. Por cuyo cargo el juez le condenó en 3.000 pesos. Revocamos dicha sentencia y absolvemos de este cargo a dicho conde por no probado.

Y en cuanto al cargo cuarenta y uno, sobre que habiendo venido el Conde de Santiago a solicitar la prorrogación del oficio de Xicayan en que le había proveído el Duque de Alburquerque. Y despachándosela dicho Conde de Baños, le detuvo el decreto Don Pedro de Leiva, su hijo, con que se vio obligado dicho Conde de Santiago a valerse de la intercesión del padre Fray Pedro de San Simón, confesor de dicho conde, para que solicitase corriese dicho decreto que le trajo respuesta de Don Pedro de Leiva, dándole a entender que la detención no era por hacerle pesar, sino porque no fuese a fatigar a tierra caliente, porque deseaba tenerle en México. Y en el intermedio de tener el despacho acudió a jugar al cuarto de dicho Don Pedro, haciendo las pérdidas referidas en el cargo cuarto, rogándole con cantidad de cincuenta arrobas de grana, daños que le motivaron las quejas que representó a diferentes personas. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo cuarenta y dos, sobre que dicho virrey dio el oficio y alcaldía mayor de Mahuatlan a Don José Morán de la Cerda y recibió de regalo por él la Marquesa de Leiva 2.000 pesos por mano de Don Felipe Morán, primo de dicho Don José y confidente de dichos virreyes. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo cuarenta y tres, sobre que habiendo proveído dicho conde en el oficio de Tehuantepec a Cristóbal Manso el 2 de diciembre de 1660, por no haber acudido con 4.000 pesos que había quedado de dar, lo proveyo S. E. seis meses antes de cumplirse los dos años, el 9 de junio de 1662 por 6.000 pesos que dio por él dicho Don Juan de Prada, además de la cantidad que había perdido al juego en el palacio. Y habiendo tomado posesión de él y hecho muchas diligencias dicho Cristóbal Manso, valiéndose de diferentes medios para continuarse el tiempo que le faltaba de los dos años, como fue de regalar a Don Pedro de Leiva con 40.000 vainillas y oponer a dicho Don Juan de Prada el impedimento de no haber dado residencia del oficio de Oaxaca que antes había ejercido. Le fue orden a dicho Cristóbal Manso para que continuase en él y dicho Don Juan de Prada diese la residencia. Y aunque la dio y pretendió ser restituido en dicho oficio y que se le quitase a Cristóbal Manso, no lo consiguió sobre que tuvieron grandes controversias dichos alcaldes mayores que se temió no llegase a las armas; resultando de lo referido y del sentimiento que dicho Don Juan de Prada tuvo de ver que perdía la cantidad que había dado por dicho oficio. Que murió dentro de breves días, dejando cláusula en su testamento para que si dicho conde no diese el oficio a la persona que su mujer nombrase, se cobrasen de S. E. dichos 6.000 pesos. Y habiendo hecho en orden a este efecto las diligencias por la viuda, consiguió pasase la general de dicho oficio a Don Nicolás de Robles, su cuñado, a quien le hizo el despacho causándose de las circunstancias de este cargo los excesos que de ellas se perciben. Por cuyo cargo dicho juez le condenó en los 6.000 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

En cuanto al cargo cuarenta y cuatro, sobre que habiendo venido de las islas Filipinas Don Luis de Bolívar, hijo de Don Juan de Bolívar, oidor que fue de la real audiencia de ellas, le pidió la Marquesa de Leiva una esclava, señaladamente la mejor de las que había traído costurera, haciéndole muchas instancias por medio de diferentes personas para que se la vendiese. Y aunque dicho Don Luis lo procuró excusar, proponiendo los inconvenientes que para ello había, se vio obligado de las muchas instancias que se le hicieron a llevar dicha esclava a dicha marquesa, en cuya ocasión le dijo otorgase la escritura de venta de ella en 400 pesos. Y después de algunos días envió diferentes recados con Don Juan de Miranda, su criado, pidiéndole dicha escritura, la cual sin embargo de los impedimentos que había representado otorgó y remitió a dicha marquesa sin que le enviase el dinero en que se había concertado. Y asimismo le envió a pedir dicha marquesa dos escritorios del Japón, dos biombos, y una colgadura de cama que para excusar el dar estas preseas se hubo de valer del pretexto de que venían consignados para remitir a estos reinos y de ponerlas fuera de su casa. Y asimismo pidió al susodicho dicho Don Pedro de Leiva le buscase seis piezas de raso blanco, y hallándose sin ellas lo hizo muchas instancias para que hiciese la diligencia. Y temeroso de los rigores de dicho Don Pedro le llevó dos piezas de damasco blanco que sacó fiadas por excusar no le pidiese otras cosas sin que le diese el valor de ellas. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo cuarenta y cinco, sobre que habiendo precedido todo lo que queda expresado en el cargo antecedente, dicha marquesa insinuó repetidas veces a dicho Don Luis de Bolívar pidiese alguna cosa en que ocuparle mientras venía dicho Don Juan de Bolívar, su padre, con cuya ocasión pidió por memorial el oficio de Exmiquilpa que fue el que le propuso dicha marquesa. Y habiéndole hecho la merced de él y pedídole el decreto, se le ordenó acudiese al Dr. Gabino, o al secretario. Y habiéndose visto con dicho doctor le dijo que ofreciese lo que había de dar por el oficio que la merced era por los servicios de su padre, pero que había de pagar el decreto a dicha marquesa, y habiéndolo ajustado en 2.000 y le dijo el doctor que mientras no diese de contado el dinero no le podía dar el decreto, los entregó con efecto a Don Francisco García, criado y tesorero de los virreyes. Y habiendo entrado en el gobierno el obispo de Puebla, estuvo determinada dicha marquesa a embarazarle la continuación de dicho oficio por haber tenido noticia de la negociación con que lo había adquirido. De cuyo cargo dicho juez le absolvió por constar de la declaración de Don Luis de Bolívar estar satisfecho y pagado de dichos 2.000 pesos, y valor y precio de la esclava y piezas de damasco. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo cuarenta y seis, sobre que dicho conde dio la alcaldía mayor de Guachinango al Capitán Domingo Rodríguez de Vera por 4.000 pesos que dio de regalo a la Marquesa de Leiva, habiéndoselos prestado para este efecto Juan Sánchez de Cuenca, y obligándose como fiador de su paga Simón de Soria. Y habiéndose cumplido el primero y venido dicho Domingo Rodríguez a solicitar su prorrogación, no la consiguió, diciéndole dicha marquesa que no se le había de dar menos quedando 2.500 pesos. Los cuales por redimir su vejación no habiendo causa legítima para denegársela, la dio el susodicho y se llevaron de casa de dicho Juan Sánchez al cuarto de dicha marquesa. Y cumplido el segundo año y pretendido dicho Capitán Domingo Rodríguez se le continuase el tercero, hizo la misma diligencia que en la ocasión antecedente por medio del Dr. Gabino, el cual después de muchas diligencias ajustó el conservarle por tercer año en 5.000 pesos de que otorgó escritura en cabeza de Domingo Cantabraña. El cual, cumplidos los plazos de ella dio las cartas de pago de orden de dicho Don Gabino, habiéndose pagado el dinero por dicho Juan Sánchez de Cuenca correspondiente de dicho Domingo Rodríguez de Vera, y después de su muerte, su albacea y tenedor de bienes. Y además de los 11.500 pesos que montan las tres partidas regaló dicho Domingo Rodríguez a dichos virreyes y su hijo Don Pedro de Leiva con dos camas muy bien labradas de Tapinciran, con unas jarras de plata por remates, unos escritorios, un negro esclavo nombrado Antonio y una cadena de oro de Bejuquillo, dádivas que hizo dicho Domingo Rodríguez para más obligar a los virreyes le conservasen en dicho oficio. Y habiéndose puesto demanda en el juicio de esta residencia por el curador admiten a los menores hijos de dicho Domingo Rodríguez por los 11.500 pesos, se desistió y apartó de ella, habiéndose compuesto en 3.000 pesos que por parte de dicho conde se le entregaron a Juan Sánchez como tal albacea, de que se otorgó instrumento dando en el título a dicho Don Pedro de Leiva para que pudiese disponer de dicho esclavo. Por cuyo cargo el juez le condenó en 9.000 pesos. Confirmamos dicha sentencia, con que la condenación sea y se entienda en 4.000 pesos de a ocho reales de plata en plata.

Y en cuanto al cargo cuarenta y siete, sobre que habiendo venido Don Tomás de la Barrera a la ciudad de México de la alcaldía mayor de Pánuco a pretender otra, se le dio por dicho conde la de la Villa de los Valles por 4.000 pesos. Quinientos de ellos que importaron los regalos que dicho Don Tomás hizo a Don Pedro de Leiva estando en la pretensión de dicho oficio, y los 3.500 que dio a dicha marquesa por mano del Dr. Gabino, habiéndole hecho la merced de dicho oficio de la Villa de los Valles. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo cuarenta y ocho, sobre que en contravención de leyes y cédulas reales dicho conde dio la alcaldía mayor de Tescuco a Don Antonio de Contreras, siendo vecinos de dicha jurisdicción, teniendo en él la hacienda de labor y obraje, habiendo dado por dicho oficio por mano del Lic. Don Alonso de Alavés, asesor de dicho conde, 4.000 pesos; 2.000 de ellos de que le era deudor dicho asesor y los otros 2.000 que le entregó en reales para dicho conde. Y asimismo contra dicha prohibición dio la alcaldía mayor del real de minas de Taxco a Don Alonso de Rivera, siendo vecino y dueño de la más gruesa hacienda de minas de dicho real. Por cuyo cargo el juez le absolvió en cuanto a la dádiva de los 4.000 pesos. Y por lo que toca a la provisión de dicho Don Antonio de Contreras en la jurisdicción donde era vecino, le puso culpa y remitió la determinación al final. Confirmamos dicha sentencia en cuanto dicho juez le absolvió de los 4.000 pesos, y por lo que toca a la provisión de dicho Don Antonio de Contreras en la jurisdicción donde era vecino, le puso culpa y remitió la determinación al final. Confirmamos dicha sentencia en cuanto el juez le absolvió de la dádiva de los 4.000 pesos y en lo demás la revocamos y apercibimos a dicho conde guarde las leyes y cédulas reales.

Y en cuanto al cargo cuarenta y nueve, sobre que habiendo vacado la alcaldía mayor de Tescuco, que había tenido Don Antonio de Contreras (según se ha referido), dicho conde hizo merced de ella a Don Fernando Deza, el cual dio 1.500 pesos. Los 1.000 de ellos para la Marquesa de Leiva y 300 para el Dr. Gabino, su médico, por cuya mano corrió esta negociación. Y se entregaron como asimismo los otros 200 pesos restantes para otra persona de la familia de dichos virreyes, costándole tan moderada cantidad dicho oficio por la recomendación que había tenido dicho conde de la persona de Don Fernando Deza que expresan los testigos. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Revocamos dicha sentencia y le condenamos en 500 pesos de ocho reales de plata en plata.

Y en cuanto al cargo cincuenta, sobre que habiendo dado dicho conde la alcaldía mayor de la ciudad y real de minas de San Luis Potosí a Don Fernando de Torres, su criado, por haberle llevado recomendado de Don Luis Méndez de Haro, sin embargo, de la real cédula que lo prohibe, y cumplido el primer año solicitado por medio de sus agentes la prorrogación del segundo, y venido personalmente en su prosecución, ni de una manera ni de otra la pudo conseguir, aunque se valió de la intercesión de Don Francisco Guerra, criado y tesorero de dicho conde, ofreciendo por su mano seis tejos de oro que valdrán más de 6.000 pesos y entregándoselos con efecto. El cual, después de algunos días, habiendo hecho la diligencia le dio por respuesta haberse sentido dichos virreyes los hubiese recibido por ser corta cantidad para dicha pretensión, que no había de conseguir menos que dando una cantidad muy considerable. Y habiéndose visto dicho Gabino, su médico, con dicho Don Fernando de Torres, le dijo que si no quería perderse tratase de dar 20.000 pesos a dichos condes, que era la cantidad que le habían ordenado le pidiese por dicha prorrogación. Y después de muchas conferencias que tuvieron se ajustó por dicho doctor en 16.000 pesos, de que dio 8.000 de contado en dichos seis tejos de oro. Y la restante cantidad en reales al Dr. Gabino, y por los otros 8.000 otorgó vale a su favor en cuya conformidad le entregó el decreto de dicha prorrogación. Y estando de vuelta en dicho oficio, instado de diferentes cartas de dicha marquesa y del doctor le remitió al susodicho para que entregase a dicha marquesa, diferentes partidas de oro, plata y reales, como fueron 1.000 castellanos de oro quintado, de veinte y dos quilates; 2.000 pesos en reales, cien marcos de plata quintada de toda ley, un tejo de oro, asimismo quintado de 795 castellanos que se entregaron a dicho Dr. Gabino por mano de los capitanes José de Retis y José de Quesada, mercaderes de plata sus correspondientes. Y asimismo una cadena de oro que recibió dicha marquesa por mano del Dr. Gabino. Y, sin embargo, de haber recibido dichas cantidades con que estaba satisfecho el vale en caso que justamente se debiese, se le volvió a instar por diferentes cartas, así de dicha marquesa como de dicho Dr. Gabino, a que remitiese la cantidad de él. Excusándolo Don Fernando de Torres por hallarse no ser deudor de la cantidad que se le pedía, pasó dicho conde a despachar mandamiento de ejecución contra él y sus bienes, con pretexto de ser debido a dicho Dr. Gabino los 8.000 pesos de dicho vale. Y en su virtud se trabó en los que pudieron ser habidos en dicha ciudad de San Luis Potosí ocasionándole otras pérdidas y daños, sobre que puso demanda a dicho conde en el juicio de esta residencia. Y aunque fue absuelto en las sentencias de ella por defecto de prueba, se hace este cargo por la que resulta de la secreta. En cuyo cargo el juez remitió su determinación al Consejo. Le absolvemos de él a dicho conde por no probado.

Y en cuanto al cargo cincuenta y uno, sobre que habiéndose dado a Don Diego Bermeo la alcaldía mayor de San Miguel el Grande por dicho conde, otorgó escritura de obligación el susodicho por 2.000 pesos para la Marquesa de Leiva, por vía de regalo en agradecimiento de dicha merced en cabeza de Domingo de Cantabrana, confidente de dichos virreyes. Y habiendo acabado dicho oficio y hecho diferentes diligencias para cobrar la cantidad de ella de dicho Don Diego Bermeo, se le volvió cancelada por haber respondido que si le apretaban pondría demanda en esta residencia. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo cincuenta y dos, sobre que dicho conde proveyó en la alcaldía mayor de Tehuacán a Don Pedro Portocarrero y recibió el regalo por él por mano del Dr. Gabino, su médico, 6.000 pesos que se llevaron en el coche de Don José Pujadas al cuarto de dicho doctor, habiéndoselos prestado los 2.000 pesos Don Martín de San Martín y otros 2.000 pesos Don Alonso de Uria, y los 2.000 restantes Don Pedro Zorrilla. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo cincuenta y tres, sobre que habiéndose valido Don Antonio de Urrutia y Vergara del padre Fray Pedro de San Simón, confesor de dicho conde, para que intercediendo con dicho conde le alcanzase merced de dos oficios de alcaldes mayores para el Conde de Peñalva, su nieto, y don Rodrigo de Vivero, hermano del Conde de Orisava, su yerno, correspondientes a su calidad y méritos dio dicho conde la alcaldía mayor de Chalco, con la agregación de Hayacapa a dicho Conde de Peñalva, en cabeza de Don Lorenzo de Alzate, su tío. Y a dicho Don Rodrigo de Vivero la alcaldía mayor de Querétaro, recibiendo dicho conde por dichas mercedes por mano del padre confesor, tres pulseras de perlas y tres cadenas de oro de filigrana, de valor de 6.000 pesos que se partieron entre dichos marqueses y Don Pedro de Leiva, su hijo. Por este cargo y el treinta y nueve remitido de él, dicho juez condenó al conde en dichos 6.000 pesos. Confirmamos dicha sentencia con que la dicha condenación sea y se entienda de 1.000 pesos de a ocho reales de plata en plata sólo por este cargo. Y en cuanto a la remisión del treinta y nueve, la revocamos, y le absolvemos de él por no probado.

Y en cuanto al cargo cincuenta y cuatro, sobre que dicho conde nombró por alcaldes mayores de los reales de minas a sus criados, se le recrecieron además de los daños que se refieren en otros, considerables pérdidas a la real hacienda de las cantidades que fueron a su cargo. Y entre otras fueron 12.401 pesos y dos granos, que don Esteban Resel quedó a deber a la hacienda del resto del valor de los azogues que se le entregaron para el real y minas de Guanajuato, del tiempo que fue alcalde mayor en ellas Don Bartolomé de Paz Granados, asimismo criado de dicho conde, quedó debiendo a la real hacienda otros 12.426 pesos, tres tomines y nueve granos de resto del valor de los azogues que se le entregaron para el real y minas de Pachuca, donde fue alcalde mayor, contra el cual procedió después que dejó de serlo, por el contador de reales azogues. Y haciendo diferentes diligencias contra su persona y bienes, se retiró a la iglesia y de allí se ausentó a los reinos del Perú sin haber satisfecho dicha cantidad. Asimismo Don Miguel de Ubico, criado de dicho conde, quedó a deber a la real hacienda 829 pesos y cinco granos de resto de diez quintales de azogue que se le dieron para el real y minas de Tinal, adonde fue alcalde mayor, ausentándose de aquella ciudad para estos reinos sin haber satisfecho la deuda, que todas tres partidas montan 25.056 pesos, cuatro tomines, cuatro granos. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia y mandamos se de noticia de este cargo al fiscal de S. M. para que pida lo que convenga.

Y en cuanto al cargo cincuenta y cinco, sobre que siendo corregidor de México Don Enrique de Avila Pacheco y no pudiendo hacer dejación de dicho oficio sino en manos de S. M, y del Consejo, le admitió dicho conde la que de él hizo y sin haber dado residencia le nombró por gobernador de la provincia de Tlaxcala, habiéndose ocasionado dicha dejación de que dicho conde le quitó la administración de la bebida del pulque para dársela a su médico. Y asimismo otras comisiones, corriendo públicamente que hizo a dicho conde dádiva considerable para obtener dicho oficio de Tlaxcala y librarse de las vejaciones que temía se le hiciesen. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió de su determinación al final. En cuanto a haber admitido la exacción y en lo demás, le absolvió. Revocamos dicha sentencia y le apercibimos guarde las reales cédulas y ordenanzas.

Y en cuanto al cargo cincuenta y seis, sobre que en contravención de cédulas reales, estando debiendo Don Felipe Morán de la Cerda, escribano mayor de la gobernación, 3.600 pesos de los reales tributos que cobró y fueron a su cargo del tiempo que había sido alcalde mayor de la ciudad de los Angeles, y otros 1.000 pesos como fiador que había sido de Don Francisco de Pereda, le nombró dicho conde por corregidor de la ciudad de México, Y después, habiéndole hecho cierta espera le proveyó dicho conde por alcalde mayor de la ciudad de los Angeles, habiéndose convenido con Don José Huarte, criado y escribano de cámara de dicho conde, quedase en dicho oficio de escribano mayor del gobierno, en que con efecto quedó en virtud de nombramiento de dicho Don Felipe Morán con calidad de que despachase en él Don Diego de Toledo, su cuñado. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió la determinación al final. Revocamos dicha sentencia, y en cuanto a la dádiva que expresa el cargo le absolvemos de él por no probado. Y en cuanto a la provisión de dicho oficio le condenamos a 300 pesos de a ocho reales de plata en plata, y mandamos se de noticia de este cargo al fiscal de S. M. para que pida lo que convenga.

Y en cuanto al cargo cincuenta y siete, sobre que siendo alcalde mayor por S. M. de la provincia de Metepeque Don Estacio de Benavides, y estando capitulado por diferentes pueblos, le nombró dicho conde por corregidor de la ciudad de México con la mitad del salario de los propietarios, siendo incompatible el ejercicio de ambos oficios a un mismo tiempo, y percibir dos salarios. Por cuyo cargo dicho juez le condenó en 300 pesos. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo cincuenta y ocho, sobre que en contravención de reales cédulas nombró dicho conde por corregidor, en ínterin, de la ciudad de México al Capitán Francisco de Córdoba, siendo contador del tribunal de cuentas. Y al Sargento mayor Juan de Chavarría le nombró por alcalde mayor de Tepeaca, siendo oficial real de Veracruz. Y asimismo por corregidor de México a Don Martín de San Martín, siendo contador de reales tributos. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió la determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le apercibimos guarde de las reales cédulas y ordenanzas.

Y en cuanto al cargo cincuenta y nueve, sobre que en contravención de reales cédulas, toleró y permitió dicho conde que muchos de los alcaldes mayores proveídos por dicho conde continuasen en los oficios más tiempo de los dos años, sin proveerles de sucesor, como fueron Don Bartolomé de Paz Granados, alcalde mayor de Pachuca; Don Fernando de Torre, de la ciudad de San Luis Potosí; Domingo Rodrigo de Vera, alcalde mayor de Guachinango; Diego de Cantabrana, alcalde mayor de Mestitlán; Don Antonio Rusco, alcalde mayor de Zalaya; Don Antonio Sanz, alcalde mayor de Cholula; Agustín Gutiérrez, alcalde mayor de Nexapa. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió la determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le apercibimos guarde las reales cédulas y ordenanzas.

Y en cuanto al cargo cincuenta, y digo sesenta, sobre que contraviniendo al derecho y cédulas reales impidió dicho conde la libertad al cabildo, regimiento de la ciudad de México en las cuatro elecciones de alcaldes ordinarios de ella, que se hicieron en el tiempo de su gobierno, llamando y solicitando dicho conde y la marquesa a muchos de los capitulares para que diesen sus votos a las personas que les proponían, sin permitirles eligiesen a los que tuviesen por más convenientes por el ejercicio de dichos oficios, valiéndose de diferentes medios para intimidar a los vocales de dichas elecciones, viéndose obligados los susodichos a elegir contra sus dictámenes a las personas que por dichos condes se les señalaban. Resultando de dichas diligencias haberse elegido por alcaldes ordinarios a algunas menos proporcionadas personas el uso de dichas ocupaciones. Y también haber corrido en publicidad haberse motivado dichas diligencias por crecidas dádivas que los virreyes recibieron de los pretendientes, con quejas de los hijos patrimoniales y conquistadores del reino. En cuyo cargo dicho juez remitió su determinación al siguiente. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo sesenta y uno, sobre que habiendo llamado la Marquesa de Leiva al regidor Don Rafael de Trejo para que diese su voto a Don Félix Millán y el Contador Don Andrés del Rosal para alcaldes ordinarios en la elección del año 1661. Y reconocido S. E. de la respuesta de dicho Don Rafael que no venía en lo que se le propuso, se indignó dicha marquesa con el susodicho, tratándole mal de palabra, sino que continuando su sentimiento se dio decreto al Oidor Don Andrés Sánchez de Ocampo, siendo nombrado para la asistencia de dicha elección para que echase fuera del ayuntamiento a dicho Don Rafael y le pusiese preso con pretexto de ser deudor de la real hacienda, llevando dicho oidor orden para que no dando dicho Don Rafael su voto a las personas propuestas lo ejercitase, como con efecto se hizo, por no haber desistido de su dictámen, sin embargo de haber hecho dicho oidor las diligencias que se le encargó de que resultó salir electos dichos Don Félix Millán y Don Andrés del Rosal por alcaldes por no haberse atrevido los demás regidores a hacer lo contrario, teniendo no se ejecutasen en ellos otras molestias, continuándose de manera la que se le hizo a dicho Don Rafael, que habiendo estado muchos días preso y después de cuatro meses de prisión fue suelto de orden de dicho conde por recaudo que Don José Huarte, su secretario, llevó al alcalde, sin que por entonces se cobrase la deuda de S. M. que se tomó por pretexto. Por cuyo cargo y el antecedente el juez le condenó en 1.500 pesos. Confirmamos dicha sentencia con que la condenación sea y se entienda y este cargo de 400 pesos de a ocho reales de plata en plata. Y le apercibimos guarde las reales cédulas y ordenanzas y por el cargo sesenta le absolvemos de él por no probado y general.

Y en cuanto al cargo sesenta y dos, sobre que dicho conde dispensó al Contador Don Andrés del Rosal para que pudiese ser electo por alcalde ordinario el año 1661, llevando adelante los empeños que la Marquesa de Leiva tenía hechos para dicha elección, siendo así que dicho conde no pudo dar dicha dispensación por tocar sólo a S. M. el hacerla. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo sesenta y tres, sobre que habiendo pretendido la vara de alcalde ordinario el año 1662 Don Juan de Ortega, y valídose de la marquesa solicitó dicha marquesa con los regidores Don Rafael de Trejo y Don Francisco de la Barrera le diesen sus votos y hablasen a los demás. Y habiendo salido electo recibió dicha marquesa unas fuentes de plata de valor de 2.000 pesos que entregó dicho Don Juan de Ortega a Don Francisco García, criado de dichos virreyes. De cuyo cargo el juez le absolvió por lo que contiene de la dádiva de las fuentes, y en cuanto a la solicitud de los votos de los capitulares se le puso culpa y se declaró estar comprendido la pena de ella en la condenación hecha en el cargo setenta y uno. Confirmamos dicha sentencia en cuanto el juez le absolvió y en lo demás que contiene de la culpa la revocamos y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo sesenta y cuatro, sobre que estando en la posesión de la vara de aguacil mayor de corte Don Juan de Fonsea Enríquez, y teniendo tenientes para el ejercicio de ella, nombró dicho conde a Don Bernardo de Leiva, su mayordomo, por alguacil mayor de corte en ínterin, y por haber hecho ausencia el susodicho en su lugar a Don Nicolás del Peral, su cuñado, percibiendo uno y otro todos los frutos y emolumentos de ella enteramente. Despojando de ella a dicho Don Juan de Fonseca, el cual puso demanda a dicho conde en esta residencia. Y en ella fue condenado en 2.500 pesos, reservando la culpa para este cargo. Por el cual dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos. Damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo sesenta y cinco, sobre que dicho conde, aunque al principio de su gobierno hizo echar pregón público para que ningún vecino prestase a sus criados dinero, plata ni otras cosas, con pena de que lo perderían, les permitió que en contravención de dicho bando le pidiesen y los vecinos se las prestasen, dándoles oficios de administración de justicia. Para cuyos despachos y avíos pidieron prestadas las personas y cantidades siguientes: Don Melchor de Robles, alcalde mayor, Miguel y San Felipe pidió prestados a Hipólito Díaz 5.550 pesos que le debe por escritura; Don Juan de Padilla, alcalde mayor de Casulla, pidió prestados 4.366 pesos a Simón de Soria, que le está debiendo por escritura; Don Diego Bermeo, alcalde mayor de San Miguel y San Felipe pidió prestados 9.604 pesos a dicho Simón de Soria, de que le está debiendo 3.932 pesos por escritura. Don Nicolás del Peral, estando ejerciendo el oficio de alguacil mayor, pidió prestados 200 pesos a Juan de Esquivel Santiago, a cuya paga fue condenado el conde en la sentencia pronunciada en la demanda puesta por el susodicho. Don Bartolomé de Paz Granados, alcalde mayor de Pachuca, pidió muchas cantidades de fierro y acero a Sebastián de Nieva, que se las dio, a cuya paga fue condenado dicho conde en cantidad de 2.875 pesos que importó su valor por la sentencia pronunciada en la demanda que puso el Lic. Juan de Nieva, su hijo y heredero. Asimismo Don Antonio de Luna le pidieron prestadas diferentes cantidades de plata Don Lorenzo de Quirós, Don Juan de Galarza, Don José Rubio, Francisco Sauzo, Don Nicolás del Peral, Francisco Antonio de la Maza y otros de la familia de dicho conde, sobre que le puso demanda y en ella fue condenado por diferentes cantidades. Don Fernando de Torres, alcalde mayor de San Luis Potosí quedó a deber 17.000 pesos a José de Quesada y José de Retis del avío que le dieron a instancia de la marquesa. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió la determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo sesenta y seis, sobre que hallándose dicho conde con enteras noticias de los excesos que había cometido Francisco Martínez de Lugo, alcalde mayor de real y minas de Guanajuato, en las ventas de azogue a excesivos precios y extravíos de plata, trató y contrató y otros excesos y de algunos vecinos mineros particulares. Así por los capítulos que en razón de todo lo referido se le pusieron en el real acuerdo de que dieron información y afianzaron de calumnia los capitulares con cartas escritas a dicho conde por el Oidor Don Francisco Romero, que se hallaba entonces en la ciudad de Querétaro. En que representando la necesidad que había de remediar tantos daños y que iba a su averiguación, enviándosele comisión y hallado dicho conde con tan precisa obligación de aplicar los medios convenientes a tanto daño, no sólo estuvo omiso dicho conde con la averiguación de los excesos de dicho alcalde mayor, sino que por sus cartas de respuesta a las de dicho oidor procuró desviarle de diligencia tan importante con la variedad de pretextos que contienen sus copias, dejando de lograr la ocasión en que se hallaba dicho oidor. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo sesenta y siete, sobre que siendo los reales quintos de la plata uno de los más principales frutos que tiene S. M., de cuyo extravío y fraude se siguen los más y más irreparables daños que se experimentan, para cuyo remedio despachó S. M. su real cédula, encargando a dicho virrey que por ser materia tan importante pusiese dicho conde su mayor cuidado en remidiar este daño en su origen. Aunque dicho conde habiendo precedido pareceres del fiscal de S. M., del Oidor Don Francisco Romero, resolvió el 27 de junio del año 1661 con acuerdo de la junta general, que cada uno de los ministros de ella diese su parecer por escrito y se llevasen para proveer siendo materia que pedía la brevedad posible en su remedio, fue tanta la omisión de dicho conde en aplicarle que pasó casi un año sin que los ministros diesen sus pareceres ni hiciese diligencia alguna. Y habiéndose comenzado a dar desde el 29 de mayo de 1662 hasta que últimamente le dio el Oidor Don Francisco Romero el 2 de julio del año 1663, no se pasó por dicho conde a más que mandar por su decreto los viese su asesor general, y que con regulación de los votos dicho juez le condenó en 2.000 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo sesenta y ocho, sobre que en contravención de cédulas reales dicho conde dio las residencias de los alcaldes mayores a muchos criados y pajes suyos, de los cuales unos iban a tomarlas, otras las vendían a los alcaldes mayores para que se llenasen los decretos y las personas que ellos señalaban, dejando para este efecto los nombres de los jueces en blanco y éstos se empeñaban por dichos criados en las tiendas de los mercaderes. Y en especial en la de Antonio de Icita, que tuvo en empeño uno de Don Diego de Río Frío, en que fue nombrado para la residencia del Gobernador Francisco Martínez de Lugo. Otros dos de Don Nicolás de Escobar para las residencias de la ciudad de Querétaro y la villa de León. Otros dos de Don Antonio de Rozas, Don Marco Antonio, Don Francisco Suazo, todos criados y pajes de dicho conde por diferentes cantidades que les prestó. Otros los vendían a Pascual Rodríguez, sastre, a trueque de vestidos que a su crédito les costeaba para que fuese como tal juez de tomar sus residencias, como en efecto fue a las que se expresaran, convirtiéndose las residencias en conveniencias de dichos criados. Resultando de estos daños el no averiguarse los excesos de los residenciados y quedar sin satisfacción la vindicta pública, así por lo dicho como por no tener dichos jueces la inteligencia necesaria y llevar muchos hechas las sumarias y con sólo los nombres de los testigos en blanco que no hacían más que llenarlas. Y habiéndose visto en la audiencia se declararon por nulas las de esta calidad, y otras vinieron casi todas sin cargos ni condenaciones, faltando por esta causa las penas de cámara y gastos de justicia para la paga de salarios de los ministros que los tienen consignados en ellas. Y los criados que fueron a dichas residencias son los siguientes: Don Agustín de Olave a la del cabildo, justicia y regimiento de la villa de Salamanca; Don Nicolás de Escobar a la de Don Antonio de Soto, alcalde mayor de Saluya; y la de Don Cristóbal de Mendoza, alcalde mayor de Querétaro, y asimismo la del cabildo, justicia y regimiento de dicha ciudad.

Don Francisco de las Cuentas fue a tomar la residencia de Don Tomás de la Barrera, alcalde mayor de Pánuco y Tampico; a Don Diego Bermeo al alcalde mayor Bartolomé Fernández, que lo fue de las villas de San Miguel y San Felipe; Don Diego de Río Frío la del Gobernador Francisco Martínez de Lugo, alcalde mayor de Guanajuato; Don Alonso de Obregón la de Don Miguel de Berco, alcalde mayor de la villa de Cadereyta y minas de Talpujagua y también la de su cabildo y regimiento. Dicho Don Diego de Río Frío la de Don Pedro de los Ríos, alcalde mayor de Tlaxcala. Dicho Don Alonso de Obregón la de Don Francisco de Olavarría, alcalde mayor de Esmiquilpa; Alejandro Martínez Soto la de Don Fernando de Angulo, alcalde mayor de Teoacualco. Francisco Nieto la de Don Feliciano de Huarte, alcalde mayor le Istepec, y asimismo la de Don Antonio de Tapia a alcalde mayor de Mitla y Tlacolucla. Pascual Rodríguez, sastre, la de Don Alonso de Rivera, alcalde mayor de las minas de Taxco. Y asimismo lade cabildo y regimiento de Colima. Don Juan de Galarza la de Diego de Cantabrana, alcalde mayor de Mestitlán.

Dicho Francisco Nieto la de Don Antonio de Bastida, alcalde mayor de Tentitlán. Dicho Don Agustín de Olavela, de Don Andrés de Estrada. alcalde mayor de Calaya y Salvatierra. Dicho Don Nicolás de Escobar la de Don Bernardino del Castillo, alcalde mayor de la villa de León. Dicho Pascual Rodríguez la de Don Juan Vélez, alcalde mayor de Taximarca y Marauato. Don José Ruiz la de Don José Orozco, alcalde mayor de Teocahualco. Dicho Don Nicolás de Escobar la de Don Lorenzo de Alzate, alcalde mayor de Chaleo. Dicho Don Agustín de Olave la del cabildo y regimiento de la villa de Calaya y Salvatierra. Dicho Alejandro Martínez la de Don Andrés Franco de León, alcalde mayor de Oaxaca y la de Don Manuel Franco, su hijo. Don Felipe Imperial la de Don Pedro de Villarroel, alcalde mayor de la villa Alta. Don José Martínez la de Don José Gerónimo de Landa, alcalde mayor de Miahuatlán. Dicho Pascual Rodríguez la del cabildo y regimiento de Taximarca y Naravatio. Don Francisco Suazo la de Don Bartolomé Ceraldo, alcalde mayor de Tepexe de la Zeda. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y condenó en 4.000 pesos. Confirmamos dicha sentencia con que dicha condenación sea y se entienda de 1.000 pesos de a ocho reales de plata en plata. Y en la parte que contiene dicho cargo de los defectos [en blanco] absolvemos de él a dicho conde por no probado.

Y en cuanto al cargo sesenta y nueve, sobre que dicho conde nombró a Don Nicolás de Escobar, su criado, por justicia mayor de la ciudad de Querétaro y por juez de residencia del alcalde mayor antecesor y de la justicia cabildo y regimiento de ella, se siguieron diferentes daños. Y fueron que con pretexto de visitas de haciendas y tiendas de mercaderes, les sacó regalos de lana y de dineros. Y al fin de la residencia cobró de todos los que habían sido alcaldes regidores y escribanos a 90 y 140 pesos de cada uno sin haberles hecho cargo estando tan pobres algunos que para pagarlos vendieron sus alhajas. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y le remitió la pena al cargo siguiente. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo setenta que teniendo hecha una causa dicho Don Nicolás de Escobar en la ciudad de Querétaro ante Lorenzo Vidal, escribano, contra José de Aguirre por una matanza de cabras y ovejas, y habiéndole condenado con parecer de asesor en 1.000 pesos. Aplicamos por tercias partes cámara de S. M., juez y denunciador, de que la parte de dicho José Aguirre se presentó en grado de apelación en la real sala del crimen, pidiendo compulsoria para que dicho justicia mayor Don Nicolás de Escobar remitiese originalmente dicha causa. Y habiéndosele mandado despachar para que se trajese un tanto de ella y reconocídose (después de tres meses) por el fiscal de dicha real sala, que aunque se habían pedido y mandado despachar dicha compulsoria no se habían traído los autos ni constaba haberse entendido dicha condenación, pidió se le despachase inhibición para que el escribano ante quien habían pasado dentro del tercer día diese testimonio de los que en esta razón hubiese. Y aunque se despacharon ambas provisiones y se presentó ante el alcalde mayor la que se pidió por dicho fiscal, no parecieron dichos autos ni dichas provisiones compulsorias. Volvieron a reconocer el oficio de donde se despacharon ni se halla en él razón alguna de su ejecución. Y la causa fue por habérselos vendido y entregado originales dicho Nicolás de Escobar a la parte en 350 pesos dejándose el proceder por ser el caso tocante a criado de dicho conde. Por cuya cargo y el antecedente, dicho juez condenó a dicho conde en 500 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo setenta y uno, sobre que estando pendiente en el recuerdo la determinación del juez que había de enviar a la averiguación de los capítulos puestos a Francisco Martínez de Lugo, alcalde mayor de las minas de Guanajuato, se nombró por dicho conde a Don Diego de Río Frío, su criado, por juez de la residencia de dicho alcalde mayor. Y estando entendiendo en ella le pidió con pretexto de préstamo 3.000 pesos que temeroso de que no le hicieren molestias como su juez, siguiéndose de ello haberle absuelto y declarado por buen juez en la sentencia que pronunció en dicha residencia. Que vista por la real audiencia se mandó despachar al residenciado el testimonio en la forma ordinaria sin perjuicio de los capítulos que contra él estaban puestos. Y sobre dicha cantidad puso demanda dicho Francisco Martínez a dicho Don Diego de Río Frío, que por su ausencia y rebeldía se siguió contra dicho conde por ser su criado. Y en la sentencia de ella fue condenado dicho conde a la satisfacción de dichos 3.000 pesos. Por cuyo cargo el juez le pone culpa y remite la determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al setenta y dos, sobre que habiéndose hecho notoria la comisión de su residencia al Virrey Duque de Alburquerque y de la pesquisa y visita de fraudes de quintos, la detuvo dicho Conde de Baños en su poder veinte días sin que se la entregara a Don Ginés para proseguir en dicha comisión como juez que era de ellas. De cuyo cargo dicho juez le absolvió y confirmó dicha sentencia.

Y en cuanto al setenta y tres, sobre que habiendo nombrado Don Ginés Morote por su acompañado en la residencia de dicho Duque de Alburquerque por la recusación hecha por dicho Conde de Baños a Don Juan de Contreras, alcalde del crimen y recusádose dicho Don Juan con diferentes ocupaciones que tenía en Campeche del servicio de S. M.; y admitídose la excusa por dicho Don Ginés y nombrado en su lugar a Don Alvaro Fáez, también alcalde del crimen, mandó dicho conde que sin embargo del segundo nombramiento fuese juez acompañado dicho Don Juan de Contreras, siendo así que va entonces no tenía nombramiento de dicho juez de residencia a quien le tocaba el hacerlo. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo setenta y cuatro, sobre que impidió dicho conde la prosecución de la pesquisa y visita de fraudes de quintos en que estaban entendiendo dicho Don Ginés Morote. Y mandó por diferentes decretos que dicho juez cesase y no prosiguiese en ella, y que se hiciese inventario de todos los papeles que estaban actuados en dicha residencia del Duque de Alburquerque. En cuyo cargo el juez remitió su determinación al cargo setenta y seis. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al setenta y cinco, sobre que sin embargo de las apelaciones y protestas que a las notificaciones de dichos decretos dio dicho juez de residencia, los mandó ejecutar dicho conde. Y ordenó a Don Juan Manuel de Sotomayor, alcalde del crimen, fuese a las casas de dicho Don Ginés y sin admitirle réplica ni respuesta, le sacase doce leguas fuera de la ciudad a servir su plaza de oidor a Guatemala, y le despojase de los autos y papeles de dicha residencia, poniéndolos en un arca con tres llaves. En cuya ejecución estando dicho juez enfermo, le sacó dicho Don Juan Manuel con gran alboroto y escándalo con ministros que llevaron al presidio de Tacuba, adonde le dejaron solo y sin criado. En cuyo cargo dicho juez, asimismo, remitió su determinación al siguiente. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al setenta y seis, sobre que en contravención de lo referido en los cargos antecedentes mandó dicho conde el día siguiente que Pedro de Armendáriz, escribano real y un teniente de alguacil mayor de corte, sacasen del lugar de Tacuba a dicho Don Ginés Morote, y lo llevasen al pueblo de Chalco, distante nueve leguas de la ciudad de México. Y aunque por entonces se proveyó su ejecución, después por otro decreto mandó dicho conde que Don Juan Manuel de Sotomayor ejecutase lo referido con los alguaciles que le pareciesen. Y se ejecutó así estando dicho Don Ginés enfermo y de peligro, pasándole por medio de aquella ciudad sin ser necesario, embarazándole por todos los medios referidos la prosecución de dicha residencia. Por cuyo cargo y los dos antecedentes a él remitidos, dicho juez puso culpa a dicho conde y condenó en 3.000 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dichos tres cargos.

Y en cuanto al setenta y siete, sobre que mandó dicho conde por diferentes decretos poner presos en la real cárcel de corte a Diego Felipe y Fajardo y Nicolás de Araujo, escribanos reales, y de las comisiones de dicho Don Ginés, y ejecutándose con efecto, prohibiéndoles que no actuasen en ellas cosa alguna. Y mandado asimismo, pregonar en la ciudad de México y otras partes que los demás escribanos no actuasen con dicho juez de residencia, imponiéndoles por ello graves penas. En cuyo cargo dicho juez remitió la determinación al siguiente. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre.

Y en cuanto al cargo setenta y ocho, sobre que habiendo hecho a dicho conde cierta consulta dicho Don Ginés Morote, autorizada de Francisco Sánchez de Llanos, escribano real y a quien había nombrado dicho Don Ginés por escribano de sus comisiones, mandó dicho conde prender a dicho escribano sin otra causa más que decir había contravenido a lo mandado por dicho conde en razón de que ningún escribano público ni real actuase con dicho Don Ginés. Y habiéndole preso con efecto en la real cárcel de corte, estuvo en ella desde el 22 de mayo hasta el 29 de julio de 1672, en que fue mandado soltar con fianza de la hacienda, causándole con dicha prisión los daños que representó en la demanda que puso a dicho conde. Cuya sentencia fue condenado en 300 pesos que se le pagaron con efecto a dicho Francisco Sánchez, y se reservó la culpa para este cargo. Por el cual y el antecedente dicho juez condenó a dicho conde en 300 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo setenta y nueve, sobre que habiendo venido a la ciudad de México José de Espinosa, soldado de la fuerza de San Juan de Ulúa, con despachos del castellano de ella y otros recaudos, en cuya virtud estaba entendiendo en la solicitud y cobranza de los sueldos que se debían a la infantería, yendo una noche a una huerta extramuros de dicha ciudad, donde estaba retirado Don Ginés Morote, Don Pedro de Leiva, hijo primogénito de dicho conde, acompañado de otras personas. Prendió en dicho paraje a dicho José de Espinosa y le trajo al palacio donde le pusieron en un aposento oscuro sin dejarle comunicar con nadie ni haber precedido causa ni delito, más que pretender inquirir y saber de las personas con quienes comunicaba dicho Don Ginés. Desde su retiro le visitaban y escribían y lo que trataban, apremiándole con prisiones para que hiciese dicha declaración por medio de Don José Huarte, su secretario, a quien se cometió la recibiese. Y aunque no se consiguió que la hiciese, como se pretendía, habiendo estado en dicha prisión desde el 6 de junio, le mandó soltar dicho conde a 30 de julio, causándosele las molestias y daños que representó en la demanda que puso a dicho conde. A cuya satisfacción fue condenado dicho conde por la sentencia de ella en 2.500 pesos, y se reservó la culpa para este cargo, por el cual dicho juez le puso culpa y remitió la determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le condenamos en 100 pesos de a ocho reales de plata en plata.

Y en cuanto al cargo ochenta, sobre que estando prohibido por diferentes órdenes que los virreyes no puedan prender a los ministros que tienen asiento en los tribunales sin orden de S. M., dicho conde por mayo del año 1661, volviendo el Contador Don Pedro de Cabanas a la ciudad de Nueva Veracruz de México, le mandó detener en el pueblo de Otumba. Y de allí le mandó elegir destierro en distancia de ocho leguas de México con suspensión del ejercicio de su plaza y paga de sus salarios. Y habiendo pasado a la ciudad del Cuzco y después removídole la prisión a las causas de su morada le detuvo en ella preso cinco meses y después le mandó soltar y restituir a su plaza. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al ochenta y uno, sobre que sin preceder causa alguna, desterró dicho conde de la ciudad de México a la de Tescuco, que dista seis leguas de ella, a Don Diego de Villegas, con pena de 4.000 pesos para que no saliese de ella hasta que otra cosa se le ordenase. Y habiéndolo ejecutado Don Juan de Contreras, alcalde del crimen, le detuvo dicho conde en dicho destierro desde el 14 de agosto hasta el 4 de noviembre del año 1663, en que de su orden volvió a México, causándole muchos daños en su hacienda y conveniencias. Por cuyo cargo dicho juez le condenó en 600 pesos. Revocamos dicha sentencia y le apercibimos guarde las reales cédulas y ordenanzas.

Y en cuanto al ochenta y dos, sobre que sin haber procedido causa ni información sumaria, dio orden dicho conde a Don Juan Manuel de Sotomayor, alcalde del crimen, para que prendiese a Don Juan de Ortega Calderón, en cuya virtud fue puesto en la cárcel de corte a 7 de marzo de 1661, con rigurosas prisiones. Se le fulminó causa criminal, hablaba mal públicamente del gobierno de dicho conde, y habiéndose sustanciado la causa por la real sala del crimen, adonde estaba pendiente, fue suelto de la prisión el 24 de mayo de dicho año, por orden verbal que dicho conde envió al alcaide de dicha cárcel, con Don José de Huarte, secretario. Contraviniendo dicho conde el derecho y reales cédulas, así en mandar prender a dicho Don Juan Calderón sin preceder información sumaria ni causa que justificase su prisión, como en haberle soltado de ella cuando la que se le había fulminado después no pendía ante dicho conde sino en dicha sala. Por cuyo cargo dicho juez le condenó en 500 pesos. Confirmamos dicha sentencia con que la condenación sea y se entienda de 200 pesos de a ocho reales de plata en plata. Y le apercibimos guarde las leyes y ordenanzas reales.

Y en cuanto al cargo ochenta y tres, sobre que dicho conde tuvo preso a Don Diego Castejón, sargento mayor que era de la fuerza de San Juan de Ulúa en ella, desde el 28 de noviembre del año 1662 hasta el 2 de junio del de 1663, en que fue traído a la ciudad de México con guardas, en compañía del castellano Don Francisco Castejón, que lo era de dicha fuerza. Y habiéndole puesto en la cárcel de corte estuvo preso en ella desde el 11 de mayo hasta el 11 de agosto de él, despojándole juntamente de dicha plaza de sargento mayor de la fuerza, y nombrado otro en su lugar sin que en todo dicho tiempo se le diese la causa de su prisión ni se hiciese otra diligencia judicial, más que haberle tenido preso, debiendo conforme a derecho y leyes reales despacharle con brevedad y no molestarle con tan dilatada prisión, mayormente sin proceder causa que la justificase, como no la hubo. Pues habiéndose reconocido la que le había motivado, que fue decir que había ayudado al Sargento Domingo Madera en cierta resistencia que había hecho al tesorero Andrés de Aramburu en la ciudad de la Nueva Veracruz, y hallándose no resultar culpa alguna contra dicho Don Diego Castejón, fue mandado soltar libremente por decreto del obispo virrey, ocasionándole las molestias y daños que representó en la demanda que puso a dicho conde. En cuya sentencia fue condenado dicho conde por los intereses de dicho Don Diego en 5.000 pesos y se reservó la culpa para este cargo. Por el cual dicho juez le condenó en 500 pesos. Confirmamos dicha sentencia con que dicha condenación sea y se entienda de 100 pesos de a ocho reales de plata en plata.

Y en cuanto al cargo ochenta y cuatro, sobre que habiéndose fulminado causa criminal por Don Fernando de Solís, corregidor de la ciudad de Veracruz, contra Francisco Martínez Basterra, escribano real, de cuyos autos apeló a la sala del crimen y en ella se revocaron. Y fue mandado soltar de la prisión y para ello se despachó real provisión, y no sólo no tuvo efecto su soltura, sino que de orden de dicho conde, estando en dicha ciudad su hijo Don Pedro de Leiva, fue mandado traer preso a la de México, donde habiendo llegado el 20 de mayo del año 1662, fue puesto en un aposento de los de palacio. Y aunque con las noticias de haberle traído y no saberse dónde paraba se hizo diligencia por el Lic. Francisco Martínez, su sobrino, y se dieron diferentes pedimentos, así en el real acuerdo como en la real sala del crimen. Y por decreto se mandó poner por diligencia si estaba en la cárcel de corte y constó no estarlo. Y aunque habiéndose pasado después a ella a 28 de dicho mes, fue mandado soltar de la prisión por la real sala del crimen, impidió dicho conde dicha soltura. Y con diferentes decretos mandó se tuviese por preso suyo en la real cárcel y no se visitase por estar conociendo de sus causas como capitán general. Que si tuviese que pedir lo hiciese ante el auditor general y debiendo estar éstas, si las había, en alguno de los oficios de gobierno, hallándose todavía preso dicho Francisco Basterra. Después de acabado el de dicho conde por testimonio que se dio constó no hallarse en dichos oficios causa alguna fulminada contra el susodicho, y en los de cámara del crimen no constó de otra que de la que estaba absuelto y mandado soltar. En cuya atención se mandó ejecutar la soltura del susodicho que dicho conde había impedídole, causándole con tan dilatada prisión las pérdidas y daños que expresó en la demanda que puso a dicho conde. En cuya sentencia fue condenado a su satisfacción en cantidad de 2.000 pesos, reservándole culpa para este cargo. Por el cual, dicho juez le condenó en 300 pesos. Confirmamos dicha sentencia con que dicha condenación sea y se entienda de 150 pesos de a ocho reales de plata en plata.

Y en cuanto al cargo ochenta y cinco, sobre que estando Bernardo de Navia sirviendo su plaza de soldado en el castillo de San Juan de Ulúa, proveyó dicho conde decreto el 24 de mayo de 1663, en que le mandó traer preso a la ciudad de México. Y habiendo llegado a ella el 4 de junio de dicho año fue puesto en un aposento del cuarto de Don Pedro de Leiva, su hijo, sin permitirle comunicar a persona alguna, estando en dicha reclusión hasta el 8 de julio de dicho año, en que fue removido a la cárcel pública, donde estuvo hasta el 19 de agosto del año 1664. Que en una y otra parte duró la prisión quince meses sin que para ello hubiese más causa que haberle traído para descifrar una carta que se decía había escrito el Teniente General de la Caballería Don Francisco Castejón, por haberse tenido noticia que dicha carta era de letra de dicho Bernardo de Navia. Y aunque el susodicho descifró lo que de dicha carta alcanzó y supo, sin embargo se continuó dicha prisión todo el tiempo referido protestando las demás de las causas de dicha carta con motivo de haber sido cómplice el susodicho en cierta resistencia que había hecho el Sargento Domingo de la Veracruz al tesorero Andrés de Aramburu. De que habiéndose dado vista al Oidor Don Francisco Romero, auditor general, y al fiscal de la real audiencia, gobernando el obispo de la Puebla, fue declarado por libre por S. E. por haberse reconocido no haber tenido culpa alguna. En cuya conformidad fue suelto de dicha prisión, de la cual se le recrecieron los daños y menoscabos que representó en la demanda que puso a dicho conde. En cuya sentencia fue condenado dicho conde a la paga y satisfacción de ellos en cantidad de 800 pesos que se le pagaron a dicho Bernardo de Navia, reservando la culpa para este cargo. Por el cual dicho juez le condenó en 300 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo. Y en cuanto a la parte que en él se contiene de la prisión en palacio, le apercibimos guarde las reales cédulas y ordenanzas.

Y en cuanto al ochenta y seis, sobre que sin causa ni haber procedido información sumaria dio orden dicho conde a Don Juan Miguel de Agurto, alcalde de corte, para que pusiese preso en la real cárcel de ella a Lorenzo de Torres, vecino de la ciudad de Los Angeles (residente entonces en la de México), por decir convenía al servicio de S. M. y quietud de la república. Siendo así que el susodicho era hombre muy honrado, quieto y pacífico, y que procedía conforme a sus obligaciones sin causar ruido ni haber dado motivo a que jamás se hubiese fulminado contra él causa alguna. Y en cumplimiento de la orden dicho Don Juan Miguel le puso preso en la real cárcel de corte y le pasó a embargar sus bienes y papeles que tenía. Y con ocasión de algunos que se hallaron que parecían ser copia de una carta escrita a S. M. en razón de algunos arbitrios, tocantes a su real hacienda y un borrador de un memorial, por orden de dicho conde se le recibieron dos declaraciones. Y sin proseguir adelante ni formar la causa estuvo preso el susodicho en la real cárcel desde el 9 de marzo de 1663 hasta el 26 de agosto de dicho año, que por mandamiento de dicho conde fue suelto, de cuya prisión se le recrecieron las pérdidas y daños que representó en la demanda que puso a dicho conde. En cuya sentencia fue condenado a pagarle 400 pesos por daños que se le siguieron y se reservó la culpa este cargo. Por el cual dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le condenamos a cien pesos de a ocho reales de plata en plata y le apercibimos guarde las reales cédulas y ordenanzas.

Y en cuanto al cargo ochenta y siete, sobre que mandó dicho conde por su decreto prender al alférez Bernardo Martín Muñoz, con pretexto de que habiendo sido soldado de diferentes presidios se había venido de ellos a la ciudad de México sin licencia de sus superiores, y no había cumplido con los bandos que en ella se habían promulgado. Y con efecto fue preso en virtud de dicho decreto y puesto en la cárcel de corte. Y habiéndose recibido su declaración por Don Alonso de Alavés, auditor de la guerra, su asesor, no se procedió en la causa ni se soltó a dicho alférez aunque exhibió las licencias y despachos que había traido de dichos presidios, hasta que habiendo entrado en el gobierno el obispo de Puebla se remitió por dicho conde la causa al acuerdo y de la sala de justicia. Donde habiéndose visto se dieron por nulos los autos y se declaró no haber habido causa alguna para su prisión. Y fue mandado soltar libremente, habiéndole tenido en ella cuatro meses y seguídose los daños y pérdidas que representó y probó en la demanda que puso a dicho conde sobre su satisfacción. A que fue condenado dicho conde por la sentencia de ella en 4.500 pesos reservando la culpa para este cargo. Por el cual el juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le apercibimos guarde las leyes y ordenanzas.

Y en cuanto al cargo ochenta y ocho, sobre que habiendo dado orden dicho conde para poner preso en la cárcel de corte al Capitán Pedro Navarro Bracamonte, y ejecutándose su prisión, después despachado dicho conde mandamiento en que le mandó desterrar a las islas Filipinas y lo mandó sacar con tanta seguridad de prisiones y soldados, y que lo llevasen al puerto de Acapulco para que fuese embarcado en la nao que estaba de partida para dichas islas. Y habiendo llegado al pueblo de Tistla y ganado la iglesia de él hasta llegar a la grada del altar mayor, donde se dejó caer de la mula en que le llevaban, fue sacado por las guardias con toda violencia. Y habiendo proseguido su viaje le entregaron en dicha nao en donde habiéndose leído censuras en defensa de la inmunidad eclesiástica para que le restituyesen a ellas se hizo dicha restitución por el general de dicha nao. Y habiendo llegado a noticia de dicho conde se despachó otro mandamiento por dicho conde para que las justicias de S. M. tuvieran particular cuidado de que no se ausentase dicho Pedro Navarro, y en caso que le pudiesen coger fuera de la iglesia, le prendiesen y le remitiesen con seguridad a la cárcel de corte. Siendo así que para dicho destierro y demás rigores no procedió causa ni firmó proceso de que se siguieron los daños que representó dicho Pedro Navarro en la demanda que puso a dicho conde. En que fue condenado dicho conde a su paga y satisfacción en cantidad de 1.000 pesos, reservando la culpa para este cargo. Por el cual dicho juez le condenó en 300 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo.

Y en cuanto al ochenta y nueve, sobre que siendo Don Nicolás Peral, gentilhombre de dicho conde, le nombró dicho conde por juez para la visita de los obrajes y panaderías de la ciudad de México y sus contornos. Y habiendo el susodicho ido a la isla de Cuyoacan a visitar los obrajes de ella y formándose competencia de jurisdicción con Don Nicolás Ramírez, corregidor de dicha villa (sobre que se estaba siguiendo litigio en la sala del crimen) con ocasión de hallar dicho corregidor visitando el obraje de Melchor de Posadas, dicho Don Nicolás de Peral dio cuenta a dicho conde, con que mandó dicho conde traer preso a Don Nicolás Ramírez. Y habiendo cometido su ejecución a dicho Don Nicolás de Peral la hizo con demasiado rigor y demostraciones, trayéndole con dos pares de grillos en un caballo de enjalma, con ruido de gente, hasta entrarle en la real cárcel de corte, donde estuvo preso veinte y dos días sin recibirle más que su confesor. De que no resultó culpa que manifestó no haber precedido justificación para el rigor con que fue preso, de que se le ocasionaron los daños y perdidas que representó en la demanda que puso a dicho conde y a Don Nicolás del Peral, su criado. En cuya sentencia fue condenado dicho conde en 300 pesos y reservó la culpa para este cargo. Por el cual dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le apercibimos guarde las leyes y ordenanzas reales.

Y en cuanto al cargo noventa, sobre que mandó dicho conde por diferentes decretos saliesen desterrados de la ciudad de México a Don Pedro de Cabanas, contador del tribunal de cuentas para el real y minas de Talpujagua. Y a Don Bartolomé de Estrada, contador de dicho tribunal, para la villa de los valles; y a Don Juan de Salinas, factor de la real caja para el pueblo de Tistla; y al maestre de campo Don Antonio de Urrutia Vergara para el pueblo de Tesuco, mandando juntamente se le sacase por vía de multa a dicho maestre de campo 6.000 pesos. Y a cada uno de los demás a 500 pesos, cometiendo su ejecución a diferentes ministros que ejecutaron luego las órdenes que se dieron por dicho conde, sin que para dichos destierros, prisiones y multas precediese causa alguna que las justificase. Ni que el motivo con que las pretendió pretextar dicho conde en tiempo de su ejecución, que fue haber asistido al entierro del castellano Don Francisco Castejón, fue suficiente para tan severa demostración, como se resolvió por S. M. en el Consejo por su real cédula del 24 de diciembre de 1664, en que se mandaron restituir a sus plazas y volvérseles las multas. Por cuyo cargo dicho juez condenó a dicho conde en 3.000 pesos. Revocamos la sentencia y le absolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo, sin perjuicio de las demandas de las partes interesadas.

Y en cuanto al noventa y uno, sobre que en contravención de las leyes y cédulas reales, el conde impidió a las partes el reuso a la real audiencia en grado de apelación de muchos autos y decretos proveídos por dicho conde, no permitiendo se pasasen a ella para que viesen y determinen en justicia, aunque por las partes se hacían diligencias como fueron las que se hicieron a pedimiento del Dr. Juan Osorio, sobre que declarase por vaca la cátedra de decreto de aquella universidad por haber aceptado el Dr. Don Miguel de Ibarra la media ración de la iglesia de Puebla a que S. M. le presentó; los que hicieron a pedimiento de Doña María Maldonado Zapata, mujer que fue del Capitán Francisco de Ortega y de su segundo marido, Don Bernardino Vázquez, sobre la administración de los molinos de la pólvora. Asimismo los autos que se formaron sobre que el obispo de Puebla procediese a la nominación de sujetos para el curato que estaba vaco en la iglesia catedral de México y en las demás de su arzobispado. Y los autos que se hicieron por el corregidor de Veracruz contra el alférez Domingo Madera, sobre haber hecho resistencia al castellano Andrés de Aramburu, en que por parte de Don Francisco Castejón se apeló a la audiencia de los autos del gobierno adonde estaba pendiente. Y los que se hicieron sobre haber multado al prior y cónsules de la universidad de los mercaderes de México por cierta petición que dieron sobre el asiento de las alcabalas. Los que se formaron sobre el nombramiento de escribano de gobierno hecho por dicho conde en Don José Huarte, su secretario, y contradicción que hizo Don Pedro de la Cadena, que nunca se permitió pasasen a la real audiencia, resultando de lo referido grave perjuicio a las partes. De cuyo cargo el juez le absolvió de los casos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto; y remitió la determinación al sexto caso de los autos de Don Pedro de la Cadena al cargo noventa y tres. Confirmamos dicha sentencia en cuanto dicho juez le absolvió de los cinco casos. Y la revocamos en cuanto al cargo noventa y tres, y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo sexto.

Y en cuanto al noventa y dos, sobre que habiéndose proveído auto por la Audiencia de México para que los escribanos de gobernaciones diesen testimonios de los pleitos pendientes en el de que se hubiese interpuesto apelación a la audiencia y no se hubiesen pasado a ella, certificando no quedar otro alguno, se proveyó decreto por dicho conde en que mandó se notificase a los escribanos de cámara de la audiencia se abstuviesen del despacho de dichos autos y de los que en su consecuencia intentase hacer la audiencia, pena de 2.000 ducados a dichos escribanos y a sus oficiales de suspensión de sus oficios por cuatro años. Y asimismo que se volviese a notificar a los escribanos de gobierno y a sus tenientes que no diesen a la audiencia los testimonios que dichos autos contenían, ni respondiesen a ellos con pena de 2.000 ducados a cada uno y a sus oficiales mayores de 500 pesos y de suspensión de oficio. Y habiéndoles mandado le diesen certificación de los pleitos que en su tiempo se habían pasado a la audiencia, y los que se habían dejado de pasar, y por qué causa, les mandó después no diesen certificación a la audiencia, sino a dicho conde, para el efecto que le pareciese. En que además de tener impedidos dicho conde los recursos a la real audiencia en los negocios y causas mencionadas en el cargo noventa y uno, y que motivaron a la audiencia el procedimiento de dicho auto a intimidar a los ministros para que por temor de las excesivas penas que se les imponían faltasen a la obligación de sus oficios e impedir con este medio que la audiencia hiciese justicia a los que ocurrían a pedirla. Por cuyo cargo el juez le condenó en 1.000 pesos. Revocamos dicha sentencia y le apercibimos guarde las leyes y ordenanzas.

Y en cuanto al cargo noventa y tres, sobre que dicho conde, en prosecución de las demostraciones referidas en los cargos antecedentes, motivadas de la contradicción y apelación interpuesta por Don Pedro de la Cadena a los autos de gobierno, le desterró dicho conde de México a la villa de Atrisco sin haber precedido causa. Teniéndole en dicho destierro desde el 21 de agosto de 1663 hasta el 10 de julio del año 1664 en que fue restituido a su oficio por el obispo virrey, de que se le recrecieron los daños que representó en la demanda que puso a dicho conde. Por ellos fue condenado dicho conde a pagarle 12.000 pesos, reservándose a la culpa para este cargo. Por el cual y lo que reservó del cargo noventa y uno dicho juez condenó al conde en 1.000 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al noventa y cuatro, sobre que teniendo noticia dicho conde que los oidores de aquella audiencia habían acordado escribir a S. M. dándole cuenta de algunos negocios de justicia que necesitaban de remedio, los llamó dicho conde a una junta donde les propuso que sabía escribían a S. M. que lo hiciesen juntos, o cada uno de por sí y enviando sus cartas por el tribunal de la Inquisición o el de la cruzada. Que dicho conde no escribía contra alguno, antes deseaba paz y conformidad, mostrando en estas y otras ocasiones sentimiento de que los ministros escribiesen dando cuenta de lo que pedía remedio, intimidándolos y procurando por este medio lo dejasen de hacer. Por cuyo cargo le condenó en 500 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo.

Y en cuanto al noventa y cinco, sobre que en contravención del derecho y cédulas reales dicho conde impidió corriesen las provisiones reales que por los oidores de aquella audiencia se mandaban despachar para remedio de las molestias que los alcaldes mayores hacían a los indios. Como sucedió que llevando a firmar de dicho conde muchas pasadas y firmadas por dichos oidores, unas de ellas se detenía mucho tiempo y otras se dejaban de despachar y no firmarlas ni darles paso dicho conde, mostrando sentimientos contra dichos ministros sobre querer hacer justicia contra los alcaldes mayores, sus criados, en las quejas que contra ellos se representaban. Y asimismo con los procuradores que en nombre de sus partes pedían dichas provisiones, atemorizándolos porque en adelante no las pidiesen, como lo hizo en particular con Juan Félix de Gálvez, procurador por haber pedido la ordinaria remedio de pedir que los testimonios de los autos en que se mandaban despachar sirviesen de provisión. Y Don Francisco de Acevedo en una inhibitoria que pidió contra Don Juan de Galarza, criado de dicho conde, y pretendiendo dicho conde llevar adelante los impedimientos referidos hizo consulta al real acuerdo en orden a que dichas provisiones no se despachasen poniendo en duda materia tan llana y asentada por derecho a que se satisfizo por los ministros de él ser en ejecución de las reales cédulas resolviéndose deber correr como siempre se había hecho. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le condenamos en cincuenta pesos de a ocho reales en plata.

Y en cuanto al cargo noventa y seis, sobre que habiéndose representado en la real audiencia por diferentes pueblos y demás naturales de la jurisdicción de Metepeque, repetidas quejas contra Don Astacio Coronel, su alcalde mayor, por los agravios que de él recibían. Y entre ellos que cuando iban a pagar los tributos reales, se los quitaba y recibía a cuenta de sus repartimientos. Y pedídose para su remedio provisiones reales y mandándose despachar y que los tributos no los entregasen a dicho alcalde mayor sino que los trajesen a enterar en la real caja, muchas de ellas se detenían en el gobierno sin quererlas firmar dicho conde. Y asimismo por su orden pusieron presos en la cárcel de corte a Don Nicolás de Tolentino, gobernador del pueblo de Tapuluac; a Don Juan de la Cruz del pueblo de Pablo de Tepemajalco; a Don Andrés Bernardo, alcalde del pueblo de Tapuluac; a Don Felipe de Santiago, cacique de San Miguel, de Chapultepec, que habían venido a la ciudad de México al entero de reales tributos y seguimiento de su justicia con dicho alcalde mayor y habiendo ocurrido a la audiencia fueron sueltos. Y asimismo en otra ocasión, habiendo venido dichos indios y Don Nicolás de Alarcón, gobernador del pueblo de Santiago Tianguitengo, y otros de dicho partido a pedir a la audiencia remedio para exponerse a los repartimientos que les hacía dicho alcalde mayor e instancia suya, y de orden de dicho conde, su sargento mayor y unos soldados los prendieron un sábado en la tarde. Y por ser día de visita de cárcel los tuvieron detenidos en el cuerpo de guardia hasta que habiendo pasado la visita los llevaron a la cárcel de corte, donde estuvieron hasta el martes siguiente en que los sacaron de ella y llevaron a la presencia de dicho conde. Y S. E. les dijo que si tenían que pedir contra dicho alcalde mayor por qué no acudían a dicho conde y no a la audiencia. Y en orden al mismo fin llamó al Lic. Francisco de Orravachio, beneficiado del partido de Atlacamulco y le pidió hiciese con los indios de su partido que no capitulasen a dicho alcalde mayor, y solicitó otras diligencias que se referirán en el cargo siguiente, dirigidas a favorecer a dicho Don Estacio por ser su allegado y le hizo corregidor de México, siendo juntamente alcalde mayor de Metepeque. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos a dicho conde de dicho cargo por no probado sin perjuicio de la demanda.

Y en cuanto al cargo noventa y siete, sobre que habiendo entendido dicho conde que el Lic. Alonso Mejía del Guijo, cura del partido de San Mateo Tescacaliacac fomentaba a los indios para que capitulasen a dicho Don Astacio, su alcalde mayor por mandamiento de ruego y encargo, le hizo venir a México. Y habiéndose reconocido después de algunos meses que con su detención no se había conseguido el fin que se pretendía de que los indios se sacasen en la prosecución de los capítulos despachó dicho conde real provisión en que le ordenó se fuese a la ciudad de Valladolid del obispado de Michoacán donde se presentase ante el obispo de él, sin salir de allí hasta que otra cosa se proveyese por dicho conde. Contraviniendo en dichos despachos al derecho y cédulas reales, resultando de lo referido las molestias y vejaciones que padeció dicho Alonso Mejía, daños y pérdidas de bienes sobre que puso demanda a dicho conde. Y por la sentencia que en ella pronunció el Lic. Don Cristóbal de Calancha fue condenado dicho conde a su paga con reserva de la culpa para este cargo.

Del cual dicho juez le absolvió; confirmamos dicha sentencia y en cuanto al cargo noventa y ocho, sobre que continuando dicho conde el fomento que dicho conde hacía a dicho Don Estacio, Coronel de Benavides, habiendo vuelto a la ciudad de México Francisco Negrete, receptor de la real audiencia, que habiendo ido a ejecutar ciertas provisiones reales a pedimiento de los indios contra dicho alcalde mayor, le mandó prender sin preceder causa ni haberse fulminado autos, ni haber habido otro motivo más que el referido. Expresando dicho conde en su decreto que la causa porque le había mandado prender, había sido porque entregase unos autos y no lo había hecho. Siendo así que los de dichas provisiones no paraban ya en su poder, molestando por este medio a dicho receptor. Y causándole los daños que Doña María de Ena, viuda del susodicho, propuso en su demanda, pidiendo su satisfacción. A que fue condenado dicho conde por la sentencia de ella con reserva de la culpa, por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al fiscal. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos a S. E. de dicho cargo por no probado, sin perjuicio de la demanda que en él se expresa.

Y en cuanto al cargo noventa y nueve, sobre que habiendo fulminado causa criminal Don Juan de Ubeda, criado de dicho conde y alcalde mayor de la jurisdicción de Guexocingo contra Don Blas de Guevara, cacique, y otros naturales de ella y puéstoles en prisión con pretexto de cierto desacato que dijo haber tenido con él, siendo así que el fin de dicho alcalde mayor había sido procurar desviar el embarazo que dicho Don Blas de Guevara le hacía a sus contrataciones y aprovechamientos. Y servídose por ellos en grado de apelación a la Audiencia de México, adonde se mandaron traer con los autos en virtud del despacho que se hizo para ello. Habiéndolos traído a la cárcel de corte y embargándose en ella por los ministros de la real audiencia, dicho Don Juan de Ubeda, en contravención de lo referido, entregó los autos en el gobierno. Y en su virtud dicho conde condenó a dicho Don Blas de Guevara en destierro de cuatro años a Filipinas, que mandó ejecutar sin embargo de otros cualquiera autos que se hubiesen proveído por otros tribunales, sino que para impedir el efecto de dicha resolución fuesen bastantes las diligencias que se hicieron por la audiencia a pedimiento de la parte de dicho Don Blas, ni le quedase otro recurso más que despacharse real provisión (después del gobierno de dicho conde) a Filipinas, para que fuese restituido a aquel reino. Contraviniendo en todo a las leyes y cédulas reales, siguiéndose de tan acelerado destierro el desamparo de su mujer e hijos y los daños que se expresaron en la demanda puesta a dicho conde por Doña Juana de Guevara, su madre, y Doña Agustina de Salazar, su mujer, a cuya satisfacción fue condenado dicho conde en la sentencia de ella en 400 pesos, reservándose la culpa para este cargo. Por el cual dicho juez le condenó en 300 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo a dicho conde sin perjuicio de la demanda que en él se expresa.

Y en cuanto al cargo cien, sobre que por dicho conde se advocaron al gobierno y se sacaron de su orden por Don José de Ugarte, un secretario, diferentes autos y pleitos que estaban pendientes en la audiencia, como fueron los de Francisco Maldonado y Francisco de la Parada, dueños de carros, sobre darles paso por la calzada de Guadalupe. Los autos hechos por dicho conde y real acuerdo sobre la posesión de la plaza de oidor de México de Don Ginés Morote, los de la consulta hecha por los oficiales reales de dicha ciudad para que se concluyesen en la audiencia algunos pleitos pendientes en ella tocantes a la real hacienda y multas, que por el acuerdo se les mandaron sacar por haberla hecho sin que conste haberse vuelto los autos al oficio de Don Cristóbal de la Mota donde pertenecen. El pleito que Doña Beatriz Gómez, viuda de Juan Guerrero y los conventos de Santo Domingo y San Francisco, y otros interesados estaban siguiendo contra el cabildo y regimiento de la ciudad de México sobre que se demoliesen los cajones que se habían labrado en la plaza pública de ella. Y habiéndose sacado el oficio donde estaba pendiente y llevádose al gobierno, concedió dicho conde 116 licencias para fabricar otros tantos cajones en dicha plaza en grave perjuicio del derecho de las partes que no pudieron defenderse. De cuyo cargo el juez le absolvió por lo tocante a los autos de Francisco Maldonado, Don Ginés Morote, y oficiales reales. Y por lo tocante a Doña Beatriz Gómez y consortes le puso culpa y remitió la determinación al final. Confirmamos dicha sentencia en cuanto el juez le absolvió y en la parte que le puso culpa y remitió la determinación al final la revocamos y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo ciento uno, sobre que en contravención de reales cédulas y ordenanzas, dicho conde indultó muchos reos condenados por la real sala del crimen a destierro de Filipinas, por cantidades muy cortas, mandándoles soltar libremente, impidiéndosela ejecución de las sentencias de dicha sala y castigo de los delitos y los que se indultaron fueron Antonio de Cervantes, condenado por dos años a destierro de Filipinas, habiendo enterado en la real caja veinte y cinco pesos; Agustín de Caborlinga, condenado por otros dos años a Filipinas fue indultado en doce pesos que enteró en la real caja; Manuel de Estrada, condenado a dos años de destierro. a dichas islas Filipinas fue indultado por dicho conde por haber enterado en la real caja veinte pesos de Francisco de Avila, condenado a otros dos años de destierro a Filipinas, fue mandado soltar por dicho conde con fianza de que se volvería a la cárcel siempre que dicho conde lo mandase. Lázaro Rodríguez, condenado a Filipinas por dos años, que mandado soltar por dicho conde con calidad de que fuese a Nuevo México dichos dos años de destierro; Alonso García, condenado en cuatro años de Filipinas y fue suelto por dicho conde. El Sargento Juan de Zuleta, condenado a cuatro años de Filipinas, fue mandado llevar a Veracruz de orden de dicho conde José de León, condenado a destierro a islas por dos años, fue absuelto por dicho conde. Juan de Solís, condenado a dos años de destierro de Filipinas, fue indultado por veinte y cinco pesos que enteró en la real caja. Diego de Santiago, condenado por diez años a Filipinas, fue indultado por cincuenta pesos que enteró en la real caja; Juan Durán culpado en diferentes robos, condenado por ellos a remo y sin sueldo en las galeras de Terrenate por diez años, se indultó conmutándole el tiempo en servicio de la fuerza de San Juan de Ulúa. Josefa de los Reyes, india culpada en una muerte de que se le hizo causa y se siguió en su ausencia y rebeldía, fue indultada por veinte pesos que enteró en la real caja. Por cuyo cargo dicho juez le condenó en 500 pesos; revocamos dicha sentencia y le apercibimos guarde las reales cédulas y ordenanzas.

Y en cuanto al cargo ciento dos, sobre que habiendo hecho consulta a dicho conde los ministros de la real sala del crimen, con ocasión del mucho número de reos que se habían indultado, pidiendo a dicho conde sirviese de remitir a dicha real sala un tanto de la hacienda, en cuya virtud procedía a dichos indultos para que los informes que se hiciesen fuesen con toda puntualidad. Dicho conde proveyó un severo decreto mostrándose muy sentido de que dicha real sala hubiese hecho semejante consulta y ordenándose le remitiese la cédula que había para poderle pedir la que dicho conde tenía para dichos indultos, conminando a los ministros de ella que de no remitirla y el ejemplar en cuya virtud obraban, procedería a lo que hubiese lugar en derecho, resultando de dicho decreto la menos estimación con que dicho conde trató a dicha real sala. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al ciento tres, sobre que estando mandado por diferentes decretos a dicho virrey, se hiciesen causas y castigasen las personas que entendían en el trajín y venta de la bebida que llaman vino de cocos, como prohibida por ordenanzas. Habiéndose fulminado una por Don Juan Miguel de Agurto, alcalde de corte de unos vecinos de Colima por haber traido a la ciudad de México cantidad de dicha bebida y de ello dado cuenta a la real sala del crimen; sin embargo de estar pendiente en ella sólo con ocasión de haberse acudido por parte de dichos presos a dicho conde a representar las licencias que de los virreyes sus antecesores, tenían para trajinarla, ordenó a los ministros de dicha real sala por su decreto que luego y sin dilación cesasen en dicha causa, soltasen libremente los presos que por ella lo estuviesen, alzando y quitándolos embargos hechos y entregando el vino y recua a las partes para que llevasen a vender adonde lo tuviesen por bien, como no fuese en México en que contravino a las reales cédulas y órdenes de S. M. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le apercibimos guarde las leyes y ordenanzas.

Y en cuanto al cargo ciento cuatro, sobre que habiéndose traído en apelación a la real sala del crimen la causa que hizo el corregidor de la ciudad de la Nueva Veracruz, al Cabo de Escuadra Francisco Arias, por la que interpuso el susodicho de sus autos sobre haberse resistido a la real justicia, mandó dicho conde por rota pasara, que sin otro recaudo alguno la entregase luego en el oficio de gobierno del cargo de Don Felipe Morán, y todos los autos que en su virtud se hubiesen hecho por tocar a dicho conde su conocimiento privativamente, por ser de guerra. Conminándole con prisión de su persona, multa y otras penas, y en su virtud se entregó a Don Diego de Toledo dejándose de continuar en dicha real sala y hacer en ella justicia como se debía, y a quién, legítimamente tocaba por ser el delito de la calidad referida. Y siendo de la misma la que se hizo a Don Francisco Zicardo por cierto desacato que tuvo con Don Antonio de Lara y Don Manuel de Escalante, la advocó también S. E. con pretexto de haber sido capitán. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al ciento cinco, sobre que habiendo nombrado la ciudad de México en su cabildo al Dr. Gabino Farina, médico de cámara de dicho conde, a contemplación de dicho conde por alcaide de la alhóndiga de ella se introdujo litigio por parte de los labradores de la provincia de Chalco y valle de Toluca, sobre decir que por los alcaides de dicha alhóndiga se les cobraba una pensión que era una cuartilla o cuarta parte de una fanega de maíz en cada partida de las que se vendían en ella, contra lo dispuesto por ordenanzas. Habiéndose determinado definitivamente por la ciudad a favor de los labradores, con ocasión de otro pedimiento que hizo ante dicho conde el Regidor Don Francisco de Cervantes, como procurador mayor, pidió y advocó dicho conde los autos que se habían hecho impidiendo el curso ordinario de dicha causa y la ejecución de los proveídos por la audiencia a pedimiento de los labradores, pasando a formar otro juicio contencioso en el gobierno sobre lo mismo que tenía determinado la ciudad con ocasión de un pedimiento que en su cabildo había presentado dicho Don Gabino. Y remitiéndose a dicho conde, determinando sobre él definitivamente en justicia contra la sentencia dada por la ciudad, estándole prohibido por leyes y cédulas reales el conocer y determinar causas que están radicadas y tocan en justicia a los jueces ordinarios en primera instancia, y en segunda a la real hacienda. Y habiendo representado su justicia la parte de los labradores en la real audiencia, después que dejó el gobierno confirmó por su sentencia de vista la de primera instancia, pronunciada por la ciudad, declarando por nulos todos los autos hechos en el gobierno por dicho conde. Siguiéndoseles a los labradores el perjuicio y daños de haberse cobrado de ellos en todo el tiempo que gobernó dicho conde la pensión de dicha cuartilla y se les reservó su derecho por dicha real audiencia, para demandar a dicho Don Gabino la restitución de las cantidades que había percibido. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al ciento seis, sobre que contraviniendo a leyes y cédulas reales, estando pendiente en justicia pleito en el juzgado de provincia a pedimiento de Don Gonzalo Gómez de Cervantes contra Baltasar de Contreras, por cantidad de pesos procedidos de los arrendamientos de ciertas haciendas de labor, dicho conde a pedimiento de dicho Baltasar de Contreras tomó conocimiento de dicha causa sin embargo de haber reconocido que no le tocaba. Y en esta conformidad le remitió al juzgado de provincia donde estaba pendiente, y despachó diferentes mandamientos contra Francisco de Villegas, administrador de dicho Don Gonzalo mandándole prender, y a Antonio Ortiz, depositario de los bienes ejecutados y embargados en la causa pendiente en dicho juzgado. Procediendo a otros autos hasta pronunciar uno definitivo contra dicho Don Gonzalo, de que se le recrecieron los daños y pérdidas que representó en la demanda que puso a dicho conde. En cuya sentencia fue condenado dicho conde a su paga y satisfacción en cantidad de 4.000 pesos, reservando la culpa para este cargo. Por el cual dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos la sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al ciento siete, sobre que en contravención de leyes y cédulas reales dicho conde dio licencia para que Fernando de Olivares y Lucas de Medina, procuradores de da real audiencia sirviesen sus oficios por sustitutos como lo hicieron, nombrado dicho Fernando de Olivares a Juan López de Pareja, y dicho Lucas de Medina a Pedro de Sandoval, cuyos nombramientos aprobó dicho conde. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo ciento ocho, sobre que debiendo dicho conde dejar entera libertad a los ministros para dar sus votos en la materia de su cargo, y en especial en las que tocan a la administración de la real hacienda, no sucedió así en el asiento del quinto cabezón de alcabalas de la ciudad de México, sino que por la Marquesa de Lieva se solicitó con muchos de los ministros diesen su voto en las juntas generales a la ciudad, para que entrase en él y se excluyese al consulado. Enviándolos a llamar S. E. y hablándoles por medio de Don José Huarte, su secretario, y de Don Francisco García, su mayordomo y otros criados, y de Don Felipe Morán y Don Diego de Toledo, los cuales daban a entender a los ministros que dicha marquesa gustaba que la ciudad quedase con el asiento y que tenía empeño. Haciendo las mismas insinuaciones al consulado y sus ministros, intimidándolos con la demostración que se expresa en los cargos siguientes para que no prosiguiesen en su pretensión, corriendo tanto las demostraciones de empeño que los virreyes hicieron que se causó grande nota y dio motivo a que corriese públicamente que los diputados de la ciudad los regalaban con muy gruesa cantidad de dineros para el fomento de su pretensión. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al ciento veinte. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo ciento nueve, sobre que debiendo pasar los autos del asiento de dicho quinto cabezón en el oficio de Don Pedro de la Cadena a quien tocaba, así por el concierto que tienen hecho en dichos asientos los dos escribanos de gobierno, mandado guardar por los virreyes, como por ser el secretario, Don Felipe Morán, regidor y uno de los tres diputados para hacer todas las diligencias para que la ciudad quedase con dicho asiento. Y por este respecto parece formal permitió dicho conde pasasen en el oficio de dicho Don Felipe Morán, exponiéndolos a manifiesta nulidad, redundando los inconvenientes que se seguían de no guardarse el secreto de lo que pasaba en las juntas. En las cuales, aunque no asistía dicho Don Felipe Morán, estaba presente su cuñado y oficial mayor, Don Diego de Toledo, y también el reconocer los autos que eran contrarios a la ciudad para excluirlos por los medios que se intentaron, como fue a Don Juan Francisco de Esquivel, fiscal del crimen, y al Contador Don Pedro de Cabañas. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al ciento veinte. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo.

En cuanto al ciento diez, sobre que habiéndose sustanciado con el fiscal los autos de dicho quinto cabezón de alcabalas hasta el 20 de octubre, en que presentó petición declarando su sentir y tener por más conveniente que el remate hiciese en el consulado y no en la ciudad.

Y habiendo corrido muchos traslados entre la ciudad y el consulado, ventilándose sobre las posturas y mejoras que por una y otra parte estaban hechas, no se dio vista de ellas al fiscal, corriendo sólo con los pareceres del asesor general. Hasta que reconociendo que se iba pasando el tiempo y acercando el final del asiento antecedente para cumplir con su obligación, presentó petición en que por lo que había entendido extrajudicialmente alegó todo lo que le pareció convenir a la real hacienda, dejándose de sustanciar los autos que se hicieron en dichos dos meses con la parte formal del real fisco. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y remitió su determinación al cargo ciento veinte. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al ciento once, sobre que habiéndose presentado por parte de la ciudad de México una petición de recusación hecha al Contador Don Pedro de Cabañas y debiéndose determinar por la junta general, como dependiente de la materia que en ella se trataba, no sólo la decretó por sí dicho virrey, sino que habiéndose mandado por dicho conde por su decreto, que se pusiese con los autos fue la ejecución muy diferente de lo contenido en dicho decreto. Pues la referida, ni otras dos que después se presentaron por la ciudad, insistiendo en la misma recusación, no se pusieron en los autos sino que originales con los decretos a ellas proveídos por dicho conde y por el real acuerdo adonde dicho conde luego las retuvo, presentando en la demanda que puso a dicho conde dicho Don Pedro de Cabañas testimonio de ellas. Faltándose por esta razón a la observancia de las leyes y cédulas reales que prohiben la separación de autos de los procesos y oficios donde tocan. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y remitió su determinación al ciento veinte. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo ciento doce, sobre que continuando dicho conde el fomento de la ciudad con medios extraordinarios, habiéndose recusado por el consulado a Don Alonso de Alavés, su asesor general, para que no interviniese ni diese parecer en lo tocante a dicho asiento. Y dádose por recusado por decreto de dicho conde del 23 de diciembre de 1661, por otro del mismo día remitió dicho conde los autos a dicho asesor que continuó en todas las que en dicho asiento se hicieron después, dando sus pareceres debiendo abstenerse de hacerlo, y dicho conde de remitírselos. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al cargo ciento veinte. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al ciento trece, sobre que habiéndose recusado por el mismo consulado a Don Felipe Morán de la Cerda, escribano mayor del gobierno, y a todos sus oficiales para todo lo tocante a dicho quinto cabezón de alcabalas, para que no pasase en su oficio por haberse recrecido, otra nueva causa de más de las que quedan referidas, que era ser ya actual corregidor de México. No sólo no le dio dicho conde por recusado, habiendo tantas razones para ello, sino que por decreto del 28 de diciembre de 1661 proveyó dicho conde que en atención a que con la determinación definitiva de la causa había dejado de ser parte el consulado. El cual no había usado del derecho de la puja, conforme a las leyes reales reservaba el proveer sobre dichas recusaciones para que cuando se mostrase parte legítima; como si el consulado no lo fuese para las posturas que tenía hechas en orden al remate y adjudicación que de dichas alcabalas pretendía se le hiciese. Sin embargo de lo cual continuaron los autos en el oficio de dicho Don Felipe Morán, frustrando el efecto de dichas recusaciones. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al cargo ciento veinte. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al ciento catorce, sobre que habiendo dado el consulado petición en los autos de dicho quinto cabezón, pidiéndolos para alegar de su justicia y satisfacer a lo que la ciudad pedía. Se dio por sentido dicho conde diciendo al prior y cónsules que la llevaron, que cómo se hacía aquel pedimiento sin haber hecho junta de comercio. Y habiendo reconocido dicho conde por lo que informó el consulado ser justo lo que pedía, y hallándose presente Don José Huarte, su secretario, hizo gran esfuerzo en que no se les había de dar dicho traslado en tanto grado que obligó al Contador Felipe Navarro, prior de él, a decir que no iba a negociar con el secretario sino con dicho conde. De que resultó el mandársele dar los autos para que respondiese a ellos detrás de una cortina del salón de dicho conde. Y habiéndosele representado los inconvenientes que esto tenía les permitió se juntasen en su sala para que sin salir de ella respondiesen. Adonde les envió dicho conde un recaudo con su secretario, encargándoles no desacreditasen a la ciudad en lo que respondiesen diligencias que comprueban los impedimentos que dicho conde ponía al consulado para el seguimiento de su pretensión. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al ciento veinte. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo ciento quince, sobre que en continuación de dichos impedimentos por la petición que el prior y cónsules presentaron ante dicho conde al traslado que le dio de los autos referidos en el cargo antecedente, en que pretendieron mejorar la postura que la ciudad tenía hecha en el asiento de las alcabalas, multó dicho conde al Contador Felipe Navarro, prior de él, en 400 pesos; a Pedro Sedano y Juan de Cabuenas, cónsules, en 300 pesos a cada uno, y a su abogado en otros 300 que con efecto se les sacaron. Siendo así que dicha petición estaba muy modesta tanto que habiéndose presentado testimonio de ella en la real audiencia después del gobierno de dicho conde, se revocó el decreto en que se impusieron dichas multas y se declaró no haber habido causa para ellas por haber sido la petición y mejora en beneficio de dicho asiento. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y remitió su determinación al ciento veinte. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo ciento diez y seis, sobre que dicho conde hizo y fulminó causa criminal por medio de Don Felipe Morán a quien dicho conde había hecho corregidor de México contra Felipe González, agente del consulado, y Juan Martínez de León, mercader, y uno de los electores de él, sin otro pretexto más de que los susodichos solicitaban que se firmase una petición, que se presentó ante dicho conde. En que más de sesenta mercaderes del comercio pretendían se diese el asiento de alcabalas al consulado y no a la ciudad. Y sin resultar culpa alguna contra dicho Juan Martínez de León, ni otro motivo más que haberse exhibido ante dicho Don Felipe Morán dicha petición, por no parar ya en su poder, le puso preso en la cárcel pública. Y habiéndose presentado la petición referida en el gobierno por el procurador del consulado por decreto a ella proveído por dicho conde, se mandó poner con los autos de la causa que en razón de ella se estaba fulminando. De que resultan dos causas: una el comprobarse con dicho decreto y con el de la retención de la causa hacia la otra, que perteneciendo dicha petición a los autos de dicho quinto cabezón de alcabalas no se mandó poner en ellas, manifestándose de lo referido ser el motivo impedir al comercio la prosecución de sus derechos. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al ciento veinte. Revocamos dicha sentencia y le damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo ciento diez y siete, sobre que habiendo tenido a dicho Juan Martínez de León once días en prisión con dos guardas a su costa, sin dejarlo comunicar a persona alguna, no pudo conseguir soltura aunque para ello se hicieron muchas diligencias. Y en especial por el prior y cónsules, hasta que se ajustó con Don Pedro de Leiva, su hijo, el darle 1.000 pesos para que se consiguiese por medio de Don Andrés de Salinas, su allegado. Y en esta conformidad se le dio despacho para que fuese suelto con fianza de juzgado y sentenciado como con efecto lo fue. Y después entregó por mano de dicho D. Andrés de Salinas los 1.000 pesos sin otros muchos gastos que tuvo con las guardas y el secretario, Don José Huarte y otros, que se le causaron por dicha prisión, que por haber reconocido el consulado habérsele ocasionado por lo tocante a dichas alcabalas el pago a dicho Juan Martínez de León los 1.000 pesos del regalo que le había costado su soltura. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al ciento veinte. Revocamos la sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo ciento diez y ocho, sobre que tocando a la junta general de hacienda, así por ordenanzas reales, como por tener ya radicado el conocimiento de la causa y autos de dicho quinto cabezón de alcabalas, y por esta razón no tener dicho conde más de un voto, como los demás ministros de dicha junta, procedió dicho conde por sí solo con pareceres de su asesor general a muchos autos y diligencias que se hicieron después de la junta general del 17 de di diciembre de 1661. Y en particular, en lo que se especifica en este cargo y en los siguientes, y fue que habiéndose presentado diferentes escritos por el fiscal de S. M. y por el prior y cónsules nuevamente después de la junta del 17 de diciembre con parecer de dicho Don Alonso de Alavés del 23 de dicho mes, determinó dicho conde sobre todo lo pedido por el fiscal y excluyó al consulado, mandando se cumpliese lo resuelto por la junta y se formase proceso separado de dicho quinto cabezón con la certificación que dicho fiscal tenía pedida de las cantidades que la ciudad estaba debiendo a la real hacienda. Motivándola con decir no era bien se embarazasen los autos de dicho quinto cabezón, y el efecto de ellos con el artículo de deudas de la ciudad, siendo este el más principal fundamento en que el fiscal insistía para que la ciudad fuese excluída de dicho asiento. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y remitió su determinación al cargo ciento veinte. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos, y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al ciento diez y nueve, sobre que siendo forma dispuesta por real cédula que las fianzas que se recibieren para el seguro de la renta de reales alcabalas sean de satisfacción del virrey, real audiencia, tribunal de cuentas, y oficiales reales. Y resuéltose así a pedimento del fiscal por la junta general del 2 de marzo del año 1662, en cuya conformidad era preciso que las fianzas que se hubiesen de dar por la ciudad para dicho quinto cabezón se viesen y examinasen por dicho conde y ministros de dicha junta general, para que se ejecutase lo que por la mayor parte se acordase. No se observó así sino que por decreto de dicho conde del 10 de junio de dicho año, se mandó llevar la memoria de ella a dichos ministros para que cada uno diese su parecer en orden a su aprobación y dados todos se llevasen para proveer. Y habiéndose hallado encontrados y varios y remitídose a Don Alonso de Alaves, asesor general, con sólo el suyo y regulación de los demás que en él hizo, cometió las fianzas dicho conde a Don Antonio Gallo de Escalada, escribano de la real caja, para que la recibiese, siendo uno de los fiadores en cantidad de 2.000 pesos, pasando a que dicho asesor diese sus pareceres sobre los de la junta y sus resoluciones, no sólo en la ocasión referida sino en otra antecedente que se hizo el 14 de diciembre de 1661, en que con ocasión de la división de votos que en ella hubo se introdujo a regularlos dicho asesor general, dando parecer a dicho conde de la parte que había de prevalecer en favor de la ciudad que habiéndose mandado llevar a la junta del 16 de diciembre de dicho año, sin embargo de él, se resolvió en ella se excluyese a la ciudad. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al cargo siguiente. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al ciento veinte, sobre que el remate de las rentas reales se haga en pública almoneda, procediendo los pregones y demás solemnidades necesarias en el mayor ponedor, y debiéndose observar así en dicho asiento de alcabalas y no dar la posesión de su administración en otra forma. Sin proceder un requisito tan esencial cuyo defecto además de la nulidad es de gravísimo perjuicio a la real hacienda, por haberse expuesto a peligro de que se hiciese en menos de su justo precio. Dicho conde, por un decreto que proveyó por sí solo el 20 de diciembre de 1661, mandó despachar mandamiento para que la ciudad entrase en dicho asiento y su administración desde el 10 de enero del año 1662, en cuya virtud entro en ella y la está administrando, siendo tan apretadas las disposiciones reales que dan por nulo todo lo que contra la forma referida se hiciere. Sin que en este caso pueda ser de consideración el privilegio concedido a las ciudades del poder tomar dichas rentas por encabezamiento, pues éste, según las mismas leyes, sólo puede tener lugar después de arrendadas de todo remate. Por cuyo cargo y los demás remitidos a él desde el ciento ocho, dicho juez puso culpa a dicho Virrey Conde de Baños y le condenó en 2.000 pesos. Recusamos dicha sentencia y le absolvemos, y damos por libre de dicho cargo y le apercibimos guarde las reales cédulas y ordenanzas.

Y en cuanto al ciento veinte y uno, sobre que siendo los pliegos y cartas misivas el instrumento que con las personas distintas de unas provincias a otras, se comunican participándose sus decretos y el medio único con que los ministros y vasallos dan cuenta a S. M. de todo lo que conviene a su real servicio para que provea del remedio. Y que por su gravedad e importancia está tan recomendado por derecho, leyes y cédulas reales con graves penas a los que en cualquier manera lo impidieren. Dicho conde, en su contravención durante el tiempo de su gobierno, procuró impedir la correspondencia de aquel reino con los de España, valiéndose para este fin de algunas personas. Y entre ellas el castellano Andrés de Aramburu, tesorero de la caja de Veracruz, su confidente, y de diferentes medios, como fueron no despachar a sus tiempos los navíos ordinarios, deteniéndolos muchos meses en Veracruz después de publicados y prevenidos sin que llegase a tener efecto su despacho. Remitiendo a dicho conde sus pliegos en fragatas por La Habana y otras partes, teniendo suspensos los tribunales, ministros y comercio con la espera de los navíos prevenidos. Ocasionando quejas a toda la notoriedad que corría de que así las cartas que se escribían de aquel reino por los de España, como de este para aquellos, se substraían sin llegar a manos de sus dueños. De tal suerte que por otros medios y en especial por el del santo oficio de la Inquisición, recelándose de entregarlos para que fuesen en los cajones que se disponían en palacio, temerosos de que se los abriesen y dejasen de llegar a manos de S. M.; y que con las noticias de lo que se escribía en razón del gobierno de dicho conde, no se les siguiese algunas molestias, resultando todo en grave perjuicio del servicio de S. M. En cuyo cargo dicho juez remitió su determinación al Consejo. Absolvemos y damos por libre a dicho conde.

Y en cuanto al cargo ciento veinte y dos, sobre que habiendo escrito el Oidor Don Antonio de Lara una carta al castellano Don Francisco Castejón, que lo fue de la fuerza de San Juan de Ulúa, se extravió y se la mostró abierta la Marquesa de Leiva, dándole quejas de que se correspondiese con dicho castellano, siendo enemigo de dichos virreyes. Y asimismo Don José de Huarte, secretario de dicho conde, envió abierta otra carta al padre comisario general Fray Diego Zapata, quien se la volvió diciéndole que quién abría la carta que escribió a dicho obispo que todos los pliegos habían venido así. Y también se extraviaron y abrieron otras cartas y papeles remitidos a México por dicho castellano Don Francisco Castejón. Y entre ellas, las que escribió el susodicho al Lic. Avendaño, parte en letra y parte en cifra de guarismo. Asimismo, habiendo entregado el Contador Don Pedro de Cabañas un pliego duplicado sobre escrito para el Consulado de Sevilla a los oficiales reales de Veracruz, para que viniese en el navío el aviso que salió pocos días después de la flota del cargo de Don Juan Antonio Vicentelo, se extravió y halló en poder de dicho conde. Que lo remitió dicho conde a Don Pedro de Cabañas con el padre Fray Pedro de San Simón, confesor de dicho conde. Actos todos que comprueban la poca seguridad con que corrían las correspondencias. En cuyo cargo el juez remitió su determinación al Consejo. Absolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo.

Y en cuanto al ciento veinte y tres, sobre que en contravención de los impedimentos de las correspondencias de aquel reino con los de Castilla se dio orden por dicho conde a los correos que salieron de México para Veracruz en ocasión que se despachó por dicho conde el navío de aviso que se refiere en el antecedente para que no recibiesen cartas ni pliegos de persona alguna con graves penas para ello, repugnando por esta causa dichos correos el recibir los que algunas personas pretendían entregarles. Como sucedió con uno que pasó por la ciudad de los Angeles, que no quiso recibir un pliego para S. M. del obispo de Puebla, diciendo la pena que tenía si lo hiciese. Y asimismo Don Antonio de Urrutia Vergara, habiendo hecho diligencias para que le recibiesen otros pliegos los correos que entonces iban, y no teniendo efecto, se valió del favor de dicho conde y aunque entonces se los recibieron y llevaron a Veracruz no los quiso admitir ni llevar el Capitán Alejandro Alvarez, que lo era de dicho aviso, poniendo excusas para ello. Asimismo dio orden dicho conde a los oficiales reales de Veracruz para que no permitiesen en que en dicho navío de aviso fuesen pliegos algunos ni cartas de ninguna persona y en su ejecución dichos oficiales reales hicieron todas las diligencias necesarias para ello remitiendo a dicho conde las que paraban en su poder y habían recibido para encaminar dicho aviso. En cuyo cargo el juez remitió su determinación al Consejo. Absolvemos y damos por libre de dicho cargo a dicho conde.

Y en cuanto al ciento veinte y cuatro, sobre que habiendo ido de estos reinos un navío de aviso nombrado Nuestra Señora del Rosario, Capitán de él Luis de Gamboa, y llegado al puerto de La Habana con diferentes pliegos de S. M. para aquellos reinos, y entregádose al Gobernador Don Juan de Salamanca y el susodicho despacho con los que tocaba a la Nueva España, a Don Juan Montero con título de Capitán del pliego, y llegado al puerto de San Juan de Ulúa, despachó una lancha Don Pedro de Leiva, que se hallaba en dicho puerto hospedado en casa del tesorero Andrés de Aramburu, con orden de que llevase dicho capitán a su posada los pliegos que traía. Y habiéndoselos entregado que fueron tres pequeños de S. M. y otras muchas cartas que serían más de cien para diferentes personas, y encerrádose dichos Don Pedro de Leiva y Andrés de Aramburu a reconocerlas, pretendieron no volvérselas a dicho capitán diciendo las enviaban con correos, y viendo la resistencia que hacía dicho Don Juan Montero, le dieron por compañero a un mulato nombrado José Suárez y habiéndole vuelto los pliegos para ir con ellos a la ciudad de México, al menos uno que venía intitulado a Don Juan Manuel, alcalde de corte y otro para el Capitán Juan de Cabueñas y otros dos o tres ministros de la real audiencia. Y prosiguiendo su viaje a México dicho mulato le cogió con engaño todos los demás que traía y se adelantó con ellos dejándole descuidado y reconociendo dicho Don Juan Montero haberlo ejecutado mediante orden que le había dado, se fue a México y besó la mano a dicho conde, sin que dicho conde le tocase cosa alguna en razón de cartas ni pliegos, más que preguntarle por algunas personas de la corte. Y habiendo sido tantas las cartas que dicho Juan Montero había llevado ni en México ni Veracruz, se entregó carta alguna ni pleito a los dueños a quienes pertenecían, aunque muchos de ellos se hacían diligencias, resultando el impedimento de la correspondencia. En cuyo cargo el juez remitió su determinación al Consejo. Absolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo ciento veinte y cinco, sobre que habiendo salido Don Miguel de la Barrera por septiembre del año 1663, con dos cajones de pliegos de S. M., uno por mayor que otro, forrados con cañamazo, titulados a los oficiales de Veracruz y un pliego pequeño intitulado al comisario subdelegado general y tribunal de la santa cruzada de México, y otras cartas; y habiendo vacado en el río de Cañas se sacaron de dicho navío dichos cajones y pliegos y se entregaron por dicho Miguel de la Barrera a dichos oficiales de Veracruz. Y asimismo, habiendo salido otro navío del puerto de San Francisco de Campeche a cargo del capitán y maestre Luis de Peralta, con un cajón grande intitulado a los oficiales reales de Veracruz y otros pliegos y cartas para personas particulares de aquel reino y llegado al puerto de San Juan de Ulúa y entregándose todos a dichos oficiales reales luego que se hubieron recibido, el castellano Andrés de Aramburu, confidente de dicho conde, llamó a José Gallegos, correo vecino de México que se hallaba en Veracruz, y habiéndole subido a solas a una pieza alta de su casa, le entregó un cajón de pliegos de una vara de largo, tercia de alto y vara de ancho, a modo de marqueta de cera cubierta de angeo, o cañamazo, intitulado a oficiales reales de México; encargándole no le entregase al correo mayor de ella sino a dicho conde, y que le pagaría muy bien y llegado a México y sabido que dicho conde estaba en la villa de Tacubaya, pasó a ella llegando como a las nueve de la noche a la casa de Don Antonio de Urrutia, donde posaba dicho conde. Y habiendo avisado de su llegada salió Don José Huarte, su secretario, y recibiendo dicho cajón de pliegos le encargó a dicho José Gallegos no dijese había traído cajón alguno. Y siendo así que según el estilo acostumbrado había de haber ido al correo mayor para que por su mano pasase a entregarse a los oficiales reales a quienes venía rotulado, no se hizo así por cumplir con la orden que le dio dicho castellano al dicho correo, como porque después de haberse entregado a dicho Don José de Huarte, lo retuvo y ocultó sin que de él hubiesen tenido noticia dichos oficiales reales ni el correo mayor, ni los demás ministros, impidiéndose por este medio la ejecución de los despachos que podían ir en dichos pliegos para diferentes tribunales y ministros, y la correspondencia de los particulares. Y habiendo resultado en aquella ciudad escándalo y quejas por las noticias que se tenían de no haber peligrado en el mar ninguno de dichos cajones, por lo que se ha mencionado después de dos meses de haberse entregado dicho cajón en virtud de órdenes de dicho conde y de su hijo Don Pedro de Leiva, se hicieron muy exactas diligencias para prender a dicho correo, ofreciendo mercedes a quien le prendiese, que no tuvo efecto por haberse retirado a la iglesia. En cuyo cargo dicho juez remitió su determinación al Consejo. Absolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo.

Y en cuanto al ciento veinte y seis, sobre que habiendo hecho consulta a dicho conde los oficiales reales de Veracruz, dando noticia a dicho conde de que el castellano Don Francisco Castejón pretendía que hiciese viaje a España Don Juan de Ortega Calderón en el navío de Juan de Ribadeo, que estaba para salir de él y que llevaba diferentes pliegos a S. M., recelándose de entregarlos al capitán de dicho navío, y sin embargo de haber respondido Don Juan Francisco de Esquivel, fiscal del crimen, no haber habido causa para que dichos oficiales reales les embarazasen su viaje, despachó mandamiento dicho conde a dicho castellano, que se abstuviese de su pretensión pena de 1.000 ducados en caso de contravención, siendo así que el fin de dicha detención fue impedir que los pliegos de dicho castellano pasasen a España ni llegasen a noticia de S. M. y de su Real Consejo. Absolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo.

Y en cuanto al ciento veinte y siente, sobre que por no haber tenido efecto lo mandado por dicho conde en el despacho mencionado en el cargo antecedente, por haberse embarcado ya dicho Don Juan Calderón y partida de dicho puerto de San Juan de Ulúa con pliegos para S. M. del castellano Don Francisco Castejón, de prelados, ministros, y otros vecinos, teniendo noticia dicho conde del suceso despachó un barco que salió de Alvarado en seguimiento de dicho navío al puerto de Campeche, con órdenes y cartas de dicho conde para que el Gobernador Don José Campero le prendiese luego y le cogiese los pliegos, y los remitiese para proveer con vista de ellos lo conveniente y no permitiese salir de dicho puerto embarcación alguna con pretexto de que así convenía al servicio de S. M., siendo el fin a que se dirigían estas diligencias (el que ha referido en el cargo antecedente), impidiéndole por este medio la prosecución de su viaje aunque la aprehensión de los pliegos que llevaba no tuvo efecto por haberlos puesto en cobro dicho Don Juan Calderón, siguiéndose de los daños referidos otros no menores, como fueron los riesgos que se expusieron de perderse los navíos que de orden de dicho conde estuvieron detenidos tres o cuatro meses con los nortes y enemigos que infestaban las costas, obligándoles a los dueños que por no perderse se viniesen sin registros ni despacho para su pertenencia. En cuyo cargo dicho juez remitió su determinación al Consejo. Absolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo sin perjuicio de la demanda puesta por dicho Don Juan Calderón.

Y en cuanto al cargo ciento veinte y ocho, sobre que en continuación de las resoluciones que se refieren a los cargos antecedentes, habiendo sido suelto dicho Don Juan Calderón por los alcaldes ordinarios de la ciudad de Mérida y venídose a Veracruz, fue otra vez preso por el castellano Don Nicolás de la Guerra en virtud de orden de dicho conde, pasando después a darla para que se sacase y remitiese con toda seguridad aprisionada al puerto de Acapulco en la nao que estaba para partir a Filipinas. Y aunque dicho castellano procuró poner en ejecución dicha orden y haberse cogido a la iglesia de la fuerza, no pudo remitirla sin embargo de la inmunidad que gozaba, y sin atender a ella le hizo echar prisiones dentro de la iglesia donde estuvo hasta que entró en el gobierno el obispo de Puebla, en cuyo tiempo, habiéndose reconocido en los oficios de gobierno que para esta última prisión no parecía haberse fulminado causa alguna, fue suelto de ella. Y por las molestias y daños recibidos con éste y las demás prisiones en que quedó, estuvo preso de manda y por sus intereses fue condenado dicho conde en la sentencia de ella a la paga de 4.000 pesos, reservándose la culpa para la demanda de dicho Don Juan Calderón.

Y en cuanto al cargo ciento veinte y nueve, sobre que siendo costumbre asentada que luego que llegan los cajones de pliegos de estos reinos a aquellos se le lleven por el correo mayor a la secretaría del virrey y de ella al real acuerdo donde se abren en presencia de los ministros, y habiéndose sacado los de S. M. que tocan a los tribunales, se entregan las demás cartas de particulares a dicho correo mayor, se alteró y mudó este estilo en tiempo del gobierno de dicho conde, quedándose su secretario Don José de Huarte con ella sin remitirlas a dicho correo mayor, privándole este derecho y los que por esta razón le tocaban y repartiendo a su arbitrio las que le parecían por mano de algunos soldados de la guardia de dicho conde y por el daño que en esto recibió dicho correo mayor puso demanda a dicho conde Don Juan Díaz de la Barrera, su tío y tutor, que por justos motivos dejó de seguir. En cuyo cargo y los antecedentes desde el ciento veinte y uno, dicho juez remitió su determinación al Consejo. Absolvemos y damos por libre a dicho conde de este cargo y reservamos su derecho a salvo a la parte de dicho correo mayor para que pida lo que le convenga.

Y en cuanto al cargo ciento treinta, sobre que siendo la minería lo más principal de que se compone aquel reino y que para su conservación está dispuesto por reales cédulas que los azogues que se llevan de estos reinos se repartan a los mineros con igualdad. Y por el mismo precio que a S. M. le tienen de costo que es a razón de sesenta ducados el quintal para el mayor alivio de los mineros en tiempo del gobierno de dicho conde, contraviniéndose a lo referido se repartieron sin observar el estilo acostumbrado, y por mayores precios del que está dispuesto corriendo sus negociaciones públicamente por su secretario Don José Huarte y Juan de Oceta, su confidente, Nicolás Sánchez y otros criados, por cuya mano se solicitaba la gracia para los decretos con la Marquesa de Leiva y su hijo Don Pedro de Leiva, con gran nota por las cantidades de dinero que pedían y llevaban por concederlos, en grave perjuicio de los mineros, por verse obligados a contribuirles siguiéndose otro daño que era no repartirse con igualdad, librándole los mineros que venían a pedir a México, debiendo ocurrir a sus distritos, causándose a los que no se hallaban con posibilidad para valerse de estos medios el perjuicio que se deja entender, cesando el beneficio de sus haciendas de que se seguía la mineración de los reales derechos. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por general y no probado.

Y en cuanto al cargo ciento treinta y uno, sobre que habiendo traído una partida de azogues de Veracruz, Antonio Benítez, dueño de recua de los que habían venido en la flota del General Don Nicolás Fernández de Córdoba, y descargándolos a la puerta de los reales almacenes de México para entregarlos en ellas envió Don Pedro de Leiva, su hijo, a pedir veinte quintales con Blas Sánchez, su criado. Y aunque dicho Antonio Benítez hizo diferentes réplicas, excusándose de darlos, sin embargo, temeroso de que no le hiciesen algunas vejaciones ejecutando las amenazas que le había hecho dicho Blas Sánchez le entregó siete quintales y medio de azogues en cinco cajones, habiéndosele asegurado de parte de dicho Don Pedro de Leiva le solicitaría se los pagasen por mermas en dicha real caja de quien recibió su precio a razón de sesenta ducados. Y reconociéndose al tiempo de la entrega que hizo de los azogues de su cargo en los reales almacenes faltar de ellos trece quintales y medio que se componían de seis que había tenido de merma en el camino, y los siete y medio dados a dicho Don Pedro de Leiva, fue preso por ellos en la real cárcel de corte. Y habiendo hecho diferentes diligencias para su soltura y representando la verdad de lo que había pasado a dicho conde por medio de diferentes personas y especial el padre Fray Pedro de San Simón, su confesor, no se consiguió, resistiéndolo la Marquesa de Leiva, sentida de que dicho Antonio Benítez hubiera publicado que dicho Don Pedro de Leiva le había quitado dichos siete quintales y medio de azogue. Y aunque en la visita general que hizo el día de Navidad del año 1662 dicho conde, visitándose dicho Antonio Benítez que ya dicho conde le había mandado volver los quintales de azogue que un criado suyo le había quitado, ni se le volvieran ni fue suelto hasta que después de siete meses de prisión se ajustó la soltura de dicho Antonio Benítez con dicha marquesa por el Capitán Cristóbal Jiménez, mercader, que habló a dicho conde diferentes veces en cantidad de 1.000 pesos que con efecto se pagaron y entregaron a Don José de Castañeda, criado de dichos virreyes, por mano de Juan de Escobar, procurador de dicho Antonio Benítez, de la cantidad que cobró en su nombre de la real caja de los fletes de dichos azogues. Y mediante esta dádiva fue suelto de la prisión, y habiendo puesto demanda a dicho conde por todo lo referido y daños que se le siguieron en cantidad de 9.000 pesos, se compuso por medio de Don Juan Enrique en 1.200 pesos y se apartó de ella. Por cuyo cargo dicho juez le condenó en 1.000 pesos a dicho conde. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo ciento treinta y dos, sobre que habiendo hecho diligencias Gerónimo de Perea, procurador en virtud de poder de Francisco Díaz Morales, minero del real y minas de Chichacapa, para que le diesen algunos quintales de azogue de los reales almacenes. Y valídose para ello de Juan de Octea, confidente de dichos virreyes, para que lo facilitase con dichos condes. Y conseguido despacho el susodicho para que se le diesen seis quintales, dando a 140 ó 145 pesos por cada uno, de que había de enterar en la real caja la cantidad de su valor a razón de sesenta ducados y la restante cumplimiento a la referida se había de dar por el libramiento, se llevó y entregó por dicho Gerónimo de Perea en compañía de dicho Juan de Oceta a Don José de Huarte, secretario de dichos virreyes. Y enterada la que tocó a S. M. en la real caja se le entregaron los seis quintales de azogues a dicho Gerónimo de Perea y de su mano pasaron a la del Capitán Juan Alvarez Viñuelas, correspondiente de dicho número y yerno de Simón de Soria, a quien envió a llamar pocos días después dicho Don José Huarte, y le dio una sentida queja de que hubiese publicado se habían vendido dichos azogues a 100 y 150 pesos, dando la misma queja a dicho Juan Alvarez, con los cuales tuvo muy apretados lances sobre pretender se había de desdecir por escrito dicho Simón de Soria. Y resistiéndolo los susodichos, desistió dicho Don José Huarte de su pretensión. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Por la parte que toca a dicho Conde de Baños revocamos la sentencia y le absolvemos de dicho cargo. Y por la que mira a dicho Don José de Huarte, secretario de dicho conde, reservamos su determinación para cuando se vea la residencia del susodicho y el cargo que sobre esta razón se le hace en ella.

Y en cuanto al cargo ciento treinta y tres, sobre que habiendo solicitado Juan de Escobar, procurador, en virtud de poder de Doña Catalina de Rentería, minera de las minas de Amajaque, en el reino de la Nueva Galicia, y de orden de Juan Martínez de León, su correspondiente, se le diese de los reales almacenes cantidad de azogue. Y hablado para ello a Don José Huarte, secretario de dicho conde, le consiguió despacho para cien quintales. Habiendo ajustado se diesen de guantes 1.000 pesos para la Marquesa de Leiva, los cuales con efecto entregó dicho Juan Martínez de León a dicho Juan de Escobar y ésta a dicho Don José Huarte. Y habiendo recibido dichos cien quintales de azogue dicho Juan Martínez de León, y pagado su valor en la real caja, después de dos meses hizo diligencias dicho Don José Huarte con dicho Juan de Escobar para que acrecentase el regalo con motivo de que otros mineros daban además del valor, cien pesos por cada quintal. Que no consiguió por las causas que le representó. Por cuyo cargo dicho juez condenó a dicho conde en 1.000 pesos. Por la parte que toca a dicho Conde de Baños revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado. Y por lo que mira a dicho Don José de Huarte, secretario de dicho conde, reservamos su determinación para cuando se vea la residencia del susodicho y el cargo que sobre esta razón se la hace en ella.

Y en cuanto al cargo ciento treinta y cuatro, sobre que habiendo venido a México el año 1661 Francisco del Castillo, vecino de las minas de Chamatla, con poderes del Capitán Salvador Ponce, minero de ellas, para que se le diesen cantidad de azogues. Y valídose para ello de Blas Sánchez, criado de dicho conde, a quien habló para este efecto Juan Martínez de León (amigo de dicho Castillo), librasen veinte y cinco quintales, dándole de regalo por cada uno a setenta y cinco pesos además de enterar su valor en el real caja. En cuya conformidad, habiendo dado 1.800 pesos por dicho regalo y llevádolos de casa del Capitán Alonso de Valdés, del procedido de cantidad de plata que dicho Francisco del Castillo había traído de dichas minas, se le entregó el decreto. Y habiendo enterado en la real caja el precio de ellos, a razón de sesenta ducados, los llevó a muchas minas. De cuyo cargo el dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo ciento treinta y cinco, sobre que habiendo venido a dicha ciudad de México Pedro del Rivero a solicitar se le diesen azogues para Juan López del Portillo, minero de las minas del Rosario, para conseguirlo se valió de Juan Martínez de León para que lo tratase con dicho Blas Sánchez. Y habiéndolo hecho respondió el susodicho haberlo ajustado con dicha marquesa y concertado el regalo que se había de dar por cada quintal, a pocos pesos menos de los que contiene la partida del cargo antecedente. Y habiendo pagado dicho regalo se le libraron veinte quintales de azogue que recibió Genónimo de Lizalde en virtud de poder de dicho Juan López Portillo. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo ciento treinta y seis, sobre que habiendo solicitado dicho Gerónimo de Lisalde se le diese cantidad de azogues para Nicolás López Portillo, minero de las minas del Rosario, en virtud de sus poderes y valídose para ello del Capitán José de Quesada por la comunicación que tenía en palacio. Y conseguido por su medio se le librasen veinte y cinco quintales, dando de regalo veinte y cinco pesos por cada uno, en que se había concertado. Y cargándole dicho José de Quesada en la cuenta de cierta libranza lo que importó dicho regalo le entregó el decreto. Y para facilitar los demás despachos de dicha partida le encargó su solicitud a Don Juan de Miranda, criado de dicho conde, a quien le dio 200 pesos de regalo por la asistencia que hizo a ella. Y por estos medios consiguió se le entregasen dichos veinte y cinco quintales de azogue habiendo enterado en la real caja su valor. De cuyo cargo el juez absolvió. Confirmamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo ciento treinta y siete, sobre que habiendo menester Don Miguel Aguayo, vecino de la ciudad de Guadalajara, algunos azogues para beneficiar unos metales que tenía, y hallándose sin poderes de mineros por no serlo el susodicho para conseguirlos y pedido a Juan Martínez de León se los buscase, se valió para ello de Don José de Gainza y Blas Sánchez, criados de Don Pedro de Leiva, ofreciéndoles se pagarían muy bien. Y dentro de dos o tres días dicho Don José de Gainza llevó a casa de Juan Martínez de León siete u ocho quintales de azogue, diciéndole se los había dado dicho Don Pedro de Leiva, y que los había concertado a 160 o 170 pesos cada quintal. Y la cantidad que importaron a dicho precio se lo entregó luego a dicho Don José de Gainza, resultando de este hecho haberse extraviado dicha partida de azogues sin haber entrado ni reconocido los reales almacenes, y defraudándose a la real hacienda de su valor y de los derechos de quintos y diezmos de la plata que pudieran producir, si se hubieran entregado a minero en la forma que en las reales cajas se acostumbra. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos dicha sentencia y la absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo ciento treinta y ocho, sobre que habiéndose valido del Capitán Alonso Valdés su primo y minero de las minas de San José del Parral de quien tenía poder y hecho la diligencia. Y respondiéndole dicho Don Cristóbal de Luna que ya tenía negociado con la Marquesa de Leiva, se le libra en los cien quintales que pedía dando 1.000 pesos de regalo a dicho conde por ellos. Los entregó de su orden a Don Francisco García, tesorero de dicho conde y dados, le dieron el decreto. Y en virtud de él habiendo enterado en la real caja lo que importaron a razón de sesenta ducados cada uno, los recibió. Y después de algunos días le volvió a hablar dicho Don Cristóbal de Luna, diciéndole que la marquesa estaba muy quejosa de que le hubiese dado tan corta cantidad de guantes por dichos cien quintales de azogue, a que respondió que demasiado había dado. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo ciento treinta y nueve, sobre que habiéndose repartido por el año 1660 cuatrocientos quintales de azogues a Don Gaspar de Villanueva Zapata, alcalde mayor del real y minas de Pachuca, para que los distribuyesen los mineros y reconocido por uno de ellos que fue el Lic. Pedro Velasco ser corta la cantidad que le cabía, se valió del Capitán Alonso de Valdés para que le negociase de dichos cuatrocientos quintales se quitasen treinta y se le diesen a él. Y habiendo hablado para ello a Don Esteban Rosel, caballerizo de dicho conde, ajustó el susodicho esta negociación con la Marquesa de Leiva por 400 pesos de regalo que dicho Alonso de Valdés le entregó. Y en su conformidad se despachó mandamiento para que se le quitasen a dicho alcalde mayor los treinta quintales de los 400 que estaban repartidos para dicho real y se entregasen a dos mineros de él, que fueron Manuel Gregorio Sotelo y Domingo de la Parra, con otros diez quintales más que recibió en virtud de su poder Don Antonio de Luna. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos la sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo ciento cuarenta, sobre que habiendo hecho diligencia el padre Fray Gabriel de la Encarnación, religioso carmelita para que se diesen veinte quintales de azogue al Lic. Don Juan de Lezcano, su hermano minero en las de Zacatecas. Y hablado para ello a la Marquesa de Leiva y a Don José Huarte y Juan de Oceta, sus confidentes consiguió se le librasen doce o catorce quintales, a razón de 165 pesos por cada año que se pagaron a dicho secretario Don José Huarte de 2.000 pesos que Don Antonio de Urrutia y Vergara suplió a dicho Don Juan de Lescano, y entregó a dicho padre Fray Gabriel de la Encarnación. Y viendo que después de pagados retardaba, dicho Juan de Oceta su entrega dicho religioso se valió de dicho Don Antonio de Vergara para que le hablase como lo hizo. A que respondió dando por excusa de la dilación que después de concertado el precio pedían más cantidad porque había otros que adelantaban el de los 165 pesos. Y después de diferentes recados y diligencias que se hicieron con dicho Juan de Oceta se ajustaron los despachos y se entregaron los azogues a Melchor Jiménez en virtud de poder de dicho Don Juan de Lezcano. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo ciento cuarenta y uno, sobre que teniendo orden Melchor Jiménez, mercader de México, de dicho Don Juan de Lezcano, minero en las de Zacatecas, para que le solicitase algunos azogues y los pagase a como pudiese. Y hecha la diligencia, dicho padre Fray Gabriel de la Encarnación, hermano de dicho minero. Y le respondió que había ajustado con la Marquesa de Leiva se le despacharía decreto para diez y seis quintales, dándole a dicho conde de regalo 1.120, y que se habían de entregar a la persona que con papel de dicho religioso fuese por ellos. Uno o dos días después fue a casa de dicho Melchor Giménez un criado de dicha marquesa, llamado Tomás Monje, con papel de dicho religioso y en su conformidad le entregó dichos 1.120 pesos. Y habiendo recibido el decreto dicho Melchor Jiménez se le entregaron de los reales almacenes dichos diez y seis quintales de azogue, habiendo enterado su valor en la real caja. Y habiendo solicitado otra partida de diez y seis quintales para dicho Don Juan de Lezcano en la mismas conformidad que la antecedente y dándole orden dicho religioso para que entregase 1.128 pesos que importaba el regalo que se había ajustado con dicha marquesa, los 600 y más de ellos a Don Juan de Miranda su criado, y la restante cantidad a Juan de Oceta su confidente. Se los entregó a los susodichos dicho Melchor Jiménez, y recibido el decreto se le entregaron dichos azogues de los reales almacenes habiendo enterado en la real caja su valor. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmarnos dicha sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo ciento cuarenta y dos, sobre que habiendo enviado orden y poderes José de Mendoza, Doña Catalina de Oñate, Don Diego de Medrano, Domingo de Gárate, José de Escobedo y Pedro de Arzola, mineros de Zacatecas a dicho Melchor Jiménez para que los sacase cantidad de azogues. Y valídose el susodicho para conseguirlos de Juan de Oceta, por cuya mano corría el despacho. Y héchose la misma diligencia por Juan Martínez por lo que tocaba a dicho Pedro de Arzola, se convinieron y concertaron el que por cada quintal se había de pagar a 140 ó 150 pesos, satisfaciéndose de ellos su precio en la real caja y el costo de los despachos y la restante cantidad que le había de entregar por regalo para la Marquesa de Leiva. Y asentado este trato y librados cuarenta quintales a dichos mineros, se entregaron a dicho Juan de Oceta 1.600 pesos en reales por dicho Juan Martínez con comunicación de dicho Melchor Jiménez por los diez quintales que tocaron a dicho Pedro de Arzola, de los cuales enteró en la real caja lo que tocó a S. M. a razón de sesenta ducados y el exceso para dicho regalo y por los demás mineros habiendo enterado en la real caja dicho Melchor Jiménez el valor de los treinta restantes y pagado el costo de los despachos entregó el resto de la cantidad... que a cada uno se le libró. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos la sentencia y le absolvemos de dicho cargo por no probado.

Y en cuanto al cargo ciento cuarenta y tres, sobre que teniendo poder dicho Melchor Jiménez para solicitar unos azogues para el Lic. Pedro García Cortés, minero en la de Zacatecas. Y teniendo noticia de este encargo y cartas para el mismo efecto Don Félix Millán, el susodicho se valió de Juan de Oceta para que agenciase dichos azogues; y habiéndole sacado decreto de dicho conde para diez quintales y concertados en 1.500 pesos, y enterado de ellos en la real caja que pertenecía a S. M. a razón de sesenta ducados, por mano de dicho Don Juan de Oceta por la negociación del decreto de esta partida, y de ella otorgó recibo en la real caja dicho Don Félix. De cuyo cargo dicho juez le absolvió, confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo ciento cuarenta y cuatro, sobre que habiendo encomendado Juan Jiménez a Don Antonio de Luna la solicitud de una cantidad de azogues para un minero de las minas de los pozos, nombrado Martín de Osmendi, y valídose para ello dicho Don Antonio de Luna de Don José de Huarte, secretario de dicho conde, con quien ajustó se le había de dar por cada quintal a sesenta pesos de regalo además de lo que se había de enterar en la real caja. Y habiendo recibido el decreto de diez quintales entregó dicho Don Antonio de Luna a dicho Don José de Huarte la cantidad que importó el regalo de ellos, a razón de sesenta pesos que para este efecto había recibido de dicho Juan Jiménez y enterado en la real caja, lo que importó su valor recibieron dichos azogues. En cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia por la parte que mina a dicho Conde de Baños, y por la que toca a dicho Don José de Huarte, su secretario, reservamos su determinación para cuando se vea la residencia del susodicho y el cargo que sobre esta razón se le hace en ella.

Y en cuanto al cargo ciento cuarenta y cinco, sobre que habiendo dado comisión dicho conde a Don Tomás de Alarcón, su criado, para la averiguación de los capítulos puestos por Don Diego de Medrano a Francisco Gómez Rendón, tesorero de la real caja de Zacatecas, con el salario de quince pesos; y a Don Melchor de Robles asimismo su criado, por alguacil mayor con salario de otros seis y facultad a dicho juez para nombrar otros ministros y salarios a costa de culpados, se la dio juntamente dicho conde para el repartimiento de ochenta quintales de azogue que remitieron a dicha real caja de Zacatecas, con orden a los oficiales reales de ella, para que no los distribuyesen entre los números de dichas minas hasta que llegase dicho Don Tomás, que llevaba a su cargo el repartirlos con consulta de ellos o por sí solo. Resultando de esto el perjuicio de los mineros, pues faltándole el conocimiento de la grosedad y calidad de las haciendas no podía hacer por sí solo la distribución con la igualdad que S. M. tiene mandado. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y remitió su determinación al final. Revocamos la sentencia y le apercibimos guarde las reales cédulas y ordenanza, y mandamos que dicho Conde de Baños dentro de dos años presente testimonio de estar enterada la real caja de Zacatecas del valor de los quintos o principal, o estar afianzado ante dichos oficiales reales por las personas de quienes lo recibieron.

Y en cuanto al cargo ciento cuarenta y seis, sobre que nombró dicho conde a dicho Don Tomás de Alarcón por administrador de los dos novenos que pertenecen a S. M. en el obispado de Puebla de los Angeles, con salario de trece por ciento de lo que líquidamente perteneciese a la real hacienda, y con calidad de afianzar ante oficiales reales en cantidad de 8.000 pesos de oro de tres meses que habían de correr desde el día que tomase posesión de dicha administración. Y sin embargo de las réplicas de dichos oficiales reales en que representaron a S. E. deber a fianzas primero lo que importaba la renta que sería hasta en cantidad de 16.000 pesos, según lo dispuesto por reales cédulas, entró en dicha administración corriendo en ella sin fianzas con manifiesto riesgo de perderse por defecto de ellas, de que resta debiendo 749 pesos. Y aunque por mandado de la real audiencia estaban en depósito en la real caja de México 1.850 pesos tocantes a los bienes del susodicho, no están aplicados a la satisfacción de dicho resto que está debiendo, ni consta de otros bienes de dicho Don Tomás de Alarcón. Contraviniendo asimismo a las reales cédulas en el nombramiento que hizo el conde en dicho Don Tomás de Alarcón en el oficio de contador de menores que vacó en dicha ciudad de los Angeles por muerte de Don Juan de Llanos, en el ínterin que entraba el propietario. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y remitió la determinación al final por la contravención a las reales cédulas que prohiben los nombramientos que refiere el cargo. Y en cuanto a los 749 en que fue alcanzado dicho Tomás de Alarcón de la administración de los novenos de Puebla, absolvió a dicho conde. Revocamos dicha sentencia en cuanto dicho juez le puso culpa y remitió la determinación al final, y le adsolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo. Y mandamos que del depósito que está hecho en las cajas reales de México, de los 1.850 pesos de dicho Don Tomás de Alarcón, se paguen dichos 749 pesos.

Y en cuanto al cargo ciento cuarenta y siete, sobre que nombró dicho conde por armero mayor del real palacio de México a Don José de Huarte, su secretario, con salario en cada año de 400 pesos de oro de minas que percibieron sin que conste en los oficios de gobierno haberse hecho inventario del recibo y entrega de dichas armas, como tenían obligación. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo ciento cuarenta y ocho, sobre que en contravención de reales cédulas nombró dicho conde por tesorero interino de la real Casa de la Moneda de México a Don Francisco García su criado, que lo ejerció dos años y medio, percibiendo en dicho tiempo 45.465 pesos y tres tomines de los frutos y aprovechamientos, del que después enteró en la real caja en virtud de real cédula sin que dicho conde diese cuenta a. S. M. y el Consejo de la vacante de dicho oficio y el estado de su venta como era de su obligación. Por cuyo cargo dicho juez le condenó en 500 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos, y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al ciento cuarenta y nueve, sobre que habiendo entrado dicho Don Francisco García, criado de dicho conde, a tener voz y voto en el cabildo de México como regidor de dicha ciudad por ser éste anexo al oficio de tesorero de la real casa de la moneda en que dicho conde le nombró. Luego que dicha ciudad entró a administrar el quinto cabezón de las alcabalas, nombró dicho conde por uno de los tres diputados administradores de ellas a dicho Don Francisco García para el año 1662, y le reeligió para 1663. Y habiéndose rematado en el discurso de él dicho oficio de tesorero en Don Francisco Antonio de Medina, y cesado desde el día que tomó la posesión dicho propietario en el ínterin que ejercía dicho Don Francisco García, y consecuentemente la voz y voto que como regidor tenía por anexo de dicho oficio, todavía continuó en los de regidor y diputado de las reales alcabalas, no sólo lo restante de dicho año 1663, sino también el siguiente de 1664 en que fue otra vez reelecto para dicha administración por dicho conde. Y aunque en todas tres fue en virtud de la proposición que el cabildo hizo a dicho conde, se reconoce haberle tolerado la ciudad en el ejercicio de dicho oficio sólo por atención y respeto de dicho conde y ser su criado y tesorero, pues aunque en el cabildo de elección que hizo para el año 1664 se propuso no ser regidor el susodicho por Don Alfonso de Barrera, no tuvo efecto el declararlo hasta que habiendo dejado el gobierno dicho conde en el cabildo que se hizo el 8 de julio de dicho año 1664, se declaró no ser regidor y se propuso en su lugar otro capitular para el ministerio de diputado. Habiendo percibido dicho Don Francisco García en el tiempo que lo ejerció 4.066 pesos, cinco tomines y cuatro granos sin poderlos gozar. Por cuyo cargo dicho juez le condenó en dichos 4.666 pesos que aplicó para la real cámara. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre a dicho cargo.

Y en cuanto al ciento cincuenta, sobre que nombró dicho conde por juez de la bebida del pulque de la ciudad de México y cinco leguas en contorno, por abril del año 1661 al Dr. Gabino Farina, su médico de cámara, quitándole esta comisión al corregidor de dicha ciudad a quien pertenecía por razón de su oficio. Y después de él nombró a Don Diego Cano Moctezuma el 3 de noviembre de 1662, que ejerció dicha comisión hasta el fin del gobierno de dicho conde, haciéndola privativa con inhibición de los demás tribunales y justicias. En cuya virtud cada uno de los jueces en su tiempo concedieron crecido número de licencias para las tabernas y puestos en que se vendía, siendo solo veinte y cuatro las permitidas por ordenanzas siguió después de este exceso otros muchos de muertes, heridas y ofensas de Dios Nuestro Señor, sin que hubiese castigo ni se púsiese remedio por dicho conde y jueces, impidiendo estos a las demás justicias entrasen en dichas tabernas a la averiguación de dichos excesos. Por cuyo cargo dicho juez le puso culpa y remitió su determinación al cargo ciento cincuenta y cuatro. Revocamos dicha sentencia y absolvemos a dicho conde de dicho cargo por general.

Y en cuanto al cargo ciento cincuenta y uno, sobre que hallándose molestados los traficantes de dicha venta del pulque de dicho Don Gabino y sus ministros por las crecidas imposiciones que de cada uno de ellos se cobraba la entrada de la ciudad que era de dos reales en cada carga en contravención de las ordenanzas que las prohiben, incurrieron para su remedio a la audiencia. Y dado de todo vista al fiscal le ordenó dicho conde le llevase la causa, como lo hizo y proveyó auto dicho conde con parecer de su asesor advocándola en sí y quitando su conocimiento a la real audiencia donde tuvo su principio, con que imposibilitó el remedio de las molestias que dichos trajinantes padecían y se privó a la real audiencia de la jurisdicción que S. M. le tiene concedida. Por cuyo cargo dicho juez le condenó en 300 pesos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo.

Y en cuanto al cincuenta y dos, sobre que después de advocado dicho conde la causa mencionada en el cargo antecedente, no sólo no se puso en remedio en los excesos contenidos en ella, sino que se continuó la cobranza de dichas imposiciones por todo el tiempo de su gobierno de orden de dicho Don Gabino, por sus ministros y criados que fueron Baltasar de Rivas, lacayo, Diego Silvestre y otros. Los cuales con violencia cobraron por vía de pensión de cada carga de pulpa dos reales sin permitirse extraviar ninguna, siendo más de mil las que entraban cada semana en aquella ciudad, y sus trajinantes tanto rigor que al no pagarla le detenían las mulas sucediendo el determinarse por esta causa, y de la misma suerte se cobró en el pueblo de San Cristóbal a Catepeque, que está dentro de las cinco leguas de México, otra pensión de un real de cada carga de dicha bebida por Don Andrés Piñateli, corregidor que fue de él y criado de dicho conde, con tanta puntualidad que tenía libro en que se asentaban las partidas. Y abrió una zanja de más de media lengua para que no se extraviasen algunas cargas y reconociesen todos el puente, maltratando a los que no le pagaban. Que al respecto de mil cargas cada semana, monta el real de pensión en los dos años que fue corregidor de dicho pueblo, 13.000 pesos. Redundando todo lo referido en grave daño de los naturales y demás trajinantes que se vieron obligados a ocurrir segunda vez a la audiencia a representar los agravios para que pusiese el remedio conveniente, como con efecto se hizo por julio del año 1664, habiendo dejado el gobierno dicho conde. Mandándose asimismo por la audiencia remitir a esta residencia testimonio de la información y autos que con esta razónse habían hecho por lo tocante a los excesos cometidos durante dicho gobierno. Por cuyo cargo dicho juez condenó a dicho conde en 20.000 pesos en que se regularon las cantidades contenidas en el cargo, y a que dentro de nueve días los enterase en la real caja de México como pertenecía a la real hacienda. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos a dicho conde de dicho cargo por no probado. Y mandamos que por lo que resulta de este cargo y del siguiente se lleven los autos al fiscal de S. M. para que pida lo que convenga contra las personas del Dr. Gabino, Don Diego Cano y Don Andrés Piñateli.

Y en cuanto al cargo ciento cincuenta y tres, sobre que aunque había nombrado dicho conde por juez de la bebida del pulque a dicho Don Diego Cano Motezuma en lugar de dicho Dr. Gabino, era dicho Don Diego Cano tan solamente persona supuesta para que por sumario se cobrasen, como con efecto se cobraron veinte y cinco pesos de cada licencia y se concedía para la venta de dicha bebida cada cuatro meses. Por cuya cuenta se entregaban por dicho Don Diego Cano a dicho Dr. Gabino 100 pesos cada semana, en que se convinieron, que en el tiempo qúe administró dicho Don Diego Cano importaron 8.125 pesos sin que en esto entrasen las demás pensiones que a razón de dos reales se cobraban de cada carga, ni los puestos principales de la plaza que uno y otro se cobraba por los ministros de dicho Dr. Gabino. De que resulta que en tiempo que el susodicho administró por sí al mismo respecto de 100 pesos cada semana por lo menos importaron las cantidades que cobró por razón de licencia 8.200 pesos, que junto con la partida de dicho tiempo de Don Diego Cano hacen 16.325 pesos, percibiendo las cantidades referidas sin tener facultad alguna de S. M. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo ciento cincuenta y cuatro, sobre que en continuación de los embarazos que se ponían a los ministros de justicia por dichos jueces y administradores del pulque para que no entrasen en las tabernas donde se vendía a remediar los excesos habiendose hecho una muerte en una de dichas pulquerías y enviádose para su averiguación a Antonio de Armenta, receptor de la audiencia, por Don Juan Miguel de Aguno, alcalde de corte, le impidió la entrada y diligencias que huía hacer dicho Don Diego Cano con pretexto de decir que tenía decreto de dicho conde para que ningún ministro entrara en las pulquerias a hacer diligencia alguna sino fuesen los alcaldes de corte. Acción que motivó a que por el impedimento de dicho Don Juan Miguel diese aviso a Don Juan de Contreras, asimismo alcalde de corte, para que fuese a dicha averiguación, y habiéndose mandado después por los ministros de la real sala del crimen que dicho Don Diego Cano exhibiese el decreto que decía tener de dicho conde y reconocídose no hablar en el caso sucedido, se multó en 200 pesos por el exceso que había cometido. Cuya ejecución no tuvo por entonces efecto, porque habiendo ocurrido a dar noticia dicha multa dicho Don Diego Cano a dicho conde, mandó por su decreto no se viese la causa sin su asistencia en el grado de suplicación que de dicha multa se había interpuesto. Con que quedó suspensa la ejecución de ella hasta que sucedió en el gobierno el obispo de Puebla. Por cuyo cargo y el remitido a él que es el ciento cincuenta, dicho juez condenó a dicho virrey en 1.000 pesos. Confirmamos dicha sentencia con que la condenación sea y se entienda de 200 pesos de a ocho reales de plata en plata.

Y en cuanto al cargo ciento cincuenta y cinco, sobre que nombró dicho conde por pagador del desagüe de las lagunas de la ciudad de México al Dr. Gabino Farina, su médico, que lo fue todo el tiempo de su gobierno, con el salario de sus antecesores, que era de 700 pesos en cada año, en cuyo poder entraban todas las cantidades que se libraban de la real caja. Y asimismo nombró por superintendente de dicha obra al padre Fray Bernardino de la Concepción del orden del seráfico padre San Francisco, con cien pesos cada mes de ayuda de costa. Los cuales, sin haber asistido como debían por sus personas a la fábrica en todo el tiempo del gobierno de dicho conde, percibieron enteramente los salarios asignados. Siendo así que el fin de pagarse estos por S. M. no es el aprovechamiento de los que lo perciben, sino el beneficio y aumento de dicha fábrica y el cuidado que debe tener paga puntual de los jornales de los indios laboreros y buena administración de ella. En cuyo cargo dicho juez remitió su determinación al cargo siguiente. Confirmamos dicha sentencia.

En cuanto al cargo ciento cincuenta y seis, sobre que debiendo trabajar en dicha fábrica del desagüe cien indios continuos, que son los que paga S. M., fue muy corto el número de los que trabajaban en tiempo del gobierno de dicho conde, siendo unas veces siete, otras catorce y veinte y cuarenta. Y en ningún tiempo los cien, defraudándose no sólo a la real hacienda, sino a los mismos indios de los jornales de su trabajo. A unos teniéndolos detenidos con pretexto de que no había dinero hasta por hallarse tanto tiempo fuera de su casa se volvía a ellas sin cobrar jamás sus pagas, a otros alquilándoles a los labradores cincunvecinos para que trabajasen en sus sementeras por cuenta de las dependencias que tenían con Miguel de Anciso, que era el pagador que en su lugar tenía puesto dicho Don Gabino, a otros dándoles vales que nunca venían a cobrar y otras veces pagándoles en géneros a subidos precios. Y en la misma forma se hacían las pagas a los sobrestantes. Daños todos que por ser en fraude de la real hacienda y de perjuicio de gente tan miserable como los indios, debió dicho conde poner todo cuidado en que se cobrasen resultando de estos daños el hallarse la fábrica tan necesaria para la conservación de México muy atrasada. Por cuyo cargo y el antecedente, el juez condenó a dicho conde virrey en 3.000 pesos. Confirmamos dicha sentencia con que dicha condenación sea y se entienda de 200 pesos de a ocho reales de plata en plata. Y en la parte que toca dicho cargo a Don Gabino Farina, reservamos su determinación para cuando se vea la residencia del susodicho y el cargo que sobre esta razón se hace en ella.

Y en cuanto al cargo ciento cincuenta y siete, sobre que aprobó dicho conde diferentes nombramientos de oficiales mayores y menores que el tribunal de cuentas, oficiales reales, contadores de tributos y azogues y alcabalas, hicieron en algunas personas para que los asistiesen y ayudasen al servicio de sus oficios, señalándoles diferentes salarios en la real hacienda sin tener orden de S. M. ni facultad en sus títulos para poderlos hacer, ni dicho conde para poderlos aprobar. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo ciento cincuenta y ocho, sobre que estando prohibido por derecho y cédulas reales que a los alcaldes mayores, corregidores y sus fiadores, se les concedan esperas por las cantidades en que fueren alcanzados y hubiesen sido a su cargo, pertenecientes a la real hacienda del tiempo que hubieren ejercido dichos oficios, mandándose por ella se cobren de los susodichos con toda puntualidad y sin permitirles dilación, imponiéndoles graves penas a los que no las hubieren enterado en la real caja al tiempo de su obligación. S. E., en contravención del referido, las concedió a diferentes alcaldes mayores y sus fiadores, por muy largos y dilatados plazos para que pagasen en ellos las cantidades que habían cobrado de reales tributos, azogues y alcabalas, y gastado y disipado en perjuicio de la real hacienda, debiéndolas denegar por ser de la calidad referida y no permitir se llevasen a junta de hacienda. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo ciento cincuenta y nueve, sobre que debiendo dicho conde excusar gastos a la real hacienda, dicho conde en el que hizo del navío de aviso pocos días después de la partida de la flota del cargo de Juan Vicente López, por el año 1661, causó de gasto a la real hacienda 4.500 pesos que se le dieron de la real caja de Veracruz al Capitán Pedro Luque, dueño de dicho navío, en que se ajustó por el Contador Pedro Cabañas y oficiales reales de dicha ciudad, de orden de dicho conde. Siendo de mayor reparo el gasto por haberse hecho en ocasión en que acababa de salir dicha flota. De cuyo cargo el juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo ciento sesenta, sobre que habiendo llegado a aquel reino la nueva del feliz nacimiento del rey nuestro señor Don Carlos II (que Dios guarde), y prevenido dicho conde para su mayor regocijo se hiciese una máscara, y repartido a diferentes caballeros y vecinos de México boletas para que saliesen dispuestos los más de ellos libreas, lo demás necesario en que gastaron mucha cantidad de pesos, no tuvo efecto dicha máscara por haberse ordenado después por S. E. un decreto proveído a un papel del maestre de campo Don Antonio de Urrutia, que todas las personas que quisiesen excusar de salir en ella lo pudiesen hacer aplicando para el real bolsillo las cantidades que graciosamente quisiesen ofrecer, no teniendo dicho conde facultad de S. M. para semejante donativo como se requería. Y habiéndose enterado en la real caja por los capitanes José de Retis y José de Quesada, mercaderes de plata, las procedidas de dicho donativo, que importaron 5.697 pesos en virtud de mandamiento de S. E., se libraron y entregaron en oro a Alejandro Sánchez, platero, para que labrase las piezas que tenía ordenado para remitir a S. M. Y habiéndosele entregado, no consta de su paradero ni haberse remitido por los oficiales reales a quien toca hacerlo, quedándose frustrados los gastos. Por cuyo cargo dicho juez condenó a dicho conde en los 5.697 pesos y que los restituyese al real bolsillo. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo ciento sesenta y uno, sobre que habiendo nombrado dicho conde por tesorero interino de la real caja de México a Don Juan de Cerecedo, le señaló dicho conde el salario de propietario por entero, debiendo asignarle sólo la mitad, conforme a reales cédulas. Y del tiempo que sirvió dicha plaza percibió 6.133 pesos, siete tomines y dos granos, con que importa el exceso 3.666 pesos, siete tomines y siete granos, del que debió gozar como interno. Por cuyo cargo dicho juez le condenó en los 3.067 pesos que mandó restituir a la real hacienda. Confirmamos dicha sentencia, con que primeramente se cobre de quien lo percibió o de sus fiadores, y en su defecto mandamos que cobre de dicho virrey y sus fiadores, y se despache cédula dirigida a los oficiales reales de México para ejecución de lo referido.

Y en cuanto al cargo ciento sesenta y dos, sobre que dicho conde nombró por contador de reales tributos y azogues de la Nueva España a Don José de Aziain, en lugar de Don Martín de San Martín que lo es propietario en el ínterin que ejercía el oficio de corregidor de México, en que dicho conde lo había nombrado con retención a dicho Don José de Aziain del salario que tiene por contador oficial real de la caja de San Luis Potosí. Al cual, sin haber hecho el jurameno acostumbrado en el real acuerdo, le permitió dicho conde entrar al uso y ejercicio de dicho oficio de contador de tributos. Y en la plaza de contador de oficial real de Potosí nombró dicho conde en su lugar y en el ínterin de la ausencia de dicho Don José de Victoria a Don Lorenzo Bernardo de Quirós, su criado, aumentando de gasto a la real hacienda el salario que le asignó por dicha ocupación, que fue la mitad de el que goza dicho propietario. Por cuyo cargo el juez le condenó en 428 pesos, cinco tomines y cuatro granos para que los vuelva y restituya a la real hacienda por tantos que percibió dicho Don Lorenzo Bernardo de Quirós. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo ciento sesenta y tres, sobre que nombró dicho conde en la ocasión que desterró dicho conde de la ciudad de México a Don Juan de Salinas, oficial real de la caja de ella, a Don José Murrueta y Atalora, por interino en dicho oficio, con salario de 255.000 maravedís y 400 pesos de casa de aposento, y 200 ducados de Castilla por proveedor, bastimentos, pertrechos y municiones. En cuyo ejercicio estuvo desde el 3 de enero de 1664 hasta el mes de agosto de dicho año, en que fue restituido dicho Don Juan de Salinas a su plaza y salario por entero, en virtud de lo resuelto por el real acuerdo y el obispo de Puebla. De cuyo nombramiento resultó habérsele acrecentado de gasto a la real hacienda el salario y demás gajes asignados por dicho conde a dicho Don José Murrueta. Por cuyo cargo el juez condenó a dicho conde a que pague a la hacienda 940 pesos y cinco tomines, que es la cantidad que parece haber percibido dicho Don José de Murrueta, en siete meses que sirvió el oficio de factor de la real caja. Revocamos dicha sentencia y absolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo. Y mandamos se despache cédula para que los oficiales reales de México cobren y retengan del salario de dicho Don Juan de Salinas lo que monta el salario del interino.

Y en cuanto al cargo ciento sesenta y cuatro, sobre que habiendo proveído dicho conde por gobernador de la provincia de Nuevo México a Don Diego Dionisio de Peñaloza, mandó librar y pagar al síndico general de Nuestro Señor San Francisco en nombre del padre Fray Juan Ramírez, administrador de los carros de S. M., 4.494 pesos del estipendio y gasto de cuatro carros que dicho conde le concedió a dicho gobernador para su ropa y matalotaje. Y asimismo a Don Juan de Miranda, su sucesor y criado de dicho conde, le concedió otros cuatro carros en la misma forma que a dicho Don Diego de Peñazola, y por ellos mandó librar y pagar a sus administradores otros 4.494 pesos, gravando con estos gasos a la real hacienda a que no estaba obligada. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos la sentencia.

Y en cuanto al cargo ciento sesenta y cinco, sobre que estando dispuesto por real cédula no se rematen ni ajusten enteramente en aquella real caja los sueldos de la infantería que se levanta y conduce para las islas Filipinas y otros presidios, hasta que hayan llegado a ellos. Dicho conde en su contravención mandó librar y pagar de dicha real caja, sin embargo de las réplicas de oficiales reales, 10.934 pesos, siete tomines y diez granos, a diferentes soldados de las nueve compañías que se habían reformado por el año 1659, de remate y ajustamiento último de sus sueldos, sin haber pasado a servir a ninguno de los presidios de las islas de Barlovento, ni de Filipinas, ni haber habido orden de S. M. para dichas pagas y remates de ellas. Por cuyo cargo el juez condenó dicho conde virrey a que pague y satisfaga a la real hacienda los 10.934 pesos que montaron los remates de soldados que mandó hacer. Revocamos dicha sentencia en cuanto dicho juez mandó hacer dicha restitución, y por la contravención a las reales cédulas condenamos a dicho Conde de Baños en 300 pesos de a ocho reales de plata. Todas las cuales dichas condenaciones contenidas en esta sentencia le aplicamos en la forma ordinaria del Consejo. Y en lo que la sentencia de dicho juez fuere contraria a ésta, la revocamos y en lo que fuere conforme, la confirmarnos. Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando lo pronunciamos y mandamos con costas.

En cuanto al cargo ciento sesenta y seis, sobre que en contravención de las cédulas reales mandó dicho conde librar y pagar de la real caja diferentes cantidades que tenían su situación en los efectos que se referirán, y no en los de la real hacienda, sin embargo de réplicas de oficiales reales. A Don Enrique de Avila, corregidor de la ciudad de México, 885 pesos, dos tomines y once granos del salario del tiempo que ejerció dicho oficio estando situado en la pensión de la vara de aguacil mayor de dicha ciudad. Al bachiller Nicolás Rubio, sacristán de la capilla real, 3.076 pesos, cinco tomines y cuatro granos del salario de tal sacristán, estando situado en penas de cámara. A Don Cristóbal de la Mota 1.750 pesos de su salario de escribano de cámara de la real audiencia, situado en penas de cámara. A Doña María de Ulloa, viuda de Diego de Torres, portero que fue de la real audiencia, 4.079 pesos y once granos del salario de tal portero, situado en penas de cámara. Al Lic. Diego de Borja, 4.049 pesos, cinco tomines y nueve granos del salario de relator de la real audiencia, situado en penas de cámara. A Don Francisco García, como cesonario de Don Francisco de Montemayor y Mansilla, oidor de esta ciudad de Manila, 1.000 pesos de salario de relator de la Audiencia de México, estando destinado en penas de cámara. A José de Guzmán, contador de resultas, 7.002 pesos y siete tomines de salario, estando consignado en efectos extraordinarios que no saliesen de la real hacienda. A Juan de Arzola, también contador de dicho tribunal, 4.883 pesos, siete tomines y cuatro granos por su salario, estando consignado en efectos extraordinarios que no saliesen de la ciudad. A Antonio de Espinosa, asimismo contador ordenador, otra tanta cantidad por su salario, consignado en los mismos efectos; a Ignacio de Paz, contador ordenador, 2.441 pesos, siete tomines y ocho granos de la mitad del salario, consignado en dichos efectos extraordinarios. A Don Juan Francisco de Montemayor y Cuenca, oidor de la Audiencia de México, 2.200 pesos, seis tomines y cinco granos por su salario, y el de su escribano y alguacil de dos meses adelantados a razón de quince ducados al día de la comisión que S. E. le dio para la averiguación de ciertos excesos cometidos por los indios de la villa de Tehuantepec, que estaban consignados a costa de culpados y en su defecto de penas de cámara. A que dichas pagas y mudanzas de consignaciones importan 43.247 pesos, un tomín y ocho granos, en perjuicio de la real hacienda. Por cuyo cargo dicho juez condenó al Conde de Baños a que pague y satisfaga a la real hacienda las cantidades que mandó pagar a Don Enrique de Avila, Doña María de Ulloa, Don Juan Francisco de Montemayor y Mansilla, José de Guzmán, Juan de Arzola, Antonio Correa, Antonio de Espinosa e Ignacio de Paz, que juntas montan 32.170 pesos y dos granos. Y le reservó su derecho para que pida lo que le convenga contra los susodichos. Y en cuanto a las otras tres partidas comprendidas en dicho cargo, le absolvió a S. E. de ellas. Revocamos dicha sentencia y por la transgresión de las reales cédulas y condenamos en 300 pesos de a ocho reales de plata en plata a dicho Conde de Baños. Y en cuanto a las partes pagadas a José de Guzmán, Antonio Correa, Antonio Espínola e Ignacio de Paz, mandamos se cobre de los susodichos la demasía que han percibido de sus salarios de la real hacienda, supliéndose de las cajas reales por falta de quita y vacaciones hasta que se reintegren dichas cajas. Y en caso de no haber efectos de los sobredichos se cobre de los oficiales reales que los pagaron y en defecto de ellos de dicho Conde de Baños y dos fiadores de residencia. Y en cuanto al libramiento y pagas hechas a Don Enrique de Avila y Doña María de Ulloa, Don Francisco Montemayor, se cobren de los susodichos en la misma conformidad, y en defecto de ellos de dicho Conde de Baños y sus fiadores de residencia.

Y en cuanto al cargo ciento sesenta y siete, sobre que en contravención de órdenes y cédulas reales mandó dicho conde librar y pagar en la caja real diferentes cantidades de salarios con anticipación, sin embargo de réplica de oficiales reales, estando muchos de ellos consignados en otras cajas como fueron: A Don Mateo Ramírez de Castro, gobernador de Sinaloa, 4.306 pesos por su salario de dos años adelantados en la real caja, estando destinado en la de Durando. A Don Diego de Peñazola, gobernador de Nuevo México, 6.000 pesos por su sueldo de tres años adelantados. A Don Fernando de Asque, protector del Saltillo, 500 pesos por su salario de un año adelantado, estando situado en la caja de Zacatecas; a Domingo de Urquijo, 600 pesos por el sueldo de un año, adelantado de protector de Chametla. A Don Diego Maturano, 1.000 pesos por su sueldo de un año adelantado de la prisión y caudillo del presidio del Cerro Gordo, estando destinado en la caja de Durango. A Don Juan de Miranda, gobernador de Nuevo México, 6.000 pesos por su salario de tres años adelantados. Al maestre de campo Don Diego de Salcedo, gobernador de las islas Filipinas, de dos años y ciento cincuenta y ocho días adelantados de su sueldo, que a razón de 8.000 pesos de oro de minas, el año monta 32.236 pesos, dos tomines y seis granos. A Don Francisco de Coloma, oidor de Manila, 6.607 pesos y cinco tomines de su salario de dos años adelantados. A Don Francisco de Montemayor y Mansilla, oidor de la Audiencia de Manila, 3.307 pesos, siete tomines y seis granos por su salario de un año adelantado. A Don Luis Roche, a quien dicho conde nombró por general de la nao San Damián, que envió de socorro a Filipinas por el año 1661, 4.136 pesos y dos granos adelantados de sueldo de dicha plaza. A Don Juan de Contreras y Garnica, alcalde del crimen de la Audioncia de México, 3.906 pesos, cinco tomines y seis granos de tres meses adelantados de los salarios de juez de residencia de los gobernadores de Campeche, con fianza de que si los cobrase de culpados los restituiría a la real caja, perjudicando a la real hacienda con la anticipación de dichas pagas contra lo dispuesto por reales cédulas. Por cuyo cargo dicho juez le condenó en 4.000 pesos. Confirmamos dicha sentencia con que dicha condenación sea y se entiendade 1.000 pesos de a ocho reales de plata en plata. Y mandamos se de despacho para que los oficiales de la real hacienda de México cobren el perjuicio que se ha seguido a la real hacienda del tiempo que no vinieron los nombrados para devengar lo que se les anticipó y en defecto de sus bienes y de sus fiadores, se cobre de los fiadores de residencia de dicho Conde de Baños.

En cuanto al cargo ciento sesenta y ocho, sobre que en contravención de órdenes y cédulas reales dicho conde mandó librar y pagar de la real caja diferentes cantidades de ayudas de costa, sin tener órdenes de S. M. a las personas siguientes: A Lucas de Arbeláez, 1.700 pesos por gentilhombre del pliego que trajo a S. M. el año 1660. El Capitán Alejandro Alvarez, otra tanta cantidad por gentilhombre del pliego de 1661. A Don José de Castañeda, oficial mayor de la secretaria de dicho conde, de 1.300 pesos para el gasto papel y tinta de los despachos que trajo la flota del cargo de Don Juan Vicentelo, y aviso que se despachó por dicho año 1661. Y asimismo a dicho Don José otros 1.200 pesos de los gastos de los despachos que se hicieron desde el 1.º de junio de dicho año hasta fin de mayo de 1662; a Diego Lozano, oficial de dicha secretaría, 1.600 pesos por los gastos de recado de escribir, hecho en los despachos de flota de Filipinas, desde el 1.º de junio de 1662 hasta el 1.º de junio de 1663. A Blas Sánchez, 1.700 pesos por el aviso que por el año 1663 se despachó a estos reinos. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. Confirmamos dicha sentencia.

Y en cuanto al cargo ciento sesenta y nueve, sobre que habiendo consultado a dicho conde los oficiales reales las prohibiciones que había de S. M. para hacer de su real hacienda las pagas que se refieren en ella, dicho conde por su decreto reprendió severamente a dichos oficiales reales por haber hecho la consulta referida, intimidándoles y ordenándoles se abstuviesen y no se tomasen mano para hacer semejantes réplicas en lo de adelante, siendo contra ordenanza y reales cédulas. Por cuyo cargo el juez le puso culpa y remitió sn determinación al final. Revocamos dicha sentencia y le apercibimos guarde las reales cédulas y ordenanzas.

Y en cuanto al cargo ciento setenta, sobre que en contravención de reales cédulas mandó librar y pagar al Mariscal Don Francisco Manrique de Lara 1.000 pesos en cada año de los nueve que tuvo a su cargo la administración del papel sellado y además de dicha cantidad otros 1.500 pesos en cada uno de los cuatro años y cuatro meses que estuvo sin el ejercicio de la plaza de fiscal de la Audiencia de México, y aunque se hizo réplica por los oficiales reales se mandó ejecutar. De cuyo cargo dicho juez le absolvió. En cuanto a los 9.000 pesos que mandó pagar a dicho Don Francisco Manrique, y en cuanto a los 1.500 pesos que mandó pagar además de los cuatro años y cuatro meses que estuvo sin el ejercicio de la plaza de fiscal, remitió la determinación al Consejo. Confirmamos dicha sentencia en cuanto a la partida de los 9.000 pesos, y le absolvemos y damos por libre en cuanto la de 1.500 pesos.

Y en cuanto al cargo ciento setenta y uno, sobre que sin haber observado dicho conde la forma dispuesta por real cédula del año 1655, despachada a pedimiento de Don Manuel de Zavala, gobernador del Nuevo Reino de León, ordenó dicho conde que oficiales reales de las cajas de Zacatecas y San Luis Potosí, sin embargo de su réplica, pagasen al susodicho de cualquier género de hacienda por mitad de cada una de ellas todo lo que se lo restaba debiendo de su sueldo de tal gobernador, a razón de 2.000 pesos. Y asimismo lo que se le estaba debiendo de la situación de los dos presidios de la villa de Cerralbo y Cadereyta, y lo que fuese corriendo en adelante a razón de 10.450 pesos en cada año en el ínterin que no se mandaba otra cosa por S. M. Resultando de lo referido, además de la contravención a dicha real cédula, el grave daño y menoscabo de la real hacienda, mandando hacer dichas pagas de cualquier efecto de ella, estando consignadas en los que produjese dicho reino de León, y sin asegurarles confianzas para en caso que no se aprobase por S. M. Por cuyo cargo dicho juez le condenó en 2.000 pesos. Revocamos dicha sentencia y absolvemos de dicho cargo a dicho conde.

Y en cuanto al cargo ciento setenta y dos, sobre que en contravención de reales cédulas y ordenanzas dicho conde mandó pagar por entero, sin embargo de réplica de oficiales reales, al Capitán Francisco de Córdoba Villafranca, contador del tribunal de cuentas, 282 pesos y cuatro tomines que importó el salario del tiempo que ejerció el oficio de corregidor, en ínterin, de la ciudad de México, de los efectos de quitas y vacaciones. Que por no haberlos se pagaron de la real hacienda, sin que ésta ni dichos efectos estuvieren obligados a la paga de dicho salario, percibiendo juntamente el que por su plaza de contador le toca y tiene asignado. Por cuyo cargo el juez condenó a dicho conde a que entere y pague a la real hacienda dichos 284 pesos y cuatro tomines, que dicho contador percibió de su salario el tiempo que fue corregidor. Revocamos dicha sentencia y absolvemos y damos por libre a dicho conde de este cargo. Y mandamos que se cobre de dicho Francisco de Córdoba dicha cantidad y se reintegre de ella la caja real, y en su defecto se cobre de los oficiales reales porque se pagaron de las cajas reales estando librado en quitas y vacaciones en caso de no haber efectos en quitas y vacaciones.

Y en cuanto al cargo ciento setenta y tres, sobre que en contravención de reales cédulas dicho conde mandó pagar, sin embargo de las consultas de oficiales reales, 1.670 pesos, siete tomines y siete granos a Don Baltasar de la Vega, de la real hacienda, por el salario de guarda mayor del puerto de Acapulco, de la nao y naos que viniesen de las islas Filipinas el año 1662, habiéndosele asignado en efectos de descaminos de mercaderías de dichas islas. Y asimismo le mandó pagar de la real caja 521 pesos, siete tomines y siete granos, por el sueldo de capitán de infantería que levantó en dicho puerto. Al mismo tiempo que era guarda mayor, no pudiendo percibir juntamente dos salarios. Y habiendo nombrado dicho conde a Don Domingo de Pruneda por tesorero interino de la real caja de Acapulco, con el salario del propietario por entero, le mandó pagar por cuenta de él 741 pesos, seis tomines y siete granos. Y siéndolo, le nombró juntamente por capitán de infantería para levantar gente para dichas islas en dicho puerto, y le mandó pagar cuatro meses adelantados de su sueldo, que importa 475 pesos y once granos. Por cuyo cargo el juez condenó a dicho conde por lo tocante a la partida de Don Baltasar de la Vega a que vuelva a la real hacienda los 1.670 pesos, siete tomines y siete granos que percibió por los salarios de guarda mayor, y le absolvió de los 521 pesos, siete tomines y siete granos que percibió como capitán de infantería. Y asimismo condenó a dicho conde por lo que toca a Don Domingo de Pruneda a que pague a la real hacienda los 741 pesos, seis tomines y seis granos que se le pagaron por el salario de tesorero, y le absolvió de los 745 pesos que percibió como capitán de infantería. Confirmamos dicha sentencia en cuanto el juez absolvió a dicho conde de las dos partidas; y la revocamos en cuanto le condenó a la paga de las otras dos partidas, y le absolvemos y damos por libre a dicho conde de dicho cargo.

Y en cuanto al cargo ciento setenta y cuatro, sobre que nombró dicho conde a Don Tomás de Alarcón por visitador de las naos que se esperaban de Filipinas por los años 1661 y 1662 y haber salido de México para Acapulco dicho visitador y sus números con tanta anticipación de tiempo y sin noticia de dichas naos, que por no haber venido dicho año 1661 y tardádose en llegar la que vino el de 1662, se volvió dicho Don Tomás y sus ministros, y sin haber usado de su comisión les mandó pagar dicho conde la real hacienda y caja real, sin embargo de réplicas de oficiales de ella, 7.067 pesos y cinco tomines de los salarios de dicho visitador a razón de quince ducados cada día. Y a su escribano de seis, y al alguacil mayor de otros y al oficial de escribanos 500 ducados al año, que además de ser excesivos, estaban consignados en los efectos de condenaciones y descaminos que se sacasen en dichas visitas. Y por haberse tenido noticia, después de haberse vuelto dicho Don Tomás, el año 1672, que había llegado nao de dichas islas envió dicho conde por visitador de ella a Don Pedro Fernández Zorrilla. Y por no haber habido efectos de condenaciones y descaminos en que se le consignaron sus salarios y de sus ministros por la omisión que tuvo en hacer las diligencias para las manifestaciones, le mandó pagar dicho conde de la real hacienda y caja, 1.917 pesos y un tomín que importaron sus salarios y los de sus ministros, contraviniendo a las reales cédulas. Por cuyo cargo dicho juez condenó a dicho conde a que pague a la real hacienda los 8.974 pesos y seis tomines, que importaron das partidas contenidas en el cargo. Confirmamos la dicha sentencia con que dicha condenación sea y se entienda de 1.000 pesos de a ocho reales de plata en plata.

Y en cuanto al cargo ciento setenta y cinco, sobre que siendo estilo corriente, que no habiendo más de un navío que haga viaje a islas Filipinas se excuse la plaza de almirante, así por ser bastante las de general, sargento mayor y capitanes que se embarcan en él, como por tener mandado S. M. no se grave la real hacienda con salarios y gastos no necesarios, dicho conde en el tiempo de su gobierno innovó dicho estilo nombrando por almirante del navío San Damián que despachó de socorro a dichas islas el año 1662 a Don Manuel de Alarcón con salario de 2.757 pesos, dos tomines y nueve granos, que mandó S. E. se le pagasen adelantado como con efecto se hizo de la real caja, sin embargo de réplicas y consultas de oficiales reales, siendo así que iría por general de dicho navío Don Luis Roche, criado de S. E. Y en continuación de lo referido, habiendo venido dicho año 1662 de dichas islas la nao nombrada San José con almirante que volvió en ellas ejerciendo dicha plaza, nombró S. E. a Don Andrés de Medina de Avila por general de dicha nao con sueldo de 4.136 pesos y dos granos, gravando a la real hacienda en el crecimiento de salarios de dichas plazas de almirante y general. Por cuyo cargo el juez condenó a dicho conde a que pague y entere a la real hacienda la partida de 2.757 pesos, dos tomines y seis granos de Don Manuel de Alarcón. Y en cuanto a la partida de Don Andrés de Medina le absolvió. Revocamos dicha sentencia en cuanto a la partida de dicho Don Manuel de Alarcón, y le absolvemos de ella a dicho conde; y mandamos que se le saquen al asesor por vía de multa 200 pesos de a ocho reales de plata en plata. Y en caso de haberse pagado, condenamos a la restitución de dicha cantidad a dicho Conde de Baños y a sus fiadores de residencia. Todas las cuales dichas condenaciones contenidas en esta nuestra sentencia las aplazamos en la forma ordinaria del Consejo. Y en lo que la sentencia de dicho juez fuere contraria a ésta, la revocamos, y de lo que fuere conforme la confirmarnos.

En cuanto al cargo ciento setenta y seis, sobre que el conde en tres despachos de socorro que sé hicieron para Filipinas en el tiempo de su gobierno, nombró 273 capitanes con sus oficiales de primera plana, correspondiendo a cada dicho setenta y nueve, anticipando para ellos tiempo de cinco y seis meses antes que llegasen las naos, ni se tuviera noticia de que viniesen, como sucedió el año 1671, en que no vino navío. En que fue necesario reformar por abril de él las compañías que se habían conducido desde octubre del antecedente de 1660; que resultó grave perjuicio a la real hacienda. Así por haberse perdido el gasto de dicha leva como porque hacer dichos tres despachos con treinta capitanes y sus oficiales diesen cada teniente cuyos sueldos habían de importar 11.207 pesos, a razón de dos meses de sueldo en cada despacho que era lo... a que se podía extender. Se gastaron en los tres... y setenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco pesos, cinco tomines y diez granos. Todos adelantados, contra las reales cédulas que lo prohiben... once mil doscientos setenta y siete pesos en 165.278 pesos, cinco tomines y diez granos, sin que se comprendan en dicha cantidad 71.723 pesos, siete tomines y un grano, que se pagaron a la infantería de dichos tres despachos; en que también hubo exceso en más de la mitad de dicha cantidad respecto de la mucha anticipación de tiempo en que se hicieron dichas levas. Por cuyo cargo el juez le condenó a dicho conde a que pague a la real hacienda 188.320 pesos y seis tomines y tres granos. Revocamos dicha sentencia y le absolvemos de dicho por no probado.

Y en cuanto al cargo ciento setenta y siete... en contravención del crecido número de capitanes y oficiales que dicho conde nombró para los socorros de las islas Filipinas hizo S.E... lo mismo en las ocasiones de levas que se ofrecieron en el tiempo de su gobierno para el socorro de la de Barlovento y refuerzo de las flotas del cargo del General Adrián Pulido y Don Nicolás Fernández de Córdoba, que salieron de aquel reino por los años 1661 y 1663, nombrando para ello ochenta y ocho capitanes con sus alférez y sargentos. Que los sueldos importaron 51.347 pesos, cinco tomines... la infantería... 4.854 pesos, dos tomines y siete granos, causando tan excesivos gasos por el gran número de... Y dilatados tiempos que estuvieron levantadas que fueron de seis, siete y más meses como reconoce de las crecidas cantidades de... del tiempo de los nombramientos de los capitanes y oficiales para dichas levas, debiéndose hacer dicha conducción con muchas menos con y en mis cortos tiempos. Siguiéndose de los gastos contenidos en este cargo y en el antecedente, que importaron 4.481 pesos y de los demás tocantes a la real hacienda no sólo el grave perjuicio y consumo de ella sino también la minoración... envío de plata que dicho conde hizo en la flota del cargo de Don Nicolás Fernández de Córdoba. Cuyo cargo dicho juez remitió su determinación al Consejo. Absolvemos y damos por libre a dicho conde de este cargo.

Y en cuanto al cargo ciento setenta y ocho, añadido y... que habiéndose rematado en la real almoneda las obras y reparo de las fuerzas de San Juan de Ulúa en el Capitán Pedro Amaya Romero, en 10.000 pesos de oro común pagados por tercias partes, una luego de contado, la segunda a la mitad de obra, y la tercera acabada en toda perfección y con calidad de afianzar dicho remate y pagas, S. E. despachó mandamiento para que... reales librasen y pagasen a dicho Capitán Pedro de Amaya 3.333 pesos, dos tomines y ocho granos, que montó la primera tercia parte dando por segundo decreto lo ejecutasen sin embargo de su réplica, en que representa a S. E. no debe de hacer dicha paga sin primero haber dichas finanzas a su satisfacción, por no ser de ella la que tenía dada como era de su... está dispuesto por reales cédulas de los situados de una caja... no en otra y estar asignada en la de Veracruz para gastos y reparos... fuerza la mitad del procedido de la imposición de cinco pesos que se cobran en ella de cada pipa de vino de las que entran en aquel puerto. Resultando de su contravención y no de haber cumplido el dicho para cobrarlos, y Pedro de Amaya la obligación de hacer dichos reparos y de no hallarse bienes del susodicho para cobrar dichos 3.333 y dos tomines y ocho granos, y más 650 pesos y cuatro tomines que de orden de dicho conde entregaron a dicho Pedro de Amaya, de la real caja de Veracruz, los oficiales reales de ella. El hallarse la real hacienda sin la satisfacción de dichas cantidades que han solicitado los oficiales reales de México y no lo han conseguido por defecto de bienes de dicho Amaya y estar al presente preso por ello, como asimismo el haber pagado en dicha real caja lo que estaba asignado en Veracruz. De cuyo cargo el juez le absolvió y por la culpa que de los cargos 17, 22, 24, 28, 30, 31, 35, 36, 48, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 71, 79, 80, 86, 87, 89, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 130, 132, 137, 142, 145, 146, 169, remitidos a este final, condeno a dicho Virrey Conde de Baños y sus bienes, en 8.000 pesos, y asimismo lo fue en todos los salarios y costas de esta residencia y compulsas de ella, cuya tasación reservó en sí el juez. Y en cuanto a las condenaciones hechas a dicho virrey en los cargos 9, 28, 29, 30, 31, 32, 114, ... y 133, y en la que se han hecho a José Huarte, su secretario (en la residencia que se le tomó), en los cargos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 y 11, correspondientes a ellos y costas causadas en su residencia, fue mancomunado dicho Virrey Conde de Baños, con dicho Don José Huarte para su paga y satisfacción y dicho juez declaró haber ejercido dicho Virrey Conde de Baños los cargos de virrey y capitán general de la Nueva España y presidente de la real audiencia de ella con celo del servicio de S. M. y haber procedido y obrado en dichos puestos con toda... mansedumbre, defendido y conservado el Real Patronato en todos sus derechos, y teniendo con los prelados eclesiásticos toda buena correspondencia, república abastecida y limpia de malhechores; y atendido con desvelo al castigo de ellos y al cuidado de las obras públicas, y dado particular ejemplo, frecuente asistencia a todos los actos y ejercicios de piedad, virtud y religión. Y ser merecedor por ello y por su ilustrísima y nobilísima casa y sangre... le honre y haga merced y ocupe en los puestos que juzgare ser más de su real servicio. ...Firmamos dicha sentencia en cuanto a dicho juez le... por este último cargo y mandamos se despache cédula dirigida a la audiencia... de medio año (que corra desde...) los oficiales reales reintegren dichos 3.333... los 650 pesos... caso de no hacerlo se cobre de los salarios de dichos oficiales reales. ...Confirmarnos dicha sentencia en cuanto dicho juez declaró... y haber procedido dicho Virrey Conde de Baños los cargos de virrey gobernador y capitán general y presidente en todos sus derechos y ser digno y merecedor por ello que S. M. haga merced y ocupe en los puestos que juzgare ser más de su real servicio. Y en lo demás, tocante a Don José Huarte, la revocamos... todos los cargos remitidos a este final y mancomunación de la paga de las condenaciones ordinarias del Consejo y en lo que la sentencia de dicho juez fue... condenaciones contenidas en esta nuestra sentencia las aplicamos en la sentencia, juzgando definitivamente, así lo pronunciamos y la revocamos y en lo que es conforme la confirmamos y por esta nuestra...

Tomás de Valdés, Lic. Don Juan de Santelice Guevara, Don Lorenzo Matheus.

Fuente: Los Virreyes españoles en América durante el gobierno de la casa de Austria: México, edición de Lewis Hanke con la colaboración de Celso Rodriguez, Biblioteca de autores españoles, Atlas, Madrid, 1976-1978, 5 volúmenes, volumen 4, 1977, pp. 216-298