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Siglo XVII > 1600-1609 > 1604

Orden por la que se fija que los alcaldes mayores no deben adquirir bienes en sus distritos, ni seis años después de su mandato, debiendo hacer declaración de sus pertenencias antes de tomar posesión. Caso de que tierras fueran compradas por interpósitas personas, éstas pagarían de multa el valor de lo comprado o serían desterradas a Filipinas.
México, 17 de enero, 1604.

Don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, virrey, etc.

Porque la experiencia nos ha mostrado cuán dañoso y de mucha carga y molestia sea para los naturales que los alcaldes mayores, corregidores y otras justicias compren y tengan tierras y posesiones en sus distritos y jurisdicciones durante el tiempo que administren en ellas.

Y que aunque los señores virreyes, mis antecesores, lo han procurado remediar no parece que ha bastado, antes se halla que el exceso va en crecimiento y que lo tienen y van teniendo la dicha ejecución por su principal granjería.

Y porque en todo punto se obvie y se excusen esos inconvenientes, que de lo susodicho resultan, he acordado de mandar dar, como por el presente mando, que cualesquier personas que fueren proveídas por alcaldes mayores y corregidores, o en otro cualquier cargo de justicia de las de este reino, antes de entregárseles sus títulos y provisiones hagan una manifestación en los oficiales del gobierno y así manuscritas en un libro que estará para el efecto en mi cámara de si tienen tierras, haciendas o posesiones en las jurisdicciones donde van a administrar, declarando las que son y su calidad, para que hecha esta declaración yo provea lo que convenga.

Y pareciéndome que no resulta inconveniente se entreguen títulos y se le notifique por el secretario de gobierno, que no compren tierras, ni haciendas, de nuevo en las dichas sus jurisdicciones en todo tiempo de su cargo, ni en seis años después, por sí, ni por interpósitas personas, ni para sí, ni para otros, so pena de que hayan perdido, y pierdan, aplicado el valor de ellas para la cámara, juez y denunciador por tercias partes.

Y demás incurran en pena de seis años de sus personas de efecto y las personas interpósitas.

Y que si las compraren para las dichas justicias incurran en penas del valor que tuvieren las dichas haciendas.

Y no teniendo posibles para pagar hayan de servir, y sirvan, diez arios en Filipinas, sin sueldo.

Y no les aproveche a los dichos justicias el decir que hubieron las dichas tierras y posesiones de herencia, donación o en otra manera semejante que en estos casos mando que se presente ante mí con sus títulos y recaudos, para que lo vea y provea lo que me pareciere convenir en la continuación de los cargos.

Y para que venga a noticia de todos se pregone esta ordenanza públicamente en esta ciudad.

AGN. Ordenanzas, vol. 2, fols. 146v-147.

Fuente:

Francisco de Solano. Cedulario de tierras. Compilación. Legislación agraria colonial (1497-1820). Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. Primera edición: 1984. Segunda edición: 1991. México.

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=387